LA FRASE

"EN ÉSTE PAÍS NO SE PUEDE TENER MENTALIDAD EMPRENDEDORA Y ARRIESGARSE EN LA BÚSQUEDA DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PORQUE ENSEGUIDA TE DESTRUYEN CON LA MÁQUINA DE IMPEDIR." (JOAQUÍN BENEGAS LYNCH)
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lunes, 22 de diciembre de 2025

LA BLITZKRIEG DEL CAPITAL

 

La discusión en el Congreso del Presupuesto y reforma laboral enviados por Milei se llevaron toda la atención y dejaron en un segundo plano los demás temas contenidos en el Decreto 865 por el cual se llamo a extraordinarias, y en un punto es lógico: ambos (presupuesto y reforma laboral) son a su vez madrioshkas de hijoputeces, verdaderas bombas racimo que desparraman para todos lados recortes de derechos para trabajadores y sectores sociales más desprotegidos, y canonjías, privilegios y beneficios para todas las fracciones del capital.

En el caso del presupuesto y además de sus números en sí (expresivos de la continuidad del plan de ajuste fiscal para generar excedentes que destinar al pago de la deuda) estaba el capítulo que finalmente fue rechazado en la votación en Diputados, e incluía la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, el reconocimiento de deudas monumentales por la pesificación de las tarifas a Edenor y Edesur, el congelamiento de las asignaciones familiares y la AUH, la derogación del fondo de educación técnica y la restitución a la CABA de los puntos adicionales de coparticipación que le cediera Macri por decreto. 

La reforma laboral -un intento regresivo por volver a los tiempos de la servidumbre de la gleba- conlleva además beneficios tributarios exorbitantes para el capital más concentrado, en perjuicio incluso de la masa de recursos coparticipables que deben compartirse con las provincias.

Pero el resto del temario contenido en el decreto de convocatoria a extraordinarias no es menos tenebroso: así por ejemplo el proyecto de ley de "Inocencia Fiscal" supone un blanqueo (el enésimo en pocos años) permanente y perpetuo, así como la invitación a lavar dinero, evadir impuestos y fugar capitales, con la renuncia explícita del Estado nacional a buena parte de sus facultades de fiscalización y recaudación; mientras que la "Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria" propone penalizar (si: incluir en el Código Penal) determinadas políticas económicas expansivas del gasto, o que vulneren la regla del equilibrio fiscal o déficit cero: en la cabeza de Milei los lavadores de dinero o evasores de impuestos no son delincuentes sino héroes que deben ser premiados, pero toda política económica que se aparte del dogma de la superchería austríaca del cual él es devoto, merece la cárcel.

Hay además una horrorosa reforma del Código Penal que condensa todos los engendros del punitivismo de la derecha más reaccionaria y un proyecto de modificación (en la práctica derogación) de la ley de glaciares, hecho expresamente a pedido de los Estado Unidos en el acuerdo comercial anunciado hace poco, para beneficio de cuatro o cinco grandes multinacionales mineras; que sumado al contexto ya de por sí oprobioso del RIGI lo único que le reportará al país (y a las provincias que lo apoyan) es el saqueo de sus recursos naturales, sin dejar nada a cambio salvo pasivos ambientales, y algunos empleos más o menos bien remunerados. 

Como si todo esto fuera poco, el 14 de diciembre se dieron a conocer distintas propuestas emanadas del Consejo de Mayo, entre ellas una "ley de inviolabilidad de la propiedad privada", que conlleva modificaciones sustanciales en el régimen de expropiaciones de la Ley 21.499 (cuasi eliminando la ocupación temporaria de uso en casos de catástrofes o desastres naturales), en el procedimiento de desalojo contemplado en Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para los casos de alquileres (convirtiéndolo prácticamente en un juicio ejecutivo) y en el régimen de integración socio-urbana de barrios populares de la Ley 27.453 (estableciendo las condiciones para los barrios urbanizados puedan ser coto de caza de los desarrolladores inmobiliarios).

También introduce cambios en la regulación de tierras rurales de la Ley 26737 (eliminando las restricciones que se establecieron en tiempos de Cristina para las adquisiciones por extranjeros) y en la Ley 26815 de manejo del fuego, para eliminar los cambios introducidos en la pandemia a partir de un proyecto de Máximo Kirchner, para evitar los incendios provocados para ampliar la frontera agropecuaria, o posibilitar negociados inmobiliarios. Al respecto pueden consultar con provecho esta nota de María Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo en "El Cohete a la Luna".

Estamos en presencia entonces de una verdadera guerra relámpago desatada por todas las fracciones más concentradas del capital nacional y extranjero, lanzados como animales carroñeros sobre los restos de lo que queda de la Argentina, sus riquezas y recursos naturales y los derechos de la mayoría de sus habitantes. Tal como lo hicieran con Martínez de Hoz primero y con Menem y Cavallo después, y como lo intentara Macri en 2017 hasta que chocó la calesita, los que nos dicen que nosotros íbamos por todo lo hacen ellos apenas pueden; y vuelven a repetir su doble lectura de los resultados electorales en el país, según quien gane las elecciones: cuando el que gana no les gusta, debe moderarse y ejecutar las políticas que convienen a sus intereses con prescindencia de lo que haya votado la gente; pero cuando ganan ellos -a través de sus mascarones de proa de ocasión- tienen carta blanca para hacer lo que les plazca, y toda oposición debe ser arrasada.

Debates a las apuradas con plazos perentorios, comisiones del Congreso armadas a dedo sin respetar las proporciones resultantes del voto ciudadano, leyes ómnibus armadas como verdaderos Frankenstein jurídicos que evidencian tratos pampas entre mafiosos que en el fondo saben que lo son, y no se tienen confianza más allá de los acuerdos circunstanciales, secretismo sobre los contenidos  escasa o nula defensa argumental de las bondades de las iniciativas; y en no pocos casos, confesión más o menos explícita de que en el fondo se trata de defender negocios, o responder a intereses bien concretos, y muy poderosos.

Es tan difícil encontrar en el paquete de leyes que Milei quiere aprobar (y que se suman a la ley bases con el RIGI y el DNU 70 aun vigente) algún fracción más o menos relevante del capital nacional o extranjeros cuyos deseos no hayan sido atendidos de modo preferente, con precisión quirúrgica, como encontrar allí algo mínimamente parecido al cuidado o la atención de un grupo vulnerable, la concesión o la garantía de un derecho para las grandes mayorías nacionales, o algún beneficio tangible y concreto para los pauperizados sectores populares.

El (triste) papel que cumple en todo esto Milei no difiere mucho del que juega Jaime Campos en la AEA: el amanuense de ocasión encargado de recolectar las demandas de los patrones (nacionales y sobre todo extranjeros), y hacerlas realidad. Solo que munido de la investidura presidencial, y con el respaldo institucional del Estado argentino.

La voracidad del asalto indica que en el fondo y aunque apoyan el experimento libertario con seres vivos, son concientes de su fragilidad y de que no puede durar mucho; de allí que lo que quieren en rigor es blindarse para condicionar a futuros gobiernos, aprovechando la oportunidad (que ellos mismos calificaron de histórica, y en un sentido lo es), y sacando provecho de la experiencia.

Será cuestión entonces de que alguna vez hagamos lo mismo nosotros, y así como el deber de la hora es resistir con todas las fuerzas la avanzada, también hay que prepararse para un futuro no solo con propuestas alternativas que (como la que hizo esta semana el PJ sobre la reforma laboral) requieren reconquistar el poder político para poder imponerse, sino con un programa construido en base a compromisos concretos de tumbar todos estos latrocinios al país, su pueblo y sus recursos, si llegaran a concretarse; comenzando además por decir claro y con todas las letras que haremos con la deuda, que es el nudo gordiano de la dependencia. 

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domingo, 21 de abril de 2024

SE NOS CAGAN DE RISA EN LA CARA

 

El cónclave del presidente con buen parte de la cúpula del poder económico en el país fue a puertas cerradas, sin presencia de la prensa. Imaginemos como habrá sido lo que allí se habrá hablado, si lo único que trascendió fue que Milei les dijo que los que evaden impuestos y fugan capitales son héroes, y los que compran dólares en negro, más aun.

No es que uno esperara que alguno de todos los delincuentes de guante blanco presentes se levantara indignado y se fuera al oír semejante cosa, pero no deja de asombrar en un punto el nivel de impudicia con el que se manejan estos tipos: se los puede ver en las fotos sonrientes, disfrutando del éxito de haber colocado un muñeco que les viabilice sus negocios, nada menos que con el voto popular.

Ni Macri se atrevió en sus tiempos a tanto como Milei: llegó a decir que los de su clase se veían forzados a evadir yfugar porque el Estado -en palabras de Biolcatti- era un depredador insaciable, y era una simple estrategia de defensa para proteger sus patrimonios del Leviatán estatal.

Milei redobla la apuesta elevándolos alacategoría de héroes y lo aplauden, porque además eso es lo que fue a buscar, carente de afectos como es: que lo aplaudan, por lo que sea. Y lo hace con la total impunidad que le concede no solo su vínculo de relaciones carnales con el poder económico, sino el estruendoso silencio del sistema político opositor, salvo alguna que otra voz aislada que no cambia la conclusión.

Se dirá que buena parte de esa misma oposición no se atrevió a asomar la cabeza para que no le enrostraran el vergonzoso aumento de las dietas del Senado, ajenos por completo al contexto social; y es muy posible que sea cierto.

Pero no es menos cierto que la oposición no condena los exabruptos del presidente (que acumula cada día una nueva causal suficiente para ser destituído por juicio político) en éste caso no por respeto a su investidura ni para evitar ser tildada de golpista, sino por miedo a ese poder económico concentrado y brutal -tan brutal como los dichos presidenciales- que rodeó a Milei en el Llao Llao.   

Y algo más que miedo: buena parte de esa oposición ha buscado y sigue buscando interlocución y explorando posibles acuerdos y sociedades donde solo hay enemigos: del pueblo, de sus derechos, de los trabajadores, de lo público, del país y de su desarrollo autónomo.

Si Milei dice que los evasores y fugadores son héroes y estos lo aplauden entusiasmados, es porque se enorgullecen de lo que debería darles vergüenza. Otra lección para aprender y no perder el tiempo buscando unicornios azules de burguesías nacionales donde poco hay de burguesías y nada de nacionales. y simplemente estamos ante un grupo de buscas. VIP en lugar de vulgares -y habría que verlo-, pero buscas al fin.

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jueves, 12 de octubre de 2023

CUATRO O CINCO VIVOS

 

Los problemas más serios de la economía argentina (y entre ellos, la inflación, la pobreza y la distribución regresiva del ingreso) no tienen su origen en las joditas que arman cuatro o cinco vivos en las cuevas de la city, pero esos cuatro o cinco vivos (el número es figurativo) sacan provecho de todas las crisis, y si a esos fines las tienen que fogonear, las fogonean.

Tampoco la actual corrida cambiaria -y posiblemente bancaria- es responsabilidad exclusiva de Milei, si bien su insensatez es mayúscula, demostrando que no tiene las mínimas condiciones para manejar un quiosco, no hablemos ya de presidir el país. Y también nos demuestra -de un modo doloroso- como funciona en la práctica la dolarización: licuando nuestros ya empobrecidos salarios 

Pero si es cierto que Milei -además de extraviado- está rodeado de buscas (nacionales e internacionales) que medran con éste tipo de situaciones para llenarse los bolsillos.  

Y si esos cuatro o cinco vivos van en cana el país va a seguir teniendo problemas muy serios por delante para resolver, pero que vayan presos sería algo para celebrar. Porque hasta acá la vienen sacando barata, tanto que nadie ni siquiera conoce quienes son.

Las crisis económicas se resuelven con medidas económicas, pero en el mientras tanto, exponer a estos delincuentes y -si fuera posible- ponerlos tras las rejas es una medida de estricta justicia, y necesaria higiene democrática. 

Porque resulta que no solo no sabemos quienes son, sino que nunca figuran en los discursos de la mayoría de la dirigencia política como revistando entre los causantes de los problemas del país: por el contrario, han instalado entre la mayoría de la gente que ese lugar lo ocupan los sindicalistas, los piqueteros o los pueblos originarios, e incluso los políticos, antes que ellos.

Y en mucha mayor escala, otros operadores como los fondos de inversión especulativos o los grandes conglomerados económicos del país -incluidas muchas de las multinacionales que operan en él- aprovechan impunemente y casi en el anonimato nuestras recurrentes crisis para acrecentar sus ganancias, ajenos a todas las convulsiones.

Nunca sabemos -el vulgo, las grandes mayorías- quienes fugan, quienes desabastecen, quienes provocan movimientos especulativos con el dólar "blue" o los dólares financieros, quienes fugan capitales, quienes evaden impuestos, aunque lo intuyamos, o la información está disponible en bases de datos públicos: no circula, porque no hay interés en que esas cosas se sepan, porque expondría los resortes invisibles que mueven las palancas.

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lunes, 30 de enero de 2023

PAYASADAS FISCALES

 

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martes, 13 de diciembre de 2022

LAGOS DE DÓLARES ESCONDIDOS

 

El 1° de enero entrará en plena vigencia el acuerdo para el intercambio de información fiscal entre la Argentina y los EEUU, que le permitirá al Estado nacional acceder a información de la que hoy no dispone sobre cuentas y activos de argentinos allá, muchos de ellos no  declarados a nuestro fisco.

Ello así pese a que, solo contando desde 2009 y con diferentes gobierno, han existido varios blanqueos de capitales de cuyos resultados tampoco tuvimos demasiadas noticias por aquello del "secreto fiscal", que es algo que habrá que revisar en serio alguna vez, porque hasta acá ha funcionado solo para proteger  los poderosos. 

Lo que no se entiende en éste caso es precisamente eso: que cuando el país contará con una herramienta negada durante muchos años (y que habrá que ver cuanto hay de cierto en que por fin ahora dispondrá de ella) para perseguir evasores y fugadores consuetudinarios, y cuando esa información le permitirá ampliar la base imponible en los sectores más poderosos (una cuenta o bienes en el exterior no son cosas de las que puede jactarse un laburante común), se insista con una herramienta que ya ha fracasado como el blanqueo, y que lo único que consigue es estimular a que en el futuro los mismos tipos sigan evadiendo y fugando.

En defensa de la iniciativa, algunos dicen que es el único modo en que éste gobierno puede, en lo que le queda de mandato, aprovechar algunos recursos provenientes de la detección de activos no declarados en el exterior por parte de residentes argentinos, en un año con campaña electoral y fuertes requerimientos de vencimientos de deuda (ni hablar los venideros).

Pero aun sí, las multas y penalidades que deberían pagar quienes ingresen al blanqueo se pagarían en pesos y no en dólares, y según se cuenta acá en Pajita 12, solo un 20 % de lo recaudado se destinaría a un fondo especial para la cancelación de la deuda con el FMI, con aportes provenientes de los que se beneficiaron con el préstamos otorgado por la entidad a Macri.

Según se señala en la nota, el blanqueo sería la alternativa que encontraron Alberto y Massa para terminar de cajonear el proyecto presentado por Parrilli en el Senado para cobrarles impuestos a los que tenían activos no declarados en el exterior, y con ese dinero pagar la deuda: una muestra más de como funciona realmente éste gobierno, o de quien es, aunque el presidente le haya dicho a Fontevecchia que es el de Cristina.

Otro 40 % de lo ingresado por el blanqueo (según el proyecto que ingresaría al Congreso) se destinaría a "...programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación para la exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural.", lo cual es tan amplio que puede ir desde financiar nuevos tramos del gasoducto Néstor Kirchner u obras similares, hasta costear los gigantescos subsidios a las petroleras vía el "Plan Gas" para incrementar la producción, en un contexto de dolarización de los precios del gas en boca de pozo, que venía del macrismo y no fue revertido por ésta gestión.

Es decir, si en un caso la evasión y la fuga, parcial y tardíamente corregidas a través de un blanqueo en lugar de usar la información disponible para cobrarles los impuestos que correspondan con las multas y accesorios del caso por no haberlos declarado -sin blanqueos ni perdones fiscales, administrativos y judiciales- podría financiar la infraestructura indispensable para el desarrollo, en el otro los recursos de un sector que retacea su aporte al país entrarían por una puerta, para salir por la otra; sin que nadie explique por qué no se podrían hacer las cosas de otra manera.

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viernes, 22 de abril de 2022

INCOHERENCIAS

 


La distribución social de las cargas y el modo en que los diferentes sectores contribuirán a pagar los costos del endeudamiento macrista fueron elementos de unidad conceptual en el discurso del "Frente de Todos" durante la campaña electoral de las presidenciales del 2019, pero vienen siendo motivo de disputa interna en la coalición oficialista desde que Alberto Fernández asumió el gobierno.

Varias veces hemos dicho acá, por ejemplo, que Cristina viene preguntando quienes van a pagar las deudas de Macri desde 2016 -cuando su gobierno cerró el acuerdo con los fondos buitres- o desde 2018, cuando acudió al FMI. Hasta acá y salvo generalidades, no hubo demasiados avances al respecto; e incluso el gobierno dejó pasar la oportunidad de la ley de emergencia votada en sus inicios, cuando no había pandemia ni se la presagiaba, y cuando su capital político estaba intacto, para impulsar reformas en ese sentido.

Desde un marco general de búsqueda de la equidad y la justicia distributiva, sucede lo mismo con la "guerra contra la inflación": ya va casi un año y medio de la temprana advertencia de Cristina, y el crecimiento se lo están llevando cuatro vivos, como ella predijo; sin que el gobierno reaccione. 

Lo que debió ser motivo de disputa con el macrismo (como equilibrar las cargas para hacerlas más parejas), terminó siendo discusión interna del FDT, frente a las indecisiones de Alberto: baste recordar que tomó distancia del "impuesto a las grandes fortunas" impulsado por el kirchnerismo, para luego acompañarlo tibiamente -como pidiendo disculpas- y sub-ejecutar el producido de su recaudación, para mejorar los resultados fiscales.

Y por estos días como -en ese mismo contexto de disputa interna- se cruzaron dos iniciativas, de sentido convergente pero de distinto origen político: el proyecto impulsado por Cristina y parte del bloque de senadores para gravar los activos de argentinos en el exterior que pudieran ser resultado de la evasión impositiva y la fuga de capitales, y el anunciado -pero aun no oficializado- por el presidente y el ministro de Economía para gravar las "rentabilidades inesperadas" producidas por la crisis en Ucrania.

Mientras uno tiene estado parlamentario y el otro no (lo cual es toda una diferencia), hay gestos del gobierno que confunden, si no resultan incoherentes. Como por ejemplo el Decreto 201 publicado ayer en el Boletín Oficial (completo acá), por el cual se prorroga el plazo para que los que tienen bienes y activos en el exterior puedan ingresarlos (a ellos o al producido de su venta), y así evitar pagar la alícuota adicional del impuesto sobre los Bienes Personales.

Según rezan los fundamentos del decreto, la medida se adopta "...a los fines de conceder a los y las contribuyentes del gravamen un período de tiempo suficiente para el análisis y adopción de la decisión que estimen conveniente y, asimismo, facilitar a los y las profesionales intervinientes un plazo adicional para el desarrollo de las tareas vinculadas a la repatriación...". 

Con esa línea argumental, no habría que extrañarse que el plazo de repatriación -que se había fijado por otro decreto de diciembre del año pasado, y venció el 31 de marzo- se volviera a prorrogar, una y otra vez, esperando que los que tendrían que pagar más impuestos, decidan que les conviene hacer; como si la pura conveniencia personal pudiera fundar alguna política de Estado, en especial aquellas tendientes a reparar las injusticias sociales. Tuit relacionado: 
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martes, 29 de marzo de 2022

GAMBITO DE DAMA

 

Cristina movió, y cambió la agenda: los puso a todos a discutir lo que ella plantea, como sucede siempre; lo cual debería bastar por sí como hecho contundente, para que ya no le discutan ni su volumen político, ni su centralidad absoluta, para bien o para mal. Es el hecho ordenador de la política argentina, hace años.

Al impulsar que el bloque de senadores del FDT presente dos proyectos de ley para levantar el secreto bancario e imponer una contribución especial a los que tienen bienes o activos no declarados en el exterior para conformar un fondo destinado a pagar (en dólares) los vencimientos de la deuda con el FMI, está planteando la respuesta correcta a la pregunta que ella misma viene haciendo de modo insistente desde 2018, cuando Macri contrajo el mega-préstamo: quienes lo van a pagar.

El gobierno no pudo sino salir a apoyar la iniciativa, más allá de sus convicciones íntimas o especulaciones sobre la "correlación de fuerzas" en el Congreso: lo contrario hubiera significado ahondar aun más la grieta con la principal figura política del Frente, y -sobre todo- con su propia base electoral: si alguien se niega a que la deuda sea pagada como plantea Cristina, tiene que sincerar quienes y como la van a pagar.

La oposición -al igual que pasó en su momento con el impuesto a las grandes fortunas- no pudo evitar la celada, y salió rápido y de pálpito a defender evasores de impuestos, fugadores de capitales y lavadores de dinero de dudoso origen, dándose vuelta en el aire de su arsenal teórico ensayado contra el kirchnerismo: ahora, de pronto, se volvieron garantistas y creen firmemente en la presunción de inocencia, no les interesa tanto "recuperar lo robado" y se oponen a un impuesto que -dicen- es imposible de aplicar. Esto es lo que son y lo que fuero siempre, en todo caso la astucia de Cristina es exponerlos a la luz, en toda su miseria.

Aunque pasó desapercibido porque se discutían otras cuestiones más acuciantes como las tarifas de los servicios públicos, las normas y mecanismos para combatir el lavado de dinero también fueron parte de las negociaciones entre el gobierno y el FMI para renegociar la deuda. Precisamente de esa supuesta preocupación del Fondo sobre el tema, se agarró Cristina para tratarlo con el embajador de Estados Unidos: otros que se verá forzados a tomar posición, a ver que tan comprometidos están en la cruzada.

Más allá de las dificultades que el proyecto pueda enfrentar en el Congreso y hasta de las legítimas dudas que pueda plantear sobre su factibilidad, cualquiera medianamente avispado se da cuenta que Cristina no ignora lo que pueden llegar a hacer o no los yanquis "cooperando" en detectar evasores, fugadores y lavadores: en su propio gobierno trasladó al país las normas y recomendaciones del GAFI a pedido del G20 (incluyendo la llamada ley antierrorista) buscando el apoyo de Obama en la disputa con los fondos buitres, sin conseguir ni una cosa ni la otra: ni ayuda para enfrentar a Paul Singer y sus muchachos, ni condenar a nadie por lavado de dinero; esa omisión inveterada de la justicia argentina que a nadie parece molestarle, porque nunca hubo sospechosos kirchneristas.

De esto no debe inferirse que el planteo que subyace en los proyectos sea ingenuo, sino todo lo contrario: no se le puede pedir a Cristina (que ni siquiera integra formalmente el Senado como para votar) que adopte decisiones concretas que corresponden al Congreso o al Poder Ejecutivo. Pero si se le puede pedir (como le pidieron cuando se opuso al arreglo con el FMI en los términos en que estaba planteado) caminos alternativos, para salir de los laberintos a los que nos condujeron Macri con su espantoso gobierno primero, y Alberto con sus vacilaciones y reculadas, después.

Y eso es precisamente lo que Cristina está haciendo, con la misma línea de discurso y el mismo horizonte de rumbo político que viene planteando, cada vez que opinó al respecto, hace cuatro años. Y haciéndolo acaba de hacer el mayor aporte a la tan reclamada unidad que se hizo desde las PASO del año pasado hasta acá, como mínimo: si Alberto y el gobierno están convencidos que el proyecto marca el camino y lo apoyan con convicción -es decir, no para la tribuna- hay un montón de discusiones que se pueden dar por saldadas. Es como si CFK les preguntara "¿Y vos chabón , de qué lado estás?".  

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domingo, 26 de diciembre de 2021

APOLOGÍA DEL DELITO A CIELO ABIERTO

 

Tal como Daniel Funes de Rioja no es empresario, ni industrial, ni fabrica nada, con Jaime Campos pasa lo mismo. Los dos son, básicamente, lobbistas al servicio de la cúpula de las empresas y grupos económicos más importantes del país, agrupados en la UIA y en la AEA; algunas de ellas en ambos grupos de presión empresarial.

Es decir, cuando cualquier de ellos habla -aunque diga lo contrario- expresa a ese sector, no a las Pymes, ni a los pequeños y medianos comerciantes de barrio, o a los agricultores de la agricultura familiar. En ese rol, Campos vuelve en ésta nota en Clarín sobre uno de los tópicos más trillados del empresariado: la (presuntamente) excesiva presión fiscal, y su oposición frontal a toda forma de aumento de impuestos.

El contexto, por supuesto, son los recientes cambios introducidos en Diputados a Bienes Personales (que por cierto, son los que no están afectados al ciclo productivo), y el casi seguro nuevo pacto fiscal que firmaría el gobierno nacional con la mayoría de las provincias; que revertiría el instrumentado durante el gobierno de Macri y le permitiría a los gobiernos provinciales -entre otras medidas posibles- subir algunas alícuotas de Ingresos Brutos.

Los argumentos que ensaya Campos son siempre los mismos, que también se escucharon cuando se discutió el llamado "impuesto a las grandes fortunas", que tampoco afectaba a las empresas en sí, sino a los patrimonios de sus dueños: que así se desalienta la inversión y la creación de empleo, y -atención a esto- que se alientan la elusión y evasión impositivas.

Sobre lo primero, este mismo gobierno -al que acusan de "haber subido o creado (n) impuestos"- ha sido generoso en concesiones "ofertistas" a las distintas fracciones del capital, precisamente compartiendo esa mirada: para alentar las inversiones y crear empleo, hay que reducir o eliminar impuestos, o eliminar o rebajar contribuciones a la seguridad social. Siguiendo esa línea de razonamiento, si las personas aceptaran trabajar gratis y los empresarios no tuvieran que pagar ningún impuesto, la economía crecería como en ningún lugar del mundo, y desaparecería el desempleo.

Lo llamativo -por el nivel de impunidad discursiva- es lo segundo. La evasión impositiva es un delito, y Campos reconoce abiertamente que, si el Estado decida aumentar los impuestos (lo cual supone una discusión abierta en el Congreso y las legislaturas provinciales, entre los representantes elegidos por el pueblo), los empresarios desconocerían el mandato legal, y no los pagarían; simplemente porque ellos no están de acuerdo. Es decir, se creen por encima del resto de los mortales, que no tenemos más remedio que pagar los tributos que se definen, y por algo se llaman "impuestos".

Y la elusión es, o bien la capacidad de los grupos económicos más concentrados de ejercer lobby sobre los poderes públicos para garantizar que sus actividades no sean alcanzadas por un determinado impuesto o si lo son, gocen de exenciones; o el diseño y puesta en marcha de una compleja arquitectura jurídica, contable y financiera para no pagarlo, o pagar menos: creación de sociedades pantallas, triangulaciones, cuentas en paraísos fiscales: emparentado estrechamente con la evasión, tanto que es casi imposible distinguirlos, como se ve.

En ésta misma semana se conoció un informe del FMI sobre el mega-préstamo otorgado al gobierno de Macri, cuyo capítulo más relevante es aquel en el que reconocen abiertamente que el endeudamiento financió la fuga de capitales, lo cual -agregamos acá- no es ni fue nunca exclusivo de los inversores externos que ingresan capitales al país: antes bien, es una conducta estructural e inveterada de nuestra élite empresaria local, que expresa de ese modo su real compromiso con el desarrollo y la prosperidad del país.

Aun bajo el eufemismo de la "dolarización de excedentes que se destinan a la formación de activos externos" (que emplea cierta heterodoxia para no decir lisa y llanamente lo que es: fuga de capitales), buena parte de esos excedentes que se dolarizan y fugan, provienen de la evasión y elusión impositivas. es decir, dinero que se le resta al Estado (y por carácter transitivo, a la sociedad, a todos nosotros), que luego falta en obras de infraestructura que se postergan, hospitales que carecen de insumos, escuelas que se caen a pedazos y así podríamos seguir.

Todo eso mientras se exige -por parte de esos mismos sectores- un equilibrio en las cuentas fiscales que, negándole al Estado los recursos con que se financia, solo se puede conseguir por el lado del ajuste de sus gastos, lo que supone mucho más que privatizar activos, rebajar salarios y jubilaciones o despedir empleados públicos: implica, en definitiva, reducir su tamaño, achicar sus funciones y roles y quitarle peso específico, para que esos mismos grupos económicos puedan moverse a sus anchas; más de lo que ya lo hacen.

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martes, 10 de agosto de 2021

LOS RIESGOS DEL CHOLULISMO

 

Aunque en estos momentos los números del ráting le sean esquivos y ya se hable de su ocaso, Marcelo Tinelli lleva tres décadas instalado en el prime time de la televisión de aire, constituyendo un fenómeno -guste o no- difícil de ignorar. De allí que la política siempre le haya prestado atención durante todo ese tiempo, cosa que él aprovechó siempre para sus propios fines.

Sin embargo, esos 30 o más años no son cualquiera: son los de la degradación del país bajo las políticas del menemato y su continuación en el gobierno de la Alianza, más la trabajosa (e incompleta) reconstrucción bajo los 12 años de gobiernos kirchneristas, para volver a caer estrepitosamente en los cuatro años de Macri, generando un nuevo "piso" desde el cual tenemos que esforzarnos para levantarnos, con una pandemia en el medio.

El ciclo de protagonismo mediático de Tinelli coincide con la implantación en la sociedad de ciertos valores y códigos comunicacionales, de los que él y sus productos son cabal expresión; valores y códigos que se trasvasaron a la política, creando vasos comunicantes entre ambos mundos. La "cholulización" de la política fue y es, en ese contexto, un fenómeno frecuente, con raras excepciones.

Allá por el segundo mandato de Cristina se pensó en la posibilidad de encomendarle al conductor el manejo del "Fútbol Para Todos" y la cosa avanzó hasta el punto en el que Cristina (siempre ella) advirtió que se estaba prostituyendo una política pública de acceso garantizado por el Estado a uno de los consumos culturales más populares del país (si no el más popular de todos), bajo la lógica del negocio televisivo.

En esa idea de sumarlo a Tinelli entonces al FPT, subyacía un cierto complejo de inferioridad de la política frente a las "popularidades" (que no prestigios) construidos en otros ámbitos: la premisa de que una determinada política pública se legitima socialmente no por sus valores intrínsecos, sino porque la apoyan "famosos", aportándole su imagen para que sea asimilada por los sectores de la sociedad que siguen a esos personajes conocidos o populares de los medios, el deporte o la farándula.

Bajo esa misma idea, el gobierno de Alberto Fernández convocó en sus inicios a Marcelo Tinelli a sumarse al programa de lucha contra el hambre, junto con figuras como Juan Carr o Estela Carlotto: la sola comparación de los convocados debió indicar que algo fallaba en el razonamiento, sin necesidad de enterarse ahora que el conductor televisivo debe millones de pesos en impuestos, y la AFIP lo embargó y quiere rematarle bienes para cobrarse.

Sin ánimo de hacer generalizaciones injustas, es muy posible que alguien que hizo fama y fortuna en estos años del modo en los que lo hizo Tinelli no se caracterice precisamente por el escrupuloso cumplimiento de las normas fiscales. De hecho, el secreto fiscal no lo es para el Estado, que debía saber que Tinelli no pagaba regularmente sus impuestos, cuando lo convocó para "popularizar" una política pública, prestando su figura, ya que nadie puede creer que pueda aportar otra cosa para el fin para el que fue convocado.

Si la idea es "ejemplarizar" (pensando en modo: "mirá si será bueno el plan del presidente para combatir el hambre, que participa Tinelli"), la lógica de la cholulización de la política, más tarde o más temprano, se te termina volviendo en contra. Por ejemplo cuando el convocado (que está en la minoría de las personas más pudientes del país) encanuta dinero de nuestros impuestos (y no cualquier impuesto: nada menos que Bienes Personales), los de todos, en plena pandemia.

Y en el medio, es decir, mientras aparecía como colaborando con el gobierno en el plan de lucha contra el hambre y no tomaba estado público aun que el Estado le reclamaba impuestos impagos, el tipo se dio el gusto de replicar las críticas de Daniel Gollán por las groseras violaciones de todos los protocolos sanitarios en su programa, recordándole que tenía un causa en la justicia armada por el impresentable de Bonadío, por el Plan Qnita. Todo un ejemplo social el muchacho, como para prestigiar con su presencia las políticas públicas.

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sábado, 17 de abril de 2021

CORTEMOS LA ASIGNACIÒN UNIVERSAL POR HIJO DE PUTA

 


Que los millonarios más millonarios del país son todos -o la inmensa mayoría de esa pequeña minoría- unos culorrotos que harán todo lo que este a su alcance con tal de no pagar un impuesto, es cosa harto sabida. Como también se descontaba que irían a la justicia para no pagar el llamado "impuesto a las grandes fortunas".

Razón de más -saber eso- para no haberlo aprobado por una sola vez, ni haberlo llamado "contribución solidaria": si hay algo que esa gente no tiene, es solidaridad, Y solo pagarán algo si los obligan, por todas las vías legales posibles; no dándoles planes de pago en cuotas, o prórrogas en los vencimientos.

Hay que agradecer, sin embargo, que nos enteremos por la difusión del listado de los "amparistas" que nos enteremos que entre ellos figuren, por ejemplo, los principales accionistas del Grupo Clarín (Magnetto, Aranda y Pagliaro) y de La Nación (los Saguier). Porque hay gente que cree que los tipos viven del aire, y su único desvelo en la vida es la libertad de expresión, e informar al público de lo que está pasando; jamás amarrocar guita.

Guita que en muchos casos y como sucede con muchos empresarios argentinos de esos que reniegan del gasto público, el Estado y la política, la han hecho al amparo de negocios que no hubieran podido concretar sin sostener vínculos aceitados con todos los gobiernos, fueren del signo que fueren. Precisamente Clarín y La Nación son un ejemplo de eso, por Papel Prensa y mucho más: así como Clarín obtuvo de Macri la mutilación de las cláusulas de la ley de medios que le molestaban LN logró acceder a la licencia de un canal de televisión, en la que todo indica además que el propio Macri invirtió una torta de plata, vaya uno a saber -aunque lo sospeche- de qué origen.

No pagar impuestos ni deudas con el fisco está en el orillo de nuestra establishment: Macri, que resiste hace 20 años pagar la deuda por la fallida privatización del correo durante el menemismo, financia con la evasión de impuestos -es decir, lo que ellos dicen que hicieron De Sousa y Cristóbal López- su incursión en los medios audiovisuales, y los Saguier -que lograron que la Corte Suprema los mantenga desde hace 18 años sin pagar impuestos que deberían pagar-, agradecidos de contar con un socio que abre la billetera, con el que además comparten la mirada ideológica, y los objetivos políticos.

Hasta ahí, nada demasiado sorprendente. Lo que no se entiende muy bien es hasta cuando el Estado va a seguir haciendo el papel del socio bobo en estas trapisondas, por ejemplo pautando publicidad oficial en los medios de esos mismos empresarios, que defienden con uñas y dientes su derecho a no pagar impuestos; sea haciendo lobby para que no se aprueben, evadiéndolos o judicializando su pago. 

Salvo que entiendan que les deben la "asignación universal por hijo de puta", es decir ese plan social o subsidio contra el que no protesta la "prensa libre", que inventaron Lorenzetti y los cortesanos en un fallo en el que obligaron al gobierno de Cristina a darle pauta a Majul, y luego a Canal 13: recordémoslo, a eso ha llegado, entre otras bajezas, la justicia argentina. 

Razones para cortar el chorro de la pauta sobran. Como por ejemplo garantizar el cumplimiento del artículo 64 del Estatuto del Periodista Profesional aprobado en 1946 (primer gobierno de Perón) por la Ley 12908, ratificando un decreto dictado por el gobierno del cual él era Secretario de Trabajo y Previsión.

Que dice lo siguiente: "Las dependencias de la administración, reparticiones y autoridades judiciales no podrán disponer publicaciones de ninguna índole, condicionadas a un régimen de tarifas, en diarios, revistas, periódicos y órganos de difusión que utilicen personal comprendido en este estatuto que no hayan cumplido previamente las disposiciones de esta ley, la de jubilaciones y pensiones de periodistas y toda la legislación social que ampara los derechos del periodista profesional.". 

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lunes, 15 de marzo de 2021

HARTOS DE MANTENER PLANEROS

 


El viernes pasado se publicó en el Boletín Oficial la Ley 26713 (completa acá), que establece un nuevo blanqueo de capitales, en éste caso para exteriorizar tenencias de moneda nacional y divisas, y abonar a cambio un impuesto especial; quedando exentos quienes lo hagan de pagar lo que adeudaren en concepto de Bienes Personales, Ganancias e impuestos internos.

Además pueden deducir de Bienes Personales lo que inviertan en proyectos de inversión destinados a la construcción y desarrollo de proyectos inmobiliarios. La idea es que éste nuevo blanqueo (recordemos que el gobierno de Macri aprobó uno amplísimo en 2016, a poco de asumir, es decir, estamos hablando de que blanqueen los evasores del macrismo) sirva para apuntalar la construcción y las actividades asociadas; pero por lo pronto y como da cuenta uno de los tuits de apertura, los propios desarrolladores que se beneficiarían con el régimen auguran un aumento de precios de las unidades.

Es decir, el Estado resignaría recursos, sin garantizarse a cambio no solo mejorar el nivel de actividad, sin garantizar la accesibilidad a la vivienda; en un mercado que está dolarizado y nada indica que vaya a cambiar en lo inmediato.

En el mismo Boletín Oficial del viernes se publicó la Resolución 4942 de la AFIP firmada por Mercedes Marcó del Pont (completa acá), por la cual se establece un plan especial de pago para la contribución especial conocida como "impuesto a las grandes fortunas": pagando un 20 % del total determinado del impuesto como condición de ingreso, pueden saldar el resto en hasta cinco cuotas.

Por todo argumento para este insólito beneficio de que gozarán las 12.000 personas más ricas del país (de las cuáles la propia AFIP ha detectado ya que hay 1200 que están tramando maniobras para evadirlo), se dice en los considerandos de la resolución: " Que en virtud del objetivo permanente de esta Administración Federal de coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes y/o responsables, se estima oportuno establecer un régimen de facilidades de pago a los efectos de la cancelación del saldo resultante de la declaración jurada del precitado aporte, conjuntamente con sus intereses -en caso de corresponder-.".

O sea, a los más ricos para poder cobrarles un impuesto que es por única vez sin que lo evadan hay que dárselos a pagar en cuotas, y ni así se tiene la certeza de que lo paguen. Insólito. 

Otra reculada más del gobierno, que responde a los pedidos de los empresarios que. resignados a que exista la "contribución", piden poco menos que una declaratoria de pobreza para pagarla en cuotas. Y en el caso de la AFIP, se suma a la marcha atrás con el régimen que obligaba a los contribuyentes y agentes de retención de los impuestos a informar las ingenierías fiscales que utilizaban, para pagar menos; tema abordado en su momento acá.

Además del blanqueo con la idea de motorizar la construcción, el gobierno anunció un régimen de beneficios para la industria automotriz que comenzó ya con la eliminación de retenciones a las exportaciones incrementales de autos; mientras el Congreso es escena de una puja entre otros sectores que buscan su tajada de exenciones, rebajas o diferimientos impositivos y cargas patronales, como las petroleras y el complejo industrial aceitero dedicado al biodiésel.

No se trata de criticar que se tomen medidas para estimular la producción y la actividad, sino de señalar que subyace una mirada "ofertista" que privilegia la concesión de estímulos, beneficios y privilegios a fracciones del capital que no son precisamente Pymes, y que tienen escala y envergadura para ser competitivos, sin necesidad de que el Estado resigne recursos, como única respuesta a todas sus demandas, y frente a lábiles compromisos de generación de empleos, integración de partes nacionales (en el caso de las automotrices), ingreso de divisas -se trata en general de sectores que exportan- o volúmenes determinados de producción.

En el plano económico parece un enfoque incorrecto o por lo menos parcial, pues no se advierten, en la misma medida, estímulos a la demanda para sustentar el crecimiento, salvo los cambios en Ganancias para los asalariados de mayores ingresos, y siempre que se pueda garantizar que los excedentes generados por recursos que el Estado deja de percibir, se destinen al consumo y no al ahorro en dólares, como ocurrió tantas veces.

Y en el plano político, ese enfoque demuestra una debilidad del poder político para plantarse frente a las demandas del poder económico, y sostener ciertas políticas públicas, contra sus presiones para eludir el pago de impuestos, y sus maniobras defraudatorias para evadirlos; cosa que es bastante palpable en el caso de las desafortunadas resoluciones de la AFIP de la que damos cuenta. Resoluciones que han creado una inadmisible categoría de "planeros VIP".

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miércoles, 23 de diciembre de 2020

TRANSPARENCIA Y REGLAS CLARAS


 Por A.C. 

Con motivo de la entrada en vigencia del Régimen de información de planificaciones fiscales tributarias (AFIP- Resolución General 4838/2020), las personas físicas y jurídicas están obligadas a informar todos los instrumentos que utilizan para disminuir el pago de impuestos. 


Hasta el 29 de enero, los contribuyentes que hayan hecho uso de planificaciones fiscales en los años 2019 y 2020 están obligados a informar dicha situación a la AFIP, y desde el año 2021 en adelante, la información debe ser entregarla hasta diez días después de iniciada una planificación fiscal

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Las llamadas planificaciones fiscales o tributarias, son en general estrategias contables destinadas a minimizar la carga tributaria, es decir a pagar lo menos posible de impuestos a causa de la rentabilidad obtenida en una actividad. Estas estrategias utilizadas por empresas y también por particulares, en ocasiones son legales y en otras no lo son, en tanto se suele recurrir a herramientas de poca transparencia y de difícil comprobación para las autoridades fiscales de los distintos países del mundo. 


Para quienes ahora se escandalizan ante el derecho del Estado argentino a fiscalizar cierto tipo de operaciones, se les recuerda que países del primer mundo a los que siempre los escandalizados referencian, como Francia, Canadá, EEUU o Inglaterra, tienen  en sus legislaciones impositivas, normas por las cuales exigen información relativa a determinadas transacciones, con el objeto de controlar por ejemplo los precios de transferencia, una de las herramientas utilizadas por las empresas en su planificación fiscal para disminuir el pago de impuestos. 

Básicamente el control de los precios de transferencia tiene por objeto detectar las maniobras que efectúan algunos contribuyentes mediante alteraciones en los precios que registran en las operaciones. La maniobra, muchas veces efectuada entre empresas vinculadas, consiste en hacer figurar en operaciones de compra venta precios que no reflejan la realidad del precio del producto en el mercado. De ese modo, tributan menos dinero que el que corresponde por la operación que realizan. 

Se recurre a la subfacturación de un producto o servicio que se exporta, o a la sobrefacturación de importaciones, y en éste último caso, en nuestro país se obtiene así del Banco Central más dólares de los que requiere la compra de los productos sobrefacturados. Esas divisas sobrantes, luego son vendidas en el mercado negro obteniendo una ganancia que se traduce en la diferencia entre el valor del dólar comprado al precio oficial y luego vendido al precio del blue. 

Otro método frecuente para la disminución de pago de tributos, está dado por los préstamos que se auto otorgan grupos empresarios entre filiales o sucursales radicadas en distintos países, cuando por ejemplo la alícuota de retención en la fuente es inferior a la que se aplica a las ganancias de la filial o sucursal y el interés abonado por los préstamos se deduce como gasto, reduciendo así el monto a tributar. También esa es la forma que un grupo o holding empresario con alguna sede radicada en un paraíso fiscal, acumula fondos de las subsidiarias que actúan en otros países. 

Con el mismo fin de disminuir la tributación, son utilizadas también otras herramientas como la doble residencia fiscal, la invocación de convenios para evitar la doble imposición, la asistencia técnica que se facturan entre empresas, las prestaciones tecnológicas o las regalías. Por eso, ante la globalización de la economía mundial, que muestra la fuerte intervención de grupos económicos con sucursales o filiales en diferentes países, que recurren sistemática y planificadamente a diversas herramientas para disminuir o directamente evadir el pago de impuestos, el Estado debe disponer de recursos legales y técnicas actualizadas para enfrentar una sofisticada ingeniería de evasión planificada por asesores especializados.  

La normativa sancionada no hace otra cosa que brindar ese recurso al Estado argentino, normativa que ya poseen países centrales como antes se citara. 

Respecto de los asesores especializados y según algunas voces escuchadas en los medios por estos días con motivo de la preocupación o inquietud de los asesores por no violar el secreto profesional, la preocupación es infundada, en tanto la Resolución 4838 en su artículo 8 dispone: “Cuando el asesor fiscal se ampare en el secreto profesional a los efectos de la presente resolución general, deberá notificar al contribuyente tal circunstancia.” 

Por lo tanto, la Resolución permite que los asesores tributarios se amparen en el secreto profesional si no desean entregar a la AFIP la información requerida.  En ese caso, solo deberán notificar al contribuyente, y entonces la obligación de la presentación de la información solicitada estará a cargo de la empresa o cliente. Si la planificación fiscal no presenta inconsistencias, no hay motivo de preocupación para el asesor ni para el contribuyente. 

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