RADICALISMO EMPRESARIAL

En el medio del bolonqui de Griesa y los fondos buitres, pasó prácticamente desapercibido que éste miércoles la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto enviado por Cristina para regular los mercados de capitales, incrementando las facultades de contralor de la Comisión Nacional de Valores, y que la votación en general arrojó 184 votos a favor del proyecto: los radicales, el FAP y hasta la Coalición Cívica acompañaron la iniciativa.

Que llega en un momento crucial, porque el fenomenal despelote económico que vive el mundo es justamente consecuencia de la falta de regulaciones estatales adecuadas para los derivados financieros, con el protagonismo en la génesis misma de la crisis de chantapufis varios carentes de todo control estatal, como las famosas calificadoras de riesgo; a las que el proyecto (analizado con detalle acá) apunta también a regular.

Sin embargo vemos en ésta nota de Clarín de hoy (a la que corresponde la imagen que ilustra el post)  que los radicales en el Senado ya amenazan sacarle el culo a la jeringa y no votar el proyecto; con el argumento de que -en la votación en particular en Diputados- se introdujo una modificación para que la Comisión Nacional de Valores (CNV) pueda intervenir por un plazo de 180 días a una sociedad que cotice en bolsa sus acciones, cuando compruebe que se vulneren los derechos de los accionistas minoritarios.

Por supuesto las quejas radicales comienzan con los sonsabidos significantes vacíos del indignacionismo republicano: "abuso de poder del gobierno", "destrucción de la confianza y la seguridad jurídica" y "cambio de las reglas" de juego", más la infaltable "trampa kirchnerista, "fiel a su lógica", brama Gerardo Morales, un fiel discípulo de Lilita Carrió.

El mejor modo de fundamentar un voto en contra (como el raje con el discurso del "Cuervo" Larroque), sin sentarse a discutir en serio.

Porque lo que dicen los senadores radicales demuestra que -como mínimo- ni leyeron el proyecto que sus pares de Diputados votaron; que persigue múltiples propósitos (como ampliar el mercado de capitales a tono con el crecimiento económico del país, o aumentar su transparencia), y entre ellos, proteger a los accionistas minoritarios; justamente porque una de las ideas madre del proyecto es que esos pequeños o medianos inversores que hoy se vuelcan al dólar o a los plazos fijos (más a lo primero que a lo segundo) encuentren otras alternativas interesantes para invertir, y contribuyan a fondear proyectos productivos, o a financiar la expansión de la capacidad productiva de las empresas.

Y lo que ha sucedido puntualmente en muchas sociedades que cotizan en la bolsa (acá y en todas partes del mundo) es que ocultan información esencial a los accionistas minoritarios sobre el desenvolvimiento y el manejo de las empresas, lo que ha dado lugar a no pocos fraudes escandalosos.

Pero observemos además que los radicales puntualizan con el caso en particular de Papel Prensa, con lo cual se le empiezan a ver las patas a la sota: para variar, se van a prestar una vez más a hacer de comparsa parlamentaria de los intereses de Clarín y La Nación; o sea que  la seguridad jurídica y todo lo demás, verdaderamente les chupa un huevo.

Aun así, supongamos que el agregado hecho al proyecto tome en cuenta el caso particular de Papel Prensa donde -de no mediar la intervención de la CNV-, el Estado habría quedado reducido al mismo papel de socio bobo de los dos diarios principales (unidos por un pacto de sindicación de acciones para tener la mayoría social), que vino cumpliendo desde que Videla les entregó la empresa en la dictadura. 

¿Cuál sería la razón, vista desde los intereses públicos que representa el Estado, para persistir en esa situación, que no sea favorecer los intereses de los accionistas privados mayoritarios?

Y aunque los radicales no lo digan, y por más nabos que sean es difícil creer que no lo hayan pensado (sobre todo Sanz, hombre con fuertes vínculos con Techint y frustrado candidato presidencial del hólding de Paolo Rocca), lo mismo pasa con aquéllas empresas en las que el Estado tiene participación accionaria (siempre minoritaria) a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES; como Ternium-Siderar, la nave insignia de Techint en la Argentina, y un conjunto de otras empresas (entre ellas, Edenor, Gas Natural BAN, Telecom, Pampa Energía, varios bancos).  

En ese caso en particular, tutelar los intereses de los accionistas minoritarios es tutelar los intereses de todos, administrados por el Estado; y darle a éste otra herramienta para dotar de un sentido estratégico a sus participaciones accionarias, tratando de lograr que esas empresas se alineen con los objetivos de la política económica y el crecimiento del país.

Con la experiencia a la vista de la discusión en la que el gobierno se trabó por la designación de directores por su tenencia de acciones en Siderar, el vaciamiento de Aerolíneas o el manejo de Repsol en YPF, no parece una solución en absoluto irracional la que establece el proyecto.

Por ende el clarinismo explícito del planteo radical (o en rigor "AEAísmo" explícito si se permite la expresión, porque su postura también tutela los intereses de Techint y otros grupos económicos), no sorprende porque reitera lo que ha sido la línea de conducta de la UCR en los últimos años: recordemos si no que votó en contra la estatización de las AFJP (que le permitió al Estado acceder a participaciones accionarias en diferentes empresas), o la ley de medios.

Lo que sí sorprende es que es inconsistente con el discurso público del radicalismo (compartido por el resto de la dirigencia opositora) sobre el final de ciclo del kirchnerismo.

En efecto, si el proyecto político iniciado el 25 de mayo del 2003 tiene el boleto picado, no se entiende por qué razón (que no sea la defensa explícita de intereses empresariales) se opondrían a una regulación que trasciende el mandato de Cristina, y que en su caso podrán modificar si llegan al gobierno.

O que en caso contrario (de permanecer) terminará beneficiando a cualquiera que conduzca el Estado, incluso el radicalismo;  menos que prefieran un Estado bobo, que pone plata en empresas privadas sin importarle lo que pasa ahí adentro.

Sin ir más lejos, lo que ellos mismos le reclamaban al kirchnerismo por años en YPF, antes de la expropiación.