LA FRASE

"EN ÉSTE PAÍS NO SE PUEDE TENER MENTALIDAD EMPRENDEDORA Y ARRIESGARSE EN LA BÚSQUEDA DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PORQUE ENSEGUIDA TE DESTRUYEN CON LA MÁQUINA DE IMPEDIR." (JOAQUÍN BENEGAS LYNCH)
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viernes, 29 de mayo de 2026

ESTADO DE SITIO

 

Cuando el año pasado impulsó la reforma de la Constitución provincial para lograr que se le habilitara la posibilidad de la reelección, Pullaro -que encabezó la lista de convencionales de "Unidos"- hacía campaña prometiendo terminar con lo que denominaba el garantismo (al que calificó como una ideología sostenida por el kirchnerismo y que le hizo mucho daño al país), como si se pudiera hacer tal cosa sin colocar a la provincia en condiciones de sufrir una intervención federal, pues se trataba ni más ni menos que de eliminar las garantías inherentes a la defensa en juicio que consagra la Constitución nacional.

Demás está decir que la bravata discursiva tenía por único propósito reforzar su imagen bukelista de tipo duro dispuesto a todo para combatir el delito, sabedor (o esperanzado en que así fuera) de que ese discurso podía rendirle electoralmente en determinados segmentos de la sociedad. Aunque los números de las sucesivas elecciones habidas desde entonces le demostraron que la apuesta era fallida, el hombre insiste, en buena medida porque ya no sabe como volver de donde se metió.

En medio del proceso de reforma de la Constitución santafesina, la deriva autoritaria del gobernador y su ministro de Justicia y Seguridad los llevó a lanzar el globo de ensayo de modificar -en el marco de la convención reformadora- las normas constitucionales que establecen las garantías de la defensa en juicio, y hasta constitucionalizar la validación del gatillo fácil policial: ver en ésta entrada más información al respecto. Como no podía ser de otra manera, el delirio paranoide y represivo no prosperó, y los actuales artículos 14 y 15 de la nueva Constitución provincial ratifican en sus textos los principios que estaban incluidos en el texto anterior, por derivación de la Constitución Nacional. 

Y en consecuencia con eso, el artículo 14 dispone que "Toda persona tiene derecho a la libertad personal y no puede ser privada de ella ni restringido su ejercicio, sino por disposición de autoridad competente en los casos y condiciones previstos con anterioridad por la ley. En caso de detención, debe darse aviso inmediato a un juez, para que revise la medida en el plazo máximo de veinticuatro horas. No podrá mantenerse una incomunicación por más de cuarenta y ocho horas, salvo resolución judicial. La incomunicación de la persona detenida nunca puede afectar el derecho de comunicación con su abogado defensor. La privación de la libertad durante el proceso tiene carácter excepcional, conforme los criterios y alcances determinados por la ley.", así como que "En materia penal se instituye el proceso acusatorio, adversarial, oral y público."; mientras que el artículo 15 establece que "El domicilio es inviolable. No se puede efectuar en él registros, inspecciones o secuestros sino en los casos y en las condiciones que fije la ley Son igualmente inviolables la libertad y el secreto de la correspondencia y de todo otro medio de comunicación y sus restricciones pueden realizarse sólo cuando la ley las autorice y con sus garantías. Los habitantes de la Provincia pueden permanecer y circular libremente en su territorio.". 

Pues bien, menos de seis meses después de haber aprobado estos textos que no dejan lugar a dudas sobre que la Constitución provincial -mal que le pese a Pullaro, que los votó- es garantista-, el gobernador impulsa una serie de reformas legislativas que implican en la práctica derogarlos o tenerlos por no escritos, con la excusa de combatir la inseguridad. El proyecto (que propone modificar el Código Procesal Penal, la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, la del Programa Provincial de Protección de Testigos y Fondo de Recompensas, la "ley de inteligencia" provincial" y la ley orgánica de la Policía) es presentado a la consideración de la Legislatura absolutamente huérfano de toda fundamentación estadística o científica; y con una notoria confusión entre los delitos concretos que se pretende combatir: sentado que el narcotráfico es de jurisdicción federal -cosa que nos dijeron por años y ahora omiten por fines propagandísticos en la comunicación oficial- el proyecto oscila entre normas pensadas (en teoría) para combatir a las organizaciones criminales, y otras enderezadas a resolver las riñas entre vecinos. 

Se establece (o restablece en realidad, porque rigió en la dictaduras) la "declaración informativa e interrogatorio policial", pensada para los primeros momentos de la investigación de un presunto delito, y en la cual se elimina la obligatoriedad de la presencia del abogado defensor como condición ineludible para la declaración del imputado; después de haberle repuesto a la policía (en el inicio de la gestión de Pullaro) la facultad de detener personas por hasta 48 horas sin dar noticia a un juez "por averiguación de antecedentes".

Se legislaría el juicio penal en rebeldía, y se introducen distintas causales de validación judicial de pruebas obtenidas por medios ilegales, abandonando lo que se conoce procesalmente como el "fruto del árbol envenenado"; y se introduce el allanamiento automático de domicilios por el secuestro de armas en vía pública, y tantas excepciones al principio de la orden judicial previa para allanar un domicilio (que como vimos ratifica el artículo 15 de la Constitución de la provincia), que en la práctica significarán su derogación.

Se crea la figura del "procedimiento por decreto penal", que consistiría en proseguir un proceso penal (supuestamente para casos contravencionales y de criminalidad de bajo impacto) hasta su finalización con una sentencia condenatoria sin participación del imputado, que podría solo recurrirlo a posteriori, lo que supone derogar en la práctica y para esos casos el sistema acusatorio que ahora goza en Santa Fe como vimos, de rango constitucional; y bajo el rótulo de "fortalecimiento de las actividades de inteligencia" se amplían las atribuciones de la policía para la "...producción y gestión de información para la prevención del delito" se le permitiría la "...apertura, extracción, explotación, clonado y/o recuperación de datos de dispositivos y repositorios electrónicos y/o digitales, cuentas de mensajería o redes sociales;...". Sobre lo que en su momento denominamos "la AFI (hoy sería SIDE) de Pullaro", ver más información en ésta entrada.

Pero una de las reformas más peligrosas es lo que el proyecto denomina "zona de intervención policial especial", por la cual como derivación de la ya cuestionable facultad genérica de la policía para detener personas en averiguación de antecedentes, se propone que los órganos ejecutivos (por sí y sin necesidad de autorización judicial) puedan intervenir policialmente una zona determinada en función de los indicadores de criminalidad que se registren; y la declaración administrativa en ese sentido de un sector determinado habilitaría facultades de excepción dentro esa zona para restringir el uso del espacio público, la circulación de personas y vehículos y hasta la comercialización de bebidas alcohólicas, entre otras medidas.

Sería una especie de estado de sitio focalizado, basado en la exclusiva apreciación de la fuerza policial y cuya vulneración acarrearía -según el proyecto- hasta 30 días de arresto: un mecanismo más propio del control social, que de la lucha contra el delito; copiado del artículo 4 de la Ley 27786 (denominada "ley antimafias"), que establece la figura de la "zona sujeta a investigación especial", a la que por iniciativa de Pullaro la provincia de Santa Fe adhirió por Ley 14434 de marzo de éste año.

Vemos entonces como el gobernador -ante la preocupante posibilidad de fracasar en su intento de conseguir la reelección- profundiza su deriva autoritaria sin medir los riesgos que entraña poner facultades extraordinarias con escasos controles institucionales en manos de una fuerza policial que en su momento hasta secuestró y desapareció personas en democracia (como Franco Casco), estuvo y está sacudida por hechos de corrupción y connivencia con las organizaciones criminales que debía combatir (desde Tognolli hasta el ex jefe de la UR Rosario reincorporado y ascendido en forma extraordinaria por Pullaro, y hoy a punto de ir preso por robo de combustible), y hace poco se autoacuarteló liberando zonas para el delito en demanda de mejoras salariales y laborales.

Y todo ello justificado con un discurso oficial manodurista y confuso en el que se mete en la misma bolsa el combate al narcotráfico con la baja en la imputabilidad penal de los menores (como si estos fueran los que arman y conducen las organizaciones criminales), que el gobernador se jacta de haber apoyado enfáticamente cuando se discutió en el Congreso. Tuits relacionados:
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viernes, 3 de abril de 2026

¿ESTÁN PENSANDO EN USAR EL HELICÓPTERO?

 

Leemos en La Política Online: "El gobierno de Javier Milei analiza la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales para mayo del año próximo. La decisión está muy vinculada al análisis económico y el debate interno en el máximo nivel no está saldado. Los optimistas creen que hay que mantener la fecha de octubre porque en ese momento la economía ya habrá "pegado la vuelta" del actual ajuste y estará generando empleo y consumo.".

"Los que empujan el adelantamiento creen que el año que viene se agravará la desconfianza del mercado ante la posibilidad que Milei no reelija y esto volverá a disparar el riesgo país como pasó entre septiembre y octubre del año pasado. Esto aumentaría las dificultades para fondearse que ya está sufriendo el equipo económico, como se vio en la licitación de deuda de este lunes. La Argentina debe enfrentar el año que viene pagos de deuda externa por USD 28.000 millones y despejar las dudas sobre la reelección de Milei lo antes posible -estiman- les permitiría comprimir el riesgo país y volver a los mercados voluntarios de deuda.".

Más allá de la verosimilitud de la nota, es como mínimo raro que un gobierno que transmite en público un discurso triunfalista y festeja logros que no son propios (como el fallo por la expropiación de YPF) o éxitos de política pública que solo existen en su imaginación (como la baja de la pobreza, o la caída de la inflación...para arriba), si algo se puede esperar de una gestión presidida (al menos formalmente) por Milei, son delirios.

Y sin que sea un límite que los haya contenido antes de hacer disparates, viene bien recordar lo que dispone la Constitución Nacional en su artículo 95, sobre la elección del presidente y vicepresidente de la Nación: "La elección se efectuará dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del Presidente en ejercicio.". (las comillas son del texto y las negritas siempre nuestras)

Y lo ratifica -como no podía ser de otra manera- la Ley 19945 (Código Electoral Nacional) en su artículo 148: "El Presidente y Vicepresidente de la Nación serán elegidos simultánea y directamente por el pueblo de la Nación, con arreglo al sistema de doble vuelta, a cuyo fin el territorio nacional constituye un único distrito. La convocatoria deberá hacerse con una anticipación no menor de noventa (90) días y deberá celebrarse dentro de los dos (2) meses anteriores a la conclusión del mandato del Presidente y Vicepresidente en ejercicio. La convocatoria comprenderá la eventual segunda vuelta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo siguiente.".

Claro que alguien podría alegar que Milei podría apelar a dictar un DNU (decreto de necesidad y urgencia), en cuyo caso cabe recordar que la materia electoral es una de las que están expresamente excluidas de sus alcances por el artículo 99 inciso 3) de la Constitución: "El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.".

Se habla también de eliminar las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), pero amén de que ni aun haciéndolo se podría ir contra lo que dispone la Constitución sobre las elecciones presidenciales, la Ley 26571 que las instituyó con las modificaciones de la Ley 27781 del año pasado que incorporó la boleta única, dice en su artículo 20: "La convocatoria a elecciones primarias la realizará el Poder Ejecutivo nacional con una antelación no menor a los noventa (90) días previos a su realización. Las elecciones previstas en el artículo anterior deben celebrarse el primer domingo de agosto del año en que se celebren las elecciones generales previstas en el artículo 53 del Código Electoral Nacional.".

Es decir que todo lo inherente al cronograma electoral está determinado por la Constitución y la ley electoral, y sobre ninguna de ellas puede el presidente disponer en contrario. Incluso eliminando las PASO, por las cláusulas constitucionales. A menos que Milei esté pensando en rajarse antes y poner en marcha el helicóptero por los techos de la Casa Rosada cuando el el plan económico termine de explotar, o tema que finalmente -y cansados de sus desquicios- lo destituyan por juicio político.

Pero ni aun en ese caso podría adelantar las elecciones: la Ley 20972 de acefalía presidencial modificada en 2002 por la Ley 25716 señala en su artículo 1°: "En caso de acefalía por falta de Presidente y Vicepresidente de la Nación, el Poder Ejecutivo será desempeñado transitoriamente en primer lugar por el Presidente Provisorio del Senado, en segundo lugar por el Presidente de la Cámara de Diputados y a falta de éstos, por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta tanto el Congreso reunido en Asamblea, haga la designación a que se refiere el artículo 88 de la Constitución Nacional.". 

O sea: si los cargos de presidente y vice quedan vacantes (lo que supone que si se van a rajar, tienen que ponerse de acuerdo con Villarruel), hay Asamblea Legislativa para elegir presidente provisional (como pasó con Duhalde en 2002); y aquí cobra interés el artículo 4 de la misma ley de acefalía, modificado en el 2002: "La determinación recaerá en un funcionario que reúna los requisitos del artículo 89 de la Constitución Nacional, y desempeñe alguno de los siguientes mandatos populares electivos: Senador Nacional, Diputado Nacional o Gobernador de Provincia. En caso de existir Presidente y Vicepresidente de la Nación electos, éstos asumirán los cargos acéfalos.".

Electos dice, o sea que ya se tendrían que haber realizado las elecciones, en los plazos establecidos por la Constitución y la ley, no antes. Como sea, alguien debería explicar como pasamos tan rápido de la "gira de la gratitud" por todo el país y el sueño de la reelección que se daba por descontada, a ensayar piruetas institucionales para adelantarse al estallido. Ese es el dato relevante. 

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martes, 25 de febrero de 2025

SE ACABARON LAS EXCUSAS

 

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viernes, 2 de febrero de 2024

DE RODILLAS

El primer gobierno de la democracia recuperada en 1983 terminó antes su mandato en medio de un golpe económico con fines aleccionadores: el dolarazo de febrero del 89' no estaba dirigido tanto a Alfonsín y su gobierno (que en palabras de Magnetto, ya se habían convertido en un estorbo), como al Menem que por entonces prometía revolución productiva y salariazo en caso de ganar las elecciones.

El riojano dio sobradas muestras de haber aprendido la lección, e inició un ciclo de gobernabilidad a la sombra del poder económico que le garantizó culminar su mandato y ser reelecto, a condición de vehiculizar todas sus demandas. Más aun, intentó -y lo consiguió- transmitir la idea de que el coraje político consistía en hacer lo que ese poder económico reclamaba, sin arredrarse por las críticas y protestas: "ramal que para, ramal que cierra", "cirugía mayor sin anestesia" y otros exabruptos expresaron esa idea. 

El Pacto de Olivos y la reforma constitucional del 94' fueron simplemente para que los dos partidos principales del sistema político se repartieran los roles con los que cada uno se autopercibía por mucho tiempo por delante (oficialismo y oposición), pero ambos como garantes de ese orden, y esa gobernabilidad. Tanto que cuando a la UCR le tocó volver a gobernar con De La Rúa, ofreció como programa la prolijidad en el sostenimiento de una convertibilidad que ya era a todas luces insostenible.

Sobre los escombros de la implosión del modelo en 2001 y las tensiones de un sistema político e institucional forzado al límite del "que se vayan todos", Néstor  Kirchner imaginó un camino distinto, que suponía una nueva gobernabilidad; en la que se recompusieran los márgenes de autonomía de la política, la autoridad presidencial y el rol del Estado.

Un camino que luego profundizaría Cristina marcando así una ruptura con el modelo de gobernanza previo, y que no se replicaría después del 2015. Mal que les pese a sus detractores y en medio de múltiples conflictos originados en las tensiones con distintas fracciones del poder económico cuando creyeron amenazados sus intereses por las políticas del gobierno (retenciones móviles, disolución de las AFJP, ley de medios, fondos buitres), el kirchnerismo aseguró una década larga de gobernabilidad revalidada en las urnas por amplísima mayoría en 2007 y 2011.

Al mismo tiempo, esa gobernabilidad coexistió -y para ser precisos, diríamos que se basó también- en la mejora constante de los indicadores del crecimiento económico y la mejora en los indicadores de la distribución del ingreso y, en general, en todos los que miden el desarrollo humano del país. Acaso allí -en, por ejemplo, tener hacia 2015 el salario mínimo en dólares más alto de América Latina- haya que buscar el origen de la profundización de las tensiones; más que en presuntos desvíos totalitarios del gobierno, que por otro lado estamos viendo en estos días que el poder económico tolera y alienta, cuando son a favor de sus intereses.  

Tras el ensayo con Macri de un país atendido por uno de sus propios dueños y el interregno de Alberto Fernández, llegamos a Milei: una criatura política sin trayectoria previa ni fuerza partidaria organizada que lo sostenga, vehículo ideal para canalizar la insatisfacción democrática y la crisis de representación. Y más apto aun -atenta su endeblez en todos los planos- para comandar formalmente un gobierno colonizado por intereses corporativos, en el que el de presidente es, más que nunca, un puesto menor: no olvidemos que nos gobierna -literal y no metafóricamente- un empleado de Eurnekián.

Haciendo su propia lectura de la experiencia de gobernabilidad iniciada en el 2003  -lo que incluye necesariamente la muerte de Néstor y el atentado fallido contra Cristina-,  desde 2015 para acá el peronismo (y dentro de él, el kirchnerismo) ha ensayado una y otra vez guiños y giros dialoguistas con el poder económico, traducidos sucesivamente en las candidaturas de Scioli, Alberto y Massa: los resultados de la estrategia han sido derrotas electorales, o defraudación de las expectativas ciudadanas, cuando les tocó gobernar.; y -otra vez, cuestiones íntimamente vinculadas- continuidad en el retroceso de los indicadores económicos y sociales. Datos, no opinión.

En éste contexto no debe sorprender el penoso espectáculo que estamos presenciando a partir de la sanción del mega DNU y la discusión de la ley ómnibus: un debate distorsionado donde los que los apoyan no pueden dar cuenta de sus razones porque responden a mandantes invisibles (o bien visibles, pero con intención de permanecer ocultos), y los que los rechazan pelean contra enemigos que no son los verdaderos, como Milei y sus funcionarios; simples amanuenses de un poder mucho más fuerte y perdurable.

Esa distorsión de los términos del debate no hace sino profundizar la crisis de representación política y el vaciamiento de las instituciones, de las que las acusaciones públicas de Banelco (hechas por el propio presidente sin que nadie le pida cuenta de sus dichos), la represión a los manifestantes, la discusión sobre un texto en blanco que nadie conoce y la violación flagrante del artículo 29 de la Constitución Nacional son apenas los baldones de vergüenza más notorios, pero no los únicos. Tuits relacionados: 

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jueves, 11 de enero de 2024

¿LA CONSTITUCIÓN? ¡ME ARRUGA LA ROPA!

 

En medio del tsunami de barbaridades, idioteces y atropellos que es el gobierno de Milei, pasó casi desapercibido lo que dijo Rodolfo Barra en el Congreso en medio de las discusiones por la ley ómnibus: palabras más, palabras menos, algo así como que la Constitución es un lujo que solo podemos darnos en tiempos fáciles, tranquilos y de prosperidad; porque cuando las cosas se complican o transitamos alguna crisis, hay que dejarla de lado hasta mejor oportunidad.

O en todo caso y acorde al tono extorsivo con el que el gobierno viene manejando la discusión con la oposición por el DNU y la ley (en modo "es esto así, ahora, a libro cerrado, o explota todo"), formuló una amenaza no tan velada de lo que el gobierno estaría dispuesto a hacer si no prospera su plan o encuentra resistencias: llevarse puestas las instituciones de una buena vez, y listo.

Las pulsiones autoritarias de Milei y los libertarios son conocidas -y advertidas- ya desde la campaña electoral, cuando se dijo hasta el cansancio que se trata de gente sin demasiado apego a los límites jurídicos o al mismo pacto democrático (el hoy presidente se negó a decir, preguntado al respecto, si valoraba a la democracia como sistema político), y cuyo éxito pondría en serio riesgo el régimen de convivencia social trabajosamente construido durante 40 años.

La advertencia -como las concernientes a su modelo económico y social y sus implicancias- se quedó corta, y los riesgos son ya palpables, en términos de retroceso institucional y democrático. 

Pero lo que Barra está diciendo escala a otro nivel: nos advierte que si no se cede a las demandas del gobierno explotará todo -como si todo viniera funcionando normalmente-, y en ese caso el gobierno hará lo que crea conveniente y necesario, sin sentirse atado o restringido por ninguna norma que no sea su propio interés o deseo, incluida entre esas normas "prescindibles" la propia Constitución.

Pues bien, ése y no otro fue el fundante ideológico de todos los golpes de Estado habidos en éste país -donde no faltaron-, y solo el estado de shock que afecta desde hace un mes a buena parte de la sociedad argentina ha impedido una reacción acorde al tamaño del exabrupto. Eso, y que -como hemos dicho antes- el respeto por el pacto democrático está mucho menos consolidado socialmente de lo que solemos suponer.  

Que la Constitución es un adorno pensado para tiempos prósperos y felices -y no un programa para, entre otras cosas, alcanzar justamente, la prosperidad y la felicidad en una sociedad- es un absurdo que no merece siquiera discutirse, pero el argumento de Barra podría refutarse por reducción al absurdo: de ser así, no hubo años más prósperos y felices que los del kirchnerismo, que gobernó durante 12 años y medio sin un solo día de estado de sitio, y con plena vigencia de los derechos y libertades garantidos por la Carta Magna, incluso en medio de oposiciones cerriles, y crisis varias.

El gobierno parece dispuesto a cumplir con su programa a como de lugar, rifando a cada paso su legitimidad de origen e incluso con desprecio del daño que eso pudiera causar al consenso social que pueda tener a su favor. Y en ese trance, supone que la sociedad argentina -buena parte de la cual decidió cometer un suicidio electoral colectivo- lo soportará estoicamente sin resistir, cuando no lo apoyará explícitamente; aunque por el momento Milei haya archivado su desafío de plebiscitar sus reformas si encuentran obstáculos en el Congreso.

Algo -la compulsa de nuestra compleja historia, los indicadores de la economía cotidiana, el humor social- nos dice que podrían estar asomándose a una equivocación colosal, y costosa para todos. Como dicen, el que viva lo verá. Tuit relacionado: 

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sábado, 23 de diciembre de 2023

LÍMITES

 

El DNU de Milei es groseramente violatorio de la Constitución Nacional por donde se lo mire, y no pasa un mínimo control o test de razonabilidad. Ni en la justicia ni en el Congreso. No hay discusión al respecto, ni siquiera entre los "constitucionalistas" del régimen.

No cumple con ninguno de los parámetros que exige la Constitución al respecto, y el debate jurídico en torno a semejante engendro no debería exceder de los 10 segundos. Más de eso, es tiempo perdido al pedo. Pero la cuestión es todo menos jurídica: no faltarán jueces que lo convaliden, ni diputados o senadores dispuestos a levantar la mano para aprobarlo.

Solo con su dictado, Milei y su gabinete se han largamente acreedores a ser destituidos por juicio político, por violar la Constitución. Lejos de arrepentirse, están amenazando con sacar más como ése, demostrando por donde se la pasan.

El DNU no resuelve ningún problema grave ni urgente del país, ni le otorga o amplía derecho alguno a nadie, ni le va a mejorar su vida. Todo lo contrario: está pensado quirúrgicamente para cagarle la vida a la inmensa mayoría de los argentinos, en beneficio de un puñado. Acaso en éste punto merezca detenerse un poco más para explicárselo a quienes se verán afectados por él, pero sin perder de vista que en muchos casos (en especial tratándose de votantes de Milei) uno puede estar tratando con gente con capacidad cognitivas diferentes.

El DNU no tiene ningún propósito patriótico, noble, altruista, de interés común o bienestar general, por el contrario: es una burda y vulgar piñata de negocios privados en la que todos los sectores del poder económico aportaron letra, esperando llevarse su pedazo de la torta, y lo consiguieron: Galperín el negocio de las cuentas sueldo, los bancos exprimirnos aun más con las tarjetas de crédito, Lewis y el emir de Qatar la derogación de la ley de tierras, Funes de Rioja y la COPAL la derogación de la ley de abastecimiento, Paolo Rocca y la AEA la flexibilización laboral, y así podríamos seguir.

Basta recorrer los diarios y medios estos días para ver quienes lo apoyan, y sabremos quienes realmente lo redactaron: Milei es apenas el chancho al que le pegaron los cacerolazos y protestas, para que aparecieran los dueños reales. Todo está muy claro y sobre la mesa, para el que lo quiera ver.

De modo que el problema que plantea el DNU no es jurídico, ni de confusión o incertidumbre, sino estrictamente político: nada más ni nada menos que el dilema central de la política, que es la cuestión del poder. Milei dictó el decretazo porque pudo, y porque cree que puede sostenerlo, sin costo. O que puede pagar los costos que le implique, por ejemplo reprimir la protesta social. Esa es su convicción. La pregunta es cuanta convicción en contrario hay de éste lado. 

Cristina dijo en su momento -aquel ya lejano 9 de diciembre de 2015- "va a pasar lo que ustedes quieran que pase". En realidad debió decir lo que dejemos que pase. O como diría el Indio, "Este asunto está ahora y para siempre en tus manos...". Tuits relacionados:

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jueves, 21 de diciembre de 2023

FUJIMORAZO

 

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lunes, 26 de diciembre de 2022

CAMBIO MODELO 1994, HECHO BOLSA

 

La reforma constitucional de 1994 fue el resultado del Pacto de Olivos entre el menemismo entonces triunfante -en el fulgor de la convertibilidad- que hasta logró que Erman González ganara una elección en la Capital Federal, y el radicalismo menguante tras el desastroso final anticipado del gobierno de Alfonsín, en medio de la hiperinflación.

Así las cosas, no pudo sorprender que mientras uno conseguía el objetivo de contar con el instrumento para sostenerse en el poder (la reelección presidencial), el otro se contentara con diseñar instrumentos de presunto control de ese poder, del que se sentía lejano por muchos años, y sin condiciones de disputarlo.

En ese contexto surgieron el Consejo de la Magistratura, el tercer senador por la minoría de cada provincia, la Auditoría General de la Nación en manos de la oposición al Poder Ejecutivo y la autonomía porteña para crear en el corazón político y económico del país una ínsula antiperonista, todos engendros que padecemos hasta el día de hoy, como podemos comprobar amargamente por estos días. Hubo también, es cierto, el propósito menos elevado de preservar ciertas prebenda y pitanzas en forma de cargos públicos, para sostener a una burocracia partidaria (la de la UCR) que se imaginaba entonces eyectada de la Casa Rosada por décadas. 

La consolidación económica del Pacto y la reforma (que conllevó además la provincialización de los recursos naturales estratégicos, como los hidrocarburos o ciertos minerales) fue el intento del gobierno de la Alianza de sostener el modelo de la convertibilidad más allá de su vida útil, hasta que implosionó en la crisis del 2001; generando un terremoto institucional del que emergió el kirchnerismo, como salida inesperada a la crisis. Tan precario era todo que, en aquellos tiempos en los que tuvimos cinco presidentes en una semana, hubo de improvisarse una reforma a tambor batiente de la ley de acefalía para cubrir el bache, y llegar a "completar" el mandato trunco de De La Rúa.   

A diferencia de otras experiencias populares de los primeros años de éste siglo como las de Ecuador, Bolivia y Venezuela (con suerte diversa en cada caso), el kirchnerismo eligió transitar la salida de la crisis sin siquiera ensayar una propuesta de reforma constitucional que avanzara sobre el texto consagrado en el 94'. Podría decirse -no sin razón- que fue una elección realista, dadas las circunstancias: nunca hubo en la oposición, en todos esos años, la menor predisposición a discutir el asunto, y el gobierno tenía ciertamente otras urgencias más apremiantes.

Como decíamos hace unos meses acá, Néstor y Cristin eligieron poner el foco en recuperar la gobernabilidad general del sistema bajo la conducción de la política tanto como fuera posible, recomponiendo la autoridad presidencial, la solvencia del Estado (fiscal y en las reservas del Banco Central) y su poder arbitral en la puja distributiva, tratando de ponerse del lado de los trabajadores como el peronismo clásico; ensayando además una política exterior pragmática e independiente y apuntando a resolver el nudo gordiano del endeudamiento, para ganar márgenes de autonomía en el diseño de las políticas económicas.

Los números (económicos, sociales y sobre todo, electorales) indican que mal no les fue, pero a fuer de ser sinceros, los problemas cuya solución se pospuso porque había otros más urgentes subsisten hoy, y están en el primer plano de las dificultades. Más cuando entre los gobiernos de Macri y Alberto hemos retrocedido en todos esos avances que más arriba reseñamos, con consecuencias funestas en nuestro presente y -sobre todo- en nuestro futuro.

Hoy la Corte Suprema, como instrumento togado del poder real, ejerce de facto el gobierno del país, se mete con las directrices de la política económica, se apropia del Consejo de la Magistratura, cree poder disponer -y lo hace- sobre la organización de las fuerzas políticas en el Congreso y resuelve según su antojo las disputas entre el gobierno nacional y el (en palabras de Asís) artificio porteño; con el definido propósito de ayudar a financiar otro experimento por el cual un jefe de gobierno de la CABA llegue a la Rosada en representación de la Argentina antiperonista, tras los estruendosos fracasos de De La Rúa y Macri.

El propio balotaje presidencial diseñado en la reforma del 94' (alabado por los realpolitikeros como una muestra de la sagacidad menemista) es hoy un instrumento útil a los fines de cerrarle el paso al peronismo, tal como lo pensó Lanusse cuando lo introdujo en el Estatuto Fundamental de 1972. Si entonces no funcionó fue pura y exclusivamente por el enorme volumen político y electoral de Perón, del que hoy carecemos. De hecho, la única vez que se lo puso en práctica desde 1994 para acá, sirvió para que la "nueva derecha" que soñara Natanson y es la misma y vieja de siempre, llegar al poder ganándole al candidato del peronismo, por escaso margen.

El actual texto constitucional era viejo e inadecuado para dar respuesta a los problemas del país ya en 1994, y la reforma producida entonces no encaró a fondo ninguno de ellos, porque sus propósitos fueron otros. De hecho, la mayoría de las reformas que entonces se introdujeron los han agravado, como que se trató y se trata de una Constitución pensada no para garantizar derechos y un desarrollo nacional autónomo e inclusivo, sino para preservar los privilegios de un modelo de país en el que sobramos la mayoría de los argentinos.

Se podrá argüir que en la actual "correlación de fuerzas" (palabrejas tan de moda en estos tiempos) y con los niveles que ha alcanzado "la grieta" no existe la más mínima posibilidad de arribar a ciertos consensos entere el oficialismo y la oposición como para poder alumbrar otra reforma constitucional, y es estrictamente cierto. Tan cierto que allí reside precisamente la trampa de esta democracia condicionada en la que nuestro voto vale cada vez menos, porque hay estructuras reales de poder (en las instituciones políticas, en la estructura económica) con poder de veto sobre las decisiones populares.

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viernes, 11 de noviembre de 2022

PEOR ES NADA

 

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domingo, 19 de diciembre de 2021

DEMASIADO TARDE PARA LÁGRIMAS

 


Cuesta no ver un hilo conductor en el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura y el rechazo de la oposición al presupuesto para 2022 en el Congreso, un hecho inédito en los 38 años de vigencia ininterrumpida de la democracia: el de los restantes poderes, diferentes al Ejecutivo, que perciben la debilidad de éste después de la derrota en las elecciones, y obran en consecuencia. Sin demasiados reparos si, al hacerlo, generan zozobra institucional.

Pero que hay pulsiones golpistas en la oposición que perdió las elecciones del 2019 lo sabíamos desde entonces, más precisamente desde que luego de las PASO de ese año Macri, tras la estruendosa derrota, dejó volar al dólar para castigar a la mayoría de los electores, por haber votado mal. Y que los supremos cortesanos se creen los monarcas para los que no aplican ni la Constitución ni las leyes, ni -mucho menos- el voto popular, también lo sabemos desde siempre: quejándonos de ambas cosas no ganamos nada, y seguimos perdiendo autoridad, que bastante hemos dejado ir en estos dos años.

Nada indica que el contexto político -que es difícil- vaya a cambiar en los dos años de mandato que les restan a Alberto y Cristina, y junto con el presupuesto fallido se fueron (esperemos) las últimas esperanzas presidenciales de conseguir puntos de acuerdo con sectores "racionales" o "responsables" de la oposición. Persistir en esa hipótesis absurda, contra toda lógica aportada por la evidencia de los hechos, a esta altura deja de ser un error político mayúsculo, para convertirse en una tentativa de suicidio, con grandes probabilidades de tener éxito.

Alberto Fernández (como cualquier presidente bajo las reglas de la Constitución que rige en el país) tiene todo el poder que esté dispuesto a ejercer: no más, pero sobre todo, no menos. A menos que persista en el error inaugural de haberse autoprecibido como un gobierno débil y de transición ya desde el arranque mismo de su mandato, cuando gozaba de un respaldo popular que claramente hoy no tiene, incluso en las filas propias. De aquellos polvos, estos lodos.

Puede prorrogar por decreto simple el presupuesto de éste año y gobernar con las facultades resultantes de ello según lo explicado acá; como puede instrumentar por DNU aquellas decisiones que no pasen el filtro del Congreso, excepto en temas tributarios, de legislación penal o que requieran mayorías agravadas o especiales en las Cámaras, como por ejemplo una reforma constitucional. Tiene, como se ve, un amplio margen de maniobra.

Y esos DNU, de acuerdo con la Ley 26122 diseñada por el "Chino" Zanini en el gobierno de Néstor y presentada por Cristina como senadora, siguen vigentes desde su dictado hasta tanto el Congreso no los rechace con el voto negativo de ambas Cámaras, bastando que una de ellas los confirme, para que queden validados. Y si la justicia decidiera avanzar sobre ellos, habrá que avanzar -de una buena vez- sobre la justicia.

Eso, sin contar las importantes atribuciones restantes que el presidente tiene en nuestro sistema constitucional, que no son pocas, ni sobre temas menores: es cuestión de decirise a ejercerlas, sin complejos ni falsos dilemas.

Como se ve, hay muchas cosas que el presidente y el gobierno pueden hacer, excepto una que no solo no pueden, sino que no deben seguir haciendo: que todo siga igual como hasta ahora, con la misma hoja de ruta que nos llevó al fracaso electoral (porque por si alguno no lo advirtió, en las elecciones perdimos, y nos lo están haciendo notar), y que nos llevará a otro fracaso en el 2023, si persistimos en esa línea.

Sin violentar el propio orden constitucional, no hay tiempo para buenos modales, tendidas de mano a amigos imaginarios, o la búsqueda improbable de acuerdos imposibles, con interlocutores dispuestos a sabotear hasta las reglas más elementales de convivencia política: recordemos que acaban de rechazar, sin discusión, el presupuesto.

No hay más tiempo para la queja por la virulencia de los medios (que existe), para los desafíos de la justicia (que son notorios) ni para la intolerencia y beligerancia opositora, que cualquiera puede notar. Nunca debimos contar con que ninguna de esas cosas fueran distintas a como son, pero nunca es tarde para aprender: instalarnos en el lugar de la queja para justificar no hacer nada y entregarnos mansitos a la adversidad es propio de radicales, no de peronistas.

Millones de argentinos nos votaron hace dos años para que gobernemos, no para que nos quejemos de la herencia recibida, o de las circunstancias difíciles en las que nos tocó hacerlo. Pues hagámoslo de una buena vez, y listo, No hay más tiempo que perder, ayer ya fue tarde. Tuits relacionados: 

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martes, 3 de agosto de 2021

LOS PELIGROS DE LA DEMOCRACIA

 


Como por ejemplo que la gente vote, que el que saca más votos gane, y al mismo tiempo si se trata de una elección legislativa, como tiene más votos, tenga más bancas que los que perdieron, y sacaron menos votos.

Claro que si el que gana y saca más votos y más bancas no te gusta, el resultado normal de una elección democrática (que es, en definitivas, la expresión directa de la voluntad ciudadana) pasa a ser un peligro mortal para la propia democracia; que en otras épocas ya sabemos como lo "solucionaban".

Para colmo, si tales consecuencias se pueden dar en ésta coyuntura, en el caso de la Cámara de Diputados, es porque se ponen en juego las bancas otorgadas en las legislativas del 2017, que fueron la mejor elección del macrismo, en su desastroso gobierno.

Y para colmo, ponen en juego más bancas que el actual oficialismo, en medio de un despelote interno en el que se cruzan acusaciones y denuncias todos contra todos, tanto que casi ni les dejan tiempo para criticar al gobierno: en un punto, la tribuna de doctrina los está llamando al orden, advirtiéndoles el peligro para que se dejen de boludear.  

Pero así como pasa eso en Diputados, en el Senado se ponen en juego las bancas de la elección del 2015 (la del balotaje presidencial), solo en 8 de las 24 provincias, porque así lo manda la Constitución; como manda renovar por mitades cada dos años la otra Cámara.

Constitución que en éste preciso punto -como se renuevan periódicamente una y otra Cámara- dice lo mismo desde 1853, ya que no fue modificado ni siquiera en la reforma de 1994; que lo único que hizo fue incorporar el tercer senador por la minoría, en cada provincia.

Dicho todo esto porque -frente a los fantasmas de hegemonía que agitan ahora ante un posible triunfo oficialista- el kirchnerismo nunca logró, entre 2003 y 2015, tener mayoría en ambas Cámaras, ni mucho menos los dos tercios de las mismas como para -por ejemplo- promover la reforma de la Constitución, como lo exige el artículo 30 de ésta.

De modo que el famoso "van por todo" era tan probable como el actual "estamos a siete diputados de convertirnos en Venezuela", eso sin contar que habría que ver cuanta voluntad de ir a fondo hay (frente a un triunfo) en los distintos sectores del "Frente de Todos", y que significa para cada uno de ellos, "ir a fondo".

Gente rara los medios hegemónicos, a la que le preocupan las consecuencias naturales del más elemental de los actos democráticos (el voto), al punto de reclamar "equilibrios" y "alternancia", postulados que, llevados al extremo del absurdo, implicarían que sin importar los votos que cada uno saque, les den la misma exacta cantidad de bancas a todos, o, sin importar quien gane la elección, deba gobernar una fuerza política distinta en cada período o mandato.

Salvo, claro está, que ganen los que les gustan a ellos,  en cuyo caso reclamarán que "no les aten las manos", ni les "pongan palos en la rueda" con la "máquina de impedir", aunque hayan ganado en balotaje, por un punto y medio. Y por supuesto si ganan irán por la reelección, porque "son necesarios años de continuidad para garantizar políticas de Estado a largo plazo". 

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miércoles, 28 de julio de 2021

UNA LÍNEA DE COHERENCIA

 

Sabrina Ajmetech (una historiadora investigadora del CONICET) aparece en las listas de "Cambiemos" (o como carajo se llamen ahora) como candidata, y descubren viejos tuits suyos en los que niega la soberanía y los derechos argentinos sobre Malvinas, entre otras barbaridades.

Todos fingen horrorizarse, y es muy posible -aunque no seguro- que por esas y otras expresiones la terminen bajando de la lista, lo cual sería lo menos que pueden hacer: no puede aspirar a ser legisladora nacional alguien que desconoce la Constitución o propugna violarla. 

En efecto, la Disposición Transitoria Primera, agregada en la reforma de 1994, es muy clara al respecto: "La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.".

Sin embargo, no puede haber sorpresas: su valedora para colarse en la lista (Patricia Bullrich) había dicho hace poco que las islas bien podían ser entregadas como garantía al laboratorio Pfizer, para que nos vendiera sus vacunas. Y Macri, cuando era Jefe de Gobierno, se preguntaba para qué queríamos recuperarlas, si eso solo contribuiría a aumentar el déficit. Siendo presidente luego, firmó el vergonzoso acuerdo Duncan-Foradori (que por cierto aún no ha sido denunciado); y fue el gobierno que menos hizo -por lejos- en defensa de nuestros derechos soberanos sobre las islas.

Ricardo López Murphy (otro hallazgo que nos trajo el cierre de listas) vuelve a insistir con el negacionismo no solo de los 30.000 desaparecidos, sino de la existencia misma de un plan de represión ilegal organizado, que sumió al país en un genocidio. Con apoyo en autoridades como Darío Lopérfico o Graciela Fernández Meijide, vuelve con la cantinela de que la cifra fue inflada para cobrar indemnizaciones, y a blandir muy suelto de cuerpo la teoría de los dos demonios.

Otra vez, nada que sorprenda: el "Bulldog" fue parte del gobierno de De La Rúa (aun hoy se recuerda su breve interinato en Economía, eyectado por la Franja Morada al proponer un recorte al presupuesto universitario), que cuando el país estaba en llamas y a pocos días de dejar el gobierno, dictó el Decreto 1581/01, por el cual denegaba las solicitudes de extradición cursadas por Baltasar Garzón y otros jueces extranjeros para juzgar a los represores; en momentos en los que en el país no se los podía jugar por la vigencia de los indultos y las leyes de impunidad.

De hecho el decreto (que luego sería derogado por Néstor Kirchner por el Decreto 420/03) en sus considerandos rescata toda la arquitectura jurídica montada durante los gobiernos de Alfonsín y Menem, para clausurar definitivamente la revisión judicial de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Arranca por la teoría de Alfonsín distinguiendo a los que dieron las órdenes, y a los que "se excedieron" en su cumplimiento, para terminar con la obediencia debida y el punto final: pueden leerlo acá.

Después vino el macrismo, en alianza con la UCR, en otro gobierno del que formaron parte Lopérfido, Lombardi y Patricia Bullrich, para decir que había que terminar con el curro de los derechos humanos. 

Es decir entonces que no hay exabruptos, ni descuelgues, ni opiniones sacadas de contextos, ni casualidades: hay toda una línea de perfecta coherencia, que los ha llevado hasta acá, a que les ofrezcan lugares en las listas, quienes se los ofrecieron. Están donde tienen que estar.  

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viernes, 12 de marzo de 2021

BAJO VUELO

 


El viernes de la semana pasada ingresó a la Cámara de Senadores de la provincia el proyecto de ley remitido por Perotti por el cual se modifica la Ley Orgánica de Comunas, para que los mandatos de las autoridades comunales (es decir, de todas las localidades de la provincia con menos de 10.000 habitantes) sean de cuatro años y no de dos, como son desde 1935.

Antes de eso, todos -oficialismo y oposición- decían estar de acuerdo con la idea, con la cual acuerdan además todos los presidentes y comisiones comunales en funciones, sin distinción de color político. Según el proyecto, la reforma se aplicaría a partir de 2023, cuando se renueven las autoridades provinciales (gobernador y vice, senadores y diputados); es decir se unificarían todos los mandatos.

Hay una discusión abierta en términos jurídicos respecto a si el cambio requiere de una reforma a la Constitución de la provincia (como plantea el socialismo), o basta con una ley, inscripta en el concepto de la "autonomía municipal" que establece el artículo 123 de la Constitución Nacional reformada en 1994, y conforme los últimos fallos de la Corte Suprema nacional en la materia; alguno de ellos específicamente referido a la provincia de Santa Fe, su Constitución provincial y sus leyes.

Ambas posiciones son respetables, y como se suele decir, hay media biblioteca a favor, y otra en contra. Pero al proyecto del Ejecutivo hay que verlo en otro contexto; que es precisamente la discusión por la autonomía municipal y sus alcances, algo con lo que todos dicen estar de acuerdo; pero que hasta acá, solo Perotti plasmó en algo concreto, como el proyecto que ingresó al Senado. 

Frente a eso, la oposición (lo que incluye al senador Traferri según ésta nota de La Capital) elige criticar los "modos", planteando que discutir la ampliación del mandato de las autoridades comunales en la Legislatura es "una maniobra de bajo vuelo".  El "alto vuelo" consistiría -al parecer- en que antes de mandar un proyecto a la Legislatura (mas en extraordinarias, cuando la Constitución dice que el único que lo puede hacer es él), el gobernador debería pedirles permiso a los senadores y diputados, o algo por el estilo.

Porque lo de "enriquecer" el debate se presta a confusiones: ¿cuánto se puede discutir y argumentar a favor o en contra de llevar el mandato de las autoridades comunales a cuatro años, que es lo que específicamente propone el proyecto? Salvo que estén todos de acuerdo en que para impulsarlo, haya que reformar sí o sí la Constitución, en cuyo caso también la discusión debería terminar a los cinco minutos.

Lo raro es que en ésta provincia, no hace mucho (apenas dos años atrás) hubo un gobernador (que hoy preside la Cámara de Diputados, para más datos) que planteó euna consulta popular sobre la reforma constitucional por decreto, y sin especificar en qué la quería reformar, concretamente. Y ahí nadie dijo que era "una maniobra política de bajo vuelo".

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