REVISAR CONCEPTOS

 

Muchos argentinos fueron convencidos de que no se merecían vivir bien, fueron parte de una fiesta insostenible y llegó el momento de que la paguen. Y la idea de ser como Perú no les parece del todo mala porque creen que es natural que haya jerarquías sociales inmodificables.

— La Corriente K (@lacorrientek) August 5, 2025

En estos tiempos de incertidumbre y desaliento asistimos a diario con perplejidad a la comprobación de que el mundo tal cual lo conocimos (o percibimos e interpretamos) ya no existe, o está sometido a cambios de tal magnitud y velocidad que no alcanzamos a comprender cabalmente. 

Y en ese proceso, ideas, valores, conceptos que siempre dimos por sentados o con los que crecimos y supusimos gozando de amplios consensos, están siendo puestos en entredicho, si no directamente ignorados o rechazados, no ya por los votantes de Milei sino por buena parte de la sociedad argentina. Ese contexto condiciona ciertamente la acción política y de allí su interés para el análisis, por lo que se nos ocurrió enumerar algunos para disparar la reflexión. El listado no indica precedencia: 

* El consenso democrático, es decir el acuerdo social sobre el valor de la democracia como sistema para resolver los conflictos, contradicciones y problemas sociales. Hoy hasta la misma eficacia del voto para introducir cambios en la realidad está puesta en duda, como lo demuestra el cada vez más elevado índice de ausentismo electoral.

* El rechazo de la violencia en todas sus formas (física, verbal, simbólica, institucional) y el consenso sobre que no es el modo para zanjar las diferencias o resolver los conflictos. Avanzando sobre un terreno sembrado por la dictadura y por quienes aun hoy relativizan, niegan o justifican las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y cuestionan las políticas de juzgamiento del genocidio (el experimento libertario eligió para acompañar a Milei a una apologista de la dictadura), la sociedad se deglutió el intento de asesinato contra Cristina, y no solo tolera sino que replica con alarmante frecuencia la estigmatización y el uso promiscuo de las categorías infamantes de la dictadura (zurdos, terroristas, subversivos) que baja desde el discurso oficial del gobierno.

* Vinculado a la anterior, ya está lejos de ser generalizado el rechazo a la crueldad humana y social en todas sus formas, y muchos ni siquiera guardan las formas de la corrección política, justamente porque se han quebrado los consensos sociales extendidos al respecto. Basta ver como se consuman crueldades y violencias contra colectivos vulnerables como jubilados o discapacitados, casi sin reacciones sociales, cuando no son justificadas.

* La valorización con orgullo de la condición de trabajador, y los derechos que esa condición conlleva. Mientras los derechos laborales son asimilados a privilegios (permeando así el discurso que es música para los oídos del capital) y muchos se auto-perciben empresarios o emprendedores, la aspiración o ideal de la movilidad social ascendente como una característica singular de la sociedad argentina (superando incluso la polémica sobre si es mérito individual o realización colectiva o con ayuda del contexto) ha dado paso a la idea de salvarse cada uno como pueda, creyendo que tiene la receta mágica que lo pone a cubierto de las inclemencias económicas, políticas o sociales.

* El rol del Estado como garante del bien común y representante del interés general, responsable como tal de armonizar los intereses sociales en pugna en busca del equilibrio y de formas mayores de justicia en la asignación de los bienes y las cargas en la sociedad. Va ínsito en ello la progresiva disolución de la idea amplia de la justicia como reducción de las desigualdades, y no simplemente como una retaliación del delito.  

* El rechazo a las diferencias sociales y jerarquías pretendidamente naturales y que no son más que el fruto de relaciones concretas de poder, y la rebeldía contra todas las formas de injusticia. Hoy nos proponen ser Perú (con una minoría que goza de la plenitud de los derechos, y grandes mayorías sometidas, excluidas y pauperizadas), y a muchos argentinos no solo no les hace ruido, sino que les parece un destino aceptable.

* La idea de nación como destino común compartido más allá de las diferencias, antes incluso de la discusión sobre buscar un destino independiente definido por nosotros mismos, o simplemente apendicular, en la esfera de influencia de alguna potencia extranjera; con sus consecuencias en el modelo social y productivo a desarrollar. Hoy día la dimensión de lo nacional pareciera directamente no existir ni ser registrada para buena parte de la sociedad, que parece no percibir que la cuestión está vinculada a su propio desarrollo personal, familiar o comunitario; salvo quizás en modo auto-denigratorio, para compararnos con otros países, siempre en términos desfavorables para nosotros.

* Vinculado a lo anterior, no solo está quebrada la noción de orgullo nacional y nuestra autoestima como pueblo, sino que son atacadas -por motivos ideológicos, confesos o no- aquellas manifestaciones que deberían servir para afirmarlos, como los logros de nuestros científicos o las creaciones artísticas argentinas que tienen éxito en el mundo y despiertan elogios. 

Por supuesto que no desconocemos cuanto influye en éste penoso panorama la persistencia inmodificable del gorilismo como realidad cultural, identidad política y hasta configuración psicológica de buena parte de la sociedad argentina; un dato sin el cual todo análisis de la realidad nacional será incorrecto y falaz.

Se trata en síntesis de revisar no para resignar banderas, principios ni objetivos de la acción política, ni para hacer seguidismo acrítico del humor social o el "clima de época"; sino para entender -como viene pidiendo Cristina- el terreno en el que se pisa y sobre el que ésa  acción se desarrolla. Y para construir un programa político a partir de la afirmación de esos valores y el desarrollo de la praxis política necesaria para recuperarlos y reconectarlos con el sentido común social.

ASÍ ERA

El año pasado y a propósito de las fuertes nevadas en la Patagonia, decíamos en ésta entrada: "Muchos pasos fronterizos están cerrados y hay rutas cortadas porque a las inclemencias del tiempo, hay que sumarle que el gobierno no envía los fondos para reparar y mantener en funcionamiento equipos pesados de Vialidad Nacional, o no compró -como se hace habitualmente- sal para evitar la formación del hielo sobre la calzada: delicias de la motosierra y la licuadora, que impactan en la vida cotidiana de muchos argentinos. O muestras de lo absurdo de la pretensión de vivir sin Estado, o reducirlo a su mínima expresión, tal el credo oficial impulsado por quien dice estar feliz de ser el topo que vino a destruirlo desde adentro.".

"Es muy posible que muchos de sus votantes crean en el estereotipo de lo público que se ha creado desde los medios hegemónicos afines al gobierno, y desde las oficinas de propaganda oficiales: una maquinaria pesada, enorme e inservible, compuesta en su totalidad por gordos comiendo bizcochos y tomando mate en las oficinas, mientras se acumulan los expedientes sin resolver, y contribuyentes sin nadie que atienda sus quejas, o les resuelva sus trámites. El Estado, ciertamente, puede ser eso en muchas ocasiones, pero es bastante más; y en muchos lugares de nuestra dilatado y extenso país, es casi la única muestra visible de la civilización, que permite a muchos argentinos contar con los servicios esenciales, o enfrentar los rigores del clima y la distancia.".

"También es, por supuesto -como en muchos países de los que nos ponen como ejemplo, pero desconocen como funciona en realidad- el que impulsa el conocimiento científico o el desarrollo tecnológico, las obras de infraestructura, la industria o el acceso masivo a servicios que representan una mejora en el standard de vida. Y es sobre todo -aunque le pese al fundamentalismo de Milei y sus ensoñaciones- el que se hacer cargo de los problemas que el mercado no puede ni quiere resolver porque no le reportan ganancias, y de los que ese mismo mercado crea cuando se lo deja librado a sus propios impulsos.".

"A lo que se suma el absoluto desconocimiento (que es una forma de desprecio) por la realidad concreta de un país al que en el fondo detestan, y por las condiciones concretas de vida de la mayoría de sus habitantes, a los que suponen simples cobayos que les permitirán probar las bondades de su experimento social. Es el país reducido a una planilla de Excel en la que se puede demostrar que los números cierran, sin importar las consecuencias económicas y sociales. O una simple cantera de la que los extranjeros pueden venir a extraer los recursos naturales sin límite, y sin dejar nada a cambio.".

Lo dicho aplica perfectamente a lo que sucedió con los incendios forestales de semanas atrás en la Patagonia y otros puntos del país, o con la catástrofe que por estas horas azota con sus consecuencias a Bahía Blanca, ya sacudida por un tornado apenas había asumido Milei. Tanto es así que aparecen los testimonios de las víctimas que son indicativos de un estado de resignación social, a que nada puede esperarse de un gobierno que niega el cambio climático -contra toda evidencia- y se desentiende de cualquier acción para reparar sus consecuencias dañosas, como es su obligación.

El jefe de gabinete de Milei (el que venía a darle cintura política al gobierno, según nos contaron) acaba de decir muy suelto de cuerpo que la reconstrucción de Bahía Blanca es responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del municipio, como si la ciudad no fuera parte de la Argentina que ellos deben gobernar. Nada que extrañe en la gestión de un presidente que en lo que va de su gestión viajó nueve veces a los Estados Unidos, pero jamás pisó la mayoría de las provincias; y que el año pasado frente al tornado les dijo a los bahienses que confiaban en que ellos resolverían el desastre con sus propios recursos.

Pero Milei está donde está porque más de 14 millones de argentinos lo pusieron allí con su voto, seducidos -en buena medida- por el discurso de la motosierra, y la ilusión (tentadora) de vivir sin Estado, y sin tener que pagar impuestos. Sin terminar de comprender del todo (o renunciando a hacerlo) si eso era viable, se había aplicado realmente en esos términos en algún momento o lugar del mundo y de la historia, y como funcionaría en la práctica.

Un experimento social con seres vivos cuyas verdaderos alcances fueron advertidos, pero muchos no quisieron oír las advertencias como ya había pasado con Macri. Advertencia que -meses vista de la gestión que desgobierna el país- se quedaron incluso cortas.

Es posible que muchos argentinos no se hayan siquiera imaginado como era realmente vivir sin Estado, con ausencia total de éste o la deserción deliberada de sus funciones básicas, incluso aquellas que para el liberalismo justifican su existencia. 

Bueno, era así, como esto que estamos viendo, con las consecuencias prácticas que podemos comprobar. Habrá que hacerse cargo entonces.

EL SILENCIO SON NEGOCIOS

 

El viernes pasado se publicó en el Boletín Oficial (completo acá) el Decreto 971, que reglamenta el artículo 10 inciso b) de la Ley 19549 de Procedimientos Administrativos, modificada por la "ley de bases" introduciendo la figura del "silencio positivo"; que implica (según explica el mismo decreto) que "...cuando una norma exija una autorización administrativa para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto en el marco del ejercicio de una facultad reglada de la Administración, al vencimiento del plazo previsto para resolver sin haber dictado resolución expresa, el silencio tendrá sentido positivo.".

Es decir, la demora de la administración en pronunciarse cuando debe hacerlo se considera como si lo hubiera hecho, y su pronunciamiento es a favor de lo que se está pidiendo en cada caso. El principio tiene excepciones, establecidas en la misma ley, en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público y se contempló la posibilidad de incluir otros supuestos específicos de excepción por vía reglamentaria., cosa que también hace el decreto.

No es más que la concreción de la idea (expresada por el propio Milei) del "topo" que destruye al Estado desde adentro, junto con las ensoñaciones funambulescas de Sturzenegger (que anda por ahí hablando de "leyes hojarasca"), y de los deseos de todas las fracciones del capital de sacarse de encima trámites y regulaciones molestas, para poder hacer lo que se les cante. Porque nadie va a defender la burocracia ni los trámites innecesariamente demorados en las oficinas públicas, pero tampoco es lógico que el Estado los institucionalice -como en esencia hace el decreto- apelando simplemente al recurso de la "cronoterapia", para que el "silencio positivo" haga el resto.

El Estado en tanto persona jurídica que administra la cosa pública tiene la obligación de dar cuenta razonada de sus actos tanto cuando concede un derecho, permiso, licencia o autorización, como cuando los deniega; con mayor razón en estos últimos casos. No decir nada nunca puede significar lo mismo que decirlo, cuando lo que se debe decir presupone análisis, informes, valoraciones, dictámenes o la verificación del cumplimiento de normas. 

Parte del plan mayor de offshorización de la Argentina, para convertirla en un paraíso para narcos, lavadores de dinero y organizadores de esquemas Ponzi, mientras se desarrolla un modelo de economía de enclave extractivista de recursos naturales sin generación de valor agregado y salarios de plantación. En ese marco, se necesita un Estado bobo que no controle ni regule nada, y que si no habla es mejor, literalmente en éste caso.

Repasando el anexo del decreto donde se identifican los trámites en los que se aplicará el "silencio positivo" (es decir, que el mero transcurso del tiempo sin que el Estado se pronuncie significa otorgar lo pedido), se advertirá que lo que se busca no es tanto agilizar trámites -para lo que, por ejemplo, no se deberían despedir en masa empleados públicos-, como facilitar negocios.

Así por ejemplo en el ámbito de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología pueden resolver sin resolver (con el "silencio positivo") la interconexión entre Licenciatarios de Servicios de TIC con Ofertas de Referencia (lo que se cobran entre ello por el uso de las redes), los convenios de interconexión entre prestadores de licencias de servicios TIC, la obtención de licencia para prestarlos, el cambio de denominación de la licenciataria, la ratificación de la transferencia de licencia y/o registro, el cambio de control accionario, la modificación de estatuto o contrato de una sociedad licenciataria de servicios de comunicación audiovisual, la transferencia de licencia de servicios de comunicación audiovisual, o la inscripción en el registro para proveer facilidades satelitales. (Hola, Elon)

En la Jefatura de Gabinete de Ministros quedan comprendidos en el "silencio positivo" la inscripción como proveedor del Estado, la solicitud de Certificado Nacional de Autorización para Operadores de Turismo Estudiantil, y en el Ministerio de Seguridad la presentación extraordinaria de precursores químicos, la inscripción en Registro Nacional de Buques, la inscripción en la Matrícula Nacional de la venta de 10 o más toneladas de material flotante (a los narcos les gusta estos), y la inscripción, renovación o actualización en el Registro de Agencias Privadas de Vigilancia.

En el Ministerio de Justicia, pueden resolverse por "silencio positivo" la actualización de Sociedades por Acciones Simplificadas, el traslado de su domicilio social y su cancelación registral, la transformación de SAS a otro tipo social, la emisión, modificación y cancelación de obligaciones negociables, la disolución y nombramiento del liquidador, la liquidación y cancelación registral, el traslado del domicilio social de provincia a jurisdicción de CABA, la transformación a Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), la venta de tierras rurales de persona extranjera a nacional, la comunicación de situación no prevista en una sociedad de ahorro, su información contable o actuarial periódica y la constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).

En el ámbito de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte pueden resolverse sin hablar ni escribir la presentación de la declaración Jurada de horarios (Servicio Público Urbano de jurisdicción nacional, la presentación y modificación del cuadro de horarios, la solicitud de alta genérica de Servicio Público Internacional para empresas nacionales y extranjeras de transporte de pasajeros y el trámite de permisos de viajes ocasionales en circuito cerrado al exterior (el padre de Milei algo tenía que ligar).

En la Comisión Nacional de Valores (CNV) casi todos los trámites relevantes se resolverán de ahora en más por "silencio positivo": la cancelación de Fondos Comunes de Inversión, su constitución o fusión, liquidación, procedimiento para distribución de utilidades, la oferta pública de fideicomisos financieros individuales, la actualización de los prospectos de emisión, el ajuste del capital social, del capital y dividendos, el aumento de monto, reducción y modificación de los programas de inversiones, el canje de obligaciones negociables, la capitalización de deudas,  el ingreso al régimen de empresas extranjeras y empresas tecnológicas o de economía del conocimiento (tochi, Galperín), y la oferta pública por compra o venta de acciones.

En la Secretaría de Energía se resolverán sin necesidad de que el Estado se pronuncie la modificación de datos del Registro de Empresas Elaboradoras y Comercializadoras de Hidrocarburos y Derivados y la solicitud de exportación de Gas licuado de Petróleo (GLP) (acá mojó Paolo Rocca), y en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos la inscripción en el Registro de Prestadores (la parte de Eurnekián de la piñata). En el Banco Central la inscripción en el registro de empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra y en el registro de otros proveedores no financieros de crédito, y de servicios de crédito entre particulares a través de plataformas (toda de Galperín ésta), y en el registro de transportadoras de valores (hasta el Gordo Valor se anota).

En la Administración Federal de Ingresos Públicos (hey chicos, eso ya no existe más, lo disolvieron) el alta del CUIT en el corredor aduanero Vaca Muerta, el mismo trámite pero para las grandes inversiones (como el RIGI) y la inscripción en los registros especiales aduaneros de agentes de transporte, operadores de contenedores, despachantes de aduana, sus agentes y dependientes (hola, Ibrahim Al Ibrahim), las bajas retroactivas de impuestos y/o regímenes Controladores fiscales, el Certificado de Residencia Fiscal (¿otra vez Galperìn?), el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), la validación inmuebles parael Certificado de retención Impuesto a la Transferencia Inmuebles a Residentes en el exterior y la inscripción en el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (Galperín se sentó a redactar el decreto, para no perder tiempo) 

Tuis relacionados:

El día que Flybondi protagonice un Cromagnon aéreo veremos a los caranchos del PRO (nacidos y criados en el usufructo político de las tragedias) fingir demencia como si nunca hubieran apoyado y propagandizado esa ruleta rusa con aviones.

— La Corriente K (@lacorrientek) November 2, 2024

Quieren auditar las universidades, las pensiones, los planes sociales y los comedores comunitarios, pero borrar la base de datos de todos los que entraron al blanqueo. Acá no entiende el que no quiere.

— La Corriente K (@lacorrientek) November 1, 2024

Basta que suceda una tragedia como la de Villa Gesell para que todos de golpe reclamen un Estado presente que controle. Les recuerdo que votaron a un idiota que está en contra de los cinturones de seguridad y los seguros obligatorios contra terceros, por decir algo.

— La Corriente K (@lacorrientek) October 29, 2024

MINISTERIO DE HUMO Y PREJUICIOS

 

Tal como lo señala la imagen de apertura, este lunes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 959 de Milei (completo acá), por el cual -según el discurso oficial- se prohíbe la existencia de cargos hereditarios en el Estado, y se deroga toda disposición en contrario. Spoiler: no se deroga ninguna, porque no existían.

Según se señala en los considerandos de la norma, "... través del Decreto N° 732/18 se instruyó a las Autoridades Superiores de los órganos y entes que integran el Sector Público Nacional para que se abstengan de dictar actos administrativos o adoptar decisiones en el ámbito de sus respectivas competencias que establezcan privilegios o preferencias para el acceso a los cargos públicos y empleos, fundadas en vínculos de parentesco y a revisar toda la normativa de sus respectivos órganos y jurisdicciones a efectos de suprimir tales privilegios o preferencias, realizando los actos y diligencias necesarias para ello.", para acto seguido señalar que "... no obstante el objetivo perseguido por el citado decreto, la instrucción dispuesta no ha logrado los resultados esperados para eliminar los privilegios sustentados en vínculos de parentesco en los órganos y entes del Sector Público Nacional.".

Es decir, apelando a un decreto de Macri tan gaseoso como el que acaba de dictarél mismo, Milei dice que lo tuvo que sacar...porque al de Macri no le dieron bola (ya veremos si es así) y habrían seguido existiendo cargos hereditarios en el Estado. Nota al pie: no es la primera vez que Milei reivindica un decreto de Macri, prueba de la cada vez mayor influencia del calabrés en su gobierno: de hecho, desde que Sturzenegger es ministro, es moneda corriente en cada decretazo "desregulador".

Pero decíamos que -a tono con el discurso del presidente, sus funcionarios y los medios del régimen- estaría bueno que nos contaran donde había cargos hereditarios en el Estado, para ver si estamos hablando de un problema real, o de otra bomba de humo a las que el gobierno nos tiene acostumbrados. Dice al respecto el Decreto 959: "Que en ese sentido, y a modo de ejemplo, se advierte que a pesar de que el estatuto del personal del Banco Central de la República Argentina fue oportunamente modificado tras la sanción del Decreto N° 732/18, durante la última Administración se restableció la posibilidad de que, ante la muerte de un empleado, pueda ingresar a trabajar en su lugar el cónyuge, pareja conviviente o un hijo del fallecido." (obsérvese que ni siquiera se cita el instrumento legal por el cual se habría hecho: decreto del PEN, resolución del directorio del BCRA, nada).

Y agrega: "Que, por otra parte, se ha verificado la vigencia de convenios colectivos de trabajo celebrados por entes públicos que contemplan cláusulas que contradicen el marco normativo y son incompatibles con la idoneidad como condición exclusiva y excluyente de acceso a los empleos públicos por contener privilegios basados en vínculos hereditarios.", poniendo como ejemplos "Que, entre ellos, se encuentran los convenios colectivos de trabajo celebrados por la ex-Administración Federal de Ingresos Públicos, la ex-Dirección General de Aduanas, la Administración Nacional de la Seguridad Social y el Banco de la Nación Argentina.".

O sea: en todo el ámbito del Poder Ejecutivo nacional (la presidencia, los ministerios y secretarías de Estado) no hubo ni hay norma alguna que disponga que los cargos públicos son hereditarios, y si había alguna disposición en ese sentido era en algunos convenios colectivos de trabajo (tampoco el decreto precisa concretamente que decían estos), y si la intención era terminar con algún privilegio, le basta a Milei con instruir a sus funcionarios que denuncien esa cláusula de los convenios en los que son parte (que en algunos casos podrían incluir a empresas privadas que tienen el mismo convenio de actividad).

Pero no lo hizo, por una muy sencilla razón: el único objeto del decreto era lanzar una bomba de humo, que alimente los prejuicios anti-Estado y anti-empleados públicos, de buena parte de la sociedad, y en especial de su electorado: el problema de la sociedad es el Estado, el problema del Estado son los empleados públicos, el problema de los empleados públicos es que además de ser unos vagos llenos de privilegios, entran por parentela y acomodo (cosa que existe desde tiempos inmemoriales,en todos los gobiernos, incluido este. Sobre todo éste), y además si se muere uno, hay que nombrar a un familiar en su reemplazo.

Y de paso, lo que busca con estas pantomimas es instrumentar las medidas que sí quieren tomar (como disolver la AFIP, desmantelar los controles aduaneros, privatizar el Banco Nación o vaciar de contenido a la ANSES, despedir empleados públicos o pisarles los salarios), pensando que contarán con consenso social para hacerlo, porque previamente la siembra de prejuicios -o la cosecha de los que existen en la sociedad- ya dio sus frutos. Exactamente lo mismo está haciendo acá en la provincia Pullaro con la EPE y ASSA, sondeando el consenso social para posibles privatizaciones, o en su defecto, para que los usuarios soporten los tarifazos.

Nada nuevo bajo el sol: la manipulación de los prejuicios, las emociones y las bajas pasiones del electorado o la ciudadanía datan de tiempos inmemoriales, y ha sido teorizado desde -por lo menos- el nazismo para acá. De hecho, esa es precisamente la idea del "ministerio de cosas" que le armaron a la medida a Sturzenegger: bombardear con ideas sencillas (para mentes infantiles) como la panacea para resolver problemas que, o bien son complejos o directamente no existen o no tienen la entidad que se les atribuye, y mientras la pavada (es decir, el conjunto de pavos) anda en lo suyo, ellos se dedican a lo que realmente les interesa, que son los negocios.

Tuits relacionados: 

Spoiler: cuando finalmente salga el decreto no va a mencionar absolutamente ninguna norma a derogar o modificar porque sencillamente no existen, y es todo puro humo. https://t.co/StTyNcH1vG

— La Corriente K (@lacorrientek) October 25, 2024

Los herederos de todo hablando de meritocracia y eliminar los cargos hereditarios en el Estado. Que moral, ameos.

— La Corriente K (@lacorrientek) October 28, 2024

Los Salieris de Milei. https://t.co/tRLAqgXDbE

— La Corriente K (@lacorrientek) October 28, 2024

LA ILUSIÓN DE VIVIR SIN ESTADO

 

Tranquilos, seguro el mercado lo resuelve apenas tenga tiempo. https://t.co/gqe78WFwRG

— La Corriente K (@lacorrientek) June 22, 2024

La maquinaria infalible de precisión comunicacional con pleno control de la agenda y coso. https://t.co/qENE7v211I

— La Corriente K (@lacorrientek) June 21, 2024

Y a De Loredo, que las quiere privatizar. https://t.co/rPB5i4qIDb

— La Corriente K (@lacorrientek) June 20, 2024

El temporal de nieve que está azotando a las provincias de la Patagonia sorprendió a sus habitantes sin poder contar con información oficial precisa para moverse porque el gobierno de Milei -como parte de su plan de privatizar los medios públicos- dispuso que las repetidoras de Radio Nacional no difundieran programación local, sino que solo retransmitieran la que se genera desde Buenos Aires. Así, alguien asilado en un pequeño poblado en medio de la nieve prendía la radio con la intención de escuchar noticias sobre el estado de los caminos o las precauciones para moverse, y solo se enteraba del estado del tránsito en las avenidas porteñas, o si funcionaban correctamente los subtes.

Muchos pasos fronterizos están cerrados y hay rutas cortadas porque a las inclemencias del tiempo, hay que sumarle que el gobierno no envía los fondos para reparar y mantener en funcionamiento equipos pesados de Vialidad Nacional, o no compró -como se hace habitualmente- sal para evitar la formación del hielo sobre la calzada: delicias de la motosierra y la licuadora, que impactan en la vida cotidiana de muchos argentinos. O muestras de lo absurdo de la pretensión de vivir sin Estado, o reducirlo a su mínima expresión, tal el credo oficial impulsado por quien dice estar feliz de ser el topo que vino a destruirlo desde adentro.

Es muy posible que muchos de sus votantes crean en el estereotipo de lo público que se ha creado desde los medios hegemónicos afines al gobierno, y desde las oficinas de propaganda oficiales: una maquinaria pesada, enorme e inservible, compuesta en su totalidad por gordos comiendo bizcochos y tomando mate en las oficinas, mientras se acumulan los expedientes sin resolver, y contribuyentes sin nadie que atienda sus quejas, o les resuelva sus trámites.

El Estado, ciertamente, puede ser eso en muchas ocasiones, pero es bastante más; y en muchos lugares de nuestra dilatado y extenso país, es casi la única muestra visible de la civilización, que permite a muchos argentinos contar con los servicios esenciales, o enfrentar los rigores del clima y la distancia. También es, por supuesto -como en muchos países de los que nos ponen como ejemplo, pero desconocen como funciona en realidad- el que impulsa el conocimiento científico o el desarrollo tecnológico, las obras de infraestructura, la industria o el acceso masivo a servicios que representan una mejora en el standard de vida.

Y es sobre todo -aunque le pese al fundamentalismo de Milei y sus ensoñaciones- el que se hacer cargo de los problemas que el mercado no puede ni quiere resolver porque no le reportan ganancias, y de los que ese mismo mercado crea cuando se lo deja librado a sus propios impulsos.

Tomemos el caso de los medios de comunicación públicos, amenazados hoy en su subsistencia (porque el plan del gobierno ni siquiera parece ser reemplazarlos por otros operados por privados, como con los ferrocarriles) por el plan motosierra; y bruscamente resignificados en su rol por las malas, en una región -como la Patagonia- en la que Milei se impuso en el balotaje en todas las provincias, y en la que sus gobernadores casi en su totalidad -con las solitarias excepciones de Tierra del Fuego y La Pampa- aportan "gobernabilidad" al experimento libertario con seres vivos.

Si la intención del gobierno fuera simplemente que los medios públicos compitan con los privados y que la gente elija como informarse, hubiera instrumentado concursos para adjudicar a grupos privados licencias de radio y televisión en todo el país, incluyendo a la Patagonia. Pero no lo ha hecho porque no le interesa ni la competencia ni el pluralismo comunicacional -obligar a retransmitir los contenidos generados en Buenos Aires es una forma de uniformar el discurso y las fuentes de acceso a la información-, y porque sabe que a los privados no les interesa acceder a esas frecuencias: el plan motosierra aplicado a Radio Nacional y sus repetidoras y a la TV pública (como en otras áreas del Estado) se reduce a ponerles banderas de remate, con la perspectiva de algún negocio inmobiliario redituable para los sponsors del presidente, como Elsztain.

A lo que se suma el absoluto desconocimiento (que es una forma de desprecio) por la realidad concreta de un país al que en el fondo detestan, y por las condiciones concretas de vida de la mayoría de sus habitantes, a los que suponen simples cobayos que les permitirán probar las bondades de su experimento social.

Lo dicho para los medios públicos o Vialidad Nacional, aplica al cierre de sucursales del Correo Argentino para privatizarlo, o de delegaciones del PAMI o la ANSES, o a la entrega de rutas de Aerolíneas Argentinas pretendiendo reemplazarla en sus funciones con empresas "low cost" truchas que baten récords de impuntualidad, accidentes y cancelaciones de vuelos, en un país enorme como el nuestro. 

Es el país reducido a una planilla de Excel en la que se puede demostrar que los números cierran, sin importar las consecuencias económicas y sociales. O una simple cantera de la que los extranjeros pueden venir a extraer los recursos naturales sin límite, y sin dejar nada a cambio. Tuis relacionados:

Tranquilos, seguro el mercado lo resuelve apenas tenga tiempo. https://t.co/gqe78WFwRG

— La Corriente K (@lacorrientek) June 22, 2024

Como habrá votado esa gente, no? No hablemos de lo que habrán hecho sus gobernadores. https://t.co/8EwkieKaQq

— La Corriente K (@lacorrientek) June 22, 2024

La Patagonia, esa región en la que el gobierno ganó las elecciones pero la deja librada a su suerte en medio de un temporal de nieve, mientras aprueba el RIGI para extraerle sus recursos naturales sin dejarle nada a cambio.

— La Corriente K (@lacorrientek) June 22, 2024

SE LA DEJAMOS SERVIDA

 

PAÍS CÓMODO
Hoy empezaron a llegar desvinculaciones (usemos el lenguaje del enemigo por un momento) de trabajadoras y trabajadores del estado nacional.
En la Administración Pública se los conoce como “los Artículo 9” y hace referencia a ese artículo de Ley 25.164.

— Sergio Delfino (@serdelfino) March 28, 2024

Una vez que uno gana el concurso y se cumplió el año y supongamos que las autoridades validan el pase a planta, esa persona pierde la antigüedad. Es decir, es como que recién empieza en la administración pública (no a los fines de aportes previsionales).

— Sergio Delfino (@serdelfino) March 28, 2024

Estos muchachos que nos gobiernan los están notificando por mail (hay que agradecerles ese gesto) porque ni siquiera haría falta. Fin del contrato y a su casa. Ni hace falta una carta documento para estos despidos.

— Sergio Delfino (@serdelfino) March 28, 2024

¿Cuándo decíamos volver mejores esto no estaba incluido? ¿Por qué cuando somos gobiernos no garantizamos los derechos como corresponde? ¿Por qué tanta desidia si nos cansamos de repetir que somos el partido que mejor representa a la clase trabajadora?

— Sergio Delfino (@serdelfino) March 28, 2024

Recuerdo esto: “¡Claro que dejo un país incómodo para los dirigentes!”, decía Cristina en su último mensaje a la Asamblea Legislativa, y todos nos emocionamos, pero pocos entendieron que ese era el camino que debíamos tomar a la vuelta.

— Sergio Delfino (@serdelfino) March 28, 2024

Se le dijo al Presidente que tenía que usar la lapicera y no lo hizo. Alberto le dejó el camino muy fácil a Milei para que haga todo lo que está haciendo.
Cuando volvamos no tenemos que ser tan PELOTUDOS porque lo de hoy también, un poco, es culpa nuestra.

— Sergio Delfino (@serdelfino) March 28, 2024

La Ley 24185 de paritarias en el sector público nacional es de 1992, gobierno de Menem, con Gustavo Béliz como Secretario de la Función Pública. La Ley 25164 (ley marco del empleo público) es de 1999, finales del segundo mandato del riojano. Ninguna de ellas fue modificada desde entonces. Béliz (recordemos) fue funcionario de Néstor Kirchner primero, y andando los años, de Alberto Fernández después.

La reglamentación de la Ley 25164 fue aprobada por el Decreto 1421/02 (gobierno de Duhalde) y recién fue modificada en el 2016 por Macri. El Convenio Colectivo General del sector público fue aprobado durante el gobierno de Kirchner por el Decreto 214/06, y tuvo desde entonces varias modificaciones.

El denominado SINAPA (Sistema Nacional de la Profesión Administrativa) que establece el escalafón de los empleados de la Administración Pública Nacional fue aprobado por el Decreto 993/91 (gestión Menem-Béliz), y recién fue reemplazado pero por un sistema similar por el Decreto 2098/08 durante el primer mandato de Cristina, a partir de un acuerdo en paritaria con los gremios estatales ATE y UPCN.

Cuando le faltaban dos semanas para terminar su gobierno en 2019 y ya sabría que no sería reelecto, Macri dictó el Decreto 788 creando lo que dio en llamar la "Alta Gerencia Pública", un régimen de funcionarios VIP de planta permanente, con sueldos de privilegio y menores exigencias para el ingreso y la promoción que el resto de los empleados. 

Apenas asumido Alberto lo suspendió por el Decreto 36/19, esa suspensión fue prorrogada y después de muchos vericuetos y al igual que pasó con el SINAPA, el Decreto 191/23 lo reemplazó por un sistema similar, que debería empezar a regir en junio de éste año. Todos estos cambio (y el propio decreto de Macri) se sustentaron en acuerdos paritarios logrados entre el gobierno y las entidades gremiales.

Esta larga introducción viene a cuento de contextualizar lo que bien apunta el compañero Sergio Delfino en los tuits de apertura del post: en todo éste proceso y en relación al empleo público nacional hubo más continuidades que rupturas con el pasado, y -esto lo agregamos nosotros- profundizar en cambios en estos asuntos nunca estuvo en el radar de los gobiernos kirchneristas, a menos que esos cambios fueran motorizados por los sindicatos. 

Quizás por temor a incursionar en temas asociados a la agenda de la derecha (como la reforma del Estado, que suena a ajuste, despidos y privatizaciones), o porque había otras urgencias que atender, pero pasó, y hay que hacerse cargo de las consecuencias. Porque de esa política de parches (que hemos apuntado acá varias veces siguió el kirchnerismo en otros rubros, como los servicios públicos) devienen muchos de los problemas actuales, que le permiten a Milei avanzar en su "plan motosierra" sin mayores obstáculos.

Que es lo que está pasando en estos días con la ola de despidos en el Estado nacional, fundamentalmente de personal contratado, sea porque no se les renuevan sus vínculos una vez vencidos, o porque aun estando vigentes se los despide porque carecen de estabilidad.

En efecto, el artículo 9 de la Ley 25164 dice respecto al personal contratado que "El régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado comprenderá exclusivamente la prestación de servicios de carácter transitorio o estacionales, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente. El personal contratado en esta modalidad no podrá superar en ningún caso el porcentaje que se establezca en el convenio colectivo de trabajo, el que tendrá directa vinculación con el número de trabajadores que integren la planta permanente del organismo.".

Su reglamentación aprobada por el artículo 9 del Decreto 1471/02 indica que "El régimen de contrataciones comprende la contratación por tiempo determinado y la designación en plantas transitorias, y estará sujeto a las siguientes previsiones: a) El personal será afectado exclusivamente a la realización de actividades de carácter transitorio o estacional, que resulten necesarias para complementar el ejercicio de las acciones y competencias asignadas a cada jurisdicción o entidad descentralizada. Las actividades de carácter transitorio estarán referidas a la prestación de servicios, asesoramiento técnico especializado, coordinación y desarrollo integral de programas de trabajo y/o proyectos especiales o para atender incrementos no permanentes de tareas.".

Y además señala que "Las actividades de carácter estacional responden a tareas que se realizan periódicamente y sólo en determinada época del año. En estos casos el personal puede ser incorporado a una planta transitoria con designación a término, cuyas características serán reguladas por la autoridad de aplicación.".

De modo que si había muchos organismos del Estado (en especial aquellos descentralizados territorialmente con agencias locales, como la ANSES) que funcionaban con gran cantidad de personal contratado (en algunos casi exclusivamente) y ese personal venía cumpliendo durante años las funciones propias de personal de planta permanente porque el organismo había ampliado sus funciones y roles (acá otra vez el ejemplo de ANSES viene como anillo al dedo), lo que estaba ocurriendo es que se perpetuaron situaciones de fraude laboral, en perjuicio de miles de trabajadores precarizados que deberían haber sido incorporados a planta permanente, con todos los derechos de tales; y quizás hoy otra sería la historia con el "plan motosierra", al menos para ellos.

Y en perjuicio también de la validación social de esas políticas públicas, que es en realidad lo que les interesa voltear, junto con despedir trabajadores. Pero así las cosas, todo indica que al menos en éste tema, a Milei se la dejamos servida. Las cosas por su nombre. 

LA POLÍTICA DE LOS PARCHES Y SUS LÍMITES

 

¿Todos tenemos en claro que esto termina en que no se hace nada, no?: https://t.co/pnZW3rjymv

— La Corriente K (@lacorrientek) March 17, 2023

Unos cuantos años atrás y a propósito de la tragedia de Once, decíamos en esta entrada: "Es frecuente decir (más aun entre kirchneristas) que el proceso abierto en el 2003 recuperó el rol del Estado y la afirmación es valedera; pero debe matizarse con al menos dos precisiones: con que estructura concreta cuenta ese Estado para poder cumplir eficazmente los diferentes roles que se propone asumir, y cual es la percepción social sobre lo que el Estado representa; esto último vinculado a otro tópico común de nuestro discurso (el retorno de la política), que debe ser también cuidadosamente reexaminado.".

"Nadie ignora que las reformas impulsadas por el menemismo en los 90´ dejaron tras de sí un Estado no solo disminuído en sus roles, sino fundamentalmente desvencijado y con escasa capacidad de respuesta a las demandas sociales: planteles de personal disminuidos (en cantidad y calidad) por despidos y retiros voluntarios, desmotivados por la falta de incentivos salariales o profesionales, lento proceso de adecuación a las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión y -esto particularmente perceptible en el caso de los servicios públicos-estructuras cooptadas por los propios intereses privados a los que deben controlar.". 

"El kirchnerismo pudo recomponer la capacidad de acción del Estado en muchos aspectos, y exhibir resultados contundentes que lo llevaron a ganar dos elecciones presidenciales, comenzando por lo principal: dotar a ese Estado de recursos suficientes, renovando y perfeccionando el organismo recaudador (la AFIP) aunque no haya encarado una reforma tributaria; la que por cierto quedaría en meros papeles si no contase con ese instrumento, porque el mejor impuesto es el que se cobra, como dicen. Desde esa plataforma creció exponencialmente la inversión pública en infraestructura (energía y educación fueron los capítulos más relevantes al respecto) y el gasto en seguridad social, con decisiones que además comprometieron la eficacia del aparato estatal para ejecutarse; como la inclusión previsional, la estatización de los fondos de jubilaciones y pensiones que tenían las AFJP, o la asignación universal por hijo.".

"En el Estado kirchnerista conviven desarrollos tecnológicos al nivel del primer mundo (como el avance en tecnología satelital, o el despliegue de la TV digital), con precariedades propias del desguace de los 90´; y en  el caso de los servicios privatizados, el kirchnerismo se manejó sin conceptos a priori y con un criterio casuista, asumiendo la prestación en manos estatales cuando no quedaba más remedio o la situación de los concesionarios era insostenible (casos de AYSSA, el Correo o Aerolíneas Argentinas): hay tal vez en esa idea un reconocimiento de los límites concretos del aparato estatal para acometer nuevos roles, más que una convicción filosófica sobre sus límites o su tamaño. Ese criterio, que pudo resultar eficaz en muchos casos, se ha revelado harto insuficiente en el del transporte público, en especial el del ferrocarril y sobre todo, en los ramales de transporte de pasajeros del conurbano bonaerense; un tema que tiene en sí una enorme complejidad que muchas veces los propios nostálgicos del tren (entre los que me incluyo) suelen pasar por alto.".

"Porque resulta que el Estado es siempre el lugar de la queja (en forma creciente en los últimos años), pero los que se quejan no siempre esperan que sea también el de las soluciones: ahí los senderos suelen bifurcarse, y si no recordemos lo que pasó en los 90´; cuando las penurias de los sufridos pasajeros de los trenes del conurbano fueron (junto al problema del déficit) la plataforma sobre la que el menemismo proyectó el desguace del sistema ferroviario dentro del festival de privatizaciones. Ese paradigma también (y aunque se lo pretenda ocultar) es el que entró definitivamente en crisis con la tragedia de Once: no basta con dejar que algo lo hagan los privados en lugar del Estado para que mejore, porque si ese Estado no controla adecuadamente, los resultados son casi siempre, peores.".

"La legitimación social del Estado es imprescindible para que ese aparato estatal pueda encarar cualquier política, sea controlar a un concesionario privado, u operar directamente un servicio; con más razón en el segundo caso, porque es lógico y razonable pensar que los problemas concretos que padecen por ejemplo los usuarios del Sarmiento no desaparecerán por arte de magia si a partir de mañana queda en manos estatales; verdad tan obvia y sencilla como que los formuladores del pensamiento mágico (los medios hegemónicos, las expresiones de la marginalidad electoral) se encargarán de que la olvidemos.".

Las reflexiones tienen plena vigencia hoy, a partir de los padecimientos de muchos usuarios del AMBA de las áreas cubiertas por las distribuidoras de electricidad privadas que gozan de concesiones otorgadas por el menemismo, y sostenidas desde entonces. Y esa discusión que estaba pendiente en los años de lozanía del kirchnerismo en el gobierno nunca se saldó, porque nunca se encaró a fondo; y dentro del actual gobierno del FDT ingresó en el mismo terreno que el resto de las decisiones de la administración de Alberto Fernández.

Así como el criterio "casuístico" seguido durante las presidencias de Néstor y Cristina llevó en su momento a revertir algunas de las privatizaciones de los 90' y recuperar funciones para el Estado en la gestión de determinadas actividades (como pasó con el Correo, AYSSA, Aerolíneas o YPF), en tiempos de "volver mejores" nada se ha hecho sobre el particular, e incluso hemos retrocedido: con la excusa de la pandemia se le prorrogó a Eurnekián la concesión de los aeropuertos hasta el 2038, se sigue dudando que hacer respecto al dragado y balizamiento de la hidrovía, y a las distribuidoras de electricidad del AMBA se les han tolerado todo tipo de trapisondas -hasta sospechosos cambios de dueños- e incluso se les condonaron multas millonarias; hasta que se llegó al colapso actual.

Las concesiones ferroviarias de pasajeros y carga están todas vencidas y no obstante eso siguen en manos de las mismas concesionarias, mientras el Estado asume el costo de las obras e inversiones necesarias para prestar los servicios; y las concesiones de las represas hidroeléctricas vencen en su mayoría éste año sin que desde el gobierno se dé la más mínima señal acerca de lo que piensan hacer al respecto. No hace falta recordar el episodio Vicentín (aunque no se tratara en ese caso de un servicio público) con su fallida expropiación, y el anuncio posterior jamás concretado de crear una empresa estatal de alimentos como testigo en el mercado.

Pedirle a éste gobierno -cuyos límites están más que claros, y cuyas prioridades también- que haga algo al respecto, más que un exceso, sería una pérdida de tiempo. Pero si el kirchnerismo -embarcado en el operativo clamor por la vuelta de Cristina- quiere volver a constituirse en una alternativa política valedera, también debe discutir estos asuntos, y formular una propuesta sobre ellos a la sociedad. Lo que no puede hacer más es seguir aplicando una política de parches cuyos límites están a la vista.

EL ESTADO BOBO DE LA POLÍTICA BOBA

 

Si así se defienden imagináte como será cuando se entregan. Igual. https://t.co/p8DXWFCAWA

— La Corriente K (@lacorrientek) July 17, 2022

El portal La Política Online publicauna nota diciendo que el Secretario de Industria (un sobreviviente de la gestión Kulfas) le autorizó a "Niky" Caputo el acceso a dólares oficiales para importar un yate, y el tipo y el gobierno se defienden diciendo que la importación de yates es libre, porque no está sujeta al mecanismo de licencias no automáticas; y que éste a su vez no tiene por finalidad cuidar las reservas del Banco Central.

Antes habíamos sabido -por Cristina- que los empresarios lograban acceder  dólares al tipo de cambio oficial vía amparos judiciales para comprar aviones de lujo, y ayer mismo nos enteramos que las empresas "alquilan" cautelares judiciales para conseguir destrabar importaciones, y acceder a dólares baratos, o más baratos que en el mercado negro, para ser más precisos.

Cuando se suspendió la exención al cobro de sobrecargos por las compras en los free shopps de los aeropuertos nos enteramos que existía ese intolerable subsidio a los consumos suntuarios, así como sabemos que la Aduana es un colador, porque por ejemplo las exportaciones mineras y petroleras se siguen haciendo por simple declaración jurada de las empresas, sin siquiera verificar los volúmenes físicos. Ni hablemos de las mil y una formas del contrabando de granos.

Como veíamos acá, a través de la bolsa se fugan capitales con operatorias como el "dólar cable" o el MEP y se supone que hacer la vista gorda ante eso le costó el puesto a Cosentino, el ex titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Está por verse si quien ocupe su lugar terminará con la jodita.

Los medios opositores suben imágenes de góndolas vacías en los supermercados, pero no de los galpones llenos con la mercadería stockeada para especular con las remarcaciones; y ni imaginemos la reacción de esos mismos medios si el gobierno decidiera -como debería hacerlo- aplicarles la ley de abastecimiento, que hasta acá nunca aplicó en 31 meses de mandato. Podría empezar con Madanes Quintanilla de FATE, que accedió a dólares al precio oficial para stockearse de insumos que no necesitaba ahora para producir, o que retacea de la producción, pero no lo hará.

Nos anuncian como una buena noticia que el Banco Nación (es decir, el nuestro, el mismo que le dio un gigantesco préstamo a Vicentín que jamás recuperará) otorgó préstamos blandos a los productores para la siembra de trigo y maíz, mientras hay cinco millones de toneladas de la cosecha sin vender aun con precios por las nubes, se calcula entre 14.000 y 20.000 palos verdes el valor de la producción encanutada en silos bolsa y venimos de un lock out patronal con cortes de ruta a un gobierno que ha dicho en todos los tonos posibles, que no piensa subir las retenciones; ni ante una galopante inflación de alimentos.    

Las reparticiones del Estado se comportan como compartimentos estancos que no cruzan información entre sí (como bien lo advirtió también Cristina), ni lo quieren hacer: cuando se impulsa el impuesto a los que fugaron capitales al exterior (del que ya nadie habla) y se plantea que para eso es necesario levantar el secreto bancario, bursátil y fiscal, el presidente del Banco Central se opone porque dice que eso agudizaría la corrida. Claro que también dicen que el dólar "blue" llegó a superar los 300 pesos por el raje de Cosentino y el temor a que su sucesor haga algo con la CNV, aparte de cobrar el sueldo todos los meses. 

Mientras tanto, el 90 % de la población que sí necesita los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, debe hacer un engorroso trámite por Internet para demostrar que es verdad que los necesita, y esperar la respuesta que no se sabe cuando llegará, y en que consistirá. Después a no enojarse por las puteadas cuando lleguen las facturas. Eso sí: la ministra de Economía ya descartó de plano el Salario Básico Universal, porque no cierran las cuentas.

Decir que éstos son simples ejemplos de un Estado bobo no alcanza: ese Estado no es ni más ni menos que la expresión de una política boba, que cree que puede sostenerse haciendo concesiones todo el tiempo a todo el mundo que nos las necesita, y jamás a su propia base electoral.

Y poner el problema en las próximas elecciones, advirtiendo que de éste modo nos aseguramos una futura nueva derrota, es hablar lejísimos: la pregunta actual es como, de éste modo, vamos a evitar que nos lleve puestos un golpe de mercado, con graves repercusiones institucionales. Aunque el presidente se envalentone discursivamente anunciando una firmeza que no tiene, para adoptar medidas que no quiere tomar, porque ni siquiera las menciona: ya le tomaron el tiempo. 

Tuit relacionado:

Y en la edición de hoy de "Aprovechándose del Estado bobo": https://t.co/fgzCMV9DgT

— La Corriente K (@lacorrientek) July 20, 2022

DISCUTAMOS EL ESTADO

 

Hace unos cuantos años atrás y a propósito de la tragedia de Once, proponíamos en ésta entrada discutir el Estado y sus roles, señalando entre otras cosas: "Es frecuente decir (más aun entre kirchneristas) que el proceso abierto en el 2003 recuperó el rol del Estado y la afirmación es valedera; pero debe matizarse con al menos dos precisiones: con que estructura concreta cuenta ese Estado para poder cumplir eficazmente los diferentes roles que se propone asumir, y cual es la percepción social sobre lo que el Estado representa; esto último vinculado a otro tópico común de nuestro discurso (el retorno de la política), que debe ser también cuidadosamente reexaminado."

"Nadie ignora que las reformas impulsadas por el menemismo en los 90´ dejaron tras de sí un Estado no solo disminuído en sus roles, sino fundamentalmente desvencijado y con escasa capacidad de respuesta a las demandas sociales: planteles de personal disminuidos (en cantidad y calidad) por despidos y retiros voluntarios, desmotivados por la falta de incentivos salariales o profesionales, lento proceso de adecuación a las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión y -esto particularmente perceptible en el caso de los servicios públicos-estructuras cooptadas por los propios intereses privados a los que deben controlar.". 

"Cuando este Estado concreto debe acometer nuevos desafíos de gestión (sea incursionando en nuevos campos, o recuperando roles que había cedido) cruje ostensiblemente, tanto más complejo sea el desafío. Y aun en ese caso se le plantea el dilema si lo hará transitoriamente mientras llama a una nueva licitación, en la que corre el riesgo de que se presenten otros empresarios tan inescrupulosos como los actuales concesionarios, o que ninguno lo haga porque esperan "señales de precios" (léase: certeza de que se aumentarán las tarifas y por ende la rentabilidad del negocio),...".  

"El ejemplo del ferrocarril Sarmiento -perfectamente trasladable a otros casos, como la aun vigente discusión por la reestatización de YPF, o la situación de los demás ramales ferroviarios-  sirve para ilustrar sobre la complejidad de estas cuestiones de gestión estatal; que son áridas de tratar y no tienen la mística necesaria para generar una épica cara al relato militante, pero que son de imprescindible abordaje si lo que se quiere es "profundizar el modelo" o encarar la famosa "sintonía fina".". 

"El kirchnerismo pudo recomponer la capacidad de acción del Estado en muchos aspectos, y exhibir resultados contundentes que lo llevaron a ganar dos elecciones presidenciales, comenzando por lo principal: dotar a ese Estado de recursos suficientes, renovando y perfeccionando el organismo recaudador (la AFIP) aunque no haya encarado una reforma tributaria; la que por cierto quedaría en meros papeles si no contase con ese instrumento, porque el mejor impuesto es el que se cobra, como dicen. Desde esa plataforma creció exponencialmente la inversión pública en infraestructura (energía y educación fueron los capítulos más relevantes al respecto) y el gasto en seguridad social, con decisiones que además comprometieron la eficacia del aparato estatal para ejecutarse; como la inclusión previsional, la estatización de los fondos de jubilaciones y pensiones que tenían las AFJP, o la asignación universal por hijo.".

"En el Estado kirchnerista conviven desarrollos tecnológicos al nivel del primer mundo (como el avance en tecnología satelital, o el despliegue de la TV digital), con precariedades propias del desguace de los 90´; y en  el caso de los servicios privatizados, el kirchnerismo se manejó sin conceptos a priori y con un criterio casuista, asumiendo la prestación en manos estatales cuando no quedaba más remedio o la situación de los concesionarios era insostenible (casos de AYSSA, el Correo o Aerolíneas Argentinas): hay tal vez en esa idea un reconocimiento de los límites concretos del aparato estatal para acometer nuevos roles, más que una convicción filosófica sobre sus límites o su tamaño.". 

"Pero resta abordar un punto no menor para el debate, porque hace al contexto en que el mismo ha de darse; y es que -pese al lugar común del que hablaba al principio- no está tan claro que el rol del Estado esté plenamente relegitimado socialmente desde el 2003 para acá. La legitimación social del Estado es imprescindible para que ese aparato estatal pueda encarar cualquier política, sea controlar a un concesionario privado, u operar directamente un servicio; con más razón en el segundo caso, porque es lógico y razonable pensar que los problemas concretos que padecen por ejemplo los usuarios del Sarmiento no desaparecerán por arte de magia si a partir de mañana queda en manos estatales; verdad tan obvia y sencilla como que los formuladores del pensamiento mágico (los medios hegemónicos, las expresiones de la marginalidad electoral) se encargarán de que la olvidemos.". 

"Porque hay que recordar que ese mismo Estado al que se le exigen (con justicia) soluciones, intentó cobrar impuestos a uno de los sectores económicos más privilegiados y le cortaron todas las rutas del país cuatro meses, o le cuestionan el funcionamiento de Aerolíneas, los controles sobre el dólar, o las colas de la gente para obtener la AUH (en su momento) o la tarjeta SUBE.".

Se nos ocurre que las reflexiones tienen plena vigencia hoy, a propósito de las últimas decisiones del gobierno que conciernen precisamente al rol del Estado: el dragado y balizamiento de la hidrovía, la reversión de las privatizaciones energéticas del macrismo, las concesiones ferroviarias de los ramales de carga; tiempo atrás la cuestionable prórroga de la concesión de la operación de los aeropuertos a Eurnekián hasta el 2038, con el pretexto de la pandemia. Y también el tema del Estado atraviesa la gestión de la pandemia, en forma directa (los recursos y políticas que el gobierno debe destinar a mitigar sus efectos) o indirecta (las regulaciones al capital que, si antes eran necesarias, hoy se revelaron imprescindibles).

Por supuesto que el primer estadio de la discusión es hacia el interior de la propia coalición oficialista, en la que hay miradas divergentes, en tanto ya las había antes de asumir el gobierno, e influyeron en no poca medida en los desgajamientos del colectivo kirchnerista antes del 2015, recompuestos en parte al integrarase el "Frente de Todos".

Y el segundo -en rigor, contemporáneo al primero- es el contexto social en el que se daría el debate: un contexto en el que, como decíamos en el posteo citado, las demandas hacia el Estado  se multiplican con la misma intensidad con que el rol de ése mismo Estado y sus capacidades operativas son cuestionadas, desde los medios y desde la sociedad.

Pero la discusión al respecto es crucial, porque es discutir sobre el modelo político que se propicia, y el modelo de país que se aspira a construir en consecuencia. De hecho, el Estado concreto que tenemos y el que tuvimos en las diferentes etapas históricas que atravesamos como sociedad, es el resultado de los proyectos políticos que se impusieron, y del modelo de país que pusieron en marcha. Y los tiempos actuales no son la excepción a esa regla histórica.   

PERONISMO Y EXPROPIACIÓN

A propósito del proyecto oficial para expropiar Vicentín se han escuchado muchas burradas, y entre ellas algunos compañeros que se han extraviado hace tiempo (como Guillermo Moreno) diciendo que el peronismo no es estatista, que eso es cosa de soviéticos y que expropiar empresas no es peronista, lo cual es en buena medida desconocer bastante de la propia historia del peronismo.

Es cierto que el peronismo y por la impronta personal del propio Perón fue esencialmente pragmático, y sin enamorarse de los medios, procuró conseguir sus fines, esos que están planteados en las tres banderas históricas: soberanía política, independencia económica y justicia social. También es cierto que el pragmatismo tuvo sus excesos, y en nombre del peronismo en los 90' se destruyó y desmanteló concienzudamente la herencia histórica del primer peronismo, el de Perón; rifando a precio vil el patrimonio público con las privatizaciones del menemato.

Sin embargo, renegar de la importancia que el peronismo le asigna al Estado, o ponerse solos y casi con vergüenza el sambenito de "comunismo sovietizante" que nos arrojan los gorilas cuando se decide una expropiación es una exageración, al mismo tiempo que una enorme inexactitud histórica. Porque el peronismo cuando tuvo que expropiar, expropió.

Sin contabilizar en el recuento decisiones estructurales de política económica como la creación del IAPI, la nacionalización del comercio exterior, del Banco Central y de los depósitos bancarios (que no son técnicamente expropiaciones), durante el primer peronismo hubo expropiaciones, y no una ni dos, sino muchas.

Así por ejemplo en el marco de la idea de "la tierra para el que la trabaja" que quedó plasmada en el artículo 38 de la Constitución del 49' que consagraba la función social de la propiedad privada ("...procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario. de la tierra que cultiva..." rezaba una parte del texto), se expropiaron grandes extensiones de campos que pertenecían a familias tradicionales de la oligarquía como los Patrón Costas, Unzué de Alvear, Estrugamou, Álzaga y Pereyra Iraola. De ésta última familia era una gran estancia ubicada entre Buenos Aires y La Plata sobre la cual se construyó el parque "Derechos de la Ancianidad", que hoy lleva el nombre de la familia expropiada, en otra injusticia histórica cometida por el odio gorila.

Para el desarrollo de los planes de turismo social, el peronismo expropió la Estancia Isabel de Chapadmalal a la familia Martínez de Hoz y construyó allí el complejo que aun existe, además de 24 chalets en la Playa de los Ingleses en Mar del Plata destinado a los Sindicatos; y para extender la jurisdicción de los parques nacionales, expropia miles de hectáreas en las adyacencias del lago Nahuel Huapi, y en otros sitios turísticos como Sierra de los Padres y Río Tercero, donde construyó otro enorme complejo para el turismo social.

Con la compra de los ferrocarriles británicos, (luego le seguirían las líneas francesas) el Estado durante el primer peronismo adquirió una gran cantidad de empresas de propiedad de los mismos, como los expresos de transporte Villalonga y Furlong, el puerto de Dock Sud, los de Ingeniero White y Puerto Galván en Bahía Blanca y el de Ibicuy en Entre Ríos. En otras operaciones expropió los puertos de San Nicolás, Zárate, Tigre, Villa Constitución, El Dorado, Puerto Madryn y Bajada Grande, en Paraná.

Sobre la base de la expropiación de la Unión Telefónica (subsidiaria de la norteamericana ITT) el primer peronismo creó primero AMTEL y luego ENTEL; así como tras la expropiación en el gobierno de Farrell de la británica Compañía Primitiva de Gas sus activos pasaron primero a YPF, y luego a la recién creada Gas del Estado. Agua y Energía Eléctrica de la Nación se constituyó -entre otros activos- con el traspaso de las compañías privadas expropiadas a la ANSEC por varias provincias, y la expropiación por el Estado nacional de las empresas del grupo SUDAM.

Sobre la compra de la flota de Alberto Dodero se cimentó el aumento exponencial del tonelaje de la marina mercante nacional, y en 1950 se creó Aerolíneas Argentinas sobre la base de la expropiación de las preexistentes empresas FAMA, ZONDA, ALFA y Aeroposta. También se expropiaron 96 elevadores de granos en distintos puertos que fueron transferidos al IAPI, y sobre la base de las empresas alemanas expropiadas al final de la Segunda Guerra (como Química Bayer, Merck, Osram y Siemens) se estructuró la DINIE (Dirección Nacional de Industrias del Estado).

Eso sin mencionar las emblemáticas expropiaciones de las empresas del grupo Bemberg, y del diario La Prensa, en 1951, en éste caso para cedérselo a la CGT. Pero un racconto de las expropiaciones peronistas, útil para despistados, no puede concluir sin hacer referencia al artículo 40 de la Constitución de 1949 (que en su artículo 38 más arriba mencionado ratifica la expropiación por causa de utilidad pública que ya estaba en la Constitución de 1853); que expresa la más alta cumbre del poder popular en la historia argentina, consagrada en norma jurídica alguna.

Así decía el texto que surgió de la pluma de Arturo Sampay: "El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los limites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias." 

"Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine. El precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos sera el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión, y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital invertido." (las negritas son nuestras)

ECONOMÍA, SALUD Y POLÍTICA

Notables las volteretas que hacen en ésta nota para no afectar los intereses de los bancos, o plantear otra solución (como nacionalizar los sistemas financieros) que no sea que el Estado los rescate: https://t.co/XIvuUp0O1x

— La Corriente K (@lacorrientek) March 28, 2020

Siempre es complicado hacer prognosis de los procesos sociales, porque no se rigen por las leyes de la física, y la megacrisis que desató el coronavirus no es la excepción: aun no podemos saber por cuanto se extenderá ni cual será su magnitud final y los daños que cause, muchos menos podemos siquiera suponer como será el mundo que emergerá de ella; cuando concluya.

Lo que sí está claro es que este "cisne negro" que sobrevino a la humanidad y sus estructuras políticas, económicas y sociales no supone, forzosa e inevitablemente, un nuevo orden mundial, el fin del capitalismo o siquiera su reformulación respecto a los términos actuales: pronósticos similares se hicieron en otras crisis, y la historia los desmintió.

Por otro lado solos en nuestras casas, aislados y con miedo, no es seguro que adquiramos necesariamente el grado de conciencia política y social necesario para orquestar respuestas colectivas al problema, que cambien las relaciones de fuerzas, y posibiliten cambios. Hay sí ideas en el aire, algunas que fueron condenadas por algunos al museo de la historia y volvieron con fuerza (el Estado nación, la solidaridad), y otras que se nos presentaron como la panacea, y está en crisis terminal; como la del mercado como supremo y único asignador de los bienes y los costos en una sociedad. 

Pero son solo eso: ideas; las estructuras reales de poder (económico, simbólico, político) que se mueven detrás de ellas o se vehiculizan por su intermedio, siguen intactas, al menos por ahora, y nada indica que en lo inmediato eso vaya a cambiar. Vienen estas reflexiones a propósito de esta nota del Financial Times que cuelga El Cronista, en la que se analizan las posibles respuestas y salidas a la crisis, para evitar que la economía global termine cayendo en una gran depresión.

Si leen, verán que se habla de que los Estados gasten, como hacen en todas las grandes crisis: al diablo con los paradigmas del "ajuste virtuoso", la preocupación por el déficit fiscal, o el cuco de la emisión inflacionaria. Sin embargo, la intervención estatal que se reclama y exige es bien precisa: es para preservar el modelo actual del capitalismo, tal como viene funcionando. Como vocero calificado de ese sistema que es, FT lo deja claro: "salvar la economía" es salvar éste modelo económico, el del capitalismo financiarizado.

Nada nuevo bajo el sol: ya pasó con la prolongada crisis de la subprime (cuyos efectos aun llegan hasta nosotros) y los gigantescos paquetes fiscales de rescate a los bancos que instrumentaron los Estados Unidos o la Unión Europea. Los movimientos de "indignados" sacudieron por un tiempo la tranquilidad del capitalismo central, pero se revelaron impotentes a la hora de orquestar alternativas políticas disruptivas del orden establecido.

Y en la crisis actual, la capacidad de respuesta de las fuerzas del capital financiero global están respondiendo con más velocidad que la política (al menos en los países centrales), por la simple y sencilla razón de que son los dueños de esa política: mientras financien sus campañas, nada tienen que temer de ella. Solo desde este ángulo se pueden entender las respuestas de algunos Estados a la crisis, como está pasando en los Estados Unidos o el Reino Unido: aun figuras que nos vendieron como "anti sistema" como Trump, no están realmente dispuestas a cambiar nada.

Que el capitalismo tensione a los Estados y los gobiernos para que pongan en riesgo la vida y la salud de grandes porciones de la población para mantener funcionando la máquina de hacer dinero, no debería ser novedad: desde sus orígenes mismos la bestia capitalista necesita de su libra de carne para alimentarse, y no se detendrá en consideraciones humanitarias sino en tanto sea estrictamente necesario para sostener la reproducción de la fuerza de trabajo.

El desafío entonces es para la política: no se trata solo de que los Estados gasten en forma contracíclica para superar la pandemia y torcer el rumbo de la recesión, y para eso emitan o tengan déficit. Eso sucede desde hace tiempo, en los propios países centrales que nos exigen al resto que no lo hagamos, por aquello de "haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago".

Se trata de encontrar el modo de ir más allá en la intervención pública (como no se hizo en los países centrales luego de la crisis financiera global del 2008), regulando, interviniendo de modo directo e incluso poniendo directamente bajo el control de los Estados, resortes fundamentales de la estructura económica. De lo contrario el virus pasará, o encontrarán la cura a la enfermedad, pero las estructuras económicas y sociales que crean las condiciones objetivas para que cause daño (por ejemplo desfinanciando la salud pública, o privatizando la seguridad social) quedarán intactas, hasta la nueva crisis. 

Algo similar al modo en el que muchos países (entre ellos, la Argentina del primer peronismo) salieron de la crisis mundial provocada por la Segunda  Guerra, ampliando los modos y las formas de la intervención estatal, dando origen al Estado de Bienestar que, aun dentro de los límites y marcos del capitalismo, proporcionó a millones de personas en todo el mundo una mejora objetiva en sus condiciones de existencia, comparada con las preexistentes, claro. Una eterna promesa del neoliberalismo -progresar, vivir mejor- que nunca puede cumplir, porque no está pensado para eso, simplemente: sería contrario a su naturaleza, con o sin virus. 

Hoy, cuando todos sus libros fundacionales fueron quemados en la hoguera de la crisis y cuando muchos de los propaladores de sus ideas se han vuelto consumo irónico en las redes sociales, las fuerzas reales que se mueven detrás de los discípulos de Hayek o Friedman (el gran capital financiero trasnacionalizado, y sus imbricaciones en la estructura productiva) están pensando como salir de ésta crisis, como salieron de todas las anteriores: sin pagar ellos los costos. La cuestión es cual va a ser, frente a ese intento que ya está en marcha (en el país, atravesando la discusión por la vigencia de la cuarentena, y en el mundo), cual va a ser la respuesta de la política.