AVISAN QUE SI NO VUELVE LA ESCLAVITUD NO ALCANZA

 

"Mientras no se modernicen las instituciones laborales, el fracaso seguirá asegurado”, (O sea, mientras no vuelvan la esclavitud, la encomienda, la mita y el yanaconazgo, nada será útil) señala Idesa sobre el proyecto de Sergio Massa para convertir planes en trabajo genuino. “Desde hace 30 años se vienen aplicando reducciones transitorias en los costos laborales para alentar el empleo. (O sea que quizás la solución no esté por ese lado. Te faltó aclarar cuando creció el empleo en todo ese tiempo. Spoiler: con las leyes laborles vigentes, y doble indemnización) En los ‘90 se denominaron ‘modalidades promovidas’, en el anterior gobierno ‘Empalme’”.". (Y siempre fueron conocidos como "contratos basura". Aplaudidos por ustedes, siempre)

"El Instituto para el Desarrollo Social Argentino,(Conglomerado de garcas) que preside el economista Jorge Collina, (Otro que debe ser un garca) señaló que el nuevo proyecto “se anuncia como una exención del 100% de las contribuciones patronales por 2 años más la posibilidad de tomar por 1 año el monto del plan como parte del salario.".

"En el texto del proyecto -analiza- se especifica que el descuento es solo sobre las contribuciones patronales al SIPA –no incluye asignaciones familiares, desempleo, obra social, ART y cargas sindicales–(¿Desearían algo más, un cafecito tal vez? Ojo que las "cargas sindicales" las pagan los trabajadores, de su bolsillo) y está topeado en 2 salarios mínimos. (Bueno, si el salario mínimo es bajo, es culpa de ustedes, no se quejen ahora si nunca lo quieren aumentar) Además, tiene que implicar aumento de planta, (Claro, ¿la idea no era dar trabajo?) no se puede tener empleados no registrados (por eso la ley contempla un blanqueo laboral) (¿Y cual sería la idea, seguir negreando?) y hay que estar al día con el pago de las cargas sociales.". (Sí: la idea es seguir evadiendo aportes)

"Recuerda Idesa que el programa Empalme de 2017 tenía objetivos y diseños parecidos. (Claro. Se lo debe haber soplado Massa a Macri, cuando eran amigos y viajaban juntos a Davos) “La diferencia principal es que permitía tomar como parte del salario 2 años de plan, pero en sentido contrario no contemplaba exenciones sobre contribuciones patronales. Esta iniciativa del gobierno de Macri fue un rotundo fracaso”." (Como todo el gobierno de Macri. Y sin embargo ustedes hicieron campaña por su reelección)

"Respecto de la suerte que correría la iniciativa de Massa, observa Idesa que “suponiendo un empleador que toma un beneficiario de plan asistencial por 2 años (lo que dura la exención) a un sueldo de 2 salarios mínimos ($ 64.000)”, (¿Y no lo piensan ajustar en dos años, saben que si blanquean a los trabajadores hay algo llamado paritarias, no?) el trabajador “le genera un costo laboral total en concepto de salarios, cargas sociales e indemnización por despido (Pero ese costo lo tienen si lo despiden, no lo podés comparar con el sueldo que si trabajó se lo tenés que pagar) de $ 2,8 millones a precios actuales”, (Pará un cachito: 24 sueldos -dos años- más dos sueldos más -por los aguinaldos- de 64.000 pesos da un costo de $ 1.664.000. ¿Podrías explicar como llegás a esa cifra, con aporte patronales rebajados desde los 90 y nunca recompuestos al 33 %?) mientras que “el beneficio del ‘Puente al Empleo’ de 1 año de subsidio al salario (con el plan) y la exención de contribuciones por 2 años ascendería a $ 360 mil a precios actuales.". (El 50 % de subsidio a un sueldo de $ 64.000, durante un año con los aguinaldos, solo, ya da $ 352.000, sin contar la rebaja de aportes patronales del 100 %. Son muy chantas. ¿Así liquidan Ganancias?) 

"Esto implica que el incentivo para el empleador que contrate un beneficiario de plan asistencial sería un ahorro del 13% del costo laboral total. Estos datos muestran que tomar un beneficiario de plan asistencial reduce un 13% el costo laboral. Este cálculo sólo computa el costo monetario directo de la relación laboral.". (Vean la parte positiva: sería un homenaje a Pato Bullrich en su paso por el gobierno de la Alianza)

"Pero advierte el informe que “faltan considerar los costos de aprendizaje, adaptación al entorno de trabajo, trámites burocráticos y eventuales conflictos o demandas judiciales. (Además por ahí te toman un café, te piden que les pongas un dispenser de agua, capaz que si los hacés quedar todo el día quieran picar algo, es un lío) Dado que los beneficiarios de planes asistenciales tienen bajos niveles de educación y carecen de experiencia laboral relevante, (Hablemos de generalizaciones berretas) es altamente probable que el programa del gobierno fracase” una vez más''.". (Díganlo: "Son unos negros de mierda, brutos, que no sirven para nada".)

"Recuerda Idesa que desde la ley Nacional de Empleo de 1991 se implementan sistemas similares que no logran éxitos. (Ah, mirá vos. Lo loco es que sigan pidiendo las mismas recetas desde entonces ustedes) “La razón es que, con inestabilidad macroeconómica e instituciones laborales muy distorsivas, ("Distorsivas": "Obligan a pagarle a alguien por su trabajo algo que le permita maś o menos llegar a fin de mes, y darle un descanso semanal para que no se muera trabajando") una reducción transitoria de costos laborales resulta un incentivo irrelevante para los empleadores, (Claro, con derogar las cláusulas de la Constitución que abolieron la esclavitud la cosa sería distinta, "reglas de juego claras y estables a largo plazo") especialmente cuando se trata de personas con bajos niveles de calificación”.". (Si el problema es la calificación, consiguen mano de obra calificada pagándola bien, por lo que vale, y sin ninguna ventajita a costa del recorte de derechos. De hecho es lo que pasó cuando subió el empleo, con éstas mismas leyes laborales. Porque el famoso "costo laboral" es irrelevante, aunque digan lo contrario)

(Las negritas son nuestras, el original acá)

(Post relacionado, acá)

LA REFORMA LABORAL EN EL CHANGUITO

Se pueden ensayar muchos análisis sobre las causas de la crisis que afecta a Carrefour en sus operaciones en el país, y que llevaron a la multinacional francesa a pedir el procedimiento preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo de la nación: que si la baja en el consumo, que si la suba de los costos por los tarifazos y la quita de las retenciones, que si la búsqueda de canales alternativos por parte de los consumidores; y hasta Macri mencionó desde su nube de pedos estelar, a la competencia desleal de los supermercados chinos.

También se puede especular respecto a si se trata de la consecuencia de un conjunto de malas decisiones empresariales de la cadena, o una muestra de una realidad más extendida, que afecta a todo el sector del supermercadismo. Lo cierto es que hasta ahora -es decir, hasta que Carrefour ingresó al procedimiento preventivo de crisis- ninguno de esos factores era siquiera considerado por los medios dominantes, o por los funcionarios del gobierno o los economistas afectos a sus ideas: por el contrario, no venían haciendo más que destacar que la economía crece, junto con el consumo y el empleo.

Esa circunstancia debería de por sí ya llamarnos la atención, para centrarnos no tanto en las causas del problema, sino en sus posibles consecuencias; sobre todo porque tenemos un gobierno que ha hecho de la crisis oportunidad, para conseguir sus objetivos centrales de política económica: disciplinar a la fuerza laboral a través del desempleo, utilizar al salario como ancla inflacionaria (única visible, a esta altura) y forzar negociaciones colectivas a la baja, y hacia el retroceso en materia de condiciones de trabajo y derechos laborales.

Durante el kirchnerismo la herramienta del procedimiento preventivo de crisis que contempla la Ley 24.013 estaba indisolublemente ligada al programa REPRO (Recuperación Productiva), por el cual el Estado subsidiaba durante un tiempo a las empresas el pago de parte de su nómina salarial, para poder sostener los puestos de trabajo: allí la  intervención del poder público tenía un sentido claro y definido, que obviamente no es el que prevalece en estos tiempos.

Muy por el contrario, el gobierno de Macri vetó la ley anti despidos sancionada por el Congreso, impulsó una reforma laboral que disminuía considerablemente las indemnizaciones por despido (abaratando así a los empresarios los costos de prescindir de personal) y en la práctica hibernó los REPRO, de los que ejecuta un promedio de entre un 25 y un 30 % apenas, de las partidas presupuestarias al Ministerio de Trabajo con ese fin; pese a que las situaciones de crisis que ameritarían utilizarlo, lejos de disminuir, se multiplican. 

Un gobierno, el de "Cambiemos", que aprovechó invariablemente cada crisis sectorial de la economía para convertirse no en el árbitro que interviene entre las partes para garantizar la paz social, sino en un activo y decidido gestor de un solo tipo de soluciones: las que suponen que los trabajadores resignen salarios y derechos, sin la contrapartida de una resignación parecida (no ya equivalente) de rentabilidad y beneficios de las empresas.

Así fue en el caso de la industria petrolera (primero en Vaca Muerta, luego en el resto de las cuencas productivas del país), de la metalúrgica con sede en Tierra del Fuego, de las automotrices y de la construcción; sectores todos a su vez colocados en circunstancias dificultosas como consecuencia de las propias políticas del gobierno, que aparece así creando el problema, y proponiendo al mismo tiempo la solución; que siempre es en contra de los intereses de los trabajadores.

Nada que deba sorprender, atento al marcado carácter de clase del elenco gobernante, y de los sectores de los que provienen sus apoyos principales.

Y con la información disponible hasta acá, todo indica que en el caso de Carrefour el mecanismo se repetirá, con la intención de tomarlo como caso testigo que se puede proyectar a un sinnúmero de situaciones similares; introduciendo de forma subrepticia por el lado del procedimiento preventivo de crisis y por goteo, la reforma laboral flexibilizadora que sería difícil de pasar en bloque, a través del Congreso.

El artículo 103 inciso a) de la Ley 24.013 permite homologar los acuerdos de las partes en el marco del procedimiento preventivo de crisis, con la fuerza de un convenio colectivo: una hermosa oportunidad para una patronal ávida de reducir costos laborales y un gobierno "del palo", para aprobar convenios de empresa que fijen condiciones más gravosas para los trabajadores, que el convenio general de la actividad.

Triaca ha convocado para tratar el pedido de Carrefour al sindicato de empleados de Comercio que ya no conduce Cavallieri, pero que le sigue respondiendo: uno de los gremios más oficialistas de todos los gobiernos, que siempre se apura a cerrar paritarias de acuerdo con el techo que les interesa a estos. Y lo ha hecho marginando al mismo tiempo al sindicato de Camioneros, que nuclea a más de 1500 empleados de la cadena francesa, en todo el país; con otra dirigencia sindical y -sobre todo- con otro convenio colectivo de trabajo, y otro nivel de salarios.

La omisión no es casual: de ese modo el gobierno busca aislar a Moyano, y ponerlo luego frente al hecho consumado de un acuerdo flexibilizador, que sería presentado como la única solución posible para evitar que se pierdan miles de puestos de tabajo; y al que a los camioneros no les quedaría más remedio que adherir, aceptando resignar derechos reconocidos por su convenio.

La maniobra supone un intento de desgastar a Moyano en momentos en los que éste se ha alejado de la conducción de la CGT "dialoguista" (que no termina de definir su conducción, pero en la que todos están de acuerdo en seguir dándole aire al gobierno), para acercarse  al kirchnerismo y a los sectores del PJ más proclives al enfrentamiento con el gobierno de Macri, que a dialogar con él.

El conflicto de Carrefour tiene así una dimensión política más allá de la específicamente laboral, que a su vez no es poca: resulta que a una multinacional que se vio impedida (durante la vigencia del "cepo" cambiario del kirchnerismo) de repatriar dividendos a su casa matriz -que atraviesa en Francia sus propios problemas- le va mal ahora, cuando esa posibilidad es irrestricta; claro que aduce que en realidad no puede ejercerla, porque viene perdiendo plata.

Si la movida de pedir el procedimiento preventivo de crisis les sirve a los franceses para legitimar despidos y -sobre todo- para reducir salarios y flexibilizar condiciones laborales a sus trabajadores, con la anuencia -y aún más, el apoyo explícito- del gobierno, ¿qué impedirá que otras multinacionales con sede en el país o grandes grupos económicos locales sigan el mismo camino, aunque sus balances digan que la están levantando en pala?

Después de todo, el encargado de controlar que eso no sea así (en cuyo caso no correspondería invocar el procedimiento de crisis) es el Estado, que ahora está en manos de los patrones.

POR SI TU GORILA AMIGO SE PONE EN REVISIONISTA

A ver gorilas, lean un poco a ver si aprenden: 1) La Ley 11.729 se sancionó en 1934, y modificó distintos artículos del Código de Comercio, que venía de la época de Vélez Sarfield (lo sancionó en 1859 la legislatura de la provincia, luego l adoptó la nación como propio).

— La Corriente K (@lacorrientek) 27 de enero de 2018

2) Entre los artículos modificados, estaba el artículo 156 del Código de Comercio, en el que se estableció el derecho de los empleados de Comerciuo (solo de ellos, pues todo el capítulo habla del comercio "y sus dependientes") a gozar de vacaciones anuales pagas

— La Corriente K (@lacorrientek) 27 de enero de 2018

3) Por eso el día del empleado de comercio se festeja el 26 de septiembre (cuando se promulgó la ley), que por cierto volvió a ser feriado nacional por la Ley 26.541 sancionada en 2009 durante el gobierno de Cristina

— La Corriente K (@lacorrientek) 27 de enero de 2018

4) Uriburu no tiene nada que ver con esa ley ni con las vacaciones pagas, ni de los empleados de comercio ni de nadie, sencillamente porque falleció el 29 de abril de 1932, dos años antes de la sanción de la ley

— La Corriente K (@lacorrientek) 27 de enero de 2018

5) La Ley 11.729 fue sancionada durante el gobierno (fraudulento) de Agustín P. Justo, por iniciativa de los diputados del Partido Socialista, que convalidabaqn con su presencia en el Congreso la proscripción del radicalismo y el fraude electoral

— La Corriente K (@lacorrientek) 27 de enero de 2018

6) Uno de los grandes impulsores de la Ley 11.729 fue Angel Gabriel Borlenghi, por entonces -cuando se sancionó- secretario general de la Confederación de Empleados de Comercio, y afiliado al Partido Socialista, luego desde 1946 hasta casi el final del gobierno de Perón...

— La Corriente K (@lacorrientek) 27 de enero de 2018

...7) fue su ministro del Interior, porque justamente dejó el socialismo para sumarse al peronismo porque hizo realidad las leyes sociales existentes (haciéndolas cumplir a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión y la justicia del trabajo, creada en 1944 por Perón

— La Corriente K (@lacorrientek) 27 de enero de 2018

8) Entre esas leyes y decretos que reconocieron derechos a los trabajadores, está el Decreto 1440 del 26 de enero de 1945, por el cual el gobierno de Farrel (a instancias de su Secretario de Trabajo y Previsión, el coronel Perón) estableció el derecho de todos los trabajadores...

— La Corriente K (@lacorrientek) 27 de enero de 2018

...sin distinción a gozar del derecho a las vacaciones anuales pagas.

— La Corriente K (@lacorrientek) 27 de enero de 2018

9) Finalmente cuando en el año 1974 se sancionó la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 a instancias de un proyecto presentado por (entre otros) Norberto Centeno (abogado desaparecido) en las dictadura, por su artículo 7, los artículos 154 a 160 del Código de Comercio, modificados..

— La Corriente K (@lacorrientek) 27 de enero de 2018

..por la Ley 11.729 (1934), porque en el artículo 164 de la misma ley se consagraba el derecho a la licencia anual ordinaria, con pago íntegro de la remuneración. ¿Capisce?

— La Corriente K (@lacorrientek) 27 de enero de 2018

(La aclaración del tuit 4) es porque el tarado se equivocó en su libro sobre el peronismo adjudicándole la ley a Uriburu -otro dictador, pero que no le molestaba- y luego tuvo que corregirlo):

COMO VIENEN DULCES CON LOS PEDIDOS, SE MANDARON

En un punto es lógico: pidieron cinco cosas por editorial en relación con las fuerzas armadas, y una por una el gobierno se las fue dando.

Encima Joaco lo entrevista al presidente, y Macri pide que la justicia laboral "sea más pareja", o sea que no falle siempre a favor de las trabajadores porque espanta las inversiones; mientras cocina un proyecto de ley de ART para sacar los juicios por accidente de trabajo de los juzgados laborales. 

¿Acaso el paso previo para su eliminación, reparando el "error" de Perón de haberlos creado? 

Y luego de haber vetado la ley anti-despidos, porque "no ayuda a crear trabajo de calidad". ¿Será e calidad pero sin derechos.

En la tribuna de doctrina vieron el clima propicio y ya que estaban, se mandaron: en el editorial de ayer bajaron el pliego de reivindicaciones con la reforma laboral completita, armada y hecha para funcionar.

Modificar la ley de contrato de trabajo, las paritarias y los convenios colectivos; instalar la negociación por empresa; volver a los contratos basura y todas las formas posibles de flexibilidad laboral. Mucho de eso contiene la "ley de empleo joven" que está en el Congreso, y Macri agradeció de antemano como si estuviera aprobada. 

Eliminar la indemnización por despido reemplazándola por una "renta vitalicia" a la cual el trabajador también aporte, administrados los fondos por "entes autónomos a crearse" (¿la vuelta de las AFJP?): una más en un conjunto de ideas novedosas (?), jamás esbozadas antes (??), aun no ensayadas en el país (???) y de descontado éxito (????).

Al mismo tiempo que plantean que los trabajadores y sus empleadores dejen de aportar a la seguridad social, o difieren aportes, o aporten menos "para bajar cargas impositivas al trabajo", sin explicar como se financiaría la seguridad social, o que pasaría con el sistema jubilatorio solidario y de reparto. 

Ah, no, pará: seguramente sería reemplazado por otro, sostenido por "aportes individuales", administrado por "entes autónomos a crearse". 

Mientras te venden las ventajas de negociar salarios al nivel de empresa y los beneficios de hacerlo por "productividad" (idea ya lanzada por el ministro Triaca), te quieren convencer que "la oferta de mano de obra es insensible al nivel salarial", como si fuera lo mismo discutir salarios con bajo o alto desempleo; como bien nos enseñó Prat Gay.  

Raro que ya que les preocupa tanto "asegurar la convergencia de intereses entre el empresario y sus trabajadores" no hayan planteado reglamentar de una buena vez la participación en las ganancias prevista en el artículo 14 bis de la Constitución, con acceso de los trabajadores a la información de las empresas, y control de la producción.

Quizás supongan que se trató de un desvarío colectivista amparado por Rojas y Aramburu, dos activistas de la IV Internacional.

A esta altura del partido uno tiende a dudar si le quieren marcar la cancha a Macri fijándole la hoja de ruta, o se le están ofreciendo en bandeja al gobierno como "house organ", a través del cual sin la incomodidad de tener que poner el gancho firmando un editorial, el gobierno puede decir a través de ellos lo que realmente piensa, e ir sondeando el ambiente.

Al fin y al cabo en el mismo reportaje con Morales Solá dijo Macri que no le preocupaba lo que hicieran los sindicalistas, porque según sus encuestas, él tiene buena imagen y ellos pésima. 

Cualquiera sea en definitiva la respuesta -o un combo entre ambas- no interesa: la transmisión de pensamiento entre hijos de puta suele ser bastante frecuente, y no les cuesta mucho ponerse en la misma sintonía. 

Claro que el pensamiento y la sintonía son siempre los mismos, repetidos una y otra vez, porque nunca -pero nunca jamás de los jamases- se les caerá una nueva idea. 

Si Macri recoge el guante que lanza La Nación o si ésta puso en palabras lo que piensa el gobierno ¿volverán los tiempos de la Banelco -ya que volvieron los enojos presidenciales con Tinelli- o no será necesaria porque encuentra "opositores responsables" dispuestos a acompañar?

70 AÑOS DEL AGUINALDO

Se cumplen hoy 70 años de la sanción del Decreto-Ley 33.302/45, por el cual el gobierno de Farrell instituyó el "Sueldo Anual Complementario", vulgarmente conocido como aguinaldo.

La medida estaba contemplada en el artículo 45 del decreto: "Todos los empleadores, sean personas de existencia visible o ideal, que ocupen empleados u obreros comprendidos en el art. 2° del presente Decreto-Ley, están obligados a pagarles el 31 de diciembre de cada año y a partir del 31 de diciembre de 1945, inclusive, a sus empleados y obreros un sueldo anual complementario por lo menos. Se entiende por sueldo anual complementario la doceava parte del total de sueldos o salarios, definidos en el art. 2° del presente Decreto-Ley, percibidos por cada empleado u obrero en el respectivo año calendario.".

El decreto había sido redactado por Perón en su paso por la Secretaría de Trabajo y Previsión -cargo en el que lo reemplazó Domingo Mercante, que lo firmó- y contenía una conjunto de beneficios para los trabajadores; como la creación del Instituto Nacional de  las Remuneraciones, la instauración del Salario Mínimo, Vital y Móvil, la definición de los salarios básicos y la creación de las Comisiones Salariales; antecedente directo del sistema de convenciones colectivas de trabajo y comisiones paritarias que ya en su presidencia regularía la Ley 14.250 (1953), que con modificaciones rige hasta hoy.

El aguinaldo fue sancionado luego de la movilización popular del 17 de octubre de ese mismo año, y en plena campaña electoral de cara a las elecciones del 24 de febrero de 1946; en las que Perón accedería por primera vez a la presidencia de la nación, derrotando a la fórmula de la Unión Democrática, Tamborini-Mosca.

Por tal razón fue interpretada como una "ayudita" del gobierno a Perón que era el candidato oficialista, minimizando así su labor en favor de los trabajadores desde que en noviembre de 1943 se hiciera cargo del viejo Departamento Nacional del Trabajo; para transformarlo en la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Victorio Codovilla (dirigente del Partido Comunista) señalaba apenas conocido el decreto que "...el aumento de los salarios debe ser el resultado de las luchas organizadas de la propia clase obrera: el objetivo del peronismo consiste en hacer ciertas concesiones provisionales a algunos sectores obreros para destruir sus organizaciones independientes y de clase y forzarlas a entrar en sindicatos estatales...". 

No muy distinto pensaba Jorge Luis Borges, para quien "...otro soborno fue el aguinaldo, curiosa medida económica -imitada nunca sabré porqué por los gobiernos ulteriores- según la cual trabajan doce meses y se paga trece. Esta ridícula y onerosa medida ha sido decorada con el título de 'conquista social'...."; con lo que demostraba que era un gran escritor, pero que de política no entendía mucho que digamos. 

Mucho más previsiblemente, la medida fue resistida por las entidades patronales: cuenta José María Rosa en su "Historia Argentina" que "...La Asamblea Permanente de Entidades del Comercio, la Industria y la Producción convocó a sus agrupaciones a pronunciarse. El Colegio y la Asociación de abogados sostuvieron que el decreto era inconstitucional. Apoyados en la opinión de los juristas y la conducta del Partido Comunista, el 27 de diciembre, dos mil representantes patronales, presididos por Eustaquio Méndez Delfino, con Arnaldo Massone, Luis Colombo, José María Bustillo, Alejandro Shaw, Joaquín Anchorena, protestaron contra "las erogaciones que el decreto impone y que no pueden cumplirse, ni se habrán de cumplir. ¡Nadie en el mundo puede obligar a dar lo que no se puede, y menos lo que no tiene!..". 

En la misma línea de pensamiento, el Comité Universitario Radical de la Capital Federal publicó un manifiesto en el que decía que el decreto "...causará la ruina del comercio y la industria...". Además de protestar, los empresarios se negaron a pagar el primer aguinaldo, y los aumentos salariales establecidos en el mismo decreto, y realizaron un lock out de tres días en enero del 46'; medida que el PC aplaudió porque "tuvo y tiene un contenido de lucha contra el fascismo...", según decía una declaración del Comité Central del 16 de enero de ése año.

Tal como señalaba el propio Borges, una vez puesto el aguinaldo en aquél diciembre del 45' nadie lo sacó después, aunque muchos quisieron hacerlo y a otros ganas no les faltaron. Como tampoco nadie -al menos que se sepa- renunció a cobrarlo, más allá de sus opiniones políticas, y de lo que pensara de Perón y el peronismo.

Empresarios preocupados por los costos salariales y que se resisten a cumplir con las leyes que consagran derechos para los trabajadores, "gremiales" patronales que se le paran de manos haciéndole lock outs a un gobierno en defensa de sus intereses, partidos políticos y dirigentes estudiantiles que se alinean con intereses corporativos, izquierdas desorientadas: cualquier parecido con la realidad actual, sería puramente fruto de la casualidad. O no.

Aunque lamentablemente todo indica que por estos tiempos hay una diferencia sustancial con aquéllos: el Estado no está del lado de los derechos de los trabajadores. 

EL MINISTRO QUE LE COSTÓ MÁS TRABAJO

Es que se trata de un tema que el hombre no domina muy bien, y además tenía otros candidatos: pensó en el "Momo" Venegas, pero parece que no hubo consenso en todos los sectores del sindicalismo (pedían un gremialista, para defende los derechos de los trabajadores), pese al total apoyo de la Rural y la Mesa de Enlace (Buryaile hacía fuerza por él).

Después le pidió nombres a De La Sota, "el mejor peronista del país" (Massa dixit), que le arrimó el de un ex gerente de Arcor (?), pero tampoco funcionó.

Y como Funes de Rioja no quiso saber nada porque lo reclaman desde la COPAL para poner al día las listas de precios, terminó recalando en éste muchacho; al cual el tema le viene de familia. Y salió de ley, como el viejo.

Bah, de ley, lo que se dice de ley, más o menos, porque como diputado se pegó un par de faltazos en el Congreso cuando se trataron -justamente, mirá que casualidad- alguna que otra ley que estableció derechos para algún que otro sector laboral, discriminado, precarizado y sin derechos.

Como los peones rurales o el personal de casas de familia. Se vienen las paritarias sin techo. A la intemperie, digamos:

LA LECTURA DE LA BORRA DE LAS LEYES, NUEVO DEPORTE NACIONAL

Y va camino a convertirse en más popular que el fútbol, mirá lo que te digo.

Arrancaron con esto ya con el mismo Código Civil y Comercial cuando se lo discutió en el congreso los troscos, con el tema de que derogaba toda la legislación laboral, y consagraba la precarización de los trabajadores.

Raro que los sindicalistas no se hayan enterado para salir con los tapones de punta, o que la UIA, la AEA y la Mesa de Enlace no hayan expresado su más rotundo apoyo a la nueva normativa.   

Tan raro como que el Código Civil y Comercial legisle sobre el derecho del trabajo digamos, pero a lo mejor -y contra lo que se sostiene frecuentemente- lo esencial sólo sea visible para los troscos.

Después vinieron los que militan contra el aborto, con el tema de que una resolución del Ministerio de Salud de la nación había "despenalizado el aborto": se refieren a la que reglamenta el protocolo a seguirse en los hospitales públicos en los casos de abortos no punibles, que no hace sino transcribir lo que dice un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la nación.

Raro también en éste caso, que nadie se haya enterado: ni el Papa para recriminárselo a Cristina cada vez que se encontraron en todo este tiempo; ni los que militan por la despenalización del aborto, para dejar de juntar firmas para que se trate en el Congreso, y salir a festejar que lo lograron.

Raro también que esta medida -que tiene la frontal oposición de la iglesia- se haya consagrado al mismo que "el Código Civil clerical", que reconoce las uniones convivenciales, la fertilización asistida, el matrimonio igualitario y los divorcios con trámite simplificado. 

Código que además los pro aborto dicen que clausura para siempre la discusión sobre la despenalización, aunque sea una cuestión a discutirse -como su nombre lo indica- en el Código Penal, no en el Civil y Comercial.

Y hace poco, aparecieron el diputado Garrido y Miguel Bonasso (o Bolasso) con el tema de que el Digesto Jurídico aprobado por el Congreso deroga la Ley 1420 de los tiempos de Roca, y con ella su artículo 8; de lo que se seguría que se reimplantó la enseñanza religiosa en las escuelas públicas.

Porque guarda, ojo: del 2003 para acá, fuera de discutirse la nueva ley de educación nacional, la ley de financiamiento educativo (que permitió llevar la inversión en educación a más del 6 % del PBI) y la ley de educación técnica profesional, casi que de educación no se habló, ni se discutió nada relevante al respecto en el Congreso. Todo habría arrancado de cero ahora, con el Digesto Jurídico.

Y la CTERA y los gremios docentes, en la palmera, como si nada. Y los curas también, sin mandarles a los legisladores el agradecimiento que se merecen por reimplantar la enseñanza religiosa.

Tremendo: cuantas cosas terribles estarían pasando frente a nuestras narices sin que nos demos cuenta.

Por suerte hay gente que aprendió a leer la borra de las leyes, y nos mantiene alertas. 

PARA EL PERONÓMETRO DE MOYANO Y EL "MOMO" VENEGAS

A propósito de los dichos de Cristina en la Asamblea Legislativa sobre las leyes laborales sancionadas en la década ganada, leemos en Página 12: "Una recopilación exhaustiva de las leyes laborales aprobadas desde 2003 arroja un número mayor al 48 que mencionó la presidenta Cristina Kirchner en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. 

La suma de todas esas leyes llega a 182. El número por sí solo refleja la profundidad de la transformación en marcha. En lo que no hay contradicción respecto de lo que planteó la jefa de Estado el 1º de marzo es en que las intervenciones van todas en el mismo sentido: restablecer derechos de los trabajadores que fueron gradualmente escamoteados a lo largo de casi tres décadas. La dictadura cívico-militar, el menemismo y la Alianza –en diferentes planos e intensidades– son los mayores responsables de haberle dado forma a un cuerpo normativo con marcado sesgo pro empresa, que avanzó sobre conquistas históricas del sector obrero. Un denominador común de toda esa larga etapa fue la intervención constante del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, promoviendo la desregulación laboral y la privatización de la seguridad social. 

Derribar una estructura de tanta densidad explica las 182 leyes que el Congreso aprobó o analiza modificar en el proceso que empezó en 2003. Contra lo que se podría suponer con un número tan alto, en su gran mayoría los cambios no son de forma sino de fondo, algunos fundacionales, y muestran el tamaño del desequilibrio alcanzado entre el capital y el trabajo. Como es sabido, las leyes por sí solas no transforman situaciones arraigadas y relaciones de fuerza cristalizadas a lo largo de años, pero cuando hay voluntad política de hacerlas valer son un paso indispensable en el camino hacia un nuevo orden social.

Un caso paradigmático es la creación del Régimen Nacional de Trabajo Agrario, en diciembre de 2011, en remplazo del sancionado durante la última dictadura. Este último dejaba expresamente de lado los derechos consagrados en la Ley de Contrato de Trabajo para los trabajadores formales y asignaba a los usos y costumbres del campo un lugar central para dirimir eventuales conflictos. En los hechos, sobre 1,3 millón de peones rurales, más del 80 por ciento se encontraba en la informalidad. La ley dispuso cuestiones básicas como la jornada laboral de ocho horas, terminó con el concepto de trabajo de sol a sol y fijó la edad jubilatoria en 57 años. A su vez, reconoció a los peones derechos tales como remuneraciones mínimas fijadas en paritarias, que no podrán ser menores al salario mínimo, vital y móvil, el pago de horas extras, el descanso semanal y la obligación para los empleadores de proveer condiciones adecuadas de higiene, seguridad y vivienda acorde, en el caso que corresponda. Otro aspecto central fue la creación del Renatea, un organismo de control y registración que reemplazó al anterior administrado por el sindicato del Momo Venegas, que convivía con la explotación laboral.

Otro salto cualitativo de similar trascendencia fue el nuevo Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, sancionado en abril de 2013 en lugar de un decreto ley de 1956 –dictadura de Aramburu– que, por ejemplo, dejaba a esas trabajadores, el 97 por ciento mujeres, sin cobertura en caso de embarazo y maternidad. También fijó la jornada laboral de 8 horas diarias o 48 semanales, la obligatoriedad del pago de horas extras, 9 horas de reposo nocturno consecutivas, el descanso semanal de al menos 35 horas, el derecho a vacaciones pagas que arrancan en 14 días corridos, la contratación de un seguro por riesgos de trabajo y la prohibición de emplear a menores de 16 años, entre otras directivas.

Un tercer hito, de junio de 2008, en pleno conflicto por la Resolución 125, fue la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil, que elevó a 16 años –desde los 14 previos– la edad mínima de admisión al empleo, al tiempo que prohibió a menores de 18 años la realización de tareas peligrosas, nocturnas o insalubres y fijó condiciones de protección especiales para los adolescentes de 16 a 18 años. En 2011 esto se amplió para el sector rural con el Régimen de Trabajo Agrario y en 2013 se sancionó una ley que tipificó como delito el aprovechamiento económico de los menores, con penas de prisión de 1 a 4 años.

La norma que empezó a marcar un cambio de tendencia respecto de los años anteriores en cuanto a legislación laboral fue la derogación de la llamada Ley Banelco, en marzo de 2004. Allí también se barrió con numerosas disposiciones de la flexibilización del trabajo del menemismo. Por ejemplo, se terminó con la extensión del período de prueba a 6 meses para las pymes y hasta un año para algunas actividades, con la posibilidad para los empleadores de despedir sin indemnización; se restableció el preaviso de despido de un mes para quienes hubieran trabajado menos de cinco años y de dos meses a partir de entonces; se anuló la fórmula para calcular el monto de las indemnizaciones por despido que determinaba el pago de una doceava parte del sueldo por cada mes de antigüedad y se volvió al sistema previo de un mes de sueldo por año de trabajo; se dejó sin efecto la caída de la ultraactividad de los convenios colectivos –para negociar condiciones a la baja en años de híper desocupación– y se ordenó su continuidad por más que hubiera vencido el plazo de aplicación; se incorporaron los estatutos de la Organización Internacional del Trabajo para regular las huelgas en servicios esenciales, rescatando el derecho de los trabajadores a medidas de fuerza, y se comenzó a reconstruir el sistema de fiscalización y sanción por incumplimientos a leyes laborales, entre los puntos principales.

Después llegó la reforma a la Ley de Concursos y Quiebras, otra herencia de las peores de Menem y Cavallo para los trabajadores, que los desamparaba en el fuero comercial en condiciones de extrema debilidad para cobrar lo adeudado por empresas caídas. En abril de 2006 se volvió a asignar el fuero laboral para tramitar esos conflictos y se facilitaron las condiciones para que los empleados avanzaran con el proceso de empresas recuperadas. 

Se ordenó el régimen de pasantías que se había desvirtuado al punto de que estudiantes de filosofía hacían “prácticas” en locales de comida rápida. Se prohibió el cambio de condiciones laborales de manera unilateral por parte de las empresas. Se impidió que los trabajadores acepten condiciones laborales y salariales a la baja para conservar el empleo. Se clausuró expresamente la posibilidad de averiguación de antecedentes políticos o religiosos. Se recuperó la negociación paritaria y el Consejo del Salario Mínimo. Se asignaron cupos de programas socio-laborales para personas con discapacidad. La lista es inabarcable en estas líneas. Pero un punto central de todo el proceso es que la recuperación de derechos se dio al mismo tiempo que creció el empleo en niveles nunca antes vistos y la desocupación cayó casi 20 puntos porcentuales. En la experiencia previa, la desregulación laboral había llevado a una tragedia también en cuanto a la pérdida de puestos de trabajo.".

Habría que pedirles a los compañeros Moyano y Venegas que nos presten el peronómetro para someter a una prueba al kirchnerismo -al cual siempre le cuestionan su prosapia peronista, o su grado de peronismo en sangre-; a ver que resultados le da.