PEOR ES NADA

 

A propósito del fallo de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura, es tan cierto que la agenda judicial no está entre las principales preocupaciones de la gente, como que lo que hacen los cortesanos con el fallo es ejercer su poder puro y duro, tratando de demostrar..

— La Corriente K (@lacorrientek) November 10, 2022

...quien lo tiene, como se distribuye, y quien lo ejerce. Y al mismo tiempo marca los límites reales de las instituciones, y los "frenos y contrapesos" que se supone debieran funcionar. En otro sentido, el fallo impacta en la interna del oficialismo, porque pareciera -al menos...

— La Corriente K (@lacorrientek) November 10, 2022

...entre ellos) que el fallo es parte de un contexto en el que los jueces (no solo los supremos) olfatean a un presidente débil, y a un gobierno de salida; y obran en consecuencia. A ese presidente se le reclama -desde el propio oficialismo, sus dirigentes y parte de sus...

— La Corriente K (@lacorrientek) November 10, 2022

Desde el gobierno se arguye -en esto como en tantas cosas- que "no da la correlación de fuerzas" (por ejemplo para impulsar el juicio político de los miembros de la Corte, y producir allí una renovación), o que no avanzan en el Congreso (donde tampoco da "la correlación de...

— La Corriente K (@lacorrientek) November 10, 2022

Sin embargo, eso no significa -como pretende el gobierno- que no se pueda hacer nada, y simplemente contemplar pasivamente como se consolida "el gobierno de los jueces", que no les interesa tanto por sí mismos (aunque sí defenderán con uñas y dientes sus privilegios), como...

— La Corriente K (@lacorrientek) November 10, 2022

...político del que preocuparse. ¿Qué podrían hacer el gobierno y el presidente entonces, para romper el inmovilismo que solo alimenta la ofensiva judicial de la oposición en sentido amplio (jueces, partidos opositores y medios hegemónicos, que son una y misma cosa)?

— La Corriente K (@lacorrientek) November 10, 2022

...le suma que es un antro de conspiraciones opositoras, que nada tienen que ver con la mejora del servicio de justicia y la calidad institucional. Incluso consienten que -contra la Constitución- al presupuesto del Poder Judicial lo maneje la Corte, y no ellos.

— La Corriente K (@lacorrientek) November 10, 2022

...la Carta Magna. Y si tienen dudas, le preguntan al propio Rosenkrantz o a Rosatti, que aceptaron que Macri los designara de ese modo en la Corte, en su gobierno. Porque preguntarle a Pepín Rodríguez Simón, que fue el autor de la idea, se complica un poco por razones que son...

— La Corriente K (@lacorrientek) November 10, 2022

Y se podría seguir designando del mismo modo al Procurador General de la Nación, reemplazando así al impresentable Casal. Acá sugerimos reponer en su cargo a Gils Carbó, pero si el presidente prefiere a Rafecas u otro candidato, no tenemos inconvenientes: cualquiera es...

— La Corriente K (@lacorrientek) November 10, 2022

En el caso del Procurador, la exigencia del acuerdo del Senado para designarlo además no surge del artículo 120 de la Constitución, sino del artículo 11 de la Ley 27148 (2015), que además exige una mayoría agravada. Incluso el presidente podría dictar un DNU por el cual ...

— La Corriente K (@lacorrientek) November 10, 2022

...la Constitución no exigiera ése requisito. Ese DNU (como todos) regiría desde su dictado y hasta que no sea derogado por ambas Cámaras, de acuerdo con la Ley 26122. Un dato: todos los actuales miembros del directorio del Banco Central (incluido su presidente) fueron...

— La Corriente K (@lacorrientek) November 10, 2022

...se puede. Y si se pudo en esos casos -y se trata nada menos que del BCRA- ¿por qué no se podría en otros? Conste que ni siquiera hablamos de cubrir con un nombamiento en comisión la vacante que dejó en la Corte Helena Highton de Nolasco, porque no cambiaría la mayoría.

— La Corriente K (@lacorrientek) November 10, 2022

...Boletín Oficial: https://t.co/YnKY8A1kf6. De todos modos, se podría hacer perfectamente luego de esa fecha, salvo que el presidente -otra vez- decida convocar a extraordinarias. O sea: las herramientas las tiene a su alcance, que se decida a usarlas depende de él.

— La Corriente K (@lacorrientek) November 10, 2022

RECLAMAN DERECHOS DE AUTOR

 

También es posible que el socialismo se quiera subir el precio para entrar a la Unión Democrática en otro lugar que no sea furgón de cola, largó la subasta y escucha ofertas, @serdelfino https://t.co/UYUWFUa4Vl

— La Corriente K (@lacorrientek) November 4, 2022

Hay gente que pasó de "Perotti no dialoga" a "Perotti rosqueó con los socialistas y nos dejó afuera a nosotros" tan rápidamente que ni nos dimos cuenta, @serdelfino. https://t.co/9AGGTf510N

— La Corriente K (@lacorrientek) November 3, 2022

Lifschitz rosqueó una ley para disciplinar fiscales con Corral en 10 minutos después de dos años sin hablarse, para fondear las causas que los preocupaban a los dos. Sacáte para cuidarte. https://t.co/lKrvvH4ozs

— La Corriente K (@lacorrientek) November 3, 2022

Acá hay gente que después de 12 años de gobierno repartiéndose cargos entre socialistas y rsdicales, quedó afuera de la rosca, @serdelfino https://t.co/N7L7P47Ups

— La Corriente K (@lacorrientek) November 3, 2022

No solo que en sus cuatro años de gestión (ni en los ocho posteriores de Bonfatti y Lifschitz) no se hizo nada al respecto, sino que rosquearon con el eterno presidente de la Corte Rafael Gutiérrez, para repartirse las designaciones en la justicia y en el MPA (MInisterio...

— La Corriente K (@lacorrientek) November 4, 2022

Además de eso, hubo innumerables casos de funcionarios políticos de las tres gestiones del Frente Progresista que pasaron del Poder Ejecutivo a la justicia y el MPA sin escalas, incluso a veces en concursos que ellos mismos armaban desde el Ministerio de Gobierno, Justicia y ...

— La Corriente K (@lacorrientek) November 4, 2022

...superaron sus diferencias rápidamente para ponerse de acuerdo y aprobar en tiempo récord (con la inestimable colaboración de los senadores del PJ) una ley que pone en cabeza de la Legislatura el poder disciplinario para sancionar a los fiscales del MPA, que antes estaba...

— La Corriente K (@lacorrientek) November 4, 2022

...OSPE (Servicios Adicionales) y los concursos policiales, causa ésta última que involucraba a Maximiliano Pullaro, entonces ministro de Seguridad, hoy diputado, candidato a gobernador y presunta víctima de espionaje ilegal por parte de Saín. La mayoría de las designaciones...

— La Corriente K (@lacorrientek) November 4, 2022

...Legislativas y las dejaban caer para que los pliegos quedaran aprobados. Y si no les alcanzaban los votos, rosqueaban con el PJ (en especial con los senadores) sin ponerse colorados, y listo, a otra cosa. En ese contexto-por ejemplo- el hijo de Barletta (otro indignado...

— La Corriente K (@lacorrientek) November 4, 2022

...la UCR mojaron el pancito) se rasgan las vestiduras porque el socialismo rosqueó con el gobierno de Perotti por cargos en los juzgados comunitarios de pequeñas causas, se rasgan las vestiduras como vírgenes vestales mancilladas en su honor. No hay que creerles, ni a ellos...

— La Corriente K (@lacorrientek) November 4, 2022

Ninguno de ellos dijo nada cuando todas las cosas que contamos pasaban, porque entonces eran parte del reparto, y estaban bien. Ahora lloran porque se quedaron afuera, simplemente por eso. A menos que crean que inventaron la rosca política, y estén reclamando derechos de autor.

— La Corriente K (@lacorrientek) November 4, 2022

LOS GUARDAESPALDAS

 

La vergonzosa historia de como los que se jactaban de "no tener ni un caso de corrupción" dejaron una estructura de fiscales adictos para cuidarles el culo para que no se investiguen sus vínculos con el delito, demostrando así que los tienen: https://t.co/ZlecakXxx4

— La Corriente K (@lacorrientek) April 26, 2021

Una de las constantes de los gobiernos del Frente Progresista en Santa Fe entre 2007 y 2019 fue la toma por asalto del Poder Judicial y los organismos creados por la reforma judicial aprobada al final del gobierno de Obeid (el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa Penal) por funcionarios de sus gobiernos, en especial radicales en el centro-norte de la provincia (en especial antes de que una parte del radicalismo quebrara lanzas para formar Cambiemos), y socialistas en el sur.

Hemos detallado el proceso en diferentes posteos en el blog, la mayoría de los cuáles pueden encontrar en la etiqueta "reforma judicial". La lista de los funcionarios de los gobiernos de Binner, Bonfatti y Lifschitz que saltaron sin escalas del cargo político al de juez, camarista, fiscal o defensor es tan larga, como la plantilla del Gabinete Joven, o la nómina de los parientes de los principales dirigentes del socialismo que cobran sueldos del Estado.

Mientras ponían a Santa Fe como ejemplo para el país de calidad institucionales (el "Modelo Santa Fe"), y hacían campaña electoral sobre la base del lema "Ni un caso de corrupción", se ocupaban concienzudamente de cubrir todas las vacantes que se iban produciendo en la justicia, o las que iban generando ellos mismos en el proceso de implementación del proceso penal acusatorio en la provincia. Acá pueden encontrar un suscinto racconto al respecto.

Por entonces, ni Omar Perotti era gobernador ni Marcelo Saín ministro de Seguridad de la provincia, y de hecho éste último "aterrizó" en Santa Fe allá por noviembre del 2018, cuando ganó el concurso convocado durante la gestión de Lifschitz para asumir la Dirección del Órgano de Investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), algo así como una "policía judicial", encargada de dirigir las investigaciones de los delitos complejos que terminan en causas penales.

Lo que sí hubo durante esos 12 años fueron innumerables hechos de corrupción y de vínculos con el crimen organizado (en especial el narcotráfico) de altos jefes policiales, incluyendo dos Jefes de la Policía de la provincia (Tognoli y Sola) designados por los gobernadores socialistas; y varias causas que afectaban a los funcionarios del gobierno de turno (como Vorobiof o Pullaro) y fueron cajoneadas y no llegaron a nada, por inocultables presiones del Ejecutivo a la justicia.

Después pasó lo que sabemos: el peronismo ganó las elecciones, Perotti asumió como gobernador designando a Saín en Seguridad, y el nuevo titular del Poder Ejecutivo dijo en su discurso de asunción del cargo en la Legislatura que había que cortar de raíz todos los vínculos entre la política y el delito, sin los que éste no hubiera podido alcanzar los niveles que alcanzó en Santa Fe. Muchos se enojaron, pero nadie lo desmintió, y él sigue parado en el exacto mismo punto de aquel discurso.

Y a juzgar por lo que cuenta Juan Carlos Tizziani en Rosario 12 de ayer, los funcionarios que dejaron plantados en la justicia como "guardaespaldas", también; haciendo aquello para lo que fueron designados: los mandados judiciales del que fuera oficialismo provincial hasta diciembre de 2019, asegurándose de que no prospere ninguna causa judicial que pueda comprometer a los ex funcionarios de sus gobiernos.

Sin ese objetivo (en el que está embarcada también una parte del bloque de senadores del PJ), no se puede entender la cacería de brujas que emprendieron contra Saín cuando era ministro, y que continúan ahora, cuando ya no lo es: fiscales regionales que dictan resoluciones contrarias a derecho diciéndoles a sus subordinados y a quienes no lo son (como las áreas internas del Órgano de Investigación que conduce el ex ministro, en cargo ganado por concurso) que le nieguen a Saín toda colaboración, y que no le permitan acceder a ningún expediente judicial o causa en trámite, para cumplir con sus funciones. Y no son apretadas verbales, o en un intercambio de mensajes de texto, sino por escrito y con firma, de puño y letra. 

Si tanto despliegue no corresponde a borrar pruebas comprometedoras, o al miedo de culos muy sucios de la política provincial a quedar expuestos en sus vínculos con el delito (en las causas por juego clandestino que explotaron en los últimos meses ya fueron detenidos un ex funcionario socialista en Rafaela, y otro funcionario de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, en manos del mismo partido), alguien debería explicar cuál es la razón de tantas resoluciones judiciales dictadas con nombre y apellido: Marcelo Saín. Para impedirle -en las funciones que ha retomado tras ser ministro de Perotti- investigar no asuntos personales o privados, sino posibles delitos.

Eso mientras a la inversa, el bloque socialista de la Cámara de Diputados sostiene un absurdo proceso de juicio político contra quien ya dejó de ser ministro, y les pide a los fiscales que "busquen" causas que lo puedan involucrar, para echarlo del cargo que ganó por concurso. Si tuvieran realmente "Manos limpias y uñas cortas" como decían en algún afiche electoral, o "Ni un caso de corrupción" o ilícitos cometidos o avalados desde el gobierno de los que avergonzarse, no andarían tan sueltos de cuerpo tratando de ocultar pruebas, a plena luz del día.

"LA LEY ES COMO EL CUCHILLO, NO OFENDE AL QUE LA MANEJA"

 

insólito!
¿Sabrá la jueza que las deudas tributarias pueden impugnarse por ante el TFN, con efecto suspensivo, cuando medía determinación de oficio?https://t.co/SMNB0MdqKm

— Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) March 22, 2021

Se veía venir, y los jueces nunca defraudan a la hora de hacer papelones, para proteger los intereses y el bolsillo de los más poderosos: tal como cuentan acá en Infobraden, una jueza en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital resolvió una cautelar interpuesta en el marco de un amparo por uno de los dueños de Globant (empresa de tecnología informática con sede en la provincia argentina de Luzemburgo, como Techint), para permitirle no pagar durante tres meses el llamado "impuesto a las grandes fortunas".

Al amigazo Alejandro Scannapieco -que así se llama el homeless en situación de calle que goza de la protección judicial- no parecieron conmoverlo las razones solidarias esgrimidas por el gobierno y la mayoría del Congreso nacional para votar la "contribución solidaria"; ni seducirlo el plan de pago en cuotas del gravamen, insólitamente aprobado por la AFIP. El hombre no quiere pagar, y al menos por tres meses según resolvió la jueza, no lo tendrá que hacer.

Cosa que, tal como señala Aníbal en el tuit de apertura, es no solo una injusticia -la especialidad de la casa del Poder Tribunal- sino una burrada jurídica, que por sí sola ameritaría la remoción de la magistrada: a propósito: en la benemérita reforma judicial enviada al Congreso por el gobierno y que duerme en algún cajón de la Cámara de Diputados (hola Sergio, ¿cómo andás, todo bien, Malena, los chicos?), se plantea unificar ese fuero (el contencioso administrativo) con el civil y comercial nacional de la Capital Federal. 

Cosa que, según se resuelva, podría empeorar aun más cosas como éstas; donde se supone que un juez en lo contencioso administrativo tiene más o menos una idea de como funciona el Estado, sus procedimientos y reglamentaciones; mientras que un juez civil y comercial -como su nombre lo indica- tiene a fallar exclusivamente con el Código Civil y Comercial en la mano. ¿Recuerdan el tortuoso paso de la ley de medios por los tribunales, con "forum shopping" de Clarín llevando la causa hacia ese fuero, que colonizó en su totalidad?

Sin embargo, parece que a la jueza, a la hora de fallar, las normas mucho no le importaron. Como por ejemplo el artículo 167 de la Ley 11683 de procedimiento tributario, que establece el principio conocido como "solve et repete" (algo así como "pague primero, y proteste después"). Dice la norma: "La interposición del recurso no suspenderá la intimación de pago respectiva, que deberá cumplirse en la forma establecida por la ley, salvo por la parte apelada. Si se interpusiere el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación contra los actos enumerados en el artículo 76 de esta ley respecto de los cuales es manifiestamente improcedente, no se suspenderán los efectos de dichos actos." .

O sea: el "solve et repete" cede cuando el contribuyente apela ante el Tribunal Fiscal de la Nación, y esa apelación a su vez no es manifiestamente improcedente. Los casos en que resulta así los enumera el artículo 76 de la misma ley: "Contra las resoluciones que impongan sanciones o determinen los tributos y accesorios en forma cierta o presuntiva, o se dicten en reclamos por repetición de tributos en los casos autorizados por el artículo 81, los infractores o responsables podrán interponer -a su opción- dentro de los quince (15) días de notificados, los siguientes recursos: a) Recurso de reconsideración para ante el superior. b) Recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal de la Nación, cuando fuere viable. 

El recurso del inciso b) no será procedente respecto de: 1. Las liquidaciones de anticipos y otros pagos a cuenta, sus actualizaciones e intereses. 2. Las liquidaciones de actualizaciones e intereses cuando simultáneamente no se discuta la procedencia del gravamen. 3. Los actos que declaran la caducidad de planes de facilidades de pago y/o las liquidaciones efectuadas como consecuencia de dicha caducidad. 4. Los actos que declaran y disponen la exclusión del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. 5. Los actos mediante los cuales, se intima la devolución de reintegros efectuados en concepto de Impuesto al Valor Agregado por operaciones de exportación. 6. Las intimaciones cursadas de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de esta ley." (las negritas son siempre nuestras)

Las intimaciones del citado 14 corresponden: "Cuando en la declaración jurada se computen contra el impuesto determinado, conceptos o importes improcedentes, tales como retenciones, pagos a cuenta, acreditaciones de saldos a favor propios o de terceros o el saldo a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos se cancele o se difiera impropiamente (certificados de cancelación de deuda falsos, regímenes promocionales incumplidos, caducos o inexistentes, cheques sin fondo, etc.), no procederá para su impugnación el procedimiento normado en los artículos 16 y siguientes de esta ley, sino que bastará la simple intimación de pago de los conceptos reclamados o de la diferencia que generen en el resultado de dicha declaración jurada.".

Como en la nota no se precisa si el amigo de Globant incurrió en alguna de esas "avivadas" en su declaración jurada (ni siquiera nos cuentan si la presentó, o la AFIP le estimó de oficio lo que debía pagar por el impuesto), no podemos saber si evitó ir al Tribunal Fiscal porque sabía que no le iban a dar la razón, y directamente buscó una jueza amiga, o no. Como fuere, debería saber la jueza que el amparo es una vía excepcional, que solo puede utilizarse cuando no existen otros remedios procesales idóneos para evitar un daño o la lesión a un derecho.

Cosa que no parece darse en éste caso, cuando la propia ley de ejecución tributaria permite recurrir las decisiones de la AFIP frente al Tribunal Fiscal, y llegado el caso no pagar el impuesto, esperando su fallo. Tal como lo señala Aníbal, así lo establece el artículo 21 de la Ley 15265 de creación del Tribunal: "La interposición del recurso suspenderá la intimación de pago respectiva, salvo por la parte que el contribuyente consintiera expresamente en su escrito, la que deberá cumplirse en la forma establecida por la ley.". 

Salvo, claro está, que, como dijimos, Scannapieco viniera flojito de argumentos, y en consecuencia le correspondiera sí o sí pagar el impuesto; en cuyo caso el fallo de la jueza es aun más inverosímil. Porque para que proceda una cautelar -como ella misma lo señala- deben darse dos condiciones: "humo de buen derecho" (o sea, presunciones fundadas de que el que reclama tiene razón, o el Estado obró mal) y "peligro en la demora" de darle una respuesta inmediata.

¿Qué peligro puede correr una de las 13.000 personas más ricas del país en dejar lo que para él son monedas en concepto de impuestos, que no sea perder su invicto en el culorrotismo, que "daño irreparable" se le causa si se le pide que lo pague ahora, y se llegara a tener razón se lo devuelvan después?

Eso sin considerar que solo podría tener razón porque: a) no es en realidad tan rico como para tener que pagar el impuesto, o b) lo es, pero considera que el impuesto es inconstitucional, o algo por el estilo. Pero de ser así, es cuestión sometida a debate y prueba, y que por ende no puede dilucidarse a través de un amparo. 

Para el común de los mortales, claro, si uno pertenece al exclusivo club de los millonarios más millonarios, se sabe que hay ciertas puertas que se le franquean, como las de los juzgados. ¿Se acuerdan cuando durante el gobierno de Cristina se discutió la ley de cautelares contra el Estado, y desde el CELS objetaban algunos artículos porque decían que había que tutelar los derechos de las minorías? Bueno, se ve que la jueza lo reinterpretó a su modo. 

Ojo, por ahí se de lo que se trata es de no pagar impuestos, lo que sucede es que entre los mega millonarios del país y los jueces, lo que hay es una auténtica solidaridad de clase. Habría que verlo. Tuit relacionado: 

Claro, jeños, esa era la idea precisamente: https://t.co/Jw2ilGD5c0

— La Corriente K (@lacorrientek) March 22, 2021

¡BASTA, GILDO!

"Roces de poderes entre el Senado y los fiscales". Rozáme que me gusta, @serdelfino @TurcoCherep @mxahumada @PelaCastroOk https://t.co/d2M6LSvI78

— La Corriente K (@lacorrientek) March 2, 2021

El último año del segundo mandato de Jorge Obeid (2003-2007), se aprobó la reforma del Código Procesal Penal de la provincia, que fue puesta en marcha en 2007, ya con Hermes Binner y el Frente Progresista en el gobierno. Esa reforma puso en marcha el sistema acusatorio con el Ministerio Púiblico de la Acusación, que nuclea a los fiscales encargados de perseguir judicialmente el delito.

Durante los 12 años de gobiernos del FPCyS, los cargos del MPA fueron "loteados" concienzudamente entre socialistas y radicales, que se repartieron áreas de inluencia: el partido de la rosa en Rosario y la zona sur, y los boinas blancas en Santa Fe y el norte.

Buena parte de los cargos fueron cubiertos por funcionarios políticos de los gobiernos provinciales, que en algunos casos saltaban directo del gabinete del Ejecutivo a cargos en la justicia, en concursos organizados por ellos mismos. Y sus pliegos fueron aprobados por la Legislatura en acuerdo con sectores del PJ (en especial los senadores), y en no pocos casos, en forma tácita, por el mero transcurso del tiempo sin ser tratados por la Asamblea Legislativa.

En ese mismo marco el ex Fiscal de Estado de Binner (Barraguirre) llegó a la Procuración General de la Corte Suprema, y la esposa del presidente de la Corte fue designada Defensora General. Se registraron poquísimos casos de pliegos rechazados o retirados, pese a que hubo muchas impugnaciones, precisamente por las conexiones políticas de los propuestos.

Para instrumentar los concursos que terminaron en esas designaciones, el socialismo modificó once veces la reglamentación de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que en Santa Fe no tiene rango constitucional ni legal, sino que está creado por decreto. 

En el 2017 radicales (o parte de ellos) y socialistas se pelearon, al irse parte de la UCR a "Cambiemos", pero en una cosa estuvieron de acuerdo, junto con un sector de los senadores del PJ: en modificar la ley del MPA para establecer que seas la Legislatura la que pueda sancionar, suspender y hasta remover a los fiscales. El disparador del acuerdo que hizo que la ley se votara en minutos fue que algunos de ellos investigaban por entonces al gobierno de Lifschitz por los concursos de ascenso policiales y las horas OSPE (adicionales de policía), a Corral por las cooperativas truchas armadas con punteros políticos, y a los senadores por el manejo de la Banelco de los subsidios.

Antes pasaron otras cosas, que en su momento reseñamos acá; como que tuvimos un jefe de policía preso y condenado por vínculos con el narcotráfico, honor que compartirían muchos otros, que condujeron la fuerza policial durante los gobiernos de Binner, Lifschitz y Bonfatti. En ese contexto asumió Omar Perotti en diciembre del 2019, y en su discurso inaugural en la Legislatura señaló que venía a cortar todos los vínculos de la política con el delito.

Meses después, en una causa en la que se investiga una red de juego clandestino, caen presos dos fiscales -designados durante los gobiernos socialistas- y uno de ellos denuncia al senador Traferri (PJ) como implicado en una organización delictiva. Otros fiscales toman la denuncia, y piden al Senado el desafuero del acusado, que el cuerpo -por mayoría, con parte de los votos del PJ y todos los de la UCR porque el socialismo no tiene senadores- rechaza.

Pero hacen más: en estos días -con los votos del mismo sector del PJ y todos los senadores de la UCR aprueban una resolución instando al juez que investiga la causa del juego clandestino a archivarla, porque entienden que así debe ser al haberse rechazado el pedido de desafuero. Es decir, se atribuyen como cuerpo funciones judiciales. Al mismo tiempo crean una "comisión" de vigilancia del trabajo de los fiscales, para que la gente les denuncie irregularidades.

Los fiscales y el MPA rechazan el planteo, y le desconocen autoridad al Senado para juzgarlos, habiendo planteado antes la inconstitucionalidad de la ley que así lo establece. Los senadores que votaron el proyecto dicen que lo hicieron porque no funciona el sistema de auditoría del MPA, que está a cargo de una ex funcionaria de los gobiernos de Binner y Bonfatti, a la que ellos en ese momento y no obstante eso, le dieron el acuerdo. Acusan a los fiscales de protegerse entre ellos, como los senadores, digamos.

Si el 1 % de lo que acabamos de describir pasaba en Formosa, teníamos denuncias en la CIDH, la OEA, la ONU y Amnistía Internacional, éramos tapa de todos los diarios del país, Lanata nos dedicaba una temporada entera del programa y nos visitaban diputados porteños para ver in situ como era una dictadura. 

De más está decir que muchos de los que protagonizaron -y protagonizan- estos hechos bochornosos, por éstas horas se están golpeando el pecho "en defensa de las instituciones de la república", porque el gobierno nacional quiere impulsar cambios en la justicia, o crear una comisión bicameral del Congreso que investigue a los jueces. Tuits relacionados: 

Más que una salida, busca un aguantadero. Y ya lo encontró: https://t.co/8t3drocsPS

— La Corriente K (@lacorrientek) March 2, 2021

¿Y cuando lo tuvo, ex funcionaria de Reutemann, que nombró al primo y a su abogado en la Corte Suprema?: https://t.co/gIocnZvYkt

— La Corriente K (@lacorrientek) March 2, 2021

¿ QUÉ REFORMA LA REFORMA?

 

Desde que el gobierno envió al Congreso el año pasado su proyecto de reforma judicial, todos creen ver en ella algo diferente: para la oposición (incluidos los medios) es una tentativa autoritaria del Ejecutivo para controlar la justicia, y parte central del plan para garantizar la impunidad de Cristina y todos los dirigentes y ex funcionarios kirchneristas involucrados en causas judiciales.

Para los "propios" (para algunos) sería una especie de remedio milagroso de amplio espectro, para resolver todos los problemas, desde el "lawfare" y los presos políticos, hasta la inflación o la crisis económica. No faltan quienes justifican las tibiezas y retrocesos del gobierno con el argumento de que "hay que esperar a que salga la reforma judicial". Y no hablemos de lo que se está hablando de ella con las novedades judiciales de las últimas horas. 

En uno y otro caso, sin embargo, hay una coincidencia: casi nadie habla de la reforma en sí, ni explica en que consiste concretamente. Eso es lo que vamos a intentar acá. Los asteriscos de abajo marcan los principales puntos: 

* Se unifican los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Capital Federal, bajo la denominación de fuero Penal Federal, creándose 5 Tribunales Orales en lo Penal Federal y 23 Juzgados en lo Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las causas actualmente en trámite continuarán su trámite ante los mismos juzgados, hasta su conclusión.

Hasta tanto se realicen los concursos para cubrir esos nuevos juzgados (por el Consejo de la Magistratura), se procederá a designar jueces y juezas subrogantes. Los listados de los subrogantes los elaborará la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional y los remitirá al Consejo de la Magistratura; el que procederá a elegir de la lista los que serán propuestos al Poder Ejecutivo Nacional, quien los designará previo acuerdo del Senado.

* Se crean 23 Fiscalías que actuarán ante los Juzgados en lo Penal Federal  con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 5 Fiscalías que actuarán ante los Tribunales Orales en lo Penal Federal también en la CABA. También se crean 8 Defensorías Pública Oficiales que actuarán ante los Juzgados y la Cámara en lo Penal Federal y 3 Defensorías Públicas Oficiales, las que actuarán ante los Tribunales Orales en lo Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

* Se fija un plazo plazo máximo de 2)años de la entrada en vigencia de la ley para implementar el Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en el Fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se transfiere la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con excepción de la materia federal, al Ministerio Público y a los jueces competentes de la ciudad.

* Se unifican los fueros Nacional en lo Civil y Comercial Federal y Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, ambos de la Capital Federal. Las causas actualmente en trámite ante los Juzgados y Salas de las Cámaras Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, continuarán radicadas ante esos mismos órganos hasta su conclusión definitiva, cualquiera sea el estado del proceso."

* Se crean 94 Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Penal con asiento en las Provincias y sus respectivos cargos de juez o jueza, 23 cargos de defensor o defensora oficial ante esos nuevos juzgados y 85 cargos de fiscal ante los mismos.

Esa es en sus aspectos más importantes la reforma que está en el Congreso. En este enlace pueden acceder al texto completo del proyecto. 

No dice nada, en cambio, respecto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, como se integra, como realiza los concursos para elegir jueces o como los sanciona; ni tampoco respecto a la Corte Suprema: no amplía su número de miembros, ni contempla que pueda funcionar en salas.

No propicia derogar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que le permite a la Corte descartar causas sin pronunciarse y sin dar razones, bastando su solo criterio. Tampoco modifica la Ley 48 ni el trámite del recurso extraordinario, ni el sistema de control de constitucionalidad difuso, que hace que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad de una ley.

No deroga la ley del arrepentido, ni toma absolutamente ninguna medida respecto a las prácticas de "lawfare", no establece ningún mecanismos de revisión de las causas plagadas de nulidades, y de las condenas recaídas en ellas.

No vuelve a insistir con las reformas aprobadas por el Congreso en 2013 a instancias de proyectos enviados por Cristina, y declarados "inaplicables" por una acordada de la Corte, sobre publicidad de los fallos y resoluciones judiciales, de las declaraciones juradas de los jueces, o el ingreso por concurso de los empleados del Poder Judicial.

Juzguen por ustedes mismos si la reforma -que duerme en Diputados y no ha sido aun aprobada- es la que necesita la justicia en la Argentina: como muestra la imagen de apertura, la propia Cristina dijo hace casi seis meses que no. Tuits relacionados: 

Te están pasando la chota por la cara, Alberto. https://t.co/RVMiXFG1v4

— La Corriente K (@lacorrientek) February 12, 2021

Mirá Alberto, contále a Remerita como la justicia se revisa a sí misma. https://t.co/nG1qQTur48

— La Corriente K (@lacorrientek) February 11, 2021

Más que nada reafirma que hay "lawfare", y que la Corte es una pieza principal en el esquema, para que lo siga habiendo. https://t.co/EUPPwpZq6e

— La Corriente K (@lacorrientek) February 12, 2021

Si siguen sin hacer nada en relación a la justicia vamos a pensar que están de acuerdo, y es parte del plan "Massa 2023". Le estarían limpiando la cancha, digamos. Pero capaz que se despiertan, hacen algo y despejan las dudas, eh.

— La Corriente K (@lacorrientek) February 12, 2021

Una muestra más de la absoluta falta de respeto del Poder Judicial hacia la Constitución y las instituciones democráticas. Esto nos hemos ganado con nuestra debilidad: https://t.co/1GV74IomRO

— La Corriente K (@lacorrientek) February 12, 2021

Parece que querían suspender las PASO para hacerlas en los tribunales.

— La Corriente K (@lacorrientek) February 12, 2021

CONFLICTOS Y SUPOSICIONES

 

Una frase muy común en tiempos de los gobiernos de Cristina era "El kirchnerismo te quiere llevar al paraíso, pero a las patadas". Indicaba que aquellos gobiernos proponían objetivos loables, pero que no se ocupaban de generar los consensos necesarios para llevarlos a cabo. Lo decían sobre todo los "propios", o los que en algún momento lo fueron, y luego se bajaron de la experiencia kirchnerista, por distintas razones. Era un modo de decir "nos vamos porque aunque estemos de acuerdo en el fondo, no compartimos las formas", o algo por el estilo.

Siempre tuvimos la impresión de que se trataba menos de una visión algo naif de la política que excluye de ella la dimensión del conflicto, que de una manera de esquivarle el bulto a comprometerse con esos objetivos, justamente porque conseguirlos suponía -y supone- lesionar intereses. Algo así como "cuando el kirchnerismo se pone problemático, yo dejo de ser kirchnerista, o empiezo a marcar críticas para tomar distancias.".

Si hubiera que elegir un momento que opere como divisoria de aguas al respecto, elegiríamos el conflicto del 2008 con las patronales agrarias por las retenciones móviles, que terminó pariendo la identidad kirchnerista. Hasta allí y tras la implosión del 2001, el kirchnerismo había avanzado sin encontrar mayores resistencias en determinadas cuestiones -la Corte menemista, el impulso a las políticas de memoria, verdad y justicia, el desendeudamiento- que o bien generaban consensos amplios, o lo ponían frente a adversarios cuya defensa en público era complicada de sostener, a menos que uno fuera Cecilia Pando o Paul Singer (más adelante éste al menos consiguió quien velara por sus intereses). En público: en privado es claramente otra cosa.   

Desde esa misma lectura se sostenía que el kirchnerismo -y sobre todo Cristina- generaba conflictos innecesarios, o consumía demasiada energía en otros que si bien eran necesarios, no eran prioritarios porque había otras demandas más urgentes que atender. No pocos atribuyeron la derrota del FPV en las elecciones presidenciales del 2015 a cierto cansancio de la sociedad por la "épica del conflicto permanente" a la que, en teoría, la sometía el kirchnerismo.

Es importante recalcar en el presente ese núcleo conceptual, porque está claro que es el que siguen sosteniendo -o por lo menos lo hacían al llegar al gobierno- el presidente y buena parte de sus colaboradores. Permítasenos un repaso de algunos de los principales conflictos que sostuvo Cristina en sus dos mandatos:

* Con las patronales del campo por las retenciones móviles, o por la apropiación de los excedentes de las rentas extraordinarios del sistema agroexportador, y la regulación por el Estado del comercio exterior y el abastecimiento interno. Se dijo que el kirchnerismo tropezó con el conflicto y luego no pudo salir de él, porque no diferenció correctamente a los pequeños y medianos productores de los grandes grupos exportadores, y de ese modo los emblocó a todos en su contra.

* Con el grupo Clarín y otros multimedios por la ley de medios, que en realidad surgió como iniciativa a la cual el gobierno le puso su peso institucional enviando el proyecto al Congreso, después de la actitud abiertamente destituyente del hólding de Magnetto, precisamente durante el conflicto del campo. Se dijo entonces que el kirchnerismo se desgastó en una larga pelea que en el fondo era inútil, porque "los medios no influyen tanto", o "Clarín es solo un diario, no lo leas más y listo".

* Con la justicia federal, cuya reforma -al igual que como sucedió con la ley de medios- impulsó Cristina allá por el 2013 a través de un conjunto de leyes, que tuvieron como disparador no los fallos de los jueces contra funcionarios presuntamente corruptos, sino el festival de cautelares que paralizaba las iniciativas del gobierno (por ejemplo la propia LSCA), o favorecía al verdadero poder (a La Nación para no pagar impuestos, a la Rural para no devolver el predio de Palermo).

* Con los fondos buitres que no habían ingresado a los canjes de deuda del 2005 y el 2010, y saboteaban todos los esfuerzos del país por cerrar ese capítulo, litigando en su contra en los tribunales internacionales. Se decía que no arreglar con ellos era un capricho de Cristina, que nos impedía acceder al financiamiento a tasas convenientes.

Si alguno encuentra un hilo conductor entre la incidencia que esos conflictos tuvieron en la definición de la identidad política kirchnerista, los desgajamientos producidos en la estructura electoral del peronismo/FPV y su efecto en el triunfo de la derecha, la "oposición racional y responsable" al macrismo en -al menos- sus dos primeros años largos de gestión, y algunos titubeos y tibiezas del gobierno actual, no sería casualidad.

Volvamos ahora al presente y preguntémonos: ¿puede alguien sostener seriamente qué, con Alberto en la presidencia en lugar de Cristina, con otros modos y formas del discurso oficial y sin "llevar a nadie al paraíso a las patadas", cada uno de esos focos de conflicto, o todos ellos, han modificado su comportamiento respecto al que tuvieron hasta el 2015?

El "campo" sigue amenazando con lock outs y cortes de ruta ante la menor medida oficial que pueda rozar sus intereses (como el cierre de las exportaciones de maíz), los medios (Clarín, La Nación, Infobae) siguen bombardeando a diario con ley de medios mutilada y promesa de no intentar reponerla, la justicia es campo minado para el gobierno y sus iniciativas (eso sin contar el "lawfare" contra Cristina y los ex funcionarios de su gobierno) y los fondos buitres estuvieron a punto de hacer fracasar el canje de deuda, luego promovieron una corrida contra el peso (en colusión con algunos de los otros factores) y amenazan con el default a algunas provincias.  

¿No sería hora ya, no de que algunos hagan revisionismo histórico de los gobiernos de Cristina, sino de que revisen su percepción de cierta dinámica del conflicto político inherente a toda sociedad democrática, para aprovechar en el presente las conclusiones?

NO LES RESTEN MÉRITOS, MUCHACHOS

 

El esfuerzo que hace nuestro periodismo independiente para desvincular de todo ésto al socialismo es notable, @serdelfino. Digno de mejor causa: https://t.co/CUeFzeDQuF

— La Corriente K (@lacorrientek) December 9, 2020

En los medios locales hay mayormente silencio a partir de las declaraciones en sede judicial del ex fiscal Ponce Asahad involucrando al senador por el Departamento San Lorenzo, Armando Traferri, con el juego clandestino en el sur de la provincia: es evidente que algo de cierto debe haber en que muchos de ellos siguen recibiendo pauta generosa del Senado y -esto es muy importante destacarlo- de la Cámara de Diputados que preside el ex gobernador Lifschitz. Eso hablando de plata en blanco, cuyo origen se puede declarar, si nos atenemos a otras versiones circulantes.

En el marco de la misma investigación -que tiene ramificaciones en distintos puntos del territorio provincial- cayeron el Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez (gobierno del FPCyS, socialismo) y un ex coordinador de seguridad de los nodos en Rafaela, que perteneció al gabinete de Pullaro en el Ministerio de Seguridad: acaso esos hechos expliquen la prudencia -rayana en el silencio- de los referentes de la gestión anterior; salvo el bocazas de Pullaro que, ajeno a todo, dice estar preocupado por el juego online.

Mientras tanto, el enfoque de los medios nacionales (La Nación, Clarín y La Política Online, en el orden en el que levantaron la noticia) sobre el tema es como mínimo curioso: hay cierta desesperación por involucrarlo a Perotti en el tema, o por hacer notar que los dichos de Serjal y la causa judicial provocan conmoción al interior del PJ provincial; omitiendo datos centrales que hacen al contexto de la situación.

Como por ejemplo que los dos ex fiscales en cuestión que están implicados en la causa -Ponce Asahad y Serjal) fueron designados como tales en los gobiernos provinciales del socialismo: el primero por Bonfatti que  envió su pliego a la Legislatura en el último año de su gestión (2015), y el segundo por Lifschitz en el 2017, para peor propiciando su designación como Fiscal Regional de Rosario, cargo en el que estaba en funciones cuando estalló el escándalo, y Perotti lo cesó de inmediato, en todos sus cargos, porque el muy pillo quería volver a ser fiscal común.

Alguno podrá decir que esas designaciones -como tantas- se produjeron en el marco de los 12 años de "amable convivencia" entre los gobernadores socialistas y algunos sectores del PJ provincial, en especial los senadores, y sobre todo Traferri. Es muy posible que así sea, la pregunta es entonces que tiene que ver Perotti con todo eso, o como lo puede afectar más de lo que los afecta por ejemplo a Lifschitz -cuyo silencio al respecto es estruendoso- o al socialismo.

Porque si la memoria no nos es infiel con como sucedieron los hechos, las investigaciones sobre el juego clandestino fueron iniciadas desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, y si de algo se viene hablando desde que Perotti asumió es de los cruces entre Marcelo Saín, el socialismo y un sector de los senadores del PJ a los que el ministro señala -con razón- como parte de un eje de poder político que cogobernó en los hechos la provincia por 12 años.

El mismo eje que pretendió condicionarle a Perotti su gobierno al aprobarle durante los seis meses de la transición eterna su primer presupuesto, y la ley del Plan Abre; y que hace poco -como para que se vea que la cosa es actual, y no del pasado- aprobó en menos de 20 minutos de debate en ambas Cámaras leyes para modificar las incompatibilidades de los miembros del MPA, y la rendición de cuentas de los fondos reservados. O más acá, que se negó a reemplazar en el presupuesto del año que viene, al Plan Abre por el Plan Incluir aprobado por Perotti.      

Esos son los hechos, concretos, puros y duros, aunque algunos los quieran ignorar, o darles otra connotación. Será el avance de la causa judicial por el juego clandestino el que tendrá que dilucidar si los dichos del ex fiscal son ciertos o no, y si el senador Traferri está o no involucrado. Lo que está claro es que no son ni el gobernador, ni los funcionarios del actual gobierno (incluido el ministro Saín) los que tienen que dar explicaciones al respecto, sino otros.

Por ejemplo los que diseñaron durante 12 años un sistema de persecución judicial del delito a su medida, nombrando fiscales y jueces a troche y moche, hasta que ahora les estalla en la cara; precisamente porque hay un gobierno que no participó de esa repartija, y en consecuencia no tiene pactos que respetar, ni compromisos previos que cumplir. Al que le quepa el sayo que se lo ponga. Tuits relacionados: 

Cuando lean esto en esos medios porteños que dicen que lo del juego clandestino lo complica a Perotti, se caen de culo, @serdelfino: https://t.co/NRTeH5FgKx

— La Corriente K (@lacorrientek) December 9, 2020

En el hecho aislado N° 19.726, aparece un ex jefe policial del socialismo asociado a hechos delictivos, @serdelfino: https://t.co/NFPl1c8Hck

— La Corriente K (@lacorrientek) December 9, 2020

JUSTICIA GOLPISTA

Impedir que funcione el Senado en un procedimiento que le compete es un alzamiento a la Constitución, a la soberanía popular y violenta la forma republicana de gobierno, por lo que la jueza Biotti incurre en un abuso de poder que acredita un desconocimiento extremo del derecho pic.twitter.com/DyWjH3PB31

— Juan Mario Pais (@juanmariopais) August 13, 2020

Por estos motivos, considero que el @SenadoArgentina no debe acatar una orden ilegítima e inconstitucional emitida con desconocimiento del derecho, sino que tiene que ejercer sus potestades tal como se lo atribuye la propia Constitución pic.twitter.com/COprHYjFkB

— Juan Mario Pais (@juanmariopais) August 13, 2020

En ese fallo, la Corte no hizo otra cosa que considerar que es el Senado quien debe interpretar su reglamento y sus atribuciones, de lo contrario se estarían incumpliendo los límites de las jurisdicciones, cosa que sí hizo la jueza Biotti. pic.twitter.com/lf8F08Ebwv

— Juan Mario Pais (@juanmariopais) August 13, 2020

En medio de la discusión por la continuidad de la cuarentena, es posible que el tema haya pasado desapercibido, pero es grave: tal como lo cuenta el senador Pais en los tuits de apertura, una jueza le ordenó al Senado de la Nación que se abstenga de avanzar en la revisión de los traslados de jueces en la justicia federal, dispuestos durante el macrismo sin intervención del cuerpo para dar el acuerdo, y en algunos casos ni siquiera del Consejo de la Magistratura.

La jueza resolvió una cautelar planteada por dos de esos jueces Bruglia y Bertuzzi. Ambos, estrechamente vinculados a todas las maniobras de "law fare" durante el macrismo para perseguir judicialmente a opositores políticos, que es precisamente para lo que les otorgaron los traslados cuestionados, como parte de una maniobra mayor de copamiento de la justicia: el "law fare" funciona con más eficacia cuando hay "forum shopping", es decir se eligen jueces "amigos" a dedo para cubrir juzgados o cámaras de apelación claves, sabiendo de antemano que van a fallar de acuerdo a los intereses del que los nombra. Se viola así la garantía constitucional del "juez natural anterior al hecho de la causa".

Solo este ejemplo bastaría para sumar argumentos a favor de la reforma judicial que propone el gobierno, o, más allá de lo que se piense de ella, al menos para que se admita que la justicia federal (y en general, el Poder Judicial en todos sus fueros) tal como está en el país, no puede seguir funcionando más.

Sin embargo, este caso en particular tiene ribetes gravísimos, que lo hacen constituir sin dudas un ejemplo de golpismo judicial: no se trata ya de cuestionar la constitucionalidad de una ley sancionada por el Congreso, que por supuesto podría violar la Constitución, y los jueces están precisamente para impedirlo.

En éste caso la jueza ha ido mucho más allá, al pretender impedirle a uno de los órganos políticos creados por la Constitución y elegidos por el voto popular, ejercer sus atribuciones constitucionales (conculcadas por los traslados cuestionados) en la designación de los jueces, y asegurarse de que quienes ocupan cargos para administrar justicia, lo hagan de acuerdo con la propia Constitución.

Si hubo jueces que estaban dispuestos a ocupar cargos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación habiendo sido designados por un simple decreto presidencial sin acuerdo del Senado (como pasó durante el gobierno de Macri), no debería sorprender que existan otros jueces que pidan y obtengan traslados (en rigor, nuevos nombramientos) para ocupar juzgados para los cuáles no concursaron, con el argumento de que ya son jueces, y obtuvieron acuerdos, pero para otros cargos.   

Aun así, no deja de sorprender que una jueza no repare que, protegiendo a sus colegas designados en condiciones irregulares, se está alzando contra un Poder legítimo del Estado, en lo que constituye un mini golpe institucional, pretendiendo desconocerle sus facultades.

En la medida que el Senado hizo lo correcto -seguir adelante con sus funciones, ignorando el mandato ilegítimo de la jueza- ese conflicto de poderes ya está instalado, frente al silencio cómplice de la Corte Suprema de Justicia, que curiosamente ha dictado acordadas sobre el mecanismo a seguirse para los traslados de jueces a ocupar cargos vacantes, mecanismo que es el que precisamente el Senado se encaminaba a restaurar, y fue vulnerado en varias oportunidades durante el gobierno de Macri.

Ese silencio solo puede interpretarse como anuencia y aval al desatino jurídico e institucional de la jueza, y parte de las maniobras de corte (valga la paradoja) desestabilizador de los jueces (incluidos los supremos) para oponerse a la reforma judicial o, en general, a cualquier iniciativa de los poderes electivos del Estado que vaya en contra de sus intereses o privilegios; o para defender sus herramientas de extorsión contra esos mismos poderes, las que usarán llegado el caso para defender esos mismos intereses y privilegios. 

Como por ejemplo han hecho los cortesanos al desempolvar la "doctrina Nazareno" para mostrarle los dientes al gobierno por si piensa meterse con ellos, resolviendo una causa iniciada en el 2012 contra un aumento de la tarifa del agua decidido por Scioli en la provincia de Buenos Aires, y fallar obligando ahora al gobierno de Kicillof a devolverle a los usuarios 1800 millones de pesos. 

Eligieron con precisión quirúrgica un fallo "simpático", ratificando otro de un juez prestigioso (Arias, eyectado de su cargo por presiones de María Eugenia Vidal), para disfrazar su advertencia/amenaza al gobierno nacional por posibles cambios en la Corte: el razonamiento no es pura especulación nuestra, lo anticiparon columnistas del diario Clarín apenas el gobierno anunció la reforma judicial. Y es posible que haya otros fallos similares, hasta asegurarse de que el mensaje mafioso sea entendido.

En nuestra opinión, la reforma judicial que plantea el gobierno -al menos a estar por los anuncios- no resuelve ningún problema estructural o de fondo, y hay cuestiones que ni siquiera plantea, mientras otras (como el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, o su misma subsistencia) ameritarían de una reforma constitucional, que el gobierno no parece dispuesto a dar, ni conseguiría los consensos necesarios si se decidiera a hacerlo.

La cuestión entonces es que se hace con un Poder Judicial que se plantea no ya como independiente de los demás poderes, sino del propio Estado argentino en su conjunto, su Constitución y sus leyes, por encima de las cuales se cree. Ni más ni menos que lo que en otros tiempos de triste memoria, hacían las fuerzas armadas. 

EMBESTIDAS Y DEFENSAS

Ah, mirá vos, si fuera al revés titularían "Embestida K contra la justicia". https://t.co/4qxUp3eXK4

— La Corriente K (@lacorrientek) August 3, 2020

"Tengo expedientes cajoneados y estoy dispuesto a usarlos". Pasó Tony Soprano y dijo que se fueron al pasto extorsionando. https://t.co/CA2sHSCo3z

— La Corriente K (@lacorrientek) August 2, 2020

Con diferencia de apenas un día, La Nación acá y Clarín en ésta nota de Kirscsbaum ¿adelantan, presionan, dejan trascender, operan? (elijan el que más les guste) nos cuentan del malestar que reinaría en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los anuncios del gobierno respecto a la reforma judicial, que podría involucrar una eventual ampliación del número de miembros del tribunal.

En ambos casos (con más detalle en la nota de Kirschbaum) se coincide en señalar que el "malestar" de los cortesanos se manifestaría en forma de desempolvar viejos expedientes pendientes de resolución, para sacar fallos que disgusten o molesten al gobierno, como un recordatorio de que con ellos no se jode.

Sea verdad u operación de prensa pura, es verosímil en tanto no es extraño que los jueces ("que hablan por sus fallos") lisa y llanamente extorsionen al poder político electivo (porque la Corte como cabeza del Poder Judicial también es un órgano político), para condicionarlo a hacer o no hacer algo. Cuando sucede a la inversa, el hecho tiene prensa negativa, y abundante: se suele hablar de "embestida" o "avance".

Sin embargo en éste caso no solo se lo naturaliza como algo normal, sino que se lo justifica: los jueces actuarían en defensa propia, sea de su "independencia" (que vale tanto para un barrido como para un fregado), sea de sus jubilaciones de privilegio, o de sus sueldos astronómicos. 

Pero si asumiéramos que la información es trucha, que estamos en el puro terreno de las especulaciones u operaciones de prensa, y que la Corte es ajena al asunto, la conclusión es aun peor: significaría que desde los grandes medios se les estaría marcando la cancha también a los jueces, mojándoles la oreja para que reaccionen con un gesto político, tomando a las causas que tramitan como rehenes, o moneda de cambio de negociaciones políticas.

Lo que no sería sino la confirmación absoluta de todo cuanto se dijo, por ejemplo, sobre "law fare", o persecución política a través del aparato judicial: las causas se apuran o duermen, los fallos salen o no, por cualquier motivo menos los hechos y las pruebas acreditadas en los expedientes.

Y por si eso fuera poco, está el comportamiento profundamente antidemocrático de los "medios independientes": un gobierno (el de Alberto Fernández o cualquiera) que desee introducir reformas en la administración de justicia, debe pasar por los filtros democráticos e institucionales que marca la Constitución: proponer esas reformas, enviarlas al Congreso, afrontar la discusión allí, correr el riesgo de no conseguir los números para aprobar sus proyectos, o de tener que hacer concesiones y aceptar cambios para que salgan.

Si lo consigue y tratándose del Poder Judicial tiene todavía un largo camino por delante: los concursos en el Consejo de la Magistratutexto  ra y sortear los escollos que la propia corporación judicial y de los abogados suele poner en esos casos. Los jueces, ese resabio monárquico en tiempos republicanos, pueden eximirse de todo eso, nulificando con un fallo toda la construcción política o institucional de los poderes electos por el pueblo.

Y los medios se ponen incluso por encima de eso: nos están diciendo que plantear reformas en clave democrática es al pedo, porque si esas reformas les caen mal a los poderes "reales", nunca llegarán a ver la luz, o jamás serán aplicadas. Claro que lo saben por experiencia propia, desde Clarín con la ley de medios, hasta La Nación con su cautelar eterna para no pagar impuestos.

Claro que en esos casos jamás se hablará de "embestida", ni se incitarán cacerolazos o marchas en defensa de la república o las instituciones, amenazadas por el populismo.   

BAJAR LAS EXPECTATIVAS

¿Es necesaria una reforma judicial en la Argentina? Si, no hay dudas al respecto. Podemos discutir en que aspectos o con qué alcances, pero que el Poder Judicial (para no caer en el error de llamarlo "la justicia") funciona mal y amerita reformas, es algo fuera de toda discusión. ¿Las reformas propuestas ayer por el presidente constituyen un avance en ese sentido? Depende de cuan profundas entienda uno que deben ser las reformas en ese ámbito. 

Porque cuando usualmente se habla de "la justicia" debe entenderse "la justicia federal", más precisamente la que investiga delitos, más concretamente la que investiga delitos cometidos por los funcionarios públicos (ignorando el concurso necesario de partes privadas en esos mismos delitos), y durante los gobiernos del peronismo/kirchnerismo. Esa es la noción que los medios han logrado instalar en la sociedad, y nada indica que vaya a cambiar en lo inmediato: "reforma judicial" será leído siempre como "impunidad para el gobierno/peronismo/Cristina". 

Hace mucho tiempo atrás, casi 8 años, e incluso antes de que la Corte Suprema fallara en la causa de la ley de medios escribimos acá: "Como consecuencia del discurso mediático dominante, para el común de la gente el Poder Judicial está asociado al castigo de los delitos (con la eterna e inconducente polémica entre el garantismo y la mano dura), y la investigación de los hechos de corrupción del poder político: entre las extravagancias de Oyarbide y el socorrido latiguillo de “entran por una puerta y salen por la otra” se puede encerrar la percepción ciudadana de lo que es la justicia.

Y sin embargo es bastante más que eso: una madre separada que espera meses o años para poder cobrar su cuota alimentaria, un trabajador despedido que aguarda en vano el pago de su indemnización, u otros trabajadores que esperan la resolución de una quiebra para saber si se convertirán en sus propios patrones o afrontarán el horror del desempleo, también son la justicia; o en todo caso sus vidas también son atravesadas por las decisiones que toma o dilata el aparato judicial.

Cuando se reflexiona sobre la justicia desde la academia o el mundo político se pone el acento en los mecanismos de selección de los jueces, en la creencia que allí radica el principal problema que hay que resolver; estableciendo procedimientos que disminuyan la ingerencia del poder político o (suprema ilusión) la hagan desaparecer, para preservar una idea que tiene mucho de mito: la independencia del juez. 

Por otro lado y por el contrario, es poco frecuente oír que se discuta -cuando se habla del Poder Judicial- sobre las concretas condiciones de accesibilidad a la justicia de aquellos que buscan la reparación de una injusticia o el reconocimiento de un derecho; accesibilidad que va desde el costo concreto del servicio de justicia (que está en relación directa a los recursos que demanda mantener una estructura corporativa con privilegios de casta en muchos casos), hasta el uso de un lenguaje deliberadamente crítptico e inaccesible para el común de las personas (lo que garantiza el monopolio de la palabra tribunalicia por los operadores calificados del sistema), o el mantenimiento de rutinas y formas de procedimiento que parecen diseñadas para procesar los conflictos sociales en tiempos incompatibles con las urgencias de la gente común, en especial de los sectores más pobres.

A la idea tradicional del rol del Poder Judicial le corresponde una idea también tradicional de lo que es un juez: una especie de autómata aplicador de las leyes, desvinculado de su sociedad y su tiempo, sin intereses personales o sectoriales concretos que lo distraigan de su misión, incapaz de tener ideas propias en política o en asunto alguno y de expresarlas, o que en todo caso mágicamente las pondría al costado al momento de dictar sentencia: un absurdo por donde se lo mire, sin anclaje alguno con la realidad. Idea que además soslaya las concretas condiciones en que ese juez cumple su función, y lo que significa ésta en la práctica: en nuestro sistema constitucional (de control jurisdiccional o judicial difuso: todos los jueces pueden analizar la constitucionalidad de las normas) la ley no es lo que los legisladores (al fin y al cabo, los representantes del pueblo, emergidos del voto ciudadano) escribieron y votaron, sino -dado un conflicto concreto que llega a la justicia- lo que los jueces dicen que es; lo que pone a las claras la trascendencia política (sí: política) de su rol.

La que está en mora por el contrario en asumir en su plenitud estas cuestiones es la clase política, o al menos parte de ella: de hecho visto desde ésta perspectiva la idea matriz del Consejo de la Magistratura es un claro retroceso democrático, en tanto no hace sino entronizar constitucionalmente el rol de los operadores privilegiados del sistema judicial (abogados y jueces) en el proceso de formación y selección de los jueces; que no es asunto exclusivo de los que transitan a diarios por los pasillos de Tribunales, sino del conjunto de la sociedad y de sus representantes. Volviendo a la historia más o menos reciente del Poder Judicial de la Nación,  aun están allí los jueces nombrados por la dictadura, junto con los que surgieron de los pactos entre Alfonsín y Saadi en la restauración democrática, y los de la servilleta de Corach: un complejo caldo que no pareciera haber cambiado mucho (en nombres, en ideas, en prácticas) por la instauración del Consejo de la Magistratura.".

Vistos desde esta óptica los anuncios concretos de ayer (porque muchos temas quedaron abiertos a lo que aconseje la "comisión de expertos") no hay mucho para decir, e incluso aunque las reformas prosperaran, los cambios podrían no ser significativos. Sin embargo, aun aceptando que sean positivos, no se puede soslayar el marco político y social en el que se lanza la iniciativa: con otras urgencias mucho más apremiantes que atender por el gobierno (sin que esto deba interpretarse como que es una cosa u otra), con la frontal oposición de los medios hegemónicos, y con la oposición....oponiéndose de plano, antes incluso de que los proyectos tomaran estado público y se conociera concretamente que plantean.

Todo un dato frente a un gobierno y un presidente "consensualistas", partidarios de ensanchar los límites del respaldo político a sus iniciativas involucrando en él a -al menos- una parte de la oposición. El episodio de la reforma judicial muestra a las claras -una vez más, y por si hiciera falta- los límites reales a esa estrategia, y por el contrario, revela claramente como la reforma judicial planteada ha soldado diferencias (si es que existían) al interior de la oposición mayoritaria o más relevante: ahí estuvo el "amigo" Rodríguez Larreta advirtiendo sobre crisis institucionales o avances hegemónicos sobre la justicia, junto con los "irracionales" promotores de cacerolazos anticuarentena, o banderazos pro Vicentín.

Así planteadas las cosas -como son, sin agregados nuestros- todo el episodio de la reforma judicial parece para el gobierno a pura pérdida, aun si consiguiera que los proyectos prosperen. Porque incluso en ese caso luego de sancionadas las leyes deberían pasar el filtro de la propia justicia (Poder Judicial) para que no las fulmine de inconstitucionalidad como pasó con las reformas aprobadas en el 2013 durante el segundo mandato de Cristina, y superado eso, instrumentar los tortuosos procesos en el Consejo de la Magistratura para -por ejemplo- cubrir juzgados o subrogarlos.

¿Qué queremos decir con todo esto? Que no hay que hacerse demasiadas expectativas al respecto, así como que tampoco hay lugar para reculadas como en el caso Vicentín: si el gobierno está convencido de las reformas y su utilidad debe avanzar con ellas intentando que el Congreso las sancione, sin buscar acuerdos con una oposición que ya ha dicho que se opone en todos los tonos posibles, y sin importarle una coma el contenido. Y mientras tanto e incluso después que la discusión por la reforma pase (para bien o para mal), prestarle atención a otras cuestiones que son mucho más urgentes. 

POSIBLE QUIEN SABE, NECESARIA SEGURO

A lo mejor esa era la idea, jeños: https://t.co/32GbHKtomw

— La Corriente K (@lacorrientek) February 20, 2020

Mientras sigue preparando una  reforma de la organización de la justicia federal (en especial de los tribunales con asiento en la CABA), Alberto Fernández envió al Congreso un muy sensato proyecto de reforma del régimen de jubilaciones de privilegio de los jueces y demás funcionarios y empleados del Poder Judicial de la nación.

La reforma planteada tiende a morigerar algunas de las aristas más polémicas del régimen vigente, como la edad para acceder al beneficio, el sistema de movilidad o el modo de calcular el haber inicial de jubilación sobre el que se practican los ajustes; y ya ha despertado las reacciones airadas de todos los privilegiados que gozan del actual régimen, o aspiran a gozarlos cuando se jubilen.

Privilegiados que además, y con una interpretación amañada de la Constitución Nacional (tarea en la cual tienen el monopolio, y la última palabra), resisten tenazmente pagar impuesto a las Ganancias, pese a que hay una ley que así lo dispone desde 1996. 

Y en esa defensa no tienen empacho en decir idioteces de grueso calibre (como que la jubilación que los jueces cobran cuando ya no son jueces, es una garantía de independencia cuando todavía lo son), ni en amenazar veladamente al gobierno con fallos adversos de toda índole, para hacerlo retroceder.

Como hasta acá no lo han conseguido (por el contrario, el presidente instruyó a los legisladores del oficialismo a el proyecto rápidamente y sin cambios), al parecer estarían generando una ola de renuncias para poder acogerse al régimen jubilatorio de privilegio, antes de que lo cambien.

Con lo cual si la idea del gobierno al impulsar el proyecto era esa, a los fines de empezar a sanear el Poder Judicial, podría funcionar; aun cuando mientras subsista ese engendro derivado del Pacto de Olivos llamado Consejo de la Magistratura, hay pocas esperanzas de que jueces con espíritu de casta privilegiada e intocable no dejen sus cargos, para ser reemplazados por otros iguales, o peores. 

Disgresión: aunque el presidente no quiere ni oír hablar de reformar la Constitución, pocas cosas como la gangrena moral que se expande por el Poder Judicial la hacen  necesaria, aunque más no sea para reformar el sistema de constitucionalidad de leyes, o hacer más clara y contundente la exigencia de que los jueces paguen impuestos, para garantizar la igualdad ante la ley.

La tarea que se ha propuesto en esto Alberto Fernández tiende a saldar una de las principales asignaturas pendientes de nuestra democracia, juntamente con el saneamiento y la democratización de las fuerzas de seguridad, federales y provinciales.

Por supuesto que no será fácil: recordemos que allá por el 2013 lo intentó Cristina con un paquete de leyes que aprobó el Congreso, y que la Corte Suprema declaró "inaplicables" de un plumazo, en una bochornosa acordada.

Entonces no quisieron (aun hoy no quieren) publicar sus fallos y audiencias, ni ser controlados por la AGN, ni exhibir sus declaraciones juradas de bienes, y hoy se niegan a sacrificar sus jubilaciones de privilegio, así como desde siempre se niegan a pagar Ganancias; en un comportamiento de casta incompatible con la idea misma de democracia.

Habrá que ver si la persistencia de Alberto Fernández en esta idea necesaria para la consolidación de la democracia rinde frutos, y la reforma resulta posible. Porque que es necesaria, no caben dudas.