LA LAPICERA TENÍA TINTA

 

En el Boletín Oficial de hoy aparece publicado el DNU 90/23 (completo acá), por el cual se modifican disposiciones de la Ley de Empleo 24013, de modo tal de incluir en el beneficio del seguro por desempleo a los trabajadores y trabajadoras de casas particulares regidos por la Ley 26844; aprobada durante el gobierno de Cristina.

De éste modo, ese colectivo laboral especialmente vulnerable (con una inmensa mayoría de mujeres) podrá acceder a la prestación por desempleo, además de introducirse modificaciones en el régimen especial de seguridad social para el sector aprobado por la Ley 25239; y la posibilidad de que se les computen a los fines jubilatorios los pedidos trabajados y aportados en jornadas semanales inferiores a las 16 horas, mediante un aporte adicional que efectúen a esos fines.

En el mismo Boletín se publicó el Decreto 89/23 (completo acá) por el que se prorroga hasta fin de año el programa de regularización registral de estos trabajadores y trabajadoras en la seguridad social unificándose en el 50 % de los haberes el aporte que hace el Estado a los empleadores (dependiendo de su nivel de ingresos) durante ese lapso, para fomentar el blanqueo laboral de un sector con altísimos niveles de informalidad.

En cierto sentido y acotado al sector, los decretos consagran una especie de moratoria jubilatoria, favoreciendo la incorporación de estos trabajadores y trabajadoras a la seguridad social y sus beneficios, que si en algunos casos son escasos (como el monto de la prestación por desempleo o los haberes jubilatorios), es mejor tenerlos a estar completamente desamparados; sin ningún tipo de cobertura frente a las contingencias de la vida.

Valga el ejemplo de medidas que van en el sentido correcto y que se le reclaman al gobierno que votamos, para demostrar que cuando se quiere se puede, incluso usando la lapicera para no tener que supeditar todo a las extorsiones de la oposición en el Congreso. Como está sucediendo con la moratoria previsional.  

ARRIBA O ABAJO, PERO ADENTRO

 

Son 1.038.000 sin registrar. Un exitazo (?) https://t.co/MsaReWvuuw

— La Corriente K (@lacorrientek) September 28, 2021

Sr. Presidente. Los que ya estamos haciendo las cosas bien en que nos beneficiamos? Hace 5 años tengo mi empleada en blanco como corresponde... Yo sería parte del club de los bolud....?

— Martin Vilchez (@TinchoVilchez) September 27, 2021

Nunca antes se intentó esto, y siempre falló: https://t.co/B778chvKX9

— La Corriente K (@lacorrientek) September 27, 2021

Salvo que al oficializarse la medida haya elementos que permitan llegar a una conclusión distinta, el programa "Registrar" destinado a blanquear a las trabajadoras (en su inmensa mayoría son mujeres) de casas de familia parece concebido con la misma lógica del que hace poco analizáramos acá, por el cual el Estado (es decir, todos nosotros) subsidia parte de la mano de obra barata de las actividades agropecuarias.

Se entiende que se trata de un sector particularmente golpeado por las restricciones a las actividades y la circulación durante la pandemia, y no se nos escapa que por esa razón se perdieron en cientos de miles de puestos de trabajo. 

Sin embargo, esa lógica de la que hablamos antes hace que, para aquellos que accedan a los beneficios del programa como empleadores, el subsidio estatal represente un alivio relativo en sus bolsillos respecto de las cargas de la seguridad social, y para las trabajadoras un posible ingreso a los beneficios de la seguridad social, cuya perduración en el tiempo parece dudosa.

Aun admitiendo que se trata de un asunto complejo y de no difícil solución (dos de cada tres trabajadoras que se desempeñan en el sector están en negro), el análisis de conjunto de las medidas anunciadas o puestas en marcha por el gobierno tras la derrota en las elecciones, muestra más palazos de ciego que otra cosa, y parece poco como para torcer el destino electoral.

Módico aumento del SMVM, suba del mínimo no imponible de Ganancias (con destinatarios bien distintos en cada caso), ruego "puglieseano" a las empresas para que no aumenten precios, Pre viaje para los jubilados y -sobre todo- una bizantina discusión sobre si Cristina tiene o no razón por lo que dijo en su carta, en cuanto a que se está ejecutando un ajuste en el gasto público. Del retorno del IFE o algo parecido, por ejemplo, se sigue hablando más de lo que se hace.

Sobre la discusión en torno a si hay o no ajuste, parece indicativa de que no cabe esperar cambios de rumbos, lo que supone que o sigue el ajuste, o los gastos públicos siguen pisados, lo que en definitivas es más o menos lo mismo. Como si las elecciones no hubieran ocurrido, o Cristina no hubiera escrito su carta, diciendo lo que en ella dice.

Hay otro nivel de debate (más teórico que práctico) sobre si las medidas anunciadas o en estudio deben ser "focalizadas" o "universales", si deben ir directo a sus posibles beneficiarios, o "derramarn" por carácter transitivo. Como fuera, el horno no está para este tipo de disquisiciones, el calendario electoral corre, y poco importa dilucidar si los recursos que se ponen en juego van arriba, abajo o al medio de la sociedad: lo importante es que vayan adentro, con eficacia comprobable, porque no hay tiempo para experimentos.

Algo que en el tiempo que resta para las elecciones generales parece dudoso; tanto que ya habría que empezar a pensar -como varios han señalado- más en el 2023, que en las elecciones del 14 de noviembre.

Si hubiera que juzgar por lo actuado por el gobierno desde las PASO para acá, habría que concluir en que la derrota no estaba en los planes, y en consecuencia no había "Plan B" alternativo a la línea política y sobre todo económica, seguida hasta entonces. Esta idea es reforzada porque por momentos pareciera que el "Plan B" se reduce al cambio de gabinete, y a discutir por que lo que antes no funcionó, ahora sí podría hacerlo. 

Tuit relacionado: 

A las PASO fuimos con la doctrina "hagamos la plancha, pesa la marca FDT, nos van a agradecer la vacuna" y ya vimos como nos fue. No sea cosa que ahora vayamos con la doctrina "Dejemos todo igual salvo algunos muñecos del gabinete y que Cristina se desahogue escribiendo cartas".

— La Corriente K (@lacorrientek) September 27, 2021

TOMAN MEDIDAS PARA PREVENIR OTRA CORRIDA DEL DÓLAR

Y sí, no sea cosa que salgan saliendo a comprar dólares y provoquen una corrida: https://t.co/PwPFc3HhRI

— La Corriente K (@lacorrientek) 13 de noviembre de 2018

LA NACIÓN, EL WEB HOSTING DE LOS GARCAS

A VER SI APRENDEMOS: SON TRABAJADORAS, NO MASCOTAS

Al menos eso es lo que dice la Ley 26.844 (2013): "REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES Título  Disposiciones Generales.

ARTICULO 1° — Ambito de aplicación. La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación las relaciones laborales que se entablen con los empleados y empleadas por el trabajo que presten en las casas particulares o en el ámbito de la vida familiar y que no importe para el empleador lucro o beneficio económico directo, cualquiera fuere la cantidad de horas diarias o de jornadas semanales en que sean ocupados para tales labores. "

Y más importante todavía (aunque lo pongan chiquitito) es que firmaron la primera paritaria de la historia, recordando nosotros lo que dice el artículo 18 de la ley: "ARTICULO 18. — Salario mínimo. El salario mínimo por tipo, modalidad y categoría profesional será fijado periódicamente por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), cuya cuantía deberá establecerse para todo el territorio nacional, sin perjuicio de los mejores derechos que se establezcan mediante Convenio Colectivo de Trabajo.".

DIFERENTES FORMAS DE VER LAS COSAS

Con el impactante título del que da cuenta la imagen de apertura, leemos en El Cronista texto: "Desde el próximo 3 noviembre los empleadores del servicio doméstico estarán obligados a contratar un seguro de riesgos del trabajo que cubra los eventuales accidentes y enfermedades que pudiera sufrir el personal que cumple tareas dentro de su hogar, según dispuso la resolución 2224 publicada ayer en el Boletín Oficial. Si bien la medida de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo no fijó el costo mensual del seguro, trascendió en despachos oficiales que ya fue definido un esquema de aportes diferencial que los empleadores deberán pagar a las ART según la cantidad de horas trabajadas semanalmente por el empleado. Así el pago mensual del seguro será de $ 130 en el caso del personal empleado hasta 12 horas por semana, llegará a $ 165 cuando trabaja entre 12 y 16 horas y alcanzará a $ 230 si desempeña tareas por más de 16 horas.

Si se suma el nuevo costo del seguro de ART al resto de las cargas sociales del servicio doméstico, el aporte mensual para los empleadores del régimen se incrementará desde noviembre en hasta un 520% en el caso de que el personal trabaje hasta 12 horas por semana (de $ 31 a $ 161). Si el empleado trabaja entre 12 y 16 horas, el aumento será del 380% (de $ 59 a $ 224), en tanto que se elevará en un 185% (de $ 268 a $ 498) cuando el trabajador cumpla tareas por más de 16 horas semanales.". (las negritas son nuestras)

Ahora que está de moda reducir todo a porcentajes impactantes, sin tomar en cuenta por ejemplo las cantidades o magnitudes concretas involucradas; podríamos intentar un enfoque alternativo al del diario de De Narváez y decir que por menos de lo que cuesta al mes el celular o el cable, la persona que trabaja en tu casa y te ayuda con las tareas (o las hace directamente mientras vos laburás) estará protegida contra accidentes de trabajo, y podrá gozar el día de mañana de una merecida jubilación.

Derechos que les reconoció este proceso político, a partir del dictado de la Ley 26.844; que incorporó a los trabajadores y trabajadoras de casas de familia a los beneficios de los que gozan el conjunto de los trabajadores argentinos.

Porque como decíamos acá a propósito justamente del reajuste de los aportes jubilatorios, dignificar cuesta, y podrá ser leído como algunos (como la nota que comentamos) como un "costo", pero para otros (el dignificado) no tiene precio.

EL "COSTO" DE DIGNIFICAR

Aunque pasó prácticamente desapercibido en medio de los anuncios del gobierno para combatir el empleo en negro, y la discusión por el proyecto de ley llamado "anti piquete", esta semana se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 467 (ver acá texto completo); por el cual Cristina reglamentó la Ley 26.844, que estableció el régimen laboral para el personal de casas de familia.

Un justo reconocimiento a uno de los colectivos laborales más olvidados de nuestra sociedad, y otro caso más de ampliación de derechos durante estos últimos años; que en su momento analizamos acá.

De acuerdo con el decreto -que complementa a la ley, fijando el nuevo marco de derechos del sector- quienes empleen a alguien en su hogar para colaborar con las tareas del hogar deberán contratar obligatoriamente una ART para darles cobertura en caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales; y habilitarles sin costo una cuenta sueldo en una institución bancaria, en la que depositarle el salario, como cualquier trabajador.

Veíamos días pasados -al analizar el proyecto enviado al Congreso contra el empleo en negro- que el personal de las casas de familia quedaba excluido de la rebaja de aportes patronales; precisamente porque la Ley 26.844 ya tiene su propio régimen de contribuciones a la seguridad social, que ha permitido registrar (en el año que lleva en vigencia) a más de 400.000 trabajadores y trabajadores que estaban en negro, en una de las actividades en las que la informalidad es mayor.

Sin embargo no todas son rosas ni aplausos: bien se dice que cada vez que se conquista un derecho, se avanza sobre un privilegio.

Y si no veamos acá en la tribuna de doctrina como nada menos que un profesor titular de la UCA (¿lo habrá conversado con Francisco?) cuestiona que la ley sancionada por el Congreso y el decreto reglamentario aprobado por Cristina "aumentan los costos para el empleador" y "dificultan la registración" (o sea, una excusa para mantener en negro a las empleadas).

Avanzar en el reconocimiento de derechos para los excluidos siempre cuesta, cambiar algunas mentalidades, mucho más.

HAY QUE DENUNCIAR A LOS (Y LAS) QUE LAVAN

El escándalo por la discusión de la reforma judicial y el protagonismo mediático y político de las denuncias de Lanata oscureció un hecho de significativa importancia: poco antes de convertirse en un reñidero el Congreso sancionó (por casi unanimidad) la nueva ley del personal de casas particulares, cuyo texto pueden leer acá.

Que significó ni más ni menos que poner a las trabajadoras (las mujeres son el 95 %) y trabajadores de lo que siempre se conoció como el servicio doméstico (aunque comprende también a otras funciones, como los acompañantes no terapéuticos de personas enfermas o discapacitadas), en el universo del conjunto de los trabajadores; alcanzados y protegidos por una regulación que les reconoce ampliamente sus derechos de tales.

Lo que implica vacaciones pagas, indemnización por despido, preaviso, protección del despido por causa de embarazo o maternidad, ,limitación de la jornada legal de trabajo, prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, mecanismos para la regulación de su salario, goce de asignaciones familiares, tribunales administrativos para resolver los conflictos derivados de la relación de empleo, prevención del fraude laboral por el uso abusivo de la contratación a prueba, cobertura de los riesgos del trabajo, accidentes y enfermedades profesionales, pautas sobre el descanso diario, entre otras cuestiones.

Derechos que ahora se les reconocen con plenitud a aproximadamente un millón de trabajadoras y trabajadores, hasta hace poco regidos por un decreto de la dictadura de Aramburu y Rojas; pero entre un 70 y un 85% de los cuales están en negro, en condiciones de informalidad y sin gozar de los beneficios de la seguridad social.

Pese a las campañas oficiales (del gobierno nacional y algunos gobiernos provinciales) para que se regularizara su situación, y al incentivo que supone que, declarar al personal que trabaja en la casa en la ANSES habilitaba la posibilidad de deducir los gastos respectivos, del impuesto a las Ganancias. 

Claro que para que el incentivo funcione, el que lo invoque debe tener regularizada su situación con el fisco respecto al pago de Ganancias; cosa que en muchos casos y salvo lo que corresponde a la cuarta categoría (trabajo personal en relación de dependencia, si es formal, o sea declarado a la seguridad social), no se da.

Una ley que amplía derechos, cuando oímos a diario que lo que el gobierno quiere es cercenarlos, gestada por un amplio consenso, cuando nos dicen que el kirchnerismo "va por todo", y se lleva todo por delante.

Sin embargo que se la haya silenciado u obscurecido (aun en los medios que se consideran oficialistas o afines al gobierno, con las excepciones del caso), tiene más que ver con las circunstancias que mantuvieron a ese millón de personas que trabajan a diario en las casas de otros casi al margen del derecho laboral hasta hoy; y que mantienen en negro a la inmensa mayoría de ellas, que con la famosa "batalla cultural", o la disputa por la construcción del sentido de interpretación social.

Pensemos simplemente que la nueva ley (una vez aprobada por Diputados) estuvo demorada en el Senado (sometida al conservadurismo cultural de la mayoría del cuerpo) todo el tiempo que llevan los controles puestos por el gobierno para que la gente pueda comprar dólares: ¿cuántas veces oímos en ese lapso a los que reclaman que les dejen acceder a los billetes verdes, reclamar para que la ley saliera?   

La nueva ley significa un avance notorio (no debidamente explicitado por el propio gobierno, más allá de algunos spots en el "Fútbol Para Todos") para un colectivo laboral sometido a condiciones de trabajo denigrantes en muchos casos, por la perduración de atavismos culturales que atraviesan a muchas capas de la sociedad.

Y las reacciones ante la decisión de la AFIP de practicar estimaciones de oficio de deudas  por contribuciones a la seguridad social por aportes patronales para éste personal, no hacen sino confirmarlo: acá por ejemplo La Nación lo califica como un aumento de la presión del Estado para lograr que se regularice al personal (que sigue llamando "doméstico", muestra de que ciertos hábitos culturales no cambian tan fácilmente), y acá Clarín  hace hincapié en la presunción legal (establecida por la Resolución de la AFIP) de que, quien gana más de $ 500.000 brutos anuales y además paga Bienes Personales, emplea personal de casas de familia, y por ende debe pagar las contribuciones a la seguridad social. 

Por supuesto en tiempos de inconstitucionalidad veloz (y precoz) no podían faltar los "expertos" que advierten sobre una eventual ilegalidad de la medida, diciendo que la presunción que establece la AFIP debería estar en la ley de procedimiento tributario.    

Muy expertos no deben ser, porque omiten decir que las facultades de la AFIP para practicar estimaciones de oficio de deudas deudas por contribuciones a la seguridad social, tomando como base elementos demostrativos de la capacidad económica y contributiva de las personas si éstas no aportan los datos respectivos, ya está en la Ley 11683 (de procedimiento tributario), desde que en el año 2005 se sancionó la Ley 26.063, que pueden ver acá.          

Ley que además fue justamente la que estableció la posibilidad de deducir del impuesto a las Ganancias el salario pagado al personal que se emplea en las casas de familia, y las contribuciones patronales correspondientes; y que dispone además (en su artículo 3) que "Todas las presunciones establecidas por esta ley operarán solamente en caso de inexistencia de prueba directa y dejarán siempre a salvo la prueba en contrario", y en su artículo 6 que "Ninguna de las presunciones establecidas en la presente ley podrán ser tenidas en cuenta por los jueces en lo penal a los fines de determinar la existencia de un delito".

Lo que implica que las personas que pudieran verse alcanzadas por la resolución del a AFIP gozan de todas las garantías para demostrar que no tienen personal en negro, empleado en su casa, si ése fuera el caso.

Y entre el cúmulo de hipocresías que el caso desnuda (como la defensa desembozada del negreo y la explotación, por parte de los supuestos cultores de la calidad institucional, tan preocupados por el lavado de dinero en negro), no es menor que protesten porque el Estado -con la medida- busca "hacer caja": ¿acaso no se quejan todo el tiempo de que el gobierno malgasta "la plata de los jubilados"?

Pues bien, en éste caso, de eso se trata justamente: de arbitrar los mecanismos legales (con todas las garantías constitucionales que siempre reclaman) para poder contar con más "plata para los jubilados", no sólo para beneficiar a las trabajadoras y trabajadores de casas de familia (que para poder gozar plenamente de los beneficios del nuevo régimen deben estar registrados en la seguridad social, aun cuando la relación laboral se presume y la puedan probar en la justicia por otros medios), sino porque si los aportes y contribuciones de la seguridad social aumentan porque se blanquea personal, mueven a la alza la fórmula establecida por la Ley 26.417 para actualizar semestralmente las jubilaciones y pensiones del sistema público de reparto.

O sea: menos empleados en negro, más aportes a la seguridad social, mejores aumentos para los jubilados y pensionados.

Dos logros institucionales (la ley de movilidad, la del personal de casa particulares) innegables de un proyecto político acusado a diario de llevarse por delante las instituciones.

Y una oportunidad para tanta gente sensibilizada por las denuncias de Lanata para denunciar a las (y los) que lavan, pero ante la ANSES.

EL SIGNO DE ÉPOCA: LA AMPLIACIÓN DE DERECHOS

La dinámica de los hechos se encadenó para que Cristina promulgara ayer la ley que establece el nuevo régimen laboral de los trabajadores (y sobre todo trabajadoras) de casas particulares; mientras se empezaron a discutir en el Congreso los proyectos para democratizar la justicia.

El mismo día promulgó la ley que penaliza la utilización de mano de obra infantil, en los casos en que está prohibido; lógico complemento de la ley sancionada en el 2008 para la prohibición del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente.

Los dos hechos (las nuevas leyes, la discusión en el Congreso por la reforma judicial) ponen bien el claro el clima de época de los años kirchneristas, en fuerte contraste.

Los medios nos saturan por éstas horas con editorial tras editorial, y declaración tras otra de los dirigentes opositores, sobre los proyectos de Cristina para la justicia, y el discurso (como siempre) es uniforme): vivimos en una dictadura, un régimen corrupto que lo que busca es consagrar a futuro su impunidad, que avasalla a la justicia y que -llevándosela puesta- cercenará los derechos de los ciudadanos; que quedarán indefensos ante el Leviatán estatal.

Sin embargo al mismo tiempo ese mismo gobierno (convalidado hace un año y medio con el voto del 54 % de los ciudadanos) expresa un proceso político que se apresta a cumplir 10 años en el poder, en los que ha seguido una línea constante: encarar la reconstrucción del país tras la crisis terminal del 2001, al par que restablecer derechos cercenados en la noche neoliberal, o conquistar otros, ampliando las fronteras de la democracia real, la que llega a los ciudadanos de a pie, e impacta en su vida cotidiana.  

Hace un tiempo atrás en éste post hacíamos un racconto de las leyes sancionadas por el Congreso argentino desde el 2003 para acá, destacando entre ellas las que segían esa línea: la de la reconquista y ampliación de derechos, individuales y colectivos; invitamos a seguir el enlace y repasarla, más allá de que cada uno tenga en su memoria a la mano, los ejemplos más relevantes; desde la AUH o el matrimonio igualitario, hasta el voto joven o la muerte digna, pasando por las paritarias o la movilidad jubilatoria.

En el mismo tiempo histórico en el que en Europa por ejemplo, la crisis se pepetúa en el tiempo, porque los gobiernos insisten en imponer políticas que pretenden preservar privilegios para el capital financiero, mientras sacrifican los derechos alcanzados por las sociedades, con las políticas del Estado de bienestar.

Incluso muchas de esas leyes sancionadas por el Congreso argentino restableciendo antiguos derechos, o reconociendo nuevos, gozaron de un amplísimo consenso legislativo; y fueron acompañados por los partidos opositores, como es el caso de las dos que ayer promulgó Cristina: la desmentida más categórica al propio relato opositor y mediático sobre la naturaleza del proceso político que vive la Argentina.

Y aun en los proyectos sobre reforma judicial que hoy discute el Congreso (entre los cuáles sigue habiendo ampliación de derechos, porque así como se podrá votar desde los 16 años por impulso del kirchnerismo, los ciudadanos podrán elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura) que despiertan más polémica, la línea de ampliar y garantizar derechos no se abandona.

Se ha puesto como ejemplo en contrario la creación de nuevas Cámaras de Casación porque demoraría más las causas (ejemplificando con los juicios de los jubilados por reajuste de haberes), o la regulación de las medidas cautelares dictadas contra el Estado, porque desprotegerían los derechos de los ciudadanos.

Y sin embargo en éste último caso los juicios en los que está en juego la vida o la salud de las personas, o cuestiones alimentarias, no se verían alcanzados (de acuerdo al proyecto) por las nuevas restricciones (por ejemplo que una cautelar no pueda durar más de seis meses); y la política seguida por el kirchnerismo en los juicios previsionales tiene que ver con la sustentabilidad del sistema en su conjunto, en un contexto de casi universalización de su tasa de cobertura.

Es decir que privilegió cubrir a cada vez más personas con las beneficios de la seguridad social, y establecer un mecanismo de movilidad de los haberes sustentable en el tiempo (y que terminó siendo muy favorable a los jubilados en términos de mantener en el tiempo el poder adquisitivo de sus haberes, pese a los pronósticos agoreros en contrario),  que resolver los reclamos del 7 u 8% de los jubilados (que a su vez están entre los que mejor ganan), poniendo en serio riesgo la sustentabilidad de todo el sistema.

Y aun así mejoró la tasa de sustitución de los haberes (como se dijo acá); razón por la cual Cristina ganó con el 54 % de los votos, tras haber vetado el proyecto del 82 % móvil sancionado por el "Grupo A", cuando controlaba las dos Cámaras del Congreso. 

Pero el proceso de reconquista de derechos olvidados, o de conquista de otros nuevos, no es fácil ni gratis; no basta con planteárselo como objetivo para lograrlo: es menester trabajar a diario desde la gestión de las políticas públicas para crear las condiciones materiales que hagan posibles los avances (como en el caso de la política previsional), o enfrentar intereses poderosos y consolidados; que no quieren ceder privilegios.

Y así como Evita decía que donde hay una necesidad hay un derecho, en muchos casos la conquista de un derecho para algunos, es la privación de un privilegio para otros; de modo que la ampliación de los horizontes de la democracia (en términos de más y mejores derechos para los ciudadanos) requiere necesariamente del conflicto político con los detentadores del privilegio, para poder concretarse: la utopía de las transformaciones profundas por la vía del diálogo y el consenso, exclusivamente, queda bien en un discurso, en la aparición de algún dirigente en algún programa de cable, pero no es más que eso, frases bellas.    

Justamente el caso de las trabajadoras (porque son más del 95% de millón de beneficiarios del nuevo régimen laboral) de casas de familia es bastante ilustrativo al respecto:  en éste post de hace unos meses decíamos que no era para nada casual que, entre los colectivos laborales olvidados por la protección de las leyes, estuvieran ellas y los trabajadores rurales (que también conquistaron nuevos derechos con y por el kirchnerismo); porque era en el campo y en el interior de las casas (no hablamos, claro, del hombre o la mujer común de clase media o laburante, que necesita que alguien lo ayude en su casa o con los chicos porque tiene que salir a trabajar todos los días) donde la desigualdad de las relaciones sociales y de poder, se expresaban con mayor crudeza.

Por eso en éste día en que las trabajadoras y trabajadores de casas de familia se suman a los otros sectores que conquistaron derechos en éstos años, recordemos también (como lo decíamos en este post) a los que trataron de impedirlo, durante los 57 años de vigencia del decreto de Aramburu que ahora quedó derogado; y en los tres años que el proyecto demoró en el Congreso desde que lo enviara Cristina.

GENTE SENSIBLE

Que cuando tuvo que blanquear a la mucama, y pensar que tenía que reconocerle derechos, la echó; y listo: que se ocupe el gobierno, o le consiga un terreno.

Raro que ni Moyano, ni su hijo Facundito, ni Micheli, ni el Pollo Sobrero, ni Pitrola hayan incluido en el petitorio del 20N que salga éste proyecto.

Impresionante también el discurso noventista del "costo laboral" del abogado laboralista (¿será uno de lo que se oponen a la nueva ley de ART?)  y el del senador radical que implicitamente plantea que -para generar trabajo o combatir el desempleo- hay que recortar o desconocer derechos a los trabajadores.

NOTICIAS SOBRE EL CACEROLAZO

Los que trabajan en casas de familia son de los últimos sectores absolutamente desprotegidos en sus derechos laborales, sometidos a una secular explotación.

El otro sector emblemático en ese aspecto eran los trabajadores del campo, para los que se sancionó hace poco el nuevo Régimen Nacional del Trabajo Agrario, vulgarmente conocido como "Estatuto del Peón Rural".

Según el informe de la OCDE, la Argentina incrementó su presión tributaria sobre el PBI en la última década, colocándola muy por encima del promedio de los países de la región (pero menos de un punto por encima de Brasil), y casi asimilada a los países desarrollados.

Y aun manteniendo una estructura impositiva regresiva (no hubo una reforma tributaria que la modifique), ese incremento de la presión tributaria se dio a partir dos factores: 

* El aumento exponencial de los derechos de exportación (las famosas retenciones), por los que el Estado capta las rentas diferenciales o extraordinarias generadas por la devaluación con que se salió de la Convertibilidad, más el renovado perfil exportador del modelo macroeconómico y la mejora en los precios internacionales (sobre todo de los commodities, como la soja), y

* El aumento de los aportes y contribuciones de la seguridad social, a partir del crecimiento del empleo registrado y la masa salarial formal, como consecuencia de la política de movilidad por paritarias. 

Paralelamente, se mantuvo igual la (baja) incidencia del Impuesto a las Ganancias en el conjunto de los ingresos del fisco nacional, y disminuyó la del IVA.

La última noticia es la mas conocida desde ayer: según el informe del Banco Mundial, la Argentina aumentó (casi duplicó) su clase media entre 2003 y 2009; bien que siguiendo un proceso que se da en toda América Latina (aunque no tan marcado como acá), y partiendo de un punto inicial que fue la crisis del 2001, que destruyó clase media arrojando a muchos argentinos a la pobreza y la indigencia.

Paradójicamente, un país que añoran muchos sectores de la propia clase media; tal como se pudo ver el 8N.

Nuevos derechos para sectores tradicionalmente excluidos de su goce, porque trabajan en actividades donde las relaciones sociales de poder se notan más claramente (los hogares y el campo); y resisten por todos medios cambiar, y ceder ese poder. O en todo caso ven su pérdida, allí donde se está conquistando un derecho.  

Aumento de la presión tributaria (o sea la recaudación impositiva) por el crecimiento de la actividad económica, la decisión de captar rentas extraordinarias y el combate a la evasión: tres parámetros de políticas públicas diseñadas (aun con tosquedades o medios rudimentarios) desde el Estado, y no por el efecto del "derrame" del crecimiento.

Recuperación de la clase media, en términos cuantitativos y cualitativos, como consecuencia de políticas macroeconómicas de distribución del ingreso (lo dice el Banco Mundial, no nosotros).

A lo mejor (capaz, es una hipótesis) todo esto tenga alguna relación con los cacerolazos del 8N; sobre todo si se lo combina con una visión histórica y cultural como la que expone acá don Bartolomé Mitre (gracias Barricada por la traducción); sobre democracias, dictaduras, votos de las clases populares, su racionalidad política y similares.