LA FRASE

"EL FLIPPER DE "LOS LOCOS ADDAMS" ME LO COMPRÉ PARA ENTRENARME PARA LAS REUNIONES DE LA MESA POLÍTICA." (MANUEL ADORNI)
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viernes, 12 de noviembre de 2021

UNA BALA DE PLATA QUE NO VAMOS A USAR

 

Alberto Fernández siempre se manifestó contrario a dictar una ley de medios para limitar los abusos de posición dominante en el mercado de las comunicaciones audiovisuales, cuando era Jefe de Gabinete de Néstor y Cristina, luego cuando se fue del kirchnerismo; y también después, cuando fue candidato y más tarde presidente electo y en funciones.

De allí que no sorprenda que aun hoy siga vigente el DNU 267/15 de Macri, que mutilara las cláusulas de la Ley 26522 que se aprobó durante el gobierno de Cristina, que resultaban más irritativas para los intereses de los grupos mediáticos hegemónicos, en especial Clarín: no es una cuestión de complejidad técnica o jurídica, pues bastaba con dictar otro decreto para reponer el texto original de la ley tal cual fue sancionada por el Congreso -con amplia mayoría en ambas cámaras-, y validada en su constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Era y es cuestión de voluntad política, y la decisión de no hacerlo, se inscribe dentro de una política de búsqueda de consensos con quienes adversan con el gobierno, e incluso trabajan a diario para erosionarlo en su legitimidad. De los resultados -fracasados, desastrosos- de esa política hemos escrito muchas veces acá; y de esa misma línea política surge la decisión de seguir subsidiando generosamente con pauta publicitaria oficial a quienes sabotean al gobierno, y cualquier política pública que no comulgue con sus intereses, campaña de vacunación incluida.

Pero durante el gobierno de Macri Clarín no obtuvo solo el beneficio de que le destrozaran la LSCA que lo perjudicaba, sino que consiguió la tan ansiada fusión entre Cablevisión y Telecom, que le permitió reforzar y consolidar aun más -si fuera posible- su posición dominante en el mercado de las comunicaciones y los medios audiovisuales.

En cualquier país de los que nuestra derecha considera "serios" o un ejemplo a seguir, eso sería considerado incluso contra las reglas básicas del capitalismo, en tanto significa minimizar a en algunos casos suprimir la competencia, en perjuicio de los consumidores. Pero el gobierno de Macri -hechura de Magnetto y Clarín, al fin y al cabo- aprobó la fusión, sin mayores objeciones.

Eso incluso aunque era un claro ejemplo de concentración económica, distorsión de la competencia y abuso de posición dominante sea en los términos de la Ley 25156 de defensa de la competencia, o de la Ley 27442 que se dictó para reemplazarla en 2018, a instancias de un proyecto promovido por los propios legisladores de "Cambiemos": una vez más, el grupo Clarín se colocó por encima de las leyes que rigen para el resto de los argentinos.

Sin embargo, la fusión -que de hecho viene operando desde que ambas empresas, Telecom y Cablevisión, la resolvieron- aun no está perfeccionada legalmente: tal como cuenta acá Ari Lijalad en El Destape, en una causa judicial en trámite promovida por los trabajadores de Telecom se solicita que se expida al respecto la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que es la autoridad de aplicación de las Leyes 25156 y 27442 antes citadas.

El organismo depende de la Secretaría de Comercio Interior que hoy conduce Roberto Feletti, al que le cayó esta brasa ardiendo, tal como le tiraron en su momento los aumentos de precios en los alimentos y medicamentos. Pero está claro que el volumen del asunto lo excede, y requeriría de una definición política del gobierno en su conjunto: tumbarle a Clarín esta fusión representaría hoy un golpe mortal a sus intereses, mucho mayor incluso del que pudo representar en su momento la ley de medios.

Tal como están las cosas, nada indica que eso vaya a suceder, y lo más probable es que todo siga igual, aun cuando, como se dijo, la fusión debería ser rechazada y darse marcha atrás en ella, por no ajustarse a las normas vigentes. 

Por supuesto que de ser así, después no vale quejarse por sus consecuencias: que Clarín, que es un enemigo no ya de éste gobierno sino de la democracia -una pistola armada apuntada a su cabeza, como bien lo definió Luis D'Elía- disponga de todo su poder de fuego mediático para bombardearte durante las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo que reste del mandato de Alberto Fernández.   

miércoles, 11 de agosto de 2021

YA PASÓ, ALBERTO

 

El lunes en el acto donde anunció el lanzamiento del Plan Argentina Programa Alberto hizo el anuncio que marca el tuit de apertura, con el cual no podemos estar más de acuerdo: en los tiempos que corren Internet es (se lo declare así o no) un servicio público, que debe ser regulado por los Estados, para garantizar su accesibilidad universal, o lo más amplia posible.

La pandemia no ha hecho sino agudizar la criticidad de la conectividad digital, y en consecuencia la necesidad de regulaciones estatales al respecto; para promover y garantizar inversiones, disponibilidad y tarifas razonables. El tema es que el presidente ya hizo lo que dijo el lunes que iba a hacer, concretamente en agosto del año pasado, mediante el DNU 690 (completo acá).  

Lo que hizo el decreto fue retomar el texto de la Ley 27078 de "Argentina Digital" aprobado durante el gobierno de Cristina, que fuera mutilado por Macri a poco de asumir por el DNU 267/15, al igual que la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. E incluso avanzar sobre ella, en lo referente precisamente a Internet.

La norma fue analizada en su momento en detalle acá, y decíamos entonces: "Conceptuar una determinada actividad como servicio público supone someterla a una regulación estatal más intensa, dejando librado menos espacio al mercado: por eso el DNU define que las tarifas por esos servicios deberán ser autorizadas por el ENACOM, y que debe establecerse un servicio básico común del que ningún usuario puede ser privado. Hay por supuesto muchas otras consecuencias posibles derivadas de una regulación más intensa, como los planes de inversiones para mejorar los servicios, o la misma propiedad de las empresas prestatarias (por ejemplo las transferencias accionarias de ellas).".

Recordemos que éste mismo gobierno -más precisamente el presidente- anunciaron que no iban a insistir en la ley de medios aprobada durante el gobierno de Cristina (con lo cual, por ejemplo, Clarín sostiene su posición dominante en el mercado de las comunicaciones audiovisuales), así como tampoco ha avanzado en cuestionar la fusión entre Cablevisión y Telecom, que le permitió reforzar esa posición dominante (de la que también goza en materia de provisión de servicios de Internet), e incluso extenderse al campo de la telefonía celular, donde compite con otros jugadores de peso.

El DNU fue incluso ratificado por el Senado de la Nación en el marco del procedimiento establecido por la Ley 26122, con lo cual tiene fuerza de ley. Y sin embargo no se cumple: como no podía ser de otro modo, la justicia en lo contencioso administrativo federal de la Capital hizo lugar a un recurso de Telecom, y la causa escaló hasta la Corte Suprema, donde está prudentemente cajoneada por los chantas supremos, entre ellos el abogado de Clarín, Rosenkratz. También un juez federal de Córdoba (de donde si no) dictó una medida similar.

Es decir entonces que el presidente ya hizo lo que dijo que va a hacer, y ya se produjo lo que vaticina que se podría producir: se enojaron los que se tenían que enojar (los que tienen intereses creados en que no se regule, específicamente Clarín), y lograron su propósito: tumbar el decreto.

De modo que la cuestión ya está planteada como lo que fue desde el principio: una puja de poder, para ver quien manda, si las instituciones de la democracia que vota el pueblo, o los poderes corporativos a los que no elige nadie. Los mismos poderes que -por ejemplo- se han pasado por donde no les da el sol las disposiciones del propio presidente o del ENACOM congelaban tarifas, les ponían un tope a los aumentos que podían fijar las compañías, o las mandaban a devolver lo cobrado de más.

Como dijo alguna vez uno que de esto entendía, "mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar". Tuit relacionado: 

martes, 23 de febrero de 2021

LA REPÚBLICA CLARÍN

 


Cuando el grupo Clarín a través de su controlada Telecom desafió las disposiciones del gobierno limitando a un 5 % el aumento de los servicios TIC's y de telefonía celular a partir de enero fijados por el ENACOM, decíamos nosotros en ésta entrada  que "Pero del mismo modo que la ley de medios no fue una disputa por "la democratización de la palabra" (o al menos, no sólo ni principalmente eso) sino un conflicto entre el poder político y las corporaciones económicas, en todos esos casos la disputa es la misma: el Estado intentando regular para componer intereses y compensar diferencias, injusticias o desigualdades, y el poder económico tratando de imponer la ley de la selva del mercado, y maximizar ganancias, a como dé lugar.

De modo que la pelea por hacerle cumplir a Clarín el DNU 690 y la Resolución 1466 dictada en su consecuencia va mucho más allá del caso en sí, y no se resuelve llamando a que los usuarios "hagan valer sus derechos como consumidores", del mismo que la suba descontrolada del precio de los alimentos no se resuelve con un boicot de los consumidores: son problemas que remiten a una discusión profunda sobre el sentido y los alcances de la democracia, y la cuestión del poder; y así deben abordarse.".

El sábado pasado hubo una edición especial de Boletín Oficial, que todos suponíamos motivada por la necesidad de publicar la aceptación de la renuncia de Ginés, y la designación de Carla Vizzotti en su reemplazo en el Ministerio de Salud. Sin, embargo, se publicaron otras cosas, como la Resolución 203/21 del ENACOM, por la cual se autoriza un aumento de los precios de los servicios de telefonía celular por "Considerar que la adecuación de precios minoristas de hasta un siete y medio por ciento (7,5%) para el mes de febrero de 2021 y de hasta el dos y medio por ciento (2,5%) a partir del 1 de marzo propuesto por las Licenciatarias de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) para sus clientes actuales, cumple con la regla de razonabilidad establecida por el artículo 48 de la Ley 27.078.".

En el artículo 3 de la resolución se establece que únicamente podrán aplicar los incrementos autorizados aquellas licenciatarias que hubieran cumplido con los porcentajes determinados en el artículo 1° de la Resolución ENACOM 1466/2020 o, en su defecto, que se hubieran comprometido expresamente ante el ENACOM a la devolución inmediata de los importes facturados en exceso y así lo acrediten en la facturación del mes de marzo. Por tal razón, Telecom (la prestadora de esos servicios controlada por el Grupo Clarín) quedó afuera del aumento.

Tal como se señala en los  considerandos, ello es así en tanto la empresa no cumplió con la Resolución 1466/20 del propio ENACOM que fijaba un tope de aumento para enero del 5 %, y ordenaba a las empresas que hubieran fijado incrementos mayores, a devolver la diferencia a sus abonados, en facturaciones sucesivas. Telecom, como se sabe, no cumplió ninguna de las dos cosas: aumentó sus precios por encima de lo autorizado, y se negó y se niega a devolver la diferencia.

Ello no obstante haber sido apercibida por el ENACOM de aplicarle las sanciones que establece la Ley 27078, amparándose en que no está obligada a cumplir con lo dispuesto en el DNU 690/20 que congeló las tarifas ni en la Resolución ENACOM 1466/2020 por cuanto la ejecución y efectos del decreto y la resolución han sido suspendidos por una medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Córdoba, en un causa promovida por otra empresa; medida apelada por el Estado nacional. 

Es decir, la República Clarín sigue rigiéndose por sus propias leyes, que no son las del Estado argentino, las que desconoce olímpicamente. Pese a la premura por publicar un sábado la autorización del aumento para las demás compañías, nada dice la resolución de como sigue la cosa con Telecom, es decir, hasta cuando van a esperar para sancionarla, y si las sanciones pueden llegar eventualmente a quitarle la licencia.

Pero que el árbol no nos tape el bosque: para todas las demás compañías de telefonía celular que sí acataron las normas dictadas por el gobierno, se autorizó un aumento del 10 % en dos tramos para febrero y marzo, apenas después de que se dijera que para enero era un 5 %; y el problema es que a ciencia cierta, no sabemos bien por qué, no al menos leyendo la resolución. 

En efecto, más allá de que en ella se hace mención a que los porcentajes de aumento que las empresas pidieron y el gobierno concedió cumplen con la regla de razonabilidad que establece el artículo 48 de la Ley 27078 conforme a los estudios realizados por el ENACOM (a los que menciona solo genéricamente), solo se dice genéricamente "Que todos los precios minoristas de servicios regulados en la reciente reglamentación persiguen la menor afectación en los ingresos de la población, junto con razonables márgenes de ganancia para las empresas prestadoras, fomentando un escenario en el que se pretende estimular la competencia por precios libres, pero sin sustraerse del marco de emergencia sanitaria ampliada por DNU 260/2020; pues la República Argentina, al igual que el mundo entero, se enfrenta a incalculables consecuencias derivadas de la pandemia que se encuentra atravesando por la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 -que provoca la enfermedad del COVID-19-; y cuya inadvertencia es inexcusable." (las negritas son nuestras) 

Es decir, la curiosa línea argumental usada por el organismo regulador para autorizar los aumentos no tiene que ver con la evolución de los costos de prestación de los servicios, ni con las utilidades que las empresas obtuvieron durante la pandemia (que se incrementaron precisamente por eso), que por el contrario, les juega a favor: según dicen los fundamentos de la propia resolución, "...en atención a la coyuntura que atraviesa nuestro país, han sido particularmente estudiadas las propuestas efectuadas por los prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM), pues se los reconoce como actores esenciales e inevitables protagonistas del sostenimiento y fortalecimiento en la prestación de esos servicios que, por su importancia y reconociendo la mayor penetración desde hace años entre los Servicios de TIC, adquieren la mayor relevancia entre sus usuarios y usuarias pues, en muchos casos, sólo a través de ellos les es posible el acceso a la comunicación y la conectividad.".

Y agrega: "Que el Servicio de Internet al que una ingente cantidad de usuarios y usuarias acceden a través de las prestaciones del Servicio de Comunicaciones Móviles (SCM) es indispensable e insustituible y su contenido debe ser mantenido indefectiblemente en orden a salvaguardar los derechos fundamentales en juego, máxime a partir del paroxismo que la pandemia sobre el SARS-CoV-2 y la enfermedad del COVID-19 acarrea en el mundo entero, y sus inabordables consecuencias socioeconómicas a nivel global y nacional.".

Es decir: nadie duda que en pandemia la telefonía celular se vuelve más necesaria, casi indispensable. El asunto es que precisamente por eso las empresas vieron incrementadas su facturación y en consecuencia sus ganancias. Y justamente para garantizar la accesibilidad, se dictaron normas disponiendo el congelamiento de las tarifas, en un contexto general de caída de la actividad económica.

viernes, 11 de septiembre de 2020

EL DIARIO DE LA MAFIA


El tuit de apertura corresponde a ésta nota de Ari Lijalad en El Destape Web, en la que cuenta que "l Gobierno anunció que va a apelar el fallo que lograron Héctor Magnetto y sus socios para evitar los controles del Estado en la fusión de Cablevisión y Telecom. Lo hará a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo encargado del fiscalizar esas operaciones al que ese fallo judicial, pretende atar de manos.

Se trata de una causa trucha armada por un accionista suelto de Cablevisión que curiosamente hizo el mismo planteo judicial que la empresa pero en otro expediente; cosa de que los jueces no tuvieran que fallar directamente ante una presentación del propio Magnetto o los directivos del hólding. Al fusionarse las empresas debían hacer una Oferta Pública de Acciones (OPA), que implica ofrecerle a todos los accionistas comprar su parte de la empresa ante el cambio en la conducción de la misma. A mediados de 2018 hicieron la OPA y ofrecieron 110 pesos por acciones que valían 145 y que hoy valen más de 400 pesos.

Como los funcionarios de línea de la CNV plantearon objeciones a ese precio bajo, Magnetto siguió una doble vía: judicializó el tema para bloquear el accionar de la CNV y logró que las autoridades macristas le adaptaran la legislación a medida para no realizar la OPA. La maniobra perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos la ANSES, que al día de hoy tiene el 11,34% de Telecom y el 9% de Cablevisión Holding, las dos empresas que se fusionaron.

La ANSES tiene esas acciones desde los tiempos de las AFJP, cuando empresas como el grupo Clarín se financiaban con "la plata de los jubilados", emitiendo ON (obligaciones negociables), a cambio de participaciones accionarias a los que las suscribieran. ;ientras esos "socios" fueran privados nunca les molestó, pero cuando el Estado tomó el control de los activos de las AFJP, pasó a convertirse en una molestia: todos recordamos por ejemplo la resistencia de Techint a permitir que se designaran directores en representación de ANSES en Siderar, cuando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) tiene el 26 % de las acciones de la empresa.

Amén de eso, allá por el 2012 Cristina impulsó una modificación de la ley que regula los mercados de capitales, que el Congreso aprobó como Ley 26831. Esa reforma contemplaba entre otras cuestiones, en su artículo 20, ampliar las facultades de contralor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), para proteger los derechos de los accionistas minoritarios de las sociedades; como al Fondo de ANSES en Telecom o Cablevisión, o el Estado nacional en Papel Prensa.

Pues bien, en julio del 2018 (o sea, apenas dos meses antes de la fusión), Clarín logró que el gobierno de Macri hiciera aprobar por el Congreso la Ley 27440 que desguazó la reforma de Cristina, como hicieron con la ley de medios, suprimiendo con precisión quirúrgica esas facultades: lo necesitaban para consumar la fusión, en los términos pretendidos por ellos y sin controles molestos. Acá hay más información al respecto, para que vean que se trató de otra "ley Clarín", como la de bienes culturales.

Clarín usó "la plata de los jubilados" para financiarse durante el menemato, agitó en contra de la disolución del sistema de las AFJP, logró que en el 2012 y cuando se discutía la que luego sería la Ley 26831, la UCR -que la había votado a favor en Diputados- votara en contra en el Senado el artículo 20 que le molestaba; y ya con Macri y como dijimos, logró podar de la ley de los mercados de capitales, los artículos que le molestaban. Ahora consiguió que jueces venales fallaran a su favor, como tantas veces: lo que se dice un auténtico diario de la mafia.   

martes, 25 de agosto de 2020

EL DNU SUMA APOYOS OPOSITORES



El ex senador y presidente por un día Fede Pinedo nos dice que el que controla Internet, controla tu vida. O sea, como decimos siempre desde ésta lado de la grieta: el Grupo Clarín, a través de Fibertel, controla nuestras vidas, o pretende hacerlo.

Razón de más para que el Estado se meta a regular allí, tratando de evitar abusos, monopolios, concentraciones o posiciones dominantes, y sus consecuencias en materia de precios y condiciones de acceso a los servicios. Gracias, Fede, muy valioso tu aporte.

¿Posiciones dominantes, dijimos?

En un gesto que la enaltece, Pato Bullrich, ex ministra de Seguridad de Macri y actual presidenta del PRO, nos dice que: 1) el Grupo Clarín tiene posición mayoritaria en el servicio de tv por cable e internet, 2) que además de eso (o sea, sin desprenderse de esa posición, en esos dos mercados) ahora opera con celulares a través de la fusión (sic) "con Personal": en rigor se está refiriendo a la fusión entre Cablevisión (la principal operadora de TV por cable del mercado) y Telecom, una de las licenciatarias del servicio básico teléfono, y dueña a su vez de Personal, prestadora de servicios de telefonía celular móvil.

Dice más Pato: que el dominio de Clarín es tan amplio, que para "meterse con ellos", el gobierno "encontró una ventana": alguien podría pensar que si se trata de encontrar negocios donde Clarín tiene intereses, cualquiera podría hacerlo, con los ojos cerrados y en la oscuridad.

Como sea, valorables gestos de apoyo al DNU presidencial, de dos opositores políticos al gobierno nacional. Porque no van a venir ahora con que, habiendo dicho lo que dijeron, se van a oponer al decreto, y van a apoyar a un grupo con posición mayoritaria en el mercado, que integra distintos rubros de negocios para fortalecerla, y desde allí controlar nuestras vidas.

¿Qué clase de liberales serían si admitiesen semejante injerencia en nuestras libertades, y semejante posición dominante en el mercado, en lugar de promover la competencia?

Posiblemente liberales argentinos, de los que siendo oposición al kirchnerismo en 2009 votaron en contra la ley de medios, que tendía a desconcentrar la propiedad de los medios audiovisuales, y obligaba a grupos como Clarín a desprenderse de licencias; como pasa en los países del mundo que ellos llamarían "serios", y suelen poner como ejemplos.

O que, siempre siendo oposición al kirchnerismo, votaron en el 2014 en contra la ley de "Argentina Digital", y luego, siendo gobierno, la mutilaron con el DNU 267/15; que también desguazó las cláusulas antimonopólicas de la ley de medios.

Esos raros liberales que rehabilitaron la licencia de internet de Fibertel (del Grupo Clarín) que el kirchnerismo había caducado, para que pudieran controlar nuestras vidas, en palabras de Pinedo.

O que autorizaron la fusión de Cablevisión y Telecom, para que el Grupo Clarín (en palabras de Pato Bullrich) afianzara su posición dominante en los mercados de la TV por cable, internet y la telefonía celular.

Como sea, bienvenidos ambos al "Frente de Todos". ¿O van a organizar una marcha en defensa de las posiciones dominantes en el mercado, y del derecho de Clarín a cobrar las tarifas que quiera por los servicios que prestan sus empresas?   

sábado, 22 de agosto de 2020

NECESARIO Y URGENTE


Al momento de subir estas líneas, no está publicado aun en el Boletín Oficial el DNU al cual se refieren los tuits de Alberto de la apertura, por el cual se declararían como servicios públicos la telefonía celular, los servicios de internet y la televisión paga. Cuando aparezca, haremos en su caso un análisis más detallado, pero la noticia es impactante.

Según dice el presidente, el DNU procura recuperar para el Estado capacidades regulatorias que el gobierno de Macri le quitó en ésta materia: suponemos que referirá al DNU 267 de diciembre del 2015 (el mismo que mutiló la ley de medios), que por ejemplo derogó el artículo 15 de la Ley 27078 de "Argentina Digital", aprobada durante el segundo mandato de Cristina. Precisamente ese artículo declaraba "servicio público esencial y estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciatarios de Servicios de TIC.".

Señala Alberto que por el DNU qwuedarán congeladas las tarifas de esos servicios hasta el 31 de diciembre, y que en lo sucesivo todo aumento de precios de los mismos requerirá de una autorización previa del Estado: precisamente esa regulación estatal más intensa es una consecuencia de la declaración como servicio público, algo que se venía reclamando desde hace mucho tiempo, incluso desde sectores de la oposición menos recalcitrante. 

Apenas el jueves pasado decíamos acá: "Hace pocos días se conoció un informe sobre la distribución de la pauta oficial del gobierno nacional en el primer semestre del año, que denota que encabezan el reparto los medios del Grupo Clarín, el diario La Nación y hasta el portal Infobae; que hacen punta en la oposición frontal al gobierno, en el armado y difusión de las protestas callejeras opositoras y, en general, en la ofensiva de desgaste contra el oficialismo. 

También veíamos acá como las telefónicas -entre otras empresas- se van a beneficiar con la ampliación de la moratoria, y no se avizoran iniciativas del gobierno para introducir otros jugadores en el mercado de provisión de los servicios de Internet, o revisar la fusión entre Cablevisión y Telecom. Los grupos económicos dueños de los medios son también tenedores de bonos de la deuda argentina, y tienen lazos de negocios con los principales fondos de inversión que hasta último momento bloqueaban el acuerdo, presionando para obtener una mejor oferta. Alguno podría ver todos estos hechos como demostrativos de un respecto irrestricto por Alberto Fernández y su administración de la libertad de prensa, otros somos más escépticos (o realistas), y tenemos la impresión de que estamos pagando las balas con las que nos van a tirar, hasta matarnos si pueden.".

En ese marco, es difícil no entender el DNU como un contragolpe rápido y contundente del gobierno a la maniobra devaluacionista del Grupo Clarín en estos días, a través de fuertes compras de bonos en la operatoria del "contado con liquidación" a través de su controlada Telecom, para hacer subir el precio del billete verde. Sí, la misma Telecom beneficiada por el gobierno permitiéndole entrar a la moratoria ampliada votada hace algunos días, y cuya fusión con Cablevisión está pendiente de revisión aun por el gobierno.

Sea o no es así, se trata de un claro acto de reafirmación de la autoridad presidencial, al mismo tiempo que un duro golpe al corazón de los negocios del Grupo Clarín, y el principio del diseño de una políica pública necesaria, en un área crítica. A esos fines bastaría retomar y profundizar el espíritu original de "Argentina Digital" y la ya citada Ley 27078. 

¿Estaremos acaso ante el inicio de un verdadero "relanzamiento" del gobierno del "Frente de Todos"? Si es así bienvenido sea, y esperemos que no haya reculadas, como en el caso Vicentín, porque habrá que prepararse para la guerra, porque nos van a tirar con todo, comenzando por los jueces de la servilleta de Magnetto: ya deben estar preparando el amparo con cautelar incluida, para paralizar el DNU y tumbarlo. Habrá que aguantar. Tuits relacionados: 

Actualización: Habemus DNU: 

domingo, 2 de agosto de 2020

PUNTO OSCURO



El video de apertura muestra el discurso completo de Máximo Kirchner en el cierre del debate de la sesión de Diputados del viernes, en la que se aprobó la ampliación de la moratoria ya votada en diciembre en la ley de emergencia económica, para permitir ingresar las deudas con el fisco que las empresas hayan contraído en medio de la pandemia.

El discurso tuvo gran repercusión en las redes, y no es para menos: es una precisa pieza de comunicación política en la que, con gran solidez conceptual, se describe la situación política actual del país, y la actitud de la oposición al gobierno nacional; oposición que en esa misma sesión se abstuvo de votar el proyecto con el argumento de que uno de sus artículos estaba escrito a la medida de Oil y las demás empresas de Cristóbal López.

Tal como dijo Máximo, una actitud de profundo cinismo de los que en el 2016, cuando eran gobierno, impulsaron y sancionaron el blanqueo de capitales más generoso de la historia (sin la obligación de traer lo blanqueado de regreso al país, por primera vez) para favorecer a sus propias empresas, blanqueo ampliado luego por el propio Macri por decreto para favorecer aun más a su propia familia.

Pasando revista a la actualidad, habló del diálogo entre la AEA y la CGT que nosotros analizamos acá, y llegó a conclusiones parecidas: le preguntó a Héctor Daer, de la CGT, ya que suscribió un documento en el que comparte con la cúpula del empresariado del país (que no nacional) una visión apocalíptica sobre toda la historia económica del país, cuando les había ido mejor a los sindicatos, medido en términos de cantidad de afiliados. Y a las empresas, les recordó que sus balances dicen otra cosa distinta de la que marcan los comunicados de las entidades en que se agrupan sus dueños. 

Se hizo tiempo para repasar las declaraciones del funcionario yanqui Mauricio Claver analizadas en ésta entrada, en las que dejó claro lo que todos sabíamos: que el gigantesco préstamo del FMI al gobierno de Macri fue una apuesta del gobierno de los Estados Unidos a su reelección, porque lo consideraba un aliado clave en la región. Pero que pese a tanta ayuda, perdió igual las elecciones, porque hizo un gobierno desastroso. 

A propósito de las chicanas por la presunta "ley Cristóbal López", historió también Máximo los favores obtenidos por Clarín en todos los gobiernos, a fuerza de presionarlos, concluyendo en el caso de Macri con la derogación por DNU de los artículos de la ley de medios que les molestaba, y la fusión de Telecom con Cablevisión. Y lo hizo a propósito de la doble vara con que analizan todo si se trata del kirchnerismo y el resto, a propósito del viaje de Macri a París.

Y acá nos queremos detener, porque hay un punto oscuro en el discurso, que al menos a nosotros nos hace ruido: más o menos en el minuto 7.10 dice que pese a eso, se incluyó en la moratoria a empresas como Telecom (de Clarín), para que vean que a nosotros no nos animan rencores. Los bancos -al igual que las demás telcos- también estaban excluidas de la moratoria en el proyecto dictaminado en comisiones, y por una buena razón: durante la pandemia no vieron disminuidas sus ganancias sino acrecentadas, y en consecuencia no necesitan el alivio de una moratoria para poder pagar impuestos.

A nuestro criterio, otro gesto del gobierno con la verdadera oposición (la que se abstuvo el otro día en el Congreso apenas funge de comparsa) que no tiene correspondencia: al mismo tiempo que se votaba la ley que los favorece en sus empresas, los medios del grupo Clarín seguían diciendo en sus redes sociales que era a la medida de Cristóbal López, para garantizarle impunidad.

Y al mismo tiempo que Máximo cerraba el debate en Diputados, Alberto Fernández explicaba por que sacó un DNU que derogaba otro DNU anterior, desistiendo así de promover la expropiación de Vicentín. Decíamos al respecto acá: "De hecho, el propio DNU 636 y más allá de que sea estrictamente cierto todo lo que dice, es una manifestación explícita de impotencia política, del principio al fin.".

Y es por eso que, sin dejar de reconocer la brillantez del discurso, su precisión en la caracterización del triunfo electoral del año pasado y las condiciones en que se obtuvo y en la caracterización de la actual situación política, no podemos dejar de señalar que estamos disociando el discurso, de la praxis. No estamos mostrando la misma decisión para avanzar sobre intereses creados concentrados, que la que mostramos por intermedio de algunos (como Máximo) para enrostrarles su responsabilidad clara e inexcusable en la crisis argentina.

La pregunta final que Máximo hace y se contesta en su discurso, recordando otro discurso, el de Cristina en su despedida de la presidencia, es muy clara, y la respuesta también: con todos los poderes concentrados (económicos, financieros, internacionales, mediáticos) Macri no pudo acreditar haber hecho nada por la gente, y por eso perdió la elección, pese a todos esos apoyos.

Pero esa pregunta y esa respuesta nos interpelan también a nosotros: si pensamos que tendiendo puentes al enemigo (porque son eso, el enemigo, así se comportan) para demostrar que somos mejores que ellos y no nos guía el rencor vamos a conseguir que traicionen su naturaleza y se sumen a la construcción de un país mejor, estamos -en nuestra humilde opinión- muy pero muy equivocados. Y lo podemos terminar pagando caro. Tuits relacionados:

martes, 3 de septiembre de 2019

CLARÍN, EN TODO ESTÁS VOS


Un gobierno que se está yendo contrata por 24 meses (dos años) los servicios de telefonía celular con la empresa que ahora pertenece al Grupo Clarín porque se fusionó con Cablesvisión.

Deja afuera de la licitación a la otra competidora que había presentado oferta.

Y acepta pagar un precio que representa un 78,6 % de aumento en un año; de acuerdo al contrato vigente, con la misma empresa.

Si no fuera porque las elecciones ya pasaron, uno pensaría que están comprando blindaje mediático.

O a lo mejor fue así, y arreglaron pagarlo en cuotas.

24 cuotas, para ser más precisos; a cancelar por el próximo gobierno.

Un modesto aporte del socialismo a engrosar las ya abultadas ganancias del Grupo, aun en medio de la crisis.