El gobierno más anti - trabajadores de la historia de la provincia, en tiempos democráticos. Nadie ve vagos por todas partes como los radicales, que son más vagos que nadie y jamás trabajaron. https://t.co/jxY4Sb0Uql
— La Corriente K (@lacorrientek) December 22, 2024
Esto pasa por poner a un garca del PRO como Ministro de Trabajo. Propone idioteces propias de alguien que no tiene la menor idea de lo que está hablando, sea salud pública o trabajo. https://t.co/43T9idGvNf
— La Corriente K (@lacorrientek) December 23, 2024
Cuando se entere Pullaro (que dice que le vamos a tener que pedir disculpas a la cana) se cae de culo. https://t.co/qwsUUcopYS
— La Corriente K (@lacorrientek) December 23, 2024
La estigmatización de los trabajadores del Estado en todas sus vertientes ha sido una constante del gobierno de Pullaro en éste primer año de su mandato. Podría decirse que la viga maestra del discurso oficial del gobierno de la provincia fue que los empleados públicos son todos unos vagos, que gozan de privilegios inmerecidos e injustificables, y que son parte del problema a solucionar para construir un Estado más eficaz.
Nadie se salvó del sambenito: arrancaron con los empleados de la Administración Central, desconociendo los acuerdos paritarios firmados por los gremios durante el gobierno de Perotti, dejando sin efecto casi un millar de pases a planta de contratados con los más variados pretextos (como que había funcionarios políticos de la gestión anterior que "se colgaban de la liana" para quedar en planta, cosa que no se verificó ni en un solo caso) y retrasando el pago de los aumentos salariales pactados.
Luego les tocó el turno a los docentes, que fueron acusados de faltar demasiado y pedir licencia con cualquier excusa (lo que fue el pretexto para reimplantar el presentismo), de no estudiar y dar mal las clases (por lo que los chicos no aprendían nada, y hubo que reimplantar la repitencia), de hacer paro por cualquier cosa (el gobierno coqueteó con la idea de declarar a la educación servicio esencial, como hizo Milei, para restringir el derecho de huelga) y de cobrar una hora de más (primero sacada y luego repuesta) para no mejorar en nada los aprendizajes de los alumnos.
No les fue mejor a los trabajadores de las empresas estatales de servicios públicos, EPE y ASSA: en ambos casos el gobierno arremetió contra los convenios colectivos de trabajo (al de la EPE lo denunció con fundamento en el DNU 70 de Milei), el sistema de ingresos "hereritarios", las horas extras y determinados suplementos salariales. También se anunció con bombos y platillos que (al igual que con los docentes y los trabajadores de la Administración Central) se había logrado disminuir significativamente los pedidos de licencia médica, que por supuesto se consideraron ficticios en la mayoría de los casos.
A los judiciales (que hicieron un paro por primera vez en 30 años) les cajoneó los nombramientos durante meses y hasta donde pudo y dilató el pago de los aumentos otorgados por la Corte; que dicho sea de paso y luego de decir reiteradas veces que era cara e ineficaz, Pullaro impulsó y logró una ley para ampliar el número de sus integrantes.
Y en los últimos días la emprendió contra los médicos, los mismos que eran aplaudidos por las noches durante la pandemia: primero la ministra de Salud (socialista) dijo que muchos de ellos no iban a trabajar, y luego su colega de Trabajo (del PRO) señaló que se estudiaba pagarle un plus por productividad de acuerdo a la cantidad de pacientes que atendiera cada uno en los hospitales públicos. Como se ve, para verduguear a los agentes estatales no hay fisura entre los socios de "Unidos".
En realidad, no todos los servidores públicos fueron blanco de ataques del gobierno de Pullaro, porque hubo una ostensible excepción: el personal de la Policía y -en menor medida- el del Servicio Penitenciario, al cual le modificaron de entrada la ley que lo rige. Allí hubo elogios públicos del gobernador y su gabinete en cuanta oportunidad pudieron, se premió a Nocelli (el Chocobar santafesino) con un cargo de asesor en el área de Seguridad y el gobernador (luego desmentido por la justicia, pero son detalles) que siendo ministro de Seguridad de Lifschitz había pagado con fondos reservados los abogados de los acusados por la desaparición seguida de muerte de Franco Casco, dijo que les iban a tener que pedir disculpas.
Esta política oficial de estigmatización, persecución y disciplinamiento de los agentes públicos ha sido hasta acá exitosa, al menos si juzgamos por los escasos costos que el gobierno tuvo que pagar, incluyendo la débil protesta de los sindicatos: por una mínima fracción de tamaño despliegue persecutorio cualquier gobierno peronista hubiera visto incendiada la provincia con el conflicto social.
Es verdad que al emprender ese rumbo, el gobierno va sobre seguro: trabaja sobre los prejuicios de buena parte de la sociedad (y del núcleo duro de sus apoyos electorales) contra los servidores públicos, que como todo prejuicio, siempre tiene algo de base en la realidad: hay, efectivamente, empleados públicos que son vagos, docentes que faltan mucho o médicos que no cumplen su carga horaria en los hospitales, y muchas cosas más.
Pero los verdaderos propósitos de la ofensiva no son -como repite el discurso oficial- mejorar los servicios y las funciones que debe cumplir el Estado, sino otros muchos menos nobles: precarizar cuanto se puede el empleo público, pactar salarios a la baja, recortar derechos, privatizar las empresas del Estado (o sondear el apoyo social para hacerlo) y -por ejemplo- aprobar entre gallos y medianoche una reforma previsional que supone un fenomenal recorte de derechos a los trabajadores y jubilados estatales santafesinos. O dicho de otro modo: todo los que los hoy oficialistas dijeron durante años que haría Perotti si llegara al gobierno, pero no hizo cuando llegó.
No deja de ser curioso que esta cruzada la emprendan los radicales, que están compuestos -a diferencia del común de los mortales- por un 30 % de agua y el 70 % restante, de empleo público; ocupando posiciones en el Estado desde siempre y con todos los gobiernos, y no precisamente en lugares destinados al zanjeo: las universidades, los concejos municipales, las Legislaturas provinciales y el Congreso, los juzgados (federales y provinciales) y las fiscalías del MPA, los cargos de asesores (Pullaro casi ha cuadruplicado la planta política que dejó Perotti).
Ya en los gobiernos del Frente Progresista el socialismo soñó (y en buena medida ejecutó) un by pass para manejar a la administración "desde arriba" con unos pocos (o unos cuantos) elegidos por su supuesta brillantez, pero nunca tuvieron hacia afuera un discurso de estigmatización del empleo público como el que está esgrimiendo el gobierno provincial actual, hegemonizado por la UCR; salvo en el área de Educación donde Rasino y Balagué dedicaron casi toda sus gestiones a hablar de las licencias de los docentes.
Para Pullaro la cruzada contra los empleados públicos supone un asunto político de primer orden para lograr la fidelización del voto propio y sostener su objetivo de ser reelegido; incluyendo en esa fidelización la del aparato represivo del que dispone el Estado provincial, por si en algún momento fuera necesario usarlo para enfrentar la protesta social. Pero la estrategia no está exenta de riesgos, porque los elegidos como blancos de su administración (empleados públicos, docentes, judiciales, médicos, agentes de las empresas estatales) también lo votaron, en forma contundente.
Claro que para que ese riesgo se materialice en las urnas debería haber alguien que capitalice el descontento de los agredidos. Como por ejemplo un peronismo balcanizado y ausente, perdido en los laberintos de su interna en lugar de puesto a la cabeza de la defensa de los derechos vulnerados por la ofensiva oficial.
