Una de los componentes fundamentales del
discurso del gobierno para deslegitimar a priori la marcha del miércoles fue
que en realidad carecía de motivos reales, y que su único fin era la presión
que a través de ella ejercía Moyano para evitar tener que rendir cuentas en la
justicia.
Sin embargo, a poco
que se repase la realidad actual de los trabajadores en la Argentina, la
chicana se cae por su propio peso. Comencemos por lo primordial, que son las
chances reales de tener trabajo, conseguirlo si no se lo tiene, o conservarlo
en caso contrario:
* Desde diciembre
del 2015 el empleo industrial (es decir, el mejor remunerado, de calidad y en
blanco) viene cayendo, consistente con el hecho de que la industria también cae
y tiene más de un 35 % de su capacidad instalada ociosa. En su lugar, crece el
empleo informal (es decir, precarizado, sin registración en la seguridad social
y con menos derechos) y el monotributismo; forma de fraude laboral encubierto.
* El Estado hace
punta despidiendo empleados sin contemplaciones, y su ejemplo es imitado por
los privados, sin penalidades. Por el contrario, el gobierno impulsaba en la
reforma laboral original que iba a enviar al Congreso una baja sustancial de
las indemnizaciones por despido; lo que no haría sino facilitarlos.
* Cuando el
Congreso sancionó en el 2016 una ley prohibiendo los despidos y agravando las
indemnizaciones, el presidente la vetó; y firmó dos “acuerdos de caballeros”
con los empresarios que se comprometían a no despedir, sin contemplar sanciones
en caso de que no cumplieran lo pactado, cosa que por supuesto sucedió.
* Pese a que se
multiplican en todo el país los procedimientos preventivos de crisis, el
gobierno redujo sustancialmente en términos reales las partidas del REPRO
(Programa de Recuperación Productiva), aumentó el subsidio por desempleo
(alentando así los despidos) y siempre sugiere en las situaciones de crisis que
los trabajadores acepten resignar derechos, para poder conservar sus empleos.
* El gobierno está
firmemente empeñado en cerrar un acuerdo de libre comercio entre el MERCOSUR y
la Unión Europea que representa una amenaza cierta y mortal para miles de
empleos industriales en todas las ramas de la actividad, y lleva adelante una
política de apertura indiscriminada de las importaciones que no solo ha llevado
el déficit comercial a récords históricos, sino que se llevó puestos miles de
empleos industriales destruidos por la competencia ruinosa de producción
proveniente de países con mano de obra esclava o precarizada.
* Las expectativas
de crecimiento económico del modelo de “Cambiemos” están centradas en sectores
que pese a obtener ingentes beneficios fiscales y regulatorios del Estado no
tienen la capacidad de generar empleo y de hecho no lo han hecho o lo han
destruido (como la minería o el sector agropecuario); y sectores industriales
que pese a haber logrado convenios sectoriales flexibilizadores de la mano de
obra no solo no incrementaron sus planteles sino que los están reduciendo a
través de suspensiones y despidos, reduciendo la producción (como la
explotación petrolera), o incrementando las importaciones; como la industria
automotriz o la metalúrgica.
* La construcción
(otra de las grandes generadoras de empleo privado, que también apuesta a la
flexibilización laboral con complicidad sindical) tendrá que lidiar este año
con una caída de más del 40 % de los gastos de capital del Estado nacional
(caída sustancial de la inversión pública); que está por verse si será
reemplazada por los contratos de “participación pública privada” (PPP), que
exigen dejar de lado los convenios colectivos y el orden público laboral
argentino, para reemplazarlos por contratos individuales entre el trabajador y
el empleador que regulen los derechos de las partes.
Pasemos a
continuación a la siguiente variable, aplicable a los que tienen un empleo o lo
conservan, es decir el salario:
* Los salarios
sufrieron una brusca caída en término reales en el 2016 que varía en su
magnitud según los sectores y si se trata de trabajadores formales o
informales; y el gobierno sostiene que le ganaron el año pasado a la inflación
(más los informales, lo que de por sí es insólito), pero sin recuperar aun lo
perdido; ni alcanzar los niveles de participación en la renta nacional que
tenían los trabajadores en diciembre del 2015.
* Para decir que
los salarios le ganaron a la inflación el año pasado el gobierno se basa en un
índice de inflación construido sobre la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de
2004-2005, en el que el peso específico de las tarifas de los servicios públicos
esenciales no era el actual, porque regía la política de subsidios; lo cual es
un aspecto crucial: mientras trata de imponerles la “meta de inflación” como un
cepo a la discusión salarial en paritarias, sigue aumentando salvajemente las
tarifas que han sido dolarizadas, aumentando aun más su peso creciente en los
gastos del trabajador promedio.
* Los bienes de
consumo básicos de la canasta familiar (los denominados “bienes salario”) y las
tarifas de los servicios públicos (es decir, gastos y consumos inelásticos a l
baja, por definición) han subido mucho más que los salarios formales o no, y
que las estimaciones oficiales de inflación como consecuencia de decisiones que
tomó el gobierno de Macri: devaluación, eliminación de retenciones y restricciones
a la exportación, dolarización de las tarifas, liberación de los precios delo
mercado de los combustibles.
* Por las mismas
razones, el Salario Mínimo Vital y Móvil de la Argentina que era el más alto de
América Latina medido en dólares en 2015 ha retrocedido hasta la mitad de la
tabla, y viene perdiendo poder adquisitivo medido en moneda dura, y en
capacidad de compra de bienes esenciales, desde entonces.
* Para compensar el
veto a la ley anti-.despidos. el gobierno prometió el pago de un bono de fin de
año, que nunca llegó, rechaza las cláusulas gatillo en las paritarias y cuando
los trabajadores las pactan con sus empleadores (como los bancarios) se niega a
homologarlas, obligándolos a reclamar su cumplimiento en la justicia. Otro
tanto pasa con los bonos, como el caso de Camioneros.
* Donde le toca
gestionar (como en la CABA o provincia de Buenos Aires) ofrece aumentos por
debajo incluso de la meta de inflación, en generosas cuotas y tramos, sin
cláusula gatillo y con fórmulas anti-huelga, como el “premio por presentismo
perfecto” a los docentes bonaerenses, o el “ítem aula” que se paga a los
mendocinos.
* Eliminó por
decreto la paritaria nacional docente, y con ella, la garantía de un piso
salarial común para todos los docentes del país.
* Después de
alentar fervorosamente a los trabajadores que pueden hacerlo a endeudarse bajo
el sistema de créditos ajustables por las UVAS y frente a la devaluación y el
proceso inflacionario que encarecen los préstamos, les ofrece como solución
aumentarles la deuda y los plazos de pago (o sea, el tiempo que seguirán
endeudados), y por DNU habilitó la posibilidad de que les embarguen las cuentas
sueldo para cobrarles los créditos, e incluso los préstamos con financieros y
mutuales que muchos tienen que sacar, para llegar a fin de mes.
Y finalmente, pero
no menos importantes, otras cuestiones que también tienen que ver con los derechos de los trabajadores:
* Se aprobó una
reforma previsional que significó elevar de hecho la edad jubilatoria a los 70
años, presionando aun más para que aumenten los índices de desempleo juvenil
porque muchos trabajadores se verán forzados a retardar su acceso a la
pasividad, por el hecho de que sus haberes como jubilados serán reajustados por
un índice que arroja menos incrementos que el que estaba vigente desde el 2008; reforma con la cual además cuando decidan jubilarse, su haber base inicial perderá en promedio
20 puntos de la tasa de sustitución con el sueldo que percibían cuando estaban
en actividad.
* Se busca generar empleo promoviendo la
precarización laboral especialmente entre los jóvenes con las “prácticas
formativas”; mientras se les dificulta el acceso de los trabajadores a la
justicia para reclamar por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
obligándolos a recurrir a las comisiones médicas de las ART, sin que por otro
lado se hayan mejorado las medidas de prevención para reducir la siniestralidad
laboral.
* Se impulsa -con
la anuencia de parte de la dirigencia gremial- una reforma de la cobertura del
programa de prestaciones médicas obligatorias (PMO) que con el pretexto de
mejorar las finanzas de las obras sociales sindicales (y de las empresas de
medicina prepaga) reducirá los niveles de atención de los trabajadores y sus
familias.
Como se ve, motivos
para marchar en protesta sobran; por lo que lejos de sorprender que se haya
logrado el nivel de movilización que se vio el otro día, debería sorprender que
no se haya conseguido antes.
