EL GABINETE DE MACRI Y LA PUERTA GIRATORIA

A nadie puede sorprender el criterio con el que Macri viene formando su futuro gabinete, plagado de CEOS de grandes empresas nacionales y extranjeras: es parte de la idea de que el país es una gran empresa, y que la solución de sus problemas es solo cuestión de "gestión" y "managment", sin "grandes prólogos ideológicos"; como supo decir en su momento el propio presidente electo.

No habría entonces ideología sino un cásting de gerentes eficaces, y capaces de resolver los problemas, como si -por ejemplo- la cuestión de la pobreza la encarara igual un neoliberal, que alguien que no lo es. La premisa es -por supuesto- falsa: ni un país es una empresa, ni nadie anda por la vida completamente desprovisto de ideología; en tanto sistema de ideas desde el cual interpreta el mundo y la realidad y si le toca, trata de transformarlo en consecuencia.

De hecho, los que están siendo reclutados por estos días para formar parte de los equipos del nuevo gobierno son elegidos precisamente porque tributan  a determinado "corpus" de ideas: no se ha sabido -al menos hasta acá- que tentaran a los encargados de gestionar el hotel Bauen o la ex cerámica Zanón de Neuquén, aunque en ese cometido puedan exhibir eficacia.

Y esos CEOS devenidos funcionarios expresan además en el seno del Estado la defensa de los intereses de sus respectivas empresas, grupos económicos o sectores concretos, como el agropecuario o el financiero. Es allí donde la idea del "país visto como una empresa" empieza a hacer agua porque no necesariamente sus intereses (los de las corporaciones del poder económico) son los del conjunto, o al menos los de las grandes mayorías nacionales (la experiencia histórica indica mas bien lo contrario); aunque el pensamiento neoliberal tiende a naturalizar la idea inversa: los intereses de las grandes corporaciones y grupos económicos son los de todos, como cuando nos vendían que "el campo es el país".

El cuento no es nuevo, y solo cambian los protagonistas: en la "década infame" el abuelo de Federico Pinedo se jactaba de representar los intereses de las grandes compañías extranjeras (primero inglesas, luego yanquis) con importantes inversiones en el país, y gestionarlos desde la función pública cuando le tocó ocuparla, porque no advertía ninguna contradicción entre esos intereses, y los del país.

En los años 90' la ola privatizadora neoliberal en el país y en América Latina incluyó el desguace del Estado en beneficio de los grandes grupos económicos, con el argumento de "terminar con la corrupción estructural" del "capitalismo de amigos", que supuestamente -o no- favorecía a grupos empresarios nacidos, criados y prosperados al amparo de sus vínculos de negocios con el poder político; más allá de los gobiernos circunstanciales.

Por entonces apareció en todo su esplendor el "oenegeísmo" como subproducto de las nuevas formas de politización (o despolitización, según se mire) que se autoatribuyó el rol de representar a la sociedad civil en el control del poder público (no del poder económico, desde ya), evitando los "conflictos de intereses" y las "puertas giratorias": ese fenómeno por el cual alguien podía alternarse de lo dos lados del mostrador entre el Estado y las empresas del sector privado, en total concupiscencia de intereses. 

Que fue justamente lo que ocurrió por entonces hasta el escándalo, como pasó por ejemplo con el estudio Cassagne; hoy dispensador de cautelares a la carta y entonces redactor de los pliego de las privatizaciones primero, para asesorar a las empresas que se quedaban con los bienes del Estado después, sin solución de continuidad.

De ese sector de "ONGS" custodias de la transparencia y la moral pública provienen no pocos de los cuadros del PRO, y son la usina de ideas que generan placebos para calmar ciertos escrúpulos morales de sus votantes promedio: Así por ejemplo tras 10 años ejerciendo la función pública como diputado primero y jefe de gobierno porteño después Macri -imitando el ejemplo de Piñera en Chile- pondría su fortuna "bajo un fideicomiso". Fortuna que heredó de los pingües negocios hechos por las empresas del familia con el Estado en todos los gobiernos, desde la dictadura militar hasta nuestros días. 

En ese marco de las ideas del Consenso de Washington (que hasta llegó a alentar la "Convención Interamericana contra la corrupción") surgió en la transición entre Menem y De La Rúa la  Ley 25.188 de Etica Pública, prevista ya en la reforma constitucional del 94'. Ley cuyo artículo 13 señala:  "Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones...". (las negritas son nuestras)

El detalle no pasó inadvertido a los repúblicos de "Cambiemos", y allí que por ejemplo el ex CEO de LAN no fue a conducir Aerolíneas sino a un cargo de la Jefatura de Gabinete (como si desde allí no pudiera influir a favor de sus anteriores patrones), y para manejar la aerolínea de bandera eligieron a la ex CEO de General Motors en el país. Que no pueda asumir el cargo sin violar el artículo 99 inciso 5) del Cödigo Aeronáutico nacional (porque no es de nacionalidad argentina) se les habría escapado, al parecer.

Sin embargo y más allá de la angelical forma en la que Ley 25.188 tipifica los "conflictos de intereses", la ley de ministerios parece ser más rigurosa en sus artículos 24 y 25: "Durante el desempeño de sus cargos los Ministros, Secretarios y Subsecretarios deberán abstenerse de ejercer, con la sola excepción de la docencia, todo tipo de actividad comercial, negocio, empresa o profesión que directa o indirectamente tenga vinculaciones con los poderes, organismos o empresas nacionales, provinciales y municipales." dice el 24; y "Tampoco podrán intervenir en juicios, litigios o gestiones en los cuales sean parte la Nación, las provincias o los municipios, ni ejercer profesión liberal o desempeñar actividades en las cuales, sin estar comprometido el interés del Estado, su condición de funcionario pueda influir en la decisión de la autoridad competente o alterar el principio de igualdad ante la ley consagrado por el artículo 16 de la Constitución Nacional.", señala el 25.

Si uno mirara las cosas con la perspectiva que suelen hacerlo ellos (que dan a estos asuntos importancia capital cuando se trata de los políticos tradicionales ocupando cargos públicos), podría preguntarse si el artículo no le calza justo a Buryaile (deudor moroso y embargado del Banco Nación) que acaba de anunciar medidas que redundarán en grandes beneficios para el sector del cual es parte (y lo seguirá siendo); o en que condiciones se desvinculó Prat Gay de la JP Morgan, o Aranguren de Shell: no sea cosa que nos enteremos luego que el plan de retiro incluye algún bonus o participación en las ganancias de ambas, que pueden verse acrecentadas -ponéle- si participan en la colocación de deuda, o si cambia sustancialmente la política energética y aumentan los beneficios para el sector petrolero.

Lo concreto es que aun sin darse tales circunstancias, todo parece indicar que ambos van a adoptar medidas como funcionarios que beneficiarán ostensiblemente a los sectores de los que provienen; sin ponerse colorados y acaso convencidos de que son las mejores para los intereses del país, o peor aun: las únicas racionales. Y acaso al dejar la función pública vuelvan a esos sectores privados, en retribución por los servicios prestados.

Pero a no desesperar: ayer nomás nos contaba Clarín que la futura titular de la Oficina Anticorrupción (organismos surgido en el mismo contexto ideológico y época histórica señalados más arriba), Laurita Alonso señalaba que "Frente a consultas de futuros funcionarios, la OA emitirá un dictamen preventivo de conflictos de intereses e incompatibilidades para recordar la normativa vigente y para recordar que, ante la duda, todo funcionario puede pedir asistencia y un dictamen particular a la Oficina...".

Que ella misma esté un poco flojita de papeles porque no cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 102/99 para estar a cargo de la Oficina (no es abogada, ni viene del Ministerio Público o el Poder Juidicial) es un detalle menor, que se puede solucionar con buena voluntad y si no alcanza, con algún que otro DNU.

LA VERDADERA NATURALEZA DEL CONFLICTO

Por Raúl Degrossi

Es comprensible que los que hace años vienen luchando por una comunicación más democrática vean a la puja por la plena implementación de la ley de medios como parte central de su pelea, pero hace rato que ha dejado ya de ser eso, o por lo menos, sólo y fundamentalmente eso; aunque ése sea efectivamente uno de sus sentidos finales.

Tampoco se trata de una disputa jurídica a dirimir en los vericuetos tribunalicios, aunque hoy sea ése el terreno en el que también se debe dar la batalla; dependiendo del menos democrático de los poderes, al que la propia normatividad democrática le da la capacidad de definir cuando, como y hasta que punto se aplica una ley; y que dice en definitivas esa ley, más allá de lo que hayan escrito los que la votaron.   

El conflicto con el Grupo Clarín por la ley de medios es de profunda naturaleza política, y sus consecuencias más decisivas a futuro serán siempre en ese plano, en el contexto de una transición democrática originada con la derrota en Malvinas y que -a menos de 30 años de vigencia del Estado de derecho- continúa buscando su identidad, construyéndose a diario y explorando sus límites.

Una transición democrática que soportó varias crisis agudas, las más importantes en 1989 y en el 2001; y de las que salió con las vigencia formal de las instituciones (jugando en los bordes en ambos casos), pero con dramáticas reestructuraciones de las relaciones sociales cotidianas en términos de empleo, indicadores sociales, modelos productivos, ganadores y perdedores, potenciados y excluidos o vueltos a incluir (con muchos que siempre estuvieron del mismo lado, para bien y para mal).

De ambas crisis la democracia argentina salio de modos diferentes, con el menemismo primero, y con el kirchnerismo después; y la diferencia sustancial (aunque algunos se pierdan por las ramas en el análisis, para concluir en que ambos procesos fueron iguales) estuvo no sólo en los resultados, sino en los caminos elegidos: centralmente en la decisión  de la política de ampliar su espacio de autonomía por sobre el ganado por las corporaciones, o ceder en toda la línea, aceptando que el programa que éstas plantean como único país posible, fuera convalidado y puesto en práctica desde la institucionalidad democrática.

Como se ve, el asunto tiene entonces que ver con el famoso conflicto entre democracia y capitalismo; que no son necesariamente antitéticos, pero si guardan entre si una difícil convivencia, desde que intentan procesar los conflictos sociales con lógicas y reglas de juego diferentes.

Una relación que nunca es unívoca sino zigzagueante, sobre todo porque es de la propia lógica de la democracia la posibilidad de los cambios de rumbo, mientras el capitalismo responde a una direccionalidad más unívoca (la de la defensa de sus negocios), en la que lo que cambia en todo caso son los instrumentos, pero nunca los fines.

El conflicto entre el gobierno y el Grupo Clarín se inscribe claramente en esa lógica, y aun admitiendo leerlo como una pelea actual entre dos antiguos socios, por una sociedad que terminó mal, la propia cambiante relación del kirchnerismo con el hólding tiene que ver más con la cabal comprensión de que éste tendía a ensanchar sus límites a expensas mismas del núcleo de la gobernabilidad ideada por el proceso político abierto por Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003; comprensión adquirida con nitidez en el conflicto agropecuario por las retenciones móviles.

No es casual que la mayor oposición al gobierno sea un conglomerado de medios, y que éste hecho (el enfrentamiento entre gobiernos electos por el pueblo, y los medios) sea común a varios procesos políticos de América Latina: el mundo de la comunicación es el que ha tenido más explosivo desarrollo en las últimas décadas, medido tanto en términos de avances tecnológicos, como de nuevas oportunidades de negocios, de modo que es natural que el capital asentara allí sus reales.

Y si los medios tradicionales anteriores a la moderna sociedad de masas (la prensa gráfica básicamente) siempre asumían el objetivo de influir en el sentido de percepción social de los procesos políticos, económicos y culturales, con la explosión de los medios audiovisuales y la formidable concentración de capitales que generan ese proceso se aceleró a límites inimaginables; creando nudos de intereses de tal magnitud, que justifican el abordaje y la colonización, lisa y llana, de la política y las estructuras estatales para garantizar esos negocios, y ensancharlos.

Las escenas de obscenidad tribunalicia que vienen protagonizando en los últimos días muchos jueces federales en beneficio de los intereses de Clarín son apenas una muestra gratis de eso, representada gráficamente por el cartel del Grupo sobre el 7D que ilustra el post; y que escribía el núcleo fundamental de la resolución adoptada por los camaristas (uno denunciado por coimero, para decirlo en términos llanos y sencillos), muchas semanas antes de que estos le pusieran sus firmas.      

En el medio de la disputa, siempre se le lanza a la cara al kirchnerismo el sambenito de la impostura de pelear por causas en las que no cree, y de aferrarse a un relato sin correlación con la realidad, o que se da de patadas con sus propias acciones de gobierno.

Pero hete aquí que el tortuoso camino seguido por la ley de medios desde su sanción para su plena puesta en vigencia, no hace sino convalidar el núcleo duro del relato kirchnerista, que plantea al gobierno de un estado democrático, elegido por el pueblo, en pulseada con los intereses corporativos: de hecho una pulseada similar, la del conflicto con las patronales del campo, terminó de parir al kirchnerismo como identidad política.   

Así vista la puja con Clarín también ilumina los términos reales del debate político, porque es común que al kirchnerismo se lo pretenda correr por izquierda (y motivos reales y concretos para hacerlo, sobran), pero si hablamos en serio: ¿dónde está la consistencia de los planteos, la viabilidad de los proyectos y -sobre todo- la praxis política que les dé credibilidad a los que los hacen, cuando vemos a progresistas de toda laya celebrar que un puñado de jueces impresentables apañen las maniobras de una corporación con ribetes mafiosos, para no cumplir con una ley del Congreso?

Es desde allí entonces que hay que mirarlos cuando nos plantean que tenemos que recuperar el control de nuestros recursos naturales o del comercio exterior, dictar una ley de entidades financieras o encarar una reforma tributaria: ¿suponen acaso que, si se afectan intereses, estos no reaccionarán como lo hizo Clarín, no conseguirán jueces al gusto que los protejan, y que harán entonces: celebrar la plena vigencia de la división de poderes?  

Y es desde allí desde donde los miran con atención los otros intereses corporativos, algunos bastante más poderosos que Clarín, observando el triste espectáculo de una dirigencia opositora (y de muchos sedicentes oficialistas) autoproclamada impotente para dar -nunca, en ninguna condición- ninguna pelea siquiera similar a la que viene dando el kirchnerismo contra el multimedios: ¿qué mejor prospecto a futuro entonces para esos intereses, que tener la plena seguridad de que, cuando Cristina termine su mandato, volveremos a ser un país "normal"? 

La pelea con Clarín tiene que ver con los sentidos últimos de la democracia, que son bastante más que la plena vigencia del aparato jurídico formal que establece la Constitución: si algo deja en claro el conflicto, es justamente todo lo que queda por fuera de la sumatoria de los poderes que deben permanecer -según esa estructura- divididos e independientes.

De modo que no lo vengan a correr al gobierno con el argumento de la defensa de las instituciones; porque nadie viene haciendo tanto como el kirchnerismo para defenderlas, pero defenderlas en serio; de los que se las quieren llevar puestas en defensa de sus negocios.  

Y claro que la pelea con Clarín tiene que ver también con la plena vigencia de las libertades públicas, pero hablando de relatos e imposturas: el proyecto político al que catalogan a diario de dictadura, como núcleo discursivo mediático replicado por los cacerolos (disgresión: ¿alguien recuerda hoy el 8N, vieron cuan pequeños quedaron cuando Clarín puso en juego otras fichas decisivas que tenía para dar la pelea contra la ley?), viene soportando hace tres años fallo tras fallo, argucia tras argucia, para impedir la aplicación de la ley de medios; del mismo modo que soportó cuatro meses de rutas cortadas o incitaciones públicas al golpe de Estado y al magnicidio, sin disparar un sólo tiro, o reprimir una sola manifestación.

En una verdadera dictadura, en muchos menos de ese tiempo, Clarín habría sido desguazado, y Magnetto recluido en las mazmorrras del régimen; y los jueces que los protegen no estarían ya en sus puestos, gozando de sueldos generosos, viajes V.I.P. y exenciones impositivas a nuestra costa (las exenciones, no los viajes); de modo que en lo sucesivo les será más difícil sostener ese discurso, y el de la impoluta independencia de algunos togados.

LECCIONES DE REPÚBLICA

Cada discurso de Cristina deja siempre mucha tela para cortar, y el de ayer en Santiago del Estero -que vemos en el video- no fue la excepción.

Pero en este caso queremos destacar lo que dice a partir del minuto 16 del video, cuando analiza la ofensiva de las corporaciones económicas contra la decisión del gobierno de ejercer los derechos que le corresponden por las participaciones accionarias en diferentes empresas.

Allí Cristina marca con claridad meridiana como son las cosas en la democracia, quien gobierna y desde donde; algo que por cierto el kirchnerismo se ocupó de dejar en claro desde el mismísimo 25 de mayo del 2003, y del célebre discurso original de Néstor al asumir como presidente.

Por eso ante bochornos como éste, bienvenida la elemental sensatez de la palabra presidencial, recordándoles a los dueños de la república, a los escribanos de la democracia que hace poco firmaban un lamentable documento en el que pretendían "defenderla", este sencillo texto:  "El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país...".

Nada más ni nada menos que el artículo 99 inciso 1) de la Constitución Nacional.