LA FRASE

"EL FLIPPER DE "LOS LOCOS ADDAMS" ME LO COMPRÉ PARA ENTRENARME PARA LAS REUNIONES DE LA MESA POLÍTICA." (MANUEL ADORNI)
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martes, 12 de mayo de 2026

GOBIERNO SE BUSCA

 

En momentos en los que el círculo rojo está en la búsqueda del ejecutor prolijo, con buenos modales y sin desbordes psiquiátricos que pueda garantizar la supervivencia del modelo más allá de Milei, es bueno reflexionar sobre lo que el modelo significa; que es en esencia una dualización del desarrollo productivo del país (con sectores ganadores y perdedores) con sus secuelas sociales y laborales, en un marco de retiro del Estado incluso hasta de roles que en otros tiempos se reputaron esenciales, y su desguace en beneficio de un puñado de grupos económicos del país y el extranjero.

Y aun algunos que están perdiendo con éste modelo porque no pertenecen a los nichos y enclaves que obtienen de él ventajas comparativas (como sucede con buena parte de la industria manufacturera) aspiran a sostenerlo porque les obsequió una reforma laboral flexibilizadora que apunta a consolidar niveles de precarización, baja de salarios y reestructuración de las relaciones de poder al interior de las empresas, que soñaron por años obtener.

La filosofía (por llamarla de algún modo) que sustenta teóricamente el experimento no se reduce a la motosierra o el topo que destruye el Estado desde adentro, sino que va más allá: supone además que todo el proceso de asignación de costo y beneficios a la sociedad resultantes de su implementación queda librado a las fuerzas del mercado, y el gobierno se desentiende de la realidad, incluso de los aspectos de ésta que crean sus propias políticas y decisiones.

Un caso bastante ilustrativo al respecto es el incremento de los precio de los combustibles y la energía como consecuencia de la situación internacional, que termina repercutiendo por ejemplo en la crisis terminal del transporte público; fenómeno frente al cual el gobierno de Milei nada hace porque cree que nada tiene que hacer; lo que lleva al contrasentido de que se ufane de un superávit energético (que más que mérito propio es de Cristina, por haber recuperado YPF poniendo así en valor Vaca Muerta y el potencial de recursos con que contaba el país), mientras en un país que tiene petróleo y gas en abundancia los precios de los combustibles y las tarifas de los servicios públicos no paren de subir, por un combo explosivo de omisiones y decisiones deliberadas del gobierno, como reducir los subsidios o dolarizar las tarifas. 

La política energética libertaria -si es que tal cosa existe- se reduce a un extractivismo desenfrenado en busca de dólares para pagar la deuda, dólares que además tampoco llegan en la medida que se requiere precisamente porque se les ha garantizado a sus dueños que podrán hacer con ellos lo que quieran; como se puede comprobar con la extensión de los beneficios del RIGI a las petroleras que no los necesitaban para ganar fortunas, y el anuncio de un "súper RIGI" que les otorga más ventajas impositivas, y más libertades para disponer de las divisas.

Cuando el gobierno de Milei consiguió que el Congreso aprobara la ley bases eliminó con ella con precisión quirúrgica -aportada por lo estudios jurídicos que asesoran, entre otros, a las petroleras- toda referencia contenida en la Ley 26741 de recuperación de YPF a la necesidad de alcanzar el autoabastecimiento petrolero y garantizar el suministro al mercado interno a precios razonables, liberando así a las petroleras de todo compromiso al respecto. 

Consistente con eso, éste gobierno ni siquiera frente a un contexto de crisis internacionales que dispara los precios del petróleo y con ellos los de los combustibles piensa en medidas para atemperar sus efectos en la economía nacional, las empresas y los hogares; como poner retenciones a las exportaciones de petróleo o fijar precios diferentes para el barril según se destine a la exportación o el abastecimiento interno   

Lejos de disminuir la carga tributaria que lleva el precio de los combustibles líquidos o utilizar la recaudación del impuesto para aumentar los subsidios a las tarifas, lo embolsa para dibujar un superávit fiscal trucho y ni siquiera repara las rutas que están destrozadas, y contribuyen así a encarecer los costos de producción y distribución de bienes y servicios; lo que repercute -junto con el precio de los combustibles- en los niveles de inflación que degradan los salarios. Mientras tanto, pide reflejar en los precios la incidencia de los impuestos, o le echa la culpa a las tasas municipales. 

Tiene (y se jacta de ello, tanto que el presidente no se saca el mameluco, aunque la quiso privatizar) la petrolera líder del mercado y la única que tiene todo el ciclo integrado de exploración, producción, destilación y refinación; y no hace valer esa posición estratégica para atemperar el impacto de la crisis internacional en la economía doméstica: solo la usa para repartir pauta publicitaria en los medios y sobres para los periodistas adeptos  y poder decir que no lo hace desde el gobierno, o para pagarles sueldos generosos a los funcionarios reciclados de la gestión.

Milei desentendido por completo de los problemas cotidianos de la gente (como poder tomar un colectivo sin esperar horas, o un tren sin bajar como ganado) parece olvidar una verdad de Perogrullo: todo país necesita un gobierno que atienda precisamente esas cuestiones y que demuestre que le preocupan, y la Argentina no es la excepción. Y actualmente y desde hace dos años y medio no lo tiene, y esa es una anomalía que no puede perdurar mucho tiempo. 

sábado, 1 de enero de 2022

ENSALADA DE ZANAHORIAS

 

El Boletín Oficial de ayer (último del año) salió plagado de decretos del Poder Ejecutivo Nacional con medidas de corte económico: el Decreto 908 que prorrogó hasta fin del 2023 la alícuota del 8 % a las exportaciones mineras y de combustibles (completo acá), la prórroga de la rebaja por seis meses de las contribuciones patronales de las empresas del sector salud (Decreto 903, verlo acá),  y la disminución de la alícuota de Bienes Personales para los fondos y activos repatriados desde el exterior para destinarlos a inversiones en la construcción (Decreto 912, completo acá).   

El día anterior, es decir el jueves 30, se publicó el Decreto 900 (completo acá) por el cual se rebajan las regalías que deben pagar las petroleras por los permisos de exploración y concesiones de explotación en el Mar Argentino. 

El mismo día se publicaron el Decreto 899 (completo acá) que prorroga la rebaja de las contribuciones patronales a la seguridad social para las empresas radicadas en las provincias del denominado "Norte Grande". Y también ese mismo día se publicó el Decreto 897 (verlo acá), que establece la exención del impuesto al cheque para las cuentas utilizadas en forma exclusiva por los consignatarios de ganado, que involucren movimientos de fondos de terceros.

Hace poco (justo para Nochebuena) veíamos acá como, al prorrogarse por seis meses la emergencia ocupacional, se estableció  la baja progresiva de la doble indemnización por despido, hasta su virtual eliminación. Y hace tan poco como el 15 de diciembre del año pasado, veíamos en ésta entrada como se rebajan o eliminaban retenciones a productos de las llamadas "economías regionales", para -supuestamente- promover las exportaciones.

Por estas horas el gobierno evalúa si convocar o no a sesiones extraordinarias del Congreso en enero, para tratar los temas pendientes que remitió. Como por ejemplo los que se enumeran en ésta nota de El Cronista: leyes sobre hidrocarburos, desarrollo agroindustrial, y la construcción para vivienda.

Leyes que contemplan en todos los casos rebaja, diferimiento o exención de impuestos o cargas patronales, flexibilizaciones del control de cambios para garantizar el libre acceso a las divisas a los que exporten, rebaja de contribuciones a la seguridad social, eliminación o rebaja de retenciones y "estabilidad fiscal" por determinada cantidad de años, una vez otorgados esos beneficios.

Es difícil no ver en todas estas medidas un plan y un sentido unívoco, como también es difícil no advertir ciertas (por no decir muchas, o todas) similitudes con otros planes "ofertistas" similares, ensayados muchas veces, en distintos gobiernos (algunos presuntamente distintos entre sí), sobre la base de la convicción o creencia que con estímulos al capital (como únicas y excluyentes herramientas) se crece y se generan empleos que pagan salarios de calidad; es decir ese crecimiento "derrama", aunque a cierta heterodoxia le moleste que se utilice la expresión (que goza de bien ganada mala fama), más no las similitudes antes apuntadas, en el discurso y -sobre todo- en las medidas derivadas de él.

Entre las alternativas de la zanahoria y el palo (que bien podrían ser complementarias y no necesariamente excluyentes) para manejarse en sus relaciones con las distintas fracciones del capital, el gobierno ha elegido, claramente y desde su mismo comienzo (incluso antes de que se desatara la pandemia) la primera. Por eso está todo el tiempo ofreciendo zanahorias, muchas, hasta hacer una ensalada. 

Y al parecer ha descartado por completo el palo, es decir exigir -a cambio de tanto beneficio, prebenda o afloje, fundamentalmente fiscal- compromisos concretos, medibles y pesables. En inversiones, creación de puestos de trabajo, integración de cadenas de proveedores locales, aportes de divisas, aporte en fin al desarrollo del que tanto se habla.

Eso sin considerar que allí donde se ha encontrado con situaciones de privilegio preexistentes o consolidadas (como pasa por ejemplo con Techint o Aluar en sus respectivos segmentos de mercado, o con el Grupo Clarín en las comunicaciones y el entretenimiento), ha optado deliberadamente por respetar esas posiciones creadas, enfatizando incluso el discurso presidencial en que no es intención avanzar sobre ellas.

Como dijimos, hay un plan, una hoja de ruta (de inspiración de Kulfas, que bien podría suscribir Lavagna, pero que se ejecuta por decisión del presidente), con el que se puede acordar o no (no es nuestra intención en ésta instancia plantear un debate teórico al respecto), pero está. 

La pregunta es por qué habría que suponer que esta vez sí se cumplirán sus supuestos teóricos no ya en el crecimiento de la economía (que ciertamente es importante), sino en mayores niveles de equidad e integración social, que sean su consecuencia. Máxime cuando no se advierte una batería de medidas, tan constantes y consistentes como los reseñados estímulos al capital, que fuercen o aceleren ese "derrame" que hasta acá no se vio, por lo menos de un modo apreciable.

Y además cuando la historia reciente de la experiencia macrista, medida en términos de reanudación del endeudamiento, concesiones al capital ruinosas al interés social y agudización de la restricción externa por la fuga de capitales, no podría haberse escrito, directamente, sin la lisa y llana participación de algunos de los beneficiarios de estas medidas "ofertistas".

jueves, 25 de noviembre de 2021

CONSENSOS PARA EL DESARROLLO

 


Los otros días nos preguntábamos acá que estaba dispuesto a dar el poder económico en la Argentina a cambio de los consensos que habitualmente reclama. Decíamos entonces "...dado que sabemos ampliamente lo que el poder económico exige para arribar a ellos (con la astucia de disfrazar esas demandas como el único camino posible), de lo que seguimos sin saber mucho, es de lo que estarían dispuestos a dar a cambio.".

Una respuesta -posible- nos llega leyendo ésta nota de La Política Online, que da cuenta de las presiones que ejercen sobre el gobierno Paolo Rocca y el Grupo Techint para que se les otorgue el gasoducto que debería llevar la producción de Vaca Muerta, para favorecer su exportación.

Como allí se cuenta, Rocca "ofrece" desistir de un juicio que inició contra el Estado cuando el gobierno de Macri (luego de haber firmado el acuerdo con el FMI) modificó la política de subsidios a la mayor producción diseñada en su momento por Aranguren, a través de la famosa Resolución 46: el juicio original era por más de 1500 millones de dólares, y el actual gobierno logró que el gigante siderúrgico y su petrolera Tecpetrol (que opera en Vaca Muerta) "moderaran" sus exigencias y desistieran de cobrar toda esa suma, a cambio de acceder a los beneficios del Plan Gas, diseñado en ésta gestión para incrementar la producción.

Repasemos: a través de la resolución de Aranguren el gobierno de Macri dolarizó los precios del gas en boca de pozo, en valores muy por encima incluso de los vigentes en el orden internacional;  como eso implicaba gasto público en forma de subsidios a las petroleras (de esos subsidios y "planes" que no suelen molestar a los grandes medios y a los empresarios), el FMi le echó el ojo y exigió cerrar el grifo, y ahí comenzaron los problemas.

Comenzada ésta gestión, la "zanahoria" con la que el gobierno contaba para estimular la producción de gas eran -como no- también estímulos fiscales o subsidios a ella, y Tecpetrol se anota entre los primeros, para acceder a los beneficios. Claro que el complemento del incremento de la producción de gas en Vaca Muerta (que se ha verificado en forma ostensible) es que ese gas pueda ser transportado hacia donde se puedan exportar los excedentes, que aportan divisas que son necesarias para el país.

Y para eso hay que invertir, construyendo un gasoducto, una de las obras de infraestructura más importantes y necesarias que tiene por delante el país para encarar su desarrollo, y alejar el fantasma de la restricción externa. Sobre esto no hay dudas, con o sin Paolo Rocca en el medio.

Precisamente de eso se aprovechan Rocca y Tecpetrol para extorsionar al gobierno con la demanda judicial pendiente (cuyo resultado no sería dudoso, conociendo los bueyes con que aramos en los tribunales), y obtener a cambio la obra del gasoducto, que además valoriza su propia producción en Vaca Muerta, porque le permitiría acceder a exportarla. Pero como dijimos, esto es también un objetivo de política económica del país, del primer orden.

¿Será entonces que para conseguirlo no hay otra forma que ceder a la extorsión del que acaso sea el empresario más poderoso del país y sus empresas, que mientras habla como un titán del capitalismo y la libre iniciativa privada o cuestiona el tamaño del Estado y el peso de los impuestos que cobra, va saltando de un beneficio y prebenda estatal a otra?

Porque desarrollo (y progreso, y mejores oportunidades de empleo con buenos salarios) queremos todos. Habría que ver si estamos dispuestos a pagar los precios que nos piden para conseguirlos.

domingo, 18 de julio de 2021

COMPLEJIDADES

 


No debe haber muchas cosas que permitan ilustrar en mejor medida las complejidades de la política, la economía y el peronismo, por estos momentos, que el régimen de los biocombustibles. Y si no veamos:

* El régimen original de promoción de la industria de los biocombustibles fue una iniciativa de Julio De Vido durante el gobierno de Néstor Kirchner, que se terminó convirtiendo en la Ley 26093, con una vigencia de 15 años que precisamente caducaba éste año, y por eso se estuvo discutiendo el nuevo régimen en el Congreso. Mientras el nuevo régimen se aprobada, hace pocos días (el 12 de éste mes, para ser más precisos) Alberto lo prorrogó por el Decreto 456 (completo acá en el Boletín Oficial), hasta el 27 de agosto o la entrada en vigencia del nuevo régimen, lo que ocurriera primero.

* Como vemos en el tuit de apertura, ésta semana el Senado le dio sanción definitiva al nuevo régimen, cuyo cambio más relevante -y problemático- es que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Energía, podría reducir el mínimo de corte obligatorio en las naftas de los biocombustibles, del 5 % que fija la ley vigente que viene de los tiempos de Kirchner, al 3 %. La iniciativa fue impulsada en Diputados por Máximo Kirchner, y contó con el apoyo de las provincias petroleras (el alza de los biocombustibles afecta los costos de las empresas que procesan hidrocarburos para producir naftas, en el país, la principal YPF).

* La reacción provino de las dos provincias que albergan los principales complejos de producción de biocombustibles a base de oleaginosas o maíz: Santa Fe y Córdoba, en ese orden. En Diputados al FDT los números le dieron para aprobar el proyecto de Máximo con el apoyo de los diputados de las provincias petroleras, y de Tucumán y las azucareras, porque los cambios no afectarían al bioetanol proveniente de la caña de azúcar. 

* Para que se entienda: Santa Fe y Córdoba abogaron para sostener el régimen de Kirchner (Néstor)-De Vido, porque en base a él se desarrollaron las plantas productoras que tienen en su territorio, asegurándoles una salida y mercado a la producción, vía los cortes mínimos obligatorios de las naftas. Y las provincias petroleras y azucareras (lo que incluye al Jujuy de Morales, por caso) aportaron votos de sus legisladores para aprobar los cambios.

* El propósito de las reformas que impulsó Máximo (y terminaron aprobadas) es contar con otra herramienta (como las retenciones) para desacoplar los precios internos de los internacionales,  para evitar que el alza de precios de los commodities se traslade al aumento de los combustibles en el mercado interno. O sea, una herramienta como la que el propio gobierno nacional no ha querido aplicar en el caso de la carne, el trigo, el maíz, o los productos lácteos.

* Y una idea acertada en teoría, pero hasta acá los precios de los combustibles en el mercado interno han venido aumentando al compás de los precios internacionales del petróleo, y de la decisión del gobierno nacional de darle "señales de precios" a la industria, para aumentar la producción; lo cual por un lado se logra (YPF por ejemplo ha aumentado un 126 % la producción de shale gas en Vaca Muerta), pero si se afecta a la industria de los biocombustibles cambiándole las reglas de juego, habrá que importar más combustibles (drenando divisas) para sostener la producción de naftas.

* Todo lo que se diga sobre posibles riesgos ambientales, grados de concentración económica o presencia gravitante de empresas multinacionales en la producción de biocombustibles, vale para las industrias petrolera y azucarera, cuyo lobby evidentemente ha sido más efectivo. Hay sí, en el caso de los biocombustibles y en especial en la provincia de Santa Fe, un fuerte entramado de Pymes que se desarrollaron en éstos años al amparo del régimen promocional impulsado por Néstor Kirchner, que contempla para ellas beneficios impositivos.

* Todo lo que se diga al respecto del costo fiscal de tales beneficios (que, reiteramos, alcanzan a las Pymes del sector), se puede decir corregido y aumentado para los estímulos fiscales del Estado nacional a la producción petrolera y gasífera, en la que la escala de los jugadores es otra pero -para ser justos- el Estado tiene presencia a través de un actor relevante como YPF, cosa que no sucede en el caso de los biocombustibles; y se frustró en potencial al desistirse de la expropiación de Vicentín.

* Ambos sectores (biocombustibles y petróleo/gas) aportan a un modelo integrado de desarrollo económico, con entramado industrial y uso de tecnología e incorporación de valor agregado. Ambos pagan buenos salarios (considerando la media del mercado laboral), en blanco. Y ambos sectores captan -según las circunstancias y su capacidad de presión- rentas extraordinarias por lo general, y demandan protección y asistencia del Estado (a través de regulaciones o subsidios) cuando la cosa se complica.

* La ley terminó siendo sancionada con la promesa del Secretario de Energía de la nación  a las provincias con presencia gravitante de industrias que producen biocombuastibles (como Santa Fe y Córdoba) de "morigerar" en la reglamentación el hachazo al corte mínimo obligatorio de biocombustibles a las naftas, y está bien. Porque armonizar (las perspectivas de desarrollo del país, el crecimiento de sus regiones, la economía en general, los intereses de las distintas fracciones del oficialismo o sus nichos de representación electoral) es la tarea. 

martes, 19 de mayo de 2020

EVALÚAN SI TRASLADAN LA CAPITAL A LUXEMBURGO


Cuando el gobierno dictó el DNU 329 prohibiendo por 60 días los despidos y suspensiones por razones de fuerza mayor (suspendiendo en ese plazo la vigencia de los artículos 211 y 247 de la Ley de Contrato de Trabajo) que los permiten), el grupo Techint reaccionó despidiendo 1450 operarios de una de sus empresas constructoras.Finalmente logró que los despidos quedaran firmes, pese a que el DNU decía que los despidos dictados en esas condiciones "... no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales.".

Después de eso, se supo que hubo empresas del mismo grupo (Techint) que presentaron la documentación en ANSES para conseguir que el gobierno (o sea, todos nosotros) les pagara parte de los sueldos del personal; lo que incluyó al mismísimo CEO que firmó los telegramas de despido.

Hoy se publica en el Boletín Oficial (completo acá) el DNU 487, por el cual Alberto Fernández prorroga por 60, hasta el 31 de julio, la prohibición de disponer despidos o suspensiones por causa de fuerza mayor. Al igual que el primer DNU, este establece que "...Los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el artículo 2° y primer párrafo del artículo 3º del presente decreto, no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales.

En el mismo Boletín Oficial de hoy también aparece publicado el Decreto 488 (completo acá), por el cual se establece el "barril criollo" para remunerar a las petroleras su producción, en 45 dólares, frente a la caída del precio internacional. La medida supone fuertes subsidios que terminará afrontando el Estado (es decir, todos nosotros), para sostener la actividad y evitar despidos.

Esto último puede resultar un contrasentido cuando al mismo tiempo se está diciendo -el mismo día, en el mismo Boletín Oficial- que los despidos están prohibidos, pero lo cierto es que el Decreto 488 en su artículo 2° dice textualmente: "Las empresas productoras deberán aplicar idéntico criterio al sostenimiento de los contratos vigentes con las empresas de servicios regionales y deberán mantener la planta de trabajadores y trabajadoras que tenían al 31 de diciembre de 2019. Ello se realizará en un marco de consenso con las organizaciones de trabajadores y en procura conjunta de alcanzar modalidades laborales que mejoren la eficiencia, la tecnología y la productividad y que estén acordes con las mejores prácticas nacionales e internacionales de la industria de los hidrocarburos."

También el mismo artículo, en su párrafo final, dispone lo siguiente: "Durante la vigencia del artículo 1º, las empresas productoras no accederán al mercado de cambios para la formación de activos externos ni adquirirán títulos valores en pesos para su posterior venta en moneda extranjera o transferencia de custodia al exterior. ". O sea, las empresas que accedan al beneficio de cobrar 45 dólares por barril de petróleo no podrán fugar capitales, ni operar en la bolsa para hacerlo.

Hasta acá, nada que decir: son medidas adecuadas, en el contexto de crisis, aun cuando alguna vez habrá que tomar el toro por las astas en materia de petróleo, y tomar en cuenta los costos internos de producción, en pesos: del propio decreto surge que las empresas podrían convenir con los sindicatos convenios flexibilizadores a la baja, por ejemplo.

El grupo Techint (el mismo de los despidos mencionados al inicio del post) será uno de los principales beneficiarios del "barril criollo" a través de su petrolera Tecpetrol, una de las principales operadores privadas en Vaca Muerta. El mismo grupo que ayer forzó el despido de 30 operarios de una de las contratistas de Siderca (una de sus "naves insignias" en la siderurgia), y se temen otros 600 más, en las tercerizadas que le prestan servicios a la empresa del grupo.

Como ven, la estrategia de "cajitas chinas" del hólding que comanda Paolo Rocca es presentarse con sus empresas por todas las ventanillas disponibles del Estado para obtener beneficios, pero desentendiéndose de las obligaciones legales y sociales que ese mismo Estado impone, en un contexto de crisis. 

Lo que requiere de este Estado (es decir del gobierno) respuestas claras, rotundas y contundentes, porque lo están desafiando abiertamente, y están desafiando su autoridad. Antes de que sea tarde y a alguien se le ocurra plantear que, lisa y llanamente, la capital del país (es decir, el lugar donde residen sus autoridades) se traslade a Luxemburgo.

martes, 31 de marzo de 2020

NOS LO MERECEMOS POR BOLUDOS


Si hay una empresa y un empresario que están en boca de todo el mundo en éste momento son, respectivamente, el grupo Techint y su CEO Paolo Rocca, por los 1450 despidos que acaban de producir en una de sus constructoras con motivo de la pandemia y en medio de ella.

A ellos estuvo centralmente dirigida la advertencia sobre los despidos de Alberto Fernández en su mensaje del domingo, y de ellos fue -en nombre de la AEA y el poder económico- la amenaza abierta al gobierno para que levantara la cuarentena, y reanudara la normalidad de la actividad, aun a riesgo de perder más vidas humanas por el coronavirus.

Que Techint o alguna de sus empresas despida gente no es ninguna novedad: en tiempos de Macri (que acompañó a Rocca a Houston a inaugurar una planta industrial allá) despidieron a 270 empleados cuando se pararon las obras del reactor CAREM. La diferencia estuvo (o puede estar) en la respuesta del gobierno en cada caso.

Lo curioso (o no) es que ahora la respuesta al reto/advertencia presidencial no vino del propio Rocca (quien no suele rebajarse a esos extremos), sino de Miguel Angel Toma, el ex director de la SIDE y funcionario menemista, devenido miembro del directorio de Siderar, una de las naves insignia del hólding, pero en representación del Estado; que tiene a través de la ANSES y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) el 26 % de las acciones de la compañía.

Toma fue designado en esa condición por el gobierno de Macri, y aun continúa en funciones porque el gobierno nacional no lo removió de su cargo o no le pidió la renuncia, como tantos ñoquis VIP que el macrismo le dejó plantados, con sueldos astronómicos y presunta protección contra despidos por doble indemnización en tal caso. Para que se entienda: alguien que debió ser despedido con el cambio de gestión, y por negligencia política no lo fue hasta acá, es quien sale a la palestra a enmendarle la plata al presidente, y bancar los trapos del conglomerado de empresas que está despidiendo gente en forma masiva durante la pandemia. Tuit relacionado:


Por si todo lo relatado no bastara para tener en claro que hay algunas cosas (como la pandemia) que nos pasan por imperio de las circunstancias, y otras (como ésta) por boludos, recordemos la historia de la participación accionaria del Estado (a través del FGS de ANSES) en varias de las empresas más importantes del país; entre ellas Siderar del Grupo Techint, donde Toma forma parte hoy del directorio.

Esas participaciones eran de las AFJP, cuando en los 90' invertían en obligaciones negociables o ampliaciones de capital de las grandes empresas (como el propio Grupo Clarín), que se financiaban con "la plata de los jubilados", y por eso fueron grandes impulsoras del sistema de capitalización. Cuando en el 2008, en el gobierno de Cristina, liquida el sistema y se pasan los activos al FGS por la Ley 26425, junto con ellos vienen las acciones de varias empresas, entre ellas el 26 % de Siderar.

En el segundo mandato de Cristina, allá por el 2011 y frente a la negativa de las empresas (entre ellas Siderar) de designar directores de la ANSES en proporción a sus tenencias accionarias, la propia presidenta dictó el DNU 441, por el cual modificó el "techo" que creaba la Ley 24241 (la de las jubilaciones privadas) a los derechos políticos del Estado como accionista, según lo cual con independencia del porcentaje del paquete accionario que tuviera, a los efectos políticos dentro de la sociedad (por ejemplo para designar miembros en el directorio) esa participación se consideraba con un máximo del 5 %: ponía la plata (en realidad, los jubilados) pero no tenía acceso a participar del control social.

En ese momento Techint amenazó con ir a la justicia contra el DNU, pero terminó aviniéndose a cumplirlo, y así fue como Axel Kicillof fue designado en el directorio de Siderar, en representación del 26 % de las acciones que detenta el FGS. Cuando se ratificó en el Congreso el DNU 441, los entonces opositores y luego oficialistas en "Cambiemos" votaron en contra, o se abstuvieron; alineándose con los intereses del hólding de Paolo Rocca.

Lo mismo pasó cuando en el 2015 Cristina planteó al Congreso lo que luego sería la Ley 27181, que prohibía vender las participaciones accionarias del Fondo de Garantía de ANSES en empresas privadas (entre ellas en Siderar); "cepo" a las privatizaciones que fue borrado de un plumazo apenas asumió Macri, con el artículo 35 de la Ley 27260, de blanqueo de capitales.

Un Macri que fue más lejos aun (con apoyo de parte de la oposición, al igual que en blanqueo) cuando en el 2018 modificó la Ley 26831 sancionada en 2012 durante el segundo mandato de Cristina, para regular los mercados de capitales: con precisión quirúrgica y a pedido directo de la cúpula de la AEA (básicamente, Clarín y Techint) eliminó de un plumazo el artículo 20, que protegía los derechos de los accionistas minoritarios en las sociedades que cotizan en bolsa, como lo es el Estado en Siderar, en Papel Prensa (con el 28 % de las acciones) o en el propio Grupo Clarín (con el 9 % del capital). En ambos casos (blanqueo y reforma a la ley de los mercados de capitales) el kirchnerismo se opuso a los planes de Macri, a diferencia de otros sectores de la oposición.

¿Será acaso este momento, el de los 1450 despidos de una constructora de Techint en medio de la pandemia, el del abierto desafío no ya de Rocca sino de su empleado Toma al presidente, el de enmendar tantos errores, y dar mínimas muestras de autoridad, además de obligarlos a retrotraer los despidos? ¿Podrán revisarse en éste marco, y atento a la conducta del hólding, los millonarios subsidios estatales que recibe su petrolera Tecpetrol en Vaca Muerta? (Acá Zaiat nos refresca la memoria de la historia de prebendas del hólding)

¿O seguirán prevaleciendo viejas cuitas de los años kirchneristas (o viejas amistades del PJ porteño, por lo de Toma), aunque digamos que "es con todos", porque fue Boudou el que tuvo la idea de liquidar las AFJP, o Kicillof el que planteó la necesidad de hacer valer los derechos del Estado como accionista en esas empresas, o Cristina la que trató de evitar que se volvieran a privatizar esas participaciones sociales? Gran oportunidad para el presidente para demostrar lo contrario, y de paso, dar una respuesta aleccionadora al poder económico que desafía su autoridad, en momentos tan difíciles para el país y la sociedad; que da muestras de confiar en su liderazgo.

miércoles, 11 de marzo de 2020

VOLVER AL 49


Hace poco y a propósito del posible envío al Congreso de un proyecto de ley estableciendo un régimen especial de incentivos para Vaca Muerta, decíamos acá que "Las petroleras pidieron un precio mínimo asegurado (algo así como el "barril criollo"), un sendero de precios que les resguarde su rentabilidad (o sea, un cronograma de aumentos) y disponer de los dólares que consigan de ganancia. El gobierno les dijo que les darán lo que piden solo para la producción incremental: la que supere lo que están produciendo hoy. Es decir, lo que se está produciendo actualmente mantiene las condiciones y lo que aumenten tendrá condiciones más beneficiosas.

Para que se entienda: cuando los cultores del mercado libre y la libre iniciativa privada (y vaya si las petroleras lo son) piden "reglas de juego claras", están pidiendo la chancha, los 20 y la máquina de hacer chorizos, tanta libertad como sea posible, y tantas regulaciones públicas favorables a sus intereses, como sea necesario. En ese escenario, la decisión del gobierno de ponerles la zanahoria del incremento de la producción por delante para obtener beneficios adicionales, y dárselos en la medida que acrediten efectivamente esa mayor producción, es la correcta.

Sin embargo, siguen sin discutirse los costos reales de producción de las petroleras en el país, dato imprescindible para sentarse a negociar, dado que del otro lado de la mesa se habla de los riesgos para la rentabilidad, pero vinculándolos exclusivamente a los precios de los combustibles en el país. 

Las petroleras piden además que si el precio internacional cae por debajo de los 50 dólares, se les asegure ese piso: ahí no hay riesgo empresario que valga, piden intervención estatal pura y dura y precio sostén. Cualquier parecido con la Mesa de Enlace y el precio del trigo o el maíz, en otros tiempos, es pura casualidad.".

Semanas después, estamos exactamente en ese punto: mientras las petroleras estaban reclamándole al gobierno que ponga fin al congelamiento de los precios de los combustibles en el mercado interno (es decir, que deje de intervenir y permita que los precios los fije el mercado), las sorprendió la decisión de Arabia Saudita de incrementar la producción de Aramco, derrumbando de esa manera los precios internacionales del crudo, que ayer tuvieron una leve recuperación.

Entonces entra en escena el "Plan B" del que hablábamos en el posteo anterior: revive el reclamo por el "barril criollo" (que por si alguno no lo entiende, supone incrementar el nivel de subsidios del Estado a las petroleras), y ese reclamo de las petroleras tiene el respaldo de las provincias dueñas del recurso, como da cuenta esta nota de La Política Online, a la que corresponde el tuit de apertura.

El fenómeno no es nuevo, y viene desde la provincialización de los recursos naturales en la reforma constitucional de 1994, que les otorgó a las provincias en el nuevo artículo 124, el dominio originario sobre los recursos naturales existentes en su territorio. De allí que las provincias petroleras hagan causa común con las compañías a la hora de reclamar por los precios del petróleo en boca de pozo y su alineación con los precios internacionales (cuando estos suben), o por la fijación de precios mínimos (cuando bajan); porque además sus ingresos por regalías están atados a esa variable.

Mientras esa situación no se modifique por la vía de una reforma constitucional, que vuelva al texto del artículo 40 de la Constitución de 1949 que establecía ese dominio en cabeza del Estado nacional con la obligación de coparticipar a las provincias del producido de la explotación de esos recursos (al menos de los estratégicos, como el petróleo) no hay solución posible; y no alcanza para romper esa "alianza" de intereses con cambios en las leyes nacionales de hidrocarburos, que por lo demás tiene en sí mismas sus propios bemoles, como lo señalábamos en el posteo anterior que en parte transcribimos.

Eso sin contar con que (como decíamos acá) la nueva crisis internacional en ciernes, con derrumbe de los precios del petróleo incluido, pone en entredicho e interrogante todas las expectativas que pudiera generar el desarrollo del shale en Vaca Muerta. Tuit relacionado:

martes, 10 de marzo de 2020

CRISIS SIGNIFICA OPORTUNIDAD


El relato instalado por el sentido común gorila presenta al peronismo como el resultado inesperado (por ellos) de una coyuntura económica feliz (la de la segunda post guerra), que fue desperdiciada por políticas populistas. Y persiste: el kirchnerismo en su hora fue definido como un "veranito" posibilitado por los altos precios de los comodities, en especial la soja y sus derivados; que de haberlo tenido De La Rúa (dicen) otra hubiera sido la historia de su gobierno.

Ahora mismo, frente a las dificultades con las que se encontró Alberto Fernández al asumir el gobierno, el latiguillo es "no hay populismo sin chequera", o cosas por el estilo. Como hemos dicho otras veces, si eso fuera cierto, y a ellos les toca gobernar en circunstancias difíciles, habría que dejar de votarlos, porque son mufas.

La realidad, por supuesto, es otra: en política no hay coyunturas felices, a menos que uno las sepa aprovechar, o que las cree desarrollando políticas al efecto; cosa que nuestros liberales -al parecer- no saben hacer: se empecinan siempre en desplegar políticas que nos hacen más vulnerables a las crisis externas, aumentando el poder de daño que tienen sobre nosotros.

Por estas horas no son pocas las voces que alertan  sobre un conjunto de factores que se precipitan sobre la economía mundial para crear la tormenta perfecta, en forma de una nueva crisis financiera internacional: desde el impacto del coronavirus en el comercio internacional, hasta la "guerra del petróleo" desatada por Arabia Saudita con su decisión de incrementar la producción causando un desplome de los precios del crudo,  se sacudió el tablero en una suerte de "efecto mariposa"; con consecuencias que hoy por hoy son aun imprevisibles.

En ese marco, la situación nos encuentra con un gobierno que lleva solo tres meses en el poder, e intenta acomodar las cargas, mientras cierra con sus acreedores externos una reestructuración de su deuda que, lo hemos dicho ya, en las condiciones actuales es impagable. 

Para peor, la baja de los precios internacionales del petróleo torna incierta la apuesta por el desarrollo de Vaca Muerta como fuente de dólares genuinos para atender los pagos de la deuda, y las demás demandas de divisas que requiere la economía para funcionar; y la sicosis mundial por el coronavirus está impactando en los niveles del comercio internacional, y disminuyendo los precios de algunos de nuestros principales productos exportables, afectando también por ese lado la disponibilidad efectiva de dólares para sortear el cuello de botella de la restricción externa.

Por contraste, la caída de los precios del petróleo podría darle al gobierno de Alberto Fernández un respiro en las presiones del sector para aumentar los combustibles, o facilitar su estrategia de pesificar las tarifas de los servicios públicos, para disminuir la inflación. Del mismo modo, el desplome general de los activos financieros (incluyendo el precio de los títulos de deuda a renegociar) podría acelerar la reestructuración de la deuda externa con los acreedores privados, que estarían más dispuestos a aceptar quitas de capital e intereses, y a estirar los plazos de cobro.

Hasta aquí, solo especulaciones que deberán ser corroboradas con el tiempo; pero lo que sí podemos decir es que la crisis en ciernes es preferible afrontarla con un gobierno que no tenga miedo de apelar a precisas regulaciones públicas cuando sea necesario, o a sostenerlas para evitar males mayores, como el mal llamado "cepo" o los controles a los movimientos de capitales: pensemos por un momento este mismo contexto difícil, con el macrismo en el poder, y su modelo de desregulación financiera para la valorización y fuga de capitales, funcionando a pleno.

El cambio de escenario posiblemente obligue al gobierno a revisar algunos de los supuestos de su plan económico (ése que "los mercados" le exigen conocer), como poner el énfasis en las exportaciones para salir de la recesión y el estancamiento, profundizando aun más las políticas tendientes a reactivar la demanda agregada y el consumo interno, dentro de las restricciones existentes.

Y hacia el interior, el nuevo contexto le imponen también a AF y su administración revisar ciertas premisas políticas de la gestión, porque si la hora impone acentuar un modelo de desarrollo "autocentrado" (es decir, "vivir con lo nuestro"), es clave el modo en el que el gobierno reparta las cargas del peso que la crisis en ciernes pueda descargar sobre el país.

En ese sentido, el conflicto que plantean los sectores más intransigentes de las patronales del campo privilegiado supone menos un trastorno económico, que un desafío a la autoridad política del gobierno elegido en las urnas, como lo demuestra el inadmisible intento de poner "aduanas" privadas en las rutas, controlando los movimientos de carga para asegurar el resultado de un lock out que carece evidentemente de consenso social.

Un sector (el agroexportador) que tradicionalmente piensa en términos de su inserción económica en el mercado mundial y se maneja exclusivamente en divisas, no parece advertir que las circunstancias internacionales podrían estar cambiando drásticamente en su contra, y continúa replicando comportamientos del pasado, como si las cosas fueran iguales: en 2008 el alzamiento agrogarca fue espoleado por una coyuntura excepcional de alza de los precios internacionales de las materias primas, cuyos beneficios quisieron capturar en exclusividad, sin que la sociedad en su conjunto participara de ellos, a través del Estado.

Frente a esa exacerbación peligrosa de las lógicas corporativas, se requiere que el gobierno actúe con decisión, transmitiendo claramente el mensaje de que, por contraste, entiende perfectamente lo que está en juego; y no le tiembla el pulso para ejercer la autoridad legítima de la que está investido. Porque como dicen que dicen los chinos (los portadores originales del coronavirus que tiene en vilo a millones), crisis significa oportunidad.

domingo, 19 de enero de 2020

SUPONGAMOS


Supongamos por un momento que todo lo que cuenta acà Roberto Navarro sobre la reunión del presidente y las petroleras es verdad, dado que no hay aun anuncios oficiales al respecto. Tomando lo que dice la nota como bueno, es bastante ilustrativo del contexto en el que el gobierno debe moverse, los jugadores con  los que tiene que interactuar, como se mueven, los desafíos que se le presentan, y las respuestas que da, y las que faltan.

Recordemos que hace muy poco el propio Alberto Fernández tuvo que intervenir ante el presidente de YPF Guillermo Nielsen (presente en la reunión de esta semana) para que frenara un aumento de combustibles que ya había gatillado, porque -posiblemente esto muchos no lo sepan- hay una línea gerencial en la empresa que viene del macrismo, y sigue actuando con la lógica de los precios dolarizados de la energía, y la desregulación completa del mercado de los combustibles que dispuso Macri. Luego de eso vino la reunión, que cuenta Navarro, en la que se discutieron distintas cuestiones.

Las petroleras pidieron un precio mínimo asegurado (algo así como el "barril criollo"), un sendero de precios que les resguarde su rentabilidad (o sea, un cronograma de aumentos) y disponer de los dólares que consigan de ganancia. El gobierno les dijo que les darán lo que piden solo para la producción incremental: la que supere lo que están produciendo hoy. Es decir, lo que se está produciendo actualmente mantiene las condiciones y lo que aumenten tendrá condiciones más beneficiosas.

Para que se entienda: cuando los cultores del mercado libre y la libre iniciativa privada (y vaya si las petroleras lo son) piden "reglas de juego claras", están pidiendo la chancha, los 20 y la máquina de hacer chorizos, tanta libertad como sea posible, y tantas regulaciones públicas favorables a sus intereses, como sea necesario. En ese escenario, la decisión del gobierno de ponerles la zanahoria del incremento de la producción por delante para obtener beneficios adicionales, y dárselos en la medida que acrediten efectivamente esa mayor producción, es la correcta.

Sin embargo, sigues sin discutirse los costos reales de producción de las petroleras en el país, dato imprescindible para sentarse a negociar, dado que del otro lado de la mesa se habla de los riesgos para la rentabilidad, pero vinculándolos exclusivamente a los precios de los combustibles en el país.   

Las petroleras piden además que si el precio internacional cae por debajo de los 50 dólares, se les asegure ese piso: ahí no hay riesgo empresario que valga, piden intervención estatal pura y dura y precio sostén. Cualquier parecido con la Mesa de Enlace y el precio del trigo o el maíz, en otros tiempos, es pura casualidad..

En la negociación con el gobierno surgió la idea de un fondo anticíclico, conformado con el producido de las retenciones móviles (sí, como las de la 125, ya se aplicaron en tiempos de Kirchner) a las exportaciones de crudo a cobrarse si el precio internacional se mueve entre 50 y 75 dólares el barril, pudiendo llegar al 8 % la alícuota como lo contempla la ley de emergencia sancionada hace poco por el Congreso. A partir de los 75 dólares por barril la retención se mantiene en ese techo del ocho por ciento; y los ingresos por retenciones irían al fondo anticíclico para subsidiar a las petroleras cuando los precios caigan por debajo de 50 dólares.

Otra vez: cobrarles retenciones a las exportaciones de petróleo es una muy buena medida, que capta fiscalmente rentas extraordinarias y permite además desacoplar los precios internacionales del petróleo, de los que rijan en el mercado interno e impactan en el precio de los combustibles y en la inflación. Lo del fondo anticíclico, en cambio (una idea que surgió sin dudas del propio sector) le privaría al Estado de recursos genuinos ahora, que deberá buscar en otros sectores de la economía, porque no puede financiarse con deuda; y por el contrario tiene que pagarla. 

Tampoco parece muy feliz la idea de sostener la alícuota del 8 % cuando el precio internacional del barril de petróleo supere los 75 pesos, porque en términos económicos (es decir, buscando con esa retención el desacople de los precios internos de los internacionales) sería lo mismo que la retención fija en 4 pesos por dólar que impuso el macrismo a las exportaciones agropecuarias, y que este gobierno modificó apenas asumió. 

Las compañías petroleras también piden asegurarse que podrán disponer de los dólares para solventar sus gastos e inversiones, a lo que el Gobierno les propuso realizar un fideicomiso en el exterior para ese fin; y el resto de los dólares los tendrán que liquidar en el país, en el mercado oficial de cambios, en un periodo que se está negociando entre seis meses y un año. Parece una solución transaccional entre los deseos de máxima de una y otra parte, que el Estado adoptaría para asegurarse que los dólares que no ingresen al país las petroleras no se fuguen sino ayuden a sostener las inversiones necesarias para incrementar la producción.

Recordemos que la importancia de incrementar la producción de petróleo y sus derivados (para lo cual es necesario cierto nivel de estímulos a las petroleras) radica en que así se aporta no solo a la necesidades de energía y combustibles de la infraestructura económica, sino a superar la restricción externa (escasez de dólares) por dos vías: la disminución del peso de las importaciones de combustibles en la balanza de pagos, y los ingresos de divisas vías las exportaciones del sector. En éste último caso, eximir por completo a las petroleras de la obligaciones de liquidar las divisas en el país, carecería por completo de sentido.

Finalmente y siempre según Navarro, las petroleras habrían pedido también pagar menos del 35 (alícuota máxima) por ciento de impuesto a las ganancias, y el presidente les respondió que eso era imposible, lo cual habla muy bien de él: es absurdo que se le rebaje la carga impositiva a uno de los sectores que más ganaron durante los años macristas. Aunque si nos preguntaran a nosotros, y precisamente por eso, habría que disponer un impuesto extraordinario (o una alícuota adicional de Ganancias) por encima del 35 %, justamente para esos sectores.

sábado, 26 de octubre de 2019

MÁS CIPAYO NO SE CONSIGUE


Leíamos días pasados sobre la denuncia hecha en el diario inglés "The Guardian" sobre un acuerdo secreto entre los gobiernos del Reino Unido y la Argentina, para que la UK Export Financie (la agencia de crédito exterior británica) "...destinara mil millones de euros para financiar energías no contaminantes en Argentina, pero que a través de un acuerdo oscuro irán a negocios de fracking de petróleo no convencional en Vaca Muerta...".

Según la denuncia -que se basa en información oficial del gobierno inglés- entre las petroleras beneficiadas se encontrarían Shell -firma muy ligada en el país al ex ministro de Macri Juan José Aranguren-, Andina Resources, Phoenix Global Resources y Pan American Energy (PAE), una subsidiaria de BP (British Petroleum). PAE es manejada en el país por Bulgheroni, como es sabido; pero la controlan los ingleses 

The Guardian seguramente enfoca el asunto desde la opacidad de un acuerdo por el cual dineros públicos del Estado británico que se debían destinar a una cosa, se destinan a otra; porque en definitivas no les molesta mucho que se beneficien empresas privadas, a la sazón de ese origen, que operan en el extranjero.

Empresas que además reciben beneficios públicos del gobierno argentino, pese a que el Reino Unido sigue negándose siquiera a considerar la discusión sobre la soberanía de las Malvinas, como manda la Constitución Nacional a buscar al gobierno de nuestro país.

En efecto, el pasado 5 de septiembre el secretario de Energía Lopetegui dictó las Resoluciones 524 y 525, que otorgan a Shell sendos permisos de exploración petrolera en las costas del Mar Argentino, los que de hallarse petróleo se transformarán automáticamente en concesiones de explotación.

Y el mismo Lopetegui un mes después (el 7 de octubre) dictó las Resoluciones 597 y 600 que hicieron lo mismo con British Petroleum: le otorgaron dos permisos en el área costera del Mar Argentino, susceptibles de transformarse en concesiones de explotación.

Pero no solo se beneficiaron esas dos empresas, mencionadas en la denuncia del diario londinense: veíamos acá como el gobierno de Macri violó las Leyes 26.659 (2011) y su modificatoria 26.915 (2013), que prohíben otorgar ese tipo de beneficios a empresas que hayan operado en Malvinas con licencias, permisos o concesiones otorgadas por el gobierno kélper; como fue el caso de Tullow Oil, adjudicataria del permiso aprobado por la Resolución 276 de Lopetegui.

Y de otros dos más, este mismo mes, por Resoluciones 598 y 603, ambas del mes de octubre. Se entiende ahora por qué Alberto Fernández planteó en el primer debate televisivo de candidatos que iba a revisar los acuerdos firmados por el gobierno de Macri con el Reino Unido, dejando de lado la discusión por Malvinas.

Lo que no se entiende es que eso alarme a algunos medios argentinos. Aunque pensándolo bien, sí se entiende.

lunes, 16 de septiembre de 2019

DOS POR UNO MACRISTA


Leer a diario el Boletín Oficial es una aventura que suele deparar sorpresas, y el de hoy no fue la excepción: a poco de andar uno se encuentra con la Resolución 552 de la Secretaría de Energía (completa acá), por la cual se dispone una compensación a favor de las petroleras por el congelamiento de combustibles; consisten en pagarles $ 116,10 por cada barril de petróleo suministrado al mercado interno durante el mes de septiembre, a cambio de que además desistan de cualquier reclamo o juicio contra el Estado por el congelamiento.

El 88 % del subsidio se destina directamente a las petroleras, y el 12 % restante a las provincias dueñas del recurso, y en la misma resolución se dispone otra compensación más, en éste caso a favor de las empresas productoras de biocombustibles; equivalente al 6 % del precio fijado por el Estado para el producto en el mes de agosto, también como consecuencia del congelamiento de los combustibles y con la misma salvedad: que renuncien a cualquier reclamo contra el Estado, derivado de ese congelamiento. 

Reclamos -aclaramos nosotros- que ninguna empresa podría hacer si el el gobierno de Macri no hubiera liberado por completo el precio de los combustibles por el Decreto 962/17, que sigue vigente.

Y un poquito más abajo, en el mismo Boletín Oficial de hoy, aparece  la Resolución Conjunta 62 de las Secretarías de Hacienda y de Finanzas (completa acá), por la cual se emiten dos Letras del Tesoro con vencimiento en marzo del año que viene, y se obliga a suscribirlas en forma directa al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES; una por 35.000 millones de pesos, y la otra por 275 millones de dólares.

Aunque esos recursos de "la plata de los jubilados" (¿o ahora ya no se dice más así porque no gobierna el kirchnerismo?) pueden ser destinados a cualquier gasto del Estado, no es descabellado pensar que los 275 millones de dólares van destinados -por ejemplo- al pago del BOPOMO (Bono de Política Monetaria) que vence esta semana por unos 410 millones de billetes verdes; y que los 35.000 millones de pesos vayan destinados -ponéle- a pagar la compensación a las petroleras y productoras de biocombustibles; que figuran entre los sectores más beneficiados por las políticas del macrismo.

sábado, 14 de septiembre de 2019

VACA MUERTA: ELIGE TU PROPIO MODELO


Unos meses atrás y a propósito de lo que bien puntualiza Cristina en "Sinceramente", marcábamos nosotros en esta entrada la flagrante contradicción de Macri y su gobierno en hacer bandera con Vaca Muerta como uno de los logros de su gestión, cuando siendo opositores votaron en contra la recuperación de YPF que hizo posible poner en valor los recursos del lugar; con la petrolera estatal como punta de lanza en el proceso de inversiones. 

Destacábamos entonces algo que ahora y con mejor conocimiento que nosotros del tema, puntualiza bien Federico Bernal en ésta nota de Ambito Financiero, a propósito de los dichos de Alberto Fernández en España en cuanto a que no tiene sentido tener petróleo, para que lo se lleven las compañías multinacionales que operan en el país, sin dejar casi nada acá:  pese a la propaganda del macrismo al respecto, la producción en la cuenca neuquina es menor en estos años que durante el período 2012-2015; o sea, desde que el Estado recuperó el control de YPF, hasta el final del mandato de Cristina.

Y dice más Bernal: dice que cuando se comenzó a recuperar el declino en la producción de los dos primeros años del gobierno de Macri, fue por inversiones de empresas nacionales, y en base a la explotación de yacimientos descubiertos y en operación desde antes del 2015. Al mismo tiempo, declina la refinación de petróleo y -esto no lo dice la nota, pero es así- las compañías que operan en la zona (en especial las extranjeras) han obtenido del gobierno macrista autorizaciones para exportar gas que extraen de la misma cuenca, en especial a Chile.

El modelo macrista de Vaca Muerta, además de las concesiones habituales que se suelen hacer en este tipo de casos (exenciones impositivas, libre disponibilidad de las divisas) incluyó la dolarización de los precios del gas en boca de pozo (que se trasladaron a los usuarios en forma de brutales tarizafos), la desregulación del mercado de combustibles y la flexibilización laboral: siempre es oportuno recordar que con el auspicio del gobierno, el sindicato conducido por el senador del MPN Pereyra con el aval del gobierno de Neuquén, aceptó firmar un convenio flexibilizador en el que incluso virtualmente renunciaban al derecho de huelga.

Pues bien, en ese marco (con derechos laborales flexibilizados a la baja) se generaron los nuevos puestos de trabajo que produjo Vaca Muerta desde el 2016 en adelante, y que ahora son la variable de ajuste de las quejas de las petroleras por el congelamiento del precio de los combustibles, según cuenta el tuit de apertura que corresponde a ésta nota, también de Ambito; en la que dicen además que el sindicato presiona porque el gobierno de Macri de marcha atrás con el congelamiento (ya lo hizo parcialmente, aumentando el precio de corte del "barril criollo" para el mercado mayorista), para recuperar puestos de trabajo en riesgo por suspensiones masivas dispuestas por algunas petroleras extranjeras que operan en el yacimiento neuquino.

Yacimiento en torno al cual parece haber cierto consenso en oficialismo y oposición en torno a que puede ser una de las claves del futuro crecimiento del país, o del aporte de las divisas necesarias para superar la restricción externa: en éste punto cabe destacar que como pasa en cualquier actividad exportadora, ello dependerá de las regulaciones que dicte el Estado en la materia, en cuanto a la obligación de liquidar o no esas divisas en el país, y los plazos y modalidades para hacerlas.

En efecto, la compañías petroleras siempre gozaron de un régimen de privilegio en la materia (incluso durante el kirchnerismo, luego revertido) y tal como los demás sectores exportadores, estaban directamente exentos de hacerlo por el Decreto 893/17 de Macri, hasta el dictado del DNU 609 hace pocos días, que implantó lo que algunos denominan "cepo", y restableció la obligación de liquidar.

Pero volvamos al convenio laboral flexibilizador que rige en Vaca Muerta: en su momento Macri lo escogió como prueba piloto de su ofensiva para terminar con la "industria del juicio laboral" (¿se acuerdan cuando nos decían que ése era el problema que le impedía al país crecer?), y más adelante, del ensayo general de flexiblización fracasado al enviarlo al Congreso. Tuvo incluso su réplica en el caso de la industria electrónica en Tierra del Fuego, y en las terminales automotrices, con los resultados conocidos: no solo no se crearon nuevos empleos, sino que se destruyeron muchos de los que ya existían.

Algo parecido pasa con el petróleo: de las cifras que aporta Bernal en su nota, surge que en Vaca Muerta se producía más antes de que se aprobara el convenio flexibilizador, que después; y facilitando (abaratando) los despidos y suspensiones, vemos que las compañías los utilizan como herramientas de presión para conseguir de los gobiernos regulaciones y concesiones favorables a sus intereses. Lo mismo hizo en su momento Tecpetrol (la petrolera del Grupo Techint que opera en el lugar), cuando el gobierno amagó con reducir o suspender los millonarios subsidios a la producción de gas.

Vaca Muerta es, entonces, en todos estos sentidos, un caso testigo para evaluar que modelo de desarrollo se propone para el país, que lugar tienen en él los trabajadores, como se generan cadenas de valor con proveedores locales que puedan beneficiarse de la explotación de los recursos naturales, entre otras cuestiones; cuestión de la que también viene hablando Alberto Fernández.

Como vemos, aun existiendo consensos sobre la importancia de Vaca Muerta para el futuro del país, no hay un solo modelo para aprovechar sus recursos; y como decía un viejo slogan de campaña: en la vida hay que elegir. Nota relacionada.

viernes, 16 de agosto de 2019

CONGELAMIENTO CONGELADO


Pocos ejemplos más demostrativos del grado de descomposición terminal del gobierno y de la licuación de la autoridad presidencial de Macri, que el sainete con las idas y vueltas sobre el congelamiento del precio de los combustibles por 90 días.

En el mensaje grabado desde Olivos después del papelonazo de Macri en la conferencia de prensa del lunes, él mismo anunció la medida como algo resuelto, sin explicar como se instrumentaría. Al rato, Frigerio decía que en realidad lo que iban a hacer era congelar el precio de los combustibles que vende YPF (aprovechando que el Estado es el accionista mayoritario, por una ley que todo el PRO votó en contra durante el gobierno de Cristina), y esperaban que las demás petroleras la imitaran

Y para redondear el sinsentido, Lopetégui  primero anunció que saldría una resolución suya en el Boletín Oficial de ayer, para luego desmentirse a sí mismo y aclarar que la medida debía consensuarse con las petroleras, sin dar mayores precisiones al respecto: recapitulando, el martes el presidente de la nación, en un mensaje grabado tras una categórica derrota electoral, anunció como cosa resuelta algo que no estaba ni en pañales, y sus propios funcionarios lo “explicaron” primero”, y lo desmintieron después. Y después le echan la culpa a lo que diga Alberto Fernández: uno los quiere ayudar pero no se dejan, muchachos.

Lo cierto es que, pasando en limpio y como dijo uno, la única verdad es la realidad: el mercado de los combustibles en el país está completamente desregulado desde el 1º de enero del 2018, como consecuencia de lo dispuesto por Macri en el Decreto 962/17, que limitó al 31 de diciembre del 2017 la vigencia del registro de operaciones de importación de petróleos crudos y sus derivados; creado por el Decreto 192 del mismo año.

Según dijo Macri en su decreto, esa medida (abrir un registro para que se inscriban las operaciones de importación, y que el gobierno las autorice fue “...una situación coyuntural, hasta tanto los precios locales converjan con los precios internacionales...”; situación que entendían Aranguren y los suyos (o sea, las petroleras) se produciría a principios del 2018.

No es necesario recordar lo que pasó desde entonces: los argentinos fuimos sacudidos por una catarata de aumentos de las naftas, por la suba del petróleo o la del dólar (las dos variables que forman el precio, en un mercado desregulado); sin que bajaran cuando alguno de los dos bajaba: ventajas del Estado ausente, que se repliega para darle lugar al mercado, como pregona el credo oficial.

Sin embargo, la Ley 17.319 de hidrocarburos dispone en su artículo 6 que “Los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados, cumpliendo las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo sobre bases técnico-económicas razonables que contemplen la conveniencia del mercado interno y procuren estimular la exploración y explotación de hidrocarburos.”. (las negritas son nuestras)

Eso significa que el Estado tiene facultades legales para regular los precios del mercado de combustibles, teniendo en cuenta entre otros factores la situación del mercado interno, no solo en lo que hace a los niveles de producción de hidrocarburos, sino teniendo en cuenta además que se trata de un insumo difundido, que impacta en toda la estructura de costos de los bienes que se producen y comercializan en el país. Que decida abandonarla como ha hecho el macrismo, es otra cuestión.

Más aun, el mismo artículo 6 agrega que “Cuando los precios de petróleos importados se incrementaren significativamente por circunstancias excepcionales, no serán considerados para la fijación de los precios de comercialización en el mercado interno, y, en ese caso, éstos podrán fijarse sobre la base de los reales costos de explotación de la empresa estatal, las amortizaciones que técnicamente correspondan, y un razonable interés sobre las inversiones actualizadas y depreciadas que dicha empresa estatal hubiere realizado. Si fijara precios para subproductos, éstos deberán ser compatibles con los de petróleos valorizados según los criterios precedentes.” (las negritas son otra vez nuestras).

Es decir que además de poder regular, tiene criterios sobre la base de los cuáles hacerlo, de modo de desacoplar los precios internos de los internacionales, y tomar en cuenta los reales costos de producción de las petroleras (que son en pesos) y una tasa “razonable” de ganancia sobre los mismos.

Lo que hizo Macri al desregular es simplemente “enganchar” los precios internos a los internacionales, que son en dólares;·y luego llevar el dólar hasta los 61 pesos, con lo cual los aumentos se gatillan solos, con independencia de la evolución de los costos de producción; además de permitir además la exportación de hidrocarburos sin asegurar previamente el abastecimiento interno, que se cubre con importaciones, porque ambos precios (internos e internacionales) están acoplados.

Ese es el negocio que las petroleras defienden, y desde la óptica de su interés, es lógico. Lo que no es lógico que un gobierno diluido y que se está yendo anuncie (impulsado por la fuerza de las circunstancias: léase un piñazo electoral) medidas que no está en condiciones políticas de imponer, porque ya carece de la fuerza y autoridad necesaria para cortar los nudos gordianos de intereses creados que construyó en estos cuatro años.

Ni hablar (como han dicho también) de que apliquen la Ley de Abastecimiento 20.680, porque ellos "no creen en eso", y siempre han sostenido (como las petroleras, y contra la jurisprudencia) que es inconstitucional; tanto que cuando Cristina la amplió en el 20124, votaron en contra. Tuits relacionados:
Actualización: Al final, lo terminaron haciendo por un DNU, que va a durar menos que un pedo en un canasto. ¿Apostamos?