LA FRASE

"EN ÉSTE PAÍS NO SE PUEDE TENER MENTALIDAD EMPRENDEDORA Y ARRIESGARSE EN LA BÚSQUEDA DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PORQUE ENSEGUIDA TE DESTRUYEN CON LA MÁQUINA DE IMPEDIR." (JOAQUÍN BENEGAS LYNCH)
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miércoles, 8 de julio de 2026

UN CASO DE MAGNETISMO

 

A propósito de la inversión del gobierno de Pullaro en equipamiento y sistemas tecnológicos y digitales, decíamos días pasados en ésta entrada que el proceso se desarrollaba "Montado sobre un amplio despliegue de recursos públicos invertidos con criterios de prioridad como mínimo dudosos, nichos bien específicos de negocios para un puñado de empresas donde las "exclusividades" o "capacidades especiales" que excluyen la competencia o los procesos transparentes de adjudicación son moneda corriente sin que se lo cuestione, porque hay urgencias (ciertamente reales) que atender; y sin que nadie explique demasiado por que otras (tanto o más urgentes) no se atienden.".

Y el Decreto 1385 firmado por Pullaro el pasado jueves 2 (el mismo día del apagón digital de su gobierno) cuya imagen encabeza el, post, nos da la razón: por él se le adjudica a Telecom Argentina S. A. la licitación pública convocada para contratar "...la provisión de un sistema de almacenamiento de datos High-End con servicios de migración asociados, y su servicio de mantenimiento técnico preventivo, evolutivo y correctivo por el plazo de sesenta (60) meses contado a partir del efectivo inicio de la prestación y con una opción a prórroga por el término de doce (12) meses,... ".

En la licitación la empresa (que fue la única oferente) accedió a un contrato que la vincula con el Estado provincial por cinco (5) años con opción a uno más, es decir lo que resta del mandato de Pullaro y el mandato completo del próximo gobernador de Santa Fe; por un monto de casi 3.127.000 dólares, lo que significa al tipo de cambio oficial de hoy unos 4722 millones de pesos.

Pero no es el único caso, hubo otros más, y recientes: por el Decreto 1300 del 29 de junio Pullaro le adjudicó a Telecom "...la prestación del servicio de transporte de datos -Red WAN-, incluyendo instalación y puesta en funcionamiento, con destino a la SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN del MINISTERIO DE GOBIERNO E INNOVACIÓN PÚBLICA por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ CON TREINTA CENTAVOS (U$S 71.910,30) mensuales, y un costo total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA CON OCHENTA CENTAVOS (U$S 2.588.770,80), por el período de treinta y seis (36) meses, contado a partir del efectivo inicio y con una opción a prórroga a favor de la Provincia por el término de doce (12) meses más,...".

Esta otra licitación (en la cual volvió a ser la única oferente) le reportó a Telecom S. A. acceder a un contrato por tres años con opción a un cuarto, valuado al día de hoy en 3909 millones de pesos; y en los considerandos del decreto se señala que "...atento a la necesidad de mantener operativo el servicio y los tiempos administrativos que demandan la tramitación de una Licitación Pública, se autorizó oportunamente una prórroga excepcional del Contrato Público (CP) Nº 21107 - prórroga del CP Nº 19056- aprobada mediante DEC-2026-00000728-APPSF-PE, por un período de tres (3) meses contado a partir del 09/02/2026, prorrogable por igual plazo en forma sucesiva y automática con un límite de doce (12) meses o hasta tanto se resuelva la adjudicación y efectivo inicio de la nueva contratación tramitada por la presente gestión;...".

Es decir que mientras se desarrollaba la licitación que terminaría ganando Telecom S. A. como única oferente presentada, se autorizó una contratación directa...con Telecom S. A. (Decreto 728 del 7 de abril) por el monto mensual de U$S 82.893,94, o lo que es lo mismo unos 125 millones de pesos al mes.

Finalmente y solo limitando el rastreo a los primeros meses de éste año, se encuentra el Decreto 1187 del 8 de junio pasado, por el cual Pullaro le adjudicó a Telecom S.A. "...la prestación de un servicio de acceso a internet de banda ancha para el Centro de Procesamiento de Datos Primarios sito en calle Tucumán N° 1829 de la ciudad de Rosario, por el período de treinta y seis (36) meses, contado a partir del efectivo inicio y con una opción a prórroga a favor de la Provincia por el término de doce (12) meses más,...". En éste caso se trató de otra licitación en la que hubo solo dos oferentes.

Hay que recordar que Telecom S. A. fue noticia en estos días por la compra de su principal competidora Telefónica de Argentina, compra aprobada por el gobierno de Milei. Y ambas son propiedad de un poderoso grupo de medios de comunicación de la Argentina, cuyo nombre en éste momento se nos escapa. Pero lo tenemos en la punta de la lengua, ya nos va a salir.

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martes, 18 de marzo de 2025

LA CRISIS CAUSÓ UN NUEVO NEGOCIO

 

En mayo del año pasado cuando fracasó en el Congreso el primer intento de imponer la ley bases, decíamos nosotros en ésta entrada: "Y por otro lado tampoco está tan claro que la gente haya votado ciertas cosas (como las contenidas en la ley bases que avanza con fórceps en el Congreso), que tienen beneficiarios muy concretos. ¿O acaso hubo en campaña manifestaciones populares pidiendo por la política de cielos abiertos, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, la desregulación de las prepagas y todos los precios, los aumentos de tarifas o la libre exportación de los hidrocarburos por las petroleras, solo por citar los ejemplos más notorios?".

"Es muy notorio ver los balbuceos y contorsionismos verbales de los que apoyaron la ley en Diputados, ninguno de los cuáles puede señalar un solo beneficio concreto que surja de su sanción, para la mayoría de los argentinos. Tantas incoherencias -como las de Stolbizer o Randazzo- y silencios incómodos o discursos con abstracciones y generalidades tienen más que ver con que son simples marionetas de un poder oculto, que con otra cosa.".

"Acaso allí haya que buscar -y no en la política como tal, o en el tamaño del Estado o nivel del gasto público- el origen y la causa principal de todas nuestras inestabilidades económicas, que se traducen en crisis sociales con consecuencias políticas y hasta institucionales, como en el 89' o el 2001: en la voracidad predatoria de los principales grupos del poder económico que solo consienten la democracia en tanto sirva a sus intereses, que para ello y si es preciso tratarán de condicionar a los gobiernos y forzarlos a violar su mandato electoral, o directamente de colonizarlos (como pasó con Macri y sobre todo está ocurriendo con Milei) aprovechando sus debilidades en su beneficio; y en la postración de la política frente a ese avance.".

"Si por intentar imponer un modelo de exclusión inviable para la mayoría de los argentinos fracasó Macri (con todo el poder que tenía detrás) que se soñó hegemónico a largo plazo, nada indica que no vaya a terminar chocando la calesita Milei, que por estos días también se está soñando hegemónico y perdurable. Se trata simplemente del problema político más perdurable de la historia argentina: la imposible hegemonía perdurable y consentida -en un esquema de democracia formal- de un modelo de capitalismo predatorio; menos cuando pretende montarse sobre el humor social de una insatisfacción democrática de la que es la principal causa, aunque haya tenido la astucia de permanecer oculto buscando otros (gobiernos, legisladores) que hagan el trabajo sucio por ellos.".

"Es así como los argentinos tenemos -de nuevo, como si no aprendiéramos de nuestro propio pasado- un Congreso militarizado sesionando de espaldas a la calle y al pulso ciudadano, para sancionar leyes que solo benefician a un puñado, cuyos nombres se repiten una y otra vez, y siguen como la sombra al cuerpo a todas nuestras crisis, porque no solo las generan, sino que se benefician con ellas; sin importar que o a quienes haya votado la gente, y para que. Los verdaderos votos calificados, digamos.".

La reflexiones cobran plena actualidad en estos momentos, en los que podemos ver al mayor conglomerado de medios del país (y no solo a ellos) poniendo todas sus bocas de fuego mediáticas a sostener el plan represivo del gobierno, sosteniendo sus mentiras y operaciones que intentan disfrazar la realidad. Que el discurso oficial (replicado y amplificado por esos medios) sea escalofriantemente parecido al "algo habrán hecho" de la dictadura no es pura causalidad: el genocidio argentino tampoco hubiera sido posible sin la complicidad de la prensa canalla.

Y también valen para la discusión que ya se ha instalado en torno al DNU de Milei que se auto-otorga facultades extraordinarias para concluir un acuerdo con el FMI: partiendo de Elisa Carrió y la Coalición Cívica ya estamos viendo a los saltimbanquis de la república dando contorsiones en el aire para explicar que en éste caso si se justifica saltear al Congreso o violar la Constitución. Argumentos nunca le faltarán, como no le faltaron a Alfonsín para claudicar ante Menem en el Pacto de Olivos.

Aunque parezca que le están tirando una soga a Milei, en realidad están actuando para otra audiencia, que suele estar oculta. Tratemos de no perder de vista nunca ese hecho esencial, para no andar gastando pólvora en chimangos. Tuits relacionados:

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martes, 25 de febrero de 2025

LES PINTÓ KIRCHNERISMO TARDÍO

 

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domingo, 11 de diciembre de 2022

VAYAN PAYÁ, BOBOS

 

Hace 8 años atrás, cuando el mundial de fútbol se jugó en Brasil, decíamos acá: "Resulta entonces que los crispados somos nosotros, los que politizamos todo y dividimos a los argentinos; que -hasta que aparecimos- eran todos miel de diálogo, sobre hojuelas de consenso: debe haber sido entonces en otro país que un día como hoy, pero hace 59 años, bombardeaban una ciudad a cielo abierto para matar a un presidente y derrocar a un gobierno elegido por el pueblo.".

"Pero hete aquí que ahora -en el medio de la euforia colectiva del mundial- son ellos los que atizan las brasas de las conflictos para que no se apaguen, en medio de la pax social  que generan 90 minutos de fútbol, con un país entero (o casi entero) coincidiendo en un mismo deseo: ¿Cuántas cosas son capaces de lograr la casi unanimidad que despierta entre nosotros el aliento a la selección en un mundial de fútbol?".

"Y sin embargo en el medio del despliegue de gorros, banderas y vinchas están ellos, con sus interminables caras de bragueta, dispuestos a decirnos que no sólo todo está como el culo, sino que irá peor; y que no debemos dejarnos alienar por la pelota, porque sería una inmoralidad faltar a nuestro deber ciudadano de estar las 24 horas del día pendientes del Boudougate; o la enésima denuncia de corrupción.".

"En el fondo nos toman por estúpidos, como si no los conociéramos o no tuviéramos memoria sobre quienes son y lo que han hecho; o no tuviéramos en claro que un mundial de fútbol no transforma la realidad: el mundo y la vida (incluyendo a la política, al gobierno, la oposición, el país y su historia) siguen su curso; salgamos campeones, o nos volvamos en la primera vuelta.".

Como ven, nada ha cambiado desde entonces, y ellos están habiendo lo que mejor saben hacer, con el fútbol como con la política: lo que no pueden controlar y poner a su servicio (como a la selección y su cuerpo técnico), lo quieren desprestigiar y destruir. Si tienen hechos a la mano los usan, y si no los inventan, y listo.

Messi era para ellos el ídolo perfecto hasta que asumió esta versión maradoniana en la que putea rivales, encara árbitros y  hasta le reclama a la FIFA y dejó de ser -en palabras de Cristina- una mascota del poder, y ya les parece censurable, o empiezan -como hicieron con Diego- a "separar a la persona del jugador de fútbol". Y como pasó con Maradona, cuando ven que el amor del pueblo por alguien se hace grande, ellos lo tienen que pasar a odiar y combatir.

Son expertos en manipular indignaciones, broncas, resentimientos y tristezas, y cuando no los hay -en éste caso en el mundial, en un país en el que sobran por todos lados- las inventan. Aunque en la noche más oscura de nuestra historia cuando todo era tristeza, nos vendieron "la fiesta de todos". Eso son, eso fueron siempre: predicando moral con la bragueta abierta, desde los diarios que se adueñaron de la principal empresa proveedora de papel en una mesa de tortura, favor que retribuyeron con blindaje mediático a los crímenes de la dictadura.  

Claro que en el fondo el problema no son ellos -o al menos no solo ellos- sino los argentinos que los leen, escuchan y miran, y que aceptan ser formateados a diario por sus canalladas sin tamizarlas, solo porque confirman sus prejuicios previos contra la popular, en todas sus formas. Esa gente que seguramente ahora se entusiasme con el mundial, pero cuando termine los vuelvan a indultar, y se dejen convencer por ellos de lo que ya están convencidos: que éste país es una mierda, en todos los sentidos, y que no tiene remedio. 

Porque además nos quieren tristes, porque como decía Jauretche y recordó hace poco un comentarista del blog, "Nada grande se puede hacer sin alegría, nos quieren tristes para que nos sintamos vencidos. Los pueblos deprimidos no vencen ni en el laboratorio ni en las disputas económicas. Por eso venimos a combatir alegremente, seguros de nuestro destino y sabiéndonos vencedores a corto o largo plazo.".

Por eso, por más grandes que sean las dificultades y mayores las incertidumbres, no hay que darles el gusto. Y no estamos hablando de fútbol. O no al menos solamente de eso. 

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jueves, 14 de julio de 2022

LECCIONES SOBRE EL PODER

 

Que el grupo Clarín goza de una posición dominante en el mercado de las comunicaciones, no es ninguna novedad. Y que la reforzó con la fusión entre Cablevisión y Telecom, tampoco. En uso de esa posición dominante -fortalecida con los años- condicionó y extorsionó gobiernos de todos los signos políticos, siendo "una pistola en la sien de la democracia", como supo decir Luis D'Elía cuando aun no se había convertido en el Lanata negro.

Usando ese enorme poder, consiguió que Menem empeorara por DNU la ley de radiodifusión de la dictadura, y que ningún gobierno se atreviera a plantear una nueva ley de medios, hasta que se animó Cristina. Luego y con base en ese mismo poder, resistieron durante cuatro años su aplicación en los tribunales, lo suficiente para ganar tiempo y llegar a la instalación de un gobierno de ellos -como lo fue el de Macri- que mutiló con la velocidad del rayo y con precisión quirúrgica los artículos de la ley que lesionaban sus intereses.

En ese mismo período logró la tan ansiad fusión con Telecom, que estaba -y está- pendiente de aprobación definitiva por parte del Estado, pero que éste gobierno no se anima a tumbar, por miedo a Clarín. El mismo gobierno cuyo presidente dijo desde el principio que no pensaba reponer los artículos de la ley de medios mutilados por Macri por decreto, y dio por terminada -unilateralmente- la guerra contra el periodismo, aun aquel que le hace la guerra todos los días.

Cuando hace algo más de un año y en plena pandemia, ese presidente dictó un DNU declarando servicios públicos esenciales a los de comunicaciones (internet, cable, telefonía móvil) y en consecuencia sujetos a regulaciones más intensas por parte del Estado (que involucraban por ejemplo que éste apruebe sus aumentos de tarifas) el hólding comandado por Magnetto, como era de esperarse, fue a la justicia. Y como también era de esperarse, logró una cautelar para que no se le aplique el decreto primero, y luego que la Corte -donde tiene a su abogado- tenga cajoneada la causa hace más de un año.

Mientras tanto, acumuló ganancias sin parar en medio de la pandemia (cuando la necesidad de sus servicios comunicacionales se agravó), y estuvo en condiciones de repartir esas ganancias entre sus accionistas, dolarizándolas en bonos de la deuda emitidos por éste mismo gobierno, cuando Guzmán cerró el acuerdo con los acreedores privados en el 2020. Porque Clarín está de los dos lados del mostrador, o mejor dicho, en todos los mostradores donde se cobra.

Y ahora -en medio de las penurias financieras del gobierno y la escasez de dólares de la economía- sus accionistas se harán con esos bonos, que podrán transformar en dólares. De allí que ésta nota de Ari Lijalad en El Destape que detalla todo el proceso, cuente mejor como funciona el poder, que una biblioteca entera de tratados de ciencia política. 

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miércoles, 24 de noviembre de 2021

¿QUI BONO?

 


Aun en un clima de crispación política, el atentado con bombas Molotov contra la sede de Clarín es un episodio fuera de todo contexto, y como tal sospechoso. Máxime cuando no ocurrió durante la recién finalizada campaña electoral que concluyó con las elecciones del pasado domingo 14, sino después.

Hasta tanto la investigación avance y se determinen sus autores y sus móviles, se tejen y tejerán especulaciones de todo tipo, pero como siempre en éstos casos lo que hay que preguntarse es quien se beneficia y quien se perjudica con un hecho de esa naturaleza; y por ese lado será más sencillo dar con los autores y sus eventuales instigadores.

Ciertamente no se beneficia el gobierno, al cual desde el propio dispositivo mediático opositor (y la oposición institucional que se mueve a su compás) se lo vinculó de inmediato con el hecho. Un gobierno que -al menos en el núcleo duro cercano al presidente que participa de las decisiones- ha hecho grandes esfuerzos por sostener una relación "amigable" con el multimedios, sin contrapartida: lo sigue beneficiando con abundante pauta oficial (esta misma semana se conocieron las cifras del reparto), no objeta la fusión Cablevisión-Telecom (y como veíamos acá, no parece que tenga la intención de hacerlo en un futuro), y el propio presidente ha dicho reiteradas veces que para él no es prioritario reponer los artículos de la ley de medios que Macri mutiló por DNU, y afectaban los intereses del hólding de Magnetto.

Tampoco al kirchnerismo, que soportó por años los ataques del Grupo Clarín contra Cristina y sus gobiernos, y jamás ensayó una respuesta de tal calibre, ni siquiera después del 54 % del 2011 y cuando, ya estando aprobada la ley de medios, esperaba que los tribunales y la Corte Suprema de Justicia la liberaran de la maraña de cautelares para poder aplicarla y desguazar al monstruo.

Beneficiarios son, claramente, la oposición política -que rápidamente salió a capitalizar el hecho- y antes que nadie, el propio Grupo Clarín, que puede victimizarse presentando el hecho como un ataque a la libertad de expresión.

Hay quienes entienden que no sería ajeno al hecho que, apenas el día antes de los bombazos, Clarín publicara una extensa y documentada nota sobre los "grupos de tareas" de la Metropolitana, y sus redes de corrupción. Por lo pronto, apenas se conoció el atentado, se dejó de hablar de la muerte de Lucas González, precisamente a manos de un escuadrón de gatillo fácil de la policía de Larreta: quizás haya que buscar por ahí.

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viernes, 12 de noviembre de 2021

UNA BALA DE PLATA QUE NO VAMOS A USAR

 

Alberto Fernández siempre se manifestó contrario a dictar una ley de medios para limitar los abusos de posición dominante en el mercado de las comunicaciones audiovisuales, cuando era Jefe de Gabinete de Néstor y Cristina, luego cuando se fue del kirchnerismo; y también después, cuando fue candidato y más tarde presidente electo y en funciones.

De allí que no sorprenda que aun hoy siga vigente el DNU 267/15 de Macri, que mutilara las cláusulas de la Ley 26522 que se aprobó durante el gobierno de Cristina, que resultaban más irritativas para los intereses de los grupos mediáticos hegemónicos, en especial Clarín: no es una cuestión de complejidad técnica o jurídica, pues bastaba con dictar otro decreto para reponer el texto original de la ley tal cual fue sancionada por el Congreso -con amplia mayoría en ambas cámaras-, y validada en su constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Era y es cuestión de voluntad política, y la decisión de no hacerlo, se inscribe dentro de una política de búsqueda de consensos con quienes adversan con el gobierno, e incluso trabajan a diario para erosionarlo en su legitimidad. De los resultados -fracasados, desastrosos- de esa política hemos escrito muchas veces acá; y de esa misma línea política surge la decisión de seguir subsidiando generosamente con pauta publicitaria oficial a quienes sabotean al gobierno, y cualquier política pública que no comulgue con sus intereses, campaña de vacunación incluida.

Pero durante el gobierno de Macri Clarín no obtuvo solo el beneficio de que le destrozaran la LSCA que lo perjudicaba, sino que consiguió la tan ansiada fusión entre Cablevisión y Telecom, que le permitió reforzar y consolidar aun más -si fuera posible- su posición dominante en el mercado de las comunicaciones y los medios audiovisuales.

En cualquier país de los que nuestra derecha considera "serios" o un ejemplo a seguir, eso sería considerado incluso contra las reglas básicas del capitalismo, en tanto significa minimizar a en algunos casos suprimir la competencia, en perjuicio de los consumidores. Pero el gobierno de Macri -hechura de Magnetto y Clarín, al fin y al cabo- aprobó la fusión, sin mayores objeciones.

Eso incluso aunque era un claro ejemplo de concentración económica, distorsión de la competencia y abuso de posición dominante sea en los términos de la Ley 25156 de defensa de la competencia, o de la Ley 27442 que se dictó para reemplazarla en 2018, a instancias de un proyecto promovido por los propios legisladores de "Cambiemos": una vez más, el grupo Clarín se colocó por encima de las leyes que rigen para el resto de los argentinos.

Sin embargo, la fusión -que de hecho viene operando desde que ambas empresas, Telecom y Cablevisión, la resolvieron- aun no está perfeccionada legalmente: tal como cuenta acá Ari Lijalad en El Destape, en una causa judicial en trámite promovida por los trabajadores de Telecom se solicita que se expida al respecto la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que es la autoridad de aplicación de las Leyes 25156 y 27442 antes citadas.

El organismo depende de la Secretaría de Comercio Interior que hoy conduce Roberto Feletti, al que le cayó esta brasa ardiendo, tal como le tiraron en su momento los aumentos de precios en los alimentos y medicamentos. Pero está claro que el volumen del asunto lo excede, y requeriría de una definición política del gobierno en su conjunto: tumbarle a Clarín esta fusión representaría hoy un golpe mortal a sus intereses, mucho mayor incluso del que pudo representar en su momento la ley de medios.

Tal como están las cosas, nada indica que eso vaya a suceder, y lo más probable es que todo siga igual, aun cuando, como se dijo, la fusión debería ser rechazada y darse marcha atrás en ella, por no ajustarse a las normas vigentes. 

Por supuesto que de ser así, después no vale quejarse por sus consecuencias: que Clarín, que es un enemigo no ya de éste gobierno sino de la democracia -una pistola armada apuntada a su cabeza, como bien lo definió Luis D'Elía- disponga de todo su poder de fuego mediático para bombardearte durante las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo que reste del mandato de Alberto Fernández.   

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miércoles, 11 de agosto de 2021

YA PASÓ, ALBERTO

 

El lunes en el acto donde anunció el lanzamiento del Plan Argentina Programa Alberto hizo el anuncio que marca el tuit de apertura, con el cual no podemos estar más de acuerdo: en los tiempos que corren Internet es (se lo declare así o no) un servicio público, que debe ser regulado por los Estados, para garantizar su accesibilidad universal, o lo más amplia posible.

La pandemia no ha hecho sino agudizar la criticidad de la conectividad digital, y en consecuencia la necesidad de regulaciones estatales al respecto; para promover y garantizar inversiones, disponibilidad y tarifas razonables. El tema es que el presidente ya hizo lo que dijo el lunes que iba a hacer, concretamente en agosto del año pasado, mediante el DNU 690 (completo acá).  

Lo que hizo el decreto fue retomar el texto de la Ley 27078 de "Argentina Digital" aprobado durante el gobierno de Cristina, que fuera mutilado por Macri a poco de asumir por el DNU 267/15, al igual que la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. E incluso avanzar sobre ella, en lo referente precisamente a Internet.

La norma fue analizada en su momento en detalle acá, y decíamos entonces: "Conceptuar una determinada actividad como servicio público supone someterla a una regulación estatal más intensa, dejando librado menos espacio al mercado: por eso el DNU define que las tarifas por esos servicios deberán ser autorizadas por el ENACOM, y que debe establecerse un servicio básico común del que ningún usuario puede ser privado. Hay por supuesto muchas otras consecuencias posibles derivadas de una regulación más intensa, como los planes de inversiones para mejorar los servicios, o la misma propiedad de las empresas prestatarias (por ejemplo las transferencias accionarias de ellas).".

Recordemos que éste mismo gobierno -más precisamente el presidente- anunciaron que no iban a insistir en la ley de medios aprobada durante el gobierno de Cristina (con lo cual, por ejemplo, Clarín sostiene su posición dominante en el mercado de las comunicaciones audiovisuales), así como tampoco ha avanzado en cuestionar la fusión entre Cablevisión y Telecom, que le permitió reforzar esa posición dominante (de la que también goza en materia de provisión de servicios de Internet), e incluso extenderse al campo de la telefonía celular, donde compite con otros jugadores de peso.

El DNU fue incluso ratificado por el Senado de la Nación en el marco del procedimiento establecido por la Ley 26122, con lo cual tiene fuerza de ley. Y sin embargo no se cumple: como no podía ser de otro modo, la justicia en lo contencioso administrativo federal de la Capital hizo lugar a un recurso de Telecom, y la causa escaló hasta la Corte Suprema, donde está prudentemente cajoneada por los chantas supremos, entre ellos el abogado de Clarín, Rosenkratz. También un juez federal de Córdoba (de donde si no) dictó una medida similar.

Es decir entonces que el presidente ya hizo lo que dijo que va a hacer, y ya se produjo lo que vaticina que se podría producir: se enojaron los que se tenían que enojar (los que tienen intereses creados en que no se regule, específicamente Clarín), y lograron su propósito: tumbar el decreto.

De modo que la cuestión ya está planteada como lo que fue desde el principio: una puja de poder, para ver quien manda, si las instituciones de la democracia que vota el pueblo, o los poderes corporativos a los que no elige nadie. Los mismos poderes que -por ejemplo- se han pasado por donde no les da el sol las disposiciones del propio presidente o del ENACOM congelaban tarifas, les ponían un tope a los aumentos que podían fijar las compañías, o las mandaban a devolver lo cobrado de más.

Como dijo alguna vez uno que de esto entendía, "mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar". Tuit relacionado: 

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jueves, 4 de marzo de 2021

PASANDO EN LIMPIO

 


Sobre el discurso del presidente el lunes en el Congreso ya se hizo acá el análisis en ésta entrada.  Se dijo entonces que en el discurso "...hubo más definiciones conceptuales, que anuncios concretos de medidas futuras, en lo que al Poder Ejecutivo le toca: en buena medida repartió tareas y responsabilidades en el Congreso y la justicia, más que especificar las que hará en su área de incumbencia.".

A tres días vista del discurso, estamos enredando discutiendo con el macrismo las razones y el destino del mega-endeudamiento contraído con el FMI, la querella prometida no apareció y su destino final es azaroso, en tanto debe discurrir por los tribunales, un territorio reconocido como árido para el gobierno, por el propio presidente en ese mismo discurso. La discusión en la que quedamos encerrados es mucho menos relevante que discutir y definir -por ejemplo- quien va a pagar la deuda que se señala -correctamente- contraída en condiciones irregulares. 

Y la misma oposición que se rasga las vestiduras diciendo que el préstamo del FMI no fue fraudulento ni destinado a financiar la reelección de Macri y la fuga ordenada de capitales golondrinas y locales en el colapso final del macrismo, aportó sus votos para sancionar la "ley de sustentabilidad de la deuda pública" publicada ayer mismo en el Boletín Oficial; cuyos principios rectores se dan de patadas precisamente con ese préstamo que entonces contrajeron y hoy defienden, y con las condiciones en las que lo aprobaron. 

Moraleja: desconfiemos de esos "acuerdos amplios" y "consensos extendidos" cuando hay actores que no están realmente dispuestos a cumplirlos. Menos cuando no son sancionados social o políticamente por ello: hace más de cinco años, en los albores del macrismo y tratando de entender las razones de la derrota en el balotaje del 2015,  decíamos acá que el kirchnerismo nunca había logrado que el grueso de la sociedad entendiera la importancia crucial de que el país se desendeudara, y cortara el círculo vicioso de la deuda. 

De los "controles cruzados" al Poder Judicial que reclamó el presidente al Congreso, que decir. Que se reducirían a una comisión bicameral a la que la propia ministra de Justicia salió de inmediato a bajarle el precio, creyendo que así calma a las almas bellas republicanas indignadas por una supuesta cacerìa de brujas. Con el mismo tono de impotencia política autoinflingida, el ministro de Transporte defiende la peregrina tesis de que el Estado carece de capacidad operativa para dragar por sí la hidrovía, y en consecuencia no le queda más remedio que volver a privatizar esa tarea.

En el discurso del presidente se hizo una mención tangencial a los aumentos de precios de los alimentos, señalando que el gobierno apelaba al diálogo, pero  no renunciaba a ejercer sus facultades legales para encauzar el problema. Hasta acá lo que hubo fue diálogo, y más aumentos. 

No se hizo la más mínima mención -en cambio- a la rebeldía del Grupo Clarín a cumplir con las leyes de la democracia, por ejemplo a la hora de cobrarles a sus clientes las facturas de los servicios que presta a sus clientes a través de sus empresas que operan en el mercado de las TIC's. Lo que sí hubo después -publicada también ayer en el Boletín Oficial-  fue una resolución del ENACOM fijando el régimen de sanciones por infracciones a la Ley 27078, que pueden llegar hasta la pérdida de la licencia. Si bien se lo celebra desde acá, está claro que no puede ser retroactivo, de modo que solo rige hacia el futuro: es como si el Estado le estuviera diciendo a Clarín "por ésta vez se las dejamos pasar, pero ojo con lo que hacen de ahora en adelante".

Finalmente, de la anunciada "despolitización del Consejo de la Magistratura" sabemos que consistiría -a propuesta del "consejo de expertos" convocado por el gobierno para la reforma judicial- en aumentar sus miembros de 13 a 16, reduciendo a 4 los representantes de los poderes políticos elegidos por la voluntad popular. Es decir, aumentando el peso específico y la influencia de las corporaciones judicial, curialesca y académica.

No obstante lo señalado, los anuncios sirvieron para que la oposición hable de tendencias dictatoriales. desbordes autoritarios y tentaciones hegemónicas, por ideas que van en sentido contrario, y están muy lejos de plasmarse en algo concreto. Se corrió así el eje del debate político de los asuntos económicos y sociales, a las vaporosas cuestiones institucionales, muy ajenas a la preocupación del hombre promedio.

Si el gobierno buscó deliberadamente eso con los anuncios del discurso presidencial, implica que no quiere discutir sobre "la víscera más sensible", y eso no puede significar buenas noticias en un año electoral. Por caso, del proyecto "desdolarizador" de las tarifas no tenemos noticias ni detalles, pero sí sabemos que las tarifas serán descongeladas y aumentarán, como los alquileres.

Cuando de un discurso no se siguen hechos concretos, se pueden interpretar muchas cosas. Como por ejemplo que la idea es instalar determinados temas, o seducir a determinados auditorios, a falta de cosas concretas para mostrar. No sea cosa que en el gobierno crean que al voto propio (a ese 48 % que lo acompañó en el 2019) le alcanza con formulaciones discursivas, más si hacen enojar a la vereda opuesta, aunque luego no se llegue a nada. Sería un grave error.

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martes, 23 de febrero de 2021

LA REPÚBLICA CLARÍN

 


Cuando el grupo Clarín a través de su controlada Telecom desafió las disposiciones del gobierno limitando a un 5 % el aumento de los servicios TIC's y de telefonía celular a partir de enero fijados por el ENACOM, decíamos nosotros en ésta entrada  que "Pero del mismo modo que la ley de medios no fue una disputa por "la democratización de la palabra" (o al menos, no sólo ni principalmente eso) sino un conflicto entre el poder político y las corporaciones económicas, en todos esos casos la disputa es la misma: el Estado intentando regular para componer intereses y compensar diferencias, injusticias o desigualdades, y el poder económico tratando de imponer la ley de la selva del mercado, y maximizar ganancias, a como dé lugar.

De modo que la pelea por hacerle cumplir a Clarín el DNU 690 y la Resolución 1466 dictada en su consecuencia va mucho más allá del caso en sí, y no se resuelve llamando a que los usuarios "hagan valer sus derechos como consumidores", del mismo que la suba descontrolada del precio de los alimentos no se resuelve con un boicot de los consumidores: son problemas que remiten a una discusión profunda sobre el sentido y los alcances de la democracia, y la cuestión del poder; y así deben abordarse.".

El sábado pasado hubo una edición especial de Boletín Oficial, que todos suponíamos motivada por la necesidad de publicar la aceptación de la renuncia de Ginés, y la designación de Carla Vizzotti en su reemplazo en el Ministerio de Salud. Sin, embargo, se publicaron otras cosas, como la Resolución 203/21 del ENACOM, por la cual se autoriza un aumento de los precios de los servicios de telefonía celular por "Considerar que la adecuación de precios minoristas de hasta un siete y medio por ciento (7,5%) para el mes de febrero de 2021 y de hasta el dos y medio por ciento (2,5%) a partir del 1 de marzo propuesto por las Licenciatarias de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) para sus clientes actuales, cumple con la regla de razonabilidad establecida por el artículo 48 de la Ley 27.078.".

En el artículo 3 de la resolución se establece que únicamente podrán aplicar los incrementos autorizados aquellas licenciatarias que hubieran cumplido con los porcentajes determinados en el artículo 1° de la Resolución ENACOM 1466/2020 o, en su defecto, que se hubieran comprometido expresamente ante el ENACOM a la devolución inmediata de los importes facturados en exceso y así lo acrediten en la facturación del mes de marzo. Por tal razón, Telecom (la prestadora de esos servicios controlada por el Grupo Clarín) quedó afuera del aumento.

Tal como se señala en los  considerandos, ello es así en tanto la empresa no cumplió con la Resolución 1466/20 del propio ENACOM que fijaba un tope de aumento para enero del 5 %, y ordenaba a las empresas que hubieran fijado incrementos mayores, a devolver la diferencia a sus abonados, en facturaciones sucesivas. Telecom, como se sabe, no cumplió ninguna de las dos cosas: aumentó sus precios por encima de lo autorizado, y se negó y se niega a devolver la diferencia.

Ello no obstante haber sido apercibida por el ENACOM de aplicarle las sanciones que establece la Ley 27078, amparándose en que no está obligada a cumplir con lo dispuesto en el DNU 690/20 que congeló las tarifas ni en la Resolución ENACOM 1466/2020 por cuanto la ejecución y efectos del decreto y la resolución han sido suspendidos por una medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Córdoba, en un causa promovida por otra empresa; medida apelada por el Estado nacional. 

Es decir, la República Clarín sigue rigiéndose por sus propias leyes, que no son las del Estado argentino, las que desconoce olímpicamente. Pese a la premura por publicar un sábado la autorización del aumento para las demás compañías, nada dice la resolución de como sigue la cosa con Telecom, es decir, hasta cuando van a esperar para sancionarla, y si las sanciones pueden llegar eventualmente a quitarle la licencia.

Pero que el árbol no nos tape el bosque: para todas las demás compañías de telefonía celular que sí acataron las normas dictadas por el gobierno, se autorizó un aumento del 10 % en dos tramos para febrero y marzo, apenas después de que se dijera que para enero era un 5 %; y el problema es que a ciencia cierta, no sabemos bien por qué, no al menos leyendo la resolución. 

En efecto, más allá de que en ella se hace mención a que los porcentajes de aumento que las empresas pidieron y el gobierno concedió cumplen con la regla de razonabilidad que establece el artículo 48 de la Ley 27078 conforme a los estudios realizados por el ENACOM (a los que menciona solo genéricamente), solo se dice genéricamente "Que todos los precios minoristas de servicios regulados en la reciente reglamentación persiguen la menor afectación en los ingresos de la población, junto con razonables márgenes de ganancia para las empresas prestadoras, fomentando un escenario en el que se pretende estimular la competencia por precios libres, pero sin sustraerse del marco de emergencia sanitaria ampliada por DNU 260/2020; pues la República Argentina, al igual que el mundo entero, se enfrenta a incalculables consecuencias derivadas de la pandemia que se encuentra atravesando por la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 -que provoca la enfermedad del COVID-19-; y cuya inadvertencia es inexcusable." (las negritas son nuestras) 

Es decir, la curiosa línea argumental usada por el organismo regulador para autorizar los aumentos no tiene que ver con la evolución de los costos de prestación de los servicios, ni con las utilidades que las empresas obtuvieron durante la pandemia (que se incrementaron precisamente por eso), que por el contrario, les juega a favor: según dicen los fundamentos de la propia resolución, "...en atención a la coyuntura que atraviesa nuestro país, han sido particularmente estudiadas las propuestas efectuadas por los prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM), pues se los reconoce como actores esenciales e inevitables protagonistas del sostenimiento y fortalecimiento en la prestación de esos servicios que, por su importancia y reconociendo la mayor penetración desde hace años entre los Servicios de TIC, adquieren la mayor relevancia entre sus usuarios y usuarias pues, en muchos casos, sólo a través de ellos les es posible el acceso a la comunicación y la conectividad.".

Y agrega: "Que el Servicio de Internet al que una ingente cantidad de usuarios y usuarias acceden a través de las prestaciones del Servicio de Comunicaciones Móviles (SCM) es indispensable e insustituible y su contenido debe ser mantenido indefectiblemente en orden a salvaguardar los derechos fundamentales en juego, máxime a partir del paroxismo que la pandemia sobre el SARS-CoV-2 y la enfermedad del COVID-19 acarrea en el mundo entero, y sus inabordables consecuencias socioeconómicas a nivel global y nacional.".

Es decir: nadie duda que en pandemia la telefonía celular se vuelve más necesaria, casi indispensable. El asunto es que precisamente por eso las empresas vieron incrementadas su facturación y en consecuencia sus ganancias. Y justamente para garantizar la accesibilidad, se dictaron normas disponiendo el congelamiento de las tarifas, en un contexto general de caída de la actividad económica.

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jueves, 28 de enero de 2021

CASO TESTIGO

 


Cuando Cristina envió al Congreso lo que luego de un amplio debate sería la ley de medios, dijo con visión profética que se trataba de una prueba ácida para las instituciones de la democracia: ver cuanto eran capaces de avanzar profundizando esa democracia, cuando ese avance supone -siempre lo supone- recortar privilegios o tocar intereses poderosos.

Y no se equivocó: si bien la ley logró sortear airosa la discusión y aprobación en el Congreso, estuvo luego cuatro años durmiendo en los cajones de distintos juzgados frenada por un festival de cautelares, hasta que la Corte la declaró constitucional, para luego frenar su lógica consecuencia: los planes de adecuación forzada a las cláusulas desmonopolizadoras, por parte de los grupos de multimedios (el principal, Clarín) que debían desinvertir desprendiéndose de licencias.

Lograron así ambos (el poder económico, en éste caso Clarín, y sus ramificaciones en el Poder Judicial) estirar el status quo hasta que llegara un gobierno más afín (el de Macri), que de un DNU borró de un plumazo las cláusulas irritativas de la ley, y volvió letra muerta el resto de sus artículos. En palabras de Cristina, prueba ácida no superada: la democracia -o al menos parte sustancial de las fuerzas políticas que compiten en su marco- no pudo o no quiso avanzar sobre los intereses de importantes grupos económicos.

Alberto Fernández -que ya no estaba en el gobierno y casi ni en el kirchnerismo cuando se impulsó la ley- llegó a la presidencia con ese estado de cosas, y no sólo no ha dado muestras de avanzar para reponer el texto original de la ley (para lo cual bastaría un DNU como el 267/15 de Macri que la mutiló), sino que dijo explícitamente que era un debate que no le interesaba dar, y un tema en el que no tenía interés en insistir. 

Dijo sí, que si algún valor tenía la ley era haber mostrado el rol político que juegan los medios: precisamente eso mismo fue lo que Cristina intentó poner de manifiesto cuando hablaba de la "prueba ácida", y cuando en el mismo momento convocó -en vano- a las fuerzas políticas de la oposición a sumarse a la cruzada democratizadora de la comunicación audiovisual. Claro que uno y otro extrajeron enseñanza diferentes de su comprobación sobre el rol político de los medios: mientras Cristina siempre tuvo claro que son solo la punta del iceberg del poder económico que siempre prefiere quedar oculto bajo la superficie, Alberto supone que se puede negociar con ellos, si no se les hostilizan sus negocios.

Así que no solo no hubo el menor intento de reimplantar la ley de medios, sino que tampoco ningún organismo oficial competente (Defensa de la Competencia, el ENACOM) ensayó el más mínimo curso de acción tendiente a revisar la fusión entre Cablevisión y Telecom, que profundizó aun más la posición dominante que el Grupo Clarín tiene en todos los mercados de bienes y servicios en los que participa. Grupo Clarín cuyos medios, además, siguen recibiendo generosamente pauta oficial del gobierno nacional, aunque lo masacren a diario con sus líneas editoriales, operaciones de toda índole y "fake news" a granel.

En ese estado de las cosas, Alberto dictó el DNU 690, por el cual declaró "servicios públicos" a la telefonía celular, los servicios de Internet y la televisión por cable, como consecuencia de lo cual pasaron a estar sujetos a una regulación más intensa por parte del Estado, y sus tarifas deben ser aprobadas por el gobierno. En consonancia con ello, el ENACOM dictó la Resolución 1466, que autorizó a las empresas a aplicar a partir del 1º de enero un aumento del 5 %, sobre las tarifas anteriormente vigentes.

El Grupo Clarín -como es su práctica habitual- se pasó las regulaciones oficiales por donde no les da el so, y envió facturas con aumentos del 20 %, y hasta acá ha desoído las intimaciones del organismo de control para volver a facturar, o reintegrar a sus abonados lo pagado de más. Todo indica que se abre una disputa judicial para que el Estado haga cumplir sus normas, de azaroso rumbo en los tribunales que supimos conseguir.

Por supuesto que hoy el gobierno tiene otras cosas mucho más urgentes de las que ocuparse antes que el precio del celular, el cable o internet: los precios de la comida, la liquidación de las divisas provenientes de las exportaciones, las maniobras de los bancos para seguir presionando sobre el tipo de cambio o sortear los controles de capitales, que se cumplan los DNU que prohíben los despidos o fijan doble indemnización. 

Pero del mismo modo que la ley de medios no fue una disputa por "la democratización de la palabra" (o al menos, no sólo ni principalmente eso) sino un conflicto entre el poder político y las corporaciones económicas, en todos esos casos la disputa es la misma: el Estado intentando regular para componer intereses y compensar diferencias, injusticias o desigualdades, y el poder económico tratando de imponer la ley de la selva del mercado, y maximizar ganancias, a como dé lugar.

De modo que la pelea por hacerle cumplir a Clarín el DNU 690 y la Resolución 1466 dictada en su consecuencia va mucho más allá del caso en sí, y no se resuelve llamando a que los usuarios "hagan valer sus derechos como consumidores", del mismo que la suba descontrolada del precio de los alimentos no se resuelve con un boicot de los consumidores: son problemas que remiten a una discusión profunda sobre el sentido y los alcances de la democracia, y la cuestión del poder; y así deben abordarse.

Como los aborda Clarín, sin ir más lejos: mostrando desafiante su poder crudo y duro para ver como responde el gobierno, y dándole una señal a los poderosos intereses que amalgama y conduce en la AEA respecto a cuanto pueden tensionar su relación con el gobierno, en defensa de sus intereses. Y si en el gobierno no lo entienden así, estamos ante un problema mucho más grave que facturas de servicios que deben ser reformuladas.

Cuando se dictó el DNU 690, dijimos acá: "Pero más importantes que todo eso, son las consecuencias políticas del DNU: aunque el presidente se esfuerce en decir que él no está en guerra con nadie, hay muchos que están en guerra con él y con su gobierno, desde el primer día; como el Grupo Clarín. Y si toma medidas que toquen su víscera más sensible, que es el bolsillo, la guerra tenderá a intensificarse, y tendrá que estar preparado para eso. ". En ese preciso punto estamos, y frente a un caso testigo de un problema mucho mayor.

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lunes, 25 de enero de 2021

CRÍTICAS Y CRÍTICOS

 

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jueves, 14 de enero de 2021

10 CERTEZAS Y 1 DUDA

 


Certeza 1: Lo más poderoso y concentrado del empresariado argentino, nucleado en sellos como la AEA o el Foro de Convergencia Empresarial no solo no está dispuesto a consensuar ninguna política con el gobierno, sino que ha asumido una actitud francamente hostil hacia él: ha cuestionado explícitamente casi todas y cada una de sus medidas, no ensayó la más mínima autocrítica respecto a su respaldo rotundo al macrismo y lejos de ello, sigue reclamando hoy aplicar las políticas que fracasaron rotundamente entonces hoy, y cada vez que se ensayaron.

Certeza 2: Además opera hacia el interior de la coalición oficialista para desprender a Cristina de Alberto -con la anuencia o vista gorda de algunos dentro del propio gobierno-, mediante el recurso de anatemizar como "kirchnerista" cualquier iniciativa o idea que afecta sus intereses, para forzar al presidente a retroceder si la ha tomado, o a desistir de hacerlo si aun no lo ha hecho; o a salir a desmentir que no piensa hacerlo: expropiación de Vicentín, supuesta estatización del sistema de salud, ley de medios, etc.

Certeza 3: el campo privilegiado se encuentra otra vez, como en el 2008, frente a una coyuntura alcista de los commodities que espera capitalizar reteniendo para sí todas las ganancias posibles, en un contexto de dificultades en el comercio mundial por la pandemia, pero que impacta menos en las transacciones de alimentos. Por eso brega por la reducción de retenciones y la eliminación de cualquier regulación a restricción del comercio exterior, con todos los medios a su alcance. Y todos son, literalmente, todos.

Certeza $: ambos sectores precedentemente mencionados (que en realidad son uno) abogan por la más completa y absoluta libertad de precios, y al mismo tiempo por acelerar la devaluación del peso, con la excusa de que la inflación -que generan ellos- carcome su "competitividad" (léase tasa de ganancia). El 2021 será otro año de intentos de tensionar el mercado cambiario, reteniendo divisas y reclamando eliminación o flexibilización de los controles cambiarios, y al movimiento de capitales.

Certeza 5: el FMI "bueno" puede que suavice sus modales, pero sigue siendo siempre el mismo, y le debemos un montón de plata. Es difícil creer que, a la hora de renegociar los vencimientos del mega préstamos que le hicieron a Macri, no insistan con las famosas "reformas estructurales" (¿laboral, previsional, impositiva?) 

Certeza 6: los medios hegemónicos (Clarín, La Nación, Infobae) seguirán en guerra abierta, sistemática y declarada contra el gobierno, disparándole fuego graneado todos los días. Para ello no se detienen ni se detendrán ni siquiera ante la pandemia y sus consecuencias, o el plan de vacunación, en una conducta rayana en lo criminal, y claramente atentatoria contra la salud pública. Son el mascarón de proa visible del poder económico, y cumplen la función de "intelectualidad orgánica" de la oposición, y en función de eso actúan.

Certeza 7: la oposición institucional mayoritaria nucleada en "Juntos por el Cambio" sigue en las mismas coordenadas ideológicas y premisas del 2003 a la fecha, las que antes sostuvieron por su lado y en conjunto la Coalición Cívica, la UCR y el PRO, y las que tradujeron en su gobierno de 2015-2019, del que por cierto no han hecho tampoco la más mínima autocrítica. De la UCR esperamos aun hoy la autocrítica del gobierno de De La Rúa, así que imaginemos el resto.

Certeza 8: se opusieron sistemáticamente a todas las iniciativas del gobierno, y lo seguirán haciendo, como un reflejo automático: días pasados sacaron un comunicado rechazando un "toque de queda" que nadie había dispuesto, y que finalmente nadie terminó disponiendo. Criticaron la vacuna, y la presunta -luego desmentida- decisión de darle una sola dosis a más población, y así todo el tiempo. No hay allí nada siquiera parecido a una "oposición razonable" con la que soñaron el presidente y el gobierno, y en los temas centrales están todos de acuerdo, sin disidencias relevantes. Tampoco hay en consecuencia la más mínima posibilidad de consensuar nada con ellos a menos que -como ocurre con el empresariado más poderoso- se haga exacta y precisamente lo que ellos quieran.   

Certeza 9: El Poder Judicial federal en su conjunto, con la Corte Suprema y los jueces de Comodoro Py a la cabeza, seguirán defendiendo con uñas y dientes sus propios privilegios, los de los sectores más privilegiados, en especial del poder económico; y el mecanismo del "lawfare" con el que disciplinan y amenazan a la clase política en su conjunto, en especial a los que de ella se atrevan a avanzar en determinadas cuestiones. Poseen la llave para validar o no cualquier política gubernamental (desde el impuesto a las grandes fortunas a la revisión de las tarifas) y han dado sobradas muestras de que la utilizarán, sin contemplaciones ni pruritos.

Certeza 10: En las elecciones de éste año se plebiscitará la gestión de gobierno, y el reparto del poder político e institucional para el segundo tramo del mandato de Alberto Fernández. Para que el oficialismo obtenga buenos resultados que lo revalidan y fortalezcan, es crucial que la economía se recupere, que esa recuperación sea sostenida y que se note en los bolsillos de los sectores de ingresos fijos, y en su nivel de vida. Para eso y como lo marcó Cristina en La Plata, hay un solo camino: alinear precios, tarifas, salarios y jubilaciones, para que los dos últimos recuperen aunque sea en parte el poder adquisitivo perdido durante el macrismo y el año pasado.

Duda 1: Son varias, pero en realidad las podemos resumir en una sola: qué pensamos hacer nosotros, desde el gobierno, al respecto, con cada una de esas certezas.

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