DESEQUILIBRIO, HEGEMONÍA, FRAUDE Y CONSTRUCCIÓN POLÍTICA

 

Por Raúl Degrossi

Hace unos días atrás reflexionaba yo sobre el argumento del "desequilibrio" y el peligro de la hegemonía kirchnerista que empezaba a desarrollar el conglomerado opositor (en rigor: primero lo hicieron los editorialistas de los grandes medios, que les marcan la agenda); como una estrategia para desprenderse del peso muerto de candidaturas presidenciales sepultadas en las urnas el pasado 14 (Alfonsín, Duhalde, Carrió), buscando salvar la ropa de los cargos legislativos, de cara al 23 de octubre.

También en este blog se advirtió sobre el intento de instalar la idea del fraude electoral; para deslegitimar a priori el triunfo de Cristina, y generar una plataforma desde la que comenzar a bombardear, desde el inicio, su segundo mandato.   

El transcurso de los días confirmó la hipótesis, y si no vean esta nota de La Nación de hoy, que como bien señala Gerardo en este post, es desmentida por la propia justicia electoral.

Las denuncias de fraude ("irregularidades") al voleo son -lamentablemente- un clásico de la política argentina, cultivado por los que no saben perder, porque antes no supieron hacer nada para ganar; y cultivado con un entusiasmo digno de mejor causa, sin advertir que están horadando el piso común en el que nos apoyamos todos para vivir en democracia.

Para no aburrir a los lectores, diré que cualquiera más o menos informado sabe que los telegramas que se envían al correo la noche de las elecciones no tienen valor legal a los fines del escrutinio -ni siquiera el provisorio, que estrictamente hablando es el que se hace en la mesa-, sino que buscan satisfacer la ansiedad informativa por los resultados de los medios y la opinión pública; y que el escrutinio definitivo (que es el que en definitiva determina los resultados que consagran a los candidatos) se realiza bajo la supervisión y control de la justicia electoral, y con la presencia y fiscalización de los partidos políticos, por intermedio de sus apoderados y fiscales generales; que pueden entonces realizar todos los cuestionamientos y planteos que crean necesarios.

Y se hace con los certificados de escrutinio originales, firmados por el presidente de mesa y los fiscales, que se confrontan con las copias que el día de la elección el primero les extiende a los segundos, como constancias.

Presidentes de mesa que -también conviene recordar- son designados por la justicia electoral (es decir: no por el gobierno) de acuerdo al artículo 75 del Código Electoral Nacional; por un sistema informático aleatorio, entre las personas que reúnen los requisitos que establece el mismo Código y los inscriptos en el Registro de Aspirantes (ciudadanos voluntarios que quieren ser autoridades del comicio) creado por la Ley 26.571 (la reforma política impulsada por el kirchnerismo en el 2009, la misma que estableció las P.A.S.O.).

Esos principios centrales de la mecánica del comicio no cambian con la famosa -y todopoderosa, al parecer- boleta única: se sigue requiriendo de la existencia de un presidente de mesa que es la autoridad del comicio (dicho sea de paso: en Santa Fe, cuna de la boleta única, esto tiene consagración constitucional en el artículo 29 de la Constitución provincial), y de fiscales partidarios que controlen la regularidad del acto eleccionario.

Del mismo modo que tampoco cambia la mecánica de confección de certificados de escrutinio (original y copias para los fiscales) que sirven para el escrutinio definitivo; de modo que sólo se abren las urnas en caso de discordancia, como sucedió este año en las elecciones de Chubut. 

Y si no que en Santa Fe el socialismo -que impulsó la boleta única- acceda al pedido del candidato a vice de Miguel Del Sel, Osvaldo Salomón; de abrir todas las urnas para hacer de nuevo el recuento, porque los votos nulos en la categoría de gobernador (atribuibles a confusión por el sistema de boleta única) fueron 75.000, mientras que Bonfatti superó al candidato del PRO por 62.000 votos. Desde ya que sería un absurdo hacerlo, pero valga el ejemplo para demostrar el absurdo del planteo opositor.

Pero volvamos al "desequilibrio": los cultores del disparate nos quieren convencer que, de repente, la elección del 23 de octubre es exclusivamente legislativa, y allí hay que poner el acento, olvidando la disputa presidencial, lo que nos lleva a preguntarnos ¿qué hicieron al respecto antes, cuando se armaban las listas?

La misma reforma política del 2009 de la que antes hablé establecía -para presentar listas de candidatos a presidente y vice- que los partidos o alianzas debían presentar avales para las fórmulas equivalentes al uno por mil del padrón general, o el uno por ciento del padrón partidario del partido, o de la suma de los padrones de los partidos que la conformaban si se trataba de una alianza, lo que fuera menor; siempre que los electores o afiliados que avalaran la postulación pertenecieran al menos a cinco distritos electorales.

Eso significa que, con un padrón general de 28.853.153 electores, bastaban 28.853 avales, conseguidos por ejemplo en las provincias de la pampa húmeda y la muy autónoma ciudad de Buenos Aires, para presentar una fórmula presidencial; o menos, si se optaba por el porcentaje calculado sobre el padrón partidario. Y si no, pregúntenle al amigo Bonacci.

Para presentar candidatos a cargos legislativos (senadores y diputados) los avales exigidos eran del dos por mil del padrón de cada distrito con un máximo de un millón de electores; o 2 % del padrón de los afiliados del partido o de la suma de los partidos, si se trataba de una alianza.

Eso implica que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, bastaban 2.0000 avales (o menos, si se optaba por el 2 % de los afiliados del padrón del partido o alianza) para presentar una lista de diputados nacionales; de acuerdo a lo exigido por la ley de reforma política que Altamira llamaba proscriptiva. Obviamente que en las provincias más chicas el número de avales exigidos era mucho menor.

¿A qué viene todo esto?

A que muchos de los que ahora descubrieron que las elecciones del 23 de octubre son puramente legislativas, -excluyendo al socialismo cuyo caso ya fue analizado acá, y cree que puede remontar en la presidencial - directamente no presentaron listas de candidatos a legisladores en muchos distritos del país.

Es lo que sucede por ejemplo con la Coalición Cívica en 6 provincias y por Unión Popular (Duhalde-Das Neves) en 9; de igual modo que al Frente de Izquierda y los Trabajadores (Altamira-Castillo) en 8, o a Compromiso Federal (Rodríguez Saá-Vernet) en 9 provincias; aunque en este caso hay que hacer la salvedad de que el Alberto -al menos hasta ahora- no ha salido a repetir este tipo de sandeces.

A esos casos hay que sumarles aquéllos en los que sus listas de legisladores quedaron afuera de las generales por no superar el piso del 1,5 % de los votos válidos emitidos en cada distrito, en las primarias: 2 provincias en el caso de la Coalición Cívica y el Frente Amplio Progresista, y 5 en el del Frente de Izquierda y los Trabajadores.

A su vez en las generales las listas de diputados -para poder participar del reparto de bancas por el sistema D'Hont- deberán alcanzar al menos votos equivalentes al 3 % del total del padrón del distrito al que correspondan; algo que (tomando los números del 14) las listas de Carrió no lograrían en 10 distritos, las de Binner en 7, las de Altamira en 6, las de Duhalde en 4 y las de Rodríguez Saá en 3.

Queda una última situación conflictiva, que son los casos de aquellas provincias (distritos) que renuevan en octubre pocas bancas de diputados (2 ó 3), lo que dificulta las chances de un partido o alianza de acceder a una, si su cosecha de votos no es como mínimo más de la mitad de la del que gana; en todos los casos (menos San Luis) el Frente Para La Victoria; porque en esos supuestos el opositor que aspire al menos a una banca de diputado por esos distritos,deberá mejorar su perfomance de las primarias en una ratio que va entre obtener el doble y hasta el cuádruple de votos, según los casos; aunque para otros (como la izquierda o la Coalición Cívica) el crecimiento debería ser aun mayor .

Este último caso le sucede al propio radicalismo (única fuerza junto al FPV en presentar listas en los 24 distritos electorales) en al menos 7 provincias; a Carrió en 3, a Duhalde en 4, a Rodríguez Saá en 5, a Binner en 5 y a Altamira en 2. 

La conclusión que se podría sacar es clara: ¿de qué "carácter legislativo de la elección de octubre" están hablando algunos, cuando tienen graves problemas para meter al menos un diputado, problemas en algunos casos insalvables como que directamente ni presentaron listas o no lograron superar el 1,5 % en las primarias?

Alguna de las cuatro situaciones antes descriptas (no presentar lista, no superar el 1,5 % en las primarias, no llegar al 3 % del padrón en la general o tener que multiplicar varias veces los votos de agosto en octubre) afectan a la Coalición Cívica en 21 distritos sobre un total de 24 (el mismo número se da en el caso de la izquierda), a Duhalde en 17 distritos de ese total (la misma cantidad que Rodríguez Saá) y al Frente Amplio Progresista de Binner en 20.

El problema entonces no es de desequilibrio, ni de hegemonía, ni de fraude; sino de construcción política, algo que no se consigue de un día para el otro, y menos en los estudios de TN.