NOS GANARON POR CANSANCIO

El domingo analizábamos en ésta entrada la situación que se le planteaba al gobierno por la negativa de los bancos a implementar el programa de créditos a tasa menor a la del mercado a las Pymes, para poder pagar sueldos y recomponerse en medio de la crisis.

Decíamos entonces: "...y en ese marco se podría -por ejemplo- imponerles a los bancos que presten el dinero que el Central les liberó de los encajes no remunerados a tasa cero (0) a las Pymes, sin más garantía que la palabra del gobierno; y aun así no perderían dinero: saldrían derechos en todo caso, en ese exclusivo segmento de sus negocios. Y si se entiende que para proceder en tal sentido al gobierno le faltan facultades: ¿qué mejor excusa para gatillar un DNU que la resistencia feroz de los bancos a auxiliar a las Pymes en medio de la pandemia? Es decir, en lugar de "advertir" o "apuntar", o "indignarse", disparemos, y listo."

Bueno, un día después el DNU salió, aunque no exactamente en el sentido indicado: en el Boletín Oficial de ayer se publicó el Decreto 376 (completo acá), que modifica su similar 332/20, en lo que tiene que ver con la asistencia del gobierno a las Pymes, empresas en general y algunas categorías de monotributista, frente a los estragos que causa la crisis. 

Lo que hizo el gobierno con el nuevo decreto es correr a los  bancos del medio, y asumir directamente el problema, con recursos públicos: el DNU establece un "Salario Complementario" abonado por el Estado a los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia del sector privado, sin distinción del tamaño de las empresas (antes era para las que tenían hasta 100 empleados); siempre que cumplan algunos requisitos, como por ejemplo acreditar una caída ostensible de las ventas y la facturación desde el 12 de marzo (antes era desde el 20 en que comenzó la cuarentena).

Además establece créditos a Tasa Cero (o sea con el costo financiero subsidiado en un 100 % por el Estado) para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributistas) y para trabajadoras y trabajadores autónomos en las condiciones que establezcan la Jefatura de Gabinete y el Banco Central. 

El decreto dispone que el monto del "Salario Complementario" será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del salario neto del trabajador o de la trabajadora correspondiente al mes de febrero de 2020, no pudiendo ser inferior a una suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil ni superar dos salarios mínimos, vitales y móviles, o al total del salario neto correspondiente a ese mes. El decreto anterior segmentaba la ayuda por tamaño de las  empresas o cantidad de empleados de cada una.

Finalmente prorroga hasta el mes de octubre inclusive (en el Decreto 332 era hasta el 30 de abril) las medidas para las actividades, empresas y trabajadoras y trabajadores independientes que siguieran afectados por las medidas de distanciamiento social, aun cuando el aislamiento social preventivo y obligatorio haya concluido: un reconocimiento de que la crisis pegó fuerte, y la recuperación será lenta.

El DNU 376 expresa por un lado la decisión del gobierno de cortar por lo sano, abrir la billetera y volcar recursos a los sectores más golpeados del entramado productivo y laboral (lo que es un acierto, y debió haberse hecho de ese modo desde el principio), tal y como están haciendo muchos otros gobiernos a lo largo y ancho del mundo, sin distinción de colores políticos. Algunos incluso han puesto a su cargo la nómina salarial completa de las empresas.

Queda, sin embargo, la clara sensación de que el gobierno no tiene la decisión de ir a fondo contra los bancos, para obligarlos a comprometerse a aportar algo para ayudar a salir de la crisis; o si se quiere: otro ejemplo más de que el Estado asiste y ayuda allí donde el mercado no quiere o se niega. O de que los bancos nos ganaron por cansancio.

Como para medir con éste ejemplo los dichos del ministro Guzmán en el reportaje que le hizo Verbitsky sobre posibles reformas a la ley de entidades financieras, que viene desde la dictadura. Tuits relacionados:  

Esto tiene dos caras: una buena, porque la medida es acertada y necesaria. La otra mala, porque se llega a ella porque los bancos no le dieron bola al gobierno, y no pagaron ningún costo por eso. https://t.co/fyG73upI95

— La Corriente K (@lacorrientek) April 20, 2020

¿Esto no debería ser la noticia principal del diario apenas uno lo abre?: https://t.co/stJmRQuNNK

— La Corriente K (@lacorrientek) April 20, 2020

En lugar de flashear cosas después del reportaje de Verbitsky a Guzmán (como la posible reforma a la ley de entidades financieras) reparemos en el dato de que el Estado tuvo que salir a auxiliar a las Pymes porque no pudo lograr que lo hicieran los bancos. Y lo bien que hizo.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 20, 2020

EN LUGAR DE APUNTAR, DISPAREMOS

Sobre las nuevas medidas del gobierno para las Pymes, leemos en La Politica Online: "Alberto pidió que se los acercara y ante la repetición de preguntas sobre la insuficiente asistencia a las pymes, reconoció que las medidas lanzadas no funcionaron como esperaba y le apuntó a los bancos y su poca disposición para otorgar los créditos al 24% para pago de sueldos. "Estoy indignado, pero con Martín (Guzmán) y (el presidente del Banco Central Miguel) Pesce vamos a poner las cosas en orden", prometió. Según supo LPO, el presidente prepara un nuevo paquete de medidas similares para anunciar el lunes."

"Necesitamos que los Bancos trabajen de Bancos y dejen de hacer negocios prestando plata al Banco Central. Si quieren financiar al Estado que lo hagan para obra pública, pero no con letras como las Leliq, por las que cobran una tasa exorbitante y después pagan 24% un plazo fijo", se indignó Alberto ante un reclamo sobre el rol de las entidades financieras realizado por José Luis Ramón, líder del bloque aliado Unidad para el Desarrollo. Hemos hecho todo para que los Bancos entiendan que este no es un momento para ganar, si no para apoyar. Pero no entienden", advirtió." (Las negritas son nuestras)

El tema es, querido Alberto, que no parece que hayan hecho todo. Es más, si nos atenemos estrictamente a las decisiones institucionales del gobierno que aparecen publicadas en el Boletín Oficial (sean tuyas o del Banco Central) tendríamos que decir que no han hecho nada: no hay bancos sancionados u obligados a prestar, ni nada parecido. Por el contrario, cuando escaló el "dólar bolsa" el Banco Central volvió a permitir suba de tasas para tentar a los inversores, y tampoco ha repudiado las LELIQs, o nada parecido: sigue pagando puntualmente los intereses, que se llevan unos 55.000 millones de pesos por mes, sin que nadie proteste porque el BCRA tenga que emitir moneda a esos fines.

Y eso que facultades para actuar no le faltan: de acuerdo con la Ley 24144 (Carta Orgánica del Banco Central) modificada en el 2012 por la Ley 26739, el Central puede (artículo 4) "Regular el funcionamiento del sistema financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras y las normas que, en su consecuencia, se dicten" (inciso a), "Regular la cantidad de dinero y las tasas de interés y regular y orientar el crédito;" (inciso b).

En sentido concordante, su directorio (artículo 14) puede "Fijar las tasas de interés y demás condiciones generales de las operaciones crediticias del banco" (inciso c); "Fijar políticas generales que hacen al ordenamiento económico y a la expansión del sistema financiero" (inciso g); "Revocar la autorización para operar de las entidades financieras y cambiarias, por sí o a pedido del superintendente" (inciso h); "Regular las condiciones del crédito en términos de riesgo, plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza, así como orientar su destino por medio de exigencias de reservas, encajes diferenciales u otros medios apropiados;" (inciso r) y "Establecer políticas diferenciadas orientadas a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales." (inciso w).

Incluso con la libérrima Ley 21526 de entidades financieras que viene de los tiempos de Martínez de Hoz y ha permanecido casi intocada en democracia, el Banco Central puede (de acuerdo a su artículo 41) sancionar a los bancos por "...las infracciones a la presente ley, sus normas reglamentarias y resoluciones que dicte el Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus facultades."; sanciones que van desde el llamado de atención, hasta la revocación de la autorización para funcionar. 

Como se ve, facultades no faltan para actuar, y en ese marco se podría -por ejemplo- imponerles a los bancos que presten el dinero que el Central les liberó de los encajes no remunerados a tasa cero (0) a las Pymes, sin más garantía que la palabra del gobierno; y aun así no perderían dinero: saldrían derechos en todo caso, en ese exclusivo segmento de sus negocios.

Y si se entiende que para proceder en tal sentido al gobierno le faltan facultades: ¿qué mejor excusa para gatillar un DNU que la resistencia feroz de los bancos a auxiliar a las Pymes en medio de la pandemia? Es decir, en lugar de "advertir" o "apuntar", o "indignarse", disparemos, y listo. Tuit relacionado: 

Este por las dudas para que llegue usen delivery, no lo manden por los bancos que se lo quedan: https://t.co/SM9YxKix39

— La Corriente K (@lacorrientek) April 18, 2020

¿QUÉ MERCADO, CUANDO ARRANCÓ?

PRODUCTOS CUCHUFLITO

Bien el señor que, en el medio de la mishiadura, aprovechó la bolada y el arrastre de Cristina, para lanzar la nueva marca de masitas (porque acá les decimos masitas, vieron) "Cuchuflito"; y se apresta a lanzar la marca "Pindonga".

Y mucho mejor por el "Chivo" Rossi que fue al lanzamiento: no hay que regalarles a estos chetos destructores seriales de Pymes, la bandera de defenderlas.

Más información, acá.

MÁS AFUERA QUE ADENTRO

El Congreso de la nación fue ayer -después de mucho tiempo- el epicentro político del país, y de la oposición al gobierno de Mauricio Macri. Adentro del recinto, la sesión especial de Diputados pedida por los bloques opositores funcionó como estaba previsto: con el quórum aportado por los bloques que la pidieron sin el concurso del oficialismo, y sin lograr los dos tercios de los votos necesarios para despachar los asuntos tratados sin despacho de comisión.

El oficialismo, que mantiene paralizadas hace meses todas las comisiones del cuerpo, y que no tiene previsto tratar en lo inmediato ningún tema de agenda propia de sus legisladores, ni propuesto por Macri que si pudiera cerraría efectivamente el Congreso como hizo Figueroa Alcorta en 1908, quedó estrictamente limitado a eso: defender la estrategia de no discutir ninguno de los temas propuestos por la oposición, para los que no tiene respuestas que se puedan sostener en público.

A diferencia del presidente y sus funcionarios, que pueden decir impunemente a diario ante cámaras y micrófonos amigos que no repreguntan que "estamos mal pero vamos bien", "la inflación está bajando" cuando en realidad sube, "el rumbo es el correcto" cuando es obvio que conduce al desastre y que "lo peor ya pasó" (frase que parece operar como la llave para abrir nuevas fases del desastre), los legisladores oficialistas no pueden -en un año de constante campaña electoral, en sus provincias y en el país- discutir desde sus bancas sobre los tarifazos, la situación de los jubilados, los despidos, o temas en teoría "transversales" como la violencia de género, y defender en público las políticas de su gobierno: así están las cosas, hoy y desde hace mucho tiempo.

Hace poco respecto al rol que le tocaba jugar a la oposición en el Congreso, en las actuales circunstancias políticas, decíamos acá: "¿Significa esto entonces que no hay que hacer nada hasta las elecciones? No, significa que hay que esperar de cada herramienta política lo que esta puede dar, de acuerdo a su función y su naturaleza específica. La oposición no puede "gobernar desde el Congreso" porque si aprueba leyes contrarias al programa del gobierno afronta la amenaza del veto, y no está en condiciones -hoy por hoy- de reunir la mayoría necesaria para sortearlo.

Si puede -en cambio- bloquear las iniciativas más perniciosas del gobierno (casi todas) si se une; y (cosa que hasta acá no ha mostrado ser capaz de hacer, ni en un solo caso)  por ejemplo, tumbar todos y cada uno de los DNU que Macri ha emitido o piensa emitir, porque entonces no juega la facultad presidencial de vetar. Cuando se diga que lograrlo parece difícil porque no todos los opositores con representación legislativa están de acuerdo en hacerlo, sacar de ese hecho (que es contundentemente cierto) la conclusión correcta: la "unidad de todos" es una linda frase, que no pasa hasta acá de una expresión de deseos." Lo dicho tiene hoy plena vigencia, más cuando algunos intentaron extraer del debate de ayer alguna conclusión política respecto del armado de una propuesta opositora con chances de vencer al oficialismo en las elecciones de octubre.

En los países con sistema presidencialista como el nuestro, los Poderes Legislativos funcionan al ritmo de la agenda que les impone el Ejecutivo, acá y en cualquier parte del mundo, guste o no. Nada para reprochar al respecto, al menos desde el punto de vista de los que defendemos que así sea: si no, vean a los que hasta ayer se quejaban de la escribanía, colgarse del travesaño para mantenerla cerrada, sin discutir nada. 

Porque aquí está la otra conclusión política que se puede sacar: el gobierno no puede marcar agenda porque hoy por hoy está limitado estrictamente a durar, tratando de evitar una corrida cambiaria que haga estallar todo por los aires, antes de las elecciones. Y no mucho más, salvo los delirios represivos paranoides de Patricia Bullrich para conformar a la monada adicta, mientras acumula papelones internacionales.

Lo dicho no debe entenderse como creemos que hizo mal la oposición en intentar que el Congreso sesiones, con una agenda de temas más vinculados a las preocupaciones cotidianas de la gente: recordemos que las últimas sesiones, en extraordinarias y a pedido del presidente, fueron, respectivamente, para abordar la problemática de los barras bravas en el fútbol, la eliminación de los artículos que le molestaban a Clarín y La Nación de la ley que regula a Papel Prensa, y el financiamiento de los partidos políticos. Fuera de eso, lo que a Macri le interesó sacar (que nunca fue nada ni remotamente cercano a los intereses de las grandes mayorías nacionales), lo hizo a puro DNU.

Pero mientras en el palacio la oposición intentaba hacer que el Congreso fuera caja de resonancia de las quejas ciudadanas, con sus limitaciones, en la calle estaba lo mejor: la masiva movilización que los sectores más combativos del sindicalismo le impusieron a la bochornosa conducción de la CGT, acaso como preludio de otro paro general; junto con los movimientos sociales y las organizaciones empresariales de los sectores que no representan al gran capital concentrado, y sufren como nadie la devastación del consumo y el mercado interno ocasionadas por las políticas del gobierno.

Este último hecho merece, en nuestra opinión, ser destacado: el protagonismo que adquirió la dirigencia empresarial Pyme en el armado y la convocatoria de la marcha de ayer debe ponderarse en un contexto en el que se da una puja entre las distintas fracciones del capital, para instalar una alternativa electoral que sostenga el modelo en curso, acaso con un "service"; impidiendo así el retorno de la bestia populista al poder. No todo está perdido en el sentido político, entre los empresarios argentinos, y si bien abundan los Héctor Méndez que volverían a votar a Macri con tal de que no vuelva el kirchnerismo, no son todos, ni mucho menos. 

Allí, en la calle, frente al Congreso y bajo la lluvia, se vio lo mejor de la jornada: la unidad en acción y por abajo, de las representaciones de los agredidos por el macrismo; que le están exigiendo respuestas a la política, acaso a esta altura de los acontecimientos, más a la oposición, que al propio oficialismo. Y si por un lado la movilización supone otro llamado a deponer ciertas vanidades personales para apurar los tiempos de la unidad de la "oposición unible", también sirve para valorar en su justa medida cierto "fetichismo de la unidad" dirigencial, que estriba en suponer que el amontonamiento de dirigentes (no siempre acompañados por votos) es el reaseguro infalible del triunfo electoral.

Si la oposición,. vista desde esa óptica, pareció desflecada adentro del Congreso, por abajo y en la calle la base social está más que unida, pasando incluso por encima de las vacilaciones de la dirigencia. Y no tengan dudas de que tanto los que se movilizaron como los que no lo hicieron pero comparten los reclamos tienen más claro de lo que parece que hacer con su voto en octubre. Tuits relacionados:

"Tenemos que hacer la unidad con todos, porque hay compañeros presos ". Incluso con los bancan que estén presos; capo?

— La Corriente K (@lacorrientek) 4 de abril de 2019

Yo de hacer la unidad como piden algunos la haría con cualquiera que cumpla 3 condiciones: 1) Se oponga a Macri (oposición, no sarasa), 2) Aporte votos para ganar (si no les molesta) y 3) (Pero no menos importante) que quiera hacer la unidad con nosotros. No parece mucho, no?

— La Corriente K (@lacorrientek) 4 de abril de 2019

Están preocupados por sumar a Camaño en vez de ver la unidad en acción, en la calle, a las puertas del Congreso. Deberían darse una vuelta por ahí.

— La Corriente K (@lacorrientek) 4 de abril de 2019

Ahora, si el problema es que a Cristina le contás las costillas y a Camaño y al resto les perdonás todo "por la unidad" el problema es otro. Y no es precisamente lograr la unidad.

— La Corriente K (@lacorrientek) 4 de abril de 2019

COSAS QUE PASAN

¿Vos decís entonces “Toto” que al ajuste hay que hacerlo sí o sí, porque es la única salida posible y porque todos lo piden?

¿No era que ahora el FMI era bueno, había cambiado, y ya no era el mismo de antes que pedía ajuste, en qué quedamos?

Si al ajuste lo iban a hacer igual, ¿porqué lo negaron otra vez en la campaña electoral del año pasado, y para que van a manguear una parva de dólares al Fondo, agregando más endeudamiento?

Jodéme que les van a pedir a los gobernadores que las provincias banquen con recursos propios las obras públicas, y los programas sociales

¿No era que no iban a soltarle la mano a nadie, dejándolo librado a su suerte?

¿No arreglamos con los buitres para poder salir a los mercados de capitales a tomar préstamos para financiar obras?

¿No nos prometieron el plan de infraestructura más grande de la historia, no habían filmando 30 spots para contarnos que ya “Está pasando” y lo están haciendo?

¿Así les pagan a los que le vienen bancando los trapos hace dos años y medio, votando todo en el Congreso?

¿Vos decís entonces que los subsidios no bajaron, sino que pasaron de los usuarios a los bolsillos de las petroleras?

¿Y que como liberaron los precios de los combustibles dejándolas que los fijen en base al precio del barril de petróleo y el dólar en lugar de los costos internos, ahora hay que “compensarlas” porque nos hicieron la gauchada de frenar por unos días otro aumento de las naftas?

¿Están enterados en el FMI de que van a aumentar el gasto público emitiendo para pagar subsidios, o ya arreglaron por qué otro lado meter tijera para cumplir con las pautas?

¿No será por el lado de las obras públicas y los programas sociales que quieren que paguen las provincias, no?

Porque por el lado de los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH ya fueron, planchando la fórmula de los aumentos.

¿O sea que la suba de las tasas (la genial medida que se les ocurrió para frenar el dólar) las que más pierden son las Pymes, porque los bancos las matan descontándoles porcentajes de los cheques que tienen que vender en el mercado para poder pagar sueldos y gastos de producción?

¿Y además las acogotan subiéndole las tasas por girar en descubierto, poniendo en riesgo su subsistencia y la de miles de puestos de trabajo?

¿Y todo eso pasa mientras siguen entrando importaciones sin control, y no quieren dar marcha atrás con los tarifazos?

¿Sabes donde te podés meter la “ley Pyme” y la de “financiamiento productivo”?

¿Así que los empresarios no respondieron a los beboteos de Mariú Vidal y están aumentando igual los precios?

¿No era que la suba del dólar no se trasladaba a los precios?

¿Cómo que buena parte de las cosas que aumentan son la carne y sus derivados, los derivados de la harina, el aceite, no habrán sacado las retenciones a las exportaciones ustedes mientras devaluaban, no?

OTRA GRAN VENTAJA DEL GOBIERNO DE MACRI PARA LAS PYMES: SUPRIMIR TODA INFORMACIÓN SOBRE LAS IMPORTACIONES

Por A.C.

Desde el 21 de Julio de este año, la ADUANA no permite el acceso a los canales de información oficial sobre los ingresos de los diferentes productos e insumos importados que llegan al país a través de operaciones de importación.

Desde entonces, no es posible para las empresas o cámaras Pymes saber que productos están ingresando al país, como tampoco conocer bajo que aranceles ingresan y si en caso por ejemplo de precios subvaluados, se aplica alguna medida anti dumping.

Naturalmente, esa información pública es necesaria para planificar la actividad Pyme de acuerdo a la evolución de las importaciones, porque una Pyme hoy debe afrontar incrementos de costos internos demenciales, como los tarifazos aplicados por el gobierno de Macri, y mientras tanto, ingresan sin control productos como calzados, línea blanca, muebles, textiles, alimentos, y otros artículos sensibles para la producción local.

Y si no hay control ni se permite el acceso a la información, eso posibilita que los productos importados ingresen con precios de dumping, generando una competencia desleal contra la producción argentina. Y entre otras consecuencias, se produce el cierre de Pymes o la conversión de fábricas en importadores, con la consecuencia de baja de puestos de trabajo que ello representa.

El Observatorio de Importaciones de la Provincia de Santa Fe, del que participa la Federación de Industriales, y debido al “apagón informático” generado por ADUANA/ AFIP, tuvo que suspender el informe trimestral que brindaba a industriales sobre los productos importados que ingresan, porque no hay información oficial.

No hay información pública oficial. Extraña situación generada por un gobierno nacional que venía a sincerar aspectos estadísticos y a transparentar la economía.

El Director del Observatorio en ésta nota, manifiesta que  "Hay un apagón informático de los ingresos de productos importados. Desde julio el acceso a información pública se suspendió y hace dos meses que no sabemos lo que entra al país. Las Cámaras y Empresas están preocupadas por la competencia de los importados, sobretodo por los costos de producción internos que tenemos. Hay empresarios desesperados porque no quieren cerrar las puertas de sus fábricas".

También agregó que   "el Gobierno Nacional fue consultado sobre este tema y nos pide paciencia porque dicen que se están cambiando los sistemas ya que quieren tener mayor control. Lo que pasa es que a nosotros esto nos pone en alerta, ya que recibimos un impacto directo. No se interrumpe el ingreso de productos sino que, al no saber qué entra, no podemos generar la competencia adecuada. Aquí no hay una política definida de comercio exterior".

Se equivoca el funcionario de la Provincia de Santa Fe en un aspecto, cuando plantea que “no hay una política definida de comercio exterior”. La política del gobierno de Macri es bien definida y muy clara: apertura irrestricta de las importaciones, una política que va a contramano de los intereses del país y es opuesta a la política de comercio exterior que despliegan los principales países del mundo. Tenemos un presidente bananero que celebra la apertura del mercado estadounidense para los limones, mientras le cierran el ingreso al biodiesel argentino. ¿Será necesario explicar la diferencia de valor y volumen entre las exportaciones de limones y las de biodiesel ?

El gobierno macrista pide “paciencia” por cambios informáticos mientras niega información esencial, y por si hubiera dudas sobre sus objetivos, paralelamente al apagón informático,  elimina el llamado “canal rojo” de Aduana, donde se controla fisicamente la mercadería importada que ingresa al país. (Ver más info al respecto en ésta entrada)

Ya no se chequean los contenedores, así que ésto permite falsear la posición arancelaria declarada y también posibilita evitar las licencias no automáticas. Todo entra, sin problemas. El importador puede declarar que en el contenedor vienen reposeras cuando en realidad llegan heladeras.

El sector PYME representa el principal generador de fuentes de trabajo en nuestro país, y las políticas del gobierno macrista ( tarifazos, apertura de importaciones, reducción del consumo y del mercado interno, créditos con tasas impagables) solo se orientan a su destrucción bajo el falso argumento de la competitividad o de la “reconversión”, mientras  el gobierno solo alimenta -con toma de deuda- la bicicleta financiera y la posterior fuga de capitales.

El domingo, a la hora de votar, dueños y empleados de las Pymes deberían recordar que  el camino macrista solo conduce al precipicio, al que ya cayeron muchas Pymes en solo dos años de gobierno bananero.

CONFIRMADO: LES SACARON EL CARAMELO

A propósito del proyecto de reformas al régimen del “compre nacional” que debate el Congreso, decíamos los otros días acá que el gobierno “...presionado por los acontecimientos, envió un proyecto que no tiene ninguna convicción de defender o aprobar, y que no representa para sus objetivos ninguna prioridad; tanto que por ejemplo Macri jamás lo mencionó siquiera al pasar en sus habituales pases de factura al Congreso por las hipotéticas “trabas” que le pone a su gestión. 

Más allá de que no se puede cuestionar que la dirigencia industrial le ponga pilas al proyecto de “compre nacional”, es difícil en éste contexto no verlo como un cazabobos para mantenerlos entretenidos; tal como sucede con el discurso anti-obrero del gobierno (“mafia de los juicios laborales”, críticas al sindicalismo, “bajar los costos laborales”, baja de los aportes patronales), que suena agradable a sus oídos (incluso de las Pymes), mientras los asfixian hasta morir con la depresión del consumo interno (justamente por la “baja del costo salarial”), la apertura de las importaciones, los tarifazos y las siderales tasas de interés.”.

Y muy errados no estábamos: leemos en La Política Online que los legisladores de “Cambiemos” (obviamente que en consulta con el Ejecutivo) resolvieron cajonear el proyecto, disconformes con los cambios propuestos por la oposición.

Como por ejemplo ampliar al 20 % los márgenes de preferencia para la participación de empresas nacionales en los contratos del Estado, incluir la participación de las Pymes y -dentro de los sujetos obligados por la norma- a las empresas públicas, y a las privadas concesionarias, licenciatarias o permisionarias de servicios públicos.

Así se evitar -por ejemplo- que YPF compre pelotas chinas para las promociones de sus estaciones de servicios, y se ampliaría el universo de demanda que puede abastecer la industria nacional.

La decisión del oficialismo no sorprende, por el contrario es consistente con sus propios antecedentes, y con toda la política de desprotección y destrucción planificada de la industria nacional llevada a cabo hasta acá.

Que incluye -como señalábamos antes- la búsqueda de un acuerdo de libre comercio UE-Mercosur que supone precisamente eliminar todos los regímenes de preferencia para la industria nacional en las compras del Estado, el régimen de “participación público-privada” (donde la “oposición constructiva” pretendió introducir salvaguardas que se revelaron letra muerta), el “plan de reconversión industrial” y la apertura de las importaciones.

UN CAZABOBOS PARA LA INDUSTRIA

Leíamos en la semana El Cronista la discusión en el Congreso del proyecto de ley enviado por Macri para modificar el régimen del “compre nacional” establecido en la ley 25.551 (2001), que establece márgenes de preferencia para las empresas nacionales en las compras y contrataciones del Estado, y los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos.

El proyecto eleva los márgenes de preferencia hoy vigentes (del 5 y el 7 % en el caso de las Pymes) al 8 y 12 % respecto de la mejor oferta obtenida dentro de las licitaciones o concursos, pero los empresarios apuntan a elevarla aun más e incluir a otros sectores (como el energético); mientras desde el gobierno el secretario de Industria dice que “lo ideal (sic) sería que no hubiera que dictar una ley” para proteger y favorecer a la industria nacional.

Lo cual es ciertamente revelador del verdadero pensamiento del gobierno al respecto: presionado por los acontecimientos, envió un proyecto que no tiene ninguna convicción de defender o aprobar, y que no representa para sus objetivos ninguna prioridad; tanto que por ejemplo Macri jamás lo mencionó siquiera al pasar en sus habituales pases de factura al Congreso por las hipotéticas “trabas” que le pone a su gestión.

¿Acaso alguien recuerda hoy la tan promocionada “ley Pyme” impulsada por el gobierno y el massismo, y sus presuntos beneficios para las pequeñas y medianas empresas nacionales? Por el contrario, según vemos acá las Pymes industriales acumulan 20 meses consecutivos de caída en su producción.

Y siguiendo con los hechos concretos (“las efectividades conducentes” de las que hablaba Ubaldini), vemos acá el caso de las net books: desde que se implementó la eliminación de los aranceles a la importación hace apenas tres meses, solo subsiste una de las 12 fábricas que las producían en el país, y dependiendo del agonizante "Conectar Igualdad”.

Mientras tanto vemos acá la queja de los mismos industriales por los cambios en la Aduana, que prácticamente han eliminado el “canal rojo” (es decir el procedimiento que incluye la verificación física de los productos ingresados al país) para las importaciones industriales; y lo más grave de todo: nos cuentan en La Nación los avances en la negociación del acuerdo UE-Mercosur, sin decirnos con todas las letras lo más importante: que implica abrir nuestro mercado a la producción industrial europea, y a las compras del gobierno, eliminando todo margen de preferencia para las empresas nacionales.

O sea, exactamente todo lo contrario de lo que -en teoría- plantea el proyecto de “compre nacional” que discute el Congreso; pero en la misma línea de todas las medidas del gobierno ya señaladas y que están en ejecución; y que suponen ni más ni menos que la puesta en marcha del “plan de reconversión industrial” que varias veces hemos analizado acá, la única política del gobierno para la industria que se está poniendo en marcha, en forma concienzuda y sistemática; destruyendo a su paso “industrias no competitivas” y los empleos que generan.

Como le recordó Merkel al propio Macri en su visita al país, si el acuerdo UE-Mercosur está trabado no es por la falta de voluntad del gobierno argentino de desproteger la industria nacional y el mercado interno, sino por la reticencia europea a desmantelar los subsidios a su producción agrícola, por las grandes presiones internas de sus propios productores. Allá sí saben cuidar sus propios intereses -incluso los electorales- y por eso llegaron a ser grandes potencias.

Más allá de que no se puede cuestionar que la dirigencia industrial le ponga pilas al proyecto de “compre nacional”, es difícil en éste contexto no verlo como un cazabobos para mantenerlos entretenidos; tal como sucede con el discurso anti-obrero del gobierno (“mafia de los juicios laborales”, críticas al sindicalismo, “bajar los costoso laborales”, baja de los aportes patronales), que suena agradable a sus oídos (incluso de las Pymes), mientras los asfixian hasta morir con la depresión del consumo interno (justamente por la “baja del costo salarial”), la apertura de las importaciones, los tarifazos y las siderales tasas de interés.

HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA, VERSIÓN UN MILLÓN

Pasó con la ley de tierras y el límite máximo que pueden comprar los extranjeros, y también con el blanqueo de capitales y la posibilidad de que entraran los parientes de los funcionarios del gobierno: Macri no solo dispara DNU a repetición cuando supone que un proyecto no pasará por el Congreso, sino que también reglamenta las leyes, violándolas; y por consiguiente, violando la Constitución.

Aunque de trate de leyes que él mismo impulsó: tal parece que con la reglamentación de la Ley 27.328 de "participación pública-privada" pasará lo mismo. Acá pueden ver completo en el Boletín Oficial de hoy el Decreto 118/17 que la reglamenta; y que viene con "trampitas".

En los considerandos de la norma se señala que "...resulta oportuno excluir de la limitación establecida en el artículo 31 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984 y sus modificaciones a las tenencias accionarias que sean consecuencia de inversiones efectuadas para llevar a cabo proyectos bajo el régimen de la Ley N° 27.328."; y así lo dispone el artículo 4 del decreto.

El artículo 31 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales, en lo que acá interesa, dispone: "Ninguna sociedad excepto aquellas cuyo objeto sea exclusivamente financiero o de inversión puede tomar o mantener participación en otra u otras sociedades por un monto superior a sus reservas libres y a la mitad de su capital y de las reservas legales. Se exceptúa el caso en que el exceso en la participación resultare del pago de dividendos en acciones o por la capitalización de reservas. Quedan excluidas de estas limitaciones las entidades reguladas por la Ley N 18.061. El Poder Ejecutivo Nacional podrá autorizar en casos concretos el apartamiento de los límites previstos."

Explicamos: excluyendo a los bancos (la ley citada fue luego reemplazada por la Ley 21.526 de entidades financieras) y aquellas sociedades cuyo objeto sea exclusivamente financiero o de inversión tienen límites a la participación en otras sociedades, excepto que hayan adquirido esa participación como consecuencia de que les pagaron dividendos con acciones, o que las compraron capitalizando reservas.

Sacando esa exclusión (sin dar las razones de por qué es "oportuno" en el caso de los contratos "público-privados") una empresa constructora -por ejemplo- puede participar de una sociedad constituida al efecto de ejecutar y explotar un "contrato de participación pública privada"; aunque en esa participación exceda la mitad de su capital, las reservas legales, o sus reservas libres. 

Es imposible no pensar que la norma no esté relacionada con Nicolás Caputo, Angelo Calcaterra o cualquiera de las empresas del hólding Macri (empezando por la propia SOCMA, o SIDECO) que no son bancos ni sociedades de inversión; tanto las que existen en el país, como las off shore constituídas en Panamá, u otros paraísos fiscales. 

Pero hay más: recordemos que en el debate de la ley en el Congreso, parte de la "oposición responsable" (Massa, Bossio) condicionaron su apoyo al proyecto a que se beneficiara a las Pymes y a las empresas nacionales. Así lo dice el artículo 15 de la ley: "En caso de subcontratación, el contratista optará, preferentemente, por empresas nacionales y/o por pequeñas y medianas empresas locales;".

De hecho, ese "agregado" sirvió para disipar los temores de buena parte del empresariado nacional de que el proyecto significara una extranjerización de la obra pública, y de las contrataciones del Estado; y les ponía el "gancho" de alcanzar algún grado de participación.

Sobre el particular, el decreto dispone que "A los efectos del artículo 12 de la Ley se entenderá: (i) por “componente nacional”, en lo que respecta a bienes, aquellos bienes que revistan carácter nacional según el artículo 2° de la Ley N° 25.551;"; es decir remite a las normas del "compre argentino": los bienes son "nacionales" cuando se producen en el país.

Pero luego empiezan las trampas, porque el decreto señala que "La referencia a empresas nacionales y a pequeñas y medianas empresas locales efectuada en el inciso u) del artículo 9° de la Ley, debe entenderse referida a Empresa Nacional y PyME tal como son definidas en el presente Reglamento.". Es decir entonces que es el reglamento aprobado por el Poder Ejecutivo, y no la ley sancionada por el Congreso, lo que determina cuando y como se cumple con la participación de las empresas nacionales y las Pymes, en los contratos "público privados".

Y el reglamento dice que "Empresa Nacional”: es toda empresa, cualquiera sea su estructura jurídica, que cumpla con los siguientes requisitos: (i) estar registrada y con actuación efectiva en el territorio nacional y (ii) contar con la mayoría de los miembros del órgano de administración con domicilio en el país; todo ello en los términos y condiciones que establezca el Pliego." (las negritas son nuestras)

Como se ve, una multinacional con sede de negocios (sucursal o filial) en el país, o que haya constituído una sociedad controlada en la Argentina, y cuyos ejecutivos estén domiciliados acá aunque sean extranjeros (como el capital de la sociedad), será "nacional" a los fines de dar por cumplida la exigencia de la ley.

Otro tanto pasa con la participación de las Pymes: "A los efectos de gozar de tales ventajas comparativas, en los casos en las que las Empresas Nacionales y/o las PyMES formen consorcio o cualquier otra forma asociativa con otras empresas que no revistan tal calidad, las Empresas Nacionales y las PyMES deberán poseer en dicho consorcio o forma asociativa una participación no inferior al treinta por ciento (30%)." (las negritas son nuestras)

Es decir que introduce un requisito que la ley no establece para que las empresas nacionales o las Pymes puedan participar, y hacer valer la preferencia que les acuerda la ley: que su participación en el contrato, proyecto o inversión sea por lo menos del 30 %; un porcentaje que en muchos proyectos (quizás en la mayoría de las grandes obras de infraestructura) se imposible de alcanza, sobre todo para las Pymes.

Si no se alcanza entonces ese porcentaje de participación en los consorcios o sociedades conformadas para ejecutar los contratos (algo que está en manos de los grandes inversores extranjeros decidir, porque no tienen obligaciones al respecto), las empresas quedan exentas de la obligación legal de abrirles el juego a las empresas nacionales, en especial a las Pymes.

En otra entrada analizamos más perlitas del decreto.

DARWINISMO INDUSTRIAL, CON AYUDA DEL ESTADO

En un par de entradas anteriores (acá y acá) nos ocupamos del “Plan de Reconversión Industrial” del gobierno, según el cual -dicen- adoptaremos el modelo productivo de Australia.

El plan parte de dividir entre industrias o sectores productivos “viables” o “inviables”, y se supone que diseña las políticas para llevar adelante la transición hacia un tejido industrial “especializado” en aquellos sectores en los que tenemos ventajas comparativas. Algo de sus “bondades” ya se está viendo en la eliminación del arancel externo a los productos tecnológicos y electrónicos importados que pueden competir con las plantas localizadas en Tierra del Fuego, al amparo del régimen de promoción.

Este martes fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución Conjunta 1 de los Ministerios de la Producción y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (completa acá), por la que se crea el “Programa Nacional para la Transformación” (PNTP), que ese es el nombre oficial del “programa de reconversión”.

El Programa define como “Empresas de Transformación Productiva”, a “...aquellas empresas con dificultades competitivas y/o productividad declinante que requieren mejorar sus procesos o tecnología, modificar y/o desarrollar nuevos productos, o redireccionar su actividad y/o integrarse a otra u otras empresas con el objeto de potenciar su desempeño..”, y como “Empresas Dinámicas” a “...aquellas empresas que realizan actividades productivas con capacidad genuina de competir en el mercado interno e internacional y de generar empleos de calidad...” (las Negritas son nuestras)

A su vez el programa define también las formas que puede adoptar la “transformación productiva” de una empresa, a saber: “Transformación Competitiva” ( ...que se produce dentro del mismo sector/industria, que requiere potenciar su rendimiento mejorando sus procesos, maquinaria, personal, tecnología, desarrollo de nuevos productos y/o nuevas unidades de negocio, entre otros...), “Transformación Lateral” (...que se produce dentro del mismo sector/industria, que requiere potenciar su rendimiento cambiando o reorientando el tipo de actividad que realiza, ya sea en forma total o parcial...) o “Transformación con Integración y Consolidación” (...que se produce dentro del mismo sector/industria o entre sectores/industrias diferentes, entre varias empresas que requieren potenciar su rendimiento a través de un proceso de fusión o adquisición, o asociativo de cualquier tipo...) (las negritas otra vez son nuestras).

Como se ve en forma reiterada, ya desde el vamos el “Programa” contempla como una de sus estrategias promover las fusiones o adquisiciones de empresas, es decir que tiende hacia la concentración empresaria. Y a la hora de enumerar en el artículo 5 de la resolución los beneficios a los que pueden acceder las empresas que se “reconvertirían”, llama la atención que el único que tiene bastante desarrollo concreto y específico en toda la reglamentación es el otorgamiento de “prestaciones dinerarias a trabajadores”.

De acuerdo con el mismo reglamento, esos beneficios serán otorgados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; mientras que para poder percibir los beneficios del Programa “...las Empresas Dinámicas deberán incorporar recursos humanos provenientes de una Empresa de Transformación Productiva, que implique un aumento en su dotación de personal al momento de la entrada en vigencia de la presente medida, en las formas y condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación.”.

Ahora bien, en el “Anexo” de la resolución se especifica que para poder recibir las “prestaciones dinerarias”, los trabajadores deben desvincularse de una “Empresa de Transformación Productiva”, e incorporarse a una “Empresa Dinámica”.

Bajo esa condición, el “Programa” les garantiza  “...percibir, luego del pago de la correspondiente indemnización, por el plazo de hasta seis (6) meses...una suma mensual de hasta el cincuenta por ciento (50%) del último salario percibido garantizándose como mínimo el importe equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM)...”, y una vez  transcurrido ese plazo “...resultará aplicable lo dispuesto por la Ley N° 24.013 en relación al seguro de desempleo descontando del importe que correspondiera abonar lo ya percibido con motivo del presente.”.

Pero hay más: de acuerdo con la resolución, los trabajadores que se incorporen a una Empresa Dinámica podrán percibir “...una suma mensual cuyo importe no podrá superar el equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) por el plazo de hasta NUEVE (9) meses. Dicha suma será computable como parte del salario total que deba abonársele al trabajador según la categoría laboral que corresponda, de acuerdo con las normas legales y convencionales que resulten aplicables....”.

Es decir entonces que además de promover la concentración empresaria o la lisa y llana desaparición de las “Empresas de Transformación Productiva”, el “Programa” subsidia por parte del Estado la mano de obra a emplear por las “Empresas Dinámicas”, que verán mejorada así -con la intervención estatal- su “...capacidad genuina de competir en el mercado interno e internacional y de generar empleos de calidad...”. Darwinistas, pero no boludos, digamos.

Lo sugerente es que el "Programa" en ningún momento menciona siquiera a la Ley 27.264, o "ley Pyme" sancionada por el Congreso éste año, a instancias del massismo y del bloque de "Sanguchito" Bossio; como la presunta panacea para el sector. Todo indicaría que hacia donde nos quiere conducir el gobierno, las Pymes no serían necesarias, o la ley es pura sanata.

LA LEY DEL ARREPENTIDO

Sobre las medidas anunciadas por Macri a favor de las Pymes. leemos en Ambito: "Una de ellas es la ampliación de la línea de inversión productiva que habilita el Banco Central al sistema financiero que pasará de un cupo de 14 a 16% de los activos del banco. "Esto implica tener un stock de $ 137.000 millones de créditos para las pymes, a una tasa de 22%; y obliga a los bancos a salir a buscar clientes pymes"...".

El gobierno da muestras diarias de desorientación, y de ir por detrás de los acontecimientos. Vino la marcha de los gremios, avanzó el proyecto de ley anti-despidos en el Congreso y "contraatacó" con el "compromiso" de los empresarios de no despedir, cuando hasta horas antes desde el presidente para abajo, todos negaban que hubiera una crisis de empleo. 

Otro tanto pasa ahora con las Pyme, "las niñas bonitas" del momento, utilizadas como excusa para -justamente- frenar el avance de la ley ant-despidos. En ese contexto Macri apuró el anuncio de medidas destinadas al sector, entre ellas la ampliación de créditos.

Porque si el problema con las Pyme es de facilitarles el acceso al crédito, lo que Macri dice que va a hacer no es ni ni menos que intentar reparar los estropicios que hizo su propio gobierno: el miércoles pasado El Cronista en ésta nota daba cuenta de la caída del crédito copmo consecuencia de la alza de la tasa de interés, casi única política sostenida por el Banco Central como herramienta contra la inflación, también causada por las medidas del gobierno (eliminación de retenciones, devaluación y tarifazos).

Según el artículo, en el primer cuatrimestre del 2015 los créditos al sector privado habían crecido en 38.971 millones (un 7 % interanual) contra apenas 8.896 millones en el primer cuatrimstre de éste año (un 1 % interanual); y del total de los otorgados en 2016, el 74 % los captó el Estado, sea la nación o las provincias.

esas cifras contrastaban fuertemente con éstas otras marcadas por el mismo diario el 3 de diciembre del año pasado (a días de asumir Macri), que daban cuenta del récord de financiamiento a las Pymes alcanzado en 2015, como consecuencia de la línea de financiamiento productivo del Banco Central (la parte de los depósitos que los bancos debían prestar obligatoriamente a la inversión productiva, elevada entonces del 5 al 7,5 %); y el llamado "inciso k", que disponía lo mismo pero con la cartera de las compañías de seguro. Por entonces las tasas de esas líneas de crédito rondaban el 18 % anual. 

Decíamos que Macri se veía forzado a desandar sus propios pasos porque fue su gobierno el que eliminó apenas comenzado la obligación de las aseguradoras de destinar parte de su cartera de inversiones a financiar a las Pymes (el "inciso k"); y el que hace poco (por vía del Banco Central) les permitió a los bancos usar el 20 % del total de sus depósitos que obligatoriamente debían ir a financiar al sector productivo (en especial a las Pymes), para los préstamos indexados por la UVI, inventados por el mismo Stuzenegger. Lo que hasta acá implica inmovilizar esos fondos, porque nadie toma esos préstamos, con los niveles actuales de inflación. 

Pero el ejemplo mayor de que Macri y su gobierno están dando palazos de ciego para lidiar con "su" propia herencia (es decir, los estropicios que susmismas políticas van causando), es que ahora la parece positiva la línea de financiamiento productivo habilitada por el BCRA a los bancos, cuando en el año 2012 todos los diputados del PRO (y sus socios de la UCR y la Coalición Cívica) votaron en contra la Ley 26.739 que la hizo posible (ver la parte pertinente del acta abajo), reformando la Carta Orgánica del Central. ¿Será ésta la verdadera "ley del arrepentido?: