LA FRASE

"MIS DIFERENCIAS CON EL PRESIDENTE SON PÚBLICAS Y NOTORIAS, PERO QUIERO AGRADECERLE QUE ME HAYA DADO ESTA OPORTUNIDAD DE ORDENAR PERSONALMENTE UNA REPRESIÓN." (VICTORIA VILLARRUEL)
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martes, 10 de septiembre de 2024

LA LEY Y LA TRAMPA

 

Quedó relegado a un segundo plano de la atención pública por la media sanción de la reforma previsional impulsada por Pullaro, pero la Asamblea Legislativa aprobó los pliegos de los jueces que integrarán la Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y Supervisión Penitenciaria creada por la Ley 14243, sancionada apenas comenzó el nuevo gobierno provincial.

Los pliegos fueron aprobados exclusivamente con los votos de los legisladores del oficialismo al menos en dos de los tres casos, porque los candidatos fueron "metidos por la ventana", como lo recuerda el diputado Corach (PJ) en el video de apertura: habían rendido mal en la prueba de oposición, recurrieron, el gobernador les dio la razón mediante un decreto y fueron readmitidos al concurso, pero aun así, estaban en el fondo de la tabla en el orden de méritos, 8º y 12º, para ser más precisos.

El gobierno de Pullaro -especialmente el ministro Cococcioni- se tiraron sobre la granada reivindicando el derecho del gobernador para proponer los candidatos que juzgue más idóneos, para asegurarse los resultados de la política de seguridad, que vincularon directamente a lo que pasa en las cárceles. En líneas generales el mismo argumento esgrimió el socialista Farías para votar los pliegos. 

Algo de razón tienen: la ley de creación de la Cámara permite en su artículo 58 realizar tareas de inteligencia sobre los presos recluidos en las cárceles provinciales y sus familiares cuando los visitan, y su artículo 59 dispone que son los camaristas (ahora designados) quienes deben autorizar las escuchas telefónicas, el espionaje acústico en las celdas y lugares de reclusión y la infiltración de agentes encubiertos; es decir que más que jueces son parte del aparato de espionaje oficial.

El concurso para cubrir los cargos de camaristas arrancó regido por el Decreto 854/16 de Lifschitz que reglamentaba el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, hasta que en el medio del proceso Pullaro cambió las reglas de juego dictando el Decreto 659 de mayo de éste año que lo reemplazó, y si bien el concurso se debía seguir rigiéndose por el decreto de 2016, en la práctica el comportamiento del gobierno (el Consejo de la Magistratura, Cococcioni y el propio Pullaro) fue poner en práctica la nueva norma, que está orientada a reforzar la discrecionalidad del gobernador para elegir candidatos a cargos en la justicia.

Así por ejemplo eliminó este párrafo (que estaba en el decreto de Lifschitz): “La propuesta vincula al Poder Ejecutivo en su composición, pudiendo seleccionar a cualquiera que integre la misma.”.; mientras que se mantiene igual el artículo 25 del reglamento, que dispone todo lo contrario para los cargos jerárquicos del MPA y el Servicio Público de la Defensa Penal: “Para los concursos destinados a la cobertura de cargos de Fiscal General, Fiscales Regionales, Auditor General de la Gestión del Ministerio Público de la Acusación, Defensor General y Defensores Regionales,  el Cuerpo Evaluador elevará una terna con quienes hayan superado ampliamente las pautas de evaluación, sugiriendo un orden de mérito, cuya composición será vinculante para el Poder Ejecutivo.”.

Pero lo más peligroso de las nuevas reglas de juego aprobadas por Pullaro está en el  artículo 26, en el que se agrega esto: “En los concursos para la cobertura de cargos de Magistrados, cuando los mismos se vieran paralizados por causas ajenas a la administración y hubieran transcurrido más de 3 (tres) meses desde su apertura, el Poder Ejecutivo, en el marco de las facultades constitucionales, se reserva la posibilidad de remitir la solicitud de acuerdo, en relación a los postulantes que cumplieran con los recaudos para la designación propuesta.”. De la redacción surge claramente que en esos casos (si el concurso se paraliza por presentaciones o recursos de los aspirantes, por ejemplo) el gobernador podría proponer acuerdo legislativo para quienes no hayan ni siquiera pasado por un concurso previo.

La maniobra no puede leerse exclusivamente como un intento de manejar las designaciones en la Cámara de Apelaciones que debe controlar lo que sucede en las cárceles para garantizar supuestos resultados de las políticas de seguridad, y no puede desvincularse de otras cosas que están sucediendo en estos mismos momentos, en relación con la justicia y el MPA: la renuncia forzada (por el gobierno) de la Fiscal Regional de Rosario que obtuvo acuerdo de la Legislatura en el gobierno anterior, la existencia de expedientes parados hace meses sin que Pullaro los firme con más de 500 designaciones en juzgados y fiscalías, el intento -a través de la reforma previsional- de provocar una purga en la justicia forzando jubilaciones apresuradas, el llamado a concurso de 55 cargos judiciales vacantes que será regido por las nuevas reglas impuestas por Pullaro, y la ofensiva para remover a los jueces de la Corte Suprema provincial.

Justamente el caso de los camaristas demuestra que, por muy cuestionables que sean los supremos santafesinos (y ciertamente lo son), la idea de Pullaro no es precisamente reemplazarlos por personas más idóneas, sino más afines al gobierno y a sus decisiones. Dicho de otro modo: se trata de una ofensiva del gobierno provincial en toda la línea para completar y perfeccionar la colonización de la justicia y el Ministerio Público de la Acusación que radicales y socialistas llevaron adelante en los 12 años de gobierno del Frente Progresista. 

Hemos dicho muchas veces acá -hablando de la nación pero también de la experiencia provincial, donde existe desde antes pero sin rango constitucional- que el Consejo de la Magistratura era uno de los mayores fracasos de la reforma constitucional del 94´, y un antro a cerrar por razones de higiene, y no nos vamos a desdecir ahora. El tema es que ésta gente nos corría con el verso de que son republicanos y respetuosos de la división de poderes, y la independencia del Poder Judicial: vaya este caso -uno más, por si hacía falta- para no prenderse nunca en esa discusión inútil, salvo para dejarlos expuestos como los hipócritas que son.

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viernes, 11 de noviembre de 2022

PEOR ES NADA

 

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sábado, 24 de septiembre de 2022

UNA JUSTICIA RE COPADA

     

¿Vieron que ahora está de moda hacer la del tero con la justicia y sus relaciones con el poder político, pegando el grito por un lado y poniendo los huevos por el otro?

Algo así sucede en la nación, con la discusión en el Senado de un proyecto de ley para ampliar a 15 el número de miembros: "es para garantizarle la impunidad a Cristina, no lo vamos a permitir", salen a gritar a coro los tipos que metieron dos de los actuales cuatro miembros del tribunal por decreto, uno de los cuáles se votó a sí mismo como presidente de la Corte, y del Consejo de la Magistratura. Si hasta se queja del tema Gerardo Morales, que lo primero que hizo en Jujuy cuando asumió fue armar una Corte a su medida con diputados radicales, parientes y amigos.

Pero acá en Santa Fe también se consigue la indignación republicana de los hipócritas que, en esas cuestiones, están más sucios que una papa: vemos acá como los legisladores provinciales de lo que otrora fuera el Frente Progresista, en trance de transformación en Unión Democrática santafesina para las elecciones del año que viene, protestan porque hace unos días Perotti modificó por decreto la reglamentación del Consejo de la Magistratura (que en Santa Fe no tiene rango constitucional, ni siquiera legal) en lo que hace a la conformación de los jurados de concursos para -entre otros- cargos en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público de la Defensa Penal.

Pues bien, esta gente a partir de eso sospecha de la transparencia de los concursos que deben realizarse para cubrir cargos muy importantes, como el Fiscal General (el jefe de todos los fiscales), los cinco fiscales regionales, el Auditor del MPA (o sea el encargado de controlar la labor de todos los fiscales y el Defensor o Defensora General.

Como toda institución estatal, el MPA (creado durante el segundo gobierno de Obeid, pero que solo empezó a funcionar ya con el Frente Progresista) debería ser juzgado por sus resultados, y de ser así, el santafesino no sale muy bien parado que digamos: hasta acá ha sido más un aguantadero de radicales y socialistas para colocar gente que les cubra las espaldas cuando no estuvieran en el gobierno, que algo que sirviera para mejorar la administración de justicia, o contribuir a disminuir los niveles de delito: los porcentajes de condenas por hechos delictivos a los que llega son alarmantemente bajos, por ejemplo.

Pero si algo no tuvo el MPA hasta acá, ha sido independencia de los poderes políticos, o no injerencia de éstos en su funcionamiento: baste recordar que por estos días se discute en la Legislatura una ley para dar marcha con la reforma que, en tiempo relámpago, aprobaron en 2017 radicales y socialistas para que las sanciones disciplinarias a los fiscales por mal desempeño de sus funciones las disponga la Legislatura en lugar del propio MPA, como era al principio. Sucedió luego de que algunos fiscales investigaran en simultáneo a Pullaro (entonces ministro de Seguridad de Lifschitz) por acomodos en los concursos para ascensos en la policía y en chanchullos varios de la cartera, y a Corral por el escándalo de las cooperativas truchas.

Tampoco es la primera vez que en la provincia se modifica la reglamentación de funcionamiento del Consejo de la Magistratura: solo considerando el tiempo transcurrido entre diciembre del 2007 (asunción de Binner como gobernador) y octubre del 2013 (mitad del mandato de Bonfatti), es decir cuando se ponía en marcha el sistema acusatorio en el proceso penal en Santa Fe y comenzaba a funcionar el MPA, hubo siete (7) modificaciones del reglamento del Consejo, siempre en lo atinente a los concursos para cubrir cargos. Y los tres gobernadores del socialismo (Binner, Bonfatti y Lifschitz) cada uno a su turno lo "crearon" de nuevo, como si no existiera.    

Y lo que más hicieron fue acomodar gente a lo pavote en la justicia, en el MPA y en el Servicio de la Defensa; tata que -por ejemplo- de las 45 personas que ahora se anotaron para los concursos en los cargos vacantes de Fiscal General, Fiscales Regionales (5) y Auditor, 25 ingresaron al MPA siendo designados durante los gobiernos del Frente Progresista, entre 2013 y 2018, casi todos ellos (por no decir todos) sin previa carrera en el Poder Judicial, o sea desde la calle.

En esa situación están 7 de los 13 anotados para el cargo de Fiscal General, 10 de los 16 anotados para el cargo de Fiscal Regional de Santa Fe, 11 de los 15 anotados para el cargo de Fiscal Regional de Rosario, y 5 de los 11 anotados para el cargo de Auditor del MPA; más de uno de ellos ex funcionarios políticos de los gobiernos de Binner, Lifschitz y Bonfatti. 

Si hiciéramos el mismo repaso para los anotados para cargos en el Servicio Público de la Defensa (incluyendo el cargo de Defensor General), sería igual o peor: en ésta nota de hace algo más de un año contaba Gustavo Castro como más de 30 funcionarios políticos de los gobiernos socialistas entraron a la justicia sin escalas, en las gestiones del Frente Progresista.   

Por el contrario, entre las 45 personas anotadas para cubrir distintos cargos en el MPA (que en la práctica son 82, porque varios se anotaron simultáneamente en más de un concurso) no hay ningún funcionario del actual gobierno de la provincia. Lo cual sería un motivo menos de preocupación para gente que suele estar preocupada por las instituciones, la república y coso, sobre todo cuando no gobierna.

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jueves, 21 de abril de 2022

HACÉTE AMIGO DE JUEZ

 

Cuando faltaba una semana para que terminara el gobierno de Macri y Cristina declaró en el juicio oral por la causa de la obra pública, decíamos nosotros en ésta entrada: "El alegato de Cristina en Comodoro Py por la causa de la obra pública y su impresionante potencia política acaso hayan oscurecido otro aspecto de la cuestión, que excede la preocupación salvaje de la que fue objeto: un profundo reclamo de regeneración institucional, tras el paso a lo Atila del macrismo por toda área del Estado que pueda guardar visos de institucionalidad, para ponerla al servicio de sus propósitos de persecución política, y de negocios personales.".

"Así visto, el histórico discurso de CFK se reconduce en todo un programa político para el futuro gobierno, para generar desde el primer día las condiciones para garantizarse su propia gobernabilidad, en medio del sinnúmero de dificultades que deberá afrontar desde el primer día, frente a los innumerables problemas que el macrismo le deja como herencia.".

"Por supuesto que está claro que hay otras prioridades y necesidades, comenzando por las más urgentes como el hambre y la pobreza, pero no son excluyentes ni incompatibles. Por el contrario, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y su depuración de las metástasis que las aquejan y fueron agravadas por el macrismo -que arrojó bombas racimo que desparramaron su carga explosiva por cada rincón del Estado-, son el reaseguro de la efectividad presente y la permanencia a futuro, de muchas de las políticas que tiendan a resolver esos problemas ciertamente más urgentes.".

"Incluyendo en esa discusión de una necesaria reforma constitucional, a la que el propio Alberto Fernández se ha mostrado reacio, pero sin la cual ciertas reformas (incluso económicas y sociales) impostergables son inviables, o quedarán siempre sujetas al humor político de los gobiernos, o a los vaivenes electorales. Y otras excrecencias institucionales que han cobrado vida propia y, cualquiera haya sido el propósito perseguido al diseñarlas, han fracasado en toda la línea y son parte de los problemas, y no de las soluciones (como el Consejo de la Magistratura), tienen su origen en la última reforma constitucional.".

"Y si de reformar instituciones devastadas por los republicanos que decían defenderlas se trata, hay que comenzar por la justicia, los jueces federales, la mismísima Corte Suprema y el Estado Libre Asociado de Comodoro Py: una república con leyes propias y zonas oscuras, en las que la propia Constitución Nacional es puesta en entredicho por los que deberían garantizar su respeto religioso por todos los poderes del Estado.".

"Sí, como hizo Cristina, incluimos en las depuraciones necesarias a la Corte, dos de cuyos integrantes habían aceptado mansamente ser designados por decreto sin acuerdo del Senado, y luego concurrieron con sus votos al bochornoso fallo del “2 X 1”, que trató de dar por tierra con las políticas de memoria, verdad y justicia; y antes de esos (y siempre) han evitado prolijamente rozar el más mínimo interés personal o de negocios de los grandes empresarios y grupos económicos, de cuyo poder de lobby ante los tribunales nadie se escandaliza nunca. ¿O acaso alguien puede recordar el último fallo de los supremos que lesionó algún privilegio de los poderosos permanentes de éste país?".

Casi dos años y medio después, y a la luz de lo ocurrido desde entonces, no cambiaríamos ni una coma de lo escrito, que se reveló premonitorio. Y cobra mayor actualidad ahora, a partir de la saga del Consejo de la Magistratura, habilitada por el bochornoso fallo de la Corte Suprema de diciembre pasado. Si alguna enseñanza hay que sacar de todo esto, es no enzarzarse más a discutir cuestiones inconducentes, ni aceptar que nos mida el aceite democrático o republicano, gente que no tiene ni los pergaminos ni la trayectoria, ni la autoridad moral para ello. Como la oposición mayoritaria al gobierno nacional nucleada en "Juntos por el Cambio".

Basta entonces de complejos y falsos pruritos para asumir la responsabilidad y el compromiso de gobernar, y de llamar a las cosas por su nombre; como lo hizo entonces Cristina en Comodoro Py. Si la calidad de la democracia argentina depende de que el impresentable de Luis Juez integre el órgano que selecciona y sanciona a los jueces, estamos en serios problemas. Y si admitimos que gente de ese calibre nos juzgue como si fueran las vestales de la Constitución, también.

En las "democracias líquidas" de las post dictaduras de los 70' y 8' en América Latina toda la agenda vinculada a la "calidad institucional" ha sido más un vehículo para el tráfico de la ideología neoliberal, y el encorsetamiento de los procesos populares para que no puedan avanzar en construir sociedades más justas y menos desiguales, que una real preocupación por la vigencia del Estado de derecho y todo lo que implica. A punto tal que, cuando lo han creído necesario, se lo han llevado puesto sin miramientos, como en los tiempos de las botas y los tanques.

Los "controles al poder" y los "balances y equilibrios" que tanto se pregonan, nunca han servido para -por ejemplo- regular la voracidad del capitalismo financiarizado global, o someterlo a regulaciones públicas necesarias; porque es más conveniente medrar (como bien puntualizaba Cristina en la Eurolat) con una concepción antigua del poder, que lo hace reposar solo en las instituciones estatales. Cuando comprendamos cabalmente todas estas cuestiones y actuemos, de una buena vez, en consecuencia, se nos abrirá un amplio campo para el despliegue de la política en su sentido más profundo: el de la reparación social.

Mientras tanto, a no discutir con cualquiera de cosas que algunos no tienen autoridad para discutir: para democráticos y republicanos en serio, nosotros. A ellos -con su prontuario a cuestas- les falta tomar mucha sopa para ponerse a nuestra altura. Tuits relacionados: 

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martes, 19 de abril de 2022

EL PODER Y LA INTERNA

 


Cuando hace poco en la cumbre de Eurolat Cristina dijo lo que viene diciendo desde hace años -e incluso lo ha escrito en "Sinceramente"- sobre el poder, casi todos lo leyeron en términos de la interna del oficialismo lo cual es en sí mismo revelador: si todos pensaron que hablaba de Alberto y le hablaba a él cuando habló de los problemas que generan las decisiones que no se toman cuando hay que tomarlas, es porque Alberto viene haciendo precisamente eso, dilatar la toma de decisiones que la realidad impone. 

Pocos días después, la Corte Suprema y su presidente, Horacio Rosatti, no hicieron sino una brutal demostración práctica de que Cristina tenía razón; ejerciendo con decisión todo el poder que les confiere la Constitución y mucho más, llegando al extremo de estrujar la Constitución como un trapo de piso para tomar por asalto el Consejo de la Magistratura. Claro que nadie puede pensar que Rosatti y los demás cortesanos hacen lo que hacen por motivaciones propias (aunque las haya, como el manejo de la caja de la justicia), porque sería como pensar que, en otros tiempos, las fuerzas armadas derrocaban gobiernos democráticos por sus propios motivos, y no como instrumentos de otros sectores más poderosos.

La Corte demostró -incluso con la revocación de la resolución del juez federal de Paraná y el pedido de que se lo enjuicie en el órgano que ahora preside Rosatti- que entiende bien la dinámica del poder, y que está dispuesta a ejercer ese poder cuando lo crea necesario; del mismo modo que entiende que hay poderes con los que no se tiene que meter: ahí tiene frizzada hace meses la causa sobre el DNU que congelaba las tarifas de los servicios de Internet y telefonía celular y los declaraba servicios públicos esenciales, y todo indica que terminará ratificando las cautelares que lo suspendieron. Otra vez: Cristina no hizo más que describir la realidad.

Mientras tanto el gobierno, que planteó la "autodepuración de la justicia"  y obtuvo tan brutal respuesta de la Corte, fue reduciendo paulatinamente la "guerra contra la inflación" a una propuesta de terapia de grupo, y finalmente ayer -en palabras del propio Alberto- a un "vamos viendo" como se encaran sus causas, y las posibles medidas para resolverlas. Mientras tanto, siguen adelante las audiencias públicas para aumentar las tarifas en el orden del 65 % (cuando se había jurado que la pauta no excedería del 20 %), y Massa cerró un acuerdo con la oposición en el Congreso para modificar la ley de alquileres, volviendo a los dos años de duración de los contratos, y a que los reajustes los decida el mercado: la Moncloa argentina en acción.  

Los anuncios de ayer sobre bonos para jubilados, monotributistas y trabajadores informales parecen más conectados a sostener a Guzmán en su cargo frente a las críticas internas, que a encarar seriamente una política de ingresos para los sectores populares que permita revertir el patrón regresivo en la distribución, que fue heredado del macrismo pero lejos de revertirse, se empeoró. De hecho, la semana pasada Moroni (el ministro que dijo que pese a la alta inflación, no veía problemas con los salarios) respondió al pedido de la CGT anticipando la apertura de algunas paritarias, para no tener que dar un bono extraordinario también a los trabajadores formalizados.

Es difícil hacer otra lectura cuando menos de una semana antes, el propio Guzmán primero y Cafiero después (dos personajes sin votos ni espesor político, que dependen exclusivamente de la lapicera presidencial) señalaron que hay un plan económico y un rumbo del gobierno, y que los que no lo compartan estaban invitados a retirarse; y cuando 10 días antes el albertismo convocado en Rosario llamaba a la unidad a los "díscolos" y Cecilia Todesca decía que para redistribuir, no se podía tirar plata desde arriba de un helicóptero.

También ayer el presidente y el ministro de Economía anunciaron el envío al Congreso de un proyecto de ley para gravar las "rentabilidades inesperadas" captadas por algunos sectores con la disparada de los precios internacionales por la guerra en Ucrania, una iniciativa que puede tener las mismas posibilidades de prosperar que el proyecto promovido desde el Senado por Cristina para gravar los activos no declarados de argentinos en el exterior; pero bienvenido que se intenten estas iniciativas que expresen la voluntad de hacer algo más que simplemente administrar la crisis. De paso y con el mismo sentido, podrían intentarse otras, como el juicio político a los miembros de la Corte por la bochornosa sentencia de diciembre del año pasado con la que prepararon el asalto al Consejo de la Magistratura: en todos esos casos, con probar no se pierde nada. 

Tampoco puede evitarse -dados el contexto y los antecedentes- pensar que el gobierno tiene herramientas concretas a su alcance para gravar ya, sin más, las "rentabilidades inesperadas" generadas por la situación internacional, como aumentar las retenciones; pero ha hecho explícita -otra vez, en boca de Guzmán diciendo cosas que en rigor correspondería decir al presidente- su intención de no utilizarlas para ahorrarse conflictos políticos con sectores poderosos, con los que no tiene ánimo de confrontar. Lo cual pone en contexto el proyecto impositivo anunciado ayer: ¿hay la intención real de concretarlo, o es un simple gesto dirigido a la interna de la coalición oficialista?

Y aquí volvemos, para concluir, a la cuestión del poder: éste se ejerce si hay decisión, y si no la hay y no se ejerce -como bien recordó Cristina- otro lo hará, porque la política (y el poder) no toleran el vacío. Y no parece, a esta altura de las circunstancias que un gobierno que transita la segunda mitad de su mandato vaya a cambiar su hoja de ruta, que no alteró ni siquiera ante la contundencia de los resultados electorales. 

Menos cuando hacerlo (es decir, ejercer el poder, que en esencia y en nuestra concreta estructura social y económica, es afectar intereses muy poderosos) puede significar desfilar por los tribunales, en el futuro; como le pasó y le pasa a Cristina. Tal vez allí haya que buscar las razones del estruendoso silencio presidencial frente al fujimorazo judicial, y decimos silencio por no decir -como algunos- complicidad; porque las desgracias judiciales futuras son cosas que le pasan a otros. Tuits relacionados: 
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jueves, 16 de diciembre de 2021

VERGÜENZA SUPREMA

 

El Consejo de la Magistratura es una perfecta, completa y total inutilidad, como casi todas las ideas que se le ocurrieron a Alfonsín. No lo decimos ahora: cualquiera puede comprobar nuestras opiniones al respecto, verificándolo en la etiqueta respectiva, a la derecha del blog.

Lo era con 20 miembros, lo es con 13 porque no depende de cuantos miembros tenga: si la idea era que sirviera para mejorar la administración de justicia y garantizar "la independencia del Poder Judicial", fracasó estrepitosamente, como cualquier persona con un mínimo de honestidad intelectual, debería reconocer.

Los cortesanos supremos son -a esta altura- la mayor vergüenza institucional del país, considerando los tres poderes del Estado: resuelven en el 2021 una causa que tenían hibernada desde el 2015, cuando les llegó por un "per saltum" (o recurso extraordinario por salto de instancia) promovido por el gobierno de Cristina, alegando la "gravedad institucional" del asunto en discusión. A ellos no les pareció que fuera tan importante, porque se tomaron seis años para resolver la causa, que a su vez se trata de dilucidar si una ley de hace 15 años se ajusta o no a la Constitución.

Tan contradictoria con ella no debía ser, porque se tomaron todo ese tiempo para resolverlo, y lo hicieron ordenándole (sic) al Congreso que dicte una ley, pero no una ley cualquiera: una que les devuelva a ellos un sitial en el Consejo de la Magistratura, y si es posible, teniendo a su cargo la presidencia. Todo ello en desmedro de la representación de los órganos políticos elegidos por el pueblo (el presidente y el Congreso), y en beneficio de la corporación judicial.

Pasó don Juan Manuel de Rosas y dijo que ya hubiera querido él tener esa suma del poder público o esas facultades extraordinarias, en sus tiempos. Más contundente no pudo ser la respuesta de los cortesanos al pedido del gobierno (reiterado hace poco por el ministro de Justicia Soria) de que la justicia "se autodepure".

Los tipos no solo se reservan el derecho de interpretar las leyes y la Constitución (tanto que les gusta decir que son lo que ellos dicen que son, y no lo que está escrito en sus textos), sino de indicarles a los otros poderes del Estado que es lo que tienen que hacer, con un fallo mafioso que utilizaron por años como extorsión: su sentido era cantado hace rato (los medios lo "anticipaban"), y siempre en el contexto de amenazas a cielo abierto al gobierno, con sacarlo si no hacían lo que ellos querían, en otras cuestiones. También pasó don Corleone y dijo que se fueron al carajo.

Eso sí: de cumplir lo que dice el artículo 114 de la Constitución , ese que dice que el Consejo de la Magistratura (ese mismo que dicen querer preservar del predominio de la política, es decir de los que son votados) es el que debe administrar el presupuesto del Poder Judicial. El Consejo, no la Corte Suprema..

En cualquier país de lo que esta gente considera "serios" lo que acaban de hacer sería considerado un golpe de Estado, y los golpistas serían removidos de sus cargos, por atentar contra la Constitución. Acá son puestos como ejemplo de independencia judicial cuatro tipos a los que no votó nadie, de los cuales dos aceptaron llegar a sus cargos por decreto y sin acuerdo del Congreso, violando la Constitución.

Y además de eso, no tienen ni siquiera un pedido de juicio político en su contra, por lo menos para forzar la discusión de sus chanchullos en el Congreso. Como si todos -oficialismo y oposición- estuvieran de acuerdo con que con estos tipos, mejor no meterse.        

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sábado, 19 de junio de 2021

LA ORGANIZACIÓN VENCE AL TIEMPO Y A LOS HOMBRES

 


Hace poco decíamos en ésta entrada: "...el bloque adversario está consolidado como tal más allá del nivel de puterío actual de su expresión dirigencial en sentido político partidario. Y está consolidado porque su conducción real (el poder económico) es inmune a los resultados electorales, y dispone de los medios (de producción y de construcción de sentido) para conducir las cosas a su conveniencia, todo el tiempo que media entre una elección y otra.

Frente a eso, nosotros solo tenemos las herramientas del Estado y de la política, y debemos emplearlas con inteligencia, y al mismo tiempo con coherencia: en el sentido para el que fuimos votados, para que la coalición social que se expresó en las urnas en agosto y octubre del 2019 perdure en el tiempo y se solidifique; y para que el bloque de poder que tenemos pierda gravitación y poder de daño, en la medida de lo posible. Si se sabe ver, las medidas que hay que tomar son las mismas, para conseguir ambas cosas.

Y allí es donde el gobierno parece acusar su mayor déficit, funcionando a dos velocidades: por un lado una morosidad ostensible en tomar medidas que afecten al poder real aun éstas permitan al mismo tiempo consultar los intereses de su propia base electoral (por ejemplo aumentar retenciones para desacoplar los precios internos de los internacionales, en especial de alimentos), o disminuir el poder de fuego del adversario (reponer la ley de medios, mutilada por DNU de Macri, por caso).".

Relacionado, leemos en La Política Online que desde el gobierno vinculan el proyecto presentado en la semana por  Guillermo Lipera (del Colegio de Abogados de la calle Montevideo e IDEA) para reformas en la justicia y el Consejo de la Magistratura, con la ofensiva de la nueva conducción de la UIA a cargo de Daniel Funes De Rioja.

La iniciativa es apoyada por la AmCham (la Cámara que agrupa a las empresas yanquis que operan en el país), el Foro de Convergencia Empresarial y la AEA; y tiene a disminuir la participación de los poderes electivos (en especial del Congreso) en el Consejo, especulando a su vez con que la Corte falle una causa que tiene dormida desde 2013, sobre la reforma aprobada durante el gobierno de Cristina. Es la respuesta a la frustrada reforma judicial del gobierno, y un intento del poder real por reforzar su control sobre el proceso de nominación de los jueces, y el Poder Judicial en general; como reaseguro de la defensa de sus intereses.

Pero el gobierno no puede quedarse en el comentario de las cosas, o atrapado en una puja de aparatos entre ese poder corporativo y los supremos cortesanos, que administran sus tiempos para conservar su influencia y poder de chantaje sobre la democracia y los poderes elegidos por el pueblo. Los movimientos del enemigo son sabidos, y en la medida de lo necesario, coordinados.

Cosa (coordinación y organización) que está faltando de éste lado: esta misma semana el ministro de Economía (de quien no se conocen en los últimos tiempos medidas concretas, sino ideas y conceptos más o menos felices, según las circunstancias) fue a rendir examen a un evento convocado por la misma novel conducción de la UIA, que apoya estos ensayos pseudo golpistas, o destinados a reforzar la injerencia del poder "real", en la misma medida en que se recorta el de las instituciones legítimas de la república, surgidas del voto popular.

A la necesidad de un plan económico de recomposición de ingresos de los sectores populares (vía lucha contra la inflación, y mejoras en los salarios y jubilaciones), se suma la de un plan político de todos los actores del FDT, que supere la mera perspectiva electoral, aunque la contenga. Hay que apostar a la organización y -en la medida que la pandemia lo permita- la movilización para frenar de cuajo estas maniobras; que como la nota indica, se originan no solo en el apetito irrefrenable de control del poder económico, sino en que se percibe la debilidad del gobierno, y se obra en consecuencia.   

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jueves, 4 de marzo de 2021

PASANDO EN LIMPIO

 


Sobre el discurso del presidente el lunes en el Congreso ya se hizo acá el análisis en ésta entrada.  Se dijo entonces que en el discurso "...hubo más definiciones conceptuales, que anuncios concretos de medidas futuras, en lo que al Poder Ejecutivo le toca: en buena medida repartió tareas y responsabilidades en el Congreso y la justicia, más que especificar las que hará en su área de incumbencia.".

A tres días vista del discurso, estamos enredando discutiendo con el macrismo las razones y el destino del mega-endeudamiento contraído con el FMI, la querella prometida no apareció y su destino final es azaroso, en tanto debe discurrir por los tribunales, un territorio reconocido como árido para el gobierno, por el propio presidente en ese mismo discurso. La discusión en la que quedamos encerrados es mucho menos relevante que discutir y definir -por ejemplo- quien va a pagar la deuda que se señala -correctamente- contraída en condiciones irregulares. 

Y la misma oposición que se rasga las vestiduras diciendo que el préstamo del FMI no fue fraudulento ni destinado a financiar la reelección de Macri y la fuga ordenada de capitales golondrinas y locales en el colapso final del macrismo, aportó sus votos para sancionar la "ley de sustentabilidad de la deuda pública" publicada ayer mismo en el Boletín Oficial; cuyos principios rectores se dan de patadas precisamente con ese préstamo que entonces contrajeron y hoy defienden, y con las condiciones en las que lo aprobaron. 

Moraleja: desconfiemos de esos "acuerdos amplios" y "consensos extendidos" cuando hay actores que no están realmente dispuestos a cumplirlos. Menos cuando no son sancionados social o políticamente por ello: hace más de cinco años, en los albores del macrismo y tratando de entender las razones de la derrota en el balotaje del 2015,  decíamos acá que el kirchnerismo nunca había logrado que el grueso de la sociedad entendiera la importancia crucial de que el país se desendeudara, y cortara el círculo vicioso de la deuda. 

De los "controles cruzados" al Poder Judicial que reclamó el presidente al Congreso, que decir. Que se reducirían a una comisión bicameral a la que la propia ministra de Justicia salió de inmediato a bajarle el precio, creyendo que así calma a las almas bellas republicanas indignadas por una supuesta cacerìa de brujas. Con el mismo tono de impotencia política autoinflingida, el ministro de Transporte defiende la peregrina tesis de que el Estado carece de capacidad operativa para dragar por sí la hidrovía, y en consecuencia no le queda más remedio que volver a privatizar esa tarea.

En el discurso del presidente se hizo una mención tangencial a los aumentos de precios de los alimentos, señalando que el gobierno apelaba al diálogo, pero  no renunciaba a ejercer sus facultades legales para encauzar el problema. Hasta acá lo que hubo fue diálogo, y más aumentos. 

No se hizo la más mínima mención -en cambio- a la rebeldía del Grupo Clarín a cumplir con las leyes de la democracia, por ejemplo a la hora de cobrarles a sus clientes las facturas de los servicios que presta a sus clientes a través de sus empresas que operan en el mercado de las TIC's. Lo que sí hubo después -publicada también ayer en el Boletín Oficial-  fue una resolución del ENACOM fijando el régimen de sanciones por infracciones a la Ley 27078, que pueden llegar hasta la pérdida de la licencia. Si bien se lo celebra desde acá, está claro que no puede ser retroactivo, de modo que solo rige hacia el futuro: es como si el Estado le estuviera diciendo a Clarín "por ésta vez se las dejamos pasar, pero ojo con lo que hacen de ahora en adelante".

Finalmente, de la anunciada "despolitización del Consejo de la Magistratura" sabemos que consistiría -a propuesta del "consejo de expertos" convocado por el gobierno para la reforma judicial- en aumentar sus miembros de 13 a 16, reduciendo a 4 los representantes de los poderes políticos elegidos por la voluntad popular. Es decir, aumentando el peso específico y la influencia de las corporaciones judicial, curialesca y académica.

No obstante lo señalado, los anuncios sirvieron para que la oposición hable de tendencias dictatoriales. desbordes autoritarios y tentaciones hegemónicas, por ideas que van en sentido contrario, y están muy lejos de plasmarse en algo concreto. Se corrió así el eje del debate político de los asuntos económicos y sociales, a las vaporosas cuestiones institucionales, muy ajenas a la preocupación del hombre promedio.

Si el gobierno buscó deliberadamente eso con los anuncios del discurso presidencial, implica que no quiere discutir sobre "la víscera más sensible", y eso no puede significar buenas noticias en un año electoral. Por caso, del proyecto "desdolarizador" de las tarifas no tenemos noticias ni detalles, pero sí sabemos que las tarifas serán descongeladas y aumentarán, como los alquileres.

Cuando de un discurso no se siguen hechos concretos, se pueden interpretar muchas cosas. Como por ejemplo que la idea es instalar determinados temas, o seducir a determinados auditorios, a falta de cosas concretas para mostrar. No sea cosa que en el gobierno crean que al voto propio (a ese 48 % que lo acompañó en el 2019) le alcanza con formulaciones discursivas, más si hacen enojar a la vereda opuesta, aunque luego no se llegue a nada. Sería un grave error.

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martes, 2 de marzo de 2021

LA FUERZA DE LOS HECHOS

 


El cambio discursivo del presidente ya se notó en su visita a México, cuando se peleó a la distancia con los medios argentinos y la oposición, señalando sus incoherencias sobre la pandemia y las vacunas. Se profundizó ayer en el Congreso, donde entre otras cosas, volvió a recordarles sus groseras contradicciones.

En el medio, pasaron cosas que pegaron de lleno en la línea de flotación de las creencias de Alberto Fernández sobre que siempre es posible conciliar y consensuar, aun con quienes no quieren hacerlo: desde las exigencias extorsivas de los formadores de precios de los alimentos, hasta los reclamos de los acreedores externos privados con los que se apresuró a cerrar un acuerdo, pasando por la oposición y sus puestas en escena cadavéricas, fueron recortando los márgenes concretos de la ilusión consensual. 

Salvo la pandemia -lo que no es poco-, los temas principales del discurso de Alberto eran conocidos ya el 1º de marzo del año pasado, cuando se dirigió por primera vez al Congreso como presidente. Veamos: 

* Las condiciones ilegales, rayanas en lo delictivo, bajo las cuáles fue otorgado el multimillonario préstamo del FMI a Macri, violando las leyes argentinas y el propio estatuto del Fondo al facilitar los recursos para financiar la fuga de capitales, y sin tener en cuenta la capacidad de repago de la deuda por el país asistido. De hecho, hay denuncias que aun tramitan en la justicia, y otras fueron rápidamente desestimadas.

Si bien es importante que sea el propio Estado argentino el que asuma ahora la querella, no lo es menos que desde hace exactamente un año ese mismo Estado dispone del informe del Banco Central sobre el proceso de fuga de capitales durante el macrismo, sin que el gobierno haya articulado alguna política pública en su consecuencia. Por ejemplo decidir que esa deuda la paguen los que se beneficiaron con ella, que son los mismos de la lista de fugadores; como se prometió en campaña y como lo viene planteando en tono de pregunta, desde que publicó "Sinceramente", Cristina. Los mismos, a su vez, que deberían pagar el "impuesto a las grandes fortunas" y ya están orquestando maniobras para evadirlo, o le pidieron al presidente pagarlo en cómodas, y sin intereses. La coincidencia es casi absoluta, lo que marca a las claras cual es la respuesta a la pregunta de Cristina.

Sin embargo, debe recordarse que el mismo gobierno -en particular el ministro Guzmán- apuraba el cierre de un acuerdo con el FMI a como de lugar, y que lo que el presidente anunció ayer no es una decisión final que esté en sus manos, si no en las de esa misma justicia que, con toda razón, cuestiona. Si la idea de la denuncia es fortalecer la posición negociadora del gobierno frente al FMI, bienvenida, siempre que tengamos en claro que el Fondo es el mismo de siempre, aunque prometa investigarse a sí mismo.

* La situación de emergencia en los servicios públicos privatizados (en especial, todo lo relacionados con la energía: gas y electricidad) ya estaba planteada en la Ley 27541, aprobada apenas Alberto asumió el gobierno. Desde entonces -y antes aun- se sabía que era necesario desdolarizar los precios de la energía y los servicios públicos, y -como pidió Cristina y se prometió en campaña- alinearlos con los salarios y la capacidad adquisitiva de la población.

Un año después, las tarifas quedaron congeladas, pero la "desdolarización" o revisión integral de los contratos no se concretó y ayer el presidente anunció que llevará mucho tiempo. Sin embargo, lo que sí pasó -hace menos de una semana- es que se autorizó un aumento del precio de la energía a los generadores, que se trasladará a las tarifas finales a los usuarios residenciales, comerciales e industriales; y también comenzó el proceso para los aumentos del gas. 

* Sobre la hidrovía y su polémica reprivatización, el presidente se limitó a decir que se creará una "agencia pública" con participación de las provincias para controlar el proceso de transferencia a los privados y el contrato posterior; lo que supone que la idea de una empresa estatal que se encargue del dragado ha sido definitivamente archivada.

* Cuando se le reclama al Congreso que ejerza su rol de control sobre los excesos del Poder Judicial, cabe preguntarse si se le está pidiendo -como hizo Néstor Kirchner en 2004- que inicie el proceso de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema, habida cuenta que el enjuiciamiento y la remoción de los jueces inferiores le corresponde al Consejo de la Magistratura según la Constitución. 

De ser así, bienvenido, pues aunque se diga que "no dan los números" para aprobarlo, el mensaje es poderoso, para los legisladores y para los propios cortesanos; cuidadosos de sus sitiales y los privilegios anexos, más que de sus declaraciones juradas. Habrá que tener espaldas, en tal caso, para aguantarse los vueltos mafiosos a los que nos tienen acostumbrados.

* El presidente, un hombre de derecho como él mismo se define y con 35 años de cátedra universitaria, no necesitaba el consejo de ninguna "comisión de expertos" para saber  que es necesario reformar urgente el mecanismo del recurso extraordinario y el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para recortarle poderes discrecionales a la Corte. 

Que ahora se decida a promoverlo es una admisión implícita de que la cosmética reforma judicial que duerme en el Congreso no resuelve ninguno de los problemas derivados del "lawfare", y la demora de un año en profundizar los cambios implicó que, en uso de esos mismos poderes discrecionales, la Corte ratificara inequidades repugnantes al Estado de derecho, en perjuicio de los presos políticos, como Boudou o Milagro Sala.

* El anuncio sobre la "despolitización" del Consejo de la Magistratura es, cuando mínimo, confuso: sentada nuestra opinión sobre la absoluta inutilidad de ese artificio alfonsinista, si "despolitizarlo" significa debilitar la representación en su seno de los órganos electos por la voluntad popular (el presidente y el Congreso) en beneficio de las corporaciones de abogados y jueces, es una pésima idea.

Como fuere, ayer el presidente dio un discurso, y si bien eso es un hecho, hubo más definiciones conceptuales, que anuncios concretos de medidas futuras, en lo que al Poder Ejecutivo le toca: en buena medida repartió tareas y responsabilidades en el Congreso y la justicia, más que especificar las que hará en su área de incumbencia.

Se celebra el giro en la percepción del panorama político que ese discurso supone, pero así como los hechos precedentes al discurso parecen haber hecho mella en las convicciones íntimas de Alberto Fernández, desde acá esperamos los hechos posteriores que modifiquen la percepción -en algunos convicción- de que siempre va más allá en los anuncios, que en lo que efectivamente está dispuesto a cumplir; ahí están los casos de Vicentín y las retenciones para cimentar la desconfianza, que ojalá sea desmentida: mejor tarde que nunca. Porque como dijo alguien, "mejor que decir es hacer, y mejor que prometer, es realizar".

Tuits relacionados: 

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domingo, 16 de agosto de 2020

JUSTICIA GOLPISTA


En medio de la discusión por la continuidad de la cuarentena, es posible que el tema haya pasado desapercibido, pero es grave: tal como lo cuenta el senador Pais en los tuits de apertura, una jueza le ordenó al Senado de la Nación que se abstenga de avanzar en la revisión de los traslados de jueces en la justicia federal, dispuestos durante el macrismo sin intervención del cuerpo para dar el acuerdo, y en algunos casos ni siquiera del Consejo de la Magistratura.

La jueza resolvió una cautelar planteada por dos de esos jueces Bruglia y Bertuzzi. Ambos, estrechamente vinculados a todas las maniobras de "law fare" durante el macrismo para perseguir judicialmente a opositores políticos, que es precisamente para lo que les otorgaron los traslados cuestionados, como parte de una maniobra mayor de copamiento de la justicia: el "law fare" funciona con más eficacia cuando hay "forum shopping", es decir se eligen jueces "amigos" a dedo para cubrir juzgados o cámaras de apelación claves, sabiendo de antemano que van a fallar de acuerdo a los intereses del que los nombra. Se viola así la garantía constitucional del "juez natural anterior al hecho de la causa".

Solo este ejemplo bastaría para sumar argumentos a favor de la reforma judicial que propone el gobierno, o, más allá de lo que se piense de ella, al menos para que se admita que la justicia federal (y en general, el Poder Judicial en todos sus fueros) tal como está en el país, no puede seguir funcionando más.

Sin embargo, este caso en particular tiene ribetes gravísimos, que lo hacen constituir sin dudas un ejemplo de golpismo judicial: no se trata ya de cuestionar la constitucionalidad de una ley sancionada por el Congreso, que por supuesto podría violar la Constitución, y los jueces están precisamente para impedirlo.

En éste caso la jueza ha ido mucho más allá, al pretender impedirle a uno de los órganos políticos creados por la Constitución y elegidos por el voto popular, ejercer sus atribuciones constitucionales (conculcadas por los traslados cuestionados) en la designación de los jueces, y asegurarse de que quienes ocupan cargos para administrar justicia, lo hagan de acuerdo con la propia Constitución.

Si hubo jueces que estaban dispuestos a ocupar cargos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación habiendo sido designados por un simple decreto presidencial sin acuerdo del Senado (como pasó durante el gobierno de Macri), no debería sorprender que existan otros jueces que pidan y obtengan traslados (en rigor, nuevos nombramientos) para ocupar juzgados para los cuáles no concursaron, con el argumento de que ya son jueces, y obtuvieron acuerdos, pero para otros cargos.   

Aun así, no deja de sorprender que una jueza no repare que, protegiendo a sus colegas designados en condiciones irregulares, se está alzando contra un Poder legítimo del Estado, en lo que constituye un mini golpe institucional, pretendiendo desconocerle sus facultades.

En la medida que el Senado hizo lo correcto -seguir adelante con sus funciones, ignorando el mandato ilegítimo de la jueza- ese conflicto de poderes ya está instalado, frente al silencio cómplice de la Corte Suprema de Justicia, que curiosamente ha dictado acordadas sobre el mecanismo a seguirse para los traslados de jueces a ocupar cargos vacantes, mecanismo que es el que precisamente el Senado se encaminaba a restaurar, y fue vulnerado en varias oportunidades durante el gobierno de Macri.

Ese silencio solo puede interpretarse como anuencia y aval al desatino jurídico e institucional de la jueza, y parte de las maniobras de corte (valga la paradoja) desestabilizador de los jueces (incluidos los supremos) para oponerse a la reforma judicial o, en general, a cualquier iniciativa de los poderes electivos del Estado que vaya en contra de sus intereses o privilegios; o para defender sus herramientas de extorsión contra esos mismos poderes, las que usarán llegado el caso para defender esos mismos intereses y privilegios. 

Como por ejemplo han hecho los cortesanos al desempolvar la "doctrina Nazareno" para mostrarle los dientes al gobierno por si piensa meterse con ellos, resolviendo una causa iniciada en el 2012 contra un aumento de la tarifa del agua decidido por Scioli en la provincia de Buenos Aires, y fallar obligando ahora al gobierno de Kicillof a devolverle a los usuarios 1800 millones de pesos. 

Eligieron con precisión quirúrgica un fallo "simpático", ratificando otro de un juez prestigioso (Arias, eyectado de su cargo por presiones de María Eugenia Vidal), para disfrazar su advertencia/amenaza al gobierno nacional por posibles cambios en la Corte: el razonamiento no es pura especulación nuestra, lo anticiparon columnistas del diario Clarín apenas el gobierno anunció la reforma judicial. Y es posible que haya otros fallos similares, hasta asegurarse de que el mensaje mafioso sea entendido.

En nuestra opinión, la reforma judicial que plantea el gobierno -al menos a estar por los anuncios- no resuelve ningún problema estructural o de fondo, y hay cuestiones que ni siquiera plantea, mientras otras (como el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, o su misma subsistencia) ameritarían de una reforma constitucional, que el gobierno no parece dispuesto a dar, ni conseguiría los consensos necesarios si se decidiera a hacerlo.

La cuestión entonces es que se hace con un Poder Judicial que se plantea no ya como independiente de los demás poderes, sino del propio Estado argentino en su conjunto, su Constitución y sus leyes, por encima de las cuales se cree. Ni más ni menos que lo que en otros tiempos de triste memoria, hacían las fuerzas armadas. 
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jueves, 30 de julio de 2020

BAJAR LAS EXPECTATIVAS



¿Es necesaria una reforma judicial en la Argentina? Si, no hay dudas al respecto. Podemos discutir en que aspectos o con qué alcances, pero que el Poder Judicial (para no caer en el error de llamarlo "la justicia") funciona mal y amerita reformas, es algo fuera de toda discusión. ¿Las reformas propuestas ayer por el presidente constituyen un avance en ese sentido? Depende de cuan profundas entienda uno que deben ser las reformas en ese ámbito. 

Porque cuando usualmente se habla de "la justicia" debe entenderse "la justicia federal", más precisamente la que investiga delitos, más concretamente la que investiga delitos cometidos por los funcionarios públicos (ignorando el concurso necesario de partes privadas en esos mismos delitos), y durante los gobiernos del peronismo/kirchnerismo. Esa es la noción que los medios han logrado instalar en la sociedad, y nada indica que vaya a cambiar en lo inmediato: "reforma judicial" será leído siempre como "impunidad para el gobierno/peronismo/Cristina". 

Hace mucho tiempo atrás, casi 8 años, e incluso antes de que la Corte Suprema fallara en la causa de la ley de medios escribimos acá: "Como consecuencia del discurso mediático dominante, para el común de la gente el Poder Judicial está asociado al castigo de los delitos (con la eterna e inconducente polémica entre el garantismo y la mano dura), y la investigación de los hechos de corrupción del poder político: entre las extravagancias de Oyarbide y el socorrido latiguillo de “entran por una puerta y salen por la otra” se puede encerrar la percepción ciudadana de lo que es la justicia.

Y sin embargo es bastante más que eso: una madre separada que espera meses o años para poder cobrar su cuota alimentaria, un trabajador despedido que aguarda en vano el pago de su indemnización, u otros trabajadores que esperan la resolución de una quiebra para saber si se convertirán en sus propios patrones o afrontarán el horror del desempleo, también son la justicia; o en todo caso sus vidas también son atravesadas por las decisiones que toma o dilata el aparato judicial.

Cuando se reflexiona sobre la justicia desde la academia o el mundo político se pone el acento en los mecanismos de selección de los jueces, en la creencia que allí radica el principal problema que hay que resolver; estableciendo procedimientos que disminuyan la ingerencia del poder político o (suprema ilusión) la hagan desaparecer, para preservar una idea que tiene mucho de mito: la independencia del juez. 

Por otro lado y por el contrario, es poco frecuente oír que se discuta -cuando se habla del Poder Judicial- sobre las concretas condiciones de accesibilidad a la justicia de aquellos que buscan la reparación de una injusticia o el reconocimiento de un derecho; accesibilidad que va desde el costo concreto del servicio de justicia (que está en relación directa a los recursos que demanda mantener una estructura corporativa con privilegios de casta en muchos casos), hasta el uso de un lenguaje deliberadamente crítptico e inaccesible para el común de las personas (lo que garantiza el monopolio de la palabra tribunalicia por los operadores calificados del sistema), o el mantenimiento de rutinas y formas de procedimiento que parecen diseñadas para procesar los conflictos sociales en tiempos incompatibles con las urgencias de la gente común, en especial de los sectores más pobres.

A la idea tradicional del rol del Poder Judicial le corresponde una idea también tradicional de lo que es un juez: una especie de autómata aplicador de las leyes, desvinculado de su sociedad y su tiempo, sin intereses personales o sectoriales concretos que lo distraigan de su misión, incapaz de tener ideas propias en política o en asunto alguno y de expresarlas, o que en todo caso mágicamente las pondría al costado al momento de dictar sentencia: un absurdo por donde se lo mire, sin anclaje alguno con la realidad. Idea que además soslaya las concretas condiciones en que ese juez cumple su función, y lo que significa ésta en la práctica: en nuestro sistema constitucional (de control jurisdiccional o judicial difuso: todos los jueces pueden analizar la constitucionalidad de las normas) la ley no es lo que los legisladores (al fin y al cabo, los representantes del pueblo, emergidos del voto ciudadano) escribieron y votaron, sino -dado un conflicto concreto que llega a la justicia- lo que los jueces dicen que es; lo que pone a las claras la trascendencia política (sí: política) de su rol.

La que está en mora por el contrario en asumir en su plenitud estas cuestiones es la clase política, o al menos parte de ella: de hecho visto desde ésta perspectiva la idea matriz del Consejo de la Magistratura es un claro retroceso democrático, en tanto no hace sino entronizar constitucionalmente el rol de los operadores privilegiados del sistema judicial (abogados y jueces) en el proceso de formación y selección de los jueces; que no es asunto exclusivo de los que transitan a diarios por los pasillos de Tribunales, sino del conjunto de la sociedad y de sus representantes. Volviendo a la historia más o menos reciente del Poder Judicial de la Nación,  aun están allí los jueces nombrados por la dictadura, junto con los que surgieron de los pactos entre Alfonsín y Saadi en la restauración democrática, y los de la servilleta de Corach: un complejo caldo que no pareciera haber cambiado mucho (en nombres, en ideas, en prácticas) por la instauración del Consejo de la Magistratura.".

Vistos desde esta óptica los anuncios concretos de ayer (porque muchos temas quedaron abiertos a lo que aconseje la "comisión de expertos") no hay mucho para decir, e incluso aunque las reformas prosperaran, los cambios podrían no ser significativos. Sin embargo, aun aceptando que sean positivos, no se puede soslayar el marco político y social en el que se lanza la iniciativa: con otras urgencias mucho más apremiantes que atender por el gobierno (sin que esto deba interpretarse como que es una cosa u otra), con la frontal oposición de los medios hegemónicos, y con la oposición....oponiéndose de plano, antes incluso de que los proyectos tomaran estado público y se conociera concretamente que plantean.

Todo un dato frente a un gobierno y un presidente "consensualistas", partidarios de ensanchar los límites del respaldo político a sus iniciativas involucrando en él a -al menos- una parte de la oposición. El episodio de la reforma judicial muestra a las claras -una vez más, y por si hiciera falta- los límites reales a esa estrategia, y por el contrario, revela claramente como la reforma judicial planteada ha soldado diferencias (si es que existían) al interior de la oposición mayoritaria o más relevante: ahí estuvo el "amigo" Rodríguez Larreta advirtiendo sobre crisis institucionales o avances hegemónicos sobre la justicia, junto con los "irracionales" promotores de cacerolazos anticuarentena, o banderazos pro Vicentín.

Así planteadas las cosas -como son, sin agregados nuestros- todo el episodio de la reforma judicial parece para el gobierno a pura pérdida, aun si consiguiera que los proyectos prosperen. Porque incluso en ese caso luego de sancionadas las leyes deberían pasar el filtro de la propia justicia (Poder Judicial) para que no las fulmine de inconstitucionalidad como pasó con las reformas aprobadas en el 2013 durante el segundo mandato de Cristina, y superado eso, instrumentar los tortuosos procesos en el Consejo de la Magistratura para -por ejemplo- cubrir juzgados o subrogarlos.

¿Qué queremos decir con todo esto? Que no hay que hacerse demasiadas expectativas al respecto, así como que tampoco hay lugar para reculadas como en el caso Vicentín: si el gobierno está convencido de las reformas y su utilidad debe avanzar con ellas intentando que el Congreso las sancione, sin buscar acuerdos con una oposición que ya ha dicho que se opone en todos los tonos posibles, y sin importarle una coma el contenido. Y mientras tanto e incluso después que la discusión por la reforma pase (para bien o para mal), prestarle atención a otras cuestiones que son mucho más urgentes. 
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