A poco de cerrar un nuevo juego olímpico, llega el momento del balance de la participación argentina en todas las especialidades, y la inevitable referencia a la influencia que tuvieron en los resultados las políticas de apoyo al deporte llevadas adelante desde el Estado nacional. No es, ciertamente, el único factor que influye en la cantidad de medallas que los deportistas nacionales obtengan en los juegos, pero sí es el que forma parte del debate político, y está bien que así sea.
En ese marco, las usinas comunicacionales opositoras trataron de instalar la idea de que los escasos logros del deporte nacional en Tokyo tienen que ver con "la cuarentena más larga del mundo", que les impidió a los atletas argentinos entrenarse adecuadamente, para competir en las mejores condiciones. La consigna -que incluso algunos deportistas compraron, como muestra la imagen de apertura- fue "el año pasado entrenar era delito"; lo cual exige algunas precisiones, para que el análisis se ajuste estrictamente a los hechos.
Lo que vulgarmente se conoció como cuarentena o "encierro" por la pandemia nació con el DNU 297 del 19 de marzo de 2020, y se dio en llamar "aislamiento social, preventivo y obligatorio" (ASPO): todo el mundo a quedarse a su casa, y nadie andaba circulando por las calles, para prevenir los contagios, salvo las actividades declaradas como esenciales. Entre ellas, insólitamente como veíamos acá, el periodismo y la actividad de los medios, en general.
Esa regulación de las actividades sociales duró apenas un par de meses: ya para junio del mismo año 2020 el presidente dictó el DNU 520, que dividió al país en dos zonas, según sus distintas realidades epidemiológicas (nivel de contagios, velocidad de crecimiento del número de casos, ocupación de camas críticas): una parte siguió en el ASPO, y la otra pasó a estar en DISPO ("distanciamiento social, preventivo y obligatorio"), con menos restricciones a la circulación.
Precisamente como consecuencia de eso, el 12 de junio del año pasado el Jefe de Gabinete de Ministros Santiago Cafiero dictó la Decisión Administrativa 1056 (completa acá en el Boletíon Oficial), por cuyo artículo 1 se dispuso lo siguiente: "Declárase exceptuada del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, en los términos establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 297/20 y en la presente decisión administrativa, a la práctica deportiva desarrollada por los atletas argentinos y por las atletas argentinas que se encuentran clasificados y clasificadas para los XXXII Juegos Olímpicos que tendrán lugar entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021, en la Ciudad de Tokio, JAPÓN, y por sus equipos de trabajo.".
De acuerdo con la norma, también se permitió la actividad de los clubes y gimnasios y el funcionamiento de sus instalaciones a los fines del entrenamiento de los atletas clasificados para los Juegos, en todo el país. Es decir entonces que las limitaciones a las actividades de los deportistas olímpicos derivados de la pandemia no llegaron a durar ni tres meses, en los primeros tiempos de la pandemia causada por un virus desconocido, y sus actividades fueron habilitadas más de un año antes de que comenzaran los Juegos.
Y cabe aclarar además que lo que era delito es violar las disposiciones sanitarias adoptadas para evitar la propagación de una enfermedad, no entrenar para practicar un deporte o competir en los Juegos Olímpicos. Por lo que -sin desconocer la importancia de que los deportistas entrenen en las mejores condiciones posibles- las causas del pobre desempeño de nuestra delegación en Tokyo (medido estrictamente en términos de medallas, sin juzgar el empeño de los que compitieron) hay que buscarlo, en cuanto a la responsabilidad del Estado concierne, por otro lado.
Por ejemplo en el virtual desguace del ENARD acometido por Macri en su gobierno, llegando al extremo de plantear la posibilidad de vender sus instalaciones e infraestructura como veíamos acá; o en la privación de los recursos destinados a becar a los deportistas y desarrollar infraestructura acorde a sus necesidades; hecho también perpetrado por el macrismo al derogar en el año 2017 la contribución creada durante el gobierno de Cristina por el artículo 39 de la Ley 26573 (que creara el ENARD), consistente en un cargo del 1 % sobre las facturaciones de la telefonía celular.
Si alguna responsabilidad le cabe en la materia al actual gobierno, más que en las medidas que inevitablemente tuvo que tomar para contener el avance del COVID, está en no haber repuesto esa contribución, que tantos resultados positivos diera mientras se aplicó, para sostener al deporte nacional en sus distintas disciplinas, y ayudar a nuestros atletas.
