LA FRASE

"MIS DIFERENCIAS CON EL PRESIDENTE SON PÚBLICAS Y NOTORIAS, PERO QUIERO AGRADECERLE QUE ME HAYA DADO ESTA OPORTUNIDAD DE ORDENAR PERSONALMENTE UNA REPRESIÓN." (VICTORIA VILLARRUEL)
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miércoles, 19 de marzo de 2025

PERCEPCIONES

 

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jueves, 28 de diciembre de 2023

CORTA LA BOCHA

 

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miércoles, 10 de mayo de 2023

¿QUÉ SE HACE CON ÉSTO?

 

Advertencia previa: si alguno espera un análisis jurídico de las resoluciones de la Corte Suprema sobre las elecciones en Tucumán y San Juan, siga de largo: éste post trata de otra cosa. Segunda advertencia previa: si otro alguien espera acá respuestas a la perplejidad reinante a partir de esas decisiones, también siga de largo: éste post tiene más preguntas que respuestas.

Apenas ayer decíamos en ésta entrada como la liviandad con la que el sistema político tomó la aparición de evidencia que compromete a Patricia Bullrich en -por lo menos- el encubrimiento del atentado contra Cristina horadaba aun más el piso de nuestro consenso democrático. 

Y ayer también -poco antes de conocerse las decisiones de la Corte sobre las elecciones en Tucumán y San Juan, su presidente disertaba sobre política monetaria frente a empresarios extranjeros, en la habitual gimnasia a la que nos tienen acostumbrados los cortesanos, que opinan en público sobre cuestiones que claramente no les incumben: parafraseando a Jaroslavsky, atacan como políticos y se defienden como jueces. Mafiosos, pero jueces al fin, con todas las prerrogativas y privilegios derivados de tal condición. 

Y ahí está precisamente el problema: en las audiencias que lleva adelante la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación se ha acumulado ya suficiente evidencia para echar a patadas de sus cargos a los cortesanos, empezando -al solo título de ejemplo- por el desfalco y vaciamiento de la obra social del poder judicial, denunciado por quien ellos mismos pusieron a su cargo.

Y si su destitución no avanza, es pura y exclusivamente porque los defiende una oposición tan impresentable comos ellos, a cambio de favores como los fallos de ayer: el canje es tan grosero y evidente, que ni siquiera se toman la molestia en ocultarlo. Y si no que le pregunten a Pato Bullrich, que se atribuyó esos fallos.

Claro que todo esto es consecuencia directa de la debilidad inicial con la que el gobierno -cuando aun tenía su legitimidad intacta- encaró el problema, confiando en que la carcomida justicia federal (comenzando por su cabeza: la Corte) se "autodepurara".

Ya podemos ver como lo está haciendo: opinando sobre que política económica se ajusta a la Constitución y cual no (raro que Rosatti no se creyera en la obligación de advertir que la dolarización que propone Milei la viola, ¿no?), cuando podemos votar, y a quiénes. 

Porque los fallos de ayer le dan la razón en un punto al argumento de Cristina cuando sostiene que está proscripta: ¿no son acaso una advertencia de que podrían confirmar la condena en su contra en menos de lo que canta un gallo, con tal de impedirle participar de las elecciones?    

La pregunta entonces (una de ellas al menos, lo que tenemos como dijimos son muchas preguntas, pocas respuestas) es si en éstas condiciones podemos seguir diciendo -a 40 años del fin de la dictadura- si lo que vivimos en el país es realmente una democracia. Tuits relacionados:

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miércoles, 11 de enero de 2023

LAS COSAS POR SU NOMBRE

 

Los 90' fueron años de mierda, en muchos sentidos. No solo por la aplicación de las políticas surgidas del Consenso de Washington o el despliegue mundial del capitalismo financiarizado, sino también por los estragos que causaron en otros campos, como las ciencias sociales, entre ellas las ciencias políticas. 

En particular en América Latina y tras décadas de golpes de Estado, retornaron las democracias formales pero fuertemente condicionadas en sus posibilidades de despliegue y profundización, precisamente por la incidencia de los mismos poderes que impusieron el Consenso, y comandaron la globalización. Frente a esto, surgieron regímenes democráticos "líquidos", de baja intensidad reducidos en lo sustancial a la periódica liturgia electoral.

Y como complemento de esarealidad, la academia (con honrosas excepciones) comenzó a transitar una época de desvaríos donde manejar categorías como "liberación o dependencia", "pueblo", "revolución", "oligarquía", "imperialismo", "colonialismo", "explotación" o el mismo concepto de "clases sociales" era mal visto, no "daba el tomo de época" o remitía a años tumultuosos y -afortunadamente para algunos- superados.

En ese mismo caldo creció la idea (muy equivocada, según mostró luego la experiencia) de que el consenso democrático estaba mucho más generalizado y arraigado de lo que generalmente está, y en consecuencia ya no existirían los golpes de Estado, porque todos habían aprendido la lección de las dictaduras, y nadie estaba interesado en promoverlos. Incluso se elogiaba que una "nueva derecha moderna y democrática", que en su hora los promovía y formaba parte de los elencos estables de las dictaduras, ahora se organizaba para participar en la competencia electoral, aceptando sus reglas de juego.

Pues bien, la experiencia cercana en nuestro continente, desde el golpe contra Zelaya en Honduras en 2009 hasta la asonada bolsonarista contra Lula el fin de semanapasado, marca que eso fue un error tan descomunal, como creer en la teoría del derrame económico del neoliberalismo y precisamente por las mismas causas.

La globalización, lejos de resolver las tensiones entre capitalismo y democracia, las agudizó, y las democracias que tenemos o supimos conseguir -en especial en nuestro continente- están asentadas sobre el frágil piso de las desigualdades sociales cada día más acentuadas (América Latina no es el continente más pobre, pero claramente el más desigual), por la obscena concentración de la riqueza en unos pocos, que se sustenta con la pobreza y exclusión de las mayorías.

No solo que hubo, en estos años, golpes de Estado o intentos de perpetrarlos, sino que los seguirá habiendo toda vez que se intente -aunque sea mínimamente, con métodos y ritmos reformistas- modificar ese estado de cosas, para lo cual indefectiblemente deben afectarse los privilegios de los poderosos. Del mismo modo, para estabilizar definitivamente nuestras democracias es preciso profundizarlas, y hacerlas trascender del mero cumplimiento de las rutinas electorales, al reparto más equitativo de la riqueza, los bienes y los derechos.

Desde esa misma academia que atravesó los 90' tratando de sobrevivir adaptándose a los nuevos tiempos (cuando no virando hacia posiciones de intelectualidad orgánica del neoliberalismo, de modo conciente o no), se nos dirá que tal o cual suceso  reciente (como la revuelta agrogarca por las retenciones móviles en el 2008, los sucesos actuales de Perú o el motín bolsonarista en Brasil) no son un golpe de Estado porque "no hay un intento organizado para derrocar a las autoridades electas y reemplazarlas por los sediciosos", o paparruchadas por el estilo. Si hasta le negaron esa condición al desplazamiento del poder de Evo Morales en Bolivia.

Pero esa acotación "de manual" encierra una trampa: democracia no es simplemente elegir los gobernantes por el voto ciudadano, en competencias cuyas reglas todos conocen y aceptan, y con resultados que asignan responsabilidades y todos los participantes respetan.Es también (y sobre todo) que los que han conseguido el favor popular para erigirse en gobierno puedanresponder al mandato que se les ha conferido, desplegando las políticas públicas que el electorado eligió, sin interferencias extrainstitucionales y -por eso- antidemocráticas y golpistas.

Hay y habrá golpes de Estado -o intentos de consumarlos- aun sin tanques en la calle, toda vez que se pretenda instaurar el gobierno de los jueces o el de los medios, o peor aun, el del poder económico al cual todos ellossirven y tributan, más allá de los resultados electorales, o incluso para forzar a los gobiernos a desconocerlos, traicionando sus mandatos. Incluso en estos tiempos -como bien sabemos nosotros- las maniobras golpistas empiezan por empiojar las condiciones de la competencia electoral democrática; eligiendo por nosotros cuáles son los candidatos que podemos elegir, y cuáles no. 

Con o sin terremotos institucionales o desplazamientos de presidentes o gobiernos, hay en América Latina "clima destituyente" (en la feliz expresión acuñada por Carta Abierta a propósito de la revuelta de los agrogarcas argentinos), y lo seguirá habiendo mientras nuestras derechas -que no son ni nuevas, ni mucho menos democráticas) sientan amenazados, de modo real o imaginario, sus privilegios. 

Incluso aunque esos golpes utilicen como carne de cañón a lúmpenes fascistas inoculados de mensajes de odio, que en todo caso no son sino una expresión de lo que Cristina (alaque uno de esos "lúmpenes" trató de asesinar) llamó "insatisfacción democrática". Lúmpenes de los que después -cuando las intentonas golpistas fallan- se desprenderán endilgándoselos al populismo, precisamente porque fallaron. Porque si tuvieran éxito, se apurarían a reconocerlos y brindarles apoyo. Tuits relacionados: 

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martes, 21 de diciembre de 2021

DEMOCRACIA Y MERCADOS, ASUNTOS SEPARADOS

 

La reacción de "los mercados" frente al triunfo de Boric en Chile no difiere mucho de lo que pasó en las elecciones argentinas del 2019: recordemos que entonces una encuesta trucha sobre un presunto "empate técnico" en las PASO entre Macri y Alberto disparó los precios de las acciones y otros activos argentinos, en el país y en el exterior. 

Desde siempre "los mercados" (esas deidades modernas inasibles y volubles), "votan" de muchos modos: subiendo los precios, provocando inflación, fugando capitales, especulando en la bolsa con el alza o el derrumbe de las acciones y los bonos de deuda soberana, desabasteciendo. Los chilenos, precisamente, padecieron en carne propia esas estrategias en el clima previo al golpe de Estado que derrocó en 1973 a Salvador Allende.

En éste caso y luego de un balotaje que revirtió la tendencia que marcó la primera vuelta (donde el candidato de la derecha fue por poco el más votado) parecieran estar diciéndole al ganador "vamos a ver cuan de izquierda sos", o mejor aun, "vamos a ver cuan de izquierda te dejamos ser".

Hemos dicho acá muchas veces que el capitalismo financiero globalizado (estadio actual del modelo económico imperante y hegemónico en el mundo) resolvió la contradicción entre capitalismo y democracia reduciendo a ésta a un simple entretenimiento de los pueblos, para liberar tensiones sociales que, de no descomprimirse, podrían generar inestabilidad en el sistema.

Dado que ya no es de buen tono impedirnos que lo hagamos mediante golpes militares, "nos dejan" que votemos y hasta nos apasionemos con las contiendas políticas, con tal que no saquemos los pies del plato, y ni se nos ocurra darle a nuestro voto una proyección mayor que el simple recambio periódico de las autoridades que tienen a su cargo la administración (recalcamos: la administración) del Estado.

Cuando se constata la merma en la concurrencia de los ciudadanos a las urnas (sea con voto obligatorio  o voluntario) se soslaya este aspecto del asunto: intuitivamente, muchas personas perciben que, voten a quien voten, su suerte no ha de cambiar sustancialmente; y se ahorran el trámite. El desencanto es tal que se pasa del "voto bronca" o el "voto castigo", a la simple y llana abstención electoral.

En todo el mundo en general, y en América Latina en particular, esa presión de las distintas fracciones del capital (hegemonizadas y conducidas por el capital financiero) tiene resultado, porque los gobiernos de nuestras democracias "de baja intensidad" post dictaduras militares se han vuelto débiles y frágiles frente a los golpes de mercado, y el humor volátil de los capitales que se mueven libres por el mundo, sin ningún tipo de restricciones: más que al voto ciudadano en las urnas, le temen al de los accionistas en las asambleas, o a los movimientos digitales de los flujos de fondo que pueden traspasar fronteras con solo apretar un botón.

Lo cual deja a las cosas en una encerrona de difícil solución, porque salvo excepciones -y a veces ni siquiera así, como ocurrió en Bolivia- no se apela ni a la formación y concientización política de la ciudadanía para que entienda lo que está en juego, ni a la consecuente organización y movilización popular para darle consistencia a la legitimidad que surge del voto, para resistir esas presiones.

La política, convertida así en un asunto de "operadores" expertos que maniobran en las trastiendas lejos de ojos indiscretos, se niega a sí misma sus mejores armas para enfrentar a enemigos poderosos, que por lo general terminan torciéndole el brazo. Al "discurso único" del neoliberalismo económico (y como no, a las teorías "del derrame" de matriz presuntamente heterodoxa) le sigue como la sombra al cuerpo, la convicción de que en materia económica y social hay una sola hoja de ruta posible de seguirse, con prescindencia de como y a quien vote la gente cuando hay elecciones.

Es difícil aventurar acá como decantará el proceso que se abre en Chile con el triunfo de Boric, pero nos parece que es digno de observárselo desde esta perspectiva, para determinar en que medida las convulsiones sociales que llevaron al vecino país a un estado virtualmente asambleario, decantan en algo más que movilizaciones callejeras y expresiones de repudio no solo a la derecha pinochetista, sino al conjunto de un sistema político que no supo dar respuestas a las demandas de las grandes mayorías sociales.

A 20 años de la crisis del 2001, aprendimos acá (al menos queremos creer que sí) que el "que se vayan todos" termina siendo funcional a esta estrategia de "los mercados" para la cooptación y el vaciamiento de sentido de las democracias. Se necesita que se queden, los que estén dispuestos a darles pelea, y a hacer algo más que administrar las crisis, haciendo que las paguen no los que las generan, sino los que las provocan, y se benefician con ellas. 

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viernes, 9 de julio de 2021

SINVERGÜENZA

 

¿Hay alguna vergüenza que, como país, Macri nos haya ahorrado durante su presidencia, algún delito del Código Penal que haya dejado sin cometer, alguna norma de la Constitución sin violar?

¿Hay algún rasgo de su personalidad que, más allá de su pertenencia de clase, no revele una profunda psicopatía ajena a toda noción de moralidad, o la más mínima capacidad de sentir empatía por alguien, o demostrar tener algo parecido a una conciencia?

¿Existe algún vestigio en él de conocimiento y comprensión de lo que suponen valores como la democracia, los derechos humanos o las instituciones republicanas, se le puede creer que esas cosas le importen más que un rábano?

Pero la pregunta más inquietante a responder es ¿cómo es posible que semejante personaje y lo que representa haya concitado el apoyo del 40 % de los argentinos en las urnas, después del gobierno que hizo y siendo lo que es, y que muchos lo hayan hecho diciendo -porque cuesta creer que lo crean realmente- en nombre de principios y valores, tal como en el 2015 dijeron que lo hacían porque iba a terminar (Macri) con la pobreza (ése Macri) y la corrupción (el mismo Macri, que todos conocemos?   

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miércoles, 24 de marzo de 2021

LA CRÍA DE VIDELA

 


Todos los 24 de marzo son días para la evocación del pasado, y para la reflexión del presente, y ambos aspectos están en íntima y permanente relación. A veces, el pasado explica el presente, o nos ayuda a transitarlo con un norte, una referencia, una idea. De país, de sociedad, de la política, de nosotros mismos. Es una de las formas -posibles- de sentir que tanto dolor no fue en vano, que sirvió para marcar un camino.

A veces -menos frecuentes, pero las hemos tenido- el presente reconforta, y se vive como una compensación por tanto dolor pasado. Sobre todo cuando ese presente arroja memoria y verdad, y realiza la justicia, en sus múltiples dimensiones. Comenzando, claro, por la que les debemos a los que no están.

Este 24, como el anterior, nos encuentra en pandemia. Sin poder ganar la calle para encontrarnos y abrazarnos en multitud, para fortalecernos mutuamente; en una coyuntura crítica que pone en juego esa solidaridad que encarnaron en sus vidas los que no están, pero siguen estando en nuestra memoria.

Pero también este día nos encuentra comprobando, amargamente, que ciertas certezas no eran tan sólidas ni extendidas como pensábamos, y que muchas imposturas hijas de la corrección política -o los climas de época, irresistibles- dan paso a las pulsiones profundas por reivindicar aquel horror, en clave presente.

Porque hoy, a 45 años de aquel día trágico que fue apenas el primero de muchos días trágicos, sentimos -como una premonición indefinible, pero no por ello menos real- que convivimos a diario con quienes si pudieran, volverían a hacer exactamente lo mismo que entonces.

Basta con analizar un poco más a fondo de lo superficial algunas imágenes, como esa bolsas mortuorias con las que decoraron hace poco una protesta, en las propias rejas de la Casa Rosada. O con contemplar el triste espectáculo del ¿debate? en los medios y en cierta "academia en torno a si el derrocamiento de Evo Morales en Bolivia, fue o no un golpe de Estado, y debe o no ser condenado.

Esa perversa obsesión con la muerte del otro, del adversario político, esa rápida y fácil legitimación discursiva de la ruptura de las reglas de juego democráticas, esa generación de enemigos fantasmales, terrorismos imaginarios y revoluciones latentes que vemos a diario como parte del discurso y de la praxis política nos están diciendo cosas, que cobran su completo y cabal significado un día como hoy.

En el que seguramente -en ésta era de ficciones consentidas en las redes sociales- veremos repudios de ocasión a lo sucedido hace 45 años, que se dejarán de lado mañana, para volver a la "total normalidad" que una vez fue tapa.

Porque el "videlismo" preexistió a Videla -de hecho lo creó y lo puso a jugar su rol de asaltante de las instituciones elegidas del voto popular-, y lo sobrevive; como que expresa el pensamiento y los deseos profundos de buena parte de la sociedad argentina.

Como ese poder económico que instrumentó a los militares para sus designios entonces, y hoy condiciona y erosiona a los gobiernos electos, cuando no gobiernan acorde a sus intereses: dos maneras de ponerle límites a la democracia, dejando de lado su principio fundante, que es la soberanía popular.

Grupos que -por cierto- gracias a sus precisas conexiones en el aparato judicial, han logrado salir hasta acá indemnes de sus responsabilidades en aquel genocidio, perpetrado si no por ellos directamente, para su director beneficio.

Y que desde esa impunidad construida por décadas de conspirar contra la democracia -contra su misma subsistencia antes, contra su sentido último ahora-, se paran en un púlpito imaginario para indicarle que rumbo tiene que seguir y -sobre todo- cual no debe siquiera osar intentar. Porque lo que pasó hace 45 años pasó también, y más que nada, para asegurarse eso: que nadie osara desafiar el orden establecido, en el que ellos están al tope de la cadena alimenticia.

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lunes, 9 de noviembre de 2020

NI NUEVA, NI MODERNA, NI DEMOCRÁTICA

 

Mucho se ha dicho y escrito sobre el "lawfare", es decir las tácticas de utilizar los aparatos represivos del Estado como la justicia, para distorsionar las condiciones de la competencia democrática y sacar de carrera a opositores molestos y competitivos. Negada por la misma parte de la "academia" que sostiene burradas tales como que habría en América Latina una "nueva derecha moderna y democrática", es una de las herramientas favoritas de las derechas reales, en todo el continente.

Y aunque también se intente desacreditar el hecho sobre la bases de que quienes lo ponen en evidencia son conspiranoicos, es evidente que el "lawfare" ha sido alentado, inspirado y apoyado por las distintas administraciones que pasaron por el gobierno de los Estados Unidos sin distingo de republicanos o demócratas, como un mecanismo más para tutelar sus intereses estratégicos en el patio trasero.

De hecho, el presidente electo Biden fue parte de una administración como la de Barack Obama que llevó la estrategia a nuevos límites, sin que esto implique -ni mucho menos- desconocer otras formas desembozadas de injerencismo yanqui en las contiendas políticas en América Latina, como la ostensible presión de Donald Trump al FMI para que le desembolsara al gobierno de Macri un gigantesco préstamo con el que esperaba financiar su frustrada reelección.      

No es casual que las tensiones políticas con riesgo para la estabilidad de las democracias regionales hayan regresado con toda su fuerza luego de una década larga en la que gobernaron en los principales países de la región fuerzas populares que, con sus matices propios cada una de ellas, se apartaron de la hoja de ruta del Consenso de Washington. El hecho marcó una alerta para la potencia dominante, que piensa sus estrategias a largo plazo y que allá por los 80' debió virar del apoyo más o menos explícito a las dictaduras militares que asolaban la región, a soltarles la mano para consentir aperturas democráticas condicionadas y tuteladas en sus posibilidades reales de expresión. 

En paralelo y como consecuencia de las insatisfacciones sociales y demandas pendientes de los procesos democráticos, fueron creciendo en América Latina fuerzas de derecha competitivas en términos electorales, pero que cabalgan sobre discursos y prácticas antipolíticas y anti-sistema, y que no logran siquiera fingir por demasiado tiempo, que aceptan jugar con las reglas de juego de la democracia.

Desde Bolsonaro a Macri y el PRO, pasando por la derecha boliviana y hasta Trump (sin que esto signifique que los demócratas no sean también la derecha, en más de un sentido) como fenómeno que se impuso a la nomenclatura tradicional de los republicanos, se trata de fenómenos políticos nacidos de la insatisfacción, y que la explotan en términos de utilizar los discursos de odio que crecen a su amparo, sin reparar en las consecuencias de ello.

El problema es que ese marco conceptual puede servirles, en determinadas circunstancias, para ganar elecciones (como de hecho les ha servido), y por un cierto tiempo para disimular las consecuencias de las políticas de exclusión, miseria y concentración de la riqueza propias de las formas más salvajes del capitalismo, cuyos intereses expresan política y electoralmente.

Dicho de otro modo: el "aggiornamiento" político de las derechas incorporando técnicas del márketing y la persuación social para poder volverse competitivas en términos electorales y ganar no estuvo acompañado de una renovación de las premisas de los modelos de desarrollo que sostienen y ejecutan, si llegan al gobierno: no manifiestan la más mínima intención de propiciar formas de desarrollo más integrado y equilibrado, con mayores grados de inclusión social o distribución de la riqueza. Y el núcleo de los intereses reales que expresan y defienden (que exceden con creces los de sus votantes reales o potenciales) es tan duro y consolidado, que no pueden tutelarlos de otro modo.

Lo que lleva a que se encuentren hoy, a cuatro décadas del fin de las últimas dictaduras militares de la región, en el mismo exacto punto en que estaban entonces, y frente al mismo dilema: como legitimarse políticamente a largo plazo sin sentarse en la punta de las bayonetas y bajo condiciones de democracia abierta, gobernando para fracciones muy minoritarias y privilegiadas de la sociedad.

Por eso no sorprende que, cuando ese mismo dilema los pone más tarde o más temprano frente a la derrota electoral y la salida del gobierno, se sientan tentados a tirar del mantel y volver a las viejas mañanas, olvidando todo compromiso con el pacto democrático. Es lo que pasó hace un año en Bolivia, y amenaza volver a pasar ahora, en Santa Cruz de la Sierra y otras regiones; y de ese mismo lado vienen los espasmos golpistas de las marchas "anti todo" del núcleo duro opositor al gobierno nacional en nuestro país.

Son muestras de impotencia política pero no por eso menos peligrosas, sino todo lo contrario: se constituyen en un factor permanente de perturbación social, y desestabilización democrática, porque no aceptan ser "integrados" y procesar sus demandas bajo las reglas de juego que rigen para los demás. Ahí anda Camacho en Bolivia con apenas el 14 % de los votos obtenidos hace semanas, prometiendo reanudar su cruzada golpista contra el nuevo gobierno del MAS.

Y acá andan los antiperonistas furiosos, proclamando que son el 41 % como si, aunque eso fuera cierto, fuera más que el 48 % largo que votamos por el "Frente de Todos". Nos están diciendo que hay votos y votos: unos deben necesariamente ser oídos, y los otros (los mayoritarios) ignorados, como si fueran ciudadanos de segunda. En éste caso, la marcada disminución en el número de asistentes -reveladora de esa impotencia de la que hablamos- no debe confundir: siguen yendo precisamente los más extremos, y los siguen azuzando los medios y dirigentes políticos más flojitos de papeles en materia de credenciales democráticas.  

Hablando de la Unión Industrial Argentina decía Perón que no era ni unión ni industrial, y muchos menos argentina. Lo mismo vale para la "nueva derecha moderna y democrática": no es nueva ni moderna, y mucho menos democrática.

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sábado, 3 de octubre de 2020

PUEDE FALLAR

 

Cualquier medida económica que tome cualquier gobierno debe evaluarse no solo desde un marco teórico abstracto, sino de las condiciones concretas en las que debe operar; y las que viene tomando el gobierno no son la excepción.

Cuando Guzmán renegociaba la deuda con los acreedores externos y todos apostaban al fracaso del acuerdo, se decía (incluso desde sectores de la heterodoxia económica) que el acuerdo era necesario para despejar interrogantes a futuro, bajar el riesgo país posibilitando la vuelta a los mercados de financiamiento y además, calmar las tensiones cambiarias y el apetito por el dólar. 

Esta más que claro que esto último no pasó, a punto tal que el gobierno debió endurecer el "cepo" (sin llegar a prohibir la compra de dólares para ahorro), y anunciar un conjunto de medidas para mejorar la oferta de divisas, que incluyen desde rebaja de retenciones a ciertos rubros de las exportaciones agropecuarias (como la soja), mineras y la mayor parte de las industriales.

Cierto es que esas medidas "ofertistas" (tendientes a seducir a fracciones del capital) expresan en algún caso los trazos gruesos de algo parecido a la búsqueda de un modelo de desarrollo productivo alternativo e integrado, como la promoción de las exportaciones industriales con valor agregado, que ayuden a mejorar la balanza de pagos. Pero eso supone que las exportaciones en general (y las industriales no son la excepción, sino todo lo contrario) sean sensibles a los estímulos, más que a la demanda exterior de determinados productos, en un mundo que se cierra cada día más fruto de la pandemia.

Pero aun cuando los estímulos funcionen, no es probable que lo hagan en el corto plazo, que es cuando se necesitan los dólares: ahora, cuando la sangría diaria de las reservas del Banco Central alcanza niveles preocupantes, alimentada por las fuertes expectativas de una devaluación. Y aunque funcionasen, está por verse si el gobierno se decidiría a captar esas eventuales divisas adicionales para las reservas, apelando para ello a todas la herramientas de que dispone. Algo que hasta acá y al menos en cuanto respecta a los dólares provenientes de las exportaciones agropecuarias, no ha demostrado estar dispuesto a hacer.

La restricción externa de nuestra economía es un rasgo estructural, pero si las reservas del Banco Central caen en medio de un fuerte superávit comercial, hay algo que no está funcionando como es debido, y excede claramente a las propias autoridades del BCRA. Porque el problema del país es político en primer lugar, y económico en segundo plano y como consecuencia.

Las fortísimas presiones devaluatorias de los grandes grupos económicos con ingresos en dólares para generar una salida a la 2002 que termine de acelerar la brutal modificación de los precios relativos ensayadapor el macrismo (salarios, tipo de cambio, tarifas, energía, tasas de interés), les transfiera ingresos y licúe aun más los costos salariales (una reforma laboral flexibilizadora en los bolsillos) es un desafío político frontal al cambio de signo político producido en el país con las elecciones del año pasado. Golpe de mercado mata a urnazo, parece ser la premisa. 

Y esas presiones -frente a las que el gobierno no ha logrado articular aun una respuesta contundente- son del mismo cuño que otros desafíos: así por ejemplo las marchas anticuarentena, que junto al franeleo inconducente con Larreta erosionaron la política sanitaria de administración de la pandemia y llevaron a lisa y llanamente abandonarla en manos de la "responsabilidad individual de los ciudadanos; con los resultados conocidos. O la "bandera blanca" con Clarín y los medios hegemónicos, que fue leída por ellos como una rendición incondicional, solo alterada por el DNU sobre tarifas y servicios, pero sin decisión de ir más a fondo, por ejemplo tumbando la fusión Cablevisión-Telecom.

La decisión de la Corte de abrir el per saltum de los jueces okupas es tanto resultado de las presiones mediáticas en su contra, como de la certeza de que, aun habilitando implícitamente la facultad presidencial de mover jueces por decreto si ratificaran los traslados sin acuerdo del Senado de Macri, Alberto Fernández no haría uso del cheque en blanco que le estarían extendiendo.

Y en espejo, los cuestionamientos opositores a la validez de las sesiones remotas de las Cámaras del Congreso son un guiño al Poder Tribunal para que vaya en su auxilio fulminando alguna ley por inconstitucional cuando sea necesario, por ejemplo el recorte a la coparticipación de la CABA, o el impuesto a las grandes fortunas.

Puede que todos los hechos señalados no tengan una relación directa e inmediata entre sí como la que planteamos, pero seguramente todos suponen en un punto lo mismo: desafíos a la autoridad legítima del gobierno elegido en las urnas por la mayoría de los argentinos, que no pueden ser ignorados ni tolerados, sin graves consecuencias futuras. El poder se desgasta más rápido cuando no se lo ejerce, que cuando se lo emplea. Tuit relacionado:   

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martes, 22 de septiembre de 2020

EL DESAFÍO DE LA LEY

 


En los meses que llevamos de pandemia, el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta y la Policía Metropolitana a sus órdenes reprimieron solo dos manifestaciones públicas de protesta en el contagiódromo a cielo abierto de la CABA: la de los que reclamaban justicia por la muerte de Santiago Maldonado cuando se cumplió un nuevo aniversario de su desaparición, y la de los trabajadores de la salud porteños, ayer. Con inocultable sesgo de clase y brutal parcialidad ideológica, el presunto representante de las "palomas" de la "nueva derecha moderna y democrática" dejó bien el claro cual es el rol que tiene que cumplir la fuerza de seguridad de la ciudad autónoma: reprimir toda protesta social que no provenga de los votantes de su gobierno.

De ese modo y con la desidia deliberada con la que tolera marchas anti-todo lo que provenga del gobierno nacional o el peronismo que vulneran las restricciones para funcionar propias de la cuarentena, Larreta sella un pacto de fidelidad con sus propios votantes, que esperan que haga precisamente eso: dejar a las claras, a los palazos si fuera necesario, que expresarse en el espacio público es también -como tantas otras cosas- un privilegio reservado para ciertos sectores sociales; que incluye la licencia para agredir movileros, camarógrafos o periodistas, por ejemplo.  

¿Y del otro lado que ocurre, nos preguntamos? Porque la absoluta pasividad frente a las manifestaciones "anti" (cada día más violentas y desembozadamente antidemocráticas y golpistas) es común a todas las fuerzas de seguridad provinciales y federales: la propia ministra Frederic se autolimitó de actuar al respecto, señalando que protestar es un derecho constitucional, omitiendo el pequeño detalle de que se lo hace en plena pandemia, contribuyendo a propagar el virus y los contagios entre la población. El derecho constitucional a atentar contra la salud pública, sería entonces.

Pero el problema es serio, y requiere un enfoque mucho más amplio, como el que plantea acá Ricardo Aronskind en "El Cohete a la luna": se trata de una ola creciente de desafíos a la autoridad legítima del Estado para hacer cumplir sus leyes, por parte de quienes -por un lado- no consideran que éstas se les apliquen como al común de los mortales, y por el otro, desconocen o no aceptan la legitimidad del gobierno del cual emanan esas normas o que está investido de la potestad de hacerlas cumplir, simplemente porque no es el que ellos votaron, y no aceptan el resultado de la elección del cual surgió.

Aronskind ejemplifica con los casos del "levantamiento social" para impedir que Lázaro Báez cumpliera su prisión domiciliaria en un country bonaerense donde reside tal cual lo ordenó la justicia (esa que los mismos que protestan dicen defender, y no quieren reformar), el motín policial bonaerense con despliegue de patrulleros y armas incluido frente a las residencias oficiales del gobernador de la provincia y el presidente de la República, y las protestas para frenar la intervención a Vicentín que había dispuesto el gobierno nacional, previo a promover su expropiación; intervención frenada por un oscuro juez de provincia, incompetente en razón de la materia. También agrega Aronskind en retrospectiva los casos de los piquetes agrarios contra la Resolución 125, y los años de bloqueos al puente internacional que une al país con Uruguay, en las afueras de Gualeguaychú.

Nosotros podríamos sumar más episodios recientes de abierto desacato a las leyes: a los ya señalados de las marchas contra las restricciones que impone la pandemia en distintos puntos del país, hay que sumar la actitud de intendentes, presidentes comunales, legisladores y hasta algún gobernador (como el de Mendoza, que amagó con separarse de la Argentina) de llamar abiertamente a desobedecer las normas e instrucciones de la autoridad sanitaria para frenar los contagios. En Santa Fe sobran los ejemplos al respecto, como en otras provincias.

En idéntico sentido, los jueces puestos a dedo por Macri como camaristas resisten con uñas y dientes su desplazamiento para cumplir con los procedimientos que establece la Constitución, pese a que así lo han dispuesto el Consejo de la Magistratura, el Senado de la Nación, los jueces en lo contencioso administrativo federal, la Cámara Nacional de Casación Penal y al menos implícitamente, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación . Y se defienden apelando a los poderes de ese "Estado aparte del Estado" que son los grandes medios de comunicación. Que decir de los legisladores nacionales que, luego de pedir que el Congreso sesione en forma presencial, tratan de vaciarlo o impedirle funcionar, o van a la justicia demandando anular las leyes que se votan en su deliberada ausencia.

Estos meses vieron también como los sectores empresarios violaron los decretos presidenciales que establecieron congelamiento de tarifas de luz, agua, cable, internet o telefonía celular, como el grupo Techint ignoró olímpicamente el DNU que prohibía los despidos y los bancos sabotearon deliberadamente, una y otra vez, los planes de asistencia financiera a los sectores golpeados por la crisis, ideados por el gobierno; con lo que éste hubo de dejarlos de lado y apelar a otros instrumentos como la ATP o el IFE.

Cuando arrancaba la pandemia, decíamos en ésta entrada: "No se trata entonces de una tarea "electoral" de seducción o encapsulamiento de sectores sociales que adversan al gobierno, sino de tener que ejercer ciertos niveles de coerción estatal legítima sobre ellos, por razones de bienestar general e interés común; les guste o no, y más allá de como vayan a votar en el futuro. Si alguno cree ver cierta analogía entre esta situación y la de los piqueteros rurales que se auto arrogaron la atribución de ejercer controles de carga, es porque la hay. Es en ese marco entonces que el episodio coronavirus (además de su gravedad intrínseca en términos de problema de salud pública) supone un desafío para un gobierno que hace un culto de la moderación gestual, al extremo de comprometer su propia autoridad legítima.".

La ideas de la ley y el orden, la seguridad jurídica, el cumplimiento estricto de las normas o el legítimo poder de coerción del Estado son concebidas como patrimonio exclusivo de las derechas, porque como decía Cooke, en los países coloniales las oligarquías son dueñas de todo, hasta de los diccionarios. Pero en realidad son atributos propios de todo Estado democrático, para diferenciarse de las dictaduras; y por el contrario, nuestras derechas tienen una larga tradición de violación de las leyes y de la propia Constitución, cuando se interponen entre ellos y sus intereses de clase y de sector.

Desafiando pública y abiertamente la autoridad legítima del gobierno nacional (que emana de la Constitución, y del voto popular) están jugando un juego perverso a dos puntas, en el que si el gobierno no hace nada, hablarán de vacío de poder y crisis de autoridad, y si se decide a hacerlo, hablarán de dictadura y represión. Porque la idea es deslegitimar para desestabilizar sin culpa ni estrépito, como han hecho siempre: los golpes en la Argentina se hicieron en nombre o con la excusa de combatir ambas cosas, y a veces al mismo tiempo.

Lo cual supone un desafío político mayúsculo que el gobierno no puede tolerar, y una encerrona de la que tiene que salir por arriba, reafirmando su autoridad legítima. No puede ser que no existan puntos intermedios entre emprenderla a los garrotazos contra los díscolos y rebeldes como lo hace Larreta, o estar cruzados de brazos sin hacer nada, por miedo a ser tildados de dictadores o represores.
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lunes, 14 de septiembre de 2020

DEJÁ DE ROMPER


Cuando allá por el 2008 y en plena "guerra gaucha" contra las retenciones móviles apareció Carta Abierta como colectivo de intelectuales que apoyaban al gobierno de Cristina, en su primer documento acuñaron la expresión "clima destituyente" para referir al cariz que tomaba la oposición al gobierno nacional.

Muchos -incluso desde el "campo propio"- los cuestionaron por exagerados, aunque a los pocos meses el país inauguraba una categoría inédita de la ciencia política: el vicepresidente opositor que votaba en contra de su propio gobierno; al que los medios y la oposición social y política convertían en héroe, y veían como una posible salida para una crisis institucional que culminara con el fin anticipado del mandato de Cristina.

Entre los que desacreditaron la expresión de Carta Abierta, estuvieron los que planteaban que surgía en el país una "nueva derecha moderna y democrática", y hasta escribieron libros sobre eso. Pensemos en los hechos transcurridos desde entonces, en el país y en toda América Latina, y veamos quien tuvo razón.

Ayer la "tribuna de doctrina", que ha sido el "house organ" de todos los golpes de Estados habidos en el país menos el de 1943, publicó una carta que le escribieron a Macri para que le ponga la firma, cuyo propósito primordial es recordarles a los actores internos de la derecha política y económica del país que el domador de reposeras ha vuelto de sus vacaciones en Europa, y tiene intenciones de seguir participando en política en el futuro, que no se librarán tan fácilmente de él.

La carta en sí tiene escaso valor conceptual, y es un refrito de lugares comunes que mezcla el discurso tradicional de la derecha liberal antiperonista con los discursos de autoayuda; carente además de todo contexto o referencia temporal o histórica: el problema no es que Macri no hable siquiera de su gobierno, sino que parece hasta ignorar que -por ejemplo- el mundo es asolado por una pandemia, expresión que no aparece ni una sola vez en todo el texto.

Aunque en rigor si hay referencias en la carta a ciertos hechos del pasado: los piquetes agrogarcas, las marchas por la muerte de Nisman, los cacerolazos y las movilizaciones más actuales -como la que lanzaron ayer en algunos lugares- contra la cuarentena: confesión explícita de que la única "gente" que cuenta cuando se moviliza en el espacio público, es la que ellos representan, o la que los vota.

Porque la carta está dirigida a los convencidos, a los propios, al núcleo social duro de apoyos del antiperonismo de derecha del país, un sector que va perdiendo cada vez más la posibilidad de hablarle a otros, de interpelar socialmente a alguien más allá de eso. Precisamente ese tono y ese protagonista (Macri) son dos errores de la oposición, que el gobierno debe saber aprovechar.

La carta podría haber sido escrita en 1930, 1955 o 1976, y no desentonar: su semejanza con cualquiera de las proclamas golpistas hechas para justificar las rupturas democráticas y la posterior violación de derechos esenciales con una presunta defensa de la Constitución, las instituciones y las libertades públicas, es impresionante.Tan poco así ha renovado la "nueva derecha moderna y democrática" su arsenal conceptual, y sus métodos de acción política, y eso obedece a una razón muy sencilla: no ha renovado sus propósitos de conservar el poder en todas sus formas, aun si eso incluye no aceptar la regla de juego elemental de la democracia, que es que el que gana las elecciones gobierna, con su propio programa.

Al mismo tiempo que desliza de antemano un posible fraude en elecciones para las que aun falta un año, Macri (o los que escribieron por él la carta que firmó) llaman a la "resistencia civil" ganando la calle en plena pandemia, con el propósito de restarle al gobierno legitimidad social presente, y legitimidad jurídica y política futura: en términos de oposición política, ya llegamos a Venezuela. 

Claro que no destituye quien quiere, sino quien puede, y es un error caer en confundir las posibilidades de que haya en el país un golpe de Estado o maniobras desestabilizadoras que tengan éxito, con la persistente intención de llevarlas a cabo de ciertos sectores, como principal método de acción política. 

Hay quienes creen -como creían en 2008, cuando Carta Abierta acuñó la expresión de marras- que denunciándolo el gobierno aparece como débil; cuando en rigor de lo que se trata es de que se mantenga alerta y actúe en consecuencia, por ejemplo sin llamarse a engaños sobre el tipo de oposición a la que se enfrenta, y las posibilidades reales de alcanzar ciertos acuerdos o consensos, por lo menos con una parte de ella.

Por otro lado el "clima destituyente" no se instala -como en otros tiempos- solo desde afuera del Estado, en la sociedad, sino también minándolo desde adentro, en su capacidad de acción y de control de ciertas estructuras, como las fuerzas de seguridad o el Poder Judicial; bolsones en los que hay sectores dispuestos a marcar su propia hoja de ruta, y declararse exentos de las normas que rigen para el común de los mortales. 

En los tribunales (porque llamarlos "justicia"sería una exageración), por ejemplo, hay sectores que se comportan como un Estado independiente, con sus propias reglas, dedicado exclusivamente a sostener sus propios privilegios; y son al mismo tiempo un aliado decisivo del poder económico, para frenar cualquier iniciativa "peligrosa" del gobierno, como el impuesto a las grandes fortunas, el recorte de la coparticipación a la CABA o el DNU que regula los servicios de Internet, cable y telefonía celular.  

Al mismo tiempo la oposición "institucional" intenta por todos los medios deslegitimar al Congreso -es decir, el ámbito en el que debería ejercer la representación que le fue conferida- en la medida en que no puede imponerle su agenda, lo que va en espejo con la denuncia del fraude futuro de la carta de Macri: la idea es deslegitimar la importancia del voto popular del año pasado, cuya estricta aritmética que distribuye roles y responsabilidades entre oficialismo y oposición debe ser reemplazada por imaginarias "Moncloas" criollas, con los "tres o cuatro puntos en los que nos tenemos que poner de acuerdo todos los argentinos".

Pero también se apunta a deslegitimar el voto futuro, el que ya se denuncia prostituido por el fraude: confesión implícita de impotencia política de una derecha que no ha hecho la lectura autocrítica de su desastroso gobierno (tanto así que sugiere en el hoy, las mismas recetas que acaban de fracasar estrepitosamente, hace apenas nueve meses), que no acierta a encontrar un discurso que pueda calar más allá de los "convencidos" y que -al mismo tiempo- enfrenta una crisis y disputa por el liderazgo.

Por otro lado, la idea de que el voto popular del año pasado y sus consecuencias políticas pierdan peso específico como factor de importancia para ordenar la situación política, es música para los oídos de los que nunca se someten a las urnas pero siempre conservan el poder, en todos los gobiernos, como el empresariado nucleado en la AEA.

O los que quieren aleccionar a la Argentina por la "excepcionalidad" -en el contexto regional- de haber encontrado una salida a su crisis por medios electorales, para desplazar a la derecha en el poder: allí andan los Estados Unidos, que en plena pandemia y proceso electoral interno, se hicieron tiempo para entronizar en el BID al "broker" del gobierno de Trump que le consiguió a Macri el gigantesco préstamo del FMI, como aporte de campaña para su fallido intento de reelección.
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viernes, 28 de agosto de 2020

CONSENSO DEMOCRÁTICO


Duhalde denuncia un posible golpe de Estado, y a las pocas horas se desdice, alegando demencia. Los grandes medios lo replican, y luego ponen en tapa que no se sabe por qué lo dijo. En el medio aclaran que "pese a" la bizarra denuncia, sigue adelante la organización de las elecciones del año que viene.

El Congreso funciona y el gobierno hace valer su mayoría para aprobar la denominada reforma judicial, pero el problema que destacan esos mismos medios es que la oposición se opuso, como se opone a todo lo que proponga el gobierno, incluso antes de leerlo o conocer sus detalles. La misma oposición que marchó para pedir que el Congreso se reúna en forma presencial en plena pandemia, para luego negarse a sesionar aun de modo remoto, si el temario propuesto no los satisface.

Los principales analistas políticos de los medios y los dirigentes opositores (en ese orden, que es como funciona el dispositivo opositor en la práctica) le piden públicamente al presidente que se libre de la influencia de su vicepresidenta para hacer su propio gobierno, que no es el de Alberto Fernández, sino el de ellos. O sea, que haga la gran Cobos, pero al revés.

El presidente pasa de dictador que impone una cuarentena en la que en realidad nadie cree y por ende casi nadie cumple, a un títere manipulado por la vicepresidenta, que obra a su antojo, aunque ese antojo no alcance para -por ejemplo- expropiar Vicentín, o aprobar el impuesto a las grandes fortunas. 

Porque sucede que la agenda de las cosas que se pueden y no se pueden discutir en una democracia coincide -como dos gotas de agua, vea- con los intereses de las minorías del privilegio: lo que a ellos los beneficia es apremiante y urgente y no admite demoras, lo que los perjudica o afecta debe posponerse siempre, para una mejor oportunidad que nunca llega. y el consenso reclamado -y que la Constitución no exige como requisito de validez para aprobar ninguna ley- es en realidad, hacer lo que ellos quieren, o no hacer aquello a lo que ellos se oponen.

Un senador cercano a la vicepresidenta introduce en el proyecto de reforma judicial una cláusula contra las presiones de los medios a la justicia, y todos -los medios y la oposición, siempre en ese orden- protestan contra la agresión a la libertad de expresión; sin reparar en que, en ese caso en particular, dejan de lado la presunta independencia de los jueces que, según ellos mismos, sería atacada por la reforma. 

Y el oficialismo se apresura a retirar del proyecto la cláusula conflictiva, confirmando así que la presión de los medios, además de seguir llegándoles a los jueces, penetra en el Congreso y le impone la agenda a la política.

El tercio psiquiátrico -no hay otra calificación más ajustada, mal que les pese a muchos- de la sociedad argentina que se moviliza y protesta en la calle -pocos, cada vez menos- y en las redes -muchos, cada vez más ruidosamente- encuentra todas las semanas un motivo nuevo para protestar, al punto tal que se les terminan solapando las causas, y ya no se sabe (ni ellos mismos lo saben) muy bien por qué protestan. 

O sí: vienen protestando desde diciembre por lo mismo, que es el resultado de las elecciones del año pasado; en las que ni siquiera alegan fraude (lo cual sería absurdo, porque ellos votaron al gobierno que organizó esas elecciones), sino incapacidad de la mayoría del pueblo argentino, para elegir a sus gobernantes.

En ese marco aparece un Duhalde y dice lo que dice, de un modo que no se puede disimular o decir que lo sacaron de contexto, a punto tal que debe terminar alegando su propia demencia en su defensa, y en un sentido es como que "tranquiliza": quien más quien menos, los que "son alguien" en la política argentina expresan su repudio desde el lugar de la corrección política, y listo: se ha mantenido el consenso democrático trabajosamente construido desde 1983 a la fecha, y podemos pasar a otro tema.

Sin embargo cabe preguntarse ¿es realmente así, podemos quedarnos tranquilos pensando que toda la sociedad argentina ha logrado un consenso, si no unánime, amplio y extendido sobre que la democracia es el mejor sistema político para organizarnos? ¿Podemos decir, sin temor a incurrir en falsedades, que todos los argentinos o una porción abrumadoramente mayoritaria de ellos tienen en claro y aceptan que vivir en democracia supone que gobiernen aquellos que ha elegido la gente, hasta el final de su mandato, aunque no sean los que a nosotros nos gustan, o los que votamos?

Si hubiéramos de juzgar por los precedentes históricos, la respuesta parece clara: hay sectores que son (somos) realmente democráticos, en serio, aun cuando serlo nos exija aceptar que la gente vote incluso en contra de sus propios intereses: en democracia tienen ese derecho, y hay que respetarlo. Y hay otros que no solo creen que solo hay democracia cuando los votan a ellos, sino que estarían muy dispuestos -dadas las circunstancias- a tirar del mantel de la mesa democrática llegado el caso, y sin necesidad de pasar por "un rapto de demencia" como alegó Duhalde.

Para concluir así, no pensemos en tanques en la calle ni soldados con armas amenazando a la población civil, ni generales en la casa Rosada: simplemente démonos una vuelta diaria por los principales medios, o por las redes sociales. Y veremos allí como crece a diario el huevo de la serpiente antidemocrática; que empieza -por ejemplo- por exigir, en término perentorio, que si no es posible que los que el pueblo votó para gobernar y ganaron las elecciones dejen el poder antes de concluir su mandato, que lo cumplan pero aplicando el programa de los que fueron derrotados.

¿No es eso una forma solapada de golpismo, en tanto desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas? ¿No existe en esa absurda exigencia una impaciencia por esperar hasta el próximo turno electoral que permita auscultar la opinión social del modo más confiable en democracia que votando? ¿Y no era esa misma impaciencia la que alimentaba el consenso social para todos y cada uno de los golpes de Estado que nos tocó padecer?  
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