DISTRIBUIDORA "LOS HIJOS DE PUTA"

 

Que éste tipo no esté preso habla muy mal de nosotros como país:https://t.co/LBSBjSuv7e

— La Corriente K (@lacorrientek) November 23, 2022

Sobre el anunciado acuerdo del gobierno con las principales empresas para el congelamiento de precios, leemos en Infobraden las exigencias puestas como condición por la COPAL (la cámara que agrupa a las principales industrias alimenticias del país) para firmar el acuerdo, que básicamente son que el acuerdo -de firmarse- duraría menos que un pedo en un canasto: que no haya inflación, que no suban las tasas de interés, ni el tipo de cambio, que les garanticen los dólares al precio oficial para pagar las importaciones, que no les suban los costos ni les aumenten los impuestos y que Argentina gane el mundial, de paso.

Eso, o sin antes haber remarcado precios a lo pavote desde que Massa anunció el congelamiento, como pasa siempre en estos casos: pese a que están muy por encima de la ya elevada inflación general, no se privaron de aumentar "para cubrirse", como lo puede comprobar cualquiera que pase por un supermercado.

Al mismo tiempo y sobre el mismo tema, leemos en La Política Online que Molinos Río de la Plata (es decir, Pérez Companc) salteó el "corralito" impuesto por la UIA y la COPAL, y firmó el acuerdo con el gobierno antes de las demás empresas lo hagan. El promotor del "corralito" (o "cepo a la firma", ya que estamos con las metáforas económicas) es Daniel Funes de Rioja, presidente al mismo tiempo de las dos gremiales empresarias, aunque como dicen que dijo De Mendicurren, no sabe diferenciar un bulón de una tuerca, porque su profesión es ser básicamente lobbista, no empresario, mucho menos industrial. 

Si no fuera que hay tantos candidatos dando vuelta, se podría decir que, muerto Videla, Funes de Rioja compite con grandes chances por el premio al hijo de puta perfecto: no hay reclamo contrario a los intereses de las grandes mayorías nacionales en el que no se prenda, o peor aun, que no cuente con su iniciativa. Desde la reforma laboral flexibilizadora hasta las privatizaciones o el desguace del Estado, pasando por la eliminación lisa y llana de cualquier forma de impuesto, regulación o control estatal.

Por otro lado en un contexto de alta inflación sostenida durante mucho tiempo, las alimenticias figuran entre las que más aportan para que el IPC siga alto, en rubros que por otro lado son esenciales, y en consecuencia inelásticos a las variaciones en la demanda: hasta ahora no se encontró la forma de que la gente deje de comer, no al menos sin consecuencias fatales. Cuando Cristina empezó a decir allá por el 2020 que la economía iba a crecer pero no era cuestión de que ese crecimiento se lo llevaran entre tres o cuatro vivos, pensaba no solo en ellos, pero fundamentalmente en ellos: no tenemos pruebas, pero tampoco dudas.

Cuando los trabajadores negocian salarios en las paritarias, buena parte de las mejoras que obtienen se van por la canaleta de los aumentos de precios de los alimentos y bebidas, que forman parte esencial del consumo de los hogares. Lo mismo pasó y pasa con la instauración de la AUH, o peor porque en ese caso se trata de sectores que destinan la casi totalidad de sus ingreso a la alimentación. Estas mismas empresas se llevan buena parte de cada refuerzo de los programas alimentarios del Estado, desde la tarjeta Alimentar, hasta el reciente bono de refuerzo.   

También rankean alto entre los sectores empresarios entre los que se evidencian elevados niveles de concentración y prácticas distorsivas de los mercados por abuso de posición dominante, tanto como faltas y violaciones a las propias leyes que, incluso en el capitalismo de lo que ellos consideran "países serios" se respetarían, como las de defensa del consumidor y la competencia, y de lealtad comercial; o las más recientes como "la ley de góndolas" o de etiquetado frontal.   

Y ni que decir que está entre los principales beneficiarios de la inacción del gobierno en todo lo que sea controlar el proceso de formación de los precios, sea requiriendo información sobre las estructuras de costos, restringiendo exportaciones vía cupos, aumentando retenciones para desacoplar los precios internos de los internacionales o aplicar ese marco legal al que antes hicimos referencia, más la ley de abastecimiento cuando el sector -para el que podría decirse que fue pensada- lo justifica con creces con su comportamiento.

Como decíamos, en un país en el que no escasean los hijos de puta, las grandes empresas alimenticias hacen sobrados méritos para estar entre los peores hijos de puta. De allí que tenga lógica que su cara visible sea Funes de Rioja. Y dan un ejemplo claro de los límites reales a las posibilidades de diálogo y consensos de los que hablábamos acá.

Tuits relacionados:  

Cambios de precios, más que nada: https://t.co/s7qHtHXg1m

— La Corriente K (@lacorrientek) November 23, 2022

Buenas: Hay 100% de inflación, 38,5% de pobreza y 9,4% de Indigencia. Por? "Hay especulación y está reflejado en los balances de las empresas ... : Arcor, Molinos, Ledesma, La Anónima. Las ventas, en los primeros 9 meses de 2022 se incrementaron 92,2% en dólares". Hernán Letcher pic.twitter.com/UVgPrKex1F

— Artemio López (@Lupo55) November 24, 2022

AMISTADES PELIGROSAS

 

Juntarse con estos impresentables para no hablar del "impuesto a las rentas inesperadas", y hacer que te entreguen el mismo manifiesto esclavista que vienen blandiendo desde 1976, con los resultados conocidos. Mayor pérdida de tiempo imposible de concebir: https://t.co/fMF3hCCBaM

— La Corriente K (@lacorrientek) April 26, 2022

Aviso: éste posteo no tiene por objeto cuestionar que el gobierno dialogue con sectores del empresariado, o reclamar que adopte una visión "clasista" y solo lo haga con los trabajadores y sus organizaciones. La idea de alguna forma de pacto social y conciliación de intereses (hasta donde se pueda) es consustancial al peronismo, desde sus orígenes; pero también más importante que ella es la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores, cuestión que le da al peronismo su justificación histórica, y la condición de posibilidad de su persistencia política con sentido positivo y transformador: sin defensa de eso hay otra cosa, pero no peronismo.

No puede determinarse si como consecuencia del módico "tractorazo" del sábado, o del anuncio de Alberto y Guzmán de enviar al Congreso un proyecto de impuesto que gravara las "rentas inesperadas" generadas por el contexto internacional, lo cierto es que el lunes el gobierno se reunió con la cúpula de la UIA que preside el lobbista de las alimenticias Daniel Funes De Rioja. Y para sorpresa de nadie, ni se habló del nuevo impuesto -que hasta acá quedó simplemente en el anuncio presidencial-, y ambas partes manifestaron su conformidad con la reunión por las coincidencias alcanzadas "en seguir apostando al modelo productivo".

Para menos sorpresa aun, los popes industriales aprovecharon la oportunidad para hacerle llegar al presidente y al gobierno un "libro blanco" con 100 propuestas del sector para hacer sustentable el crecimiento económico con generación de empleo, y de paso lograr la felicidad universal, bajar de peso y contener la caída del cabello. 

Según nos cuentan acá en El Destape,  "El “Libro blanco” propone "...un esquema de incentivos fiscales, económicos, con una simplificación tributaria “que permita reducir la carga administrativa y adecuar la normativa en iniciativas sin impacto fiscal”.

"Además de esto, plantean propuestas para las “nuevas realidades laborales”. Esto abarca el afamado lema de “reducir la litigiosidad” de los trabajadores. En este capítulo de flexibilización laboral, la UIA pide incentivar la creación de empleo por medio de reducciones en contribuciones patronales (90% primer año y 80% segundo año), con beneficios adicionales al empleo joven y contratación de mujeres (5% más). También piden un esquema de retiro anticipado para trabajadores de más de 60 años con comorbilidades de Covid-19".".

"Las propuestas concretas para la generación de empleo formal piden reducir aportes y contribuciones por tres años para nuevas empresas, una moratoria laboral PYME para promover el blanqueo e incentivos adicionales con criterios regionales. Dentro de este segmento, el organismo que preside Funes de Rioja plantea reorganizar las negociaciones colectivas de forma “dinámica”.".

"La traducción consiste en habilitar discusiones individuales, además de incorporar políticas que incrementen la productividad de los trabajadores.Por el lado impositivo, la UIA no pierde oportunidad para pedir una reducción tanto de la recaudación de AFIP como de la información que deben brindarle las empresas. Esto de la mano de incentivos a la inversión con diferencial para las pequeñas y medianas compañías.".".   

Cuando hace 10 meses atrás asumía Funes De Rioja en la UIA, escribíamos acá algunas reflexiones precisamente sobre los "pactos sociales posibles", y las ideas de nuestra real "burguesía nacional", que de burguesía tiene poco, y de nacional menos. Encabezamos el post con éste tuit: 

1) Rebaja de impuestos, 2) Reforma laboral flexibilizadora, 3) Que el Estado no regule la economía, 4) Que impere la más absoluta libertad de precios, 5) Ajuste del gasto público, 6) Lo demás lo vamos viendo:https://t.co/vYRS4AdhZr

— La Corriente K (@lacorrientek) June 9, 2021

Si se compara el resumen que hicimos entonces con el conjunto de propuestas planteadas por la UIA en el "Libro Blanco" que le acaban de entregar al presidente, la semejanza no debe sorprender: nuestro establishment económico está anclado en el tiempo en el mismo manual de herramientas de política económica y social, desde 1976. Ajenos a los contextos y -sobre todo- a los resultados de las distintas políticas económicas ensayadas en el país desde entonces, sus planteos -renglones más, renglones menos- son siempre los mismos; sin importar los interlocutores de la política que tengan adelante.

La pregunta que hay que hacerse entonces -al igual que lo que pasa con el "campo" privilegiado- es que busca el gobierno con ciertas "amistades peligrosas" que cultiva, porque está claro que no puede ser sostener a su base electoral (agredida en los bolsillos por los aumentos de precios de los alimentos de los que las empresas por las que hace lobby Funes De Rioja son grandes responsables), ni pensar en ganar las elecciones; que si adoptar el conjunto de medidas que la UIA la reclama, las perdería aun peor que las perdió el año pasado. Tuits relacionados:   

No estamos tomando cabal conciencia del grado de desprestigio de la política, la autoridad presidencial y la palabra pública que esas cosas generan. Después nos sorprendemos cuando crece el huevo de la serpiente antipolítica con mamarrachos como Milei o Espert.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 26, 2022

El gobierno considera positiva una reunión con los garcas de la UIA en la que no se habló del "impuesto a las rentas inesperadas", y en la que los tipos (como siempre) le pidieron rebaja de impuestos y aportes patronales, paritarias por productividad y flexibilidad laboral.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 26, 2022

EL ABRAZO DEL OSO

 

Gente pidiendo que se firme rápido un acuerdo que no saben muy bien en que consiste. Pero si lo piden ellos, yo desconfiaría, que querés que te diga: https://t.co/7eOaDcXbq5

— La Corriente K (@lacorrientek) February 2, 2022

Todo lo más granado (y por granado entiéndase grande e influyente) del empresariado nacional se apuró a manifestar su apoyo al acuerdo con el FMI, apenas se hizo el anuncio oficial. Empezando por la AEA (que nuclea a la élite del poder económico del país) y siguiendo por el Grupo de los 6 así lo hicieron, y ahora están reclamando que sea prontamente tratado y aprobado en el Congreso, como leemos acá en Infobraden.    

El párrafo precedente podría haber sido perfectamente escrito en cualquier momento de la historia de nuestro país desde 1956, salvo el interregno entre 2006 y 2018, en que Néstor Kirchner logró que los argentinos olvidáramos lo que era el FMI: no hubo acuerdo con el FMI que no fuera instado por nuestra clase dirigente empresarial, ni ninguno que no fuera celebrado en su momento como una buena noticia para el país, y para sus habitantes.

El recuerdo de lo que pasó con todos esos acuerdos debería bastar para ponernos en guardia frente a ciertos apoyos, y hacernos recordar que esa clase dirigente es corresponsable de todos y cada uno de los fracasos habidos cuando en el país se aplicaron política sugeridas por el FMI o pactadas con el mismo; fracasos que muchas veces fueron en contra de los propios intereses de esa clase, aunque por supuesto esos intereses no se vieran afectados en el mismo grado que el común de los mortales.

En éste caso, el rotundo apoyo y la presión que empiezan a ejercer sobre el Congreso y las fuerzas políticas en él representadas para que sea rápidamente aprobado un acuerdo cuyo texto final no se conoce (y ellos tampoco han visto, salvo que tengan acceso a fuentes privilegiadas, del gobierno o del FMI), lleva a preguntarse cuales son las razones de tanto entusiasmo.

No podría ser -en principio- la perspectiva de una reforma laboral flexibilizadora derivada del acuerdo, en principio porque desde el gobierno desmintieron rotundamente que se haya exigido tal cosa por parte del Fondo, o, para ser más precisos, convenido entre las partes. Además, la reforma laboral se viene haciendo de hecho desde hace cuatro años por lo menos, a fuerza de reducir drásticamente el salario promedio en dólares, que es lo que siempre persiguen las grandes fracciones del capital.

Lo mismo cabe para las posibles privatizaciones de activos públicos (y correlativos negocios privados), y no tanto respecto al aumento de tarifas de los servicios públicos, porque en éste punto hay discordancias entre el discurso del gobierno, y el del FMI. El entusiasmo debe venir por otro lado entonces.

Y a falta de elementos para arribar a otra conclusión, cabe pensar que es porque el acuerdo despejaría (recalcamos el potencial) el fantasma del default, por lo menos hasta la primera revisión trimestral de la economía por los técnicos del Fondo. Y no habiendo default, no existiría (otra vez se remarca el potencial) la necesidad de dictar disposiciones aun más restrictivas que las vigentes para acceder al mercado de divisas.

O dicho de otro modo: el acuerdo garantizaría la estatización de deuda privada que supone cargarle al conjunto de los argentinos el pago de una deuda contraída para que se puedan fugar capitales ante el colapso del modelo macrista; tanto como la continuidad del flujo de dólares "para los amigos", que deben girar dividendos, cancelar préstamos (o autopréstamos) en divisas y -porque hay costumbres que cuesta dejarlas, vio- seguir fugando capitales para que, como pasó los dos últimos años, por esas canaletas abiertas se vaya el abultado superávit comercial.

ESCLAVISMO A FLOR DE PIEL

 

A diferencia de las demás vacunas comprendidas dentro del calendario nacional de vacunación, la del COVID no es obligatoria, y cabe suponer que por una razón: cuando se lanzó el plan estratégico de vacunación el Estado no podía garantizar que hubiera dosis para todos (aun hoy no lo puede hacer, aunque se haya avanzado mucho), y no parecía lógico crear una obligación legal, sin proveer los medios para cumplirla.

Sin embargo, desde el principio mismo de la pandemia y aún en medio del mayor nivel de restricciones (por ejemplo cuando existía el ASPO en todo el país), hubo quienes tuvieron que trabajar forzosamente, exponiéndose a los riesgos de contagio, porque sus actividades eran  consideradas esenciales. Y algunos de ellos (como los camioneros, empleados de supermercados y negocios de comestibles, de empresas de servicios públicos esenciales) debieron esperar bastante para poder acceder a vacunarse.

Nada de eso les preocupaba por entonces a los popes de la UIA: por el contrario, presionaron al gobierno por mayores aperturas, aun cuando las cifras de los contagios y las muertes no las hacían aconsejables. En la dicotomía entre la salud (la vida, en definitiva) y la economía, jamás dudaron: los negocios primero.

La confluencia entre la dinámica propia del capitalismo de cobrarse su libra de carne para garantizar las ganancias (incluso al extremo de poner en riesgo la supervivencia física de la fuerza de trabajo que emplea), y la pulsión fiscalista del ministro de Economía que, apenas pudo, canceló o disminuyó las asistencias compensatorias por las restricciones como el IFE o los ATP, dio como resultado una circulación mayor que la que aconsejaban los epidemiólogos, para que no se interrumpiera la actividad económica, y en consecuencia mayores contagios y muertes. Pasó acá y en muchos otros países.

Ahora, con el plan de vacunación avanzando a buen ritmo en el país y un porcentaje importante de la población con al menos una dosis, la UIA vuelve sobre sus pasos y aprovecha la oportunidad de la existencia de un número (por suerte menor que hace un tiempo) de gente que no se vacunó porque no quiso, para colar por la hendija el pedido de manos libres para despedir sin costos, o dejar de pagar salarios.

Cuando hace un par de meses atrás asumió el esclavista Funes De Rioja (que no es empresario ni industrial) al frente de la central empresaria, decíamos acá que esa designación era un signo muy claro del orden de prioridades de las demandas del establishment local, en el cual una reforma laboral flexibilizadora sigue ranqueando alto.

Si cuando se habla de peronismo cualquiera más o menos avisado entiende derechos para el trabajador y leyes laborales, cuando cierta gente le echa la culpa de todos los males del país a "los 70 años de peronismo", está hablando precisamente de eso: quiere borrar del mapa la legislación laboral, volviendo al país a 1943, en ese terreno, en nombre de la modernización y el crecimiento.

Al plantear despedir o dejar de pagarles los sueldos a los que no aceptan vacunarse, Funes De Rioja y la UIA no están preocupados por los contagios, las muertes por COVID o las camas de terapia intensiva: simplemente están haciendo números para recortar costos, y así aumentar sus ganancias. Y los salarios son un costo, al que siempre le van a apuntar para reducirlo, como a los impuestos.

El problema no sería tanto ése -al fin y al cabo el gobierno, correctamente, cruzó la idea- sino que es el propio gobierno el que a veces, pierde el norte, se olvida que llegó a donde llegó en nombre del peronismo, y empieza a pensar con la lógica de los garcas que el peronismo vino a combatir, para proteger a los trabajadores. Como por ejemplo cuando piensa en la reducción o eliminación de las contribuciones patronales (desfinanciando así la seguridad social) como casi la única herramienta para promover el empleo.

O cuando alienta indirectamente que se paguen remuneraciones de miseria, incluso por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil, en especial en el campo y las llamadas "economías regionales", eliminando la incompatibilidad con los planes sociales, que no sería tal si se tratara -como debe ser- de empleo registrado, en blanco, que hace que el trabajador pase a percibir las asignaciones familiares. Claramente no es por ahí donde se van a contener las pulsiones esclavistas de nuestro empresariado más concentrado.

PACTOS SOCIALES POSIBLES

 

1) Rebaja de impuestos, 2) Reforma laboral flexibilizadora, 3) Que el Estado no regule la economía, 4) Que impere la más absoluta libertad de precios, 5) Ajuste del gasto público, 6) Lo demás lo vamos viendo:https://t.co/vYRS4AdhZr

— La Corriente K (@lacorrientek) June 9, 2021

Cuando estábamos transitando el período entre las PASO y las elecciones presidenciales generales del 2019, decíamos nosotros en ésta entrada: "La idea del pacto social forma parte del ADN fundacional del peronismo, y la ha ensayado cada vez que le tocó gobernar, con la posible excepción del período menemista; aun cuando entonces hubo ciertamente acuerdos más o menos explícitos en los que se sustentaba el modelo. El pacto social como idea, a su vez, excede bastante a un simple acuerdo de precios y salarios para encauzar la puja distributiva, o anclar las expectativas inflacionarias.

Sin embargo, un pacto supone que los actores que converjan a él (que por definición, tienen intereses distintos y aun contradictorios) hagan una lectura más o menos parecida del contexto en el que se los convoca a pactar, y por supuesto que compartan los objetivos del acuerdo, al menos en sus líneas generales. Y en los tiempos presentes, con otro estruendoso fracaso de otro experimento neoliberal ensayado en el país, eso exige que todos hayan hecho el aprendizaje correcto de la experiencia macrista, del cual sacar las conclusiones también correctas a futuro, para no repetir fracasos.

Pero en la concreta estructura productiva y en el mapa del poder económico del país que deja Macri, en la mesa del pacto social deberán sentarse actores poderosos, con capacidad de influencia en el resultado del proceso y que no parecen estar en las mismas condiciones descriptas; al menos en cuanto a la debida metabolización de la experiencia macrista refiere.

En efecto, y como lo hemos dicho otras veces, si hemos de guiarnos por los posicionamientos públicos de las entidades en las que se nuclea el más poderoso empresariado vernáculo (la AEA, la cúpula de la UIA, el "Foro de Convergencia Empresarial"), el panorama es desolador: no hay el más mínimo ejercicio de autocrítica no ya de su decidido apoyo al gobierno de Macri (al fin y al cabo y en tanto gobierno de clase, "su" gobierno), sino del marco conceptual con el que miran al país, y desde el que proponen o apoyan soluciones para sus problemas. Para decirlo en palabras de Aldo Ferrer, su contribución a la "densidad nacional" es poco más que nula. 

Inmunes a los resultados contundentes (y trágicos) de la experiencia concreta, nuestros grandes empresarios siguen pensando y sosteniendo que los grandes problemas del país son el déficit fiscal, la presión tributaria, el tamaño del Estado, la amplitud de sus funciones o la rigidez de la legislación laboral. Con un bagaje tan limitado de ideas, será una tarea titánica sumarlos a un pacto, acuerdo o contrato social amplio, que además estén dispuestos de buena fe a cumplir: el gobierno que se va ha sido pródigo en "acuerdos de caballeros" que no se cumplieron, sin que el poder político macrista tuviera la mínima precaución de generar las herramientas jurídicas para asegurar sus resultados.

Por el contrario, si de la boca para afuera se manifiestan proclives a alguna forma de acuerdo o pacto social, es porque suponen que en ese contexto el poder político (ahora en manos del peronismo) puede disciplinar y contener los reclamos salariales, para que el retraso del salario real sea la única y verdadera ancla inflacionaria; congelando de paso la distribución regresiva del ingreso que dejará el macrismo. 

En este punto y en el enésismo  intento de socializar las pérdidas que a sus empresas les ocasionó el modelo que apoyaron en su caída, así como el de sacarle el culo a la jeringa en poner de su parte para pagar la fiesta del endeudamiento y la fuga de capitales, puede resumirse el programa de nuestros sectores dominantes; que a su vez esperarán el momento para insistir en las propuestas flexibilizadoras. Sería tan sorprendente que no lo hicieran, como que hayan apoyado -una vez más- un programa industricida, que comenzó pulverizando salarios, para terminar consumiendo inversiones y capital de trabajo. 

¿Significa esto que hay que renunciar a la idea del pacto social, o excluirlos de sus deliberaciones, aun cuando nucleen a la mayor parte de los sectores importantes de la estructura productiva del país? No, significa que en esa tarea de articulación política de las demandas e intereses sociales no hay que resignar la legitimidad de origen del futuro gobierno, que construyó en las PASO (y aspira a ampliar más aun en las elecciones generales) una mayoría amplia como consecuencia no solo y no tanto de determinados acuerdos políticos o superestructurales, sino de que se lo percibió como el vehículo político adecuado para garantizar la defensa de los intereses de las grandes mayorías nacionales.". 

Desde entonces ha corrido mucha agua bajo el puente, pero el diagnóstico perfectamente podríamos suscribirlo hoy, avalados por los hechos: el gobierno del "Frente de Todos" transita su año y medio de mandato en medio de dificultades múltiples y crecientes, sean consecuencia de la herencia recibida, como del contexto de problemas que creó la pandemia. 

Y las múltiples resistencias de las fracciones más concentradas del poder económico, aun frente a un presidente de marcada vocación dialoguista: rechazo y resistencia al "impuesto a las grandes fortunas", judicialización o desconocimiento de medidas regulatorias como la prohibición de despidos, la doble indemnización o la declaración de servicio público al cable o internet o el congelamiento de tarifas. Ni hablar de los constantes aumentos de precios, en especial en los alimentos, medicamentos y demás bienes sensibles, o las resistencia contra cualquier forma de intervención estatal en l regulación de los mercados, sean retenciones, cupos, precios máximos o restricciones a las exportaciones. 

Pues bien, ese empresariado, el que se ha constituido en una permanente piedra en el zapato de los planes "acuerdistas" de un gobierno que convocó incluso al Consejo Económico Social (una iniciativa que formaba parte de la propuesta de otros candidatos, como Lavagna), acaba de hegemonizar la conducción de la UIA, designando como su presidente a Daniel Funes de Rioja. Todo un mensaje al gobierno sobre las posibilidades reales de alcanzar en el pa{is alguna forma de acuerdo social.  

Tuit relacionado: 

Con la designación de Daniel Funes de Rioja que no es industrial sino abogado y de la COPAL, la UIA da un mensaje claro al gobierno: sus prioridades son la flexibilización laboral, y que ni se le ocurra introducir regulaciones en los precios de los alimentos. El soretismo al palo

— La Corriente K (@lacorrientek) June 9, 2021

LES DIO VERGÜENCITA DECIRLO

Es falso que el artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo habilite la rebaja del salario. Basta leer la ley para comprobarlo, tarea tan fácil, que induce a pensar que detrás de la información mentirosa se oculta la intención maliciosa.

— Héctor Pedro Recalde (@HPRecalde) June 5, 2020

En el Boletín Oficial de ayer salió el DNU 528 prorrogando por 180 días la vigencia de la doble indemnización (completo acá), y el DNU 529 (completo acá) por el cual se suspenden, mientras dure el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", los términos de los artículos 220 a 222, que establecen la máxima vigencia posible de la suspensión de trabajadores en determinadas circunstancias (fuerza mayor, falta de trabajo), superada la cual el trabajador puede considerarse despedido, y con derecho a cobrar la indemnización; pero exclusivamente en los casos en que las suspensiones se instrumentan en el marco del artículo 223 Bis de la ley.

Si bien podría apuntarse que la prórroga de la doble indemnización es una medida protectoria de los trabajadores, luego hay que hacerla cumplir, o en todo caso, disuadir a los empresarios de que despidan; el DNU que lo prohibía fue olímpicamente ignorado por algunas empresas (como las del Grupo Techint), y de hecho la prórroga de la doble indemnización por un lapso mayor que la de éste (que vencería en julio) denota que el gobierno pareciera darse por vencido, y en todo caso intentar proteger los puestos de trabajo a través de la doble indemnización.

Sin embargo como dijimos, en el mismo DNU 529 que prorroga los plazos máximos de suspensiones sin que los trabajadores puedan considerarse despedidos, se aclara que la prórroga es en los casos que esas suspensiones se amparan en el artículo 223 Bis de la LCT, o sea que en los demás una suspensión por más de 30 días en el año por falta de trabajo, o por más de 75 días en el año por causa de fuerza mayor, dan derecho al trabajador a considerarse despedido, y reclamar la indemnización por despido; que conforme al DNU 528 sería doble hasta fin de año.

Pero relacionado con el artículo 223 Bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el lunes salió publicada en el Boletín Oficial la Resolución 475 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (completa acá), que prorroga por 60 días la Resolución 397 de la cartera a cargo de Claudio Moroni.

En los considerandos de la medida se señala que responde a "...la solicitud presentada por la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO que como Anexo se adjunta a la presente...", y que (la) "...situación de emergencia impuso la adopción de medidas administrativas y de procedimientos que permitieron una rápida y ágil respuesta frente a las peticiones ciudadanas, dictándose en consecuencia la Resolución MTE y SS N° 397/20.". 

Lo que no dice en ningún lado la resolución es que "peticionaron" en concreto los "ciudadanos" de la CGT y la UIA, con lo cual no queda otra que remitirse al anexo, donde leemos: "Los representantes de la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CGT), señores Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Antonio Caló, conjuntamente con la UNION INDUSTRIAL ARGENTINA (UIA) representada por los señores Miguel Acevedo y Daniel Funes De Rioja; se dirigen al Sr. Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dr. Claudio MORONI, a fin de hacerle saber lo siguiente: El pasado mes de abril, con el objeto de preservar los puestos de trabajo existentes y garantizar a la sustentabilidad de las empresas en serios problemas económicos como consecuencia de la pandemia y de las medidas que se tomaron para mitigar sus efectos, como el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado, que en conjunto generan un funcionamiento anómalo del sistema productivo y la prohibición de desarrollar diferentes actividades económicas, las partes promovimos el dictado de normas instrumentales en relación a la posibilidad de acordar la forma de garantizar el mantenimiento de ingresos laborales y puestos de trabajo a aquellos trabajadores que no pudieran prestar tareas." 

"Ejercitamos el Diálogo Social tripartito como herramienta para enfrentar, lo más razonablemente posible, las consecuencias de la crisis social y económica derivada de la pandemia por COVID 19. De manera consensuada se establecieron transitoriamente y por el término de sesenta días, los lineamientos propuestos en pautas de derechos esenciales cuyo resguardo las partes acordaron como posibles para recomendar a la autoridad de aplicación la homologación automática de las suspensiones pautadas a través del mecanismo del art. 223 bis de la LCT. Analizada la marcha de las medidas, el impacto favorable para trabajadores y empresas, el sostenimiento de los puestos laborales, la protección social derivada de la conservación de la relación de trabajo y teniendo en cuenta que en los próximos días vence el acuerdo por el agotamiento del plazo establecido, entendemos que resulta necesario promover el dictado de nuevas normas que sostengan los lineamientos oportunamente propuestos como pautas razonablemente posibles de protección así como su ágil implementación en todo el territorio nacional para preservar las unidades productivas con su dotación de empleo, evitando de este modo, tanto las desvinculaciones de personal como el cierre de las empresas."

"Es preciso generar las normas necesarias y renovar por 60 días la vigencia de las herramientas que se utilizaron hasta el presente prorrogando la vigencia de la suspensión pactada, encuadrada en los términos del art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y establecer las condiciones de la mayor celeridad posible para su homologación.". 

Ahí está, de eso se trataba: de prorrogar por otros dos meses el mecanismo de homologación "express y con fritas" de los acuerdos de reducción salarial pactados entre las patronales y los sindicatos; cosa que en el tuit de apertura el maestro Recalde nos explica que no se puede hacer invocando ese artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, incorporado al texto en 1996.

La norma dice expresamente: "Se considerará prestación no remunerativa las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación, conforme normas legales vigentes, y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. Sólo tributará las contribuciones establecidas en las Leyes Nros. 23.660 y 23.661.". 

Si no entendimos mal a Recalde, la norma no está pensada para rebajar salarios, sino para que sobre una parte de estos los empleadores no hagan aportes patronales (por eso lo de "no remunerativa"), excepto a las obras sociales y el seguro de salud. O sea que además de inaceptable en términos sociales e incomprensible en un gobierno peronista, la cosa vendría un poco flojita de papeles en materia legal. Se entiende ahora por qué al Ministro Moroni le dio como vergüencita de decir lo que estaba firmando en la resolución, con todas las letras.

En todo caso y sentada la intención del gobierno de proteger los empleos, genera dudas si las herramientas elegidas son eficaces a ese fin, o si no estamos ante una nueva vuelta de tuerca del dilema de los zapatos de Prat Gay: ante la imposibilidad (o indecisión política) de prohibir los despidos, se sostienen los puestos de trabajo, pero con rebaja salarial.

APRENDIZAJES

La idea del pacto social forma parte del ADN fundacional del peronismo, y la ha ensayado cada vez que le tocó gobernar, con la posible excepción del período menemista; aun cuando entonces hubo ciertamente acuerdos más o menos explícitos en los que se sustentaba el modelo. El pacto social como idea, a su vez, excede bastante a un simple acuerdo de precios y salarios para encauzar la puja distributiva, o anclar las expectativas inflacionarias.

Sin embargo, un pacto supone que los actores que converjan a él (que por definición, tienen intereses distintos y aun contradictorios) hagan una lectura más o menos parecida del contexto en el que se los convoca a pactar, y por supuesto que compartan los objetivos del acuerdo, al menos en sus líneas generales. Y en los tiempos presentes, con otro estruendoso fracaso de otro experimento neoliberal ensayado en el país, eso exige que todos hayan hecho el aprendizaje correcto de la experiencia macrista, del cual sacar las conclusiones también correctas a futuro, para no repetir fracasos.

La propia conformación del "Frente de Todos" como articulación opositora al macrismo que se apresta a llegar al gobierno en la Argentina, y la conformación de su binomio presidencial, son sin dudas el resultado de aprendizajes individuales y colectivos de la experiencia kirchnerista primero, y los efectos del despliegue del proyecto macrista en el país, después: comenzando por Cristina y el kirchnerismo para seguir con Alberto Fernández y los demás dirigentes y sectores que confluyeron en el FDT, hay allí un importante aprendizaje político, una lectura de la situación y una percepción del rol propio y del de los demás, puesta en acto político. Algunos, celosos por las denominaciones, la llamarían "autocrítica".

Recorriendo como se conformó el frente opositor que será la estructura política de soporte del futuro gobierno del país en una presidencia de AF, cada uno puede hacer más o menos su propio mapa mental al respecto, y como cree o supone que las piezas se fueron armando. Se puede intuir que además del componente específicamente político (los pedazos del mosaico peronista, los sectores "progresistas" que se sumaron dejando de lado prevenciones hacia el kirchnerismo y Cristina), confluyen también sectores sociales que son en sí mismos estructuras de representación, y como tales se deben a los intereses que expresan: la CGT, las CTA, los movimientos sociales, los empresarios nacionales, en especial de las Pymes. 

Aun cuando podría pensarse que todos esos sectores tienen en común que, precisamente, nunca compraron el modelo neoliberal de valorización financiera para la fuga de capitales que volvió a estragar el país como cada vez que se lo aplicó, eso no significa que no hayan debido hacer aprendizajes, para terminar confluyendo en el lugar que confluyeron, y aceptando los roles que a cada uno les toca jugar. Sin conocer la cocina del proceso y juzgándolo por los resultados, podría decirse que el aprendizaje fue provechoso, y sacaron las conclusiones correctas: casi no hubo esta vez "despistados", desviados hacia vías muertas de la inoperancia política o electoral, salvo los de siempre (la izquierda, los "progresismos blancos de dentadura completa", etc).

Pero en la concreta estructura productiva y en el mapa del poder económico del país que deja Macri, en la mesa del pacto social deberán sentarse actores poderosos, con capacidad de influencia en el resultado del proceso y que no parecen estar en las mismas condiciones descriptas; al menos en cuanto a la debida metabolización de la experiencia macrista refiere.

En efecto, y como lo hemos dicho otras veces, si hemos de guiarnos por los posicionamientos públicos de las entidades en las que se nuclea el más poderoso empresariado vernáculo (la AEA, la cúpula de la UIA, el "Foro de Convergencia Empresarial"), el panorama es desolador: no hay el más mínimo ejercicio de autocrítica no ya de su decidido apoyo al gobierno de Macri (al fin y al cabo y en tanto gobierno de clase, "su" gobierno), sino del marco conceptual con el que miran al país, y desde el que proponen o apoyan soluciones para sus problemas. Para decirlo en palabras de Aldo Ferrer, su contribución a la "densidad nacional" es poco más que nula. 

Inmunes a los resultados contundentes (y trágicos) de la experiencia concreta, nuestros grandes empresarios siguen pensando y sosteniendo que los grandes problemas del país son el déficit fiscal, la presión tributaria, el tamaño del Estado, la amplitud de sus funciones o la rigidez de la legislación laboral. Con un bagaje tan limitado de ideas, será una tarea titánica sumarlos a un pacto, acuerdo o contrato social amplio, que además estén dispuestos de buena fe a cumplir: el gobierno que se va ha sido pródigo en "acuerdos de caballeros" que no se cumplieron, sin que el poder político macrista tuviera la mínima precaución de generar las herramientas jurídicas para asegurar sus resultados.

En los últimos días Cristina volvió a hablar de la importancia de formular un nuevo contrato social, con precisa atribución de responsabilidades; y Alberto Fernández señaló a la concentración económica existente en el país como un serio  problema, del cual deriva en parte la inflación que carcome el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. Pues bien, los sectores empresarios que encarnan esa concentración no la ven, simplemente, como un problema; suponen -en línea con el discurso oficial del macrismo- que la inflación es un problema puramente monetario derivado del excesivo gasto público, y no parecen dispuestos a asumir ningún compromiso explícito en esa materia.

Por el contrario, si de la boca para afuera se manifiestan proclives a alguna forma de acuerdo o pacto social, es porque suponen que en ese contexto el poder político (ahora en manos del peronismo) puede disciplinar y contener los reclamos salariales, para que el retraso del salario real sea la única y verdadera ancla inflacionaria; congelando de paso la distribución regresiva del ingreso que dejará el macrismo. 

En este punto y en el enésismo  intento de socializar las pérdidas que a sus empresas les ocasionó el modelo que apoyaron en su caída, así como el de sacarle el culo a la jeringa en poner de su parte para pagar la fiesta del endeudamiento y la fuga de capitales, puede resumirse el programa de nuestros sectores dominantes; que a su vez esperarán el momento para insistir en las propuestas flexibilizadoras. Sería tan sorprendente que no lo hicieran, como que hayan apoyado -una vez más- un programa industricida, que comenzó pulverizando salarios, para terminar consumiendo inversiones y capital de trabajo. 

¿Significa esto que hay que renunciar a la idea del pacto social, o excluirlos de sus deliberaciones, aun cuando nucleen a la mayor parte de los sectores importantes de la estructura productiva del país? No, significa que en esa tarea de articulación política de las demandas e intereses sociales no hay que resignar la legitimidad de origen del futuro gobierno, que construyó en las PASO (y aspira a ampliar más aun en las elecciones generales) una mayoría amplia como consecuencia no solo y no tanto de determinados acuerdos políticos o superestructurales, sino de que se lo percibió como el vehículo político adecuado para garantizar la defensa de los intereses de las grandes mayorías nacionales.

QUE NO SE DIGA QUE NO LE PONEN GARRA

VOLUNTARISMOS

La imagen de apertura corresponde a esta nota de El Cronista de ayer, que daba cuenta de la decepción y el desencanto de los industriales argentinos con el macrismo, y su esperanza de que "aparezca alguien del peronismo" que pueda terciar en la disputa entre Macri y Cristina.

El aceitero Acevedo (UIA - AGD), el autopartista Taranto, el textil Karagozián y el constructor Crivelli coinciden: la política económica de "Cambiemos" fue letal para el sector y así no se puede seguir, es necesario un cambio de rumbo pero que no vuelva el kirchnerismo: puestos en la disyuntiva de tener que elegir entre la reelección de Macri y la vuelta de Cristina, "votarían por el más malo", o sea, Macri. 

También coinciden en cuáles son las causas de los problemas que apuntan: los altos costos laborales y logísticos, la presión tributaria, en el mismo nivel que la inflación (fenómeno al que por supuesto se imaginan ajenos) y las tasas de interés. Sería abusar del argumento ad hominem descartar sus opiniones simplemente porque se trata de gente que apoyó al actual oficialismo, y que viene abrevando hace décadas en determinadas fuentes del pensamiento económico que van en contra de todo lo que sea un desarrollo industrial para el país.

Basta decir que si no se los puede tildar de ingenuos (nadie llega a su posición siéndolo) son ciertamente voluntaristas, o cultores del pensamiento mágico. De otro modo no se entiende como pudieron suponer que aplicando las políticas que Macri aplicó (y ellos respaldaron), los resultados pudieron ser distintos.

Otro tanto cabe decir de las opciones políticas que sopesan: mal que les pese, la polarización está instalada en la sociedad, y estos tres años de gobierno de Macri no han hecho sino profundizarla, sea como estrategia de acumulación política del gobierno, o como resultado lógico y objetivo de las políticas públicas que viene ejecutando. Es un dato de la realidad, que no se puede desconocer, aunque pueda no gustar.

La "ancha avenida del medio", la "tercera vía", la "alternativa superadora" tardan en aparecer (y todo indica que no lo harán), por una ley inexorable de la política: a grandes males (como los que viene causando el macrismo), grandes remedios: para salir del actual estado de cosas se requiere una coalición política y social con perfil claramente opositor, que no solo haya adversado las políticas que Macri viene aplicando en estos tres años, sino que pueda acreditar que, cuando le tocó gestionar el Estado, lo hizo de otro modo, con otras políticas.

La ascendencia social de Cristina (que se traduce en su potencialidad electoral) tiene que ver con el recuerdo inmediato de su gobierno, sus políticas y sus beneficiarios; no con inexplicables factores emocionales con los que algunos quieren denostar a los que la votarían, motejándolos como un "club de fans". Ni que decir que ese gobierno y sus políticas crecen día a día en la comparación con el macrismo: a veces a las cosas hay que buscarle explicaciones sencillas, y no andar con tantas vueltas. 

Con esa experiencia de gobierno y liderazgo a la vista, el "peronismo alternativo" del cual los industriales esperan la receta mágica para romper la polarización instalada se debate hace tres años, en la búsqueda de la cuadratura del círculo: como encontrar el "candidato imposible", que capitalice el descontento con Macri y su gobierno cuando apoyaron sus políticas y las hicieron posibles, y como heredar los votos de Cristina cuando pasaron esos mismos tres años tratando de dar por muerto y sepultado al kirchnerismo.

De hecho, el "techo bajo" (este sí real y concreto) de ese peronismo es la lógica consecuencia de ambas líneas de acción política: colaboracionismo con el régimen, negacionismo de la experiencia kirchnerista. Pretender crecer con esa fórmula, ¿no es acaso una demostración rotunda de puro voluntarismo político, sin anclaje real en la realidad?

Sin embargo y como por arte de magia, los "voluntaristas" -al parecer- terminamos siendo otros: los que planteamos que si hay disconformidad social creciente con el gobierno la solución política es votar a la genuina oposición; y esa oposición "opositora" debe construirse con los elementos disponibles a la mano y no los que a cada uno le gustaría que existiesen, pero no están.

Entre ellos, y en primer lugar, usando como punto de acumulación a la figura con mayor intención de voto opositor según marcan todas las encuestas; y con mayor volumen político propio. Tui relacionado: 

Es curioso como los voluntaristas somos los kirchneristas que confiamos en el regreso de Cristina, y no los empresarios que le siguen pidiendo a este gobierno un plan industrial, o los cultores de la teoría del "techo bajo" que esperan el milagro de la aparición de un tapado.

— La Corriente K (@lacorrientek) 2 de enero de 2019

DISPUTAS EN LA CÚPULA

Apenas horas después de que se anunciaran los cambios en el Banco Central con la salida de Sturzenegger y el desembarco de "Toto" Caputo (es decir, Wall Street y los fondos buitres al comando de sistema financiero), Macri desplazó del gabinete a Aranguren y Cabrera; para reemplazarlos por dos "cuatro de copas" como Dante Sica y Javier Iguacel, que hasta hoy estaba a cargo de Vialidad Nacional pero viene de la industria petrolera.

Se venía hablando en los últimos días de las presiones del "círculo rojo" a Macri para que soltara lastre y metiera mano en el gabinete, reemplazando a algunos funcionarios desgastados (y vaya si Aranguren lo era, por ejemplo): de eso daban cuenta las plumas de los principales diarios, que expresan el pensamiento de la UIA y de buena parte de la cúpula empresarial. Es imposible no asociar la llegada de Sica al gabinete con un gesto hacia la principal central fabril, de parte de un gobierno que va perdiendo apoyos en forma creciente y acelerada.

De lo que no se habló ni se habla, es de rectificaciones en el rumbo central de un programa económico que está llevando al país a otra crisis de grandes proporciones, o de dar marcha atrás con algunas de las medidas más controvertidas del gobierno como los tarifazos, cuando el presidente acaba de vetar una ley que les ponía freno: la dolarización de las tarifas de los servicios públicos seguirá vigente porque está comprometida en el memorándum de entendimiento con el FMI, y el nuevo ministro del área (que proviene de una empresa con inversiones en Vaca Muerta) está tan comprometido con ella como Aranguren.

En el caso de Producción, es posible que Sica exprese la llegada de alguien que se supone  sabe algo más del tema que el chanta Cabrera, en un momento en el que la corrida del dólar hace alentar expectativas de mejoras a los productores de bienes transables (sobre todo la gran industria exportadora, que no depende del mercado interno), que no se corresponden necesariamente con la realidad: la dolarización también afecta a los costos industriales (por el lado de las tarifas y los bienes intermedios que se importan para la producción local), y a otros precios como los alimentos; que afectan el ingreso disponible para el consumo de la población, y por ende el nivel de actividad.

La misma cúpula empresarial que venía presionando al gobierno para introducir cambios en el gabinete respalda las políticas centrales de la gestión de Macri, en éste caso expresadas en el acuerdo con el FMI y en la reforma laboral que entró al Congreso: retiro del Estado de la actividad económica, ajuste del gasto público, disminución de la presión tributaria y flexibilización de la fuerza de trabajo; cuyo costo en dólares además se está licuando al compás de la corrida.

Fuera de eso, hay una puja salvaje en la cima del poder económico del país por la apropiación del excedente social de riqueza que generan la devaluación en marcha (cuyo techo aun no puede preverse), y el ajuste en ciernes; cuya viabilidad política y social está por verse.

Y esa puja es -exclusivamente- la que explica las tensiones, la agudización de los desequilibrios del modelo económico y de sus vulnerabilidades, la aceleración de la inflación y la corrida cambiaria: no se producen por un aumento de la conflictividad sindical o por inestabilidad política, que en todo caso serán consecuencias del desbarajuste económico, no sus causas.

En cuestión de días, Macri tuvo que desprenderse de Aranguren y Sturzenegger, acaso los dos funcionarios que más cabalmente expresaban su pensamiento económico: señales inequívocas de un presidente que ha licuado aceleradamente su poder político y se ve obligado a tomar decisiones que le son impuestas por otro; mientras acude al FMI para hacerle decir el conjunto de medidas que en rigor él deseaba tomar, pero no podía. 

El tema es -de nuevo- que intentará ponerlas en marcha cuando las condiciones sociales (en términos de respaldo al gobierno en la opinión pública) empeoraron, y cuando las condiciones políticas no le harán tan sencillo ni barato conseguir "dadores voluntarios de gobernabilidad" en la oposición.

Sin embargo, el aterrizaje de Sica (ex funcionario de Duhalde, y con llegada a la UIA) en el gabinete es también un guiño a los sectores más conservadores del peronismo y a lo que queda del massismo, para que se suban al tren del ajuste y aporten sus votos en el Congreso para todas las medidas que sean consecuencia del acuerdo con el FMI, en primer lugar el Presupuesto 2019 con el ajuste incluido. Va de suyo que de estos cambios cosméticos nada puede esperarse, sino la ratificación del rumbo económico, cuyas líneas maestras están produciendo los daños sociales por todos conocidos. 

Lo que hacen -en todo caso- es ratificar que estamos viviendo el tramo final de un gobierno agotado, con un presidente al que le han asignado el rol de administrar el ajuste hasta donde sea posible imponerlo (aunque en ello sepulte toda chance de perduración política más allá de su mandato), y con un gobierno al que le exigen que tome medidas estructurales (como los cambios en el Banco Central) para condicionar de antemano a la gestión que lo suceda; y asegurar los intereses del poder económico más allá de cualquier posible cambio de signo político.

Para terminar, una nota de color: Macri rajó a Cabrera horas después de que lo acompañara a recibir a Carrió en Olivos, tras el escándalo en el Congreso durante la votación por la despenalización del aborto, y en teoría y según se informó, hablaron de los planes del ministerio que estaba a su cargo.

No se sabe que pensar: o la boludeada presidencial a la pitonisa fue de proporciones descomunales, o una vez más, los movimientos del "mejor equipo de los últimos 50 años" (al que le quedan cada vez menos jugadores titulares) no estarían tan fríamente calculados de antemano, como nos quieren hacer creer. 

CONTÁTE OTRO, PELADO

Sobre el conflicto entre el gobierno y la UIA, leíamos a Pagni en una de sus columnas de La Nación: “La discusión echa luz sobre males viejos y nuevos. Muchas grandes fortunas argentinas se han construido sobre decretos oficiales. Pero, con independencia de ese vicio, el Gobierno carga con otro inconveniente. Si la política económica es gradual, la inversión también será gradual. Más allá de estas razones objetivas, el oficialismo aprecia este conflicto por su rentabilidad simbólica. Con una caída de 10 puntos en las encuestas, y en medio de una batalla antiinflacionaria que apuesta a la moderación de los aumentos salariales, confía en que la puja retórica con la UIA neutralice el prejuicio que más lastima al Presidente: "Gobierna para los ricos".La pretensión oficial de producir un movimiento hacia la izquierda domina todas las iniciativas de estos días.  

El inventario de reformas progresistas expuesto por Macri ante la Asamblea Legislativa hace una semana y, sobre todo, la habilitación del tratamiento de la despenalización del aborto en el Congreso. Una jugada que aun rivales ideológicos acérrimos del Presidente consideran ventajosa. El Gobierno correría un solo riesgo: tentarse con intervenir en la dinámica legislativa.” (las negritas son nuestras)

Ya bastante inverosímil es que nos pretendan vender un “Macri progresista” o “feminista”, como para que ahora nos quieran encajar un Macri “traidor a su propia clase”. Y en la nota del propio Pagni, en la parte que resaltamos, está la respuesta. 

En efecto, si la pelea del gobierno con los popes de la UIA fuera por la inflación y las rermarcaciones de precios (con el gobierno controlándolos a lo Moreno, con multas y sanciones, o aplicación de la ley de abastecimiento), uno podría comprar el buzón, pero es más bien todo lo contrario: no existe la más mínima intención de hacer algo por el estilo, y por el contrario, Macri los acusa a los empresarios de haberse dejado comer la cabeza por el Napia, durante el kirchnerismo.

O lo más importante: si Macri no gobernara para los ricos (como todos sabemos, y ahora tratan de que nos olvidemos con esta pelea coacheada por Durán Barba) se pondría del lado de los trabajadores, y presionaría a los empresarios para que les aumenten los sueldos en la discusión en paritarias de un modo acorde a la inflación, para mantener y aun mejorar el poder adquisitivo de sus salarios.

Sin embargo y como el propio Pagni lo señala, la obsesión del gobierno es exactamente la contraria: que los trabajadores moderen sus reclamos salariales, y que los empresarios regateen en las paritarias, porque la merma en el salario real es la única estrategia oficial contra la inflación.

Que casualmente coincide -pero vean ustedes que coincidencia- con los intereses de todos los empresarios, o con los más grandes e importantes, de todas las fracciones del capital; que por eso mayoritariamente acompañaron a “Cambiemos” en las elecciones presidenciales: asegurarse de una redistribución regresiva del ingreso nacional, a favor de las ganancias del capital. 

Ni que hablar que los primeros en perseguir ese objetivo son los empresarios que forman parte del propio gobierno, comenzando por el presidente. Tanto que se podría decir que con ese objetivo principal en mente armaron un partido, y se presentaron a las elecciones; y para peor, las ganaron.

NIVELES DE COMPROMISO

El “compromiso” que firmaron buena parte de los empresarios más importantes del país ayer en la Casa Rosada dice bastante más que lo que expresan sus pocas líneas.

Primero que nada, está diciendo que el proyecto de ley anti-despidos pegó bastante más duro de lo que el gobierno de Macri estaba dispuesto a admitir, hasta el fin de semana por lo menos.

Hasta entonces Macri dejó en claro que estaba en contra, pero que si prosperaba lo iba a vetar, sin importarle los costos políticos que tuviera que pagar por eso.

La apresurada convocatoria a los empresarios (urdida en el mismo fin de semana en que -tapa de Clarín mediante- el gobierno blanqueó que hay recesión) demuestra todo lo contrario: el gobierno se vio forzado a poner el tema de los despidos en la agente, y tocar pito a la tropa propia (los empresarios) para que cerrara filas en torno a su gobierno; buscando así frenar la ley; que aun vetada le infringiría una dura derrota política.

Tropa propia, dijimos: queda claro que para Macri eso son los empresarios, por encima incluso de sus socios políticos en "Cambiemos" (comenzando por la UCR), ninguneados en la convocatoria.

Que a un acto multitudinario en el que convergieron personas y organizaciones que tienen en muchos casos profundas diferencias políticas y sindicales para enfrentar sus políticas Macri le responda con un un documento de seis párrafos firmados por los principales popes empresarios del país, es todo un símbolo de los modos de hacer política que hoy están en disputa. Y también un explícito ninguneo a la capacidad de movilización del sindicalismo, que puede ser otro gesto de soberbia que en el futuro el gobierno termine pagando caro. 

Claro que un giro discursivo tan brusco en tan corto tiempo (de negar la crisis de empleo y sostener que se estaban creando puestos de trabajo, a pedirles a los empresarios que se comprometan por escrito a no despedir) tampoco es posible de hacerse sin pagar costos en el camino.

Desde el punto de vista institucional, la movida no puede ser más precaria y consagratoria de las leyes de mercado, como sucedáneos pobres de la regulación del Estado y sus órganos surgidos de la voluntad popular: se reemplaza la fuerza de una ley -como tal, exigible incluso coercitivamente por medio de los tribunales- por un compromiso endeble entre gente acostumbrada a faltar a su palabra, puesta por escrito o no.

Todos ellos: los empresarios (evasores, fugadores seriales, habitués de las off shores y los paraísos fiscales) y el gobierno, que ejecuta desde la gestión una a una -con precisión quirúrgica- las medidas que en la carrera electoral desmintió bajo el rótulo de campaña del miedo". Y que tiene además en sus filas a cultores habituales de los peores vicios de nuestro empresariado, como que lo son, comenzando por el propio Macri.

El “compromiso” ni siquiera encierra la promesa empresarial de dejar de aumentar los precios (otro problema que el gobierno se empecina en negar, minimizar o atribuir a la “pesada herencia recibida”), y habla de “no reducir nuestros planteles de empleados”: ¿acaso un subterfugio para reemplazar futuros despedidos que significan una mayor carga a la patronal por su antigüedad, salarios y beneficios, por jóvenes precarizados del programa “Primer Empleo” propuesto por el gobierno? Si así lo hicieran, no faltarían a su “compromiso”: mantendrían los planteles.

Es posible que la movida represente una soga tendida a Massa, para permitirle justificar su enésima voltereta discursiva a favor del gobierno, y otro tanto para los sectores del sindicalismo que se sienten claramente incómodos confrontando con el gobierno de Macri; y que ayer dieron el presente a la convocatoria presidencial, como vemos acá.

Por otro lado ningún empresario Pyme (ni siquiera con el pretexto de la preocupación por la doble indemnización, o la prohibición legal de despedir) en su sano juicio podría suscribir un documento que dice (palabras más, palabras menos) que "estamos mal pero vamos bien", o que el rumbo económico del gobierno es el correcto.

Está por verse -sin embargo- si el "compromiso"  firmado ayer sirve para detener el proyecto anti-despidos en el Congreso, y eximir a Macri de vetarlo. En caso contrario, la derrota política del presidente y el gobierno se agravaría, en lugar de amortiguarse.

Pero lo más preocupante del documento está en los párrafos (que ocupan la mitad o más del escueto texto, lo que cual da una idea de su importancia) en los que los empresarios firmantes adhieren sin reservas al rumbo económico del gobierno: por allí comienza y termina el documento, signo claro de cual es su verdadero propósito.

Que no es precisamente el de preservar los puestos de trabajo, amenazados o perdidos, -justamente- por esas políticas que los empresarios convalidan con su firma en el texto. Lo que busca el documento impulsado por Macri es exhibirle a la oposición sus “músculos”, es decir la consistencia, el espesor y la fortaleza de los intereses que verdaderamente lo sostienen en el gobierno, que no son precisamente los millones de votos que obtuvo en el balotaje; ni muchos menos los bloques legislativos de "Cambiemos", ausentes en la movida como se dijo antes.

Antes las dudas que surgieron en las últimas horas y tras el ostensible fracaso de la cumbre de Olivos de hace unas semanas (si hubiera servido para algo, éste “compromiso” no hubiera sido necesario), ahora Macri exige una pública profesión de fe de los principales empresas y grupos y entidades empresariales del país, sobre el acompañamiento a su gobierno.

Algo así como “éste es su gobierno, yo estoy acá para hacer lo que ustedes reclamaban, ahora salgan a defenderlo”. Y así lo estarán haciendo los que firman el documento, cuyo texto no da lugar a ninguna duda al respecto.

Con lo cual en el futuro estos mismos empresarios que hoy hablan de “dificultades de corto plazo” (alineándose así con el discurso oficial del “ajuste doloroso pero inevitable”) no podrán despegarse de las consecuencias de la implementación del programa económico y social que está llevando adelante Macri, porque -lo reconozcan o no- las buscaron. 

Con el sostenimiento del empleo, poco, con la lucha contra la inflación, nada, en el sostenimiento de un programa económico que está destruyendo puestos de trabajo, salarios y tejido social y productivo, todo. Niveles de compromiso, que le dicen.