¿QUIEREN PRIVATIZAR LA EPE?

 

Por el Decreto 2746 del pasado viernes 7 cuyas imágenes ilustran el post, Pullaro delegó en sus ministros de Economía y Desarrollo Productivo la facultad de establecer quienes serán los beneficiarios de la llamada tarifa social de la EPE, y en base a que criterios. La norma reitera lo que en su momento había dicho el Decreto 449/11 de Binner; en cuanto a que se podía establecer un cupo de beneficiarios de la tarifa social, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias.

Es decir que esas tarifas diferenciales no tienen solo que ver con el nivel de ingresos de los usuarios (en realidad más bien con el lugar donde viven, porque son barrios con medidores comunitarios), sino con los recursos que el Tesoro destina a subsidiarles los consumos del servicio, compensando a la EPE por las menores tarifas percibidas: no una "sintonía fina" mirando de darles subsidios a las tarifas a quienes realmente los necesitan, sino que cierren las cuentas públicas; porque las de la distribuidora ya están cubiertas con la compensación.

La delegación de Pullaro es amplísima, dado que en función de ella los ministros Olivares y Puccini podrán determinar los criterios para acceder al beneficio, su duración o renovación (y por ende cesarlo para todos o algunos de los beneficiarios),el tope de consumo hasta el cual opera y fijar -como se dijo- un cupo de beneficiarios anuales, de acuerdo al monto que el Tesoro (la Administración Central) quiera gastar en subsidios de las tarifas para estos usuarios en particular.

Como consta en los fundamentos del decreto, previo a su dictado intervinieron tres servicios de asesoramiento jurídico: los de los dos Ministerios en cuyos titulares se delegan las facultades, y el Fiscal de Estado, que es el asesor legal del gobernador de acuerdo al artículo 116 de la Constitución de la provincia.

Sin embargo, a todos se les escapó la tortuga, porque no advirtieron que el decreto se basa (entre otras normas) en la Ley 11.727 de diciembre de 1999 (segundo gobierno de Reutemann), que ya no existe más hace casi 19 años, porque fue derogada por la Ley 12.700 de 2006 (segundo gobierno de Obeid): 

La diferencia (además de ser un error jurídico mayúsculo) no es menor, porque la ley que invoca Pullaro en su decreto y fue derogada hace 19 años se dictó en tiempos de Reutemann para allanar el camino hacia la privatización de la EPE: se fijaba un marco regulatorio eléctrico (el que ahora invoca este gobierno para la tarifa social) pensando en que iban a existir prestadores privados del servicio (más allá de las cooperativas que lo prestan en muchas localidades de la provincia), previa venta de la distribuidora estatal.

La ley derogada creaba un Ente de Regulación y Control (como el ENRE que existe en el orden nacional), y transformaba la Empresa Provincial de la Energía (EPE) de ente autárquico en una sociedad anónima llamada Energía de Santa Fe S. A. (ESFESA), por su artículo 103. Y por el artículo 137 facultaba al Poder Ejecutivo para intervenir la Empresa Provincial de la Energía de la Provincia de Santa Fe hasta la transferencia al sector privado de las acciones de ESFESA. 

Conteste con su paradigma privatizador, el artículo 38 de la Ley 11727 que ahora "resucita" Pullaro: decía lo siguiente en relación con las tarifas: "Rentabilidad. Las tarifas que apliquen los prestadores deberán posibilitar una razonable tasa de rentabilidad, basada en parámetros internacionales reconocidos para el sector. Asimismo la tasa de rentabilidad deberá: a) Guardar relación con el grado de eficiencia y eficacia operativa de los prestadores. b) Ser similar, como promedio del sector, a la de otras actividades de riesgo similar o comparable, nacional e internacional.". (las comillas son del texto, las negritas son nuestras). Es decir, los mismos criterios de las privatizaciones del sector eléctrico durante el menemismo y que -nada casualmente- ahora retoma el gobierno de Milei, como lo hizo en su momento el de Macri.

En cambio la Ley 10.014 (Estatuto Orgánico de la EPE) en su artículo 6 inciso q) que fuera repuesto en su vigencia en el segundo gobierno de Obeid toma otro camino. Así indica que a la distribuidora provincial de energía le corresponde: "Proponer al Poder Ejecutivo para su aprobación la política de precios y las tarifas a aplicar en los servicios a su cargo. Empero puede de por sí reajustar la tarifa cuando se produzcan aumentos o disminución del costo de sus componentes. Las tarifas contemplarán como mínimo la totalidad de los costos de producción, explotación y mantenimiento dentro de patrones normales de eficiencia, la depreciación que corresponde al activo fijo revaluado y una utilidad razonable sobre este último. Esta utilidad será destinada al cumplimiento de los fines sociales, a la inversión en obras y al mejoramiento del servicio. El Poder Ejecutivo podrá fijar tarifas preferenciales por razones de interés público, identificando los sectores o regiones beneficiados. En este caso, arbitrará los medios necesarios para cubrir la diferencia y compensar a la Empresa las sumas pertinentes.". (otra vez las comillas son del texto y las negritas nuestras) 

Es decir que mientras en un caso el acento está puesto en la rentabilidad (como corresponde a una empresa privada, aunque preste un servicio público), en el otro se busca el cumplimiento de fines sociales, que es para lo que está el Estado. No olvidemos además que en la reciente reforma constitucional el oficialismo de "Unidos" se negó enfáticamente a establecer que la gestión de los servicios públicos esenciales (como el agua o la luz) de jurisdicción provincial le corresponde en forma indelegable al Estado.

Al respecto decíamos nosotros en ésta entrada: "En el nuevo artículo 51 se establece que la Provincia y los municipios establecen, en el ámbito de sus respectivas competencias, marcos regulatorios para la organización, la gestión directa o indirecta y el control de los servicios públicos.". Lo remarcado en negrita es para denotar que deja expresamente abierta la puerta para las privatizaciones, más aun si se repara en que en el inciso 11) del artículo 90 (que habla de las atribuciones de la Legislatura) expresamente se establece que ésta puede "...autorizar al Poder Ejecutivo para celebrar contratos de concesión de servicios públicos,...". Recordemos que en las discusiones previas a la reforma el oficialismo se negó a establecer enfáticamente que los servicios públicos de jurisdicción provincial (como la luz, el agua y las cloacas) deben ser, inexcusablemente, de gestión estatal.".

¿La mención (dos veces) de los objetivos y principios fijados por una ley derogada hace 19 años en un decreto del gobernador actual es simplemente un moco de sus asesores jurídicos, o un intento solapado -y bastante flojito de papeles- de volver a intentar la privatización de la Empresa Provincial de la Energía (EPE)?

LA ENERGÍA DEL AJUSTE

 

Tal como da cuenta la imagen de apertura, éste lunes el gobierno prorrogó por un año la emergencia energética en los sectores de electricidad y gas, mediante el DNU 370 (completo acá). El objetivo central de la declaración (como en sus antecesores) es "....redeterminar la estructura de subsidios vigentes.... ", es decir, aumentar las tarifas. Y si no veamos sus fundamentos.

Primero, una acotación: nos viven diciendo que las empresas necesitan reglas de juego claras a largo plazo para invertir, y resulta que con el DNU Milei (que tiene otorgadas facultades extraordinarias por la ley bases, pero aun así sigue salteándose al Congreso cuando se le canta) prorroga por un desde su vencimiento la emergencia energética declarada precisamente por la ley bases, que acortó a julio de éste año la que él mismo había declarado por el mega DNU 70/23. Para que se entienda: hasta a la oposición colaboracionista le pareció demasiado tener en emergencia al sistema energético hasta diciembre de éste año y al votarle la ley bases la acotaron a julio, y el tipo se caga en ellos y por DNU la prolonga otro año más; al igual que hizo al insistir con el cercenamiento del derecho de huelga, después de que la justicia lo declarara inconstitucional, en varios fallos. 

Pero volvamos al DNU publicado el lunes, que nos dice en sus fundamentos que "...basándose en lo establecido en el Decreto N° 70/23, por el Decreto N° 465/24 se determinó la reestructuración de los regímenes de subsidios a la energía de jurisdicción nacional, con el fin de asegurar una transición gradual, ordenada y previsible hacia un esquema que permita: (i) trasladar a los usuarios los costos reales de la energía;... " (de ahora en más, las comillas son cita del texto y las negritas nuestras. Vemos entonces que el propósito principal de la "emergencia energética es ése, no asegurar la correcta prestación de servicios públicos esenciales al conjunto de la población, o hacer las inversiones que sean necesarias para ello.)

"...dicho proceso tuvo por objetivo eliminar progresivamente los subsidios generalizados y lograr mayores niveles de cobertura de los precios que resultan de los contratos de abastecimiento vigentes celebrados en el marco del mencionado Plan Gas.Ar, a la par de mantener la protección de los usuarios que necesitan ayuda para pagar la factura del servicio conforme a su nivel de ingresos." (A confesión de parte, relevo de pruebas). "...como resultado de las progresivas adecuaciones de los precios PIST, y de acuerdo con el informe emitido el 22 de mayo de 2025..., la cobertura del costo de abastecimiento del gas para la demanda prioritaria muestra un marcado aumento, pasando de un DIECIOCHO COMA SIETE POR CIENTO (18,7 %) en enero de 2024 a un SETENTA Y CUATRO COMA CINCO POR CIENTO (74,5 %) en marzo de 2025, evidenciando una mejora gradual en línea con los objetivos de focalización del gasto público y recomposición del sendero tarifario, aunque aún insuficiente para reflejar plenamente los costos reales." (Traduciendo: les aumentaron los precios del gas a las petroleras en forma brutal, y ese aumento lo financian los usuarios con aumentos de tarifas también brutales, al mismo tiempo que el Estado retira los subsidios, y no se sabe nunca -al menos no por información oficial- cuales son los costos reales de producción de las petroleras, que deben cubrirse con los precios que se les reconocen)

"...a pesar del crecimiento pronunciado del porcentaje de cobertura del precio PIST, el precio facturado del gas con relación al costo de abastecimiento, en un contexto de fuerte presión fiscal y necesidad de reordenamiento tarifario, la cobertura aún no llega a ser total..." (Avisan que se vienen nuevos aumentos, que es precisamente para lo que se declara la emergencia por un año más. La "fuerte presión fiscal" la impuso el mismo gobierno, con su plan motosierra)

"tal como surge del Informe Técnico del 22 de mayo de 2025..., el grado de cobertura del PEST respecto al costo monómico del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) tuvo variaciones sustanciales por segmento. Que si bien para el segmento Nivel 1 – Altos Ingresos, la cobertura fue del CIEN POR CIENTO (100 %) durante todo el período -garantizando la señal de precios plena- en abril de 2025, la cobertura alcanzó el VEINTINUEVE COMA NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (29,97 %) para el Nivel 2 – Bajos Ingresos y el CUARENTA Y CINCO COMA SESENTA Y OCHO POR CIENTO (45,68 %) para el Nivel 3 – Ingresos Medios, evidenciando una mejora paulatina, aunque aún insuficiente para reflejar plenamente los costos reales." (Se termina el cuento de las piletas calefaccionadas de Puerto Madero y Nordelta: aunque paguen toda la luz y el gas sin subsidios, no mueven el amperímetro del gasto en subsidios, y para cumplir con las metas del plan motosierra y poder pagar la deuda, hay que guadañarles nuevos aumentos y baja de subsidios a la clase media, y a los sectores populares)

"...asimismo, la SECRETARÍA DE ENERGÍA está implementando un programa de acciones esenciales para garantizar la sostenibilidad y continuidad del servicio eléctrico, incluyendo inversiones, reformas estructurales y ajustes normativos necesarios para reconstituir el régimen económico y recaudatorio del MEM." (Las futuras inversiones no se mencionan jamás en el decreto, lo importante es "reconstituir el régimen económico y recaudatorio). "...eliminando los “Precios Máximos de Referencia” para las etapas de fraccionamiento, distribución y venta al público de garrafas, a fin de continuar estableciendo únicamente “Precios de Referencia”, sin un tope que obstaculice la cobertura de la real variación experimentada en los costos observados en los segmentos de fraccionamiento, distribución y comercio minorista, previamente establecidos y ajustando los precios de los productores al marco de la paridad de exportación (PPE)." (O sea, una vez que les garantizan a las petroleras el mismo precio de exportación para abastecer el mercado interno, liberan los precios de la garrafa para que los fije el mercado, sin intervención estatal)

"...mediante los artículos 8º de la Resolución N° 90/24 y 6º de la Resolución N° 91/24, ambas de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, se puso fin a las inscripciones masivas en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) que se habían realizado hasta entonces, conforme a la Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA N° 631 del 30 de agosto de 2022. Que de acuerdo con el Informe Técnico del 22 de mayo de 2025 y su Anexo de la SUBSECRETARÍA DE TRANSICIÓN Y PLANEAMIENTO ENERGÉTICO de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a través de la eliminación del mecanismo de inclusión automática en el RASE se identificaron UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO (1.590.964) hogares que estaban categorizados en el Nivel 2 - Bajos Ingresos, recibiendo subsidios que no habían solicitado." (Aparece acá el mismo argumento que usaron para eliminar pensiones por discapacidad, dejar de repartir comida en los merenderos y comedores populares, o destruir las universidades y el sistema científico: presuntos "curros" que resuelven -en éste caso- eliminando los subsidios en forma masiva, y aumentándole las tarifas a todo el mundo)

"Que a pesar de las medidas adoptadas y los avances realizados, tal como surge de los informes técnicos de las áreas competentes referidos, persisten aún las circunstancias que motivaron el dictado del Decreto N° 55/23 y del Decreto N° 1023/24, relacionadas con la situación de emergencia que atraviesa el sector energético." "Que aún está pendiente alcanzar una mayor cobertura del costo de abastecimiento de gas natural, manteniendo el aporte del Estado solamente para los usuarios que verdaderamente necesitan la ayuda económica." (Al igual que pasó con Macri, los tarifazos son embolsados por las empresas sin hacer inversiones, y el Estado nada hace al respecto, salvo prorrogar la emergencia por otro año más, para seguir con los tarifazos, ya sin siquiera la promesa de futuras inversiones)

"Que algunos subsidios, como el de Régimen de Zona Fría establecido inicialmente por el artículo 75 de la Ley N° 25.565, fueron creados y otorgados con independencia del carácter vulnerable de los beneficiarios, implicando significativos descuentos sobre la factura completa de gas, mientras que para su financiamiento solo se previó una recaudación en relación con el precio de gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST). Que con respecto al Régimen de Zona Fría, en el año 2021 se sancionó la Ley Nº 27.637, mediante la cual se dispuso la ampliación del beneficio a más de la mitad del país, sin establecer límite alguno a los consumos subsidiados e incluyendo zonas calificadas como cálidas por la norma IRAM 11603:2012. Que el abuso en la inclusión de ciertas zonas calificadas como cálidas dentro del subsidio reservado para climas fríos y regiones que requieren ser pobladas provocó, a través de los años, que el ESTADO NACIONAL debiera financiar una porción creciente de los beneficios, que no logran ser cubiertos por el mecanismo de financiación originariamente previsto en la Ley N° 25.565, ni siquiera con la modificación del recargo en la factura que pagan todos los usuarios del país, conforme se establece en la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMÍA N° 356/25." (Reaparece acá el argumento de las piletas climatizadas, pero en éste caso para los usuarios de las zonas frías. Spoiler: siguen cobrando la contribución que creó la ley -a todos los usuarios-, hace poco la aumentaron y al mismo tiempo restringieron quienes son los usuarios beneficiarios de régimen en esas zonas. Porque la idea es básicamente recomponer la caja de las empresas, o mejor dicho, cambiar quien les paga los nuevos precios y como)

"Que como consecuencia de la desregulación de los precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP), resulta necesario revisar el esquema de beneficios que corresponden a los usuarios más vulnerables del sistema energético, que son quienes no cuentan con acceso a la red de gas natural, reestructurando la ayuda que, hasta el presente, se ha dado a través del PROGRAMA HOGARES CON GARRAFAS (HOGAR), creado por el Decreto N° 470/15. (Observemos como todas las medidas que dicen que tienen que tomar son nuevos aumentos de tarifas, derivadas de las medidas que tuvieron -dicen- que tomar antes, que fueron aumentos de tarifas. "Revisar el esquema de beneficios" lo traduce expresamente el propio decreto, un poco más abajo: recortarles subsidios y tarifas especiales a los Clubes de Barrio y de Pueblo, las Entidades de Bien Público, las Empresas Recuperadas y las Cooperativas de Trabajo) 

Se hacen tiempo para quejarse de la "pesada herencia" que les dejó el kirchnerismo: "...en lo que respecta al sector energético, y tal como se verifica en el tenor de las acciones adoptadas hasta el presente, la referida herencia se ha verificado en la vulnerabilidad y el estado crítico en TRES (3) aspectos claves: (a) en el sistema económico recaudatorio; (b) en la funcionalidad de las instalaciones para asegurar el suministro actual y futuro y (c) en la falta de señales de mercado para la oferta y la demanda." (Como vemos, dos de los tres problemas que juzgan como más graves del sistema energético, tienen que ver con los costos y ganancias de las empresas, y solo uno con garantizar mejores servicios públicos para los usuarios. Ninguno con exigencia de inversiones -a cambio de los tarifazos- para garantizarlos. Toda una declaración de principios) 

Que, en función de las razones expresadas, resulta necesario y urgente extender la declaración de emergencia por 1 (UN) año, es decir hasta el 9 de julio de 2026, con el fin de permitir que los órganos competentes sigan adoptando las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y de gas natural." (El decreto incluye también la prórroga por un año más de la intervención en el Ente regulador único del gas y la electricidad, que fusionó en éste gobierno al ENRE y el ENARGAS creados durante el menemismo, con la excusa de proteger a los usuarios y controlar que las empresas cumplieran con los contratos de concesión y las inversiones prometidas. Cosa que todos sabemos que jamás sucedió)

¿EL QUE AVISA NO ES TRAIDOR?

 

Es notable como nuestra derecha insiste una y otra vez con el plan "Votáme ahora así te cago después de las elecciones". Y aún así siempre consiguen atrapar a muchos incautos.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 21, 2025

Cuando se acercaban las elecciones legislativas de 2017 en las que pretendía revalidar su triunfo en el balotaje presidencial de 2015 y mejorar su representación en el Congreso, Macri implementó su propio "Plan Platita", administrando dosis homeopáticas del tan denostado populismo para llegar bien parado a las urnas: difirió los aumentos de las tarifas de los servicios públicos, avaló aumentos en las paritarias por encima de la inflación y rehabilitó programas del kirchnerismo para reactivar el consumo que antes había hibernado, como "Ahora 12".

Después, con los resultados puestos (que en buena medida obedecieron a que abandonó por un rato las políticas de ajuste con las que había llevado adelante la primera parte de su gobierno), reunió al establishment económico del país en el CCK para anunciar que había llegado el tiempo de profundizar las reformas: laboral, previsional y tributaria. 

El resto de la historia es conocido: el intento de imponer la reforma previsional (que finalmente se aprobó) para modificar a la baja la fórmula para aumentar las jubilaciones generó una protesta masiva en el Congreso salvajemente reprimida, y el gobierno vio horadada su legitimidad al mismo tiempo que se caía su programa económico por su propia insustentabilidad, y la ida al FMI aceleró el declive, hasta el fracaso del intento de reelección del presidente.

Si nos vamos un poco más atrás, aun está en discusión para algunos si Macri engañó o no al electorado en el 2015 cuando prometió "conservar lo bueno y cambiar lo malo del kirchnerismo", pero en nuestra modesta opinión, la polémica la zanjó Milei cuando ganó las elecciones prometiendo aplicar la motosierra y cumplió. Podrá decirse que parte de sus votantes no comprendieron que la casta en realidad eran ellos, pero lo cierto es que el experimento libertario en curso es -ni más ni menos- que poner en acto aquello de Macri cuando decía que si volvía al gobierno haría lo mismo, pero más rápido.

Y lo mismo es, literalmente, eso: lo mismo, desde 1956 por lo menos. Pruebas al canto: nos dicen ahora que lo que el gobierno acordó con el FMI a cambio del salvataje financiero de su plan económico es una reforma laboral flexibilizadora (como si nunca hubiera habido una), otra previsional (y van) y profundizar el ajuste del gasto público (cuando no), especialmente eliminando toda forma de subsidio o segmentación de las tarifas de los servicios públicos.

O sea lo mismo de siempre, que es lo mismo que quiso hacer Macri, que es lo mismo que antes hizo Cavallo y lo mismo que considera Milei que hay que hacer. Pero eso sí: están diciendo que lo van a hacer después de las elecciones (como lo intentó Macri en el 2017) y si las ganan, admitiendo así implícitamente que si lo hicieran antes, podrían perderla. O como dijo Menem en 1989, "si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie".

Lo cual nos lleva al punto de la prostitución del sentido del voto, y en última instancia de la democracia misma, que subyace en la idea de que la gente vote lo que quiera, total después los gobiernos hacen lo que se les antoja...al FMI y los grupos de poder económicos internos y externos. O dicho de otro modo: si esas reformas son tan buenas que insisten en proponerlas como las únicas soluciones posibles, una y otra vez ¿por qué no se le plantean claramente al electorado antes de las elecciones, con todas las letras y mejor aun, por qué no se aplican ya, sin esperar a las elecciones? 

Y si alguien (con razón) se apurara a decir que no lo hacen porque perderían porque esas políticas son impopulares (una afirmación que por lo menos habría que discutir, atento a los resultados de las últimas elecciones), volvemos al punto anterior: ¿Cuándo el voto cumplirá con la promesa implícita en él de expresar el sentir de la sociedad, para que la política tome nota y obre en consecuencia?

De lo contrario luego no nos sorprendamos después de la famosa "insatisfacción democrática" y sus consecuencias, que con los resultados del experimento libertario a la vista vienen siendo...profundizar el ajuste, le guste a quien le guste, "porque es el único camino posible" y listo. O dejemos de explicar las consecuencias, y ataquemos las causas, que hay que buscarlas por el lado de los que se benefician -siempre y en toda circunstancia- con esa insatisfacción y con el fracaso de la democracia en las expectativas que despertó.

En caso de duda, ver lo que está pasando ahora mismo, con el veranito financiero para otra temporada de bicicleta que se acaba de inaugurar con los fondos del FMI: se están prendiendo los que ya venían prendidos desde que comenzó el gobierno de Milei, que a su vez son lo mismos que se prendieron en el anterior paso de Caputo por el comando de la economía, en el gobierno de Macri. Los mismos a los que el gobierno del FDT les perdonó la vida en su momento, en plena pandemia y teniendo a la vista todas las pruebas del saqueo.

Tuit relacionado:

Resumiendo, estamos como antes del acuerdo: devaluación inicial que va a precios, inflación en alza, ancla cambiaria y manija al carry trade, plan aguantar como sea hasta las elecciones. Pero eso sí, con 20.000 palos verdes más de deuda y consumo en baja: https://t.co/ilggeAG3qg

— La Corriente K (@lacorrientek) April 23, 2025

INCONSISTENCIAS

 

El FMI va a bancar que la reforma laboral y la previsional salgan por DNU si no pasan por el Congreso? Porque la que estaba en el DNU 70 ya fue declarada inconstitucional en dos instancias.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 13, 2025

Cómo piensan en el FMI que este gobierno va a sacar una modificación de la coparticipación federal sacándole fondos a las provincias, cuando la Constitución exige que se apruebe por ley con mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara y ratificación de las 24 legislaturas?

— La Corriente K (@lacorrientek) April 13, 2025

La sensación que el Fondo le tira una soga ahora al gobierno para que llegue a las elecciones a ver si le va bien, mejoran sus bancadas en el Congreso y puede sacar las reformas después. Inviable en éste contexto.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 13, 2025

El FMI dice que los salarios están muy altos en dólares y pide licuarlos con una devaluación. Como cree que con eso un gobierno puede ganar elecciones?

— La Corriente K (@lacorrientek) April 13, 2025

Si devalúan y eliminan subsidios a las tarifas como pide el FMI como bajan una inflación que sigue subiendo?

— La Corriente K (@lacorrientek) April 13, 2025

El FMI le pide a Milei que haga lo que no pudo hacer Macri en 2017 (, profundizar el ajuste y hacer las reformas previsional, laboral e impositiva) habiendo ganado la elección de medio término suspendiendo el ajuste unos meses. Absolutamente irreal.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 13, 2025

No hay uno solo de los supuestos planteados por el FMI al otorgar el préstamo que tenga la más mínima posibilidad de cumplirse. Ni uno. Ni en términos estrictamente económicos, ni sociales ni políticos. Si tienen dudas, pregúntenle a Macri.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 13, 2025

Deprimiendo más aún salarios y jubilaciones apagan los principales motores de la demanda agregada. Más si siguen recortando el gasto público. Con que van a inducir el crecimiento, con exportaciones en medio de una caída del comercio mundial por la guerra de aranceles? Inviable.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 13, 2025

De dónde van a salir los dólares para el repago de la deuda, de Vaca Muerta con el precio del petróleo en baja, de la toma de deuda en los mercados de capitales con tasas en alza? Es todo un delirio lo del FMI. Como han sido todos sus planes desde 1956.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 13, 2025

Los gobernadores chupaculos de Milei como Pullaro van a bancar un recorte de la coparticipación para cumplir con el FMI?

— La Corriente K (@lacorrientek) April 13, 2025

Devalúan, aumentan tarifas y suben la tasa de interés mientras pisan salarios y podan jubilaciones. Y después te dicen que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario y el resultado de la puja distributiva. Delincuentes.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 13, 2025

AGUA Y AJO

 

Aumentar las tarifas un 451 % y cagar a sus trabajadores. Siguiente pregunta. https://t.co/q2fuqDNWAo

— La Corriente K (@lacorrientek) September 24, 2024

Cuando Pullaro comenzó su ofensiva noventosa contra las empresas públicas del Estado provincial y sus trabajadores, decíamos acá "Pullaro nos está diciendo -sin decirlo- que con un 10 % menos de sus empleados pero con mayores tarifas, ASSA será más eficiente para prestar sus servicios, tercerizando en empresas privadas los servicios y tareas que prestaban los empleados despedidos, cosa que tampoco se dice.".

Y no solo lo dijo, sino que lo está haciendo: leemos en ésta nota la explicación de como piensan llegar a reducir los aportes del Tesoro a ASSA: "...se eliminaron cargos, suspendieron nuevos ingresos de empleados desde el inicio del año y se congelaron las promociones. Además, se produjo el despido de alrededor de 50 empleados que formaban parte de un total de 144 agentes que habían sido contratados entre octubre y noviembre de 2023. Los cargos que quedaron vacantes por fallecimientos o por jubilaciones, no fueron cubiertos. También hubo reducción de horas extras, reducción del número de guardias y se logró bajar el nivel de ausentismo.".

Se agrega que "Los datos oficiales indican que en enero de 2024 la empresa contaba con un total de 1.409 cargos ocupados. En julio, habían descendido a 1.353 y se proyecta que en diciembre lleguen a 1.338.". O sea, 171 trabajadores menos. Dado el énfasis puesto por el gobierno en el tema cabría preguntarse ¿son los trabajadores de ASSA la causa del déficit de la empresa, o el principal gasto que ésta afronta?

Los números oficiales (tomados acá de la Cuenta de Inversión del año pasado) parecen indicar que no: 

Como pueden ver, el año pasado "Remuneraciones" (es decir, los sueldos del personal y las cargas sociales) representaron el 33,45 % del gasto total de ASSA (tomando como base lo devengado), cuando en el conjunto de la Administración Provincial esa incidencia estuvo varios puntos por arriba: 38,65 % para el mismo año 2023; y cuando "Bienes y Servicios" (los gastos de funcionamiento) implicaron el 46,32 % del gasto. (Spoiler: en la EPE, donde el gobernador usa el mismo argumento -el problema del déficit son los empleados) el gasto en "Remuneraciones" en el 2023 fue menos aun que en ASSA: el 24,23 % del total)

Dentro del total de los gastos de ASSA, "Productos químicos, combustibles y lubricantes" (lo necesario para tratar el agua y los efluentes cloacales o hacer andar la flota de vehículos de la empresa) fue el 15,96 %, "Servicios Básicos" (la luz, y con menor incidencia los teléfonos) el 12,17 % y "Mantenimientos y reparaciones" el 7,28 %. 

Tengan especialmente en cuenta lo indicado para "Servicios Básicos", porque seguidamente veremos que está pasando éste año, cuando Pullaro y su gobierno están implementando la otra medida con la que buscan "hacer más eficiente" ASSA: un aumento del 451 % en las tarifas, en lo que del 2024 (no es invento nuestro: lo dice la nota). Y pasa lo que pasa -por ejemplo- con éste decreto del 12 de agosto:

Por ese decreto se amplía el presupuesto de la empresa en casi 36.580 millones de pesos, para incorporar mayores recursos a los previstos en el presupuesto aprobado por la Legislatura, de Fuente 201: Recursos Propios de Libre Disponibilidad. En criollo: mayores ingresos por tarifas, por el aumento del 451 % en los servicios de agua potable y cloacas, que presta ASSA, en lo que va de la gestión Pullaro.

¿Y en qué gastó -según el Decreto 1271- ASSA esos mayores recursos, acaso en sueldos u horas extras del personal? No, porque en el Inciso 1. ("Personal") no se gastó un solo centavo. Tampoco en obras ("Inversión Real Directa" o "Construcciones"): cero (0) peso de esos casi 36.580 millones fue destinado a esos fines. El año pasado los gastos de capital de ASSA (los rubros indicados, más "Maquinaria y Equipo") fueron el 15,76 % del total. Lo que supone que la "eficiencia" que predica Pullaro consiste en aumentar las tarifas, para licuar el gasto salarial, y no hacer obras.

En contraste, casi 17.412 millones de pesos (es decir, el 47,60 % del total de la mayor recaudación, por los aumentos de tarifas) fue a parar a "Servicios Básicos", cuadruplicando la incidencia del rubro en los gastos totales de la empresa, comparando con el año 2023. Y sumando por sí solo más que todos los gastos de funcionamiento, incluyendo los productos químicos para tratar el agua y los residuos cloacales; que en el decreto de Pullaro representan el 15,30 %: más o menos en línea con el año anterior, aunque se trate de rubros dolarizados. 

¿Y cuál es el motivo de semejante salto de los gastos de ASSA en "Servicios Básicos" en particular? Muy sencillo: el aumento de las tarifas de luz de la EPE, que la empresa prestadora de los servicios de agua potable y cloacas debe pagar como cualquier usuario, porque no tiene tratamiento especial. Sin  luz no funcionan ni las plantas de tratamiento, ni las bombas impulsoras, ni las oficinas administrativas o comerciales.   

Para decirlo de un modo sencillo: casi uno de cada dos pesos de los ingresos extra que tuvo ASSA por los tarifazos decididos por el gobierno de Pullaro (sin intervención del ENRESS, gracias a la ley de emergencia aprobada al inicio de su gestión), se van por la canaleta de los tarifazos de la EPE...también decididos por el gobierno de Pullaro. Así que gente, hablando de agua: aguantarse lo que muchos votaron, y a jodernos todos, aunque no lo hayamos hecho. 

Tuits relacionados:

Ah, listo. Con eso solucionan todo. https://t.co/IH7pOOxYXN

— La Corriente K (@lacorrientek) September 24, 2024

Milei aprovechó un conflicto gremial para avanzar con la privatización de Aerolíneas. Pullaro está provocando conflictos con los gremios de la EPE y ASSA, para privatizarlas. La misma mierda con distinto olor.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 26, 2024

NO SABE NO CONTESTA

 

Senado

Mal momento para el secretario de Energía, Eduardo Chirillo.

El senador O. Parilli le preguntó por el costo de producción del barril del petróleo en la Argentina y el funcionario titubió, intentó pasar a otra cosa, le insistieron y terminó admitiendo que no sabía. pic.twitter.com/HEwiDflaDs

— Manuel Casado y Deleo (@manuelmarried) May 8, 2024 

El martes de la semana pasada se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 465 (completo acá), por el cual el gobierno de Milei estableció el esquema de transición hacia la virtual eliminación de los subsidios del Estado a las tarifas de luz y gas, de lo que se sigue que en el segundo semestre del año impactarán aun más brutalmente los aumentos.

Los argumentos del decreto parecen (y quizás más que eso) redactados por los actores privados del sistema (generadoras, transportistas y distribuidoras), porque se hacen cargo plenamente de todos sus argumentos para reclamar aumentos de tarifas. Así por ejemplo el decreto dice (remitiendo a la experiencia de las privatizaciones menemistas) que por ese entonces "...los precios mayoristas del gas natural y la electricidad se desregularon y, hasta principios de 2002, las transacciones de oferta y demanda eran acordadas libremente por las partes.".

Por el contrario, señala que al implosionar la convertibilidad "...el congelamiento de las tarifas y la interrupción o la falta de terminación de las revisiones tarifarias llevaron, en primer lugar, a que la tarifa no reflejase el costo del suministro;", y que "...cualquier subsidio que se otorgue a usuarios comerciales o industriales produce distorsiones en la cadena de formación de precios.", (porque) "...la política tarifaria implementada se combinó con una política de subsidios a nivel del precio mayorista que no reconoció el costo real de la energía...".

Insiste el decreto varias veces sobre el problema de los costos: "Que ello (la política de subsidios a las tarifas, aclaramos) contribuyó a la opacidad de las tarifas finales y a la confusión conceptual entre los montos efectivamente facturados a los usuarios y los subsidios,...", y  "Que, en definitiva, la actual política de subsidios y el sistema actual de segmentación establecido por el Decreto Nº 332/22 ha llevado a que los precios mayoristas de energía no cubran los costos de abastecimiento,...".

Una y otra y otra vez, los costos : "Que semejante carga para el ESTADO NACIONAL ha sido consecuencia de un modelo de subsidios generalizados, que respondió a un modelo energético basado sobre precios y tarifas deprimidas, que no reflejaron el costo del abastecimiento mayorista ni el valor agregado de distribución.", "Que entre las circunstancias que justificaron la declaración de la emergencia energética se encuentra la situación financiera del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), afectada por un sistema de retribución que no refleja los costos reales de producción...".

Para luego empezar a perfilar los objetivos de la nueva política tarifaria (las negritas son siempre nuestras): "Que, en ese contexto, por el artículo 2º del referido decreto se instruyó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA para que elabore, ponga en vigencia e implemente un programa de acciones necesarias e indispensables con relación a los segmentos comprendidos en la emergencia declarada en su artículo 1°, con el fin de establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos de las prestatarias..."

Y en la misma línea argumental -la de las empresas- dice el decreto: "Que de acuerdo con los estudios de consumo realizados por la SECRETARÍA DE ENERGÍA la superposición de programas y la autorización de consumos bonificados sin límite han ocasionado consumos excesivos en tanto la señal de precios no refleja los costos económicos de producir, transportar y distribuir la energía. ", y "Que, asimismo, la mencionada resolución estableció los costos de abastecimiento de gas natural a trasladar a los usuarios finales en relación con los contratos o acuerdos de abastecimiento vigentes", (siendo) "el objetivo final de sincerar y transparentar el costo real del gas natural y la energía eléctrica,".

En consonancia con tales fundamentos, el artículo 1º del decreto determina "la reestructuración de los regímenes de subsidios a la energía de jurisdicción nacional, a fin de asegurar una transición gradual, ordenada y previsible hacia un esquema que permita: (i) trasladar a los usuarios los costos reales de la energía;"; mientras que su artículo 3º deja sin efecto "los límites del impacto en factura que genere la corrección del componente Energía fijado como porcentaje del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior, contenidos en el artículo 2º del citado Decreto N° 332/22." (es decir, si tu sueldo aumenta menos que las tarifas, jodéte).

Para concluir en el artículo 5º del mismo decreto en que "Durante la vigencia del Período de Transición, la Autoridad de Aplicación deberá desarrollar todas las acciones necesarias para una transición gradual, ordenada y previsible hacia precios de mercado y tarifas basadas en costos económicos para el sector energético...". Los costos, otra vez, parecen ser la clave: a las empresas los costos no les estarían dando, y para que les den y además obtengan ganancias, hay que eliminar subsidios, aumentar tarifas y que esos costos (y esas ganancias) las paguen plenamente los usuarios. 

Lo extraño es que -como demuestra el tuit de apertura- el Secretario de Energía (que es la Autoridad de Aplicación de la que habla el decreto) no conoce los costos, al menos de la producción de un barril de petróleo. Y si no sabe esos (o los sabe y no los quiere revelar) es muy probable que tampoco conozca los del gas, aunque el precio en boca de pozo (que se supone refleja esos costos más la ganancia), lo fije el propio gobierno, y en dólares.

Por tratarse (los costos) de producir, transportar y distribuir (en orden decreciente de importancia) energía un asunto de primer orden de insumos críticos que operan en mercados regulados (es decir con precios fijados directa o indirectamente por el Estado) ¿no deberíamos conocerlos todos, empezando por el Secretario de Energía? 

¿O simplemente tenemos que creerles a las empresas (muchas de ellas con intereses en toda la cadena, como las petroleras) que no les dan los números, y autorizarles los aumentos de tarifas sin ninguna otra consideración, ni siquiera los niveles de ingresos de los usuarios que tienen que pagarlas? 

¿O el régimen de libre competencia que nos prometen al terminar con los subsidios al final del régimen de transición resolverá mágicamente la cuestión abaratando las tarifas por obra y gracia del mercado, aunque los usuarios no puedan elegir que empresa los provea de gas o luz?

COMO JUSTIFICAR UN TARIFAZO (O UNA PRIVATIZACIÓN)

 

Leemos al periodismo amigazo en Rosario 3 anticipando los resultados de una auditoría que el gobierno de Pullaro hizo en la EPE sobre la gestión de la distribuidora estatal de energía en el gobierno anterior.

Nos cuentan allí que "...con los números a 10 de diciembre de 2023, el déficit proyectado a marzo dió (sic) de 30 mil millones.", lo cual es imposible de corroborar por la simple y sencilla razón de que no está disponible aun la Cuenta de Inversión del último ejercicio de la gestión de Perotti. Lo que sí es novedoso es sacar conclusiones proyectando los datos de un ejercicio presupuestario, a una parte del otro que aun está transcurriendo: es toda una nueva técnica de contabilidad pública.

Sobre todo un dato como el déficit (es decir la diferencia entre los gastos y los recursos), que además de estimarlo con tan original método, descontextualizado de todo otro dato carece de absoluta relevancia. Como por ejemplo de cuanto fue el presupuesto total ejecutado por la EPE el año pasado (para dimensionar el tamaño del déficit), porque el presupuestado era de 156.919 millones de pesos, y seguramente terminó siendo mucho más, por la incidencia de la inflación.

O discutir si, más allá de tener o no tener déficit, como eso indica (si es que lo hace) si la gestión de una empresa pública es eficiente o no, acorde con sus objetivos: el gobierno de Lifschitz (por poner el ejemplo que los ex Frente Progresista tienen como modelo) tuvo déficit en la EPE en los cuatro años de su mandato, y el del 2019 (último año) fue el mayor de todos, más que cuadruplicando en plata el déficit del año anterior. 

Para encontrar un año en el que la EPE tuviera superávit en las gestiones del socialismo/radicalismo hay que remontarse al 2015, y ése fue el único de los cuatro años del mandato de Bonfatti  en que la gestión de la distribuidora provincial de electricidad arrojó superávit. En el gobierno de Perotti tuvo déficit en el 2020 (con pandemia), superávit en 2021 y 2022 (este casi cuatro veces mayor que el del año anterior), y -como dijimos- no están aun disponibles los datos del 2023 que la auditoría "proyecta". Otra vez: el déficit o superávit por si mismo y sin ningún otro contexto, no explica nada.

Sigue diciendo la nota que otro hallazgo de la auditoría es que "...por no haber actualizado la tarifa en 2023 (subió148% contra inflación de 211%) se perdieron $34.800 millones.". Tomemos nota del dato: con el criterio de la auditoría (que es el que hace suyo el gobierno de Pullaro, Perotti debió (en un año electoral) aumentar un 63 % más las tarifas de la EPE, y de esa manera la empresa hubiera tenido superávit.

O aumentar la tasa de interés por los planes de pago de deudas de los usuarios con la empresa: "...tenemos en el 2023 una tasa del 30% cuando la inflación corría al 211%. Eso también es una herencia que tenemos, lo hemos revertido, pero hubo pérdidas importantes en el orden de los $ 26.000 millones...”, dice el actual presidente del directorio Marcucci. Ni a Milei se le hubiera ocurrido. Aunque pensándolo bien, si se le ocurrió. 

Lo raro es que Pullaro no hizo campaña para gobernador prometiendo aumentar aun más las tarifas de la EPE (que están entre las más caras del país) o subir los intereses por mora, sino por el contrario hablaba de "sacarles el pie de la cabeza con impuestos a los que producen". Pues bien, ahora nos están diciendo -como en el caso de ASSA- que las tarifas están atrasadas, y hay que aumentarlas; y los intereses también.

Y lo que pasa con el déficit, también pasa con la inversión, que según dice la nota mermó durante el gobierno de Perotti (este argumento de que hay que aumentar las tarifas para garantizar las inversiones ya lo escuchamos antes, lo tenemos en la punta de la lengua el nombre del presidente y los gobernadores que lo planteaban, ya nos va a salir): si vamos a medir con esa vara, el gobierno de Lifschitz (que recordemos, se creía tan bueno que intentó reformar la Constitución para ser reelecto) arrancó teniendo un 8,04 % de los gastos totales de la EPE como gastos de capital en 2016, para ir descendiendo desde allí, todos los años: 5,71 % (2017), 4,99 % (2018) y 3,80 % (2019).

El gobierno de Perotti en un contexto adverso (pandemia y crisis mundial de la energía) pasó del 3,28 % en 2020, al 4,30 % en 2021 y 4,96 % en 2022. Otra vez: si van a tirar un dato, dénles un contexto porque si no parecen fruta. O excusas para otra cosa, como aumentar otra vez las tarifas, o privatizar la empresa.

Cosa que se está notando tanto que hasta los plumíferos estipendiarios de la pauta oficial se dan cuenta de lo que advertíamos nosotros acá, solo que ellos lo ponen como elogio, y se esperanzan con que el gobernador podrá hacer lo que se le cante la chota porque "la gente está de acuerdo por el clima de época que ha creado Milei" y coso, y porque -esto es cierto- tiene amplia mayoría en ambas Cámaras de la Legislatura:

TARIFAS ELÉCTRICAS Y AUDIENCIA

 

Si así no recuperamos los cuatro millones de votos que perdimos, deberíamos dejar de intentarlo: https://t.co/N6fnn6uLE7

— La Corriente K (@lacorrientek) October 22, 2022

El Gobierno convoca a una nueva audiencia pública  a causa de un aumento de tarifas de energía eléctrica. Por ello, según se publica aquí el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convoca para el día 30 de noviembre a partir de las 9 hs, con el detalle que en la audiencia se incluye a las empresas de transporte eléctrico.  

A causa de la audiencia y de las pretensiones de las empresas transportadoras de energía eléctrica (que como siempre reclaman atraso tarifario), leemos un acertado comunicado del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, en donde se consigna lo siguiente: 

"Desde ENRE comprendemos que la inflación proyectada en su momento del 33% al establecer las tarifas anteriores y la real cercana al 95% anualizada puede haber generado desfasajes en sus estados contables. Sin embargo está más que claro que las empresas utilizaron las partidas de inversión que en ningún caso supera el 23% de lo comprometido para el financiamiento del pago de salarios. 

La segunda pretensión de las empresas era la no realización de audiencia pública para el otorgamiento del incremento solicitado. Cuestión que rechazamos de plano, por violatoria al marco jurídico vigente, y porque además esta Intervención considera que los actos de esta naturaleza deben ser públicos como lo consideró el “Fallo Capis” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Sin adelantar posiciones que surgirán de esa audiencia, nos preguntamos: si el problema es la imposibilidad de inversiones por mayor demanda salarial, porque se solicita aumentos acumulados en 2022 que van más allá de los salarios acordados para el sector. 

Y si así correspondiera y lo determinara dicha audiencia, ¿las empresas recuperaran el nivel de inversión comprometido? Son parte de las cuestiones y compromisos que deben asumir frente a los usuarios, por nuestra parte la no inversión y el incumplimiento en la baja calidad del servicio son cuestiones sancionadora que estamos dispuestas a aplicar ante dichos incumplimientos.”.

 

En agosto de éste año, al asumir en el ENRE como interventor Walter Martello, declaraba que “Utilizaremos las herramientas que nos da la legislación y pondremos todo el esfuerzo personal y grupal para ir hacia un servicio de calidad, con centralidad en los usuarios y no en las ganancias de las empresas. No dudaremos en ir a la Justicia si la situación lo amerita",..".  

Y  que "Las empresas deberán entender que no se puede marchar hacia tarifas de primer mundo con servicios de tercer mundo. Para nosotros la controversia por la asimetría de intereses ya fue saldada por la Justicia a partir del fallo de la Corte en el caso Cepis". 

Y Martello, que se venía desempeñando como Defensor del Pueblo Adjunto en la Provincia de Buenos Aires, también expresaba que “Soy consciente que, en muchos casos, los reclamos de los usuarios y usuarias ni siquiera son escuchados y se incumplen sus derechos” (https://www.pagina12.com.ar/477176-martello-asume-como-nuevo-titular-del-enre). 

Es por acá.  

NO ACLARES QUE OSCURECE

 

Tal como se preveía desde que asumió Sergio Massa en el Ministerio de Economía y -entre otros cambios- se fueron los funcionarios del área de Energía que respondían a Cristina, los aumentos de tarifas serán mayores a lo anunciado, porque el recorte de los subsidios tendientes a equilibrar las cuentas públicas será mayor, a tono con los compromisos asumidos con el FMI: acá lo explica Della Torre en Página 12.

La conferencia de prensa donde la Secretaria de Energía y la mujer de Massa (titular de AYSSA) trataron de explicar el tarifazo fue, por momentos, bizarra: Malena diciendo que no era un aumento de tarifas, sino un "reordenamiento de los subsidios", y en algún momento se llegó a la desmesura de meter en el asunto a la justicia social.

Que la última vez que nos fijamos y para el peronismo, era luchar por un sociedad con una distribución más equitativa del ingreso, con trabajadores dignificados a través de salarios que les permitan vivir bien a ellos y sus familias, acceder a la vivienda propia, el turismo, el esparcimiento e incluso ahorrar; con chances de movilidad social, protegidos por derechos por los que el Estado -que los reconocía- velaba. Pero claro, eran otros tiempos y es posible que los que debamos aggiornarnos seamos nosotros.

Estos son tiempos de derrota, electoral, política y conceptual, aún habiendo ganado las elecciones del 2019, y por eso estamos todo el tiempo haciéndole concesiones al enemigo: conceptuales, teóricas y concretas. Como por ejemplo creer que el problema principal del país son las tarifas bajas o los subsidios altos, o el gasto público y el déficit fiscal; que nadie dice que no son cosas que deban discutirse, pero siempre dentro del contexto de un país con elevados indicadores de pobreza, y un retroceso brutal de la participación de los trabajadores y sectores de ingresos fijos (ni hablar los que no tienen ni siquiera eso garantizado, por mínimo que sea) en el reparto de la torta.

Cuando se anunció (antes de la "era Massa", cuando aun reinaba Guzmán) la segmentación de los subsidios, dijimos en esta entrada: "Evidentemente la cosa no era tan sencilla de resolver, y nos atrevemos a decir que está por verse si el nuevo decreto consigue resolver la cuestión, siempre que antes nos pongamos de acuerdo cual es ésta: si garantizar tarifas justas, equitativas, razonables y acordes a la capacidad de pago de los usuarios, de disminuir el peso de los subsidios en las cuentas públicas (lo que parece ser la preocupación excluyente de Guzmán), de desalentar los consumos irresponsables que afectan la balanza de pagos por el lado de las importaciones de energía necesarias para atender la demanda, o como diría Rinconet, un mix de todo.". 

"Pero el mayor problema -en nuestra modesta opinión- no está allí, sino en el enfoque de la segmentación, a partir de los ingresos de los diferentes deciles de la población: por la estructura de nuestra PEA (Población Económicamente Activa), en el decil 1 (es decir, el 10 % de la población que percibe mayores ingresos) conviven sectores con muy distinta capacidad contributiva, algunos de los cuáles podrían pagar perfectamente el precio pleno de los servicios, y otros no tanto, o con dificultad. Para discriminar de modo equitativo entre las personas o las empresas en razón de sus ingresos, patrimonio o capacidad de pago, están los impuestos; en especial los directos: inmobiliario, patente automotor, Ganancias, Bienes Personales y los que hoy se están discutiendo como el gravamen a las rentas inesperadas.".

"Y por otro lado las expectativas desmedidas que se depositan en la segmentación de los subsidios (un acto de fe sin mayor evidencia concreta, como la que se depositaba en el 2008 en la posibilidad de "segmentar las retenciones a favor de los pequeños y medianos productores agropecuarios"), tienen que ver con otro equívoco, que se trasunta en el decreto: el peso real que tienen en las cuentas públicas y dentro del dinero que se destina a subsidiar las tarifas de los servicios públicos, los distintos sectores medidos por ingresos.".

"En efecto, los ricos (con más razón si son muy ricos) son pocos, y la enorme mayoría de la masa de subsidios se destina a los que realmente los necesitan, porque no podrían pagar las tarifas plenas. De allí que el decreto incurre en una falacia cuando señala que "Que si bien el esquema de subsidios energéticos del Estado Nacional debe entenderse como una política de ingresos y que su principal objetivo es proteger el poder adquisitivo de los hogares, actualmente su estructura genera profundas distorsiones concentrando una parte sustancial de su peso en los sectores de mayor capacidad de pago.". De modo que si lo que se busca es disminuir el peso de los subsidios en las cuentas públicas, eliminarlos para el primer decil de ingresos no mueve el amperímetro, aun pudiendo implementarse como está planteado en el decreto.".

"Eso sin contar con que los subsidios a los servicios públicos son también una forma de morigerar los costos de producción de los bienes y servicios, y por ende incidir en sus precios finales, lo que es clave en contextos como el actual de alta inflación. Concluyendo: si lo que preocupan son los números de las cuentas fiscales, en lugar de prestarle tanta atención al gasto en subsidios con estrategias inviables, hay que pensar en recomponer los ingresos del Estado. Por ejemplo cobrándoles más y mejores impuestos a los sectores (allí sí) con mayor capacidad contributiva, para que el reparto social de las cargas sea más parejo.".

Pues bien, las mismas cuentas que hicimos nosotros, las hizo también Massa, y queda claro que cuando llamaba "farsante" a Guzmán no era porque le criticara su "fiscalismo", sino porque pensaba que en realidad él podía hacer mejor, más profundo y a fondo el ajuste, para que los números cierren; aunque sea con la gente afuera. Y aunque el peso mayor de los aumentos recaiga el año próximo, en pleno proceso electoral: si la idea del discurso oficial es que hay que sostener la unidad a cualquier precio y tragarse cualquier sapo porque "si no vuelve la derecha", a éste paso no parece que se estén creando las condiciones para evitarlo, a menos que lo que en realidad se busque es que no vuelvan, porque no haga falta: el trabajo sucio se los haríamos nosotros.

Esta es la verdadera cuestión a debatir, que no se puede ocultar (ni distraer) filtrando el nombre de los famosos o millonarios que no renunciaron a gozar de los subsidios a las tarifas, a los que no se les quieren cobrar más impuestos que compensen -y aun excedan con creces- lo que gastamos en ellos, por ese concepto. Eso en todo caso podrá servir para deslegitimarlos a muchos de ellos cuando, en la discusión pública, aparecen indignados por los "planes sociales", y piden eliminarlos, o por "la excesiva presión fiscal", o la presunta cantidad de impuestos que pagan. Y no para mucho más.

SEGMENTADOS

 

Ninguna duda. Es una poronga, completamente impracticable, que la sacan después de un aumento aplicado a todos por igual: https://t.co/CIBCqa3dZ6

— La Corriente K (@lacorrientek) June 17, 2022

Después de una semana marcada por la corrida especulativa  contra los bonos de deuda en pesos y con movimientos en los dólares "alternativos", el gobierno anunció una serie de medidas traducidas en decretos publicados en el Boletín Oficial; que en rigor de verdad nada tienen que ver -al menos no directamente- con esas zozobras financieras.

En medio de la escasez de gas oil y cediendo a la extorsión de las petroleras, luego de autorizar un aumento del 12 % del combustible, el presidente firmó el Decreto 329 que establece un "régimen de incentivos al abastecimiento interno de combustibles"; que como cabía esperar si se trata de "incentivar" al capital, consiste básicamente en reintegrarle vía subsidios parte de lo que pagan en concepto de impuesto a los combustibles líquidos. Otra vez y mientras se habla de bajar subsidios a las tarifas de los servicios públicos, parece que hay subsidios buenos y malos.

Y el mismo gobierno que desistió -por ejemplo- de aplicarles a las petroleras la ley de abastecimiento para garantizar que haya gasoil o no se registren abusos de precios por el combustible, dictó el Decreto 330 por el cual aumenta el corte obligatorio de biodiésel en la mezcla de las naftas, medida que por un lado puede ayudar a superar el cuello de botella actual en la provisión, pero que seguramente disparará en el futuro nuevos aumentos. 

Pero la medida más difundida y comentada ha sido la tantas veces anunciada "segmentación" de los subsidios a las tarifas de luz y gas, contenida en el Decreto 332 cuyo texto completo pueden leer acá. Algo de lo que viene hablando en el país desde hace más de 10 años, cuando allá por el 2012 y en su segundo mandato Cristina hablaba de hacer "sintonía fina" en esa materia. 

Evidentemente la cosa no era tan sencilla de resolver, y nos atrevemos a decir que está por verse si el nuevo decreto consigue resolver la cuestión, siempre que antes nos pongamos de acuerdo cual es ésta: si garantizar tarifas justas, equitativas, razonables y acordes a la capacidad de pago de los usuarios, de disminuir el peso de los subsidios en las cuentas públicas (lo que parece ser la preocupación excluyente de Guzmán), de desalentar los consumos irresponsables que afectan la balanza de pagos por el lado de las importaciones de energía necesarias para atender la demanda, o como diría Rinconet, un mix de todo.

Así vistas las cosas, no parece que el decreto resuelva mucho, por empezar por el contexto en el que -tras largas dilaciones al interior del gobierno- termina viendo la luz: con un alza de los precios internacionales de la energía y los combustibles por la guerra en Ucrania que haría necesarios más subsidios y no menos, y con un sistema energético que sigue funcionando bajo los marcos legales diseñados por el menemismo en los 90' a través de la Ley 24065 para la electricidad, y la Ley 24076 para el gas. En ambos casos, la generación (que es lo que origina los mayores costos) es de jurisdicción nacional al igual que el transporte, y en su mayoría está en manos privadas; y la distribución es de jurisdicción compartida pero en su mayoría provincial, a través de empresas estatales (como la EPE acá en Santa Fe), pero también privadas.

De allí que en la mayor parte del territorio nacional (más allá del AMBA) y para la electricidad el decreto no sea directamente operativo, sino que requiere de convenios a firmarse por la Secretaría de Energía de la Nación (que fija los precios de la generación y el transporte) con las distribuidoras provinciales. A esto debe sumarse que, pese a sus promesas iniciales, éste gobierno no corrigió -ni con la ley de emergencia- la dolarización de los precios de generación de la energía que dejó el macrismo.

Pero el mayor problema -en nuestra modesta opinión- no está allí, sino en el enfoque de la segmentación, a partir de los ingresos de los diferentes deciles de la población: por la estructura de nuestra PEA (Población Económicamente Activa), en el decil 1 (es decir, el 10 % de la población que percibe mayores ingresos) conviven sectores con muy distinta capacidad contributiva, algunos de los cuáles podrían pagar perfectamente el precio pleno de los servicios, y otros no tanto, o con dificultad.

Eso sin considerar que el decreto tal cual está planteado será objeto de presentaciones judiciales -promovidas incluso por los que hasta ayer renegaban de los planes sociales, o pedían eliminar los subsidios "porque a las cosas hay que pagarlas lo que valen"-, para las cuales nos parece endeble.

En efecto, cuando el decreto habla de como segmentar los subsidios señala "Que dicho mecanismo debe evaluar la capacidad de pago de las personas que conforman un hogar usuario de servicio público sobre la base de su situación patrimonial, de ingresos y otras características sociodemográficas.". Por muy simpático que pueda parecer el argumento, los servicios públicos no son un impuesto, sino una prestación material que brinda el Estado por sí o un concesionario autorizado por él, a cambio de una retribución que se denomina tarifa, que refleja además el grado de uso que se hace del servicio en cuestión, es decir los niveles concretos de consumo de cada usuario.

Para discriminar de modo equitativo entre las personas o las empresas en razón de sus ingresos, patrimonio o capacidad de pago, están los impuestos; en especial los directos: inmobiliario, patente automotor, Ganancias, Bienes Personales y los que hoy se están discutiendo como el gravamen a las rentas inesperadas. Lo cual no quiere decir que, como concepto político general, el sistema de subsidios a las tarifas no se base en consideraciones de justicia social.      

Y por otro lado las expectativas desmedidas que se depositan en la segmentación de los subsidios (un acto de fe sin mayor evidencia concreta, como la que se depositaba en el 2008 en la posibilidad de "segmentar las retenciones a favor de los pequeños y medianos productores agropecuarios"), tienen que ver con otro equívoco, que se trasunta en el decreto: el peso real que tienen en las cuentas públicas y dentro del dinero que se destina a subsidiar las tarifas de los servicios públicos, los distintos sectores medidos por ingresos.

En efecto, los ricos (con más razón si son muy ricos) son pocos, y la enorme mayoría de la masa de subsidios se destina a los que realmente los necesitan, porque no podrían pagar las tarifas plenas. De allí que el decreto incurre en una falacia cuando señala que "Que si bien el esquema de subsidios energéticos del Estado Nacional debe entenderse como una política de ingresos y que su principal objetivo es proteger el poder adquisitivo de los hogares, actualmente su estructura genera profundas distorsiones concentrando una parte sustancial de su peso en los sectores de mayor capacidad de pago.". De modo que si lo que se busca es disminuir el peso de los subsidios en las cuentas públicas, eliminarlos para el primer decil de ingresos no mueve el amperímetro, aun pudiendo implementarse como está planteado en el decreto.

Eso sin contar con que los subsidios a los servicios pùblicos son también una forma de morigerar los costos de producción de los bienes y servicios, y por ende incidir en sus precios finales, lo que es clave en contextos como el actual de alta inflación. Concluyendo: si lo que preocupan son los números de las cuentas fiscales, en lugar de prestarle tanta atención al gasto en subsidios con estrategias inviables, hay que pensar en recomponer los ingresos del Estado.

Por ejemplo cobrándoles más y mejores impuestos a los sectores (allí sí) con mayor capacidad contributiva, para que el reparto social de las cargas sea más parejo. No centrando -por ejemplo- la política de ingresos, como se hizo hace poco, en rebajar la carga de Ganancias para los salarios más altos, para sectores a los que ahora se les disminuirían los subsidios.