Para despejar de antemano cualquier polémica al respecto, demos por sentado que los datos del INDEC están mal; aunque lo que se cuestionan son los índices de costo de vida, y no las demás estadísticas e indicadores.
Y admitamos también que la inflación es alta (no comparemos con otros períodos históricos, porque no sería serio: remember las híper varias) sobre todo en los alimentos; y que la economía no viene creando empleo con el mismo ritmo que lo hacía en años anteriores, o que subsiste un alto porcentaje de empleo en negro. Todo eso es cierto.
Tan cierto como que es poco serio decir que los indicadores sociales de hoy de la Argentina son peores que los del 2004: para refutaciones de las barbaridades del Observatorio de la UCA por gente que conoce bastante más que nosotros del asunto, leer acá a Artemio , y acá la reseña que hace Verbitsky de su polémica con los que arman estos informes, que se repiten periódicamente, con serias inconsistencias técnicas como allí se dice.
Por nuestra parte diremos que resulta curioso decir que la situación social es peor hoy que en los primero tiempos posteriores a la crisis del 2001, cuando entonces el país tenía un índice de desempleo largamente por arriba del 25 %, y hoy hace tiempo ya está consolidado en guarismo inferiores a un dígito. La evolución de las propias cotizaciones al sistema de seguridad social (que permite sostener una mayor cobertura) da cuenta del volumen de creación de empleo genuino y registrado, producido en estos años.
Otro tanto puede decirse de la evolución del Salario Mínimo, Vital y Movil, luego de una década de hibernación del Consejo del Salario; cuya evolución además puede medirse por el poder de compra de bienes sensibles de la canasta familiar: ver acá y acá.
Y si eso ocurre con los sectores formalizados del trabajo, y los que obtienen cobertura previsional, otro tanto sucede con los excluidos del sistema formal: no puede sostenerse seriamente que la situación del país en orden a los niveles de pobreza e indigencia sea peor luego de que se instaurara la AUH, que antes.
Se puede discutir cuanto y aceptar que la velocidad del proceso ha disminuido en los últimos tiempos, pero no se puede negar que la desigualdad en el país (medida por el Coeficiente de Gini) ha disminuido, así como ha mejorado la distribución funcional del ingreso, en beneficio de los trabajadores, que vieron aumentar en estos años su participación en la torta nacional.
Es muy poco serio decir que hemos retrocedido en posibilidades de acceso de las clases populares a la educación, cuando la ley de financiamiento educativo permitió alcanzar una inversión en el rubro del 6,51 % del PBI (cifra histórica), programas como Conectar Igualdad han contribuido a disminuir la brecha digital; o medidas como la AUH incrementaron notoriamente la matrícula escolar, especialmente en el nivel secundario; medida en términos históricos.
El informe vincula el aducido crecimiento de la pobreza y la desigualdad, y de las situaciones de marginalidad, con el incremento de la inseguridad: una vinculación lineal entre pobreza y delito que simplifica brutalmente situaciones sociales complejas, y omite el rol de la criminalidad organizada en la generación de determinados niveles de inseguridad: ¿o acaso el propio episcopado no acaba de alertar sobre el auge del narcotráfico en el país?
Pero además las conclusiones del informe de la UCA se dan de patadas con un hecho irrefutable: el kirchnerismo obtuvo un rotundo respaldo popular en dos elecciones presidenciales, ambas celebradas con posterioridad a la intervemción del INDEC (por si se cuestionan las cifras oficiales) y la primera de ellas, antes de la instauración de la AUH y la ley de movilidad jubilatoria.
Sería muy pueril explicar esos resultados por el argumento del clientelismo, cuando el principal programa social (la AUH) tiene un universo de beneficiarios consolidado en torno a los 3,6 millones que en su mayoría no votan (recordemos que los jóvenes de 16 años sólo pueden hacerlo desde fines del 2012); y en las últimas elecciones presidenciales Cristina rozó los 12 millones de votos.
Es más sensato asociar esos contundentes triunfos electorales con un proceso continuado de crecimiento económico apuntalado por un mercado interno en alza, con mayor consumo de la clase media (en buena parte depauperizada tras la crisis de la Convertibilidad) y los sectores populares; que accedieron en estos años a niveles de consumo inaccesibles en tiempos anteriores.
Las opciones electorales de vastos sectores de la sociedad argentina serían entonces, de pura racionalidad instrumental; consecuentes con una percepción mejorada de su propia situación, como resultado de políticas públicas concretas.
El intento de deslegitimar en bloque la década kirchnerista que subyace en este tipo de análisis ni siquiera tiene la franqueza de plantear frontalmente que, en el fondo, quienes los hacen esconden un profundo desprecio por las mayorías populares; que según ellos votarían irracionalmente a quienes no representan sus auténticos intereses.
