TENEMOS UN PRESENTIMIENTO

El fallo de la Corte sobre los juicios contra la ANSES (al que pueden acceder acá) puedev merecer más de una intepretación, no tanto jurídica (son apenas 17 carillas, resolviendo un conflicto de competencia entre dos Cámaras federales), como política; o de sentido de oportunidad.

Que se pueden ensayar desde lo que ha sido una constante de la Corte desde que la preside Lorenzetti; y se analizó acá por ejemplo: la lógica del constante y perpetuo equilibrio, en las causas que conciernen al Estado/gobierno.  

Porque si es por lo que se discutía en sí en la causa (los juicios contra la ANSES por el reajuste de haberes), hace poco contábamos acá con cifras como la tendencia era a que se pagaran cada vez más sentencias firmes, y se iniciaran cada vez menos juicios; sobre todo desde que está vigente la ley de movilidad.

Además es poco serio pensar que la Corte descubrió recién ahora que el artículo 18 de la Ley 24.463 (que es de 1995) es inconstitucional; al disponer que todas las causas por reclamos ante la ANSES tramitadas en los juzgados federales de las provincias, sean apeladas ante la Cámara de Seguridad Social de la Capital Federal: el artículo es exactamente el mismo hace 19 años.  

Sin que pretendamos tener el don de la infalibilidad o mucho menos, todo hace pensar que en el contexto de la "teoría del equilibrio" postulada y puesta en práctica por Lorenzetti en el manejo de la Corte, es muy probable que esté al salir otro fallo de gran trascendencia, en éste caso favorable al gobierno.

Que puede o no ser vinculado al tema previsional pero -siempre en el terreno de las conjeturas- se nos ocurre que perfectamente podrían ser uno de dos: o el reclamo colectivo iniciado por el Defensor del Pueblo de la Nación (cuando estaba Mondino) para extender a todos los jubilados el criterio del fallo "Badaro"; o el reclamo iniciado por el gobierno de Santa Fe durante la gestión de Binner, por el descuento del 15 % de la coparticipación que se destina a la ANSES.

Y si tuviéramos que elegir uno de los dos, nos jugaríamos por el reclamo de Santa Fe, que tiene dictamen de la Procuración General aconsejando su rechazo desde julio del 2012 (antes de que asuma Gils Carbó, aclaramos por las dudas).

Será cuestión de esperar y ver, aunque -como decía Tu Sam- puede fallar. Y no hablaba de la Corte.

JUICIOS DE LA ANSES

La imagen de apertura muestra data sobre la evolución de los juicios de algunos jubilados contra la ANSES por reajuste de sus haberes, y el pago de las sentencias respectivas; tema que -junto con el famoso 82 % móvil- es uno de los caballitos de batalla de los opositores cuando se habla de la seguridad social.

Pero además ambos latiguillos están vinculados: así como el 82 % móvil es inviable en términos de financiación, si el sistema previsional se dedicara exclusivamente a pagar los juicios (incluyendo los famosos Badaro I y II y Eliff), explotaría porque no podría sostener eso, y simultáneamente pagar los beneficios.

Lo que denota la placa es lo siguiente:

* Año a año la ANSES acelera el ritmo de liquidación y pago de sentencias favorables

* Desde que se sancionó la ley de movilidad jubilatoria, desciende la tasa de litigiosidad del sistema (menos jubilados hacen juicio): las demandas contra el Estado por reajuste de haberes disminuyeron un 63 % entre 2010 y 2013.

* Sólo el 4,8 % de los más de 5,9 millones de jubilados del sistema está en juicio contra el Estado por sus haberes.

* Apenas el 0,12 % (uno de cada mil, más o menos) de los jubilados que accedieron al beneficio el año pasado iniciaron juicio contra el Estado.  

GALERÍA DE IMÁGENES, O DE COMO TODO TIENE QUE VER UN POCO CON TODO

La imagen de apertura la sacamos de la propuesta de adecuación voluntaria a la ley de medios presentada por el Grupo Clarín en la AFSCA (completa acá), y como ven indica los profesionales con los cuáles tiene que contactarse el organismo si desea aclaraciones o explicaciones sobre la propuesta; con toda seguridad porque fueron los que la armaron.

Entre ellos menciona a Gabriel Bouzat, miembro del estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados (acá la página):

Como vemos, en la página del estudio se indica que sus socios fundadores "se han desempeñado en distintos cargos de responsabilidad en el sector público, lo que les ha otorgado una amplia experiencia en procedimientos y teclamos administrativos ante dependencias nacionales, provinciales y municipales": la puerta giratoria, que le dicen; o sea los muchachos estuvieron de un lado del mostrador (el Estado), y ahora están del otro (las empresas), y ofrecen la experiencia recogida.

De hecho, Bouzat fue nombrado nada menos que Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia durante el gobierno de la Alianza, por el Decreto 771/01 (ver completo acá); que lleva las firmas de De La Rúa y Cavallo. 

Y su socio en el estudio (Rosenkrantz), tiene otro tipo de inquietudes además, como que es vicepresidente de la Asociación de Derechos Civiles (ver acá):

Que tuvo notoriedad por estos días, porque acompañaron a Morales Solá, Magdalena y otros periodistas a Washington, a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la OEA, presuntas violaciones a la libertad de expresión en la Argentina: acá en Clarín la información.

  

El propio Rosenkrantz estuvo en la audiencia, y el Director Ejecutivo Torcuato Sozio pidió que se dictara en la Argentina una ley regulando la distribución de la publicidad oficial; uno de los "guiños" del fallo de la Corte, a la tribuna opositora.

Desde que se conoció el fallo de la Corte a favor de la constitucionalidad de la ley de medios, Clarín anunció que recurriría a los tribunales internacionales para revertirlo, entre ellos la Corte Intermericana de Derechos Humanos; reserva que reiteró al presentar ante el AFSCA la propuesta de adecuación, como podemos ver acá:

Claro que el Pacto de San José de Costa Rica no está pensado para defender los derechos de las empresas, sino de las personas físicas, o los grupos sociales, vulnerados en sus derechos humanos.

Ponéle por ejemplo periodistas que dicen que violan su libertad de expresión (aunque luego hablen de negocios, como la publicidad, sea pauta oficial o de las empresas), patrocinados por una ONG (como la ADC, ponéle).

Una ONG que integran (además de Rosenkrantz, el abogado socio de Bouzat, que armó la propuesta de adecuación del Grupo Clarín a la LSCA) otras personas; como Alejandro Carrió (primo de Lilita); que también acompañó a Washington a Lulú y Magdalena a hacer sus denuncias.

Pero que antes de eso defendió a Ernestina en la causa en la que se intenta dilucidar si sus hijos adoptivos fueron apropiados de desaparecidos; y después representó al Grupo Clarín en las audiencias públicas en la Corte por la ley de medios. 

Y volviendo a los amigos Bouzat (que también habló en las audiencias de la Corte a favor del Grupo) y Rosenkrantz (que tiran en yunta en el estudio, y se dividen tareas en la defensa de Clarín, en diferentes instancias), son conocidos por acá.

Porque en su momento Binner los contrató en forma directa  por éste decreto para llevar adelante los juicios de Santa Fe contra la Nación por la coparticipación:

Como el otro estudio contratado por el mismo decreto fue el de Gil Lavedra (designado también por De La Rúa como Ministro de Justicia y Derechos Humanos), y a menos que esta gente sean superdotados o sobresalientes (dado que se los eligió sin hacer licitación o concurso), habrá que pensar que fueron elegidos por sus antecedentes y desempeño como funcionarios del gobierno de la Alianza; que tan brillante gestión tuviera.

Porque no queremos pensar que los eligieron porque por caso Bouzat asesoraba a Clarín, y el socialismo votó en contra el artículo 161 (la cláusula de desinversión) de la ley de medios:

MENOS LA DE LA NACIÓN CON LA AFIP, HAY QUE HONRAR TODAS LAS DEUDAS

Basta con iniciar una demanda contgra el Estado, y ponerle cualquier cifra, y listo: más tarde o más temprano uno la cobra, con sus correspondientes intereses.

O al menos eso es lo que surge de ésta nota de La Nación, que va sumando y llega a la escalofriante cifra de  32.144 millones de dólares, que vendrían a ser algo así como el 75 % de las reservas del Banco Central.

Es decir que los juicios saldrían todos juntos, en el transcurso de un año, y todos moriremos.

Pucha, que macana que no pasa lo mismo con el juicio de la AFIP contra La Nación para cobrarle una deuda de 167 millones de mangos; que hace un año duerme en la Corte Suprema, así nos juntamos con unos pesitos para arrimar y cancelar todos los otros juicios.

Entre los cuáles contabilizan los de Marsans (sí, Marsans, el vaciador) por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, que tenía pérdidas ya antes de que el Estado la expropie, y el gobierno venía pagándole los sueldos antes de hacerse cargo.

O el de Repsol por el 51 % de las acciones de YPF, que las valuó en el CIADI en 8000 millones de dólares, cuando al momento de la expropiación dijeron que orillaban los 11.000: si les damos unos meses más, la sacamos gratis.

Pero lo más importante es que una tercera parte por lo menos de las deudas incluidas en el informe, corresponde a los acreedores que no ingresaron a los canjes del 2005 y el 2010: incluso según La Nación (vocero no tan oficioso de los fondos buitres) lo que verdaderamente le deberíamos a esa gente son 20.000 millones de dólares, o sea, casi el doble de lo que figura como reclamado en los registros oficiales.

Lo curioso es que en los diarios de hoy (acá en Clarín por ejemplo) se está anunciando la oferta presentada por el gobierno en la justicia de los EEUU para reabrir el canje, siempre y cuando los fondos buitres desistan de sus demandas; tal lo que dicen las leyes que sancionó en su momento el Congreso.

Y de cobrar, lo harían en las mismas o peores condiciones que los bonistas que ingresaron a ambos canjes: una quita del 65 % sobre el capital, la renuncia a los intereses corridos entre el 2001 y el 2005, y plazos de pago que llegan hasta el 2038.

Lo que implica que de los 11.177 millones que reclaman (repetimos: poco más de un tercio de las deudas que preocupan a LN), cobrarían 3912 millones, y en 26 años, dato que damos porque a la tribuna de doctrina le preocupa cuanto pesan esas deudas sobre las reservas del BCRA, o la recaudación impositiva de un año.

Debe ser por eso que el mismo diario La Nación pone en duda la viabilidad de la propuesta del gobierno argentino: porque se viene abajo buena parte del andamiaje que construye la nota.

El informe de LN es tan tendencioso que incluye los supuestos juicios de las AFJP por la estatización, que se siguen esperando; y reclamos de las empresas mineras por 500 millones de dólares por el aumento de las retenciones a las exportaciones, basándose en el régimen de inmunidad fiscal otorgado por el menemismo; mientras llenaron por meses el diario con reclamos de que se gravara la renta minera, al mismo tiempo que pedían que se prohibiera la actividad, a tono con los reclamos ambientalistas.

Junto con los juicios que ya tienen sentencia del CIADI y no se pueden ejecutar, porque los que los ganaron se niegan a hacer el trámite de ejecución de sentencia ante los tribunales argentinos.  

Una auténtica ensalada rusa donde entran las demanadas recién iniciadas (cuyo destino final nadie puede presumir), con las de los fondos buitres (que vienen perdiendo en todas las instancias, menos con el juez Griesa), y las que nunca se iniciaron; con el sólo fin de desacreditar la política de desendeudamiento (mientras se reclama "honrar las deudas") y sembrar el pánico, instalando la idea de que el país volará por los aires en cualquier momento. 

ASÍ NOMÁS

De una, facilito, sin argumentos, sin prueba, sin demostración, sin precisiones: así nomás como lo dice el vice Henn (sacando pecho por el pelado lo dejó unos días con el bastón) dice muy suelto de cuerpo que a Santa Fe le deben 13000 millones de pesos (en un par de meses agregaron 5000, con la misma soltura).

Acá pueden acceder al video en el programa que pagamos todos por las mañanas del Canal 13, para que vean que nosotros no exageramos. 

Lo que uno podría preguntarse por ejemplo si todo es tan claro y sencillo como Henn lo plantea, para que cornos lo contrataron a Gil Lavedra para hacerle juicio a la Nación por las presuntas deudas, si era nada más que cuestión de pasar por ventanilla con la factura y listo.

¿Para qué se van a gastar en la Corte Suprema de Justicia por estudiar los reclamos de Santa Fe y fallar si ya Henn dictó sentencia: a Santa Fe le deben, y no hay más nada que decir?

O también podría preguntarse uno por qué (si es todo tan fácil, claro y sencillo: le deben, y punto) Sciara no incluyó en el proyecto de Presupuesto 2013 las partidas que deberían (según el gobierno provincial) venir desde la Nación para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones, y por qué tampoco hasta ahora la provincia no inició reclamo alguno al respecto.

Porque si fuera como dice Henn (que le deben, y punto, hay que pagar), las tendría que haber incluido aunque no las hayan reclamado (estamos esperando todavía a ver el sello de recibido de la mesa de entradas de la Corte con ese reclamo), porque es de público y notorio que se lo deben.

Y que decir del título del Boletín Oficial de la provincia: en lugar de poner "Según e vicegobernador Henn, la Nación le debe a Santa Fe...", no: directamente lo afirma.

Es más, la entrevista en esa parte empieza con el Coni Cherep afirmando que la Nación debe plata a Santa Fe, como si eso no se estuviera discutiendo en la justicia, o como si la Corte no tuviera nada que decir al respecto, y ya estuviera establecido.

Lo que se dice auténticos ejemplo de republicanismo, respeto por las instituciones y la división de poderes, periodismo independiente no militante y que no editorializa ni baja línea, sino simplemente in - for- ma, ¿entienden?  

JUICIOS PERDIDOS

A ver si alguno se acuerda o tiene noticias sobre que pasó con alguno de éstos juicios:

* Los embargos de las embajadas, los barcos de la Marina, las reservas del Banco Central y los aviones de Aerolíneas en el extranjero por los acreedores que no entraron a ninguno de los dos canjes de deuda.

* Los de los agrogarcas y las exportadoras por la inconstitucionalidad de las retenciones, porque el Ejecutivo no podía fijar impuestos y el 35 % era confiscatorio.

* El del grupo Marsans por la expropiación de Aerolíneas.

* Los de las AFJP por la estatización de los fondos de jubilaciones y pensiones y la liquidación del sistema de jubilación privada.

* El de Torneos y Competencias y el Grupo Clarín contra la AFA por la rescisión del contrato y el Fútbol Para Todos.

* El de Techint por el decreto de Cristina que lo obligaba a aceptar directores estatales en Siderar.

* El de Clarín y La Nación contra la ley que declaró de interés público la producción de papel para diarios y obliga a Papel Prensa a producir determinada cantidad.

* Los del grupo Repsol por la expropiación de YPF.

* Los amparos de los que quieren comprar dólares y no los dejan, desde Lanata hasta el abuelito amarrete de Mar del Plata.

* Los de las empresas donde la ANSES tiene acciones contra el decreto que reglamenta la actuación de los directores estatales. 

* Los de Santa Fe reclamando que se cumpla con el piso del 34 % de coparticipación, y para que la Nación le financie el déficit de la Caja de Jubilaciones.

Se agradecerá la información, porque a lo mejor el país ya fue embargado y rematado y todavía no nos enteramos.