LA FRASE

"EN ÉSTE PAÍS NO SE PUEDE TENER MENTALIDAD EMPRENDEDORA Y ARRIESGARSE EN LA BÚSQUEDA DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PORQUE ENSEGUIDA TE DESTRUYEN CON LA MÁQUINA DE IMPEDIR." (JOAQUÍN BENEGAS LYNCH)
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sábado, 16 de septiembre de 2023

¿AVANZA LA LIBERTAD O LA IMPUNIDAD?

 

Leíamos en la semana en ésta nota de La Nación que Patricia Bullrich envió una carta a los miembros de las Fuerzas Armadas en la que -entre otras cosas- promete "una solución justa" para los condenados en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Entre sus párrafos más sobresalientes podemos leer: "Compartimos desde hace mucho tiempo una misma vocación que es la grandeza de nuestra Patria y el orden en nuestro querido país”, se lee al comienzo de la misiva. Cualquiera podría repetir estas palabras, pero en el caso de ustedes y en el mío propio ya fueron probadas en la fragua de la vida y en el cumplimiento del deber en la función pública y el servicio a la comunidad. Porque después de todo eso es lo probidad, el valor probado en la conducta de quién lo sostiene”, remarca Bullrich.".

"Todos son conscientes de mi defensa del orden frente al caos y de los efectivos de las Fuerzas de Seguridad contra los embates de los falsificadores de derechos humanos cuando fui ministra de Seguridad de la Nación”, dice el texto en el cual la candidata de JxC remarca: “Hablamos un mismo idioma”.". 

Lo primero que uno podría preguntarse es por qué Bullrich dirige una carta por ese tema a los actuales integrantes de las fuerzas armadas, la mayoría de los cuáles no participaron personalmente en la represión ilegal de la dictadura, ni están involucrados en causas judiciales por violaciones a los derechos humanos cometidas en ése contexto. Se podrá decir que en el caso de los militares hay lazos de afinidad ideológica y hasta familiar entre el personal en actividad, los retirados y los sometidos a procesos o condenados en ellos.

Sin embargo eso no basta para explicar el sentido de la carta de Bullrich, que más bien hay que buscarlo en sus propios términos: Bullrich les está diciendo que los necesita de su lado para imponer el orden, y cuenta con ellos porque les ha demostrado que no los abandona. En rigor, lo dijo textualmente en el caso de los policías de gatillo fácil como Chocobar, o de los gendarmes implicados en el caso Maldonado, a los que prometió "no tirar por la ventana", y cumplió.

Es el mismo mensaje -nefasto- que transmite acá Pullaro cuando dijo que había gente que iba a tener que pedirles disculpas a los policías juzgados por la desaparición y muerte de Franco Casco: los tipos se ofrecen como abogados de todo el que porte un uniforme y un arma provistos por el Estado (poco importan sus funciones o el color del uniforme), a cambio de que cuando los necesiten, puedan contar con ellos.

De allí que no sorprenda que estén planteando involucrar a las FFAA en la seguridad interior, o dando señales claras de consentir (si no propiciar) la violencia institucional para garantizar un supuesto orden, aun al precio de retroceder en una de las conquistas morales y jurídicas más importantes de nuestra democracia y por la cual es reconocida en el mundo, como fue el juzgamiento de los responsables de los crímenes de la dictadura.    

Lo que nos están diciendo -en todos los idiomas y por todos los medios posibles- tanto ellos como Milei es que se viene un tiempo de palos y represión, y no precisamente para los que delinquen, sino para los que protesten, o salgan a defender sus derechos. O sea que se viene un tiempo en que habrá motivos para protestar, o derechos que estarán en riesgo.

Que es precisamente lo que decíamos hace unos días en ésta entrada, a propósito del acto apologista de la dictadura (porque decirle negacionista es faltar a la verdad, y bajarle el precio) de Victoria Villarruel, la cantidata a vice de "La Libertad Avanza": "Ellos (Milei, Villarruel, los negacionistas y apologistas de la dictadura) van más allá de postular el olvido o la "memoria completa": van por la reivindicación de la dictadura, sus métodos y sus resultados, y no es casual: nos están diciendo que llegado el caso y si lo creyeran necesario, lo volverían a hacer.

Y es allí cuando la cuestión se vuelve de acuciante actualidad política y social, y se mete en el corazón de la disputa política y electoral. Porque en el fenómeno Milei -como en la dictadura del 76'- la visión ideológica, el modelo político, los límites que están dispuestos a traspasar y el proyecto económico son una sola y misma cosa, en la que todos los primeros son funcionales a la implementación del último.". 

domingo, 12 de mayo de 2019

EL PODER REAL


En medio del ataque a tiros en cercanías del Congreso que resultó en la muerte de un funcionario y un diputado herido, y la presentación del libro de Cristina en la Rural, pasó casi desapercibido el fallo que dictó el mismo jueves la Corte Suprema de Justicia de la Nación, haciendo lugar a un planteo de Techint para que se declarara prescripto un reclamo de indemnización laboral por la desaparición de un trabajador en una de sus plantas en 1977.

El fallo completo lo pueden leer acá, y la mayoría compuesta por Rosenkrantz, Highton de Nolasco y Lorenzetti hizo lugar al planteo del holding de Paolo Rocca, considerando que la acción interpuesta en 2008 por la Ley 9688 (de accidentes de trabajo, vigente al producirse los hechos) estaba prescripta; aunque tenía su causa en un delito de lesa humanidad (la desaparición forzada del trabajador), y el nuevo Código Civil y Comercial sancionado en 2014 durante el gobierno de Cristina dispone en su artículo 2561 que en esos casos las acciones civiles derivadas de ese tipo de delitos, son imprescriptibles.

El argumento de la mayoría en cuanto a que el mismo Código dispone en su artículo 2537 que los plazos de prescripción en curso al momento de sancionarse una nueva ley se rigen por la ley anterior parece muy endeble, porque cabía preguntarse entonces cuando jugaría la imprescriptibilidad del artículo 2561, cuando los delitos de lesa humanidad fueron cometidos en su casi totalidad en el país antes de 1983, pero no es ése el punto central a analizar, sino lo que el fallo implica respecto de la exculpación de las responsabilidades de la pata civil de la última dictadura; representada por grupos económicos como Techint, que fueron además directamente beneficiarios del aparato represivo desplegado para -entre otras cuestiones- liquidar lo que se denominaba “guerrilla fabril”, y disciplinar por el terror a la fuerza de trabajo, para que desista de reclamar por sus derechos.

Más cuando en el transcurso de la causa que se tramitó en el fuero laboral, el grupo Techint hizo bastante más que discutir si la acción de la hija del trabajador desaparecido estaba prescripta o no: comenzó negando los hechos materiales (es decir, que el trabajador hubiera sido secuestrado dentro de la empresa, y con la participación directa de directivos de ésta), para luego intentar evadir su responsabilidad.

Al respecto, es muy interesante la reseña que hacen los jueces Maqueda y Rosatti en sus votos en disidencia (se expresaron en contra del pedido de Techint de aplicar la prescripción), de los fundamentos del fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cuando los camaristas señalan: “En síntesis, en el sub examine, se tuvo por demostrado que los dependientes jerárquicos o directivos de Techint: eran conscientes, en tanto funcionarios calificados, de la actividad que desarrollaban en el ámbito geográfico y laboral de la empresa personas ajenas a la misma destinadas a cumplir tareas de espionaje y delación; desplegaron una conducta no solo omisiva sino comisiva y complaciente, destinada a facilitar que terceros prepararan el hecho descripto en el sub lite; el episodio fue consecuencia de un. conjunto de actos de "inteligencia interna" caracterizado no por su excepcionalidad -y por tanto tal vez imposible de prever-sino por su carácter reiterado y concertado.

De tal modo, la conducta generadora de responsabilidad que se le endilgó puede ser entendida como una "participación necesaria" en la concreción del secuestro y desaparición del señor Enrique Roberto Ingenieros, identificable como una de las prácticas habituales (modus operandi) del terrorismo de Estado vigente en nuestro país por aquellos años.”.

Es decir, en las plantas industriales de la empresa (y de muchas otras) funcionaba un aparato de infiltración destinado a detectar posibles agitadores y activistas sindicales o políticos, que eran secuestrados para desaparecer, incluso a veces a pedido de las propias empresas, porque “molestaban”. Tal y como sucedió en el caso del ingenio Ledesma, y la causa del apagón.

El fallo de la Corte (que tal como señalaron los dos jueces que votaron en disidencia, va en contra de lo fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2018) se inscribe así en una larga lista de pronunciamientos de la justicia argentina que le permiten zafar a los responsables y beneficiarios civiles del golpe del 76’, de sus responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos para obtener beneficios económicos; tal y como pasó por ejemplo con los directivos de Clarín y La Nación en el caso Papel Prensa.

Es desde éste ángulo que la resolución judicial interesa, porque demuestra la perduración de los “poderes reales” más allá de la transición de la dictadura a la democracia, e incluso cuando los gobiernos democráticos (no todos) decidieron ajustar las cuentas con ese pasado oscuro, y llevar adelante las causas por los delitos de lesa humanidad, pero en su mayoría encapsuladas en establecer la responsabilidad de los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad.

El Poder Judicial (poder no democrático si los hay, dentro de la estructura institucional formal) a través de su cabeza (la Corte Suprema) y aun en votación dividida da una señal clara al poder económico: hay ciertos límites que no serán traspasados, y pueden quedarse tranquilos. Y eso para grupos como Techint es mucho más importante que los pocos pesos que pueden ahorrarse al no tener que pagar una indemnización.

domingo, 16 de diciembre de 2018

APROVECHANDO LA VOLADA


El volante al cual corresponde la imagen de apertura es uno de tantos que fueron arrojados días atrás en el centro de Santa Fe, en las inmediaciones de los tribunales, la Casa de Gobierno y el tribunal oral federal que llevó adelante las causas de lesa humanidad, en las que hay varios condenados.

Los tiraron exactamente el mismo día que se supo que al ex juez federal Brusa (uno de los condenados acá por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura) le habían concedido la libertad domiciliaria, como a tantos otros genocidas a lo largo y a lo ancho del país, desde que gobierna Macri.

En la misma semana en la que todos estábamos discutiendo el protocolo de Patrici Bullrich para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales de seguridad, y los que lo justifican lo defienden con argumentos escalofriantemente parecidos a los que se usaban en la dictadura para justificar lo injustificable: “Si vos no andás en nada raro nada tenés que temer, la policía no se va a meter con vos, ni te va a disparar” y cosas por el estilo, se escuchan por la calle y en reuniones sociales, o se pueden leer en las redes sociales.

Lo que plantean los panfletos no es novedoso, ni mucho menos: según ese “relato” (que no se asume como tal, y abjura de los “relatos”), lo que vivió el país durante la dictadura fue una guerra, y en la guerra no hay que andarse con chiquitas: se mata o se muere, sin dar ni pedir cuartel. Ni más ni menos que lo que vienen repitiendo hace años Cecilia Pando y todos los defensores de los genocidas, y apologistas de la dictadura.

No muy distinto de lo que dijo hace poco la mujer de Rodríguez Larreta en sus redes sociales (y luego borró), cuando acompañó al presidente de Francia Macrón y su esposa, al memorial porteño que homenajea a los desaparecidos.

No muy distinto del discurso con el que los aspirantes a Bolsonaro argentino como el diputado Olmedo, o el periodismo cloacal nivel Feinmann o Baby Echecopar, justifican la legalización del gatillo fácil que impulsa el gobierno de Macri.

Es que esos discursos (que siempre estuvieron entre nosotros, como decíamos acá), se esparcen como una mancha venenosa en ciertos contextos favorables como el actual; cuando el discurso oficial sobre la inseguridad (y aun sobre el tema específico de los derechos) humanos es tan grave en términos de retroceso democrático por lo que dice, como por lo que sugiere: en ese contexto grupos retrógados -como los que hicieron y distribuyeron estos panfletos- se sienten legitimados, pueden “sacar la cabeza”, sienten que es su oportunidad para colar sus demandas de siempre, por la impunidad de los asesinos.

Porque aunque lo quieren rodear de cierta épica, de eso se trata todo esto, y no mucho más: los que se sentían dueños y señores de todo (hasta de las vidas ajenas) no se bancan estar tras las rejas, en una cárcel, como cualquier delincuentes de esos para los que piden bala.

Y por supuesto, si consiguieran eso, la amenaza implícita de que, en idénticas o parecidas circunstancias, volverían a hacer lo mismo, cobra mayor fuerza y poder aterrador. Entre otras cosas (como la justicia que merecen las víctimas y sus familiares) es por esa razón que hay que cerrarles el paso: para demostrarles que se equivocan.

miércoles, 12 de diciembre de 2018

ALGO ESTÁ POR PASAR



Después de que -rápidamente- bajó la espuma del G20 y la cruda realidad lo golpeó en la cara a Macri (resultado de la final de la Libertadores incluido), daba la impresión de que, contra lo que indica la tradición, diciembre pintaba tranquilo: el paro de la CGT desactivado con el "bono", otro tanto pasó con las protestas de las organizaciones sociales (lo que alejaba el fantasma de los saqueos), y la renovación de las autoridades en el Congreso transcurrió en paz; tras el mal trago para el oficialismo del Consejo de la Magistratura, y los cuestionamiento de los socios del PRO en "Cambiemos".

Hasta el polémico (por decir poco) protocolo de Patricia Bullrich sobre el uso de armas de fuego por las fuerzas federales de seguridad que tantas críticas ha levantado, parecía haberle dado al gobierno un eje de acumulación política, tanto que difundían encuestas que marcaban que la mano dura cuenta con el apoyo de buena parte de la población.

Y sin embargo, esto es Argentina, y gobierna Macri, y pasaron cosas: la presión sindical se traslado de la CGT (donde nunca estuvo) a cada sindicato, y tras la paritaria de Aceiteros cerrando en un 75 %, el gobierno se vio forzado a volver a plantear "techos" para las negociaciones salariales del año que viene, en torno al 23 %. Que consiga imponerlo es otra cosa, pero donde tenía paz (relativa) volverá a tener conflicto; y la paz con la organizaciones sociales alcanza solo a pasar las fiestas en calma. Más allá, es difícil saber que ocurrirá.

En las sesiones extraordinarias del Congreso lo único seguro por ahora es que el proyecto sobre Papel Prensa marcha sobre ruedas, porque ahí no canta Macri sino otros gallos, con espolones más grandes: tanto la reforma a la ley de financiamiento de las campañas para permitir los aportes empresarios, como el promocionado (y marketinero) proyecto "anti barras" en el fútbol, están en duda; claro que el primero con mucha mayor densidad política que el segundo.

Pero desde el lunes para acá, y mientras Macri trataba de digerir el golpe de Madrid, los tribunales fueron pródigos en novedades: condena a los responsables civiles de violaciones a los derechos humanos en Ford durante la dictadura (causa emblemática si las hay), llamado a indagatoria de Bonadío para el padre y el hermano del presidente en otra derivación de la causa de las fotocopias de los cuadernos, fallo de la Corte Suprema rechazando el planteo de los radicales santacruceños contra la ley de lemas de la provincia, y excarcelación de Amado Boudou. Hasta el Tribunal Fiscal de la nación (que depende del Poder Ejecutivo) resolvió que existe una deuda impaga de los Macri con la AFIP por una empresa (Yacylec) de la que el presidente era accionista hasta varios meses después de asumir.

Por supuesto que sería demasiado conspiranoico establecer una coordinación perfecta entre todos esos jueces y tribunales para decidir al unísono en la forma que lo hicieron, en cada una de las causas, pero sí es cierto que el Poder Judicial (poder político si los hay) es especialista en olfatear climas, y obrar en consecuencia: tiene una mano amiga en las buenas, suelta la mano que porta el ataúd, apenas vislumbra la puerta del cementerio.

Y algo supone pensar que el macrismo está pasando por esa etapa, o al menos así se lo percibe: el fallo Ford apunta a los respaldos civiles de la dictadura (de los cuáles el clan Macri, hoy salpicado por escándalos judiciales, fue importante representante), pero al mismo tiempo se enlaza con otro fallo de la Corte, aquel en el que daba marcha atrás con su oprobiosa sentencia que extendía el beneficio del "2 x 1" a los genocidas: si bien se percibe cierto revival del discurso "pandista", los jueces huelen que no hay plafond social y político para retroceder en las políticas de memoria, verdad y justicia; aunque el Estado (en cabeza de Macri y el Ejecutivo) no las impulse, ni mucho menos.

La causa de las fotocopias de los cuadernos (como toda aquella que pase por las manos de Bonadío) es cuestión aparte: en el país Bonadío todo es posible, siempre que se trate de servir a los intereses superiores que representa, específicamente la embajada de los Estados Unidos: la citación a indagatoria de los Macri por supuestos pagos de coima para retener los peajes es simultáneo al desembarco de empresas yanquis para invertir allí vía los PPP (que esta misma semana pasaron al control pleno de Marcos Peña, o sea del propio Macri); y al recrudecimiento de las tensiones de la guerra comercial entre China y los EEUU tras la presunta "paz" sellada en Buenos Aires en el G20, que con su torpeza característica, Macri intentó aprovechar para sobreactuar los gestos de acercamiento a Beijing, así como al inicio de su gestión sobreactuó el alejamiento hasta que tuvo que pedir la escupidera del financamiento amarillo.

Acaso el mal trago judicial del patriarca familiar (que habrá que ver si declara) y el hermano blanqueador de la suya, sean un llamado de atención por ese acercamiento al principal rival -hoy por hoy- de USA en el tablero internacional. Por lo pronto, supone un intento de Bonadío por salvar la causa del descrédito social, porque el jurídico es ilevantable: si mete a los Macri (aunque no al presidente, como sería lo lógico atento a la real estructura de los negocios familiares) en el baile, nadie podría dudar de su "independencia" y "objetividad", y de la "seriedad" de su investigación, sería su razonamiento. Todo modo, la brasa de una prisión preventiva está aun lejana.

La excarcelación de Amado Boudou es, además de un hecho de estricta justicia, otra señal de que los jueces "perciben algo": ¿acaso el macrismo ha ingresado en la fase en la que despide un olor a nardo y a calas tan fuerte, que se huele desde Comodoro Py? Como sea, aun quedan presos políticos en el país y ayer mismo Casación rechazó una recusación de Cristina contra los jueces de la causa de "la ruta del dinero K"; pero algo es irrefutable: el avance de las causas judiciales contra los opositores ya no depende del impulso del gobierno, y del inmediato alineamiento de los jueces con los deseos de la Casa Rosada. Esos tiempos ya pasaron.

La Corte no solo rechazó de plano el planteo de Costa y la UCR santacruceña contra la ley de lemas, sino que lo hizo con fundamentos, en lugar de apelar al cómodo expediente del artículo 280 del Código Procesal Penal de la nación para sacárselo de encima en tres líneas, o la tradicional doctrina de no inmiscuirse en las cuestiones electorales provinciales. 

Y lo hizo por unanimidad de sus miembros, incluyendo al presidente Rosenkrantz: acaso el hombre sintió que seguir en soledad dentro del tribunal, con el solo respaldo externo de un gobierno con acciones en baja no fuera conveniente, más allá de los reales apoyos con que cuenta, y lo llevaron al sillón. De cualquier modo, la Corte pasó a ser un terreno áspero para el gobierno: para el martes que viene se espera otro fallo en contra de sus deseos, sobre el reajuste de los haberes jubilatorios, que tendrá gran impacto político y económico. 

Y por si hicieran falta más señales de que se percibe debilidad política en el oficialismo en general, y en Macri en particular (la descomposición de la autoridad presidencial es casi toda mérito suyo), Massa se muestra hiperactivo y no es para menos: en cuestión de días debe inventarse e instalarse como opositor a un régimen que pensó perdurable y da cada día más muestras de agotamiento político; y las fuerzas que realmente lo mueven (no muy distintas de las que manejan la pluma de Bonadío) necesitan una alternativa de recambio, que además le empioje el camino a Cristina.

Finalmente, así como cada día se habla con más firmeza de la posibilidad de un default o reestructuración de la deuda (para no generar más pánico en mercados sensibles se coloca el evento en el 2020, fuera del mandato de Macri, pero el rigor estadístico debería traerlo al año que viene, por el cúmulo de vencimiento y la escasez de divisas disponibles para atenderlos) y sigue subiendo en consecuencia el riesgo país (la causa real es ésa, no el posible retorno del populismo), desde el propio oficialismo y su núcleo duro, el PRO, se discute abiertamente sobre un posible desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Que los voceros de Vidal digan que fijarán la elección bonaerense "en la fecha que le convenga al presidente" no es solo una guasada en términos "republicanos": es la más ramplona confesión de que para los candidatos del oficialismo Macri es -a esta altura de los acontecimientos- un collar de melones electoral, que hay que remontar con esfuerzo. 

viernes, 30 de noviembre de 2018

SE TOMARON SU TIEMPO


Si los tratados internacionales de protección de los derechos humanos fueron incorporados a la Constitución Nacional en 1994...

Si eso reforzó la obligación del Estado de proteger los derechos humanos y su responsabilidad en investigar y juzgar todas las violaciones que se cometan contra los mismos...

Si las leyes de obediencia debida y punto final fueron declaradas nulas por el Congreso en el 2003, e inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia en el 2005...

Si eso reactivó el impulso de las causas de lesa humanidad, que en la provincia de Santa Fe se reanudaron en el 2009...

Si ya hubo varias condenas de los tribunales orales federales de la provincia por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura en Santa Fe...

Si es “indispensable” que el Estado se comprometa en éstas cuestiones y hay “intereses públicos” comprometidos en la búsqueda de verdad, memoria y justicia como dice el decreto....

¿No se acordaron un poco tarde de autorizar a Fiscalía de Estado a constituirse en representación del Estado provincial como querellante en los juicios, muchachos?

sábado, 24 de marzo de 2018

HOY MARCHAMOS



Por la continuidad de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, rechazando todo intento de amnistía o punto final, y por la confirmación de las condenas ya dictadas por la Corte Suprema y los demás tribunales que deben resolver apelaciones, como la Cámara Nacional de Casación Penal.

Por el juzgamiento y condena de los responsables civiles del genocidio, como los Blaquier (cuyo expediente duerme hace un año y medio en la Corte Suprema), los Mitre, Magneto, ejecutivos de Ford y tantos otros que permanecen impunes.

Para que la Corte dicte un nuevo fallo desechando contundentemente la aplicación del 2 x 1 a los genocidas acusados por delitos de lesa humanidad, sin apelar a coartadas ni subterfugios procesales.

Contra el otorgamiento de las prisiones domiciliarias a los genocidas, y por la revocación de las ya otorgadas como pasó con Etcecholatz.

Para frenar el intento de liberación masiva de los condenados en causas de lesa humanidad, con la excusa de la superpoblación carcelaria.

Por la libertad de todos los presos políticos, el cese de la persecución judicial a los opositores políticos y sindicales y la depuración de una justicia corrupta, conservadora y patronal, al servicio del poder económico.

Por la no criminalización de la protesta social y contra el gatillo fácil de las fuerzas de seguridad alentado desde el propio Estado; y por una reforma democratizadora de las fuerzas de seguridad.

Por justicia para Santiago  Maldonado, Rafael Nahuel y todas las víctimas de la violencia institucional.

Contra la reforma laboral flexibilizadora, el intento de ponerle techo a las paritarias y en defensa del salario y el empleo, contra los despidos.

Contra la reforma previsional, el saqueo a los jubilados, el vaciamiento de la ANSES y el intento de retornar al curro de las AFJP.

Contra una política económica que es la repetición de la de la dictadura, ejecutada hoy por los herederos de sus beneficiarios directos.

En defensa de la educación pública gratuita y contra los intentos de vaciarla, desfinanciándola.

Por los 30.000 compañeros desaparecidos, más presentes ahora que nunca.

Por las Madres y las Abuelas, que nos enseñaron con su ejemplo de dignidad y lucha en los años más oscuros, y nos siguen enseñando todavía hoy a no renunciar nunca a la lucha.

Por los nietos recuperados y los que todavía nos falta encontrar.

Por todo eso, este 24 marchamos con más motivos que nunca.

viernes, 9 de marzo de 2018

LA CORTE SIGUE SOSTENIENDO EL 2 X 1



Todos recordamos la reacción social que generó el año pasado el fallo de la Corte otorgando el beneficio del 2 x 1 a los genocidas condenados en causas de lesa humanidad. Tanto que si aquello era un globo de ensayo para tantear el terreno sobre las repercusiones que generaría sobre cualquier retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia les salió mal, y tuvieron que recular.

Para escapar del callejón en el que ellos solos se metieron, los cortesanos (al menos los firmantes del voto de la mayoría) trataron de explicar que jurídicamente no les quedaba otro camino, y que en todo caso era necesaria una “ley interpretativa” del Congreso para excluir a los genocidas del beneficio.

Esa ley (que finalmente se sancionaría bajo el número 27.362 en mayo del año pasado) era innecesaria; y solo tuvo por objeto facilitarles a los jueces de la Corte una coartada jurídica para no ser eyectados el día de mañana de sus cargos, con fundamento en el disparatado y bochornoso fallo: si era una cuestión jurídicamente opinable, no se los podría destituir.

Desde entonces quedó flotando en el aire el compromiso de la Corte de rever su posición a la luz de la nueva ley, y dictar otro fallo en el que excluyera expresamente la aplicación del “2 x 1” en las causas de lesa humanidad; lo cual por otro lado era lógico considerando que fueron ellos quienes pidieron que la ley se sancionara.

Sin embargo, tal como lo cuenta acá Irina Hauser en Página 12 y pese a tener gran cantidad de causas en su poder para haber fallado en estos diez meses transcurridos desde entonces (entre ellas, la del fallecido dictador Bignone) optaron por el camino más cómodo y sigiloso: en una causa de menor relevancia optaron por el famoso artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la nación, y se sacaron de encima el asunto en cuatro renglones; rechazando el recurso extraordinario interpuesto por un represor contra la denegación del beneficio en instancias inferiores.

Lo hemos citado varias veces acá, pero lo reiteramos porque hace a la comprensión cabal de como actuó la Corte. El artículo 280 del CPCC dice (en lo que acá interesa) lo siguiente: "La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia."

Y así como el artículo citado les permite a los cortesanos denegar recursos a su solo arbitrio y discreción y sin la obligación de dar fundamentos (con lo cual se ahorraron emitir opinión), tampoco publicaron la escueta resolución en ninguno de los sitios web habituales; esos mismos en los que Lorenzetti (que nada dijo al respecto en la pomposa inauguración del año judicial) daba amplísima difusión al estado de las causas de lesa humanidad.

O peor que eso: se tomaron el trabajo de subir al portal oficial del Poder Judicial de la nación (verlo acá) un escueto comunicado de prensa en el que destacan que "La Corte no se pronunció al respecto y aplicó al caso la fórmula del artículo 280 del CPCyCN.", que más arriba comentamos. Lo que implica en términos prácticos y concretos que la Corte sigue sosteniendo el criterio que sentara sobre la aplicación del 2 x 1 en las causas de lesa humanidad, aun después de sancionada la Ley 27.362, que dice que no se aplica a ese tipo de causas. 

Sigilo, discreción, ocultismo y (acaso también) empecinamiento; que -junto con los inexplicables diez meses de demora transcurridos desde la sanción de la ley “interpretativa” hasta ahora- nos llevan a preguntarnos cuáles son los compromisos y ataduras que llevan a los cortesanos (incluso a los que en su momento votaron en contra del “2 x 1” como Lorenzetti y Maqueda) a proceder de esa manera.

Acaso tenga que ver con el nuevo clima imperante no en la sociedad (que como dijimos, rechazó ampliamente el “2 x 1”) sino en las altas esferas del poder político; en las que por ejemplo acaba de asumir como jefe del Ejército alguien casado con una de las más conocidas activistas del “pandismo”, o desde las que se pide la libertad condicional para 96 de los peores genocidas condenados en los juicios, sin intervención ni opinión de los jueces que actuaron en las diferentes causas: otro olvido del presidente de la Corte en su discurso. Ojo: tampoco es que los jueces sean la gran garantía, sino recordemos lo que pasó con la prisión domiciliaria de Etchecolatz.

Será cuestión de estar atentos y seguir ejerciendo la presión social necesaria para no dejar ningún resquicios posible para que vuelvan a intentar colar la discusión del 2 x 1, ahora que está visto que no ahorran ningún medio (como hablar de "superpoblación carcelaria" luego de años de decirnos que "los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra") para que los genocidas condenados vuelvan a estar libres.

miércoles, 27 de diciembre de 2017

LA CORTE DICE QUE LA APROPIACIÓN DE PAPEL PRENSA EN UNA MESA DE TORTURA ES UNA PELOTUDEZ


Ahí lo tienen: en apenas 12 renglones y sin la firma de Rosenkrantz (¿se habrá excusado?) la Corte desestimó el recurso de queja interpuesto por Lidia Papaleo contra la denegación del recurso extraordinario que interpuso contra el sobreseimiento de Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre en la causa Papel Prensa.

Como hizo en su momento con los otros expedientes que planteaban la libertad de Milagro Sala, apeló al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que dice que "La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia.". (las negritas son nuestras)

O sea en criollo: ni siquiera entraron a considerar los fundamentos del recurso, porque el caso les pareció una pelotudez insignificante; aunque haya motivado hasta varios libros escritos sobre él.

Después de todo ¿a quién le puede importar determinar la complicidad civil en los crímenes cometidos durante la dictadura, en uno de sus casos más emblemáticos?

Con éste fallo el CEO del Grupo Clarín y uno de los dueños de La Nación zafan definitivamente de su responsabilidad por crímenes de lesa humanidad.

Y además la Corte intima a Lidia Papaleo a pagar 26.000 pesos, que es el importe fijado por la misma Corte como depósito para interponer recursos extraordinarios.

A menos que le estén cobrando por el alojamiento en el Puesto Vasco.   

domingo, 2 de julio de 2017

LA CORTE Y EL MACRISMO


Luis Muiña fue el represor elegido por la Corte Suprema para tantear el terreno.

En un fallo bajo indisimuladas instrucciones del gobierno de Macri,  la Corte por tres votos contra dos, benefició al represor Muiña con la absurda invocación de la derogada ley del 2x1, pretendiendo aplicar una ley que no estaba vigente al momento en que los hechos se cometieron, y que tampoco regía durante el tiempo en que Muiña estuvo detenido. Un planteo jurídico insostenible, y aplicado nada menos que en un caso de delitos de lesa humanidad, vulnerando el derecho argentino y el derecho internacional.

El experimento de los cortesanos estuvo perfectamente sincronizado con la iglesia católica. Horas antes que se conociera el fallo Muiña, la Conferencia Episcopal hacía público el lanzamiento de un programa destinado a buscar la "reconciliación" entre familiares de desaparecidos y militares represores por lo ocurrido durante la última dictadura militar. La maniobra era encabezada por el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, que citaría a los convocados a una casa de “retiros” ubicada en la localidad bonaerense de Pilar.

La masiva reacción social contra el fallo de la Corte -una reacción inédita en la historia argentina contra un fallo judicial- hizo que cortesanos, macristas y altos prelados tuvieran que presionar el botón recalculando, pero por supuesto, sin que ello signifique abandonar el objetivo, ya que existen pactos preexistentes.

Cortesanos, macristas y altos prelados tienen algo en común: subestiman a la gente. Ellos, que creen estar en una categoría superior de capacidades, nunca previeron las consecuencias que podría tener el fallo Muiña. Es más, se lanzaron convencidos que pasaría desapercibido para el hombre de a pié, y jamás evaluaron la posibilidad de un masivo rechazo como el que se produjo, lo que permite poner en duda sus  capacidades.

Actualmente, la incómoda situación se mantiene para los cortesanos, a quienes el gobierno y los prelados dejaron colgados del pincel, ya que funcionarios macristas y jerarquía eclesiástica en su desesperado recalculando salieron públicamente a despegarse del fracasado intento Muiña, hablando unos de la independencia de poderes y otros de la mala interpretación respecto de una convocatoria que podía -y puede- tener una sola interpretación.

Esta incómoda situación explica el reciente fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que dejó sin efecto el sobreseimiento dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal  Nro. 2, y por el que Luis Muiña queda nuevamente detenido, ahora en el marco de la causa por homicidios agravados de trabajadores del Hospital Posadas, homicidios en los cuales también participó éste señor beneficiado por la Corte.


Más allá del valorable esfuerzo de la fiscal de la causa, y dado quienes son los integrantes de la sala IV dela Cámara Federal de Casación Penal (Hornos, Borinsky  y el inefable Geminiani), la resolución solo se explica en el estricto cumplimiento de instrucciones cortesanas para desandar el camino Muiña, luego del categórico rechazo social en la aplicación del 2 x 1 a éste mismo represor.

Instrucciones originadas en Lorenzetti, quien continúa festejando por dos razones. Primero, porque tres cortesanos se inmolaron en el altar macrista con el 2 x 1 , entre ellos, quien era el enviado del gobierno para desplazarlo en el manejo de la Corte. Y segundo, porque la “Justicia” de Rafaela borró todo rastro de su responsabilidad en el accidente que protagonizara en su ciudad mientras conducía su automóvil, accidente en el que perdiera la vida un joven motociclista. Sepultada por la justicia rafaelina cualquier posibilidad de complicaciones o presiones ante un homicidio culposo, y con tres integrantes de la Corte que luego del fallo Muiña tienen dificultades hasta para circular por la calle, el rafaelino ha retomado su rutina de protagonismo bajo la supervisión del miembro cordobés del Superior Tribunal.

Este recálculo de la Corte y el fallo de la Cámara Federal de casación Penal, anticipa lo que fallarán los cortesanos en la nueva resolución que se mantiene pendiente en la causa Muiña, luego del reclamo social histórico y masivo contra el Tribunal. Reclamo social que originó que los altos prelados dejaran de hacer llamados de cortesía a la Corte para saludar a los supremos y enviar bendiciones a los ministros y sus familias, mientras intercalaban alguna solicitud a favor de represores.

Mientras en la Corte se especula con el factor tiempo, el gobierno y los altos prelados no abandonan el objetivo de liberar genocidas. En cambio muchos otros, estamos como siguiendo a Moisés a las puertas del mar rojo. Y será un dilema difícil de resolver para los cortesanos, macristas y altos prelados, si en las elecciones de Octubre el mar rojo se abre.

martes, 16 de mayo de 2017

jueves, 11 de mayo de 2017

EL SOCIALISMO Y SU SCOUTING DE TALENTOS



miércoles, 10 de mayo de 2017

LECCIONES DEL 2 X 1


Las multitudinarias manifestaciones de ayer en Plaza de Mayo y diferentes punto del país no hicieron sino visibilizar en el espacio público lo que se intuía a partir de los bruscos cambios de posición del gobierno sobre el fallo de la Corte aplicando el 2 x 1 a las causas de lesa humanidad: "el  curro de los derechos humanos" tiene más adherentes de los que muchos suponían, empezando por el propio gobierno.

La saludable reacción de buena parte de la sociedad ante el fallo demuestra que cuando se quiere avanzar (o retroceder) en la clausura de las políticas de memoria, verdad y justicia se toca un nervio sensible; y se pagan costos. 

Los intentos del gobierno por despegarse del fallo y evitar -precisamente- pagar esos costos, e incluso trasladárselos al kirchnerismo fracasaron rotundamente; y desde Macri (con su ominoso silencio de una semana) hasta Carrió y sus delirios, ingresaron en los terrenos del ridículo, y se vieron forzados a discutir sobre un tema que no pensaban, en un terreno que no fijaron, y en condiciones desfavorables.

Y todo a partir de un fallo que el gobierno operó/gestó/alentó/trató de ver si podía usufructuar (elija cada uno lo que le parezca, nosotros nos inclinamos por las tres primeras) para llevar agua para su molino; que fue concebido en un claro contexto (hoy gustan llamarlo "clima de época") acelerado por la marcha del "1°A"; una convocatoria que el gobierno, los jueces de la Corte o ambos, vieron como una luz verde social para alumbrar el fallo. 

Acostumbrados como estamos en estos tiempos a lamentarnos de tantas "batallas culturales" perdidas, hagámonos un momento para celebrar este triunfo, que no es menor: aunque más no sea por pura especulación política y de la boca para afuera, el gobierno tuvo que subirse al amplio colectivo social que expresó su rechazo a la impunidad para los genocidas. 

La reacción del Congreso votando en horas una ley para excluir la aplicación del "2 x 1" en las causas de lesa humanidad es -si se nos permite- de dudosa astucia política: visto con los ojos de los cortesanos supremos amenazados por el juicio político, luce como un salvavidas para zafar de éste; precisamente con el argumento de que si existía un "vacío legislativo" que debía llenarse, la cuestión que fallaron era discutible, y en consecuencia si se entra en los terrenos de lo opinable, no puede el fallo sustentar un procedimiento de remoción.

Hacia el interior de la Corte Lorenzetti (que con innegable astucia habilitó como presidente el tratamiento del tema, sabiendo que quedaría colocado votando del lado correcto) sale fortalecido para retener la presidencia; o acaso resistir los embates de Carrió, el ariete del gobierno para ablandarlo a él y al resto de los jueces. 

La rebelión de los jueces que a lo largo y ancho del país se resistieron a aplicar el criterio del fallo tiene más que ver con su olfato para percibir quien tiene realmente las riendas del Poder Judicial (empezando por la chequera, el manejo del presupuesto, los cargos y los ascensos), que por profundas convicciones jurídicas.  

Pero nada de eso no quita que el fallo y la crisis que desató dejan a la Corte en una crisis de credibilidad terminal, de la que no podrá sacarla ni siquiera un posible (o casi seguro) fallo "compensatorio" al estilo de los árbitros de fútbol ordenando la libertad de Milagro Sala. De allí que seguir insistiendo en instalar el juicio político para la nueva mayoría automática es una obligación política de primer orden.

Y la crisis deja a los tres supremos que conformaron el voto de la mayoría más dependientes aun del favor del gobierno, que los salvó -por ahora- en el Congreso del juicio político. Así que habrá que estar muy atentos a los fallos que estos mismos jueces firmen "con la mano muerta" de ahora en más, en especial en causas sensibles para los intereses del gobierno; aunque no tengan tanto voltaje político y social como la del "2 x 1" a los genocidas. 

También habrá que seguir de cerca las previsibles reacciones destempladas del pandismo, que gastaba a cuenta del fallo y tenía a muchos con las valijas listas para volverse a su casa, o para volver a caminar libres (que no tranquilos) por la calle: es gente que no se caracteriza precisamente por dirimir sus cuestiones por métodos democráticos.

Las esquirlas del fallo que hirieron de muerte a la Corte e impactaron en el gobierno, alcanzaron también a la cúpula de la iglesia católica argentina, cuyo enésimo pedido de "reconciliación" propició la cobertura "espiritual" del libelo que alumbraron los cortesanos.

Y rozaron por carácter transitivo al Papa, sea porque alentó la movida, o porque la vio venir y no hizo nada para impedirla: la reacción inmediata y masiva de una sociedad plural y acostumbrada a movilizarse por sus derechos como la argentina dejó en claro los límites concretos de intentar intervenir en la política doméstica desde Roma; una lección también para los que desde acá esperan instrucciones del Vaticano para articular políticamente.

A la "oposición responsable dadora voluntaria de gobernabilidad" el episodio abierto con el fallo le debería dejar una valiosa lección: de éste gobierno siempre se debe esperar lo peor y jamás confiar en él, porque apenas pueda intentará cagar aun a los que le dan una mano (votándole por ejemplo los jueces que propuso para la Corte); porque está en su naturaleza, como la fábula del escorpión y la rana.  

El fallo de la Corte, su gestación, sus efectos inmediatos (los cientos de represores que de la noche a la mañana se volvieron garantistas) y sus repercusiones son el episodio número un millón del famoso "prueba y error" que se ha convertido en el sello de agua de "Cambiemos", desde el comienzo mismo del gobierno de Macri.

En consecuencia, no caigamos en el error de creer que haber salido escaldados de ésta los detendrá de volver a intentarlo de nuevo, o ensayar cosas aun peores: tienen muchos favores que devolver, intereses que preservar, promesa que cumplir, que no son precisamente las públicas de campaña. Pero como quedó demostrado con la reacción al fallo y las masivas movilizaciones de ayer, dependerá más de lo que nosotros estemos dispuestos a permitirles, que de lo que ellos decidan reprimirse de hacer. 

Después de una semana de estruendoso silencio, Macri apareció ayer en Mendoza pretendiendo resolver el dilema que planteaba el fallo con algunas idioteces, que no resisten el más mínimo cotejo con lo que es la realidad concreta de su gobierno: baste decir que el presidente del blanqueo y del partido que no votó la ley Pietragalla dijo estar en contra de todo mecanismo que aliente la impunidad; y que ese mismo presidente (que intentó colar por la ventana del decreto dos arribistas en la Corte) dijo ayer que para él, la división e independencia de los poderes era esencial.

Lo que nos deja a nosotros la última lección de todo esto: las contradicciones entre lo que Macri dice y lo que efectivamente hace son tan enormes, que nos exigen dejar de prestarle atención a lo que dice, para concentrarnos en lo que hace, o es capaz de hacer. 

Porque eso es lo que verdaderamente causa daño, tanto daño como le dejemos hacer.

RECULANDO EN CHANCLETAS, AL LÍMITE DE LA SOBREACTUACIÓN


Decíamos los otros días en estaentrada que solo desde la senilidad manifiesta o la mala leche (también manifiesta) podía desvincularse al gobierno de Macri del fallo de la Corte Suprema que determinó la aplicación del “2 x 1” en una causa de condenado por delitos de lesa humanidad.

Todo el contexto previo al fallo (incluyendo la propia campaña electoral de Macri) marcaba a las claras que la línea de éste era bien vista por el gobierno, porque le permitía contar con una herramienta para “fidelizar” a una parte del núcleo duro de sus votantes.

En ese marco adquieren sentido las primeras declaraciones oficiales que se conocieron después del fallo, que fueron las del Secretario de Derechos Humanos Avruj; que antes se había congratulado de que la Corte le concediera la prisión domiciliaria “por razones humanitarias” a otro genocida.

Sin embargo, con el correr de las horas algo cambió, y recalcularon: es evidente que las encuestas, los “focus group” o un rápido repaso por los medios le dejaron en claro al gobierno que la sentencia tenía un rechazo social mayor del previsto, y entonces comenzó la reculada en chancletas, con exageradas sobreactuaciones.

Así por ejemplo de cuestionar el 2 x 1 “en todos los casos y para todos los delitos” (como lo hicieron Marcos Peña y Rodríguez Larreta), los legisladores del PRO en el Congreso nacional pasaron a intentar ganarles de mano a los opositores, presentando proyectos legislativos sobre la cuestión.

Al respecto leíamos en La Política Online: “Por su cuenta, el macrista Daniel Lipovetzky presentará mañana un proyecto para derogar el 2x1 junto a su par Anabella Hers Cabral, aunque ya tiene resistencia entre sus pares. Pablo Tonelli le dijo a LPO que está de acuerdo con el fallo.
Lipovetzky propondrá agregarle a la ley 27.156, que prohíbe indultos y amnistías a los delitos de lesa humanidad, la prohibición de aplicar leyes derogadas a los condenados por estos crímenes. Y también aclarar que el 2x1 sólo podrá aplicarse a quienes hayan sido detenidos durante su vigencia.” (las negritas son nuestras)
La Ley 27.156 es conocida como “ley Pietragalla”, porque fue el actual Secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz y nieto recuperado el que la impulsó, siendo aprobada en noviembre de 2014 por la Cámara de Diputados, y en julio del 2015 por el Senado; es decir durante el gobierno de Cristina.
La ley establece que en la imposición de penas o en los procesos penales por delitos de lesa humanidad consagrados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (o sea, genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra) y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional no pueden existir indultos, amnistías o conmutaciones de penas; bajo pena de nulidad del acto que así lo disponga. Esos delitos ya habían sido declarados imprescriptibles por la Ley 26.200 (2007), de implementación en el país del Estatuto.
Cuando la ley Pietragalla se sancionó dijimos nosotros en ésta entrada que los diputados del PRO se abstuvieron, como se puede comprobar además con la parte pertinente del acta respectiva: 

No menos importantes fueron algunas ausencias (ver el acta completa de la sesión acá): Laura Alonso, el rabino Bergman, Hermes Binner, Graciela Camaño, Elisa Carrió (que con su caradurismo habitual le echó la culpa del fallo al kirchnerismo por "omisión legislativa"), José Cano (el ñoqui de lujo del Plan Belgrano), Eduardo Costa, De Mendiguren, De Narváez, Victoria Donda, Julio Martínez (el hoy ministro de Defensa), el “Cachi” Martínez, Sergio Massa, Schiaretti, el actual ministro de Trabajo Triacca, entre los más conocidos.
Poco después el Congreso sancionaba la creación de una comisión bicameral investigadora de las complicidades y responsabilidades civiles en las gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura; que también tuvo la abstención de los legisladores del PRO.
De allí que en función de los antecedentes, es poco creíble ahora el giro discursivo y político del oficialismo, que para ser real, debería ir acompañado de otras acciones, más concretas.
Por ejemplo acompañar el pedido de juicio político a los jueces de la mayoría de la Corte que hicieron posible el bochornoso fallo que ya están presentando bloques opositores, sostener las querellas en las causas de lesa humanidad en trámite, retirar la nominación de un defensor de represores como representante argentino ante la CIDH y reintegrarles los recursos y estructuras a los programas que ejecutaban las políticas de memoria, verdad y justicia; desmantelados apenas llegado Macri al gobierno; para empezar.
De lo contrario, estaremos simplemente en presencia de más fulbito para la tribuna, al que tanto nos tiene acostumbrados la maquinaria propagandística de Durán Barba.

sábado, 6 de mayo de 2017

SORPRESA Y MEDIA


En campaña Macri prometió que con en el gobierno, se terminaba “el curro de los derechos humanos”. Jamás habló de “terrorismo de Estado”, sino de “guerra sucia”.

En 8 años como Jefe de Gobierno de la ciudad, nunca visitó el memorial a las víctimas de la represión que está en la costanera norte, y sólo lo conoció cuando vino Obama a la Argentina.

Nombró en la Aduana a Gómez Centurión, un ex carapintada sublevado contra Alfonsín para que no fueran juzgados los acusados por delito de lesa humanidad; y que siendo funcionario negó que existiera un plan sistemático de violación de los derechos humanos consistente en secuestrar, desaparecer, torturar y matar personas, o apropiarse de bebés y robarles su identidad, con campos clandestinos de detención y tortura. Después de eso, siguió siendo funcionario del gobierno, hasta hoy.

Darío Lopérfido  negó la cifra de los 30.000 desaparecidos y dijo que era una cifra “negociada en una mesa para cobrar indemnizaciones”. El gobierno del PRO en la ciudad lo rajó del Ministerio de Cultura pero lo mantuvo al frente del teatro Colón, y Macri lo designó “representante especial de la cultura argentina” en Alemania, en un cargo creado especialmente para él.

El gobierno de Macri desmanteló y desfinanció todos los programas que ejecutaban desde el Ejecutivo las políticas de memoria, verdad y justicia; y propuso a un defensor de represores como representante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Estado viene desistiendo de las querellas en todos los juicios por delitos de lesa humanidad, en especial aquellos que involucran a los cómplices y beneficiarios civiles del mundo empresarial del terrorismo de Estado (Papel Prensa, el caso más emblemático).

El ministro de Justicia Garavano recibió a Cecilia Pando y los demás miembros de las organizaciones que defienden a los represores, tratando de que la noticia no se supiera.

El Secretario de Derechos Humanos, Avruj, celebró el fallo de la Corte Suprema de Justicia que concedió la prisión domiciliaria a un represor.

El presidente dictó un DNU corriendo de lugar el feriado inamovible del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia; y solo retrocedió ante la generalizada reacción en contra.

El gobierno se siente fortalecido para profundizar su plan de ajuste y endeudamiento a partir de una marcha en la que se escuchó -entre otras bellezas- que “desaparecieron todos los que tenían que desaparecer”.  

Esta misma Corte que en la semana falló a favor de la aplicación del “2 x 1” en las causas de lesa humanidad, estableció la prescripción de las acciones civiles derivadas de los daños causados a las víctimas de esos delitos.

El fallo del “2 x 1” se sustentó en el voto de los dos jueces designados por Macri “en comisión” por decreto, violando la Constitución; jueces que en las audiencias públicas en el Senado cuando se discutieron sus pliegos fueron impugnados por los organismos de derechos humanos, por sus posturas en estas cuestiones.

Y esta señora pretende que “celebremos la división de poderes”, y que creamos que el gobierno fue el primer sorprendido por el fallo.

Hágase un favor, doña, llámese a silencio para no seguir haciendo papelones.