¿NACE "LA TEISAIRE"?

El ex jefe de Gabinete kirchnerista declaró que varias empresas del rubro de la construcción le dieron plata, para financiar las campañas electorales de 2013 y 2015 del kirchnerismo.https://t.co/ekVSAS3r0M

— Radio Mitre (@radiomitre) 9 de agosto de 2018

"Producido el golpe de estado el 16 de septiembre de 1955, que puso fin al gobierno constitucional de Juan D. Perón, fueron detenidos sin proceso legisladores, dirigentes gremiales, militantes y empresarios peronistas. Otros lograron huir al exilio o refugiarse en alguna embajada. Pero hubo uno de ellos, el contralmirante Alberto Teisaire -senador nacional en 1946 y vicepresidente de la Nación desde 1954- quien se presentó espontáneamente ante el presidente de facto Eduardo Lonardi, y le ofreció hacer una declaración pública en contra de Perón con quien había compartido el poder en la segunda línea sucesoria de la Presidencia hasta el final. La declaración fue grabada el 4 de octubre, es decir, 18 días después del golpe, y luego difundida en los cines antes de la proyección de las películas. 

Una semana después, el ex diputado John W. Cooke quien al poco tiempo fue detenido, escribió en la revista De Frente, que todavía dirigía, un comentario bajo el título La palabra “asco” tiene ahora nombre y apellido: “Vamos a asistir en el (cine) Trocadero a uno de los ejemplos más cabales de indignidad a que puede llegar un hombre cuando carece de moral y de carácter. El infeliz, como el personaje de Florencio Sánchez, es un muerto que camina y va apestando la tierra con su podredumbre moral”. 

Estos son algunos fragmentos de la declaración de Teisaire: “La conducta de Perón como gobernante, su deslealtad para los que en él creyeron, su cobarde y vergonzosa deserción frente al adversario, abandonando al gobierno y a sus colaboradores (y no digo a sus amigos, porque jamás abrigó sentimientos de amistad para nadie), me habilitan para la actitud que asumo. No tengo por qué guardar consideraciones para quien no las tuvo con nadie, ni aún con el país, de cuyos destinos dispuso a su antojo.

Algunos podrán preguntarse cómo fue que advirtiendo a mí alrededor tanta podredumbre moral e infamia no acusase en su momento al responsable directo de ese estado de cosas. Pero el sistema creado por Perón cerraba toda posibilidad de rebeldía, a crítica o disentimiento para los que no comulgaban incondicionalmente con sus ideas y sus planes. Porque quien lo hiciera, quien se atreviese a levantar su voz contra las directivas impuestas o servirlas con tibieza, era instantáneamente marcado como traidor vendepatria u otras infamias por el estilo y perseguido en todos los terrenos juntamente con toda su familia.

No importa que el disidente tuviese un prontuario limpio: no importa que su vida pública y privada resplandecieran de honor y pureza. Presentar las cosas al revés fabricando las pruebas difamatorias para demostrar que el ´alzado´ era un delincuente, un corrompido, un traidor, era cosa fácil en un régimen sin escrúpulos ni conciencia. Adviértase que no sólo estaba en juego el riesgo físico, que cualquier hombre que se precie de tal afronta con entereza, no, era algo mucho más grave y tremendo: era quedar expuesto a la cárcel y el deshonor, y desencadenar la persecución más despiadada sobre amigos y familiares. El dar, pues, un paso así, comprometía la libertad, el honor y los bienes propios y familiares.

Por los conceptos que dejo expuestos es que, al hacerse cargo de la presidencia de la Nación el señor general don Eduardo Lonardi, en la Capital Federal, me presenté voluntariamente para ponerme a sus órdenes y ser sometido –si así lo estimara conveniente el nuevo gobierno- a la investigación que se deseara realizar sobre mis actos, ya que no tenía nada que ocultar. Frente al silencio y la deserción de Perón considero que hablar es para mí un deber inexcusable. No eludo ninguna responsabilidad, ni busco atenuar las que puedan alcanzarme. Pero tampoco eludiré manifestar la verdad, aunque las cosas que se digan resulten duras y amargas. Para someter al pueblo, las instituciones y los hombres a su arbitrio, Perón creó e impuso -valido de su preponderancia de jefe de Estado- un sistema que está calcado de los peores regímenes totalitarios, organizando un aparato de represión de alcances inauditos. Es decir, que fingiendo ideales democráticos y bajo la apariencia de una estructura democrática, construyó un sistema de dominación personal que no tiene precedentes. La verdad es que Perón no compartió el poder con nadie y, por lo tanto, las responsabilidades de su gobierno son exclusivamente suyas y de los que puedan haberse prestado -por sumisión, ignorancia o complicidad- a fraudes o dolos administrativos. 

Mucha gente humilde y de buena fe creyó en su lealtad hacia el pueblo, en su sinceridad, en su honradez. Es a esa gente a la que me dirijo para advertirles del error en que vivían, de la mentira en que creyeron, del engaño de que han sido víctimas. Algunos ya lo saben, lo han permitido a través de su fuga, de su traición cuando estábamos en medio de la batalla, defendiéndolo a él a costa de nuestra reputación y de nuestras vidas. Pero todavía puede haber quienes duden, porque la comedia ha durado varios años, y en tan largo plazo cualquier mito, cualquier cuento, prende en el espíritu siempre crédulo e inocente del pueblo. Los permisos de importación y de exportación, por ejemplo, estaban casi exclusivamente en manos de un monopolio de tres personas: Jorge Antonio, Tricerri y Amar, cuya investigación conducirá sin duda alguna al verdadero culpable, a través de un intrincado dédalo de complicidades concordantes y coincidentes. También se premiaba con permisos de exportación a gente totalmente ajena al comercio y la industria: actores o actrices; deportistas y paniaguados del ex presidente, que recibían esas órdenes en pago de sus elogios a Perón, revendiéndolas a los verdaderos interesados, que debían luego recargar los precios de sus mercaderías para resarcirse de los gastos en perjuicio del consumidor. 

No he de terminar estas palabras sin formular un llamado de advertencia a aquellos espíritus fanáticos que se empeñan aún en seguir aferrados a un ídolo. A ellos deseo dirigirme, especialmente, para que luego de estas palabras mediten, reflexionen y arriben a la conclusión de que nada puede ser superior a la patria misma y que todos los argentinos como exponentes de una ciudadanía sana, deben extraer de esta dura lección la firme decisión de mirar hacia el futuro feliz de la Nación sin idolatrías de ninguna especie. Finalmente, estas declaraciones involucran mi renuncia a formar parte del Partido Peronista, renuncia que ha sido enviada por la vía correspondiente”.

Ninguna de las denuncias de Teisaire pudieron ser probadas y de nada le valió el bochorno. Fue juzgado, privado del grado y del uso de uniforme y permaneció encarcelado en la isla Martín García hasta 1958. Murió de una enfermedad terminal en 1963 olvidado por todos." (Las negritas son nuestras, sacado de acá). Tuit relacionado:

Al final, la autocrítica era convertirse en la nueva versión de Tessaire, @Karl__Albert : https://t.co/wIl7JVmZgW

— La Corriente K (@lacorrientek) 9 de agosto de 2018

BECAS UNIVERSITARIAS

Juan Manuel Abal Medina (foto) fue uno de los principales gestores del experimento Randazzo, llevado hasta el final en las PASO de agosto y en las generales de octubre, con los resultados conocidos: palo a palo con la izquierda, incluso perdiendo en Diputados, donde la lista quedó quinta en los cómputos finales.

Como consecuencia de lo cual se quedará afuera del Congreso a partir de diciembre cuando se vence su mandato como senador por la provincia de Buenos Aires para el que no había sido electo, sino que asumió como suplente de Aníbal Fernández.

Pero el hombre -del sector "dialoguista" del Senado, habitual coequiper de Pichetto incluso en las conversaciones del pacto fiscal sin que se sepa bien a cuento de que-  no se quedará sin conchabo: en el Boletín Oficial de hoy está publicado el Decreto 949 (completo acá), por el cual Macri lo designa como miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), por 4 años a partir del 10 de diciembre de éste año; es decir cuando finaliza su mandato.

La designación recae cuando todavía es Senador y Abal Medina es designado a propuesta del Senado, conforme lo prevé el artículo 47 de la Ley de Educación Superior 24.521, con lo que debemos suponer que los senadores consideraron que se trata de una personalidad "de reconocida jerarquía académica y científica", requisito que exige la ley.

A menos que lo que se esté premiando sea otra cosa.

CRISIS EN EL CONICET: SIGUE LA FUGA DE CEREBROS

LOS RIESGOS DE COGOBERNAR

El bochornoso fallo de la Corte Suprema de Justicia concediendo el beneficio del “2 x 1” a un condenado por delitos de lesa humanidad (construido con el voto decisivo de los dos jueces designados en el actual gobierno), pone otra vez en el tapete la estrategia de un sector del peronismo de “aportar a la gobernabilidad” de la gestión de Mauricio Macri; y que con sus votos posibilitó la nueva integración del tribunal .

Ese sector (que podría situarse en el Senado, y encarnarse en las figuras de Pichetto y Abal Medina) osciló entre la idea de una “oposición racional y responsable que no se opone a todo porque sí como loquitos” (Abal Medina dixit), hasta el extremo de sugerir al oficialismo un pacto de acuerdos amplios, en una suerte de cogobierno entre la Casa Rosada y parte del Congreso.

Pichetto ha sido justamente el máximo defensor de esa teoría, que presupone a su vez un consenso básico sobre puntos centrales del programa político y económico del oficialismo: dar por concluido el ciclo del kirchnerismo como una anomalía que debe ser dejada atrás para retornar al “peronismo racional”, “volver al mundo” (acuerdo con los fondos buitres, blanqueo de capitales, apertura a las inversiones, ciclo de endeudamiento), “normalizar” la economía (tarifazos, levantamiento del cepo).

Por eso no es casual que todas las iniciativas de Macri que apuntaban en ese sentido tuvieran el acompañamiento de éste sector en el Congreso.   

A cambio de esa donación voluntaria de gobernabilidad, no pidieron mucho hasta acá: acaso ofrecerse como gestores de alguna gestión que los gobernadores peronistas no pudieran resolver por sí solos en la Rosada, y la “emergencia social” votada a fines del año pasado, que aun hoy sigue en los papeles, sin traducirse en nada concreto.

En ese trance coincidieron con algunos que reclamaban “autocrítica” al kirchnerismo por haber perdido las elecciones (como la conducción nacional del Movimiento Evita), intentando todos mostrar que podían construir el post kirchnerismo, prescindiendo de Cristina y del núcleo duro de sus apoyos políticos.

A juzgar por los resultados, no lo estarían consiguiendo: el fallo que abre la puerta de la jaula a los genocidas (contra el cual algunos de ellos ahora reaccionan escandalizados) fue posible gracias a los dos jueces que Macri intentó colar por la ventana del decreto dentro de la Corte, pero que luego fueron ampliamente ratificados al discutirse sus pliegos en el Senado; pese a las objeciones públicas de los organismos de derechos humanos a ambos candidatos precisamente -entre otras cuestiones- por sus posturas en las temáticas de derechos humanos.

Parafraseando a otro senador de acá (que también votó los dos pliegos, el de Rosatti y el de Rosenkrantz) ni Pichetto ni Abal Medina ni -ya que estamos, agreguémoslo- Perotti ni ninguno de los que levantaron la mano pueden alegar que a ellos no les avisaron.

Porque además no es el de los nuevos ministros de la Corte el único caso en el que levantaron la mano para aprobarle pliegos a Macri, sin contar las veces en que lo hicieron para aprobar leyes nefastas; como el acuerdo con los fondos buitres, el blanqueo de capitales o la “asociación público-privada”; que posibilitaron -respectivamente- el inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento, el saqueo progresivo del Fondo de Garantía de la ANSES y la generación de nichos de negocios para los amigos del poder, del país y del extranjero; en desmedro de la producción y el trabajo nacionales.

Lo propio hicieron con el pliego de Federico Sturzenegger para la presidencia del Banco Central, o los de Gustavo Arribas y Silvia Madjalani para la AFI; de modo que son políticamente corresponsables de las desastrosas gestiones del gobierno de “Cambiemos”, en ambos casos; irrresponsable endeudamiento cuasi fiscal con el festival de LEBAC's, política de asfixia financiera a la producción con tasas inverosímiles, bicicleta para los capitales golondrinas y montaje de una estructura descontrolada de espionaje a opositores, incluida.

Tan comprometidos están algunos (como Pichetto) con la idea del “cogobierno” que tienen fondeados los pliegos del resto del directorio de Central, para negociar lugares allí para ese sector de la oposición; una idea que -si prosperara- solo los haría más copartícipes aun del desastre que están generando Macri y su gobierno. 

VOLVIÓ Y CAMBIÓ

Volvió Cristina y ratificó que ocupa (y seguirá ocupando hasta el final de su mandato) la absoluta centralidad de la política argentina: todos estaban hablando del perro Simón; y hasta algunos lanzando al voleo nuevos síndromes mentales de reciente aparición; mientras Scoccimarro anunciaba los cambios en el gabinete.

Que por supuesto la inmensa mayoría de los opinólogos que se precian a diario de contar con fuentes irreprochables en el riñón del kirchnerismo, no vieron venir, para variar.

Y también por supuesto todos los opositores salieron de inmediato en cadena nacional a decir que les parecían, cuestiones que nos llevan a  reiterar lo dicho acá, cuando los anteriores cambios en el gabinete de hace unos meses: " la Argentina debe ser el único país con régimen presidencialista donde la oposición cree que puede opinar sobre los cambios en el gabinete del Ejecutivo, y los periodistas de los medios hegemónicos que siempre presumen de "tener la precisa" quedaron -una vez más- como unos boludos.".

Por supuesto que nada de eso los privará desde hoy mismo (basta darse una recorrida por las ediciones digitales de los principales diarios) de hablar sobre ganadores y perdedores, formular pronósticos sobre las medidas que vendrán (como si alguna vez pegaran uno), y hasta brindar detalles precisos sobre la cocina de los cambios; como si estuvieran en la trastienda del lugar donde se decidieron: es casi folklórico ya.

Lo malo sería que nosotros cayéramos en el juego de analizar la realidad a partir de ese material, altamente contaminado además por operaciones cruzadas de todo tipo, sobre todo considerando que buena parte de los cambios son en el área económica.

De hecho, la recorrida de los diarios de hoy arroja un cúmulo de lecturas contradictorias entre si, a partir de los mismos hechos y sin que los nuevos funcionarios hayan adoptado aun medida alguna: los hechos son sagrados, pero las interpretaciones son libres, como dijo Fayt.

En una lectura rápida y a propósito de la designación de Capitanich en la Jefatura de Gabinete (nosotros, si quisiéramos, también podríamos ser como Pagni), sale un ex Frepaso, representativo del kirchnerismo metropolitano sin votos propios y tributario del peso electoral de Cristina; entra un peronista del interior, amplio ganador en su distrito y con buenos nexos con el resto de los gobernadores, y los bloques del Congreso.  

Lo que nos lleva a lo dicho en éste post, del día después de las elecciones: "Los resultados de ayer abren al respecto una nueva etapa en la que Cristina (cuando se recupere y reasuma en plenitud sus funciones) deberá reconocer la nueva realidad y abrir el juego a otros referentes del dispositivo oficial, que se ganaron a fuerza de votos propios el derecho a ser parte de la discusión sobre el rumbo político futuro del proyecto político iniciado en el 2003.".

Puede ser una señal de una ampliación del sistema de toma de decisiones políticas al interior del Frente Para La Victoria (no necesariamente en la gestión cotidiana del gobierno), partiendo de reconocer el impedimento constitucional de Cristina por optar a un nuevo mandato y su situación personal: algo de eso se puede ver también en la apertura del juego en el Congreso para que los legisladores oficialistas metieran cambios en el proyecto de Código Civil y Comercial.

Si la designación de Capitanich trasciende un reacomodamiento del gabinete para mejorar la eficacia en la gestión, y tiende a instalarlo en un cargo de visibilidad nacional como plataforma para impulsarlo como el candidato presidencial de Cristina para la pelea del 2015, es algo que se verá con el tiempo; hoy sólo entra en el terreno de la especulación y en todo caso es una señal hacia el resto del dispositivo político del FPV, sobre todo a Scioli; de que la presidenta no se marginará de esa discusión.

De los cambios en Economía y en el Banco Central solo se puede decir -en ésta instancia- que lo de Kicillof representa un sinceramiento de la situación (al proyectar a la conducción del ministerio a quien tenía ingerencia en vastas áreas de la política económica, desde la estatización de YPF al Plan Procrear); y una señal de que, si se avecinan cambios, no serán en una dirección ortodoxa.

En el caso del Central, la cosa es más compleja porque Mercedes Marcó Del Pont deja su cargo en medio de la constante caída de las reservas, el 75 % de las cuáles corresponde a los pagos de la deuda.

Recordemos que asumió su cargo (nunca ratificado por el Congreso) en medio de la polémica con Redrado que se negaba a usarlas a esos fines (prefería en cambio que financiaran la fuga de capitales); y durante su mandato logró modificar la carta orgánica del BCRA para aumentar sus capacidades de regulación sobre el sistema financiero (por ejemplo obligando a los bancos a abrir líneas de financiamiento al sector productivo, o reducir comisiones y cargos por sus servicios), y su rol como prestamista del Tesoro; para evitar salir a financiarse a los mercados.

Todas decisiones políticas de la propia Cristina, que en todo caso Marcó Del Pont instrumentó; de modo que cargar en ella las tintas por los resultados, es como mínimo un análisis sesgado.

Fábrega viene precedido de una buena gestión en el Banco Nación, pero aunque pueda tener un perfil político más bajo (o justamente a consecuencia de eso) no cabría esperar grandes cambios respecto a su antecesora: el Central seguirá alineado con los objetivos de política económica del gobierno, porque la discusión por la famosa "autonomía" el kirchnerismo ya la dio por saldada hace rato; cuando planteó la reforma de la carta orgánica.

De allí que puedan revisarse instrumentos o medidas puntuales para atender a problemas también puntuales, como la merma en las reservas; pero siempre en ese contexto.

Y finalmente lo del ministerio de Agricultura era más cantado, a partir del papelón electoral de Yahuar en su distrito. Puede que sorprenda el perfil de Casamiquela (no tanto su origen: en su momento Cheppi también venía del INTA), pero en todo caso sería un error leerlo como alguien más permeable a las presiones de la Mesa de Enlace: un cambio en ese sentido depende de quien define el rumbo político general del gobierno, y en todo caso si se elige un técnico de bajo perfil no es para que lo cuestione, sino para que lo ejecute.

DEBATES Y COMBATES

Ayer comenzó el ciclo tiutlado "Debates y combates" organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación, con la presencia de Ernesto Laclau y el Secretario de Comunicación, Juan Manuel Abal Medina, entre otros expositores.

Aquí en Página 12 una crónica con la reseña de las exposiciones, y a continuación el programa completo:

Debates y combates. Diálogos sobre el poder y la transformación en América latina

Organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación, con el acompañamiento de la Universidad Nacional de San Martín, el Centro de Estudios del Discurso y las Identidades Sociopolíticas (CEDIS), el Voluntariado Universitario y el Fondo Económico de Cultura, el ciclo contará entre los expositores a Ernesto Laclau, Gianni Vattimo, Carlos Zannini, Jorge Coscia, Jorge Alemán, Marcela Cardillo y Juan Manuel Abal Medina, entre otros.

Los encuentros serán transmitidos, en vivo, por www.cultura.gob.ar

Debates y Combates es un esfuerzo colectivo de reflexión destinado a producir teoría política en el contexto de las actuales transformaciones que recorren América Latina, para contribuir a la consolidación y la profundización del nuevo protagonismo social, político y cultural.

Así, asumiendo el desafío ineludible de lo político, este ciclo intenta producir una crítica, un lenguaje alterno y también una superación del discurso liberal individualista, dominante en los medios de comunicación de masas y en el debate contemporáneo sobre la naturaleza de la democracia.

Programación
Lunes 30 de mayo 18.30 hs

Mesa: "Hacia una teoría política democrática de la comunicación: medios, regulación y contenidos en la construcción de una Argentina democrática"

Con Ernesto Laclau y Juan Manuel Abal Medina (secretario de Comunicación Pública de la Nación). Modera: Jorge Coscia.

Lunes 6 de junio 18.30 hs

Mesa: "Peronismo y kirchnerismo: continuidades, rupturas, claves e innovaciones en las identidades políticas nacionales y populares de la Argentina contemporánea"

Con Ernesto Laclau, Jorge Coscia (secretario de Cultura de la Nación) y Carlos Zannini (secretario legal y técnico de la Nación).
Presenta: Marcela Cardillo (subsecretaria de Gestión Cultural de la Nación).

Lunes 13 de junio 18.30 hs

Mesa: "El retorno de lo político: muerte, resurrección y desafíos de nuestro tiempo"

Con Ernesto Laclau, Jorge Coscia, Gianni Viattimo y Jorge Alemán.
Presenta: Marcela Cardillo.

EXPOSITORES

Ernesto Laclau

Reconocido especialista argentino en filosofía política que, actualmente, se desempeña como profesor de Teoría Política en la Universidad de Essex, en Gran Bretaña, y en la Universidad Estatal de Nueva York, en Estados Unidos.

Gianni Vattimo

Nació en Turín. Italia, en 1936. Estudió Filosofía en la universidad de su ciudad natal y, posteriormente, realizó dos cursos en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Fue discípulo de Hans-Georg Gadamer. Ha sido profesor visitante de las universidades de Yale, Los Ángeles, New York University y en la Universidad Estatal de Nueva York, en Estados Unidos.
En la Argentina, fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Palermo y por la Universidad Nacional de La Plata. Es vicepresidente de la Academia de la Latinidade. Colabora en diversos diarios italianos, entre ellos, La Stampa y L'Unità.

Jorge Alemán

Es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis; docente del Nuevo Centro de Estudios de Psicoanálisis Nucep, asociado al Instituto del Campo Freudiano; integrante del Centro Descartes de Buenos Aires; y miembro de Cruce, Fundación de Arte y Pensamiento de Madrid. Ha dirigido diversas publicaciones de psicoanálisis, entre las que figuran Serie psicoanalítica y Estudios psicoanalíticos.

Más información en subsecretaria@cultura.gov.ar

La entrada es gratuita, hasta colmar la capacidad de la sala.

Todos los encuentros se realizan en la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985, ciudad de Buenos Aires). (A ver Coscia, cuando salen de gira por el interior)

CARTA DE ABAL MEDINA A LA S.I.P.

Entre el 18 y el 25 de agosto de 1978, en plena dictadura militar, la Argentina recibió una misión de la Sociedad  Interamericana de Prensa (SIP) encabezada por Edward Seaton, propietario del diario “Mercury” de Kansas e Ignacio Lozano, de “La Opinión” de Los Angeles.

Durante su visita, los representantes de la SIP entrevistaron a más de cinco docenas de personas y elaboraron un documento notable, que no fue divulgado entonces por la prensa de nuestro país.

Entre las principales conclusiones de ese informe se destacan las siguientes: para los editores argentinos la seguridad nacional tenía prioridad sobre la libertad de expresión, justificaban la censura por manifestarse de acuerdo con la dictadura militar, se negaban a informar sobre la desaparición de personas y se beneficiaban de ese comportamiento al asociarse con el Estado para la producción de papel mediante la empresa Papel Prensa.

No hace falta explicar demasiado el contexto en que fue realizada esa visita. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el asesinato, el secuestro y la desaparición de miles de personas -entre ellos más de un centenar de periodistas-, la existencia de campos de concentración donde reinaba la tortura y la muerte, y la difusión del terror sobre el conjunto de la sociedad definieron aquella época que recordamos como la más trágica de nuestra historia.

La Argentina recuperó en 1983 la institucionalidad democrática y desde entonces sostiene la plena vigencia del Estado de derecho. Los ciudadanos de nuestro país, entre ellos los periodistas, los trabajadores de prensa y los dueños de medios de comunicación, gozan de completa libertad para investigar, recabar información, opinar y expresar sus ideas.

Nuestra gestión está comprometida con la defensa más irrestricta de la libertad de expresión, como puede comprobar cualquier ciudadano, e inclusive cualquier observador externo, hojeando un periódico local o viendo la televisión apenas unos minutos. Las críticas al gobierno nacional, en muchas ocasiones con tono despiadado y repetitivo, son moneda corriente en la mayoría de los medios que informan a los argentinos.

Por otro lado, es notable la omisión de información relevante acerca de medidas del gobierno nacional, así como la desinformación a través de falsedades y mentiras exhibidas con muy poco pudor.

Estos hechos contribuyen a la construcción imperturbable de realidades virtuales que obligan a los ciudadanos a verificar a diario en qué mundo viven.

Aunque resulta asombroso que suceda de continuo sin que se  tema poner en juego el prestigio y la confiabilidad, que son  valores indispensables para la labor periodística; esta administración no ha osado ni osará silenciar a nadie. Entiende que es preferible soportar la difamación constante antes que cometer el más insignificante acto de censura.

Pero no basta con la garantía de no censurar. Además de respetar el derecho de opinión de los propietarios de medios -a quienes ustedes representan- y la potestad que tienen para ejercerlo por intermedio de sus empresas periodísticas, queremos defender la libertad de expresión como garantía de participación en el debate público de las mayorías –a quienes representamos como autoridad democráticamente elegida-.

En esta línea, hemos impulsado con mucha decisión un proceso de profunda transformación bajo el marco de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que se ha convertido en una referencia a nivel regional e internacional. Sus objetivos son claros: promover la desconcentración, fomentar la competencia y garantizar la participación del sector privado no comercial en el mercado de la comunicación para abaratar y universalizar el acceso a las nuevas tecnologías de la información y democratizar los contenidos que por su intermedio se difunden.

Al mismo tiempo, hemos desarrollado otro conjunto de políticas (relatadas en el Apartado I del Informe adjunto) que suscriben la misma orientación general y responden al propósito complementario de garantizar un servicio público de comunicación de calidad, de carácter federal y popular, inclusivo de las producciones y el pensamiento nacional, y dirigido a todos los habitantes de nuestra patria sin exclusión alguna. Consideramos que es la mejor forma en que el Estado puede ejercer de modo efectivo la defensa de la libertad de expresión, entendida como derecho de todos.

El gobierno es consciente de que estas políticas deben implementarse en un contexto adverso, justamente aquél que apuntan a revertir: el de la acentuada concentración del mercado de las comunicaciones.

Sabemos que se trata del principal problema en la agenda de la libertad de expresión a nivel global, regional y nacional y entendemos que no alcanza con denunciar la concentración como amenaza estructural, si no podemos avanzar un paso más y hablar de sus actores concretos, los grupos concentrados.

En ese sentido, la visita de la SIP no puede ser más oportuna, ya que el grupo empresarial Clarín, formado por capitales argentinos y extranjeros y socio de vuestra organización, se ha constituido en el mayor obstáculo para lograr una vigencia plena de la libertad de expresión en nuestro país.

El grupo Clarín, tal como la SIP constató en 1978, usufructuó su negativa a informar sobre la desaparición de personas para asociarse con el Estado en la explotación de Papel Prensa. Esto le permitió adquirir una posición privilegiada en el mercado, que consolidó más tarde con generosas regulaciones ofrecidas por distintos gobiernos democráticos, las que sin embargo incumplía.

Hoy, haciendo abuso de su posición dominante, discrimina a sus competidores, censura periodistas, inhabilita la actividad gremial de sus empleados, despide delegados o los espía para luego denunciarlos en sus propios medios, impugna judicialmente las decisiones asumidas por amplia mayoría en el Parlamento e incluso se resiste permanentemente a respetar los decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo.

Nos preguntamos si estas acciones que preocupan seriamente al gobierno y a muchos ciudadanos en nuestro país son vistas también con preocupación por las organizaciones internacionales que nuclean a las entidades periodísticas. ¿No es acaso para ustedes objeto de alarma el que un miembro de vuestra sociedad fundada en 1926 con el objetivo de “alentar normas elevadas de profesionalismo y conducta empresarial” viole los derechos y principios que procuran defender?.

No existe de parte del Grupo Clarín y sus aliados reconocimiento de estos problemas. Por el contrario, los escuchamos a diario realizar acusaciones infundadas que intentan reducir nuestra convicción democratizadora a una cruzada autoritaria contra la sociedad y contra ellos.

Como respuesta, podemos decir que nuestra política pública ha sido abierta y transparente. Toda la sociedad la conoce y la mayor parte de ella venía reclamándola hace muchos años con su movilización y compromiso. El debate y sanción de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue una prueba cabal de ello.

Nada más alejado de la oscura persecución de una administración contra víctimas indefensas que esa ley, fruto del trabajo colectivo, alumbrada a plena luz del día, en el recinto que representa la voluntad de las mayorías populares.

Es legítimo que quienes han crecido bajo otro orden, que posibilitó y sostuvo las prácticas monopólicas en el mercado de las comunicaciones, no se sientan representados por estas políticas. Lo que no es legítimo es que sostengan una campaña de difamación pública, haciendo abuso de su posición dominante para falsear la realidad y que se escuden para proteger sus intereses empresariales en una supuesta defensa de derechos que incumplen de modo sistemático.

No existe hoy ninguna limitación estatal a la libertad de expresión en Argentina. Lo que existe es una ley, aprobada en el Parlamento, que promueve la limitación de los monopolios en el campo de la comunicación para proteger la defensa del pluralismo y la diversidad de voces.

Del mismo modo, como lo estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus principios, al sostener que “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes anti-monopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”.

Y la Unesco, cuando en un documento de 2008 señala que las autoridades deben “exigir la desinversión en las operaciones mediáticas actuales cuando la pluralidad esté comprometida o se alcancen niveles inaceptables en la concentración de la propiedad”; el gobierno nacional entiende que la desconcentración constituye un requisito para el ejercicio de la libertad de expresión.

Existe un amplio debate hoy acerca de estas cuestiones en los ámbitos académicos, sociales y políticos, tanto a nivel internacional, como regional y nacional. La cuestión planteada se refiere a si es posible garantizar el pluralismo informativo en un contexto de concentración tan acentuado, y qué papel debe asumir el Estado para asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión.

Es importante resaltar que, en América latina, el debate no pone solamente en juego el ejercicio de derechos individuales ni involucra al Estado únicamente como garante de éstos, sino que el poder económico de los grupos concentrados de medios y su capacidad de intervención en el debate público como un actor central, limita o en muchos casos disciplina a gobiernos, legisladores y funcionarios judiciales.

Se trata de una cuestión fundamental entonces que pone en juego también la calidad de nuestras democracias. En este sentido, la existencia de un mercado de la comunicación dominado por pocos grupos empresariales tiende a promover la formación de una opinión pública uniformada y un poder político subordinado, además de obturar el desarrollo de la libre expresión de ideas y difusión de informaciones.

Llamemos a las cosas por su nombre. Si existen limitaciones a la vigencia plena de la libertad de expresión hoy en Argentina, no se debe a la acción de este gobierno, que ha sido nítida y democrática; sino a la posición dominante de un conglomerado de medios -que funciona en los hechos como un actor político- y que ha decidido sostener su poder en el mercado de la comunicación colocando sus intereses corporativos por encima de las leyes de la República y de los derechos de las mayorías.

Por todo lo expuesto, solicitamos a los miembros de la delegación de la SIP que se encuentra visitando nuestro país que:

Examinen con atención las políticas públicas que hemos resumido en el Apartado I para sumarlas a una evaluación equilibrada y de conjunto sobre la situación de la libertad de expresión en nuestro país. No se trata sólo de limitar sino fundamentalmente de propiciar y promover nuevos actores en el ámbito de la comunicación y de garantizar la libertad de expresión para las mayorías.

Escuchen con respeto la opinión de los numerosos sectores de la sociedad civil que han tenido participación en el proceso de debate público de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: organizaciones sindicales de los trabajadores, sus centrales obreras, movimientos sociales, de derechos humanos, partidos y organizaciones políticas, las universidades nacionales, el movimiento cooperativista, radios y canales comunitarios y pymes, los pueblos originarios, y numerosas expresiones de la cultura, junto a ciudadanas y ciudadanos interesados en esta problemática.

Ponderen las declaraciones y manifestaciones de los numerosos organismos internacionales que trabajan por la defensa de la libertad de expresión y los de aquellos que integran el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos, quienes han elogiado reiteradamente las políticas del actual gobierno argentino, fundamentalmente en lo que respecta a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y a la ley de despenalización de calumnias e injurias para asuntos de interés público.

Analicen las denuncias actuales de los actores privados del mercado de la comunicación en Argentina a la luz de las políticas públicas –legítimas y transparentes- que afectan sus intereses concretos y los convierten en juez y parte de su propaganda alarmista.

Evalúen las irregularidades resumidas en el Apartado II del presente documento, que constituyen una conducta sistemática de violación a la libertad de expresión por parte del grupo empresarial Clarín.

Finalmente, esperamos que puedan ser razonablemente ecuánimes, en honor a aquella visita memorable de 1978 y en atención al abismo que la separa de la realidad que estamos viviendo, no exenta de conflictos y disputas, pero en la que rige la más plena garantía estatal para el ejercicio de las libertades y derechos del conjunto de los ciudadanos.

Quienes entonces callaban el horror, hoy vociferan por una posible pérdida de sus privilegios. Eso no nos asusta. Sí que intenten convertir al gobierno democrático que legítimamente propone limitar sus pretensiones monopólicas en el monstruo autoritario que entonces apañaron en silencio para obtener estos negocios que consiguieron y defienden a cualquier precio.