LAS PERLAS DE PULLARO (2° PARTE)

Tal como lo prometimos días pasados en ésta entrada, seguimos analizando algunos datos interesante que arroja el presupuesto provincial que la Legislatura aprobó para éste 2026: 

* El presupuesto contempla que la EPE recaudará por tarifas por los servicios que presta $ 1.784.700.100.000 (más de un billón setecientos mil millones de pesos), y que gastará  875.400 en comprar electricidad en el mercado mayorista para distribuirla: el 46,98 % de su gasto total, aun con eliminación de los subsidios nacionales al precio de la electricidad en el mercado mayorista. Eso supone que por cada peso gastado en proveerse de su principal insumo, obtiene de los usuarios $ 2,04 por distribuirlo, y con el "colchón" diferencial atiende sus otros gastos.

* El mismo presupuesto establece (en cumplimiento de la Ley 10014 Estatuto Orgánico de la empresa) que el Tesoro provincial compensará a la EPE por las tarifas diferenciadas para distintos sectores (como los electrodependientes) por 39.600 millones de pesos. 

Esa cifra marca el subsidio directo del gobierno de Pullaro a una de las tarifas de electricidad más caras del país, y representa apenas el 2,22 % del monto que -conforme señalamos antes- obtendrá la distribuidora provincial de energía por tarifas. En otros términos de comparación, Pullaro piensa gastar este año más en publicidad oficial, que en subsidiar las tarifas eléctricas para las personas, familias o empresas.

* Pese a que desde el inicio de su gobierno Pullaro sindicó al gasto en personal como uno de los problemas principales de la EPE, los propios números del presupuesto aprobado para este año indican que no lo es: los 262.000 millones que la empresa gastaría en sueldos y contribuciones sociales representan el 14,06 % de su gasto total (cuando para el conjunto del Estado oscila entre el 36 % y el 41 %); mientras que los impuestos indirectos que debe pagarle al propio Estado provincial (como Ingresos Brutos) representan casi lo mismo, o muy poco menos: el 12,35 % del gasto, exactamente unos $ 230.179.129.000.  

* Pese a que uno de los principales argumentos para aumentar las tarifas es que los mayores ingresos se destinarán a la ejecución de obras y la compra de equipamiento para mejorar los servicios, el presupuesto establece que en "Bienes de Uso" (gastos de capital comprensivos de Construcciones, Maquinaria y Equipo) la EPE gastará en 2026 $ 249.483.468.000, o lo que es lo mismo, el 13,39 % del total de sus gastos.

Si esa cifra se la compara contra los ingresos de la empresa por tarifas (atento al argumento oficial para aumentarlas) se obtiene que la EPE destina uno (1) de cada $ 7,15 que recauda por los servicios que presta para hacer obras, o comprar maquinarias o equipos necesarios para la prestación de los servicios. 

* Entre la Policía de la provincia, Asuntos Internos (Control Policial) y el sistema de protección de testigos, hay en el presupuesto $ 392.693.000 en Gastos Reservados, es decir partidas exentas de control, y solo sujetas a rendición global de cuentas. Y fondos que pueden ir a parar a testigos, informantes policiales, los "espías" de Pullaro o periodistas, ponéle.

* Los senadores tienen asignados para otorgar subsidios 13.200 millones de pesos, a dividir entre 19 porque desde que Gisella Scaglia asumió como diputada nacional, la provincia no tiene vicegobernador/a: les tocan casi 695 millones de pesos a cada uno, o casi 58 millones por mes. 

La cifra es un 32 % más que lo 10.000 millones de pesos asignados en Educación al FANI (Fondo de Asistencia de Necesidades Inmediatas) para reparaciones menores y urgentes en las escuelas, y un 150,98 % de los fondos asignados en la misma cartera al Instituto Becario para otorgar becas a los estudiantes que no pueden costearse sus estudios.

* El presupuesto contempla una planta política de 2815 cargos, contabilizando las Autoridades Superiores (funcionarios) con 617 cargos, el Personal de Gabinete (asistentes técnicos o asesores) con 2010 cargos y otros que corresponden a designaciones de naturaleza política (Directores y directores asociados de los hospitales, cargos docentes del régimen del Decreto 5097/89, Jefes Regionales), por la diferencia hasta el total.

Lo cual indica que lejos de achicar su abultada planta política (que al día de hoy suma 2436 cargos ocupados con sueldos liquidados, 4,56 veces la planta política del gobierno de Perotti), Pullaro piensa agrandarla. 

ARRANCARON LOS FESTEJOS

 

Mientras los argentinos se preparaban para los brindis por el nuevo año, el gobierno dejó traslucir en  las redes el texto del DNU 941, finalmente publicado este viernes en el Boletín Oficial (completo acá); por el cual se modifican varios artículos de la Ley 25520 de Inteligencia Nacional, y se le agregan otros nuevos.

Entre las normas que más controversia han despertado se destaca el artículo 1 del decreto, que incorpora a la ley un artículo 2 bis por el cual se dispone que "Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad...", en un claro intento por sumarle más oscuridad aun al accionar de la SIDE y los demás órganos de inteligencia, y debilitar aun más los ya endebles controles parlamentarios a su labor.

Peor aun, el artículo 3 del decreto incorpora al texto de la ley el artículo 2 quater por el cual se precisa cuales son las actividades de "Contrainteligencia", que son la vedette del nuevo bando autoritario de Milei, y se aclara que "incluyen": "...evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general. Tales actividades pueden verificarse en abordajes multidimensionales del accionar de los actores estatales y no estatales. La Contrainteligencia comprende, además, el desarrollo de medidas pasivas, tendientes a evitar el conocimiento de la propia situación por parte de los actores estratégicos estatales y no estatales, denominadas como Medidas de Seguridad de Contrainteligencia.".

Para que no queden dudas de la importancia que se le asigna a la contrainteligencia, enfatiza el decreto que sus medidas "...deberán ser adoptadas en todo el ámbito del Sector Público Nacional bajo la responsabilidad de los titulares de los órganos y organismos que lo conforman”."; o sea que hacer tareas de contrainteligencia no es solo un asunto de los espías: un poder -y una obligación- inquietante en manos de un gobierno que diseñó un protocolo para reprimir la protesta social, o plantea una reforma laboral que trata de reducir a su mínima expresión el derecho de huelga, y obstaculizar si ni impedir las asambleas gremiales o reuniones de delegados.

Las facultades delos operarios mileístas del recontraespionaje (que el DNU denomina "contrainteligencia") son tantas, que pueden incluso "Realizar tareas represivas (y) poseer facultades compulsivas,...", pudiendo en ese marco "...repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo...." (cabe suponer que apelando el uso de la fuerza si fuera necesario) y "...proceder a la aprehensión de personas,...", El decreto no incluye la precisión respecto a si los recontraespías tendrán -como James Bond- licencia para matar, pero se entiende que va implícita. 

Esta ampliación de facultades a organismos oscuros poco sometidos al escrutinio público por un úkase presidencial, con desprecio por las libertades públicas garantizadas por la Constitución Nacional y deliberado puenteo de la discusión en el Congreso nacional aparece justo cuando un fallo judicial acaba de anular el protocolo anti-piquetes ordenándole al gobierno que se abstenga de aplicarlo, y con el antecedente a la vista de que precisamente el Congreso le tumbó a Milei otro DNU en el cual aumentaba en 100.000 millones de pesos los fondos reservados de la SIDE; que dicho sea de paso a partir de ahora serán todos los de su presupuesto.

El DNU 941 apareció como dijimos el viernes 2 en una edición de colección del Boletín Oficial, en la que también se pudieron ver la promulgación del presupuesto nacional del ajuste y de la ley de "inocencia fiscal", la  disolución de la ANDIS (Decreto 942) anunciada antes por Adorni, la prórroga por un año más de la intervención del ENACOM (Decreto 938), la renovación de la prohibición de efectuar designaciones de personal en la Administración Nacional (Decreto 934), el aumento de sueldos de los funcionarios excluidos el presidente y la vice (Decreto 931) y el menos comentado (pero social y económicamente mucho más letal) régimen de "subsidios focalizados" a las tarifas de luz y gas (Decreto 943).

Una catarata de turradas en las que no hay que descartar -como dicen algunos- que la filtración previa del DNU de ampliación de las facultades de la SIDE haya operado como maniobra distractiva, para que se hable de eso y no de los demás temas. Más allá de las especulaciones en ese sentido, el DNU 941 es otro claro avance autoritario de un gobierno cuyas pulsiones autocráticas son cada vez más visibles, lo que hace casi risible seguir discutiendo -como hacen algunos como Horacio Verbitsky, con entusiasmo digno de mejor causa- si estamos o no en presencia de un régimen fascista.

Que no estamos -como mínimo- en presencia de un gobierno que se asuma como democrático y por ende comprometido con los valores (y los límites) que presupone la democracia como sistema político, lo dice el propio Milei en los fundamentos del DNU, cuando intenta justificar por qué no remitió un proyecto al Congreso sobre el tema para que se discutiera. Dice el decreto en sus considerandos que "...esperar la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida, por lo que procede recurrir al remedio constitucional establecido en el inciso 3 del artículo 99 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.122.".

Queda planteado entonces un desafío abierto a la oposición colaboracionista que acaba de validar el presupuesto y la ley de inocencia fiscal o blanqueo permanente: ya está claro que comparten (en términos conceptuales y de responsabilidad política) el ajuste y el saqueo, por lo que mientras se acerca el debate de la reforma laboral cabe preguntarse: ¿compartirán también el autoritarismo explícito de un régimen que ni siquiera ha habilitado la conformación de la comisión bicameral permanente que tiene que analizar los DNU emitidos por el presidente, o de la que tiene que controlar el accionar de los organismos de inteligencia?

Y no se trata de analizar si este gobierno tiene la capacidad real y concreta de desplegar un aparato de inteligencia que se infiltre en todos los estratos de la sociedad, o de montar grupos parapoliciales: a las vísperas de los 50 años de la dictadura más sangrienta que el país haya padecido, es suficiente alarma que exhiba su vocación política manifiesta de hacerlo. Milei parece resuelto a dar el paso que lo lleve del simple negacionismo de los crímenes de la dictadura, a su reivindicación explícita en forma de emulación, tanto como el contexto se lo permita.

Un gobierno que se autopercibe exitoso y afirma estar produciendo cambios históricos en el país, o se jacta por boca del presidente de haber sacado a 14 millones de argentinos de la pobreza no debería preocuparse tanto por perfeccionar el aparato represivo, a menos que sepa en su fuero íntimo que el fracaso de su plan es inexorable y más tarde o más temprano deberá prepararse para defenderse solo con represión; o que asuma que la deriva extravagante de su política exterior pone al país nuevamente bajo la mira del terrorismo internacional, y no esté dispuesto a cambiarla, o utilice la amenaza potencial como excusa para reforzar el aparato represivo de toda disidencia social. 

Aquel golpe siniestro de hace 50 años -del que el gobierno con bandos como éste pareciera por momentos haber comenzado con los actos conmemorativos- tuvo gestores (en el poder económico) y consensos (activos y pasivos) en la política y en la sociedad. Habrá que ver hasta cuando duran y hasta donde llegan esos consensos en este nuevo experimento de liberalismo económico al amparo del autoritarismo político. Lo que es seguro es que eso límites no los van a poner ni Milei, ni su gobierno.

LOS ESPÍAS DE PULLARO

 

Que extraño modo eligió el gobernador Pullaro para conmemorar ayer el aniversario del retorno del país a la democracia, y el Día Internacional de los Derechos Humanos: dictando el Decreto 3121 cuyas imágenes ilustran el post, por el cual crea su propio cuerpo de espías, dentro de la Policía provincial.

Tal como dan cuenta los fundamentos de la norma, Pullaro se basó en la Ley 14246 que la Legislatura dictó apenas él comenzó su mandato, conocida como "ley provincial de inteligencia", analizada en su momento en ésta entrada.

Decíamos entonces que "El proyecto (luego aprobado) además -acorde a los tiempos que corren- representa un grave retroceso en materia de estándares democráticos, con la excusa alegada de mejorar la eficiencia en la lucha contra el delito. La redacción de la norma no deja dudas que el nuevo organismo quedaría legalmente facultado a "espiar por las dudas", sin conexión con una investigación policial concreta ni delitos determinados, yendo de "excursión de pesca" para "recolectar información. Sobre el punto es preciso recordar que el artículo 4° inciso 1) de la Ley de Inteligencia Nacional 25520 prohíbe a los organismos de inteligencia "Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal."".

Y además que "La CIOPE (Central de Inteligencia y Operaciones Especiales, la SIDE provincial) podría en el mismo marco -es decir, "yendo de pesca"- utilizar agentes encubiertos o "reveladores", "entregas controladas" (¿de droga, en el marco del narcomenudeo?, solo a los consumidores sería) e informantes pagos.". Señalamos también que "la "SIDE" de Pullaro podrá "...recolectar información" sobre actividades lícitas que las personas hagan en el ámbito público, como por ejemplo participar de una marcha de protesta, o una huelga.".

Basándose en el artículo 13 de la Ley 13521 del personal policial, el decreto de Pullaro crea un subescalafón dentro del Escalafón General  del personal policial, denominado Inteligencia; pese a que la misma ley ya establece desde 2006 un subescalafón denominado Investigación Criminal. 

Del contexto de ambas normas (la Ley 14246 de espionaje provincial, y el Decreto 3121) queda claro que el diseño de política de seguridad de la gestión de Pullaro incluye como componente necesario un cuerpo de espías (que por supuesto no sabemos quienes son, ni por quiénes y con que requisitos fueron seleccionados), que se van a dedicar a recopilar información, sin que esté directamente vinculada alguna causa judicial en trámite, o delitos concretos.

Decíamos en la anterior entrada que los espías pullaristas pueden incluso (porque la ley los autoriza) requerir autorización judicial para "...realizar interceptaciones o captaciones de comunicaciones privadas, seguimientos fotográficos, filmográficos, y espionaje acústico...".(escuchas)", aun "...cuando se no está investigando un delito concreto -y bajo control judicial en tales casos-, sino simplemente "recopilando y produciendo información".".

Es decir, a tono con los tiempos que vivimos (pero no con la democracia que recuperamos hace 42 años) sacrificar libertades esenciales y garantías constitucionales e intentar disciplinar la protesta social, tras el pretexto de mejorar las condiciones de seguridad, previniendo los delitos antes de que se produzcan: una especie de "Minority Report" berreta, dejado en las manos de una de las fuerzas policiales con más cuestionamientos y oscuro historial del país. 

Tuits relacionados: 

Pensar que todo está basado en una ley (la 14.246) que hizo votar al comienzo de su mandato, y viola groseramente la ley de inteligencia nacional 25520, como veíamos acá: https://t.co/AxWC4au1B0

— La Corriente K (@lacorrientek) December 10, 2025

LA CONSTITUCIÓN DE BUKELE

 

En medio de la más absoluta indiferencia ciudadana y sin que buena parte de los santafesinos siquiera sepan que tienen que ir a votar el domingo (no digamos ya que sepan que es lo que se vota), iremos a las urnas para elegir nada menos que los convencionales que han de reformar la Constitución de la provincia, vigente desde 1962.

Con el propio gobernador Pullaro encabezando la lista de convencionales del oficialismo (y los sondeos previos), que comenzó su campaña prometiendo que en la nueva Constitución provincial se terminan "todos los garantismos", y por si eso fuera poco para calmar al electorado de derecha nos aclaró esta semana que no se piensa hacer cargo del problema de los sueldos de los trabajadores de Vicentín porque en Santa Fe no gobierna un Estado comunista.

Como (aclaró) cuando estaba Perotti, que quiso intervenir la empresa a través de la Inspección General de Personas Jurídicas o Alberto Fernández, que la quiso expropiar pero después se arrepintió. De paso, culpó de los problemas de Vicentín no a los delincuentes de sus dueños y directivos que la vaciaron, sino...a la política que metió la cola y no los dejó vaciarla tranquilos, impidiendo que se homologara el concurso preventivo y su propuesta de pago a los acreedores.

Pero volvamos a lo del garantismo, que -en palabras de Pullaro- sería una promo que se cancela el domingo si gana las elecciones: ayer leíamos en Rosario 12 esta nota a Oscar Blando, socialista encargado del diseño de la reforma constitucional provincial que en su momento ensayara Lifschitz en su gobierno. Cuestiona Blando que la ley que habilitó la reforma permita que la futura convención reformadora discuta cambios en el artículo 9 de la Constitución provincial vigente, que replica las garantías establecidas en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

En desmedro de la brevedad, lo transcribimos íntegramente para que se entienda de que se trata el artículo: "Ningún habitante de la Provincia puede ser privado de su libertad corporal, o sometido a alguna restricción de la misma, sino por disposición de autoridad competente y en los casos y condiciones previstos por la ley. Toda persona que juzgue arbitraria la privación, restricción o amenaza de su libertad corporal, puede concurrir ante cualquier juez letrado, por sí o por intermedio de cualquier otra que no necesita acreditar mandato, para que la haga comparecer ante su presencia y examine sumariamente la legalidad de aquéllas y, en su caso, disponga su inmediata cesación. Ninguna detención puede prolongarse por más de veinticuatro horas sin darse aviso al juez competente y ponerse a su disposición al detenido, ni mantenerse una incomunicación por más de cuarenta y ocho horas, medida que cesa automáticamente al expirar dicho término, salvo prórroga por auto motivo del juez. Queda proscripta toda forma de violencia física o moral sobre las personas sometidas a privación o restricción de su libertad corporal. Nadie puede ser penado sino en virtud de un proceso y de una típica definición de una acción u omisión culpable previamente establecidos por la ley, ni sacado del juez constituido con anterioridad por ésta, ni privado del derecho de defensa. No se puede reabrir procesos fenecidos, sin perjuicio de la revisión favorable de sentencias penales en los casos previstos por la ley procesal. Cuando prospere el recurso de revisión por verificarse la inocencia del condenado, la Provincia indemniza los daños que se le hubieren causado. Las cárceles serán sanas y limpias y adecuadas para la readaptación social de los internados en ellas. No se alojará a encausados juntamente con penados y los procesados o condenados menores de diez y ocho años y las mujeres lo serán en establecimientos especiales. La ley propende a instituir el juicio oral y público en materia penal.". 

Recordando los dichos del gobernador sobre ponerle fina al garantismo, se pregunta Blando (y nosotros también) que cambios quiere introducir Pullaro en ese texto (la ley declaratoria de la necesidad de la reforma habla vagamente del régimen del habeas corpus), y como hacer que esos cambios sigan haciendo que el texto provincial se ajuste al nacional. Recordemos por nuestra parte que el artículo 6 de la Constitución provincial vigente (que no se piensa reformar) dice que "Los habitantes de la Provincia, nacionales y extranjeros, gozan en su territorio de todos los derechos y garantías que les reconocen la Constitución Nacional y la presente, inclusive de aquellos no previstos en ambas y que nacen de los principios que las inspiran.". 

La Constitución Nacional -por su parte- en su artículo 5 establece la cláusula federal de garantía, bajo la cual reconoce a las provincias el uso y goce de sus instituciones y su autonomía: "Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.". Es decir que en nuestro sistema jurídico ser "garantista" (crea lo que crea Pullaro) no es opcional.

Pero no solo las declaraciones del gobernador hacen sonar alarmas al respecto: esta misma semana -también ayer- veíamos acá en el propio portal oficial del gobierno que enviarían a la Legislatura un proyecto de ley para "capacitar" a jueces y fiscales para que comprendan las circunstancias en las que -en ciertos casos- los agentes de las fuerzas de seguridad deben disparar, e incluso matar. Se la denomina "ley Luciano" por Luciano Novelli, el Chocobar santafesino que fue condenado en primera y segunda instancia por matar a dos delincuentes ya rendidos por la espalda, y luego absuelto por la Corte provincial, como prenda de paz con Pullaro cuando éste amagó con descabezarla.

Para que se entienda: jueces y fiscales serían capacitados (por policías) para que los "comprendan" en esos casos y los exoneren de culpa y cargo, aunque las circunstancias marquen claramente que se trata de casos de gatillo fácil. Otra muestra de la política "anti garantista" del Bukele santafesino, que apenas  Novelli fue liberado de culpa y cargo por la Corte (que en rigor mandó a hacerle un nuevo juicio), lo incorporó como asesor al Ministerio de Justicia y Seguridad; seguramente para que organice los cursos en los que se enseñará a jueces y fiscales la doctrina Chocobar.

Y esta misma semana -más precisamente el lunes- Pullaro firmó el Decreto 598 (ver imágenes en el tuit al final del post) por el cual adjudicó una "licitación acelerada" para comprarle a la única oferta presentada (una ignota SRL) micrófonos ocultos para tareas de inteligencia por más de 150.000 dólares, para la SIDE provincial creada por la Ley 14246 (más información al respecto, en ésta entrada). 

Les va costar conseguir votos con el discurso manodurista a LLA acá en Santa Fe (el PRO es aliado de Pullaro), porque el gobernador los acapara todos. Tuits relacionados:

Joven argentino, si quieres dispararle a alguien por la espalda sin sufrir consecuencias legales... https://t.co/fOI4AlRCZm

— La Corriente K (@lacorrientek) April 9, 2025

Llegan a leer el proyecto de ley de Pullaro para inducir a los jueces a avalar el gatillo fácil de la cana, y se caen de culo. https://t.co/6RSn1LB8XE

— La Corriente K (@lacorrientek) April 9, 2025

No se fuguen a la estancia ni guarden las escrituras, gente, que Pullaro ya aclaró que en Santa Fe no gobierna el comunismo.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 8, 2025

Con los directivos de Vicentín presos por estafa y González Fraga (de su partido) libre pese a haberles regalado un préstamo del Banco Nación, Pullaro dice que el problema de la empresa es que Perotti y Alberto eran dos comunistas que no los dejaron vaciar la empresa.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 8, 2025

Saber que Pullaro tiene una SIDE provincial que hace tareas de inteligencia para la cual compraron micrófonos ocultos en una "licitación acelerada" a la que solo se presentó una SRL y le pagaron el 25 % de antemano me transmite muxa paz, @serdelfino. ¿A usted no?: pic.twitter.com/FXbOqZC4vp

— La Corriente K (@lacorrientek) April 8, 2025

SIGA SIGA

 

La semana pasada contábamos en esta entrada  como Milei había modificado por DNU la ley nacional de inteligencia, disolviendo la AFI y volviendo a crear la vieja SIDE, con todos sus viejos vicios. Algo coherente con un gobierno que elevó a Menem al procerato, pero para nada coherente con una democracia republicana, porque no se tomaron el trabajo de discutir los cambios en el Congreso. 

No conforme con eso, ayer -o sea menos de una semana después- Milei dicta otro DNU, el 656 (completo acá en el Boletín Oficial) por el cual le asigna 100.000 millones de pesos (si: cien mil, no sobra ningún cero) a la SIDE, y se dispone que toda esa plata tenga carácter de fondos reservados. es decir, que no deba rendir cuentas ante nadie de su uso.

No hay en el decreto la más mínima explicación de las razones por las que se dispone la medida, y por todos los fondos asignados tienen que ser secretos. Tampoco se dice nada respecto a por que se vuelve a apelar al DNU en lugar de darle al Congreso la intervención que corresponde, y cuáles serían las tremendas amenazas que se ciernen sobre el país, que justifiquen tamaña inyección de fondos secretos para el organismo de los espías.

Todo ello perpetrado por un gobierno que acaba de obtener del Congreso la delegación de facultades extraordinarias en la ley bases para hacer con el Estado lo que literalmente le plazca, y que desde entonces lo ha clausurado, en términos prácticos. 

No hace falta ser muy ducho para colegir que si no se dan las razones del decretazo, es porque no se pueden dar, al menos en público. Y tampoco hay que ser Sherlock Holmes para advertir que toda esa plata está destinada a un gigantesco fondo de reptiles para comprar periodistas, medios y realizar todo tipo de operaciones y carpetazos que nada tienen que ver con desarrollar labores de inteligencia para la defensa o la seguridad nacional.

Seguramente habrán quienes asocien el DNU al recalentamiento de la interna oficial entre Milei y la vicepresidenta Villarruel, como si a ella hiciera falta carpetearla para descubrirle secretos oscuros, cuando visitaba en la cárcel a Astiz y a Videla, y precisamente por eso la pusieron en la fórmula. Es más lógico en cambio asociar  la medida con la represión de la protesta social y de toda disidencia o cuestionamiento a las políticas oficiales.

Eso sería sin dudas más conteste con la innegable pulsión autoritaria del presidente, poco afecto a tolerar que se lo cuestione a él, a su visión ideológica o a sus políticas: el autoritarismo ha sido el rostro real de los autopercibidos liberales en la Argentina desde siempre, y Mileo no es la excepción.

Tampoco es descabellado pensar que el presidente dio este segundo paso hacia la construcción de un sistema estatal de espionaje a su medida porque cuando dio el primero -la disolución de la AFI y la creación de la SIDE- las reacciones del aro opositor fueron tibias, por no decir inexistentes. Y hasta acá, lo mismo ha pasado con este segundo decretazo, que marca que el anterior no estaba destinado a quedarse solo en los papeles.

La pregunta es cuando y con qué tema creerán los opositores -no hablemos ya de los "amigables", de los que nada puede esperarse- que es oportuno pronunciarse, o hacer algo al respecto para frenar la sostenida erosión del piso democrático que lleva a diario este gobierno autócrata; que tiende a fortalecer sus resortes de poder en estas cuestiones, al mismo tiempo que resigna el manejo del país a favor de la voracidad de los grupos económicos del país y del extranjero.

Aunque más no sea preguntar por qué es necesario que la SIDE tenga 100.000 millones de pesos en fondos reservados, o por qué para esos fines hay plata, y para el incentivo docente, subsidiar el transporte o pagar pensiones por discapacidad, no. Tuits relacionados:

Nadie del sistema político opositor piensa decir o hacer algo con el DNU publicado hoy por el que Milei le asigna 100.000 millones de pesos en fondos reservados a la SIDE?

— La Corriente K (@lacorrientek) July 23, 2024

Para darle 100.000 millones de pesos de fondos reservados a la SIDE hay plata.

— La Corriente K (@lacorrientek) July 23, 2024

Milei tuiteaba contra el periodismo ensobrado al mismo tiempo que firmaba un DNU otorgándole a la SIDE 100.000 millones de pesos de fondos reservados. Más cínico no se consigue.

— La Corriente K (@lacorrientek) July 23, 2024

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

 

En el Boletín Oficial de ayer salieron publicados los decretos con los que el gobierno de Milei pretende transformar el sistema nacional de inteligencia, entre ellos el DNU 614 por el cual se disuelve la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y se vuelve a crear la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), no obstante señalarse en los considerandos que hace más de tres décadas que el sistema no funciona correctamente: dos de esas tres décadas (hasta 2015) estaba encabezado justamente por la SIDE.

En el DNU se modifican además artículos de la Ley 25520 de inteligencia nacional, sorteando el debate en el Congreso, y eliminando el requisito del acuerdo del Senado para la designación de quienes encabecen el organismo. Como dato de color, el propio decreto de Milei recuerda en uno de sus considerandos que "...la muerte del ex-Titular de la Unidad para la Investigación de la Causa AMIA del Ministerio Público Fiscal, Fiscal General Natalio Alberto NISMAN, constituyó un hecho de suma gravedad institucional que generó un debate social y político acerca del funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional que contribuyó a la sanción de la citada Ley Nº 27.126.": efectivamente fue entonces -durante el segundo mandato de Cristina- la última vez que la regulación del funcionamiento de los servicios de inteligencia se discutió en el Congreso nacional, hoy nuevamente soslayado por un DNU.

Los argumentos que da Milei para volver a apelar en éste caso a la herramienta del decreto de necesidad y urgencia son como mínimo curiosos: así se señala "Que postergar la adopción de medidas tendientes a la mejora del Sistema de Inteligencia Nacional impedirá garantizar la seguridad, defensa e integridad, haciendo a la República Argentina vulnerable frente a las amenazas internas y externas." para acto seguido concluir en que "...esperar la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida,...".

Pasando en limpio: el gobierno que denunció intentos de golpes de Estado cuando las movilizaciones al Congreso mientras se discutía la ley bases, y más recientemente, cuando un banco de los más importantes de plaza ejecutó los puts de sus bonos del BCRA, está diciendo que no puede perder tiempo discutiendo una reforma del sistema de inteligencia en el Congreso y debe hacerla por DNU, para enfrentar con premura graves amenazas internas y externas. Muy tranquilizador todo. 

Como el hecho de que se diga en el decreto "Que ante una configuración internacional difusa, fragmentada y compleja, que implica la redefinición del escenario geopolítico, se impone profundizar las capacidades en materia de cooperación internacional para la producción de información de calidad y el abordaje mancomunado de problemáticas."  cuando el gobierno está siguiendo una política exterior incondicionalmente alineada con Estados Unidos, sus socios de la OTAN e Israel, tanto que en el siguiente considerando del mismo decreto se advierte: "Que el protagonismo asumido por la República Argentina en el escenario global como defensor de los valores republicanos de las democracias occidentales genera la urgente necesidad de contar con los medios adecuados para enfrentar las amenazas que provengan de organizaciones terroristas internacionales.", entre las cuales el gobierno termina de incluir a Hamas.

O sea: el gobierno está diciendo que su alineamiento internacional nos convierte en posibles blancos para nuevos atentados terroristas sin aportar el más mínimo dato al respecto, sin discutirlo en el Congreso y sin explicar -al soslayar todo debate- que beneficios obtenemos a cambio de tamaños riesgos que según el propio gobierno, podríamos correr. Todo después de recordar -en el mismo decreto, en otro considerando- "Que nuestro país fue objeto de ataques terroristas en los años 1992 y 1994 a la Embajada del Estado de Israel y a la Asociación Mutual Israelita Argentina, respectivamente, cuyos hechos aún no han sido del todo esclarecidos.", precisamente por la ineficiencia de la ex SIDE (que ahora Milei restablece) en prever los ataques, y su promiscua concupiscencia con servicios secretos extranjeros como la CIA y el MOSSAD apenas ocurridos, para encubrirlos. 

También destaca el decreto el atentado contra Cristina: "Que la tentativa de magnicidio a la ex-Presidente de la Nación, Dra. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, ocurrida en el año 2022, constituyó un hecho sin precedentes que puso de manifiesto una vez más las dificultades que atraviesa el Sistema de Inteligencia Nacional, por haber sido completamente inadvertida.". Es tan cierto que los servicios de inteligencia fracasaron entonces en preverlo, como que la justicia desde entonces ha hecho todo lo posible por encubrir a sus verdaderos autores intelectuales y financistas, que hoy son funcionarios de éste gobierno, como Caputo.

Por el DNU se amplían las funciones del sistema nacional de inteligencia y la AFI (ahora será la SIDE) contempladas en la Ley 25520: el inciso 1. del artículo 2 de la ley definía como "Inteligencia Nacional a la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación.", y la reforma que introduce Milei agrega "así como las oportunidades para la consecución de los intereses estratégicos de la Nación.", y al definir la contrainteligencia a la que la ley vigente precisa en el inciso 2. del mismo artículo como "...la actividad propia del campo de la inteligencia que se realiza con el propósito de evitar actividades de inteligencia de actores que representen amenazas o riesgos para la seguridad del Estado Nacional." agrega las amenazas para "...los intereses estratégicos de la Nación, la sociedad y representantes de gobiernos extranjeros.". 

También hace un agregado al mismo inciso 2. que amplía los alcances de la contrainteligencia hasta prácticamente lo que se les ocurra a los espías: "Dicha actividad incluye evitar acciones de interferencia, influencia o injerencia indebida de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general. Asimismo, incluye la Contrainteligencia Militar destinada a prevenir, detectar y contrarrestar acciones de inteligencia de actores que intenten afectar el propio poder militar”.". Otra vez: no tranquiliza mucho semejante visión en un gobierno presidido por alguien que cree -y lo acaba de decir- que el atentado contra Trump fue parte de una conspiración del comunismo y la izquierda internacional para terminar con el capitalismo y el mundo libre, como si estuviéramos en los tiempos de la Guerra Fría.

Y finalmente mientras se dice que podría volver Stiusso, el decreto alienta el cuentapropismo de los espías: en el texto vigente del artículo 5 bis de la Ley 25520, la violación del principio introducido en 2015 por la Ley 27126 según el cual las actividades de inteligencia serán ordenadas por las autoridades máximas del organismo entrañaba responsabilidad administrativa, disciplinaria y penal, sin que se pudiera alegar obediencia debida para exculparse. La reforma de Milei eliminó esta salvedad, con lo cual cualquier espía que haga tareas de inteligencia por la suya podrá alegar que alguien se lo ordenó.

Tuits relacionados:

Cualquier lector avispado descubrirá que los nuevos decretos que reponen la vieja SIDE no fueron redactados en el país, ni por expertos en inteligencia nacionales.

— La Corriente K (@lacorrientek) July 16, 2024

Coherentes con quien los firma, ninguno de los decretos de Milei supera un test mínimo de razonabilidad. Y si no lo creen, prueben leer los considerandos de alguno.

— La Corriente K (@lacorrientek) July 16, 2024

LA AFI DE PULLARO

 

Tal como da cuenta la imagen de apertura, el pasado 14 de diciembre ingresó a la Legislatura para ser tratado en sesiones extraordinarias el proyecto de ley de "Producción y Gestión de la Información para la Prevención del Delito" remitido por Pullaro. A poco de leerlo, se advierten cuestiones como mínimo inquietantes en una provincia cuya policía encabeza los ránkings nacionales de corrupción y vínculos con la narcotráfico, consecuencia de las políticas de dejarla "atendida por sus propios dueños" que siguieron los gobiernos del Frente Progresista.

El proyecto además -acorde a los tiempos que corren- representa un grave retroceso en materia de estándares democráticos, con la excusa alegada de mejorar la eficiencia en la lucha contra el delito. Así por ejemplo su artículo 2 define lo que entiende como su objeto y finalidad: "Se entiende por producción y gestión de información para la prevención del delito a la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información, referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que puedan afectar la seguridad de la Provincia, sus habitantes, empresas e instituciones para producir conocimiento destinado a orientar la formulación y ejecución de políticas en materia de seguridad pública y ciudadana.".

Basta confrontar la norma con el artículo 2° de la Ley 24059 de seguridad interior para advertir que es mucho más ambigua en cuanto a lo que entiende por "seguridad", y en ésta materia la ambigüedad suele ser deliberada, y por lo general, peligrosa. Así reza el artículo 2° de la ley nacional: "A los fines de la presente ley se define como seguridad interior a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional.".

Y si es ambigua la definición de "seguridad", por carácter transitivo serán ambiguas las disposiciones del proyecto en cuanto a las tareas de "espionaje", eufemísticamente llamadas "producción y gestión de información". Veamos por ejemplo como define la Ley 25520 (Ley Nacional de Inteligencia) a la inteligencia criminal en su artículo 2° inciso 3): "...la parte de la Inteligencia referida a las actividades criminales específicas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional." (las negritas son nuestras).

Y hay otra sugestiva -y peligrosa- diferencia en cuanto al alcance de las prohibiciones que se le ponen a las tareas de "recolección de información. Dice el artículo 4° del proyecto de Pullaro: "Prohibición. Queda prohibida la obtención, producción, almacenamiento de datos e información de las personas por razones étnicas, religiosas, ideológicas, de género, políticas, de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales y laborales, en especial la periodística, como así también por cualquier actividad lícita que desarrollen en su ámbito privado." (Las negritas son nuestras)

Sobre el mismo tema, el artículo 4° inciso 2) de la Ley de Inteligencia Nacional dice lo siguiente: "Ningún organismo de inteligencia podrá: 2. Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.". 

¿Se entiende la diferencia?: la "AFI" de Pullaro podrá "recolectar información" sobre actividades lícitas que las personas hagan en el ámbito público, como por ejemplo participar de una marcha de protesta, o una huelga. Eso, en un país en el que el presidente acaba de mandar al Congreso un proyecto de ley según el cual toda reunión de tres o más personas en un espacio público debe ser previamente autorizada.

Pero lo más preocupante del proyecto está en su artículo 9°, que es el que crea el organismo de espionaje ("recolección de información"), sin precisar si estará a cargo de policías o civiles. Dice el artículo en cuestión: "Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE). Dependiente de la subsecretaría de Inteligencia Criminal, tiene por objeto, primariamente, la construcción y el diseño de información necesaria para la definición de decisiones estratégicas, pudiendo tener en un momento posterior una deriva investigativa. Quienes integran la CIOPE pueden utilizar en el marco de las actividades de inteligencia, herramientas extraordinarias de monitoreo y seguimiento, que circunstancialmente pueden usarse para una investigación y servir de prueba. Asimismo, en su actuación propiamente investigativa y en el marco de un legajo, pueden utilizar medios excepcionales de prueba como el agente encubierto, el agente revelador, la entrega controlada y los informantes. Los integrantes de la CIOPE quedan eximidos del deber de denunciar y de todas las responsabilidades inherentes a la condición de auxiliares de la investigación. Asimismo, la CIOPE tiene competencia para realizar las actividades previstas en los artículos 58 y 59 de la ley de ejecución penal y para intervenir en materia de microtráfico de estupefacientes de conformidad al artículo 7 de Ley de adhesión a la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes (Ley Nº 26.052)".

Vamos por partes: 1) La redacción de la norma no deja dudas que el nuevo organismo quedaría legalmente facultado a "espiar por las dudas", sin conexión con una investigación policial concreta ni delitos determinados, yendo de "excursión de pesca" para "recolectar información. Sobre el punto es preciso recordar que el artículo 4° inciso 1) de la Ley de Inteligencia Nacional 25520 prohíbe a los organismos de inteligencia "Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal.".  Y 2): La CIOPE podría en el mismo marco -es decir, "yendo de pesca"- utilizar agentes encubiertos o "reveladores", "entregas controladas" (¿de droga, en el marco del narcomenudeo?, solo a los consumidores sería) e informantes pagos.   

Pero hay más: por el artículo 10 del proyecto se prevé que el Ministerio de Justicia y Seguridad tenga asignados fondos reservados para el funcionamiento de la CIOPE, sin precisarse ninguna forma de control del uso de los mismos; y por el artículo 12 se le permite al organismo el acceso a las bases de datos de los organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, creados o a crearse dependientes del Poder Ejecutivo de la Provincia; debiendo pedir (según el artículo 13) autorización judicial solo "Cuando en el desarrollo de las actividades de producción y gestión de información para la prevención del delito sea necesario realizar interceptaciones o captaciones de comunicaciones privadas, seguimientos fotográficos, filmográficos, y espionaje acústico...".(escuchas)

La pregunta es como serían necesarias todas esas diligencias cuando se no está investigando un delito concreto -y bajo control judicial en tales casos-, sino simplemente "recopilando y produciendo información". La misma oscuridad y discrecionalidad que existe para el manejo de fondos reservados y para definir los objetivos de la CIOPE campea en el proyecto en cuanto a la privacidad de la información "recolectada".

De acuerdo con su artículo 14, "La actividad de producción de información, el personal afectado a la misma y las bases de datos de los organismos del Sistema de Producción y Gestión de Información para la Prevención del Delito, llevarán la clasificación de seguridad que corresponda en interés de la seguridad de la provincia, aun cuando el conocimiento de estas deba ser suministrado a la justicia en el marco de una causa determinada. El acceso a dicha información será autorizado en cada caso por el Ministro de Justicia y Seguridad o el funcionario en quien se delegue expresamente tal facultad.".

Sin embargo, a continuación el artículo 15 establece la clasificación de la información en "secreta", "confidencial" o "pública" según pueda o no "...afectar gravemente los intereses fundamentales u objetivos vitales de la Provincia;" (no ya meramente la seguridad); y cuando su "...divulgación no sea perjudicial para los organismos del Sistema de Producción y Gestión de Información para la Prevención del Delito y que por su índole permita prescindir de restricciones relativas a la limitación de su conocimiento, sin que ello implique que pueda trascender del ámbito oficial, a menos que la autoridad responsable así lo disponga. " (Las negritas son siempre nuestras) 

¿Quién y como define cuáles son "los intereses fundamentales u objetivos vitales de la Provincia", y que vinculación tiene todo eso con la seguridad (como ya dijimos, ambiguamente definida), dado que el proyecto no contiene la más mínima previsión al respecto?

Como si no fuera poco con semejante grado de indeterminación y discrecionalidad, la desclasificación de la información -de acuerdo con el artículo 16 del proyecto- la dispondrá la reglamentación (o sea, el Poder Ejecutivo) en un plazo "...que no podrá exceder el de 10 años...", y en las condiciones de acceso que esa reglamentación establezca. O dicho de otro modo: se podría acceder a la información "recolectada" por los espías de la cana de Pullaro solo y recién, cuando y como al gobierno se le cante. 

Y así y todo, se lo aprobaron a libro cerrado en apenas dos semanas:

Otro bochorno más, y van. https://t.co/iccYjdY2PS

— La Corriente K (@lacorrientek) December 28, 2023

CARPETAZOS PARA (CASI) TODOS

 

Acá las palabras claves son "quienes fuimos opositores a ese gobierno". https://t.co/uwykw4ZV8L

— La Corriente K (@lacorrientek) December 28, 2021

A esta altura del campeonato, nadie se debería sorprender de nada, si de macrismo, persecuciones políticas (a propios y extraños) y espionaje organizado se trata: solo la justicia mafiosa de éste país puede sostener que los reiterados episodios que lo comprueban y documentan son "emprendimientos" de "cuentapropistas" que van por la suya para vender información al mejor postor, y no un plan organizado desde el núcleo mismo del poder del Estado; que involucra a sus máximas responsabilidades institucionales, el primero de ellos el propio presidente de la nación (Macri, en su momento).

De allí que el video donde la AFI macrista grabó y filmó a funcionarios del gobierno de Vidal armando una operación para sacar del camino a sindicalistas molestos, con la anuencia y complicidad de los empresarios que participaban de la reunión y la de los funcionarios judiciales mencionados que aun no lo desmintieron, en el fondo sea un "se veía venir" más grande que el Aconcagua. Como su filtración justo cuando Vidal anuncia su intención de competir por la presidencia, y Macri alerta que los que saquen los pies del plato "pueden desaparecer": los trazos del accionar mafioso del descendiente de calabreses suelen ser indelebles, e impune como se siente, no se preocupa por sutilezas, o por borrar las huellas.

Tampoco sorprende el blindaje mediático que silencia el episodio en las portadas de los principales diarios del país, ni el silencio de la dirigencia opositora, siempre tan atenta a los hechos que ponen en riesgo a la república, las libertades, las instituciones y coso. Sobre todo al coso. Y nadie podría asombrarse de las piruetas dialécticas que ensayan algunos amanuenses del régimen que fungen de pseudo intelectuales, para justificar lo injustificable.

Desde luego que la mención (elogiosa, casi apologética) de la Gestapo nazi no le generará al ex ministro de Trabajo de Vidal ni a su espacio político, ningún costo político en sus propias filas, o entre sus votantes: si se trata de perseguir opositores, en especial sindicalistas, y si por esa vía se logra cercenar derechos de los trabajadores sin levantar resistencias, se justifica lo que no se puede considerar un exabrupto, sino la auténtica expresión de un modo de pensar.

Hace ruido, sí -para que negarlo- el estruendoso silencio presidencial en torno al tema, ya que solo conocemos la opinión del gobierno por boca de la vocera Cerrutti, máxime cuando el video fue dado a conocer por la actual conducción de la AFI, que depende directamente del presidente que dijo en el Congreso que venía a echar luz sobre los sótanos de la democracia, y vaya si esto proviene de allí. Se supo por la vocera que el gobierno iniciará una denuncia penal por los hechos, cuyo destino final es dudoso, o no: probablemente termine en manos de jueces que concluyan que estamos ante otro caso de cuentapropismo.

Nos interesa, en cambio, destacar el contexto en el que la reunión filmada y grabada se produjo, allá por 2017, cuando el macrismo triunfaba en las elecciones intermedias, y en sus filas (y en buena parte de las opositoras) se le auguraba una larga hegemonía. Por entonces (y aun hoy) Milagro Sala estaba presa, lo mismo que Boudou, Julio De Vido era desaforado con el apoyo (por acción y omisión) de la oposición y Cristina trajinaba los tribunales defendiéndose; mientras desde el oficialismo y la "oposición responsable" se negaba el "lawfare", se votaba la ley del arrepentido, y empresarios y ex funcionarios del kirchnerismo eran "encuadernados" en una operación dirigida por los inefables Bonadío y Stornelli.

Para decirlo de una buena vez: no todos los que eran entonces -al menos formalmente, y en los roles asignados- opositores fueron perseguidos, espiados, encarpetados o encarcelados, ni todos tuvieron que afrontar causas judiciales, o lo tienen que hacer aun hoy. No hace falta hacer las listas de los que zafaron, pues basta confrontar la nómina de funcionarios o legisladores que hoy ocupan cargos relevantes en el oficialismo, gracias a la generosidad de Cristina, y sus votos. 

Que en muchos casos son los mismos que entonces renegaban de las "plazas de la militancia" porque allí se cantaba "Macri, basura, vos sos la dictadura", aserto que se comprobó cierto, con una exactitud infalible: de aquellos polvos, estos lodos. O estas Gestapos para perseguir opositores políticos o sindicales.

Asumir esto y correlacionarlo con lo que se supo después (o en rigor se confirmó) sobre los límites que el macrismo cruzó sin escrúpulos para sostenerse en el poder, nos ayuda a comprender el verdadero propósito de estos mecanismos propios de la dictadura: no tanto sacar de la cancha a rivales políticos potencialmente competitivos en términos electorales (que se lo buscó), como disciplinar al resto para que -en palabras de Macri- no sacara los pies del plato.

Y es esta segunda finalidad la que puede ayudarnos a entender las condiciones en las que Cristina cedió el primer lugar de la fórmula presidencial del FDT en 2019 (si es que no la explica por completo) y ciertas tibiezas e indecisiones actuales en las políticas de un gobierno que elige seguir comentando estos estropicios por las redes sociales, antes que hacer algo concreto para terminarlos de una buena vez. 

Estas reflexiones -no por dolorosas menos ciertas, e inevitables- iluminan nuestro pasado reciente, pero más aun nuestro futuro mediato, en tiempos de reelecciones prematuras, ajustes desmentidos -pero palpables- y acuerdos anunciados que se postergan, con el FMI. Tuit relacionado: 

Vidal, la que vos decías que estaba angelada, esa Vidal o es otra? https://t.co/Xvzsn7nDQV

— La Corriente K (@lacorrientek) December 27, 2021

LA MARCA DE LA GORRA

 

Esa es la idea

— La Corriente K (@lacorrientek) March 8, 2021

A propósito de la situación de Formosa, decíamos ayer acá: "Lo que está claro es que el formoseño parece ser un caso piloto de un "modus operandi" opositor (así como en tiempos de Macri Jujuy fue un laboratorio de ensayo del modelo de represión y persecución política a la oposición vía "lawfare"), consistente en promover la agitación callejera de ciertos sectores de la sociedad (fundamentalmente de clase media), para provocar episodios de represión, que luego se vuelvan en contra de los gobiernos del peronismo, y puedan ser usados en un doble sentido: promover las disensiones al interior de la coalición gobernante, y abonar a la idea de que el país avanza hacia una dictadura conculcatoria de las libertades públicas.

Y en esos casos, se sabe, se justifica todo. Como por ejemplo no someterse al juicio de la voluntad popular expresada en las urnas para cambiar el gobierno. Cosa de la que los argentinos tenemos sobrada experiencia.".

La movilización orquestada desde Buenos Aires para ayer por los "halcones" del PRO (si es que hay palomas) fue un completo fracaso, pero como vemos en el tuit de apertura, Pato Bullrich aprovechó el viaje para seguir llenando su álbum de fotos con sus amigos de uniforme. Y seguramente también para hacer alguna gestión para sacar de la cárcel a los 39 militantes de su "agrupación" detenidos porque participaron de los disturbios, para lo cual viajaron a Formosa. 

Hace un tiempo atrás en una heladería de Villa Gesell protagonizó un sonado episodio con policías de la bonaerense que la saludaron marcialmente, y el ministro Berli luego de bajarle  el precio al hecho, forzó un video de los canas en los que "admitían" haber sido "engañados" para ser parte de un acto político partidario.

Los dirigentes del PRO y agitadores en las redes como Florencia Arietto (esa aspirante a ser el trasvasamiento generacional de Bullrich como saltimbanqui de la política) promovieron el motín policial bonaerense del año pasado que rodeó la residencia de Olivos y la casa del gobernador en La Plata con vehículos y gente armada; e hicieron lo propio -incluso anunciándolo con antelación en público- con el programado para hace unos días; que concluyó en un estrepitoso fracaso precisamente porque Kicillof tomó la decisión correcta, separando de la fuerza a 600 policías que participaron del fragote anterior.

En su reciente paso por Rosario para un acto en la Fundación Libertad, Bullrich tuvo una virtual "parada homenaje" de la Gendarmería, con vehículos y todo, sin que la ministra Frederic averiguara siquiera los motivos, no digamos ya adoptar sanciones.

Y sobre el fin de semana la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, dijo que el presidente podía utilizar a la AFI para llenar de carpetazos a la oposición, pero había elegido no hacerlo. Una idiotez que le valió la insólita denuncia de legisladores del PRO por usar los servicios de inteligencia para perseguir opositores: los patos tirándoles a las escopetas.

Lo que sí pueden hacer los servicios de inteligencia de la AFI, de acuerdo con el artículo 8 inciso 2) de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, es "La producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos..., así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, con medios propios de obtención y reunión de información...". Es decir, reunir información para determinar hasta donde llegan realmente los vínculos de un sector de la oposición (el que hoy conduce en los hechos y en la calle al conjunto) con las fuerzas de seguridad, y con qué fines.

Porque la experiencia regional siguiente enseña que, sometidas las Fuerzas Armadas al poder civil en la mayoría de los países (Argentina es un buen ejemplo de ello), las fuerzas de seguridad han intentado ser utilizadas como un factor de desestabilización política, como acá lo sufrió incluso Cristina en su gobierno allá por el 2013, con amotinamientos simultáneos de varias policiales provinciales y la Gendarmería Nacional.

Cuestión de curarse en salud, porque como decía Perón, todos los hombres son buenos, pero si se los vigila son mejores. Y las mujeres como Patricia Bullrich -que no tienen muchas chances de ganar una elección- también.

QUE BIEN ESTÁBAMOS CUANDO ESTÁBAMOS MAL

Hay un consenso extendido en los análisis económicos y políticos (del que no quedan excluidos analistas "del palo") sobre que el segundo mandato de Cristina fue malo en todo sentido, y que allí hay que buscar las causas del triunfo de Macri en el balotaje presidencial del 2015.

Desde esa óptica, se exculpan otros factores como la división del voto peronista con la candidatura de Massa -decisiva para que hubiera balotaje, y para que a éste lo ganara Macri-, con la curiosa conclusión de que la responsabilidad mayor en la derrota del que conservó más votos y apostó a la candidatura del "peronismo realmente existente" como les gustaba decir a algunos por entonces, que la del que rompió desde el 2013 una unidad más amplia, y terminó siendo funcional al triunfo de la derecha en las urnas. Pariente cercano -en falsedad- del análisis según el cual Cristina "fue a menos", apostando al triunfo de Macri, para luego generar las condiciones para un "operativo clamor" pidiendo su regreso: lo curioso es muchos de los que dijeron eso fueron realmente "a menos" frente a Macri, siendo oposición.

Que el gobierno del 2011 al 2015 no fue perfecto y se cometieron muchos errores, o quedaron cosas pendientes que agudizaron determinados problemas generando malestar social y posibles "votos castigo", no caben dudas; del mismo modo que en el desarrollo concreto de la campaña pudieron existir -y de hecho existieron- errores de estrategia. Pero escindir determinados hechos del análisis para llegar a una conclusión predeterminada que -se vio luego- cohonestara ciertas conductas posteriores de "oposición razonable" al macrismo es, como mínimo, un ejercicio de deshonestidad intelectual.

El año electoral 2015 transcurrió en medio del escándalo por la muerte de Nisman, la ofensiva feroz de los fondos buitres para esmerilar al gobierno y obligarlo a rendirse incondicionalmente a sus demandas (con la imprescindible colaboración de aliados internos, desde la oposición a los grandes medios) y, ahora lo sabemos, la intromisión en la campaña de las más refinadas estrategias de influencia sobre la opinión pública como el trabajo de Cambridge Analytica, entre otros hechos relevantes. Aun con todo eso en contra, la fuerza que gobernaba entonces terminó perdiendo en un balotaje por un punto y medio, tras 12 años intensos de gobierno, y llevando a un candidato que no cumplió con lo que de él se esperaba, en cuanto a captar votos por fuera del núcleo duro, dado su perfil.

Pero volvamos al segundo mandato de Cristina, y ese consenso extendido sobre que fue un mal gobierno: no se trata de compararlo acá con el de Macri que lo sucedió, y con el cual hasta De La Rúa podría salir ganando según como se mire; sino de ver hoy, en las particulares condiciones concretas en las que se tiene que desenvolver el gobierno de Alberto Fernández, y las herramientas con las que cuenta para enfrentar la doble crisis (la heredada del macrismo y la generada por la pandemia). En ese sentido se creemos que se pueden destacar determinados ejes:

* Los bancos fueron (como siempre) los grandes ganadores en todo esto, con o sin pandemia, con o sin arreglo con los acreedores externos, y fueron a su vez los que sabotearon o retacearon colaboración a todos los planes desplegados por el gobierno para atemperar los efectos de la crisis. Si el gobierno actual tiene algunas herramientas legales a su alcances para regularlos y forzarlos a cumplir con determinadas cuestiones (líneas de crédito productivo, piso de tasas para los plazos fijos, límites de tenencias de títulos públicos), es gracias a la reforma introducida en la Carta Orgánica del Banco Central en el 2012, mediante la Ley 26739.

* En los orígenes de su mandato, Alberto Fernández pensó en una "salida exportadora", haciendo hincapié en las divisas que podría generar Vaca Muerta, aunque claro, luego las cosas cambiaron: sobrevino la pandemia y el precio internacional del petróleo se derrumbó. Sin embargo, si existe alguna posibilidad de que desde allí se aporte a la recuperación de la economía, será con el liderazgo de la YPF cuyo control recuperó el Estado en el 2012, con la Ley 26741. De hecho hace poco y como veíamos acá, los números de la petrolera fueron mucho mejores durante el gobierno "chavista" de Cristina, que con el "market friendly" de Macri. 

* Sobre la importancia estratégica del Programa Procrear (creado en el 2012 por el DNU 902), no hay mucho que agregar, salvo que fue reconocida por el propio Alberto Fernández hace poco cuando lo relanzó, en los fundamentos del DNU 643.  

* Si el Procrear fue y es posible, es gracias a la existencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, creado cuando el Estado liquidó en 2008 el sistema de jubilación privada de las AFJP. En el año 2015 Cristina hizo votar en el Congreso la Ley 27181, que protegía de "privatizaciones" las tenencias accionarias del Fondo en distintas empresas privadas, disposición protectora volada de un plumazo por el macrismo con la Ley 27260 que aprobó la "reparación histórica", y como resultado de esas y otras medidas, el FGS perdió -durante el gobierno de Macri- la mitad de su valor en dólares, tanto así que desde la ANSES se evalúa ahora propiciar una ley...para proteger sus activos.

* Tampoco creemos que sea necesario agregar demasiado sobre la importancia de mantener una postura firme en la negociación con los fondos buitres, y en darse una política de desendeudamiento como condición para poder crecer: al gobierno de AF le tocó padecer hace poco lo que los fondos inversores son capaces de hacer a la hora de bloquear una negociación, y los "principios de sustentabilidad de la deuda pública" con los que Martín Guzmán condujo la negociación e incluso se hicieron aprobar por el Congreso, son sustancialmente los mismos que el gobierno de Cristina planteó exitosamente en su momento ante la ONU, y fueron aprobados en el 2015 por su Asamblea General.  

* El gobierno de Alberto Fernández emprendió, bajo la conducción de la ex fiscal Cristina Caamaño, un profundo proceso de reestructuración de la AFI. Y al hacerlo, retomó no solo las líneas centrales, sino las propias normas que en ése área había aprobado Cristina en su segundo mandato: veíamos acá que, a poco de asumir el gobierno, repuso los Decretos 1311 y 2415 dictados por ella en el 2015, para quitarle el carácter de fondos reservados a la mayoría de las partidas del organismos, que Macri luego les repuso.  

* Y por último, lo más actual: en el DNU 690 por el cual declara como servicios públicos a la telefonía celular, la televisión paga y los servicios de Internet, el propio Alberto rescata conceptos y regulaciones que estaban en la Ley 27078 de "Argentina Digital" aprobada en el 2014, y que Macri desguazara prolijamente en su gobierno, junto con las cláusulas de la ley de medios que eran más irritativas para los intereses del Grupo Clarín.