LA FRASE

"MIS DIFERENCIAS CON EL PRESIDENTE SON PÚBLICAS Y NOTORIAS, PERO QUIERO AGRADECERLE QUE ME HAYA DADO ESTA OPORTUNIDAD DE ORDENAR PERSONALMENTE UNA REPRESIÓN." (VICTORIA VILLARRUEL)
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viernes, 12 de abril de 2024

CONTENIDO Y CONTEXTO

 

Esta semana se conoció el documento de la CGT al cual refiere la imagen de apertura, cuyo texto completo pueden leer acá en la página oficial de la central. Vista en abstracto, la convocatoria a un nuevo acuerdo social coincide -hasta en la denominación- con lo que viene planteando Cristina hace años, e incluso el documento tiene un grado tal de generalidad que bien se podría coincidir con la mayoría de sus planteos, en líneas generales.

Visto en abstracto, dijimos, y allí radica el problema: no hay en él la más mínima referencia a la grave coyuntura política, económica y social del país, ni al contexto en el que el documento es alumbrado, como si -parafraseando a Macri- no hubieran pasado cosas. O dicho de otro modo, en Narnia podría pensarse en la posibilidad de alcanzar ciertos acuerdos que no sean aceptar unilateralmente las imposiciones de los más poderosos: en Narnia, no en la Argentina de hoy, ni con éste gobierno.

El mismo día en el que la cúpula de la CGT se reunía con Francos para entregarle el documento (que también hicieron llegar a distintos bloques de legisladores en el Congreso) se desplegaba un amplio operativo represivo contra las organizaciones sociales que protestaban en la 9 de Julio por el corte de los programas de asistencia alimentaria, el gobierno alumbraba un nuevo DNU habilitando aumentos que golpean los bolsillos, en éste caso de los servicios de internet, celular y cable, y apenas horas después comenzaba un paro de transporte por la negativa del gobierno de homologar los aumentos pactados en paritarias: peor sentido de la oportunidad, imposible de elegir.

En los mismos días en los que -seguramente- la CGT cocinaba los términos de su documento, el gobierno se negaba a homologar las paritarias que se pautaron por encima de la inflación para recomponer los salarios reales -como la de camioneros-, se amenazaba con descuentos y sanciones a los sindicatos que hacen paro (como los docentes y choferes de trenes y colectivos), se aprobaba por DNU una nueva fórmula de ajuste de los haberes jubilatorios en perjuicio de los jubilados, y el presidente se ufana en cuanta oportunidad tiene del éxito de la licuadora y la motosierra. 

Mientras vuelan los tarifazos y aumentos sin freno, la actividad económica se cae a pedazos en todos sus rubros, los despidos están a la orden del día tanto en el sector público como en el privado y el gobierno enviará al Congreso la reinstauración del impuesto a las Ganancias para los salarios más altos sobre mínimos más bajos que los actuales, la CGT convoca a negociar un pacto social que si no es una rendición incondicional, se le parece bastante. 

Si su desprestigiada conducción había recuperado algo de valoración con el paro general del 24 de enero (que catalizó la ola inicial de rechazo a las políticas de Milei) que forzó a la justicia a invalidar el capítulo de la reforma laboral del mega DNU, y hundió el primer intento de ley ómnibus en el Congreso, lo estaba tirando por la borda en esta nueva -y enésima- reculada, que pareció tomar nota del hecho de que el nuevo intento del gobierno por sancionarla será coronado por el éxito; y se apresuraba a negociar una derrota digna, o lo que entienden como tal

En eso estaban hasta que la presión de sus sectores internos más combativos -y no la situación social explosiva- detonó un nuevo paro general convocado con un mes de distancia anticipación, que parece decretado más para forzar otra negociación con el gobierno y liberar tensiones internas, que para otra cosa. Como se suele decir, el que viva lo verá.

Acaso los "gordos" suponen -tal como los gobernadores "dialoguistas" canjeando uno que otro auxilio financiero para sus cuentas- que eliminando los aspectos más ríspidos de la reforma laboral que pretende el gobierno (como la derogación de la ultra-actividad de los convenios colectivos), lograrán calmarlo y controlar los daños, evitando males mayores.  Grave error.

Porque si el gobierno logra avanzar con su programa y gasta a cuenta de la aprobación de la nueva ley ómnibus no es por la solidez de sus números en el Congreso. De hecho, su ya minoritario bloque se acaba de fracturar (sin intervención alguna de la oposición) en una insólita discusión por la integración de la comisión que tiene en sus manos nada menos que evaluar si es posible o no el juicio político al presidente.

El poder real de Milei no viene de sus 15 millones de votos en el balotaje, ni de su magnetismo personal, ni de las alianzas que haya podido articular con la política, sino del poder económico nacional y extranjero del cual es un simple instrumento. Ese poder que redacta sus DNU y hasta dirige su mano para firmarlos aunque se contradiga abiertamente de un día para el otro, como acaba de pasar con los aumentos de las prepagas, la telefonía celular, la televisión por cable o internet.

La misma mano que habilita esos aumentos es la que niega la homologación de las paritarias que recomponen salario, y ninguna de ellas es la de Milei, aunque su firma figure al pie de los decretos. Y es a esas manos a la que la dirigencia de la CGT -como buena parte de la dirigencia política, incluida la de "Unión por la Patria"- teme realmente enfrentar, o cree que no puede: aun sin ser verbalizada en público, la teoría de la "correlación de fuerzas desfavorable" que presidió al gobierno fallido de Alberto Fernández, vuelve a imponerse a la hora de definir estrategias.

Y ese mismo poder real al que no se quiere enfrentar por suponerlo invencible, es el que leerá toda convocatoria al pacto o acuerdo social (o el eventual levantamiento del paro que se acaba de anunciar) como lo que es, en éste contexto: una bandera blanca agitada al viento, y obrará en consecuencia. Tuits relacionados:

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viernes, 22 de octubre de 2021

ACUERDOS POST ELECTORALES

 

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viernes, 11 de junio de 2021

PACTOS SOCIALES POSIBLES

 


Cuando estábamos transitando el período entre las PASO y las elecciones presidenciales generales del 2019, decíamos nosotros en ésta entrada: "La idea del pacto social forma parte del ADN fundacional del peronismo, y la ha ensayado cada vez que le tocó gobernar, con la posible excepción del período menemista; aun cuando entonces hubo ciertamente acuerdos más o menos explícitos en los que se sustentaba el modelo. El pacto social como idea, a su vez, excede bastante a un simple acuerdo de precios y salarios para encauzar la puja distributiva, o anclar las expectativas inflacionarias.

Sin embargo, un pacto supone que los actores que converjan a él (que por definición, tienen intereses distintos y aun contradictorios) hagan una lectura más o menos parecida del contexto en el que se los convoca a pactar, y por supuesto que compartan los objetivos del acuerdo, al menos en sus líneas generales. Y en los tiempos presentes, con otro estruendoso fracaso de otro experimento neoliberal ensayado en el país, eso exige que todos hayan hecho el aprendizaje correcto de la experiencia macrista, del cual sacar las conclusiones también correctas a futuro, para no repetir fracasos.

Pero en la concreta estructura productiva y en el mapa del poder económico del país que deja Macri, en la mesa del pacto social deberán sentarse actores poderosos, con capacidad de influencia en el resultado del proceso y que no parecen estar en las mismas condiciones descriptas; al menos en cuanto a la debida metabolización de la experiencia macrista refiere.

En efecto, y como lo hemos dicho otras veces, si hemos de guiarnos por los posicionamientos públicos de las entidades en las que se nuclea el más poderoso empresariado vernáculo (la AEA, la cúpula de la UIA, el "Foro de Convergencia Empresarial"), el panorama es desolador: no hay el más mínimo ejercicio de autocrítica no ya de su decidido apoyo al gobierno de Macri (al fin y al cabo y en tanto gobierno de clase, "su" gobierno), sino del marco conceptual con el que miran al país, y desde el que proponen o apoyan soluciones para sus problemas. Para decirlo en palabras de Aldo Ferrer, su contribución a la "densidad nacional" es poco más que nula. 

Inmunes a los resultados contundentes (y trágicos) de la experiencia concreta, nuestros grandes empresarios siguen pensando y sosteniendo que los grandes problemas del país son el déficit fiscal, la presión tributaria, el tamaño del Estado, la amplitud de sus funciones o la rigidez de la legislación laboral. Con un bagaje tan limitado de ideas, será una tarea titánica sumarlos a un pacto, acuerdo o contrato social amplio, que además estén dispuestos de buena fe a cumplir: el gobierno que se va ha sido pródigo en "acuerdos de caballeros" que no se cumplieron, sin que el poder político macrista tuviera la mínima precaución de generar las herramientas jurídicas para asegurar sus resultados.

Por el contrario, si de la boca para afuera se manifiestan proclives a alguna forma de acuerdo o pacto social, es porque suponen que en ese contexto el poder político (ahora en manos del peronismo) puede disciplinar y contener los reclamos salariales, para que el retraso del salario real sea la única y verdadera ancla inflacionaria; congelando de paso la distribución regresiva del ingreso que dejará el macrismo. 

En este punto y en el enésismo  intento de socializar las pérdidas que a sus empresas les ocasionó el modelo que apoyaron en su caída, así como el de sacarle el culo a la jeringa en poner de su parte para pagar la fiesta del endeudamiento y la fuga de capitales, puede resumirse el programa de nuestros sectores dominantes; que a su vez esperarán el momento para insistir en las propuestas flexibilizadoras. Sería tan sorprendente que no lo hicieran, como que hayan apoyado -una vez más- un programa industricida, que comenzó pulverizando salarios, para terminar consumiendo inversiones y capital de trabajo. 

¿Significa esto que hay que renunciar a la idea del pacto social, o excluirlos de sus deliberaciones, aun cuando nucleen a la mayor parte de los sectores importantes de la estructura productiva del país? No, significa que en esa tarea de articulación política de las demandas e intereses sociales no hay que resignar la legitimidad de origen del futuro gobierno, que construyó en las PASO (y aspira a ampliar más aun en las elecciones generales) una mayoría amplia como consecuencia no solo y no tanto de determinados acuerdos políticos o superestructurales, sino de que se lo percibió como el vehículo político adecuado para garantizar la defensa de los intereses de las grandes mayorías nacionales.". 

Desde entonces ha corrido mucha agua bajo el puente, pero el diagnóstico perfectamente podríamos suscribirlo hoy, avalados por los hechos: el gobierno del "Frente de Todos" transita su año y medio de mandato en medio de dificultades múltiples y crecientes, sean consecuencia de la herencia recibida, como del contexto de problemas que creó la pandemia. 

Y las múltiples resistencias de las fracciones más concentradas del poder económico, aun frente a un presidente de marcada vocación dialoguista: rechazo y resistencia al "impuesto a las grandes fortunas", judicialización o desconocimiento de medidas regulatorias como la prohibición de despidos, la doble indemnización o la declaración de servicio público al cable o internet o el congelamiento de tarifas. Ni hablar de los constantes aumentos de precios, en especial en los alimentos, medicamentos y demás bienes sensibles, o las resistencia contra cualquier forma de intervención estatal en l regulación de los mercados, sean retenciones, cupos, precios máximos o restricciones a las exportaciones. 

Pues bien, ese empresariado, el que se ha constituido en una permanente piedra en el zapato de los planes "acuerdistas" de un gobierno que convocó incluso al Consejo Económico Social (una iniciativa que formaba parte de la propuesta de otros candidatos, como Lavagna), acaba de hegemonizar la conducción de la UIA, designando como su presidente a Daniel Funes de Rioja. Todo un mensaje al gobierno sobre las posibilidades reales de alcanzar en el pa{is alguna forma de acuerdo social.  

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sábado, 27 de febrero de 2021

DIÁLOGO, CONSENSO Y COSO. SOBRE TODO COSO

 


No se trata de que uno descrea de la utilidad o importancia del diálogo, o suponga que es imposible arribar a algunos consensos básicos en el país. Se trata simplemente de tener una mirada realista, y tener en cuenta que para dialogar -como para bailar el tango- hacen falta dos, e incluso -a diferencia del tango- más que dos dispuestos a hacerlo, con sentido constructivo.

Del mismo modo que -por ejemplo- para discutir un modelo de desarrollo productivo integrado para el país es imprescindible (en palabras de Claudio Scaletta) que exista un sector empresarial "demandante de desarrollo" y no ávido por evadir impuestos, dolarizar ganancias o excedentes y fugarlos; para que el diálogo cierre en cosas concretas y no sea una mera pérdida de tiempo, se necesita que todos estén dispuestos a ceder algo en pos de los consensos.

Sobre todo los que más tienen para ceder, porque menos han cedido antes, o porque nunca han cedido; y entienden el diálogo como una simple excusa para plantear sus demandas, de las que no están dispuestos a bajarse, o la subsistencia de sus privilegios, que no están dispuestos a resignar.

Que es más o menos lo que pasa -ahora y siempre- con el núcleo duro de nuestro establishment económico, como se puede comprobar leyendo  esta nota de Ámbito sobre las demandas de las principales empresas alimentarias al gobierno cuando respondieron a su convocatoria para hablar sobre los aumentos de precios de los alimentos.

Los tipos piden "descongelar" los precios de los productos incluidos en "Precios Máximos" (o sea, poder aumentar lo que no aumentaron), y protestaron -cuando no- contra la doble indemnización y la prohibición de disponer pedidos o suspensiones, porque (sic) "pierden competitividad".

De donde uno podría concluir perfectamente y sin temor a equivocarse, que por "competividad" entienden "tasa de ganancia obtenida mediante la híperexplotación de la mano de obra y el abaratamiento del costo de despedir parte de ella". Traduciendo se entiende la gente.

Y también podría pensar que sentido tiene convocar a dialogar a gente como Funes de Rioja, para el cual al parecer los alimentos están baratos, o si están caros no es un problema de él, o con el que tenga algo que ver. 

Para que se entienda: convocados para aportar ideas para salir de la crisis, los tipos reclaman manos libres para seguir aumentando los precios de la comida, y para poder despedir o suspender gentes, sin mayores consecuencias legales o económicas.

O también se podría discutir que sentido tuvo convocar a los empresarios del "Norte Grande" por parte del presidente, para que los tipos le planteen a boca de jarro que quieren pagar el "aporte solidario" vulgarmente conocido como "impuesto a las grandes fortunas" (o sea, se trata de gente que está entre los 12.000 tipos más ricos del país) en 36 cuotas, sin intereses. 

Una "contribución" que -recordemos- se destina en buena medida a afrontar los gastos que demanda la pandemia, como comprar vacunas, de esas que se terminaron poniendo Aldrey Iglesias y su familia, ponéle. 

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jueves, 10 de octubre de 2019

EL RIVAL TAMBIÉN JUEGA


Cuando Cristina decidió correrse de la candidatura presidencial y elegir para esa responsabilidad a Alberto Fernández estaba claro lo que buscaba: un corrimiento hacia el centro de la propuesta política para ampliar los bordes de la coalición opositora mientras ella misma daba un paso al costado, y sumar el apoyo de fracciones del electorado que podían tener resistencias hacia ella.

Y al mismo tiempo, disuadir de antemano ciertos movimientos reflejos de hostilidad abierta de los factores del poder económico, buscando alguien más conciliador que, al mismo tiempo que fuera capaz de tender puentes con sectores políticos que se habían alejado del kirchnerismo o confrontaron con sus gobiernos (algo que ella misma ya había empezado a hacer), no hubiera protagonizado choques sonoros con esos factores no institucionales de poder.

Con los resultados de las PASO a la vista, está claro que la estrategia fue correcta, y que AF era la persona adecuada para desempeñar ese rol, en el que además cree. El asunto es no suponer que simplemente por la conjunción de esos factores, los demás jugadores del partido dejan de jugar, o de operar con su lógica habitual, que suele ser la de sus propios intereses; y para ejemplificar lo que decimos tomemos algunos hechos que han sucedido en las últimas horas.

Por ejemplo el espinoso asunto de la deuda, verdadera piedra en el camino con la cual el futuro gobierno volverá a tropezar, en un contexto que no es el mismo del 2003 que habilitó los canjes: Alberto expresó su interés en evaluar una salida “a la uruguaya” reprogramando vencimientos, sin hacer quitas del capital y eventualmente negociando los intereses, a partir de ofertas que recibió en ese sentido de algunos de los más importantes fondos de inversión tenedores de bonos argentinos. Esos mismos fondos, según cuenta acá Burgueño en Ambito, ofrecen no cobrar sus cupones durante cuatro años (todo el mandato del futuro gobierno), a condición de que no haya quitas del capital, y de rediscutir los intereses, obviamente que al alza en éste caso (nadie dejará de cobrar por esperar más tiempo para hacerse con su dinero).

Mientras tanto, los diarios dan cuenta de que los fondos buitres están mirando con atención la evolución de la situación de la deuda argentina para hacerse con oportunidades de “entrar” al negocio de comprar títulos depreciados por un default que muchos dan por descontado, por la agudización de la carencia de divisas. Y no solo los fondos especulativos: acá cuentan que nada menos que el Citigroup alerta a sus clientes que los bonos argentinos podrían ser un mejor negocio si el país entra en default, porque a una caída inicial del valor le seguiría un rebote posterior, como consecuencia del despegue de la economía: un implícito reconocimiento a la estrategia exitosa que siguió el kirchnerismo en 2003, luego de encontrarse con la deuda defolteada.

Por más buena voluntad que quiera exhibir el candidato, para disipar los temores del mercado o evitar un golpe especulativo entre su casi seguro triunfo el 27O y la asunción del gobierno, los demás juegan, y juegan fuerte. Por otro lado, si pueden esperar cuatro años sin cobrar, bien podrían aceptar una quita: no se trata de gente que esté juntando las monedas para llegar a fin de mes.

Otro tanto pasa con la idea de retocar el impuesto a los Bienes Personales, bajo la idea (correctísima) de que la crisis la paguen los que más se beneficiaron con ella: bastó que Alberto deslizara la idea para que le saltaran a la yugular, con todos los argumentos imaginables, y más: desde que desalentaba la inversión, hasta que demostraba con esa idea que no está dispuesto a equilibrar las cuentas por el lado de un ajuste aun mayor de los gastos del Estado. Hasta recibió “fuego amigo”, si es que a Martín Redrado se lo puede calificar como “amigo”.

Y sin embargo, la idea es sensatísima, y provee una fuente de recursos concreta para que el Estado puede afrontar sus compromisos (entre ellos, el pago de la deuda), sin infringirle más sufrimientos a los sectores que han sido duramente castigados en estos años por las políticas de Macri: vemos acá en Ambito como el equipo de la diputada Fernanda Vallejos hizo tres proyecciones distintas del posible ingreso de fondos consecuencia de cambios en Bienes Personales, que van desde restituir las alícuotas vigentes al 2015 que el macrismo redujo (con la colaboración indispensable de la “oposición responsable”, hasta triplicarlas en el caso de bienes radicados en el exterior, exteriorizados a través del blanqueo de capitales aprobado al principio del gobierno de Macri, con las mismas “ayudas” opositoras.

¿Acaso no se dijo entonces que se habilitaba un blanqueo generosísimo para “ampliar la base tributaria y no presionar siempre sobre los mismos”, y para que “los que más tienen más paguen”? Pues bien, ahora es el momento de demostrar que era cierto, pero somos pesimistas al respecto: la clase social a la que Macri expresó políticamente impulsó y aprovechó el blanqueo para resolver sus chanchullos cuando en otras jurisdicciones fiscales les empezaban a cerrar el cerco, y solo aceptaron pagar el módico impuesto excepcional para poder entrar, casi como una contribución de campaña a “su” gobierno, para que financiara la “reparación histórica” a un sector de los jubilados, parte esencial a su veza de su núcleo duro de votantes.

No van a estar muy dispuestos que digamos a hacer una mayor contribución de carácter permanente, menos por bienes que blanquearon pero dejaron en salvaguarda fuera del país, porque el propio blanqueo se los permitía. A menos, claro está, que se los obligue a hacerlo; que para eso están el Estado y la política.

Y queda para el final el plan contra el hambre lanzado por Alberto el lunes en Agronomía, que es un capítulo importante de la idea más amplia del pacto social: allí elogió la idea del CEO de Syngenta, Antonio Aracre, de que las empresas productoras de alimentos donen el 1 % de su producción: el hombre es generoso con lo ajeno, porque la empresa que conduce no produce alimentos; y casi al mismo tiempo que entusiasmaba al candidato del FDT con esa idea, Nidera (controlada por Syngenta) despedía a 70 trabajadores de su planta en Miramar, provincia de Buenos Aires: en lo inmediato, su contribución a la paz social que el país necesita no estaría siendo mucha que digamos.

Otra de las presencias estelares en el acto del lunes fue la de Daniel Funes De Rioja, presidente de la COPAL, uno de los vices de la UIA y eterno abanderado de la lucha por la rebaja de impuestos, el achicamiento del Estado y sus funciones y la flexibilización laboral: sobre este último tópico recordemos la aclaración tajante de Matías Kulfas (posible ministro de Economía del nuevo gobierno), respecto a que el tema no fue parte de las conversaciones preliminares del pacto social, cosa que por el contrario el presidente de la central fabril, Acevedo (de una alimenticia, para más datos) daba por sentado y acordado.

Pues bien, acá en El Cronista dan cuenta de que los empresarios del sector de las alimenticias están en alerta por la idea esbozada en el plan contra el hambre de “garantizar la mesa de los argentinos”, regulando el precio de los alimentos básicos de la canasta familiar: ya están pidiendo que se tengan en cuenta sus “costos reales”, y que si para lograr ese objetivo deben sacrificar parte de sus márgenes de rentabilidad, se los compense con rebaja de impuestos, con lo cual el sacrificio real sería del Estado, es decir de todos nosotros. Como en la reciente eliminación de IVA que dispuso Macri para algunos productos, sin lograr por eso frenar la inflación.

Colofón de todo lo dicho: para la foto de las reuniones y los titulares de los diarios, todos parecen estar dispuestos a poner su parte para salir de la crisis, y dicen estarlo. Pero cuando se le ponen nombres concretos a las soluciones, si estas rozan sus intereses, le empiezan a sacar el culo a la jeringa. Una constatación que no debería ser una limitante para la acción de la política, sino un elemental cuadro de la situación en el que hay que moverse, para no pifiarla.
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