EL RETORNO, UN CLÁSICO

 

El miércoles de la semana pasada por el Decreto 1547 cuya imagen abre el post, Pullaro adjudicó la construcción de la estación policial que funcionará en el Parque Federal de Santa Fe.

En la licitación se presentaron catorce (14) ofertas, cuatro (4) de ellas por encima del presupuesto oficial en un rango que va del 0,84 % al 29,82 %. Las otras diez (10) estuvieron por debajo del presupuesto oficial, en un rango que va del 5,64 % al 18,44 %. 

La UTE que terminó siendo adjudicataria cotizó un 18,44 % más barata que el presupuesto oficial, pero -y éste es el dato relevante- un 59,16 % menos que la oferta más cara de las presentadas en una licitación armada para ejecutar un contrato de obra pública por unidad de medida y precios unitarios. Esa diferencia representa en plata de más de 8714 millones de pesos.

Y es tanta que deja la duda si todas las empresas cotizaron exactamente la misma obra, o estamos ante otro caso -y van- de empresas "groupíes" presentadas a las licitaciones, para simular competencia. O como se dijo acá: "Lo que muy probablemente puede ocurrir haciendo que sean gratis los pliegos -como serán ahora- es que se presenten empresas "groupíes" (como en los remates) que inflen artificialmente sus cotizaciones sin ninguna responsabilidad ni costo, para crear una apariencia de concurrencia y competitividad; y que termine ganando el caballo del comisario, aunque cotice caro, pero pareciendo -por comparación- que lo hizo barato.".

Una de las dos empresas que conforman la UTE ganadora es propiedad de Marcelo Vorobioff: por si algunos no lo conocen o no lo recuerdan, el ex presidente del directorio del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe eyectado de su cargo en el gobierno de Bonfatti (luego de negar que fuera funcionario público) y con causas en la justicia por hechos de corrupción.

Este lunes 3 Pullaro adjudicó otra obra mediante el Decreto 1587 cuyas imágenes cierran el post, en éste caso para la limpieza de los canales troncales de la zona norte de la provincia.

En la licitación se presentaron ocho (8) ofertas cuyos montos no discrimina el decreto, y la finalmente adjudicada cotizó por los trabajos un 58,91 % menos que el presupuesto oficial. La UTE ganadora fue impugnada por otra empresa porque fue conformada para participar de otra licitación, la de la limpieza de los canales de la zona centro. La impugnación fue rechazada. 

Una de las dos firmas que integran la UTE adjudicataria (que terminó cotizando casi 4651 millones de pesos menos que el presupuesto oficial) es al mismo tiempo una de las adjudicatarias del contrato de mantenimiento del alumbrado público otorgado por el intendente Poletti, por más de 23.000 millones de pesos (más información, acá) 

O estamos ante un caso de extraordinaria eficacia administrativa de la gestión Pullaro en las licitaciones públicas que le permite a la provincia obtener ofertas baratas y abaratar costos, o las reparticiones que arman los presupuestos oficiales están teniendo problemitas de cálculo y les salen un poco inflados, sin correspondencia con los valores del mercado.

O estamos ante otra cosa, sobre todo teniendo en cuenta quienes se terminan beneficiando de las aparentes contradicciones.

Tuits relacionados: 

A mí saber que a la licitación que armó Pullaro para el control de ausentismo, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de los empleados públicos se presentó una sola empresa y es la del ex canciller de Milei, Whertein, me transmite muxa paz, @serdelfino: pic.twitter.com/pirBiXPbVY

— La Corriente K (@lacorrientek) August 3, 2026

En una época para que el Estado contratara en forma directa sin hacer licitación pública no alcanzaba con que una empresa fuera representante exclusiva de un producto, sino que era necesario demostrar que no había otros más convenientes, @serdelfino. Dice Pullaro que ya fue eso: pic.twitter.com/DgNSOiYTuu

— La Corriente K (@lacorrientek) August 3, 2026

¡Bienvenido Ellon Musk a la provincia invencible de Santa Fe!: pic.twitter.com/15uR4SbqeJ

— La Corriente K (@lacorrientek) August 3, 2026

LA MORAL COMO POLÍTICA DE ESTADO

 

Desde que hace poco más de tres meses Milei tituló su discurso en el Congreso bajo el rótulo "La moral como política de Estado" pasaron cosas. Como por ejemplo que una pericia informática de la Policía Federal (insospechada de kirchnerista) demostró que antes de que él tuiteara el contrato de la criptomoneda Libra éste no existía en las redes, lo que significa que estaba en conocimiento de la maniobra desde el comienzo, mintió descaradamente al decir que lo vio y lo replicó para difundirlo y es partícipe necesario (legalmente coautor) de la estafa.

En el mismo lapso y en el marco de la causa que investigan las coimas en la ANDIS y en las que la justicia del régimen viene haciendo malabares para no inculpar a su hermana, el principal acusado hasta acá, Spagnuolo, pidió una pericia de los audios en los que cuenta como eran las maniobras; para luego negarse a dar su voz a esos fines, y desistir de la prueba que ofreció; porque sabe que lo autoincriminaba. También se conoció que fueron más de 1200 los créditos hipotecarios de favor concedidos a funcionarios del gobierno y militantes de LLA en todo el país, mientras el gobierno sacaba a la venta la empresa AYSSA por el 8 % del valor de su patrimonio, en otro escandaloso regalo de los bienes públicos. 

Del mismo modus operandi es la venta de la participación del Estado en Transener (la principal transportista de electricidad en todo el país) a través de una licitación en la que los ganadores ofertaron después de conocer las ofertas de los demás participantes; y la concesión del dragado y balizamiento de la mal llamada hidrovía a la misma empresa que lo viene haciendo desde los tiempos del menemismo, en una licitación armada a su medida, basada en informes falsos y sin ningún estudio de impacto ambiental, avalada por un juez federal que en estos momentos enfrenta un jury en el Consejo de la Magistratura para ser destituido. En ambos negocios participan los hermanos Neuss, amigos del asesor sin cargo Santiago Caputo; y en el caso de la hidrovía la otra empresa que competía era apadrinada por los miembros de la familia Menem con cargos en el gobierno.

Apareció muerto en su departamento el contador y socio de Martín Menem en una empresa de suplementos dietarios que también está denunciada por cobrar sobreprecios en las licitaciones de la ANDIS, y el culebrón de la declaración jurada de Adorni terminó con el cuento chino del pen drive perdido con 800.000 dólares, y el jefe de gabinete y su mujer acogiéndose a la ley de inocencia fiscal, en una clara confesión de que evadieron impuestos y tuvieron ingresos de origen turbio.

La misma ley -que no hubiera sido posible sin la colaboración de la "oposición dialoguista"- a la que se acogieron Sturzenegger, el propio jefe del ARCA, el segundo de Caputo en Economía y periodistas como Feinmann, Gasulla o Novaresio, a los que Milei debe considerar seguramente dentro del 5 % que no están ensobrados. Al mismo tiempo, está al caer el otorgamiento de la concesión del predio de Tecnópolis por un precio irrisorio a una empresa vinculada a la hermana del presidente, en la que participa la mujer del jefe de gabinete; a quien también se investiga por contratos con el Estado.

Mientras todas estas cosas pasaban, y mucho tiempo antes, el gobierno recortó partidas del presupuesto destinadas a las personas con discapacidad, a las pensiones sociales, lo comedores comunitarios, los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, las universidades y el sistema de investigación científica; y se embolsó los fondos del impuesto destinado a financiar el mantenimiento de las destrozadas rutas del país, mientras volvía a ponerlas en concesión como en los tiempos del menemato y el macrismo, para que las empresas cobren peajes sin hacer obras. Eso, mientras entregaba los recursos naturales del país en el marco del RIGI, la ley bases, el DNU 70 y el alineamiento incondicional con los Estados Unidos e Israel y quiere eliminar toda restricción para la compra de tierras por extranjeros.  

Cada una de esas medidas inicuas de la "motosierra" era justificada siempre en la presunta existencia de "curros" en el Estado financiados con los recursos públicos, mientras la banda de descuidistas que nos gobierna en nombre del poder económico se llenaba los bolsillos. Y esa circunstancia es la que determina precisamente el contexto en el que el problema de la corrupción de éste gobierno debe ser abordado desde el punto de vista analítico y de praxis política: las corruptelas que vemos a diario por parte de una banda de advenedizos que se han visto de golpe ante la oportunidad de sus vidas para forrarse, no nos deberían hacer perder de vista lo nocivo de las políticas que gestionan para el país, y para la mayoría de sus habitantes, que son mucho más graves que cualquier robo hormiga, aunque el gobierno sea un gigantesco hormiguero.

Como tampoco deberíamos perder de vista que es el precio que esos buscas (con Milei a la cabeza) le cobran al poder económico para poner la cara por él y gerenciar el saqueo del país: los que llegaron con la motosierra blandiendo el discurso de terminar con los gerenciadores de la pobreza son en realidad los que gerencian la riqueza de los que siempre fueron ricos, y de paso la suya -más módica y reciente, pero más inexplicable y por eso más ofensiva para algunos- en el proceso. 

También es parte del contexto que debe integrarse al análisis del fenómeno el burdo intento del círculo rojo para salvar el modelo, sacrificando a sus circunstanciales ejecutores que son Milei y su banda de forajidos, empezando por su propia hermana y su jefe de gabinete. De allí que no debería sorprender que la misma justicia que hasta aquí los vino protegiendo (justicia en la que acaban de designar una cantidad de jueces como no se veía en años, creyendo que así se cuidan las espaldas a futuro) los lleve mañana al cadalso cuando ya no sean útiles, para demostrarnos que las instituciones funcionan y lo que falla no es el modelo, sino ciertas personas.

Ni más ni menos que eso es lo que acaba de decir Macri en su paso por Santa Fe hace unos días, cuando en presencia del gobernador Pullaro y el intendente Poletti (que no lo desmintieron) señaló que el rumbo del gobierno es el correcto y debe ser mantenido, pero mejorando su implementación. Y con otras palabras, es lo que están diciendo las calificadoras de riesgo cuando en medio del clima de degradación institucional, descomposición democrática (con la principal líder de la oposición presa y proscripta por causas judiciales inventadas, y medio padrón electoral absteniéndose de votar) y podredumbre moral que agobia a los argentinos le mejoran la nota al país, para tentar a su gobierno a volver a tomar deuda en los mercados de capitales.

A ese cinismo, a esos valores impostados y fraudulentos y a esos intereses bien concretos y tan poderosos como dañinos para el país, hay un sector del peronismo que se empeña en hacerle guiños para seducirlos y disipar sus temores respecto a que podría afectarlos, de llegar al gobierno. Eso es mucho más grave aun -en términos políticos- que cualquier trapisonda de Adorni, en definitiva un personaje menor condenado al olvido. Tuits relacionados: 

Están seguros que Milei reelige pero se anotaron todos en la ley de inocencia fiscal. Algo no cierra.

— La Corriente K (@lacorrientek) June 10, 2026

Jodéme que la ley de inocencia fiscal no era una herramienta para que las Pymes pudieran levantar los embargos y los pedidos de concurso preventivo de acreedores.

— La Corriente K (@lacorrientek) June 10, 2026

El kirchnerismo se robó un PBI, incluso dos. Pero todos los que entraron a la ley de inocencia fiscal son funcionarios de éste gobierno y periodistas ensobrados por él. Acá no entiende el que no quiere.

— La Corriente K (@lacorrientek) June 10, 2026

Sacan un préstamo en el Banco Nación, se acogen a la ley de inocencia fiscal, toman mate.

— La Corriente K (@lacorrientek) June 11, 2026

El pituto de García Belsunce era más creíble que el pen drive de Adorni.

— La Corriente K (@lacorrientek) June 11, 2026

Que la inocencia fiscal te valga.

— La Corriente K (@lacorrientek) June 11, 2026

Adorni ahorró un montón de dólares en el gobierno de Cristina y los pudo encanutar sin que la Gestafip kukarda lo descubriera ni persiguiera aunque tuiteaba todo el tiempo contra el gobierno. Es así o nos perdimos algo?

— La Corriente K (@lacorrientek) June 11, 2026

Buen día manga de crotos. Ya revisaron a fondo sus taperas a ver si les quedó en alguna parte un pen drive con 800.000 dólares?

— La Corriente K (@lacorrientek) June 11, 2026

El que dice que encontró un pen drive con 800.000 dólares ahorrados en negro es el mismo que te mostraba una radiografía de un perro para contarte que con eso sacaron una pensión por invalidez. Y vos todavía hoy lo repetís convencido de que era cierto.

— La Corriente K (@lacorrientek) June 11, 2026

Los que entraron en la ley de inocencia fiscal para lavar la guita en negro que encanutaron evadiendo y coimeando son los que dicen que hay que terminar con la ley de zonas frías que te permite calefaccionarte en invierno sin tener que dejar un riñón para pagar la factura del gas

— La Corriente K (@lacorrientek) June 11, 2026

Las pensiones por discapacidad. Los medicamentos del PAMI. Las prestaciones para discapacitados. Los comedores comunitarios. Las becas del CONICET. Para Adorni todos eran curros, menos los de él. El curro es el otro.

— La Corriente K (@lacorrientek) June 11, 2026

DIME DE QUE PRESUMES, Y TE DIRÉ DE QUE CARECES

 

La semana pasada anduvo por Santa Fe Macri, en su gira promoviendo un "operativo clamor" para ver si se lanza de nuevo como candidato a presidente. Se reunió con Pullaro y con Poletti, con el pretexto de una recorrida por las obras en marcha para los Juegos Suramericanos que se desarrollarán éste año en la provincia.

En la oportunidad, el dueño del grupo SOCMA (y de una de sus empresas, el PRO) dijo que "La competencia sana, como se demostró durante nuestro gobierno hace licitaciones transparentes. Los mismos constructores que estaban en los "cuadernos" terminan construyendo 30 40% más barato en tiempo y forma, con lo cual depende de la conducción política que se termine con la corrupción en Argentina...". La jactancia -exenta de pruebas o ejemplos concretos, que ninguno de los periodistas presentes se sintió obligado a pedirle- es semejante a la que exhiben, casi con las mismas palabras, Pullaro y sus funcionarios cuando hablan de la obra pública provincial.

Tratan de esa manera de diferenciarse de Milei (aunque en la misma recorrida Macri dijo que su rumbo era el correcto y había que mantenerlo, mejorando la implementación) que abjura de la obra pública, y -sobre todo- de fidelizar el voto gorila asociando al peronismo en general y en especial al kirchnerismo y a Cristina, con la corrupción en ese campo: "Nosotros no robamos y por eso podemos hacer más y mejores obras, más baratas y terminarlas", sería el remate de la muletilla, que repiten con frecuencia acá el gobernador y sus funcionarios.    

Pero si la cuestión era destacar la transparencia en las contrataciones en la provincia, eligieron el peor ejemplo, porque los fondos con los que se costean las obras para los Juegos y los procedimientos a través de los cuales se seleccionan los contratistas no los maneja el Estado santafesino, sino una "asociación civil" constituida con el expreso propósito de excluir las normas de la contratación pública: al respecto decíamos nosotros en ésta entrada: "...el cometido (organizar los juegos) es público, el fin de las eventuales contrataciones es público, los fondos con los que esos contratos se van a pagar son públicos, pero la figura elegida para seleccionar a quien se contrata es privada, porque las normas públicas que existen para eso (por ejemplo la licitación pública), son un estorbo. O sea la idea es crear un organismo para que pueda contratar sin hacer licitación ni seguir las normas y procedimientos del Estado, y una vez terminados los juegos y gastados de ese modo los 75 millones de dólares que la provincia pidió prestados, disolverlo.". 

Como parte del discurso autocelebratorio de la presunta transparencia de los procesos de contratación en la provincia, ya en los inicios de su gestión Pullaro anunció con bombos y platillos que los pliegos iban a ser gratis para los oferentes para facilitar la concurrencia. Djimos nosotros en ese momento: "Lo que muy probablemente puede ocurrir haciendo que sean gratis los pliegos -como serán ahora- es que se presenten empresas "groupíes" (como en los remates) que inflen artificialmente sus cotizaciones sin ninguna responsabilidad ni costo, para crear una apariencia de concurrencia y competitividad; y que termine ganando el caballo del comisario, aunque cotice caro, pero pareciendo -por comparación- que lo hizo barato.". Cosa que hemos demostrado acá (ver la etiqueta "contrataciones del Estado" a la derecha del blog) ha ocurrido en innumerables oportunidades desde diciembre del 2023. 

Dicho esto ahora, cuando a raíz del testimonio de Lavagna en la causa "Cuadernos" mucha gente descubrió que existe algo llamado cartelización entre los contratistas del Estado; y cuando en la Legislatura provincial se discute la figura de la "ficha limpia" para ellos; el mismo día que el gobierno de Pullaro le adjudicaba la enésima obra a Pecam, la contratista favorista del socialismo.

Y cuando ésta misma semana, unos días después del paso de Macri por Santa Fe, Pullaro modifica por segunda vez en su gobierno el reglamento del Registro de Licitadores de Obra Pública. En medio de un espesa sarasa sobre "gobernanza de datos" y "reducción de complejidades y requisitos innecesarios o redundantes en los trámites y procedimientos administrativos", se filtró en el texto del Decreto 1173 del 8 de junio el propósito real de la reforma: "Que en cuanto a las modificaciones de carácter técnico y con el objeto de simplificar los procesos de inscripción, habilitación y determinación de capacidades, se resolvió eliminar las figuras de las “capacidades técnicas” y las “capacidades técnicas por especialidad”, como también la exigencia de contar con un profesional con determinadas características según la especialidad, modificando el período a tener en cuenta para determinar el grado de compromiso adquirido por una empresa (desde la adjudicación), entre otras;...". (las comillas son del texto y las negritas son nuestras)

Los conceptos ahora eliminados (que las empresas licitantes acrediten capacidades técnicas generales y específicas, y designen al frente de la obra a alguien que las posea) estaban contenidos en las reglamentaciones vigentes desde la sanción de la Ley de Obras Públicas de la provincia 5188 en 1960, y en sus sucesivas reglamentaciones, incluyendo el Reglamento del Registro de Licitadores aprobado por Decreto 1/95 modificado el año pasado por Pullaro por el Decreto 333. Ahora desaparecerán, porque el anexo del nuevo decreto nada dice al respecto, ni lo difiere a alguna norma posterior para que lo establezca.

La Capacidad Técnica por Especialidad consideraba los antecedentes de las obras más importantes realizadas por la empresa, conforme. al monto contractual y plazo de ejecución de cada una de ellas, terminadas en el plazo establecido, al tipo de relación contractual (si era sola o en asociación con otras empresas), y al valor del equipo y herramientas de su propiedad que tengan aptitud para ser utilizados en la especialidad considerada (obras viales, hídricas, de vivienda, de infraestructura para uso del gobierno).

Sobre todo esto (así como sobre el modo de cálculo de todas las capacidades exigibles) nada dice ahora (con el reciente decreto de Pullaro) el nuevo reglamento del Registro de Licitadores de Obra Pública, con lo cual aumenta el riesgo de adjudicarle obras a cualquiera, en cualquier condición, pero eso sí: pudiendo decir después que se consiguió hacerlo más barato. Aunque si de eficiencia o eficacia en la aplicación de los recursos públicos se trata (algo de lo que también se jacta la propaganda oficial) el mismo día (el lunes 8 de éste mes, ayer) Pullaro firmó el Decreto 1164 disponiendo el pago de 46.559 millones de pesos en concepto de intereses por la deuda en dólares contraída emitiendo bonos en los mercados, para realizar obras de infraestructura logística en los accesos a los puertos del sur de la provincia; obras que las cerealeras -sus principales beneficiarias- no quieren pagar, ni siquiera en parte.

Tuits relacionados:

...eliminar las figuras de las “capacidades técnicas” y las “capacidades técnicas por especialidad”, como también la exigencia de contar con un profesional con determinadas características según la especialidad. O sea que van a contratar a cualquiera, en cualquier condición: pic.twitter.com/fZbuGEuUTd

— La Corriente K (@lacorrientek) June 8, 2026

Mala suerte la de esta chica Cattalini, @serdelfino. Meter la ficha limpia para lo contratistas justo el día que Pullaro le da la ampliación de la cárcel de Rosario a los amigazos de Pecam. Porque quiero creer que el proyecto no es contra Nahuel, que lo promociona en el diario: pic.twitter.com/dgcmIXO3ZZ

— La Corriente K (@lacorrientek) June 3, 2026

Mientras las cerealeras se niegan a poner un peso para arreglar los acceso a los puertos, la deuda que la provincia contrajo para pagar las obras ya está generando intereses, y solo este mes representan casi 46.559 millones de pesos. Con esa guita algo se podría hacer, no?: pic.twitter.com/9ZLOGwTvbK

— La Corriente K (@lacorrientek) June 8, 2026

¿QUIÉN LOS VIGILA?

 

Hace poco más de un mes atrás, te contábamos en ésta entrada como en apenas 38 días, Pullaro había invocado tres veces -con variados argumentos- la condición de exclusividad de determinadas empresas para contratarlas en forma directa y sin hacer licitación pública, por contratos que sumaban en conjunto más de 1450 millones de pesos. Pocos días más tarde, repitió la maniobra para la "actualización" del Museo del Deporte, en otro contrato que sumaba 1002 millones. 

Claro que hacer licitación pública tampoco es la panacea, sobre todo si hablamos de las "licitaciones aceleradas" que permitía la Ley 14237 de emergencia en seguridad, que estuvo en vigencia hasta diciembre del año pasado; y en cuyo marco se contrató "...la provisión, instalación y puesta en marcha de una nueva arquitectura de videovigilancia pública, nuevas cámaras de seguridad y nuevos tendidos de fibra óptica con la contratación de servicios de mantenimiento, readecuación de la nueva sala de datos y de servicios conexos, a partir de la necesidad de evolucionar y ampliar el actual Sistema Provincial de Videovigilancia hacia una arquitectura interoperable con una plataforma única, incorporando Inteligencia Artificial;...".

La contratación fue adjudicada por el Decreto 706 firmado por Pullaro el pasado viernes 10 a la empresa NEC Argentina S.A. por un monto superior a los 32 millones de dólares, o lo que es lo mismo unos 44.808 millones de pesos. La empresa fue la única oferente en la licitación.

Algo que no solo sucedió en relación a esa misma empresa, en esta oportunidad: es una vieja conocida de los santafesinos porque en las mismas condiciones -única oferente en una licitación armada a su medida- fue adjudicataria de contratos para la instalación de cámaras y sistemas de video vigilancia en 2012, 2013 y 2015 (con el gobierno de Bonfatti)

Y ya en el gobierno de Pullaro, en diciembre del 2024 y basándose en esos antecedentes (las licitaciones que ganó con Bonfatti siendo la única oferente en todos los casos), se la contrató en forma directa (sin licitación) para la instalación de 120 puntos de monitoreo en la ciudad de Rosario, por más de 3 millones de dólares. El mismo día (el viernes pasado) Pullaro firmó otro decreto (el 697), por el cual con el mismo argumento que en su momento favoreció a NEC para contratarla en forma directa ("ya estaban desde antes, mejor que sigan ellos"), adjudicó a favor de la de la firma OCP TECH S.A., "...la prestación de un Servicio de Mantenimiento Correctivo, Preventivo y Evolutivo del Ecosistema “TIMBÓ” para la Provincia de Santa Fe,..." por 3 millones de dólares (unos 4000 millones de pesos, aproximadamente)  

Decíamos antes que la nueva "licitación acelerada" se basó en la ley de emergencia en seguridad, que permitía apelar a ese procedimiento que permite reducir el plazo que media entre la publicación de la licitación y la puesta a la venta de los pliegos, y la fecha de apertura de las ofertas. Con el argumento de la celeridad, lo que sucede es que las empresas tienen menos tiempo para armar sus propuestas, a menos que se trate de una empresa (como NEC) que sabe de lo que se trata, y lo pueda hacer.

Cuando en diciembre del año pasado se estaba por vencer la emergencia en seguridad, el gobierno de Pullaro anunció que no la iba a renovar en lo que refiere a los procedimientos excepcionales de contratación, porque ya estaban en condiciones de planificar con más tiempo: así lo señaló el ministro Cococcioni en su visita a la Cámara de Diputados: "...el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, anticipó el pasado miércoles a una comisión de la Cámara de Diputados que el objetivo es no tener más las facultades especiales para compras y licitaciones y solo mantener el capítulo relativo a recursos humanos.".

Sin embargo, pasaron cosas: la emergencia se vencía el 16 de diciembre, y seis (6) días antes, el 10, el gobierno de Pullaro llamó a una "licitación acelerada" (con plazos más abreviados que una normal) para adjudicar un contrato que, como dijimos, supera los 32 millones de dólares, unos 44.808 millones de pesos. Esa licitación es la que el gobernador terminó adjudicando a NEC Argentina S.A. por el Decreto 706 del viernes pasado. 

Y pese a que hacer uso de ese procedimiento supone que la cuestión es de extrema urgencia, la única oferta presentada (la de NEC) se abrió el 14 de enero de éste año (cuando la emergencia en seguridad ya no estaba vigente), y se tomaron casi tres meses (hasta el viernes pasado) para resolver adjudicársela: evidentemente ya no era tan urgente el contrato, o pesaron otras razones para no hacer una licitación normal. NEC Argentina S.A. (desde hace muchos años) nos viene vigilando a los santafesinos. La pregunta es ¿Quién vigila a los que la contratan? Tuits relacionados: 

Resulta que Pullaro tenía que contratar el mantenimiento y operación de un nuevo sistema de videovigilancia por cámaras y coso que nada que ver con el anterior, @serdelfino. Entonces hizo una "licitación acelerada" basado en la ley de emergencia en seguridad...que se venció...

— La Corriente K (@lacorrientek) April 10, 2026

...desde el gobierno de Binner, en 2010. Resumiendo: en una licitación "acelerada", basada en una ley que no está más vigente, le adjudicaron a la única oferta presentada un contrato por más de 32 palos verdes (al tipo de cambio oficial de hoy, unos 44.808 millones de pesos): pic.twitter.com/J8eOT7Hm6s

— La Corriente K (@lacorrientek) April 10, 2026

Vamos a volver a subir el hilo para que se entienda: Pullaro adjudicó un contrato por 32 millones de dólares (44.808 millones de pesos) a la única oferente de una licitación convocada en base a una ley vencida. Es la misma empresa que opera las cámaras de vigilancia desde 2010. https://t.co/ICoLvK2RMS

— La Corriente K (@lacorrientek) April 11, 2026

ALCOYANA ALCOYANA

 

Tal como da cuenta el Decreto 2561 firmado por Pullaro el miércoles pasado cuya imagen encabeza el post, el gobierno de la provincia decidió comprar un avión hidrante para combatir los incendios y quema de pastizales: una decisión acertada, porque se trata de un verdadero flagelo que azota a la provincia desde hace muchos años.

Lo hizo a través de la Licitación Pública N° 38/25, a la que se terminó presentando una (1) sola oferta, de la firma AGSUR AVIONES S. A.  domiciliada -según dice el decreto- en Uruguay, aunque según consta acá en el propio sitio web de la empresa, no tienen sedes o sucursales allí sino en la Argentina, Brasil y Chile. 

La compra incluyó además un curso de entrenamiento y capacitación en el uso y manejo de la aeronave para los pilotos de la provincia, y el monto total de la operación ascendió a 5.738.709 dólares, al tipo de cambio oficial de hoy unos 8321 millones de pesos. De todos modos, es menos de lo que costaría reimprimir las boletas de LLA en la provincia de Buenos Aires para sacar la carompa de Espert, y para algo más útil.

Como no hubo otras ofertas ni se especifica de cuanto era el presupuesto oficial, no se puede determinar si es caro o barato, aunque el decreto dice que la comisión de adjudicaciones consideró que el precio ofertado "se corresponde con los valores de mercado". Por cierto: su informe de preadjudicación no está disponible en Internet. 

La licitación se hizo con un pliego de especificaciones técnicas (disponible en la página web de la provincia) muy detallado en diferentes aspectos: tipo de aeronave (monomotor turbohélice, monoplano, ala baja, metálico, biplaza en tándem, hidrante, anfibio, on pontones equipados con tren de aterrizaje de ruedas), sus capacidades operativas, peso y volúmenes, rendimiento, equipamiento, etc.

Al no estar como dijimos disponible en la web el informe técnico que sustenta la adjudicación, no se puede saber como fue evaluada la única oferta presentada que es la que termina ganando, para determinar si cumplió o no con cada uno de los requisitos establecidos en el pliego; sobre todo teniendo en cuenta que deben haber sido requisitos muy rigurosos, que impidieron que se presentaran otras ofertas. Según el decreto, ese informe de la comisión dice que la oferta cumplió con todos los requisitos del pliego, sin mayores precisiones.

Contar con esa información sería importante porque nosotros nos tomamos el trabajo de constatarlos con la ficha técnica del avión (disponible en la página web de la empresa), y encontramos que prima facie no cumpliría con lo pedido, en varios rubros importantes, que son los que aparecen recuadrados en naranja en las imágenes de abajo. No obstante eso, la oferta fue adjudicada igual: 

En lo que el avión que Pullaro terminó comprando si cumple con el pliego de la licitación, es en las dimensiones, muy detalladamente descriptas en el pliego, como pueden ver acá:

Que el avión cotizado por AGSUR AVIONES S.A. cumple con las medidas exigidas se puede comprobar muy fácilmente, porque están detalladas -con dibujito y todo- en la página de la empresa, como pueden ver acá: 

Y en lo otro que cumple es en el color, porque el pliego exigía que el avión tuviera un color determinado, bien precisamente descripto: 

Se pedía un avión amarillo con líneas laterales azules (¿acaso por motivos de preferencias futbolísticas de algún funcionario, tal vez el propio gobernador?).

Y se compró un avión amarillo con líneas laterales azules como los que vende AGSUR S.A., como pueden ver acá abajo. Alcoyana Alcoyana que le dicen:  

EL CLUB DE LA PRISIÓN

 

Por el Decreto 2351 del pasado lunes 22 cuyas imagen abre el post, Pullaro adjudicó la licitación para la construcción de 6 módulos penitenciarios en la cárcel de Piñero, por un importe total de unos 107.113 millones de pesos. La licitación se armó con la idea de separar la adjudicación de cada módulo, de modo que podía suceder -y sucedió- que distintas empresas ganaran cada uno de ellos, y el decreto menciona cual era el presupuesto oficial previsto para el total de la obra, pero no para cada uno de los módulos; como si se discrimina en cada una de las ofertas de las empresas que se presentaron.

 

Lo que si hace el decreto -impropiamente- es actualizar el presupuesto oficial (y no las ofertas de las empresas) a una determinada fecha, para decir cuanto por debajo de él estuvieron las cotizaciones en cada uno de los módulos. Lo oscuro del método poco ayuda para determinar si la provincia logró ofertas ventajosas, o el presupuesto oficial estaba mal hecho, y en que medida.

No dice nada el decreto de propuestas inadmisibles rechazadas por no ajustarse al pliego de la licitación, ni tampoco de que alguno de los módulos se haya adjudicado aplicando las disposiciones del "compre santafesino", que otorgan preferencia a las empresas radicadas acá, dentro de un determinado rango de diferencia con las más baratas.

Y si bien eso permitiría inducir que se adjudicó en cada caso a la oferta más barata en términos económicos, eso no sucedió: en cinco (5) de los seis (6) módulos licitados, hubo ofertas que estuvieron por debajo en precio de la resultó  ganadora en cada caso, según el siguiente detalle: cuatro (4) ofertas más baratas en el Módulo A, dos (2) en el Módulo B, dos (2) en el Módulo C, una (1) en el Módulo D y tres (3) en el Módulo E.

Si la adjudicación se hubiera resuelto a favor de la oferta más barata en cada uno de los módulos, la provincia se hubiera ahorrado casi 2248 millones de pesos. Con la misma lógica con la que el decreto definió la conveniencia de las ofertas elegidas, y a falta de mayores aclaraciones, se podría inferir que se pagaron sobreprecios por ese monto, que significa un 2,1 % del total adjudicado: menos que el 3 % de Karina, digamos todo.

2,1 %, dijimos y retengan ese porcentaje: en la licitación no se llamó a mejora de ofertas en ninguno de los seis (6) renglones o módulos en que estaba pautada; pese a que tomando una cifra de -por ejemplo- 100 millones de pesos de diferencia en más con relación a la oferta adjudicada en cada caso y sin contar las que eran más baratas y no fueron elegidas (cosa que ya dijimos se dio en 5 de los 6 renglones), hubo seis (6) ofertas en el Módulo A, dos (2) ofertas en el Módulo C, y una (1) oferta en cada uno de los Módulos D, E y F.

Esos 100 millones que nosotros tomamos como pauta referencial al solo objeto del análisis (hubo ofertas cercanas a las ganadoras, por algo más que eso) representaban una diferencia de entre el 0,51 % y el 0,59 % en relación a la ganadora en cada uno de los módulos, o sea una cuarta parte del sobreprecio que terminó pagando la provincia en forma global, al no adjudicar a la oferta más barata en cinco (5) de los seis (6) renglones. 

Y no obstante eso, no se llamó a mejora de ofertas, cosa que sí se hizo en la licitación adjudicada mediante el Decreto 509 de marzo pasado cuya imagen pueden ver abajo, por el que se contrató la construcción de cuatro (4) módulos en otra unidad penitenciaria de Piñero, en este caso para presos de alto perfil:  

En este caso 16 de las 18 empresas que se presentaron (una fue descartada por no cumplir con los requisitos del pliego) cotizaron el mismo precio para cada uno de los módulos, lo que supone que eran exactamente iguales, cosa que tampoco se puede determinar en ambos casos, al menos con la información que proporcionan los decretos que resolvieron las adjudicaciones. 

Decíamos que en la licitación resuelta en marzo (Decreto 509) hubo convocatoria a las empresas a mejorar sus ofertas, entre las que estaban separadas en sus cotizaciones por hasta 503 millones de pesos de diferencia, o sea un 2,5 %: recordemos que en la nueva licitación (la del Decreto 2351) no se hizo, ni siquiera habiendo -como dijimos- diferencias de entre un 0,51 % al 0,59 % o menos de 100 millones de pesos entre las empresas que ganaron (que en la mayoría de los casos no fueron las más baratas), y otras presentadas.

Otra cosa que llama poderosamente la atención son los precios pagados por la provincia (en promedio) por cada módulo en una y otra licitación: en la primera (abierta en febrero y adjudicada en marzo de éste año) se terminará pagando (antes de las redeterminaciones de precios) unos 24.607 millones de pesos por cada módulo, y en la segunda (abierta en agosto y adjudicada en septiembre, o sea seis meses después), se pagarán 17.582 millones de pesos en promedio, por cada módulo, antes de las redeterminaciones.

O a contramano de la inflación habida en el país en ese lapso hubo una deflación del 37,83 % (que es la diferencia entre ambos promedios), o los detalles constructivos de los módulos para los detenidos de alto perfil incluyen amenities u otras comodidades; sin descartar tampoco que en ese caso se hayan pagado sobreprecios, que en tal caso podrían ser de hasta doce (12) Karinas, o más. 

Como mínimo, sería necesaria alguna explicación; lo mismo que los diferentes modos de cotización permitidos para las empresas en ambas licitaciones, que llevaron a que mientras en la primera la diferencia de precios entre el módulo más barato y el más caro de los adjudicados fue del 1,8 %, en la segunda ascendió al 16,58 %, o sea unas nueve (9) veces más. Como dato de color, hay dos empresa (Edeca S.A. y Pecam S.A.) que repiten como ganadoras en ambas compulsas.

UNO, DOS, DIEZ PASTORES

 

Días pasados estalló en Santa Fe el escándalo (que derivó en un pedido de informes del diputado Rabbia en la Legislatura) del otorgamiento por parte del gobierno de Pullaro de 1033 millones de pesos a la asociación civil "Trascender" vinculada al pastor evangélico Walter Ghione (funcionario de su mismo gobierno) y su partido que es parte de la coalición que gobierna la provincia. El dato relevante es que la asociación había sido creada y obtuvo su personería jurídica apenas dos meses antes de recibir esa importante suma de dinero.

Hace un tiempo, allá por el mes de junio, contábamos en éste posteo que el gobierno de Pullaro iba a crear una asociación civil para que tuviera a su cargo las contrataciones necesarias para llevar adelante los Juegos Suramericanos que tendrán lugar en Santa Fe el año que viene. Decíamos entonces que "...el cometido (organizar los juegos) es público, el fin de las eventuales contrataciones es público, los fondos con los que esos contratos se van a pagar son públicos, pero la figura elegida para seleccionar a quien se contrata es privada, porque las normas públicas que existen para eso (por ejemplo la licitación pública), son un estorbo.".

Lo confirmaba el Decreto 1120 que dictó entonces Pullaro y que es citado por su Decreto 2083 del pasado miércoles 10 cuya imagen encabeza el post: "Que el Decreto DEC-2025-00001120-APPSF-PE del 29 de mayo de 2025 consideró que en función del cometido público que justificó la autorización legislativa y a fin de llevar adelante los juegos de referencia que demanda una serie de contrataciones de bienes y servicios de sus respectivos pagos -algunos en moneda extranjera por las particularidades del evento y de los bienes y servicios necesarios para que sean llevados adelante- que no son habituales para la Administración Pública Provincial y por tanto para su atención se requiere que se organice una estructura que brinde mayor agilidad y flexibilidad a su actuación, sin resignar los principios de igualdad, concurrencia, publicidad y transparencia en la utilización de los fondos públicos por lo que autorizó a constituir una asociación civil, invitando a las municipalidades de las ciudades sedes a tomar las medidas necesarias, de conformidad a las normas jurídicas aplicables, para constituir y formar parte de esa persona jurídica;...". (las comillas son del texto y las negritas nuestras)

Pero hay más: nos cuenta Pullaro a través de su decreto "Que en tal sentido fue suscripta el Acta Constitutiva de la Asociación Civil XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 el 19 de junio de 2025, por los representantes de la Provincia de Santa Fe y las Municipalidades de Santa Fe y Rosario, constituyéndose los mismos como asociados provincial y municipales respectivamente y mediante la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe (Zona Norte), por Resolución Nº 961 del 03 de julio de 2025 se autorizó el funcionamiento como Persona Jurídica;...". (siempre las comillas son del texto y las comillas son nuestras)

Como vemos, a una asociación civil constituida y que comenzó a funcionar como persona jurídica apenas hace dos meses (el mismo lapso de la asociación del pastor Ghione), Pullaro le entrega fondos por 3000 millones de pesos, con la posibilidad de incrementar hasta llegar a10.000 millones esa cantidad, según el decreto: serían diez pastores Ghione, para que nos entendamos. Así lo dice el gobernador en su decreto: "Que por la Cláusula Segunda de dicho Convenio, la Provincia se compromete a otorgar a favor de la citada Asociación los fondos necesarios para el cumplimiento de su propio objeto social, como de los cometidos y las acciones consignadas en la Cláusula Primera del mismo, por un monto de Pesos Tres Mil Millones ($3.000.000.000,00) los cuales serán transferidos mediante desembolsos parciales a requerimiento de la Asociación y con carácter de aporte no reintegrable, pudiendo ampliarse dicho monto hasta el importe de Pesos Diez Mil Millones ($10.000.000.000,00)...".

Sigue explicando Pullaro: "Que la aludida Asociación no tiene carácter limitativo por lo que podrá realizar todas las actividades necesarias y/o convenientes para el mejor cumplimiento de su objeto, encontrándose facultada para celebrar convenios con todas las áreas del sector público nacional, provincial y municipios, sin limitaciones en cumplimiento de su objeto social y para dar ejecución a los requerimientos e instrucciones del COL-SFP para la realización de los XIII Juegos Suramericanos, siendo la encargada de formalizar y ejecutar las contrataciones de bienes y servicios requeridos para la ejecución de dichos Juegos;...".

O sea: la asociación civil podría hacer lo que se le cante con los fondos que se le asignen, aunque esos fondos sean públicos y la hayan constituido al solo efecto de hacer las contrataciones para los juegos, eludiendo las normas que para el Estado son obligatorias.

Y si no veamos lo que dice el convenio que aprueba el decreto de Pullaro en su cláusula primera, dado que se dice que los hasta 10.000 millones de pesos a la asociación se los dan para hacer lo que allí se especifica: "LAS PARTES acuerdan acciones conjuntas y articuladas tendientes a: I. Impulsar programas de capacitación para el personal de LA ASOCIACIÓN y voluntarios que participen en los Juegos. II. Ejecutar acciones de estrategias comunicacionales de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el ámbito provincial, nacional e internacional. III. Colaborar con la infraestructura necesaria y con la gestión de sedes deportivas. IV. Facilitar la asistencia técnica de las áreas de gobierno que sean requeridas para el cumplimiento de los objetivos comunes. V. Cualquier otra acción que sea necesaria y/o conveniente para el mejor cumplimiento de su objeto.".

Es decir, pura sarasa sin mencionar nada concreto, y si la asociación con esa plata contrata bienes, servicios, empresas o personas, el convenio (y en consecuencia el decreto que lo aprueba) nada (pero absolutamente nada) dicen de hacerlo "...sin resignar la aplicación de los principios que resulten pertinentes -igualdad, concurrencia, publicidad y transparencia en la utilización de los fondos públicos que le sean asignados para el cumplimiento de sus fines y en la selección de contratistas..." como decía el Decreto 1120/25 de Pullaro, que dispuso su creación.

Y para que no queden dudas de que todas las contrataciones necesarias para la organización de los juegos (que reiteramos, se pagarán con fondos públicos, para lo que incluso la provincia se endeudó en 75 millones de dólares), veamos lo que dice la cláusula quinta del convenio: "QUINTA: En las contrataciones referidas a la provisión de bienes o servicios para competencia en las distintas disciplinas deportivas que sean encomendadas a la Asociación, EL COL-SFP establecerá los requerimientos técnicos y específicos de las mismas.".

Es decir como decíamos nosotros en el anterior posteo sobre el tema: "O sea: en muchos casos ya les vendrá indicado de antemano a quienes tienen que contratar, así no se toman la molestia de tener que elegirlo ellos; y como único argumento para explicar la decisión dirán...que así se los indicaron.".

QUE LOS CONTROLE MONTOTO

 

Por el Decreto 2091 del pasado miércoles 10 (el mismo día que la convención reformadora votaba la nueva Constitución provincial) cuya imagen abre el post, Pullaro resolvió la contratación de un sistema de monitoreo y rastreo de agresores y víctimas de violencia de género, y de monitoreo de quienes cumplen prisión domiciliaria y tienen las tobilleras electrónicas. 

Según consta en los fundamentos del decreto, la contratación se otorgó a la empresa Surely S. A. en forma directa (es decir sin licitación pública, concurso de precios o procedimientos alguno de cotejo de ofertas), invocando como fundamento normativo de la decisión el artículo 116 inciso c) apartado 5. de la Ley 12510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado; haciéndose constar además que la empresa es la misma que provee esos equipos y presta esos servicios a la Nación: 

Esa norma dice expresamente lo siguiente: "Exclusividad comprobada del oferente y carencia de bienes sustitutos. Cuando la contratación se fundamente en esta disposición debe quedar documentada en el expediente la demostración de tal exclusividad. La marca no constituye de por si causal de exclusividad salvo que no haya sustitutos convenientes. En todos los casos, la determinación de que no existen sustitutos convenientes debe basarse en los correspondientes informes técnicos, en los que expresamente se consignen las razones de la conveniencia. La contratación directa con un fabricante exclusivo sólo corresponde cuando éste documente que se ha reservado el privilegio de la venta del bien que elabora. Se incluye en este apartado la adquisición de material bibliográfico en el país o en exterior, a editores o personas físicas o jurídicas especializadas en la materia;...". (las comillas son del texto y las negritas nuestras)

De los fundamentos del decreto de Pullaro y la referencia que en ellos se hace al trámite de la contratación directa no puede inferirse que nada de todo eso se haya documentado, es decir que alguien haya dicho que no hay en el mercado bienes o servicios análogos o similares a los que provee Survey S. A., y tampoco la empresa es fabricante de ellos con privilegio de exclusividad reservado para su venta (deberían darse las tres cosas juntas además); de su propia página institucional surge que venden lo que diseñan y fabrican otros. 

Al haberse invocado exclusividad para sortear la licitación pública, es particularmente relevante determinar la razonabilidad de los precios que el Estado provincial va a pagar por el contrato, que al día de hoy serían unos 4848 millones de pesos aproximadamente, pero el monto es variable en el tiempo porque son servicios que se prestan todos los meses, y están expresados en dólares. Y como dato de color, buena parte de las partidas que se destinarán al contrato salen de las destinadas originariamente a la comida de los detenidos.

Sobre éste punto crucial (la razonabilidad del precio a pagar por el contrato), el Decreto 2091 de Pullaro solo dice lo siguiente: "Que la Subsecretaría de Tecnología y Equipamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad elabora el informe técnico y de razonabilidad de precios, dando cuenta que la cotización es completa y acorde a lo requerido, y que las especificaciones técnicas acompañadas se ajustan a lo especificado;...". Es decir, no hay referencias a algún presupuesto oficial, o posibles valores de mercado, ni nada parecido.

Lo cual cobra particular relevancia si se repara en quien es Surely S. A., empresa proveedora -como dice el decreto de Pullaro- de los mismos servicios al gobierno nacional:

Es la empresa propiedad de Mario Montoto, el ex dirigente montonero que es a u vez presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, y que estuvo en el ojo de la polémica hace meses, justamente porque fue el único oferente en la licitación convocada por el Ministerio de Justicia de la Nación, y cotizó un precio en dólares que resultó el triple de lo que cobran por esos servicios en moneda dura (dólares) otras empresas en diferentes lugares del mundo. Un poco de "riesgo Milei" o inflación en dólares puede haber en Argentina, pero ¿tanto? 

Pero volviendo a la provincia y a la contratación directa que resolvió Pullaro: si en la nación hubo licitación, es porque se evaluó que había más de una empresa que podía proveer los mismos equipos y prestar los mismos servicios, y en consecuencia mal se puede hablar de exclusividad, y menos fehacientemente comprobada, como manda la Ley 12510 que se invoca en el decreto.

Y si la referencia es que a la empresa la contrató la Nación en esa licitación en la que fueron cuestionados los precios cotizados por Montoto, la pregunta es que factores tuvo en cuenta el gobierno de Pullaro para considerar que los cotizados acá por los mismos servicios eran razonables. Porque en la nación el año pasado el presupuesto era de 15 dólares por día de monitoreo, por dispositivo, y se le terminó adjudicando a la empresa de Montoto por USD 20,25, y las otras empresas que prestan servicios similares en diferentes países como Colombia o Portugal, lo hacen por 4 o 5 dólares la hora, por dispositivo; por algo que acá Pullaro estaría adjudicando en 19,6 dólares para el renglón 1, y 17,2 dólares, por el renglón 2. 

Tuit capaz que relacionado: 

Lo mismo decía Milei. Y mil más antes de él. Otra vez recalculando. No es vida la de éste pibe muchacho, no puede ni ir a mear sin que le alcancen el último focus group para saber que decir. https://t.co/WMlkjkDTDF

— La Corriente K (@lacorrientek) September 11, 2025

PROHIBIDO DIFUNDIR

 

Más confesión de los curros que esto no se consigue. https://t.co/gpku0SfE0z

— La Corriente K (@lacorrientek) September 1, 2025

Lo bueno de estos tipos es que no dejaron: cagada por mandarse, bandera por arriar, mentira por decir, papelón por hacer e incoherencia en la que incurrir. Son los soretes pluscuamperfectos.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 1, 2025

Ya somos Venezuela o nos pasamos un par de pueblos?

— La Corriente K (@lacorrientek) September 1, 2025

Esto le pasa a Rial también por jugar a Jorge Suspenso. Hubiera mandado todo lo que tenía de una y que se curtan. Esto es un poco más serio que los chismes de la farándula.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 1, 2025

- "Rápido, el escándalo de las coimas amenaza llevarse puesto al gobierno, armen algo para zafar"
- "Y si te armamos un viaje a Las Vegas para ver a Fátima y le pedimos a un juez que prohíba difundir los audios de Karina?"
- "Genio, cometa cósmica, de qué planeta viniste?"

— La Corriente K (@lacorrientek) September 1, 2025

Y si en lugar de pasar los audios los desgraban, los leen al aire y los entregan al juez Casanello?

— La Corriente K (@lacorrientek) September 1, 2025

Un audio de Karina confesando que en realidad en su puta vida hizo una torta, no tiene idea de como se hace un bizcochuelo y todo era verso para servir de tapadera de que la guita venía de las sociedades off shore del padre en paraíso fiscales en las que figura en el directorio.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 1, 2025

El gobierno se fue a la concha de su hermana. Literalmente.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 1, 2025

El periodismo ensobrado remándola con potenciales y "supuestas" en las tapas de los diarios para que vengan los orcos estos a pedir que se prohíba difundir los audios. No es vida la de esa pobre gente.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 1, 2025

- "Milei se cagó".
- "Si, viste, pidió que prohíban difundir los audios de la hermana pidiendo coimas".
- "Qué audios?"

— La Corriente K (@lacorrientek) September 1, 2025

Pobres libertarios correntinos, encima que sacaron el 8 % le tienen que dar el 3 % a Karina.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 1, 2025

Macri se autoperdonó la deuda del Correo, Pepín se fugó, Darío Nieto se encerró en el auto a borrar mensajes del celular, la hermana de Milei fue a la justicia a pedir censura, Patricia Bullrich quiere allanar periodistas. Pero los autoritarios y delincuentes somos nosotros.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 1, 2025

Van al FMI, nos endeudan, fugan capitales, alientan la bicicleta para mantener planchado el dólar y ahora censuran al periodismo que puede revelar cosas que los perjudican. Pero los populistas irresponsables que hacemos cualquier cosa con tal de ganar una elección somos nosotros.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 1, 2025

Los medios oficialistas: "En todos los gobiernos hay corrupción, lo importante es que hace cada uno con ella".
El gobierno: echa primero y denuncia después al que habló de coimas, y va a la justicia para censurar a los que pasan audios donde la hermana del presidente las pide.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 1, 2025

O sea, lograron prohibir la difusión de audios cuyo contenido nadie conoce salvo ellos, grabados en la Casa Rosada (cosa que nadie había dicho) en reuniones donde solo estaban ellos. ¿Es así o nos perdimos algo?

— La Corriente K (@lacorrientek) September 1, 2025

Nunca no está meando afuera del pañal el nabo éste. https://t.co/0BVDRKnNmR

— La Corriente K (@lacorrientek) September 1, 2025