ADIVINANZA

1º Acto: en el gobierno de Cristina la oposición reclama “gravar la renta financiera en lugar de cobrarles Ganancias a los trabajadores”, y “hacer una reforma tributaria para que los que más tienen, más paguen”.

2º Acto: El gobierno de Cristina propone una reforma para que las empresas paguen Ganancias por la distribución de dividendos en su balances, para financiar una baja en la carga tributaria sobre los salarios; y la oposición (el PRO, los radicales, La Coalición Cívica, el socialismo, las Liebres del Sur, Stolbizer) vota en contra.

3º Acto: Macri gana las elecciones prometiendo que los trabajadores no pagarán Ganancias, y el 82 % móvil a los jubilados.

4º Acto: una vez en el gobierno, más trabajadores pasan a pagar Ganancias, pero el gobierno anuncia una “Reparación Histórica” para los jubilados.

5º Acto: Dentro de la ley de “reparación histórica” van el blanqueo de capitales, la autorización para vender acciones del fondo de garantía de la ANSES y la derogación del impuesto a las Ganancias para la distribución de los dividendos empresariales que había puesto Cristina; los que eran opositores a su gobierno (como Massa, el socialismo y Stolbizer) y algunos que eran kirchneristas cuando lo pusieron (como “Sanguchito” Bossio o Pichetto) votan a favor.

6º Acto: Aprovechando la nueva ley, las empresas que cotizan en bolsa pagan dividendos a sus acciones, y no le pagan Ganancias a la AFIP por esos dividendos.

7º Acto: La mayoría de esas empresas vieron incrementadas sus ganancias el año pasado (y por ende los dividendos a distribuir, y es más lo que dejan de pagarle Ganancias al Estado) por las decisiones de política económica del gobierno.

8º Acto: Entre esas empresas se encuentran Grupo Clarín, Cablevisión (del mismo grupo), Caputo S.A., Mirgor (las dos de “Nicky” Caputo, el “hermano de la vida” de Macri), Siderar, Tenaris (ambas del Grupo Techint de Paolo Rocca), Banco Galicia (ex empleador del ministro Dujovne), Autopistas del Sol (propiedad en parte del Grupo Macri en el momento en el que se generaron los dividendos) y La Anónima (de la familia Braun Menéndez, del Secretario de Comercio Miguel Braun, el Jefe de Gabinete Marco Peña y otros 16 funcionarios del gobierno de Macri).

9º Acto: Como consecuencia de la eliminación del impuesto a las Ganancias a los dividendos (con una alícuota del 10 %), la AFIP deja de percibir 1265 millones de pesos de un grupo de 14 empresas (entre ellas, las nombradas) que distribuyeron dividendos por sus resultados empresariales del año pasado por 12.652 millones de pesos.

10º Acto: La cifra que el estado dejó de recaudar equivale al triple de lo que pensaba ahorrar dando de baja 83.000 pensiones por invalidez.

¿Cómo se llama la obra?: "Te toman por boludo".

Más información, acá.

ATENTO MACRI: ACÁ TENÉS UNA OPORTUNIDAD PARA COMBATIR A LAS MAFIAS

Es noticia (no en todos los medios, claro) que en medio del desastre que causaron en Comodoro Rivadavia las inundaciones, la cadena de supermercados "La Anónima" ha remarcado salvajemente los precios de los productos esenciales (pan, leche, agua) intentando sacar provecho de la necesidad de la gente; que vive momentos de angustia y desesperación.

La denuncia la hizo el gremio de Camioneros de Chubut, que por esa razón había bloqueado el acceso a los supermercados de la cadena, y el gobernador Das Neves corroboró los hechos.

Las maniobras especulativas de la cadena son una clara violación a las disposiciones de la Ley de Abastecimiento 20.680, cuyo artículo artículo 4° inciso a) pena a quienes "Elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos, u obtuvieren ganancias abusivas;", con sanciones que van desde la multa hasta la clausura de los establecimientos, incluyendo además el decomiso de mercaderías, la inhabilitación para recibir créditos de bancos oficiales o para el ejericicio del comerio, la suspensión de la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, o la "Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare", según el artículo 5 modificado en 2014 por la Ley 26.991.

Como por ejemplo acceder a la cuota Hilton para exportar cortes de carne prémium a la Unión Europea, que el gobierno nacional les acaba de otorgar a los mismos propietarios de La Anónima, a través de sus frigoríficos.

De acuerdo con la misma ley y con la reforma del 2014, las sanciones "podrán imponerse en forma independiente o conjunta, según las circunstancias del caso"; y para fijarlas (de acuerdo al artículo 7) se tendrán en cuenta: "a) La dimensión económica de la empresa, negocio o explotación, atendiendo en especial al capital en giro; b) La posición en el mercado del infractor; c) El efecto e importancia socio-económica de la infracción; d) El lucro generado con la conducta sancionada y su duración temporal; e) El perjuicio provocado al mercado o a los consumidores.". (las negritas son nuestras)

La autoridad de aplicación de la ley (y por ende la responsable de hacerla cumplir, y aplicar las sanciones) es la Secretaría de Comercio, de acuerdo con el Decreto 203, del 11 de febrero del 2015. 

Para el caso en que se diga que su titular (Miguel Braun) se encontraría en el caso ante un conflicto de intereses (oh, sorprendente , quien lo hubiera imaginado en éste gobierno) porque su familia es la propietaria de "La Anónima" y él mismo sigue siendo accionista de la empresa, bueno es recordar que el pasado 8 de marzo el propio Braun (siguiendo el método Laura Alonso de resolución de conflictos de intereses) dictó la Resolución 165 (verla acá), por la cual delegó la función de autoridad de aplicación de la ley de abastecimiento, en la Dirección Nacional de Comercio Interior.

Allanado entonces el inconveniente, nada impediría que el gobierno haga cumplir la ley en éste caso, sancionando como corresponde a los supermercados de la familia Braun (a la que también pertenecen el Jefe de Gabinete Marcos Peña y otros 18 funcionarios); por su vergonzosa especulación aprovechando una situación de necesidad creada por una tragedia que ya se ha cobrado vidas. 

No debería ser un obstáculo para ello que en su momento el PRO (y los que hoy forman "Cambiemos") no hayan votado la Ley 26.991, porque al fin y al cabo rige, no la derogaron, y se presentan a sí mismos como los custodios y garantes de las instituciones y la república.

A menos que la promesa presidencial de combatir las mafias no sea estrictamente cierta, o no incluya a las que forman parte de su propio gobierno.

TAPAN TODO

El "retoque" a la fórmula de aumento de las jubilaciones tapó la confirmación de que el dueño del Grupo Socma no es Franco Macri sino Mauricio y sus hermanos; lo que tapó la condonación que hizo Macri de los 70.000 millones de deuda de la empresa de su familia con el correo, que tapó el escándalo de que se fue a pasar las vacaciones al country de Arribas.

Y con eso habían tapado la denuncia contra Pinedo por proyectar leyes a la medida de sus empresas en telecomunicaciones, que tapó la acusación contra Malcorra por haber usado fondos de la cancillería para promover su candidatura a la ONU.

Lo de Malcorra tapó lo de Juliana Awada haciendo subir bolsos con guita de una cuenta de un banco suizo al helicóptero presidencial; que había tapado las coimas que recibió Arribas, y el papelón que hizo cuando intentó explicarlas en el Congreso; que taparon el hecho de que el Secretario de Comercio Braun le asignó cuota Hilton al frigorífico de "La Anónima", o sea de su familia y de la del Jefe de Gabinete Marcos Peña.

Lo de la cuota Hilton tapó que Rodríguez Larreta le dio el contrato del “Paseo del Bajo” por 3500 palos a Calcaterra, y eso a su vez tapó que la justicia alemana les descubrió cuentas ocultas a los hermanos de Macri, lo que sirvió para ocultar que Macri le había asignado 45.000 millones de pesos a la obra del Sarmiento, que van a hacer entre Odebrechet (las de las coimas a Arribas) y Calcaterra.

Ese decreto -el de los 45.000 millones para el soterramiento del Sarmiento- tapó que Macri por decreto amplió el blanqueo para que pudieran entrar los familiares de los funcionarios, pese a que la ley del Congreso lo prohibía; y con ese decreto taparon que Sturzenegger y el Banco Central autorizaron a Calcaterra a comprar un banco en un paraíso fiscal, escándalo que tapó el de los bolsos con guita de Michetti y los aportes en negro a su fundación.

Con el escándalo de los bolsos de Michetti taparon lo del “fideicomiso ciego” y la “acción declarativa de certeza” con la que Macri tapó la cuenta oculta con guita que le descubrieron en las Bahamas; que a su vez sirvió para tapar que modificó por decreto la ley de tierras, para que los extranjeros pudieran comprar más.

La modificación de la ley de tierras sirvió para tapar el escándalo de los panamá Paper’s y las quichicientas sociedades truchas del presidente y toda su familia, con lo que habían tapado los contratos de Aranguren con la Shell, que sirvió para tapar que Melconián era uno de los buitres a los que les pagaron todo sin quita; y eso había tapado que varios de los funcionarios que ordenaron la devaluación, compraron contratos de dólar futuro.

Y creen que no nos damos cuenta con todo eso pretenden que nos olvidemos del 08 de Boudou.

POR QUEJAS, DIRIGIRSE AL SEÑOR MIGUEL BRAUN

Capaz -a lo mejor, tal vez, en una de esas, quien les dice- que la decisión de la Secretaría de Comercio de derogar las normas que aplicaban la ley de abastecimiento al mercado del trigo para garantizar el abastecimiento interno, tuvo algo que ver.

Es una posibilidad que habría que analizar.

Y encima derogaron el cupo de exportación para el trigo pan de baja proteína.

ANTE LA INFLACIÓN Y EL DERRUMBE DEL CONSUMO, MEDIDAS MÁGICAS

El gobierno macrista y su política económica, ha conseguido en su primer año de gestión generar una profunda caída de la actividad productiva y del consumo, caídas acompañadas de la inflación más alta de los últimos 25 años, 43% anual durante el año 2016.

Esa combinación de recesión con inflación, fenómeno denominado estanflación por los economistas, tiene efectos desastrosos sobre la economía de un país, como se puede apreciar en éstos días en Argentina: abismal retroceso del Producto Bruto Interno, derrumbe de la actividad productiva y por lo tanto generación masiva de desempleo, aumento generalizado de precios y tarifas, y en consecuencia, una profunda caída del consumo, a causa que la población ve disminuídos día a día su capacidad de compra, y por lo tanto el consumo se limita a cubrir nada más que necesidades básicas en amplios sectores de la población.

 

En éste marco de descenso generalizado de las ventas, el gobierno recurre a lanzar una medida para “transparentar los precios”, a través de una Resolución del Ministerio de la Producción y la Secretaría de Comercio, la que puede verse completa acá, resolución que más allá de recaer sobre muchos aspectos que ya se encuentran normados desde hace años,  resulta poco efectiva en la medida que las condiciones económicas de recesión y caída del poder adquisitivo de los ingresos se mantengan en los niveles actuales.

El Secretario de Comercio Interior y el Ministro de Producción macristas lanzaron una medida que se dirige a diferenciar el precio de contado del de cuotas y explicitar el costo financiero total, y  vaticinan que a través de ésta medida los precios de contado “bajarán entre un 15 y un 20%” como podemos ver acá.

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Lo que no explican, es porqué hasta ahora desde la Secretaría de Comercio Interior , y en el marco de un proceso de remarcación de precios monstruoso a lo largo de 2016, nada se hizo en base a las facultades que tiene ese organismo y de las leyes 24.240 (Defensa del Consumidor) y 22.802 (Lealtad Comercial),de las cuales la Secretaría de Comercio Interior es autoridad de aplicación. 

La nueva norma en su artículo 1, solo hace una interpretación elemental, obvia, de una norma sancionada hace más de 25 años: el artículo Artículo 37 de la Ley N° 25.065 (ley de Tarjetas de Crédito), el que  establece que no se puede efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta, sea de crédito o débito. Obviamente si se abona en un pago, porque de lo contrario, si se abona en cuotas, hay un recargo de financiación que varía de acuerdo al medio de pago que se utilize. La nueva resolución, solo aclara lo que está claro hace más de 25 años: que se aplica para el caso de abonar en un solo pago.

En el resto de la resolución se reitera normativa vigente en  base a la antigua Ley 22.802 de Lealtad Comercial, la que entre otras disposiciones, en su artículo 9 establece: “Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio,condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios.” (las negritas son nuestras)

Hace décadas que en Argentina, justamente para evitar la publicidad engañosa, en cualquier forma de comercialización que se efectúe, deben especificarse al ofertar o publicar productos -entre otros aspectos- el precio de venta, y de ofrecerse una financiación, el monto de las cuotas y los intereses que se aplican sobre el precio de contado del producto.

Si frente a los incumplimientos de los comerciantes en cuanto al precio ofertado, o de los bancos que ofrecen planes de pago a tarvés de sus tarjetas, la Secretaría de Comercio durante el año 2016 no efectuó procedimiento ni aplicó sanción alguna, no se debió a falta de normativa vigente, sino a la inoperatividad deliberada del organismo. Tanto la Ley 24.240 (artículos 4 y 36), como la Ley 22.802 (artículos 9,11,12 inc.i,14,18), como también las disposiciones relativas a los usuarios de servicios bancarios, permiten sancionar esos incumplimientos; además de los artículos 1385 y 1388 del Código Civil y Comercial, que establecen la obligación de informar el costo financiero total que arrojan las operaciones de financiación.

Los funcionarios macristas pretender con ésta medida, generar una baja de precios en una economía que ellos mismos destrozaron, con una devaluación del peso demencial, generando una profunda caída de la actividad productiva y del consumo, y provocando niveles de inflación históricos. Convocan entonces para hacer anuncios y conferencias donde periodistas complacientes preguntan poco y pautado.

No es mucho lo que se puede esperar de un Secretario de Comercio Interior que es accionista de una gran cadena de supermercados y fuerte formadora de precios. Como tampoco el Ministro de Producción puede exhibir logro alguno, como no sea haber provocado durante su gestión el cierre de más de 4.000 Pymes, mientras el gobierno del que forma parte sigue apostando a la apertura de las importaciones.

YA NI ABRIR EL BOLETÍN OFICIAL SE PUEDE...

...porque te encontrás con cada cosa.

Como por ejemplo el Decreto 50, que prorroga por un año (prorrogable por un año más) la "emergencia en seguridad"; para que -entre otras cosas- Pato Bullrich pueda hacer compras y contrataciones sin hacer licitación pública, ni publicar las adjudicaciones en el Boletín Oficial. (Más info, acá)

Macri prorroga por sí y ante sí la medida sin intervención del Congreso, y ya deja abierta la puerta para prorrogarla por otro año más, o sea que tiene pensado pasar casi todo su mandato en "emergencia" en seguridad.

¿Cifras o datos de la eficacia de la medida, como por ejemplo si ha bajado o no el delito?

Esa te la debo.

Pero hay más: leyendo el Boletín de hoy también podés encontrar la Resolución 47 de la Secretaría de Comercio de Miguel Braun, por la cual se extiende a diez (10) años el plazo para que los exportadores liquiden las divisas en el país. 

Hace apenas cinco meses el mismo Braun les había ampliado el plazo (que fue por años de 15 días a seis meses según la posición arancelaria a exportar) a cinco años.

Hoy mismo veíamos en ésta entrada como ahora iba a ser el Banco Central el que iba a realizar el balance de pagos, y formular las "proyecciones macroeconómicas" derivadas de él, y con un día de diferencia se toma una medida trascendental que impactará en sus resultados: se les da una década a los proveedores de divisas genuinas (los que exportan) para que las retengan especulando con las fluctuaciones del tipo de cambio, e incidiendo sobre el mismo al retacear divisas.

Porque si bien hoy mismo el país contará con unos 7000 millones de dólares más de nuevo endeudamiento, además de tener que pagarlos, ¿alguien sabe si de acá a 10 años no volveremos a entrar en defáult o podremos seguir pagando la deuda al ritmo con que la estamos contrayendo?

En la pràctica, la medida significa un virtual seguro de cambio, y una autorización para fugar  dólares del país por una década.

Y por si todo esto fuera poco, tenemos la Decisión Administrativa 38 del Jefe de Gabinete, por la cual se aprueba la "contratación directa por razones de urgencia" del servicio de lanzamiento de insumos por avión a las bases antárticas para la Campaña de Verano, por 4,6 millones de dólares.

El Ministerio de Defensa inició los trámites para la contratación a fines  de noviembre, porque al parecer recién entonces se enteraron que teníamos bases en la Antártida.

¿Se acuerdan cuando cuestionaban las contrataciones para la campaña antártica del "Chivo" Rossi por falta de transparencia?

LA COHERENCIA MACRISTA

Desde la asunción del gobierno de Macri, la población del país ha experimentado claramente en su bolsillo, el poder de los formadores de precios en todos los rubros de la economía, pero más dramaticamente en el rubro alimentos, que en el lapso de solo un año –como se puede comprobar en cualquier supermercado-, han tenido un aumento de precios superior al 60%.

A ésta altura de la historia, solamente un lunático puede desconocer el poder de formación de precios que tienen las grandes cadenas de supermercados, sumado a la reiteración de conductas de cartelización, es decir de acuerdos empresarios donde deciden a gusto imponer coordinadamente aumentos de precios.

La inflación desatada por Macri a través de la irracional devaluación dispuesta a principios de 2016, continúa destruyendo mes a mes el poder adquisitivo de los salarios, y mientras la enorme mayoría de la población cada vez puede acceder a menos bienes y servicios, el macrismo solo se ocupa de seguir favoreciendo a los grupos económicos concentrados, a través de medidas como la Resolución 447 de la Secretaría de Comercio, dictada en estos días (completa acá en el Boletín Oficial). 

La Secretaría de Comercio de la Nación, es un organismo que tiene a su cargo la defensa de los intereses de los consumidores en tanto resulta autoridad de aplicación de la Ley 24.240 (Defensa del Consumidor). Pero como hoy ese organismo se encuentra a cargo del Sr. Miguel Braun, empresario supermercadista y socio de la cadena La Anónima, el funcionario olvida deliberadamente sus funciones, y a pedido de los empresarios del rubro, dicta la Resolución 447 que dinamita los programas que resultaban una alternativa de acceder a comestibles y otros bienes a precios menores y por fuera de las grandes cadenas de supermercados.

Durante el Gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner, se tomaron distintas medidas con el objeto de desconcentrar el consumo de las grandes cadenas y generar condiciones de competencia más equitativas, beneficiando a pequeños comerciantes de barrio y a los vecinos, poniendo al alcance de todos productos de primera calidad a precios justos, todo en el marco del programa de precios más exitoso de la historia argentina: Precios Cuidados.

Así en el año 2014,  primero con el programa Vamos al Mercado, se  brindó apoyo económico a las organizaciones de consumidores para su traslado hacia el Mercado Central, promoviendo las compras comunitarias y asegurando el acceso a una gran variedad de productos a precios acordados con los productores. Las verduras y frutas por ejemplo, podían ser adquiridas a menos de la mitad del precio que exhibían los supermercados, y con similar diferencia de precio también eran comercializados varios cortes de carne vacuna, cerdo, pollo y pescado. A ésta iniciativa se sumó la implementación del programa Comercios de Proximidad de Argentina (Comprar), conformándose una red de comercios en todo el país, red que al año de su lanzamiento llegaba a 19 provincias con más de 4.800 almacenes adheridas, y que comercializaban los productos a los precios acordados en el programa.

Junto a la Red Federal de Comercios de Proximidad de Argentina (Red Com.Pr.Ar), que era una herramienta que extendía Precios Cuidados a los pequeños comercios barriales, el programa se ampliaba también a través del envío de camiones a todo el país, como por ejemplo aquellos famosos móviles de “Pescado Para Todos”, con mercadería de primerísima calidad y verdaderos precios populares, que recorrían las ciudades argentinas.

Claro que éstos programas beneficiaban a la población, pero afectaba los volúmenes de ventas de los grandes supermercados.

Y por eso el Sr. Braun, empresario supermercadista, dejó sin efecto éstas formas alternativas de comercialización que protegían a los consumidores de la voracidad de los grandes formadores de precios.

Si hay algo que no puede criticarse al gobierno macrista es su coherencia: siempre a favor del más fuerte. Y demostrando claramente a través de todos sus actos, a quien quiere favorecer con sus medidas y a quienes prefiere perjudicar.

Solamente se podría marcar un error en la Resolución 447. El Sr. Braun ha omitido agregar un artículo en la resolución por el cual, el Estado done a los supermercados los camiones frigoríficos que se utlizaban para distribuir los productos del programa.

Aunque posiblemente no hiciera falta, porque algunos sostienen que varios de esos camiones, hoy pintados de otro color pero con el mismo número de patente, circulan por las rutas de la Patagonia llevando mercadería entre las distintas sucursales de la principal cadena de supermercados del sur del país.

Una versión que naturalmente no debe ser cierta, dada la probada e histórica honradez  y transparencia de todos los funcionarios de éste gobierno, comenzando por el presidente.

Entre los fundamentos de la medida adoptada por Braun se señala lo siguiente: "Que, lejos de haber cumplido su objetivo, el esquema diseñado por las resoluciones referidas ha demostrado ser ineficaz para el cumplimiento de las finalidades perseguidas, no habiéndose registrado progresos en materia de fortalecimiento de los mercados de bienes y servicios, ni en la protección de los consumidores y usuarios.".

Dicho esto por el gobierno que devaluó la moneda, eliminó las retenciones y liberó las exportaciones de los productos básicos de la canasta familiar (los denominados "bienes salario"), disparando la inflación en alimentos y bebidas a niveles astrónómicos en lo que va del año, resulta como mínimo curioso.

Tanto como que se trata del mismo gobierno que ha convertido en letra muerta las leyes de abastecimiento, defensa del consumidor, lealtad comercial y defensa de la competencia. ¿Se acuerdan cuando prometían reformar éstas últimas para combatir la inflación? 

Pero no tan curioso como lo que se señala en otro párrafo del texto: "Que los objetivos planteados en las resoluciones antedichas guardan similitud con los tenidos en mira por la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción al promover diversas medidas tendientes a generar alternativas productivas y comerciales sostenibles en el tiempo, con el objetivo de mejorar los niveles de competitividad y productividad en las distintas localidades del país, propiciando la asociación de los diferentes eslabones productivos locales con la finalidad de reducir costos de transacción, comercialización y logística, y ofrecer productos de calidad y accesibles a los consumidores." (las negritas son nuestras)

Inútil es tratar de encontrar en el texto una enumeración (al menos somera) de cuáles habrían sido esas "diversas medidas" que el gobierno de Macri tomó para todas esas finalidades que se mencionan. Tan inútil como apelar a la memoria para recordar alguna, a menos que estén hablando de la fabulosa (?) aplicación "precios claros"; para saber por Internet los precios de los productos, y donde comprarlos.

Dando por sentado que todos sabemos de lo que está hablando, sigue Braun autoelogiándose: "Que, en función del carácter superador de las medidas mencionadas en el considerando precedente y a los fines de brindar mayor operatividad, simplificar su implementación y, en general, tornar más eficiente la gestión pública, resulta oportuno promover la derogación de las resoluciones referidas." (las negritas son nuestras)

O sea, los programas del kirchnerismo son dejados de lado porque las medidas que tomó el gobierno de Macri (que no sabemos cuáles son) fueron "superadoras"; ya que como todos sabemos, hoy los productos de la canasta familiar son más accesibles para los cosumidores, y se han reducido los precios como consecuencia de que se redujeron los costos logísticos (sobre todo con los aumentos de combustibles), de transacción (por ejemplo eliminando las comisiones que se les cobran a los comercios para operar con tarjetas de débito) y de comercialización; porque como sabemos las grandes cadenas de supermercados -como por ejemplo La Anónima, de la familia de Braun- han hecho su patriótica contribución al país, reduciendo sensiblemente sus márgenes de ganancia.

A tal punto por ejemplo que tratándose de alimentos, la diferencia entre lo que se le paga al productor y el precio en las góndolas de los supermercados, se ha multiplicado apenas 5,2 veces.

LICENCIA PARA DEVALUAR, FUGAR Y BICICLETEAR

En el Boletín Oficial de hoy está publicada (verla completa acá) la Resolución 242 de la Secretaría de Comercio que encabeza Miguel Braun, por la que se modifican los plazos que tiene los exportadores para ingresar las divisas al país y liquidarlas a través del sistema financiero.

Es la segunda vez que el gobierno de Macri modifica las normas al respecto: en mayo pasado el propio Braun había dictado la Resolución 91 por el cual llevaba a 365 días (es decir, un año) el plazo, que desde el 2001 oscilaba entre los 15 y 180 días corridos, según las posiciones arancelarias, o sea el tipo de productos que se exportaban.

Lo llamativo en éste caso es la magnitud de los cambios que introduce en el sistema la nueva resolución, en su artículo 1º: “Los exportadores cuyas operaciones están comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) que se consignan en las planillas, que como Anexo I forman parte integrante de la presente resolución, deberán ingresar las divisas al sistema financiero local dentro del plazo de MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO (1.825) días corridos” ” (las negritas son nuestras)

Para que se entienda: los que exportan podrán retener los dólares obtenidos por las operaciones del comercio exterior hasta cinco (5) años, antes de ingresarlos al país y liquidarlos en el mercado de cambios a través de las entidades financieras.

Las posiciones arancelarias que se mencionan son todas las del Nomenclador, por ende la medida comprende a la totalidad de las exportaciones, desde las agropecuarias o del complejo aceitero, hasta las industriales.

Los argumentos son -como mínimo- gaseosos: “...a los fines de mejorar la oferta comercial de la economía local, la competitividad de las exportaciones argentinas, flexibilizar las condiciones de financiamiento, potenciar la inserción internacional y brindar condiciones de previsibilidad financiera, corresponde adecuar los plazos otorgados en el Anexo de la resolución mencionada en último término en el considerando precedente.”.

En apenas tres meses el mismo gobierno que había llevado el plazo para vender los dólares (alimentando así la oferta en el mercado de cambios) a un año, lo quintuplica, para todas las exportaciones.

Los dólares que provienen del comercio exterior son los únicos que alimentan la oferta de divisas en el mercado de cambios en forma”genuina”, es decir como consecuencia de la actividad económica del país y no del endeudamiento externo, o la entrada de capitales financieros especulativos.

También lo hacen los que provienen de la inversión extranjera directa, pero en éste caso se compensan en parte con los dólares que se van por la remisión de utilidades y dividendos de las compañías multinacionales que operan en el país; un grifo que por cierto el gobierno ha abierto con generosidad.

Es evidente que los grandes grupos exportadores han ejercido presión sobre el gobierno para obtener un virtual seguro de cambio: con esta medida, los que tendrán la llave del mercado de cambios para determinar el valor del dólar serán ellos, porque el poder del Banco Central para contener eventuales corridas contra el peso vendiendo dólares en el mercado si el precio se disparara disminuye considerablemente si los que exportan los pueden “encanutar” hasta cinco años, esperando el momento óptimo para liquidarlos.

De más está decir que no todos los que exportan se pueden dar ese lujo porque hacen falta espaldas financieras para hacerlo, pero todos podemos hacer una lista mental de los grupos económicos que sí están en condiciones de hacerlo: por ejemplo, las cinco o seis firmas que concentran la mayor parte de las exportaciones del complejo oleaginoso.

Podrá aducirse que el gobierno teme una apreciación del tipo de cambio por la llegada de dólares por el blanqueo, el endeudamiento y el canal financiero, pero en todo caso eso no justifica por sí solo la enormidad del plazo (cinco años) otorgado a los exportadores para “soltar” los dólares; y si el canal financiero de entrada de dólares se cierra, el Estado se está cerrando solo el canal comercial como vía de ingreso genuino de divisas.

En momentos en los que el dólar tocó su máximo en un mes y medio, bajaron las tasas (y los ahorristas se vuelcan al dólar), las reservas perdieron 365 millones de dólares en dos días (viernes y lunes) y los exportadores redujeron su ritmo de liquidación a 100 millones diarios, la medida de Braun significa dejarles la puerta abierta para forzar otra devaluación; con los efectos que todos conocemos. 

Y si no lo hacen ahora -quizás contribuyendo a cerrar el año sin conflictos- lo pueden hacer perfectamente cuando quieran; sin contar que además cinco años son una eternidad para fugar las divisas, bicicletearlas en el mercado financieras (por ejemplo depositando los dólares en los bancos y quedándose con los intereses) o prestárselos al propio gobierno.

Con ese plazo, todas las variantes del pedal imaginables son posibles.

PARECE CUESTIÓN DE CREER, NOMÁS

Leemos en Clarín que el hiperquinético secretario de Comercio Miguel Braun (en la imagen de apertura se lo observa en un momento de su implacable cruzada contra la inflación) está "investigando a través de Defensa de la Competencia distintos sectores en los que se observan situaciones monopólicas, o de abuso de posición dominante, en perjuicio de los consumidores.

Según el artículo, se incluyen "...aluminio, acero, petroquímica, comunicaciones móviles, tarjetas de crédito y medios de pago electrónicos, aceite, leche, carne, detergentes para la ropa, transporte terrestre interurbano de pasajeros y transporte aéreo..."

La enumeración nos plantea algunos interrogantes, a saber:

¿Es necesaria una investigación de la industria del aluminio para saber que Aluar tiene allí el monopolio absoluto al controlar la totalidad del mercado, por ser la única productora primaria de aluminio desde hace más de 40 años? 

La misma pregunta cabe hacerse en relación a Techint, sus empresas controladas (Tenaris-Siderar y Siderca) y el mercado del acero.

¿La inclusión de las comunicaciones móviles en las investigaciones tiene algo que ver con el ingreso del Grupo Clarín al mercado de la telefonía celular luego de que el gobierno le aprobara la compra de Nextel, y desistiera de ocupar la banda libre del espectro con ARSAT S.A.?

A la inversa ¿se puede explicar que una investigación de esta naturaleza excluya a los servicios de televisión por cable donde Cablevisión (del Grupo Clarín) tenía casi el 65 % del mercado antes de que el gobierno borrara de un plumazo por DNU la cláusula de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que limitaba la posibilidad de participación en el mercado al 35 % del total de abonados del país? 

¿La inclusión en las investigaciones del sector de transporte aéreo tiene algo que ver con las frecuencias de cabotaje a internacionales que explota Aerolíneas Argentinas, a las cuáles quieren acceder sus competidoras?

De ser así ¿la conclusión de la "investigación" ya está dictada de antemano, y es que hay que ir hacia una "política de cielos abiertos" permitiendo a compañías extranjeras operar servicios de cabotaje, e internacionales con partida desde el país?

Y en tal caso ¿servirá la consecuente merma de los ingresos operativos de Aerolíneas Argentinas como la excusa perfecta para volver a impulsar su privatización?

¿La omisión de las grandes cadenas de supermercados -formadores de precios con uso abusivo de su posición dominante, si los hay- entre los sectores a investigar tiene algo que ver con los intereses personales o familiares del secretario Braun? 

¿No está previsto investigar tampoco las situaciones de monopsomio, en especial las de ninguno de los grandes grupos (en su mayoría exportadores) que aprovechan su concentración y la dispersión de los productores de la materia prima que comercializan para fijar precios y condiciones de compra, como ocurre en la molinería, la industria frutícola o la yerba mate?

UN SECRETARIO ESQUIZOFRÉNICO

El Sr. Miguel Braun es el actual titular de la Secretaría de Comercio, organismo que entre otras funciones, tiene a su cargo la defensa de los intereses de los usuarios y consumidores en el marco de la Ley 24.240.

Pero Miguel tambien es integrante de una cadena de supermercados altamente concentrada en el sur del paìs e histórica formadora de precios, Supermercados La Anónima.

Además, Miguel hasta el año pasado fue vicepresidente de ASU (Asociación de Supermercados Unidos), asociación que nuclea a las principales cadenas del sector, y que es en definitiva, el principal grupo de formadores de precios de comestibles del país.  Además Miguel se encuentra estrechamente vinculado a la actividad bancaria, ya que la familia Braun es accionista del Banco Galicia.

Estos antecedentes demuestran el histórico compromiso del Sr. Braun con el sector débil de la relación de consumo, es decir con todos los usuarios y consumidores del país, a quienes hoy representa. Probada su ajenidad a cualquier grupo económico concentrado, el Sr. Braun es una garantía de la defensa de los derechos de los consumidores.

Y por eso está designado precisamente en el organismo que tiene como tarea la negociación de precios y condiciones de comercialización con, justamente, las cadenas de supermercados.

Habiendo sido vicepresidente hasta hace meses de la asociación que agrupa a los grandes supermercadistas, quien mejor que él para representar los derechos de los consumidores, y defender esos derechos tenazmente frente a sus (hasta hace poco) socios, de los cuales se encuentra hoy absolutamente desvinculado por supuesto, al igual que de su anterior actividad comercial.

Esa tajante desvinculación posibilita que hoy se reúna con sus hasta hace poco socios,  para tratar temas tan conocidos por él, pero ahora con Miguel sentado del otro lado de la mesa. Seguramente desde su asunción como Secretario, Miguel ha cambiado diametralmente sus intereses y por eso su óptica.

Pero algunos dudamos de Miguel. Pensamos que a raíz de su nueva función, ha empezado a tener una percepción distorsionada de sí mismo. Y por eso, la distinción  entre él mismo y lo que le rodea puede ser borrosa. Como en la esquizofrenia.

Y por esa dificultad de distinción, dudamos que pueda estar preocupado por los intereses de los consumidores. En otro momento, y en el mismo cargo, tuvimos un Secretario “polémico”, al que nunca le pudieron señalar algún desliz a favor de las empresas formadoras de precios. Al contrario, las críticas siempre fueron por su intransigencia,  por su insistencia en investigar estructuras de costos, por su denuncia sobre las siderales ganancias empresarias en la cadena de comercialización.  

Antes un Secretario “polémico”. Hoy un Secretario esquizofrénico. Cambiamos. El aumento sideral de los precios, sobre todo de los alimentos, en los últimos seis meses, confirman la dolencia de Miguel.