LA FRASE

"EN ÉSTE PAÍS NO SE PUEDE TENER MENTALIDAD EMPRENDEDORA Y ARRIESGARSE EN LA BÚSQUEDA DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PORQUE ENSEGUIDA TE DESTRUYEN CON LA MÁQUINA DE IMPEDIR." (JOAQUÍN BENEGAS LYNCH)
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sábado, 20 de julio de 2024

EMOSIDO ENGAÑADO

 

El experto en hacer crecer la economía con o sin pesos la está haciendo mierda, dejándola si un peso. Y los miles de palos verdes que tenía en el celular para levantar el cepo y dolarizar no aparecen, o el celular se le descompuso, o se lo robaron.

El carterista VIP también conocido como el mejor ministro de Economía de la historia (en la mesurada opinión de quien antes, apenas unos meses antes, lo consideraba un estafador serial) le está avisando a la clase media (buena parte de la cual los votó, tres veces) que después de haberlos dejado sin sueldos ni jubilaciones, ahora vienen por sus ahorros. 

Y que los impuestos no se van a eliminar ni a bajar, tanto que habrá que sacar los dólares del colchón para poder pagarlos. A menos que uno sea un inversor del exterior, y se acoja al RIGI.

Un problema que no tienen ni el señor Caputo ni los suyos, cuyos ahorros están compuestos -casi en su totalidad- por impuestos que en su momento decidieron no pagar, aunque debían hacerlo. De hecho, para ellos se diseñó el blanqueo (el enésimo en los últimos años) y la rebaja de Bienes Personales.

De más está decir que, en este contexto, la dolarización o la prometida salida del cepo (y el premio Nobel de Economía para el presidente) tendrán que esperar, no ya el segundo semestre, sino otro país, otro gobierno, otra dimensión o plano de la existencia. O quizás nunca lleguen porque como diría Galeano de las utopías, están en el horizonte para alejarse cuando nos acercamos a ellas.

O bien en una versión mas pedrestre, fueron simplemente una formidable trampa caza bobos que cumplió con eficacia su cometido, y ahora llegó el momento de decirles la verdad a los bobos que quedaron atrapados, lamentablemente junto con todos nosotros: no hay más conejos en la galera, al último se lo comieron y la galera se desfondó. Y las reservas de oro volvieron a viajar para Londres, donde seguramente los cuidarán mejor.

Y el mago de las finanzas está preparando su saludo final, que ojalá sea pronto y con el menor daño posible, que no es poco el que hasta acá lleva hecho. Tuits relacionados:  

jueves, 12 de octubre de 2023

CUATRO O CINCO VIVOS

 

Los problemas más serios de la economía argentina (y entre ellos, la inflación, la pobreza y la distribución regresiva del ingreso) no tienen su origen en las joditas que arman cuatro o cinco vivos en las cuevas de la city, pero esos cuatro o cinco vivos (el número es figurativo) sacan provecho de todas las crisis, y si a esos fines las tienen que fogonear, las fogonean.

Tampoco la actual corrida cambiaria -y posiblemente bancaria- es responsabilidad exclusiva de Milei, si bien su insensatez es mayúscula, demostrando que no tiene las mínimas condiciones para manejar un quiosco, no hablemos ya de presidir el país. Y también nos demuestra -de un modo doloroso- como funciona en la práctica la dolarización: licuando nuestros ya empobrecidos salarios 

Pero si es cierto que Milei -además de extraviado- está rodeado de buscas (nacionales e internacionales) que medran con éste tipo de situaciones para llenarse los bolsillos.  

Y si esos cuatro o cinco vivos van en cana el país va a seguir teniendo problemas muy serios por delante para resolver, pero que vayan presos sería algo para celebrar. Porque hasta acá la vienen sacando barata, tanto que nadie ni siquiera conoce quienes son.

Las crisis económicas se resuelven con medidas económicas, pero en el mientras tanto, exponer a estos delincuentes y -si fuera posible- ponerlos tras las rejas es una medida de estricta justicia, y necesaria higiene democrática. 

Porque resulta que no solo no sabemos quienes son, sino que nunca figuran en los discursos de la mayoría de la dirigencia política como revistando entre los causantes de los problemas del país: por el contrario, han instalado entre la mayoría de la gente que ese lugar lo ocupan los sindicalistas, los piqueteros o los pueblos originarios, e incluso los políticos, antes que ellos.

Y en mucha mayor escala, otros operadores como los fondos de inversión especulativos o los grandes conglomerados económicos del país -incluidas muchas de las multinacionales que operan en él- aprovechan impunemente y casi en el anonimato nuestras recurrentes crisis para acrecentar sus ganancias, ajenos a todas las convulsiones.

Nunca sabemos -el vulgo, las grandes mayorías- quienes fugan, quienes desabastecen, quienes provocan movimientos especulativos con el dólar "blue" o los dólares financieros, quienes fugan capitales, quienes evaden impuestos, aunque lo intuyamos, o la información está disponible en bases de datos públicos: no circula, porque no hay interés en que esas cosas se sepan, porque expondría los resortes invisibles que mueven las palancas.

lunes, 24 de julio de 2023

LA BALA DE PLATA

 

La restricción externa es un rasgo estructural de la economía argentina, que condiciona el crecimiento del país y la viabilidad de cualquier plan de desarrollo, uno de cuyos objetivos debería ser precisamente disminuirla, o eliminarla. Para eso es necesario sustituir importaciones, y diversificar exportaciones, y recalcamos el "y": no es una cosa o la otra, sino las dos juntas, para que el conjunto sea sustentable.

El complejo agroexportador es el principal proveedor de divisas genuinas para el país, y mientras eso no cambie, conserva un poder de presión sobre cualquier gobierno, y de veto sobre cualquier política económica que perjudique -aunque sea levemente- sus intereses. Y atender sus demandas de "un tipo de cambio competitivo" es inconciliable con la defensa del poder adquisitivo de los salarios, porque los argentinos tenemos "la desgracia" de exportar lo que consumimos, especialmente los bienes más esenciales de la canasta familiar.  

Endeudarse con el FMI es una pésima decisión para el país y la mayoría de sus habitantes, porque agrava todos los males existentes, no resuelve ningún problema y genera otros: financia la fuga de capitales, introduce un acto ajeno en las determinaciones de la política nacional, que se coliga con actores de poder interno (como los bancos o el complejo agroexportador), en perjuicio de la mayoría.

Sus planes de estabilización invariablemente fracasan y se llevan consigo actividad económica, empleo y salarios, y son -además y pese a toda su retórica en contrario- inflacionario, porque arbitran la puja distributiva en favor de los sectores más poderosos.

Todo lo precedentemente dicho podría haber sido escrito en cualquier momento entre 1955 y la actualidad, con casi ninguna variante, pero describe la coyuntura política y económica actual, en la que el gobierno debe encarar el tramo final de la campaña electoral con su ministro de Economía como candidato a presidente negociando -en condiciones adversas- un desembolso del Fondo...para poder pagarle al Fondo, sin que se terminen de vaciar las reservas.  

Al mismo tiempo el FMI -como siempre- pide acelerar el ritmo de devaluación del dólar oficial y ajustar el gasto público, o por lo menos tender a reducir drásticamente el déficit fiscal. Por lo que se conoce hasta acá (ver acá en el Boletín Oficial el Decreto 377 con algunas de las medidas), se trata de ir haciendo converger los valores de algunos dólares con el "blue" (el pedido del FMI sería unificar el tipo de cambio, obviamente con los valores más altos del mercado), y al mismo tiempo allegarle recursos al Estado para mejorar sus cuentas.

En éste caso el aumento de las percepciones de Ganancias y del "impuesto país" (por incremento de alícuotas o incorporación de operaciones hasta hoy no gravadas) estarían destinados como los impuestos originales en un 70 % a financiar a la ANSES y el PAMI, y el 30 % restante a financiar el cumplimiento del programa de integración de barrios populares, entre otros fines. Una compensación por otros aspectos del acuerdo que seguramente generarán tensiones.

Lo que hasta acá se conoce del acuerdo refleja las tensiones entre las demandas del Fondo y las respuestas del gobierno, entendiendo por "gobierno", esencialmente, a Massa; quien además se juega en el éxito relativo de la negociación, el de su propia candidatura presidencial.

El pronóstico es reservado porque siempre que esté metido el FMI en el medio las chances de que todo salga mal y vuele por los aires -conociendo nuestros antecedentes históricos y los del Fondo- son altísimas; y ya se puede ver que ciertos "dólares especiales" para las mal llamadas economías regionales pueden derivar en mayores incrementos de precios de bienes esenciales de la canasta familiar, en un momento en el que el gobierno festejaba que los indicadores de la inflación comenzaban a descender.

Sin embargo, y como comprobación de cuanta razón tenían Cristina y Máximo cuando decían que el acuerdo con el Fondo era inflacionario, aun en un sendero descendente de los aumentos de precios, sobresalen los incrementos de algunos precios regulados (tarifas, combustibles), es decir que es el Estado el que alimenta la inflación, y no precisamente por la emisión monetaria.

Como sea, fuere porque los tiempos de las PASO se acercan inexorablemente (estamos hoy a 20 días) y funcionarán -como ha sido hasta acá- como una virtual primera vuelta electoral, o porque para intentar otro camino se requeriría de una fortaleza política de la que éste gobierno carece, y de una íntima convicción que muy posiblemente no esté en su ADN, todo indica que éste acuerdo es la bala de plata que le queda a "Unión por la Patria" para pelear con algo de chances la elección. Y por supuesto, puede fallar. 

lunes, 28 de noviembre de 2022

LA SARTÉN POR EL MANGO, Y EL MANGO TAMBIÉN

 

Tal como señala la imagen de apertura, hoy empieza a regir la segunda edición del "dólar soja", materializado en el DNU 787 publicado este mismo lunes en el Boletín Oficial (completo acá). La medida era más cantada que la marcha peronista desde que se la impuso por primera vez en septiembre, y significa una segunda capitulación del gobierno -frente a la escasez de reservas del Banco Central- frente a los sectores agroexportadores que retenían las divisas a la espera de lo que finalmente terminó pasando: otra devaluación a medida del sector que tiene la sartén del dólar por el mango, y el mango también.

Según se calcula, el beneficio que se les concede supone una emisión adicional de 210.000 millones de pesos que irán directamente a los bolsillos de los sojeros, sin que ningún monetarista proteste por ello: al parecer, hay emisiones buenas y malas. Con la primera versión del "dólar soja" (instrumentada por el DNU 576), sumarán 460.000 millones de pesos transferidos desde el Banco Central al complejo agroexportador, en menos de tres meses: al parecer, en algunos casos el presidente sí parece dispuesto a usar la lapicera.

Entre los considerandos del decreto se señala que "...la REPÚBLICA ARGENTINA es un relevante exportador mundial de las manufacturas de la soja, productos con baja incidencia directa en la cadena de abastecimiento nacional; de allí que esos alimentos y materias primas no generen impacto directo en la canasta familiar ni en las mediciones del índice mensual de inflación.", lo cual además de discutible (por aquello de las rentabilidades comparadas que bien se demostró en 2008 con el conflicto por las retenciones móviles), se contradice con otro punto del mismo decreto, que señala que "...todo estímulo exportador a los sectores mencionados redunda en ingresos fiscales incrementales a través del cobro de derechos de exportación como tributos nacionales y provinciales."; pues bien se sabe que uno de los sentidos de las retenciones es desacoplar los precios internos, de los internacionales, para no importar inflación.

Aunque pensándolo bien, no hay tal contradicción: el mismo gobierno que le genera al sector una devaluación a medida y una colosal transferencia de ingresos a su favor, ha jurado en todos los tonos e idiomas posibles que no le aumentará las retenciones, con lo cual la esperada mejora de los ingresos fiscales vendría por el incremento de las exportaciones, no de la presión impositiva sobre el complejo agroexportador. Por otro lado, esos sectores (los exportadores) no pagan ningún impuesto en las provincias, porque en todas ellas -por ejemplo- están exentos de Ingresos Brutos, por los pactos fiscales concluidos en los 90'.     

El análisis estrictamente económico de la cuestión podría concluirse señalando -como lo hicimos acá- que "...este gobierno se autolimitó desde el comienzo de su mandato (cuando logró que el Congreso sancionó la ley de emergencia) en su capacidad de poner altos derechos de exportación (retenciones), e incluso ha persistido (con Guzmán y ahora con Massa al frente de la gestión económica) en las políticas "ofertistas" para con los sectores exportadores, como si ganar mercados internacionales dependiera del nivel de los derechos de exportación que el país aplica a sus ventas externas, y no de la demanda de los productos que el país exporta."

"O como si dependiera del nivel del tipo de cambio -que en todo caso incide en la rentabilidad de los que exportan-, como pareciera sostenerlo el gobierno al administrar devaluaciones sectoriales (el "dólar soja", ahora el que beneficiaría a las "economías regionales"), que obviamente en una economía bimonetaria como la nuestra y sin desacople vía retenciones, solo alimentan la inflación. Los resultados de esa política están a la vista: en un contexto de alta inflación persistente, los precios de los alimentos y bebidas (bienes de consumo esenciales de la canasta básica, inelásticos a las variaciones de la demanda por esa razón) rankean alto, por encima incluso del promedio general inflacionario.". 

Si se repiten las medidas, es necio esperar que no se repliquen los resultados, como pasa con otras concesiones "ofertistas" al capital, como los recientes aumentos autorizados en el bioetanol, que impactarán en los precios de los combustibles, retroalimentando una inflación que se dice querer bajar; y profundizando el deterioro del poder de compra de los salarios y jubilaciones. 

Por otro lado, las medidas compensatorias brillan por su ausencia: del famoso "bono" o suma fija que -por ejemplo- reclamó Cristina no hay noticias, o sigue "en estudio": para esos casos la lapicera presidencial parece quedarse súbitamente sin tinta; y el anunciado congelamiento de precios está en veremos por la presión de las alimenticias, amén de que, sin lo primero (el bono o alguna forma de recomposición de los ingresos populares) lo segundo (el congelamiento), aun de concretarse y cumplirse, solo sacaría una foto transitoria de un patrón regresivo de distribución del ingreso, que no se modificaría.

Decíamos más arriba que hasta acá llegábamos con el análisis estrictamente económico de la medida, que seguramente podría ampliarse. El análisis político -de algún modo sugerido al principio cuando señalamos que se trata de otra capitulación más del gobierno frente a las fracciones más concentradas del capital- se limita a una simple y sencilla pregunta: ¿alguien supone que por éste camino se puede ganar una elección, revirtiendo la derrota del año pasado?     

domingo, 11 de septiembre de 2022

PIDEN REFORZAR EL CEPO, Y HAY POLÉMICA.

 

La historia es más o menos conocida, pero siempre conviene refrescarla: tras triunfar en las elecciones del 2011 con el 54,11 % de los votos y más de 37 puntos de diferencia respecto al segundo, Cristina comenzó su segundo mandato y, así como al principio del primero tuvo que afrontar la revuelta agrogarca contra las retenciones móviles, debió lidiar con los cacerolazos generados por las restricciones a la venta de dólares para ahorro y viajes, que los medios dieron en denominar "cepo". 

Podría decirse que allí comenzó el clima de época que caracterizaría todo ese mandato, pero el telón de fondo de la anécdota era un problema estructural de la economía argentina: la restricción externa, o carencia de divisas suficientes para atender las diferentes demandas de ellas, entre las que por supuesto atender las importaciones necesarias para la actividad productiva (en un país con altísimo grado de extranjerización como el nuestro) o los pagos de la deuda pública y privada deberían figurar en un orden prioritario.

Vanos fueron los esfuerzos de Cristina y mucha otra gente para explicar el problema, que consiste en que en país con una estructura productiva dual y desequilibrada como el nuestro, no producimos divisas en la cantidad suficiente, no al menos en forma genuina (fruto del comercio exterior); y no lo haremos hasta tanto no se produzcan cambios en la matriz productiva, sustituyendo importaciones y diversificando la canasta de bienes exportables para agregarle valor, y también para hacer disminuir el peso específico (que es económico pero también político) del complejo agroexportador, que le permite imponer condiciones; como estamos comprobando dolorosamente por éstos días cuando el gobierno cedió a la extorsión de los silo-bolseros para terminar concediendo una devaluación en forma de "dólar soja".

Al respecto, leemos en La Política Online sobre la preocupación de las cámaras empresarias que nuclean a las Pymes por el hecho de que se drenen divisas necesarias para la producción -sobre todo para la compra de bienes de capital o insumos intermedios-, por la demanda de dólares de los argentinos que viajen a Qatar a ver el mundial. Pocos días antes había expresado la misma preocupación la mismísima cúpula de la UIA, tan defensora ella siempre de las desregulaciones y aperturas.

Pues bien, la preocupación empresaria es valedera, pero remite a una discusión que michos pretenden dar por saldada, apelando al pensamiento único del neoliberalismo económico. Y esa discusión es sobre los grados y alcances de la intervención del Estado en la regulación de la vida de la sociedad en general, lo que incluye por supuesto su economía y dentro de ésta las estrategias para administrar un bien escaso y crítico, como las divisas. 

¿Qué hacer entonces frente al dilema que plantean los que producen, que nos impone elegir entre ellos y sus puestos de trabajo anexos. y los que quieren ir a alentar a la scaloneta en vivo y en directo, o verlos levantar la copa si la pelota nos fuera favorable?

Desde una mirada estratégica, propia de un proyecto nacional de desarrollo y crecimiento, la respuesta no es dudosa, y supone no solo mantener el "cepo" (es decir, cierto grado de restricciones a la compra de divisas, o fijar prioridades al respecto), sino reforzarlo. Como otros problemas, se resuelve con más y mejor intervención estatal, no con menos.

¿Cuál sería si no el sentido de conceder a los sojeros una devaluación que pulverizará aun más los salarios pero recompondrá un poco las alicaídas reservas del Banco Central, si los dólares así captados se van por la canaleta -entre otra- de los viajes al Mundial?

Y la cuestión pone también a prueba el "consensualismo" del gobierno: admitiendo por supuesto que no es ése el único canal (ni el más importante) de drenaje de divisas, demuestra que no se puede "gobernar para todos", ni tratando de eludir los conflictos, para no malquistarse con nadie. En la vida (también de los gobernantes) hay que elegir.

miércoles, 27 de julio de 2022

LIQUIDACIÓN POR CIERRE

 

Hemos dicho antes acá que carece de sentido actual reeditar la disputa teórica en torno al comportamiento del "campo", sus dirigentes sus entidades, su incidencia en el precio internos de los alimentos, su poder de fuego en la generación de divisas -y por ende en la pulseada por el tipo de cambio- y las características del modelo de desarrollo.

Ese debate se dio con creces en aquellos días del 2008, y entonces -y hoy- ellos ganaron: sería un caso de "tiene razón, pero marche preso". Está claro que la levantan con pala (aunque vivan llorando miseria), tanto como que el país y su gente les importan un choto (aunque digan que su lema es "cultivar el suelo es servir a la patria, y marchen en los tractorazos con la bandera argentina; como está claro que sus dólares son cruciales, y no están dispuestos a entregarlos.

La disputa entonces no es teórica, sino de poder, crudo y duro; y el poder se ejerce, o se pierde. Ellos tienen el poder: el de los dólares, el de los medios que juegan a su favor, el de los jueces y el de buena parte de la dirigencia política -de la oposición, pero también del oficialismo (hasta tienen su propio ministro en el gabinete nacional, en la persona de Julián Domínguez)- que los apoya explícitamente, o no se les anima; por miedo a perder votos o vaya uno a saber por qué. 

Incluidos dentro de éstos últimos el propio presidente, al que le acaban de torcer el brazo con esto del bono linkeado al dólar (por lo cual algunos hablan de un "dólar soja"), apenas cinco minutos después de que, en otro encendido discurso de barricada, dijera que no se lo iban a torcer. Es imposible pensar en una forma más brutal de descomponer su propia autoridad. 

Las consecuencias de esa disputa de poder -que venimos perdiendo por goleada- no son imprevisibles: si no se retoman el ejercicio del poder y la autoridad, su licuación será irreversible, y quizás definitiva. En términos electorales para el FDT el año que viene, e incluso en términos institucionales, antes. El que avisa no es traidor.

Ahora bien, nadie acá está pidiendo reponer la vigencia de la Constitución del 49' que nacionalizaba el comercio exterior, ni volver a crear el IAPI, ni impulsar la reforma agraria o desalambrar los campos y salir a quemar silos bolsas. Casi que ya ni se nos ocurre plantear que se suban las retenciones -porque desde el gobierno se la pasan diciendo que no lo harán-, o que se impulse en el Congreso el gravamen a las rentas inesperadas, del que ya nadie habla aunque fue anunciado en público por Alberto y Guzmán, pero nunca llegó a tener estado parlamentario.

Bastaría -en la actual coyuntura, y siempre- con dejar sin efecto el Decreto 893/17 de Macri que desreguló el mercado cambiario en lo que hace a la liquidación de divisas provenientes de las exportaciones, poniéndoles un plazo  los exportadores para hacerlo, bajo el apercibimiento de excluirlos de los registros para seguir exportando, si no lo hicieran.

Bastaría incluso una comunicación a esos fines del Banco Central, en uso de las facultades que le confiere el artículo 29 inciso d) de su Carta Orgánica para "Dictar las normas reglamentarias del régimen de cambios y ejercer la fiscalización que su cumplimiento exija", y un decreto del PE fundado en el Código Aduanero. Simple y corta la bocha, sin "dólares soja", ni bonos dolarizados, ni devaluaciones encubiertas.

De hecho, a los pocos días de haber asumido Alberto su cargo (el 29 de diciembre de 2019), dictó el DNU 91, por el cual estableció que "...el contravalor de la exportación de bienes y servicios deberá ingresarse al país en divisas y/o negociarse en el mercado de cambios en las condiciones y plazos que establezca el Banco Central de la República Argentina.". Transcurridas ya las dos terceras partes del gobierno, ése plazo nunca fue fijado, ni por el Cetral, ni por nadie. 

Y si alguno interpretase que es necesaria una ley a esos fines, en éstas circunstancias están más que acreditados los supuestos para que el presidente dicte un DNU, que conforme al procedimiento establecido por la Ley 26122 entraría en vigencia con su solo dictado, y podría ser ratificado por el Congreso con el voto favorable de una sola de las Cámaras, por ejemplo el Senado. Pero como dijimos más arriba: se trata de una disputa de poder, y el poder requiere la voluntad de ejercerlo.

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lunes, 18 de julio de 2022

LEY PENAL CAMBIARIA Y GOLPE DE MERCADO

 

Por A. C. 

El mercado negro del dólar en Argentina, llamado simpáticamente “dólar blue” por los medios, implica operaciones que oscilan entre 3 y 4 millones de dólares por día.  Es un “mercado” muy pequeño, marginal, si se lo compara con el volumen del dólar financiero (contado con liquidación y dólar bolsa o MEP), que mueve diariamente entre 50 y 60 millones de dólares.  Y también muy pequeño comparado con las operaciones de importación y exportación, las que se realizan unicamente a través del dólar oficial, y que de acuerdo a las liquidaciones de cada jornada, varian entre los 500 a 1.000 millones de dólares diarios. 

Sin embargo, el pequeño mercado del blue resuena diariamente y ocupa títulos y títulos en los medios de comunicación, y es el instrumento predilecto del “mercado” para generar intranquilidad y encabezar la pantalla de las corridas cambiarias.  

Pero la cotización del blue en estos días de incesante incremento, es la consecuencia también de haber desatendido el dólar financiero, el instrumento a través del cual las grandes empresas dolarizan sus ganancias en pesos y fugan del país esa rentabilidad generada aquí, con medios y recursos argentinos. El contado con liquidación y el dólar bolsa, a través de los cuales compran títulos pagando con pesos y los venden en dólares en el exterior, se implementa a través del sector financiero no bancario.  

Este sector financiero no bancario, y como sucede en otras áreas de una economía monopolizada por pocos jugadores, es manejado por cuatro grandes empresas que combinan agencias de cambio y sociedades de bolsa, asociadas en su operación con algunos Bancos.  A través de ellas, los tenedores de grandes montos en pesos dolarizan ese excedente, y como están posicionados en dólares, presionan para elevar el precio del dólar, y devaluación mediante, disminuir sus costos en pesos e incrementar su margen de ganancias, mayores ganancias que vuelven a dolarizar.  

Son los eternos fundamentalistas de la devaluación permanente, que tienen como conducta reincidente encabezar golpes de mercado para forzar una devaluación que incremente las ganancias de los sectores exportadores y financieros, en perjuicio de la enorme mayoría de la población que tiene sus ingresos en pesos.  

Y este sector financiero no bancario golpista, es –o debe ser- controlado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), que es el organismo que tiene a su cargo –entre otras atribuciones- la supervisión y control de los mercados de valores, incluído por lo tanto, los bonos que se utilizan (y quienes son los que los compran) para acceder a dólares financieros-

Nada se hizo durante casi tres años de gestión de quien fuera titular de la CNV, el reciente renunciante Adrián Cosentino, hombre tan identificado con el “mercado” que se confundía con éste. En la cotización actual del dólar financiero y del blue, y en sus consecuencias nefastas sobre la economía, está el reflejo de la gestión de Cosentino, deliberada conducta que fuera siempre respaldada por un ex ministro twittero. 

Para el dólar financiero y el control que debe efectuarse sobre el mismo (control que se realiza estrictamente en cualquier país del primer mundo), la nueva gestión a cargo de la CNV, cuenta con la normativa vigente que otorga las herramientas necesarias, tanto de índole legal como operativas. 

Y para el mercado negro, el Gobierno debería recordar la vigencia de la Ley 19.359 (Ley Penal Cambiaria), y las facultades que la misma otorga al Banco Central de la República Argentina. 

A modo de ejemplo, el artículo 5 de dicha ley otorga al BCRA la atribución de fiscalizar a las personas físicas y jurídicas que operen en cambios y a investigar las infracciones previstas en la ley penal cambiaria. Para ello, el BCRA cuenta con  numerosas facultades, entre ellas requerir informaciones a cualquier persona física o ideal; exigir libros y registros especiales vinculados con operaciones de cambio; citar y hacer comparecer, si fuere necesario con el auxilio de la fuerza pública, a las personas a quienes considere pertinente recibirles declaración, como infractores o testigos; realizar pericias técnicas en toda clase de libros, papeles, correspondencia o documentos de las personas físicas o entidades que intervengan directa o inmediatamente en operaciones de cambio o de terceros que interesen a los fines de la investigación; requerir de los tribunales competentes las órdenes de allanamiento necesarias, las cuales deberán ser expedidas sin demora; requerir el auxilio de la fuerza pública frente a inconvenientes o resistencia para practicar allanamientos, secuestros, registros o inspecciones de oficinas, libros papeles, correspondencia o documentos de las personas investigadas; el BCRA podrá requerir en cualquier momento, de las entidades financieras autorizadas, casas, agencias y corredores de cambios, exportadores, importadores y cualquiera otra persona física o de existencia ideal que intervenga directa o indirectamente en operaciones de cambio, la exhibición de sus libros o documentos y el suministro de todas las informaciones relacionadas con las operaciones que hubiesen realizado o en las que hubiesen intervenido. 

Y además establece la Ley 19.359 que más allá de las atribuciones del BCRA, otros organismos (como AFIP) que intervengan en el trámite o fiscalización de operaciones de cambio, si comprueban o presumen la comisión de infracciones, deben remitir los antecedentes al BCRA para si corresponde iniciar sumario o proseguir la investigación. 

En éste panorama cambiario, es necesario un cambio de dirección del Gobierno Nacional, comprender que el golpe de mercado también es político.  Las actitudes y funcionarios “market friendly” llevaron al país al borde del abismo. No se puede continuar esperando la “normalización” del mercado”, que se estabilice en tal o cual número, porque el cañón devaluatorio ya fue disparado.  Hay que actuar de forma inmediata y con la ley en la mano.  

jueves, 15 de octubre de 2020

METAMOS UNA MANO

 

Se puede entender -entender, no justificar- que el gobierno no tome ninguna medida contra los que marcha contra la cuarentena que no existe, ni exija el cumplimiento de los protocolos establecidos para las actividades habilitadas, dejando que se escapen los contagios: se requiere un nivel de fortaleza política para ejercer la legítima coerción estatal para hacer cumplir las normas de la que el Estado en todos sus niveles (nación, provincia, municipios) hoy carece; así como tampoco existe un consenso interpartidario y entre los diferentes niveles para avanzar en esa dirección. 

Habrá que cargar entonces con las consecuencias de haber dejado librada la evolución de la pandemia a la responsabilidad individual; a la que tantas veces se ha apelado en vano en estos meses, luego de haber fracasado antes en la apelación a la responsabilidad social. Una derrota cultural, con consecuencias funestas.

Menos comprensible (y justificable) es salir en auxilio financiero del desastroso gobierno radical de Mendoza, que hace semanas planteaba separarse de la Argentina, y alardea cada vez que puede de que desconocerá las medidas restrictivas contenidas en el DNU nacional, aunque la situación sanitaria de la provincia esté al borde del colapso. Como ejemplo para las demás administraciones, es pésimo: se les está indicando que la desobediencia altanera y caprichosa es el mejor camino para recibir ayuda. Ni hablemos del deterioro del concepto de la autoridad del Estado nacional.

Pero antes, durante y después de la pandemia, hay una agenda por fuera de ella, que nunca se termina de abordar: el listado de grandes fugadores de divisas durante el macrismo que elaboró el Banco Central parece haber sido hecho para una investigación del CONICET, y no se tradujo en insumo para ninguna política pública concreta. Los propios bancos -que proporcionaron la plataforma para la fuga masiva- se dieron el lujo de sabotear concienzudamente todos los planes de asistencia financiera del gobierno a los sectores productivos golpeados por la pandemia, y por eso hubo que pasar al ATP; sin que la rebelión les costara nada.

Como tampoco les costó nada a los empresarios como Paolo Rocca y el grupo Techint haber despedido trabajadores en contra del DNU que lo prohibía expresamente, o a las empresas de servicios públicos privatizados seguir mandando facturas con aumentos pese a que otro DNU congela las tarifas, y el presidente prometió ocuparse del asunto.

No hay más noticias de la revisión de los ñoquis VIP enquistados por el macrismo a lo largo y a lo ancho del Estado al despedirse del gobierno, y ya ni siquiera se le ocurre a nadie pedir que Macri o algún funcionario suyo vaya preso, porque bien sabemos que depende de una justicia que siguen controlando ellos; y cuya principal preocupación es defender sus privilegios.

El impuesto a las grandes fortunas tan criticado por tanta gente que no lo tendría que pagar (así como tantos criticaron la expropiación de Vicentín que no los afectaba, hasta lograr que el gobierno desistiera de ella) se ha transformado en un mito urbano, de cuya existencia misma no se puede tener certeza. 

Formadores de precios (en especial en alimentos y rubros esenciales de la canasta familiar) siguen haciendo su agosto sin que la gran mayoría sepa quien está a cargo de la Secretaría de Comercio o si siquiera está cubierta, que suerte tuvo la promocionada ley de góndolas o que otra solución a la inflación de alimentos hay a la vista que no sea deprimir la demanda.

Pero la inacción más preocupante, es la que tiene que ver con la falta de articulación de medidas que recompongan los destrozos del macrismo, en términos distributivos: desde que se conocieron las preocupantes cifras de la pobreza y la indigencia en el primer semestre para acá, se sigue cavilando si pagar o no una cuarta cuota de los10.000 pesos del IFE o si la ayuda se extenderá más allá, el Salario Mínimo se ajustará por debajo de la inflación y en tres cuotas de acá a marzo, el promedio de las paritarias que cerraron está por debajo de la inflación después de cuatro años de retroceso del poder adquisitivo con el macrismo, y sigue pendiente de definición el mecanismo de ajuste de las jubilaciones y la AUH.

Cualquiera de esas cuestiones -elijan ustedes la que más les guste- tiene infinitamente más interés en términos no solo de construir una sociedad más justa e inclusiva, sino de proyección a futuro y supervivencia política del gobierno del "Frente de Todos", que Macri, sus disparates guionados, los eructos comunicacionales de los medios, o las marchas periódicas del psiquiátrico gorila. No nos distraigamos con la comparsa, y prestemos atención a lo que hacen los dueños del corso. 

Con cada retroceso y cada vacilación, con cada tema urgente que no se aborda o se lo hace tarde, mal y como a desgano, se dejan jirones de la legitimidad ganada en las urnas. Y con cada insolencia de los poderosos que se tolera, se dejan nichos intactos de poderes alternos ensoberdecidos, y más decididos que antes a conspirar contra el gobierno: ahí sigue el intento de forzar una devaluación brutal, protagonizado por el bloque devaluatorio, que no liquida las exportaciones sin pagar consecuencias; y el pequeño sector social que tiene excedentes en pesos para volcar a los dólares bursátiles y el "blue", para generar más expectativas de una corrección abrupta del tipo de cambio, de previsibles consecuencias sociales nefastas.

Venimos cobrando (el gobierno, su base electoral, la gran mayoría de los argentinos) duro y parejo; y va siendo tiempo de meter alguna mano, antes del nocaut. Y que no sea un puñetazo en la mesa en un programa de televisión, queriendo dar muestras de reafirmar la autoridad. Todavía se está a tiempo; y no estaría mal tener algo concreto para festejar los 75 años de peronismo el 17 de octubre. Tuit relacionado: 

viernes, 2 de octubre de 2020

A GRANDES MALES GRANDES REMEDIOS

 

Todo indica que el gobierno se apresta a anunciar una serie de medidas para evitar una devaluación, y al mismo tiempo incrementar la oferta de dólares para detener la sangría constante de las reservas del Banco Central. Entre ellas y para tentar a los exportadores del complejo agropecuario a liquidar los dólares retenidos, una rebaja transitoria de las retenciones a las exportaciones de soja y carne, entre otros productos.

Lo cual comprobaría que los que poseen el poder de manejar la oferta de divisas en el mercado le torcieron el brazo, y conseguirán un beneficio sobre cosecha y existencias ya compradas a los productores con el descuento de las retenciones del precio pagado, que es la razón por la cual las propias entidades agrarias -en especial la Federación Agraria- se oponen a la medida; que solo beneficiaría a los grupos exportadores: la idea sería resignar ingresos fiscales en pesos (las retenciones) a cambio de una mayor oferta de divisas que atenúe las presiones devaluatorias, que vienen precisamente de parte de esos mismos grupos cuyos ingresos dependen del comercio exterior; y por ende se benefician con una devaluación.

Al mismo tiempo se anunciaría una suba de las tasas de interés para orientar capacidad de ahorro disponible hacia otra alternativa que no sea la compra de dólares; lo que supone desechar toda idea de agudizar aun más el "cepo", prohibiendo por ejemplo lisa y llanamente la compra de divisas para atesoramiento. Por supuesto que una suba de las tasas impactará en el nivel de actividad ya afectado por la pandemia, comprometiendo una incipiente reactivación; del mismo que una baja de retenciones a las exportaciones de "bienes salario" como la carne puede alimentar la inflación en consumos básicos, contribuyendo a afectar aun más el poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos, y a empeorar los ya graves indicadores de pobreza.

Las posibles consecuencias económicas de las medidas en estudio, siendo graves como son, no lo son tanto como la derrota política del gobierno a manos de los grupos exportadores que representarían: se les estaría dando un incentivo para que en el futuro vuelvan a especular para forzar una devaluación, o apropiarse de niveles de ganancias aun mayores de los que hoy tienen. ¿Por qué se abstendrían de hacerlo?, sería la pregunta.

Del mismo modo que cabe preguntarse por que en el menú de opciones con que contaba el gobierno para encarar el problema de la restricción externa, jamás se consideró siquiera hacer cumplir el DNU 91 del 28 de diciembre del año pasado, que modificara el DNU 609 de Macri, disponiendo que el contravalor de la exportación de bienes y servicios deberá ingresarse al país en divisas y/o negociarse en el mercado de cambios en las condiciones y plazos que establezca el Banco Central. O sea, obligar a los exportadores a liquidar las divisas en un plazo perentorio, con penalidades y consecuencias en caso de no hacerlo; como por ejemplo quedar suspendidos del registro de operadores de comercio exterior. 

Adicionalmente al citado DNU 91, el Banco Central tiene facultades para regular el mercado de divisas e imponer plazos para su liquidación en el país, cuando se trate de exportaciones de origen agropecuario, por el artículo 7 de la Ley 21453. La pregunta es por qué no las ejerce, cuando no hacerlo tiene las contraindicaciones señaladas.

El historiador Norberto Galasso llama en sus obras a la renta agraria diferencial (es decir, la superutilidad de la producción agraria en el país por sus bajos costos en términos comparativos internacionales) "el protagonista oculto" de nuestra historia: ese rasgo estructural de nuestro modelo de desarrollo productivo desequilibrado, que tiene un sector competitivo a nivel internacional por sus bajos costos, orientado al mercado mundial y por ende con ingresos en divisas; que lo colocan en posición de determinar el tipo de cambio (precio esencial de la economía si lo hay), manejando a su antojo la oferta de divisas, a falta de regulaciones públicas adecuadas.

Por esa razón el primer peronismo encaró el problema a fondo, con medidas estructurales, que redujeran no solo la vulnerabilidad de la economía frente a los shocks externos y la restricción del acceso a las divisas; sino que al mismo tiempo aumentaran los márgenes de maniobra del Estado frente a los principales grupos económicos del país.

Así en marzo de 1946 por el Decreto 8503 se nacionalizaba el Banco Central, que pasaba a tener el manejo total del mercado de divisas, y por el Decreto 15350 del 28 de mayo del mismo año, se creaba el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI); para monopolizar el comercio exterior, fundamentalmente de productos agropecuarios, es decir los principales renglones de la oferta exportable del país. Mientras el BCRA manejaba las divisas administrando tipos de cambio múltiples para favorecer el proceso de industrialización, el IAPI actuando como "comprador único" captaba buena parte de la renta agraria diferencial, hasta entonces en manos de pocos grupos exportadores.

Ya en 1949 y mediante la reforma impulsada por Perón, el artículo 40 de la Constitución nacionalizó el comercio exterior al disponer que la importación y exportación, ...estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley...". En estas cuestiones, entre otras, hay que buscar también las razones del golpe de 1955 que derrocó al peronismo del gobierno.

Más de 70 años después, las condiciones estructurales de la economía -al menos en lo que hace a la generación y manejo de las divisas- no han cambiado sustancialmente, y las fuerzas alineadas en contra del peronismo, tampoco. Sin pretender tanta audacia como entonces, lo menos que se puede exigir en una coyuntura tan crítica como la actual es que a grandes males, se los encare con grandes remedios. Tuit relacionado:  

domingo, 20 de septiembre de 2020

PERDÓNANOS NUESTRAS DEUDAS

 


El jueves explicábamos acá que uno de los sectores a los que estaban destinadas las medidas del Banco Central eran las empresas con deudas en dólares en el exterior, que demandaban divisas en el mercado local para atender el pago de los vencimientos. Dijimos entonces: "En el pago de deudas del sector privado, se limita así el acceso a las divisas a sectores que llevaron sus activos al exterior durante los cuatro años macristas. Ahora podrán obtener dólares del Banco Central para cubrir el 40% de su deuda, y tendrán que utilizar esas divisas sacadas del país para cancelar el resto de sus obligaciones.".

En ésta nota de La Política Online a la que refiere el tuit de apertura pueden acceder al listado de las principales 18 empresas afectadas, cuyas deudas "a reestructurar" suman más de 900 millones de dólares. Casi en su totalidad, bancos, desarrolladoras inmobiliarias y empresas de servicios: como decimos en el tuit, ninguna que aporte decisivamente al desarrollo del país, a la transformación de su estructura productiva y mucho menos, a la generación de dólares genuinos para contar con capacidad de repago de esas deudas.  

Cuando el macrismo en el gobierno liberó todas las regulaciones del mercado cambiario y la cuenta capital y reinició un nuevo ciclo de endeudamiento externo en el país, estaba claro que uno de los efectos más perniciosos era que eso alentaba el endeudamiento empresarial privado en moneda dura, que no hacía sino agudizar aun más la restricción externa. Sin un plan nacional de desarrollo que apunte a la diversificación de la estructura productiva para superarla y en un modelo de valorización financiera y fuga de capitales como el gestionado en los cuatro años anteriores, el peligro no tardó en concretarse.

Para peor, en la mayoría de los casos ese endeudamiento solo sirvió para financiar adquisiciones o fusiones que reforzaron aun más la concentración o la posición dominante existente en algunos rubros (como en el caso de Cablevisión-Telecom), y conociendo los precedentes que marca nuestra historia, no es descabellado pensar en autopréstamos, o  triangulaciones con empresas y bancos asociados, controlantes o controlados en el exterior, en otra vuelta de tuerca del proceso de fuga de capitales.

La historia nacional, decíamos, enseña que ese endeudamiento privado a la larga o a la corta termina siendo absorbido por el Estado y la sociedad, con mecanismos como los seguros de cambio o la pesificación; mientras que la atención del pago de los servicios de esa deuda suma otro factor de presión a la balanza de pagos, frente a la escasez de dólares disponibles.

Al mismo tiempo, ocurre que la mayoría de esas empresas endeudadas en dólares tienen a su vez ingresos y activos en esa moneda en el exterior, que no ingresan al país. Conforme los dólares empezaron a escasear, varias de ellas se apuraron -aun en plena pandemia- a comprarlos para cancelar anticipadamente vencimientos de intereses y capital de los préstamos; sin dejar por eso de percibir ayudas o subsidios estatales como el ATP. Lo que refuerza las sospechas de que estamos en presencia lisa y llana de operaciones fraudulentas, para fugar divisas a las que de otro modo no podrían acceder.

De allí que en este punto en particular las medidas del Banco Central no solo sean razonables, sino que debieron haberse adoptado hace mucho tiempo. Parece poco sensato que un Estado y un BCRA al que no le sobran los dólares en sus reservas y por eso renegocia su deuda con los acreedores privados y el FMI para aliviar presiones en la balanza de pagos, deba al mismo tiempo emplear una parte no menor de esas reservas escasas, para vendérselas a empresas para que paguen sus deudas, cuando tienen en el exterior divisas suficientes para hacerlo, con sus propios recursos. Tuit relacionado: 

jueves, 17 de septiembre de 2020

LAS MEDIDAS ECONÓMICAS Y LA ALTERNATIVA ESPERADA POR EL MERCADO


Por A.C.

En las recientes medidas económicas dictadas por el Gobierno, se pueden diferenciar tres aspectos sobre los que se decide intervenir: el dólar “ahorro”, la fuga de divisas través de títulos en dólares y la deuda empresaria en esa moneda. 
Sobre el dólar ahorro ya nos referimos anteriormente en éste post, cuyos datos pudieron corroborarse en los días posteriores acerca del número de ahorristas que continuaron adquiriendo mensualmente los 200 dólares establecidos como límite, y la cifra que ello significaba como proyección anual y su comparativo con las reservas que dispone el Banco Central.  
Sumado al dólar ahorro, la salida de divisas se ampliaba con la demanda de dólares para compras con tarjeta, y en consecuencia, entre estos dos conceptos se estaba llegando a una cifra mensual superior a los 1.000 millones de dólares que salían de las reservas.  
Por ello, y más allá de la discusión sobre que tipo de medida debía tomarse, la intervención al respecto era urgente, y el Gobierno decidió a través de AFIP la aplicación de un impuesto del 35%, que se agrega al 30% del denominado impuesto Pais. Ese 35% abonado en cada operación de cambio, podrá deducirse del impuesto a las ganancias o bienes personales. Incluso, aquellos pequeños ahorristas que compran divisas y deberán ahora abonar ese impuesto, en el caso que no estén alcanzados por ganancias o bienes personales, podrán solicitar en AFIP el reintegro de ese 35% 
Con relación a evitar la fuga de divisas a través de la negociación de títulos o acciones, ya se había visto un buen antecedente en el denominado contado con liquidación (CCL), operatoria que desde hace un tiempo ve reducido su volumen de operaciones diarias. Ello se debe a que se dispuso que quienes tenían acceso a la compra de dólares en el mercado oficial, no podrían operar por 90 días en el CCL, y quienes operaron con CCL no tenían acceso a la compra del dólar oficial también por el plazo de 90 días. 
Es decir, para ejemplificar, si una empresa solicita comprar dólares oficiales para cancelar una operación de importación, no puede simultáneamente estar operando en el CCL.  
A causa de esta medida, el volumen del CCL se redujo fuertemente y ronda actualmente entre los 50 y 60 millones de dólares diarios, de los cuales la mayor parte son operaciones de fondos especulativos extranjeros que adquieren títulos en dólares que venden en el exterior, es decir que son divisas que salen del país, y con el ojo puesto recién ahora en las sociedades de bolsa, la medida se dirige a cerrar éste grifo de fuga. 
Por último, y con el antecedente de fuga de 86.000 millones de dólares durante el gobierno de Macri, el límite del 40% sobre el monto de las obligaciones empresarias, aparece necesario y razonable. En el pago de deudas del sector privado, se limita así el acceso a las divisas a sectores que llevaron sus activos al exterior durante los cuatro años macristas. Ahora podrán obtener dólares del Banco Central para cubrir el 40% de su deuda, y tendrán que utilizar esas divisas sacadas del país para cancelar el resto de sus obligaciones. 
Claro que había otra alternativa a las medidas dictadas por el Gobierno, la medida más fácil, una fuerte devaluación, la que hubiera producido consecuencias muy negativas para la enorme mayoría de la población cuyos ingresos son en pesos, ya que esos ingresos se hubieran vistos seriamente recortados en su poder adquisitivo ante el inevitable traslado a precios de una devaluación, situación agravada en el marco de una pandemia que genera aquí y en todo el mundo, una enorme reducción de la actividad económica, caída de la demanda y dificultad de generación de empleo. 
Ante esta realidad económica, y habiéndose utilizado herramientas para evitar una drástica devaluación, la reacción inmediata del “mercado” luego del dictado de las medidas no puede sorprender, y sus resultados no podrán medirse en pocos días. Solo después de un período razonable, se podrá apreciar si los efectos buscados, como poner fin a la volatilidad cambiaria, se consiguen, evitando así la sistemática presión que se ejerce sobre el peso por parte de grandes jugadores posicionados en dólares, los que por eso tienen el eterno y permanente objetivo de lograr grandes devaluaciones, para beneficio de unos pocos y consecuencias negativas para la enorme mayoría de la población.  

lunes, 17 de agosto de 2020

SUGERENCIA AL SEÑOR PRESIDENTE


Por A.C.

El Presidente señaló a través de los medios, que es un problema la compra mensual de dólares por parte de pequeños ahorristas y que "La gente compra 200 dólares por mes y eso genera una demanda muy grande de pequeños ahorristas. Hoy por hoy es un problema esos pequeños ahorristas. No son sumas tan importantes, pero son un problema, 200 más 200 más 200..."
Durante el mes de Junio de 2020, 3.300.000 personas adquirieron los U$$ 200 permitidos por las medidas cambiarias vigentes (37% más de compradores que durante el mes de Mayo), lo que arrojó un saldo de ventas por “ahorro” en Junio de 660 millones de esa divisa. Y durante el mes de Julio, ascendería a 4.000.000 el número de compradores, es decir una salida de 800 millones de dólares. Solo en dos meses, más de 1.400 millones de dólares.  
En éste marco de derrumbe económico mundial provocado por la pandemia, sumado al desastre económico y financiero generado por la gestión macrista, no hay demasiado margen de maniobra, y la política cambiaria es un aspecto neurálgico al que el gobierno debería prestarle mayor atención. Aún admitiendo que existen otras urgencias impostergables que atender en lo social, en lo sanitario y en lo económico, observando las reservas con que cuenta el país, la salida a través de “ahorristas” de más de 1.400 millones de dólares en solo dos meses, resulta una cifra para considerar, sobre todo por la ausencia de ingresos de divisas, provocada deliberadamente por el sector exportador en su intención eterna de conseguir otra devaluación del peso
Y a ello contribuyen consciente o inconscientemente los “ahorristas” que colaboran mes a mes con la presión cambiaria comprando sus 200 dólares. La mayoría es gente que tiene sus ingresos en pesos, pero pareciera que continúan sin comprender que las devaluaciones los empobrecen, porque la devaluación se termina trasladando a los precios, y a diferencia de sectores como el exportador, ellos no tienen grandes posiciones en dólares con las que beneficiarse ante la caída del valor de la moneda en la que cobran. 
Naturalmente la compra de dólares de pequeños ahorristas no es el principal problema de la economía, pero insistimos, en un momento de una crisis pandemica cuyo plazo de duración es incierto, es un aspecto a observar. 
Más allá de los que dejan bajo el colchón los 200 dólares que compran mensualmente, lo que ya de por sí es negativo, en tanto son recursos que se salen del circuito económico, también se recurre a la operatoria para comprar esos 200 dólares a precio oficial ($100) y luego venderlos en el mercado negro a $130 cada dólar, es decir se gasta $20.000 en comprarlos y se los vende por $26.000.- Sin hacer evaluaciones de otro carácter, esos $6.000 de diferencia (que no le solucionan la vida a ningún “ahorrista” y dejan ganancias a las cuevas) los pagamos todos. 
Y el tema puede tener una solución sencilla que le proponemos al Presidente, si es que no quiere eliminar la compra del dólar “ahorro” ante la posibilidad de una patriótica marcha a favor de la moneda verde.  
La solución sería que quien compre los 200 dólares autorizados mensualmente, deba mantenerlos obligatoriamente en su cuenta en dólares durante un plazo mínimo por ejemplo de 90 días, de manera de evitar el ejercicio mensual de comprar y salir a vender para ganar una diferencia en pesos a costo del deterioro de las reservas en dólares.  
Se podrá decir que de esa forma solo se postergaría el plazo del aporte a la presión cambiaria que hacen los “ahorristas”, pero claro, habrá que tomar otras medidas mientras tanto, como por ejemplo obtener de los exportadores las liquidaciones de divisas deliberadamente postergadas, estableciendo de lo contrario un incremento de las retenciones aplicables. Tuit relacionado: