LA FRASE

"MIS DIFERENCIAS CON EL PRESIDENTE SON PÚBLICAS Y NOTORIAS, PERO QUIERO AGRADECERLE QUE ME HAYA DADO ESTA OPORTUNIDAD DE ORDENAR PERSONALMENTE UNA REPRESIÓN." (VICTORIA VILLARRUEL)
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viernes, 12 de noviembre de 2021

UNA BALA DE PLATA QUE NO VAMOS A USAR

 

Alberto Fernández siempre se manifestó contrario a dictar una ley de medios para limitar los abusos de posición dominante en el mercado de las comunicaciones audiovisuales, cuando era Jefe de Gabinete de Néstor y Cristina, luego cuando se fue del kirchnerismo; y también después, cuando fue candidato y más tarde presidente electo y en funciones.

De allí que no sorprenda que aun hoy siga vigente el DNU 267/15 de Macri, que mutilara las cláusulas de la Ley 26522 que se aprobó durante el gobierno de Cristina, que resultaban más irritativas para los intereses de los grupos mediáticos hegemónicos, en especial Clarín: no es una cuestión de complejidad técnica o jurídica, pues bastaba con dictar otro decreto para reponer el texto original de la ley tal cual fue sancionada por el Congreso -con amplia mayoría en ambas cámaras-, y validada en su constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Era y es cuestión de voluntad política, y la decisión de no hacerlo, se inscribe dentro de una política de búsqueda de consensos con quienes adversan con el gobierno, e incluso trabajan a diario para erosionarlo en su legitimidad. De los resultados -fracasados, desastrosos- de esa política hemos escrito muchas veces acá; y de esa misma línea política surge la decisión de seguir subsidiando generosamente con pauta publicitaria oficial a quienes sabotean al gobierno, y cualquier política pública que no comulgue con sus intereses, campaña de vacunación incluida.

Pero durante el gobierno de Macri Clarín no obtuvo solo el beneficio de que le destrozaran la LSCA que lo perjudicaba, sino que consiguió la tan ansiada fusión entre Cablevisión y Telecom, que le permitió reforzar y consolidar aun más -si fuera posible- su posición dominante en el mercado de las comunicaciones y los medios audiovisuales.

En cualquier país de los que nuestra derecha considera "serios" o un ejemplo a seguir, eso sería considerado incluso contra las reglas básicas del capitalismo, en tanto significa minimizar a en algunos casos suprimir la competencia, en perjuicio de los consumidores. Pero el gobierno de Macri -hechura de Magnetto y Clarín, al fin y al cabo- aprobó la fusión, sin mayores objeciones.

Eso incluso aunque era un claro ejemplo de concentración económica, distorsión de la competencia y abuso de posición dominante sea en los términos de la Ley 25156 de defensa de la competencia, o de la Ley 27442 que se dictó para reemplazarla en 2018, a instancias de un proyecto promovido por los propios legisladores de "Cambiemos": una vez más, el grupo Clarín se colocó por encima de las leyes que rigen para el resto de los argentinos.

Sin embargo, la fusión -que de hecho viene operando desde que ambas empresas, Telecom y Cablevisión, la resolvieron- aun no está perfeccionada legalmente: tal como cuenta acá Ari Lijalad en El Destape, en una causa judicial en trámite promovida por los trabajadores de Telecom se solicita que se expida al respecto la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que es la autoridad de aplicación de las Leyes 25156 y 27442 antes citadas.

El organismo depende de la Secretaría de Comercio Interior que hoy conduce Roberto Feletti, al que le cayó esta brasa ardiendo, tal como le tiraron en su momento los aumentos de precios en los alimentos y medicamentos. Pero está claro que el volumen del asunto lo excede, y requeriría de una definición política del gobierno en su conjunto: tumbarle a Clarín esta fusión representaría hoy un golpe mortal a sus intereses, mucho mayor incluso del que pudo representar en su momento la ley de medios.

Tal como están las cosas, nada indica que eso vaya a suceder, y lo más probable es que todo siga igual, aun cuando, como se dijo, la fusión debería ser rechazada y darse marcha atrás en ella, por no ajustarse a las normas vigentes. 

Por supuesto que de ser así, después no vale quejarse por sus consecuencias: que Clarín, que es un enemigo no ya de éste gobierno sino de la democracia -una pistola armada apuntada a su cabeza, como bien lo definió Luis D'Elía- disponga de todo su poder de fuego mediático para bombardearte durante las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo que reste del mandato de Alberto Fernández.   

domingo, 21 de marzo de 2021

COMIDA PARA PIOJOS

 


No vamos a descubrir el agujero del mate puntualizando la importancia de contener la inflación, y en especial las subas de precios de los alimentos, para tener no ya justicia distributiva, sino tranquilidad social. Tampoco estamos diciendo nada extraño si puntualizamos la importancia política y electoral de hacerlo: entre otras razones, y en nuestra modesta opinión, muy por encima del resto, la gente vota con el bolsillo, y con el estómago.

Estas cuestiones no debieran tener discusión, aun cuando después se admitan sí discusiones sobre las causas de las subas de precios de los alimentos, y las medidas más eficaces para contrarrestarla. A condición, claro, que el debate no se limite exclusivamente a eso, y no se haga nada concreto como resultado. Porque si no se hace nada, la realidad sigue siendo la misma. Por ejemplo los alimentos siguen subiendo de precio.

Puede parecer exagerado que, frente a eso, se diga que el gobierno no está haciendo, básicamente nada. Y no se diga que no porque "está tratando de alinear expectativas inflacionarias a la baja", "trazando un mapa de los aumentos" o sanatas por el estilo; porque aunque no fueran sanata, suenan a tales.

Debe suponerse que son concientes de la importancia del problema -en todas sus dimensiones de importancia, conforme a lo señalado antes-, y de los efectos devastadores de que la comida (bien básico y esencial si los hay) sea cada vez más inaccesible para muchos argentinos. De hecho, este gobierno comenzó su gestión, cuando aun no existía la pandemia, lanzando un plan de lucha contra el hambre.

Podría pensarse que no le encuentran la vuelta al asunto, aunque estén tratando. O por el contrario, que saben lo que hay que hacer (por ejemplo, y entre otras cosas, subir retenciones para desacoplar los precios internos de los internacionales, de los alimentos que exportamos), pero no lo hacen, porque también saben que les traería problemas con sectores poderosos (como el agropecuario y el polo exportador del sector), con los que no tienen la intención de confrontar.

Pero esa decisión -al igual que la de confrontar, con cualquier sector- no está exenta de costos: como consecuencia de haber cedido a las presiones de no aumentar retenciones, hoy el gobierno no tiene plantado un conflicto con el campo privilegiado, pero tiene a cambio subas constantes de precios de los alimentos, que impactan en el bolsillo de la parte gruesa de su base electoral, y si no se corrige la situación a tiempo, empezarán a impactar en su humor electoral. En la vida hay que elegir. 

Lo mismo cabe para la aplicación de las leyes de abastecimiento o defensa de la competencia, herramientas legítimas con que cuenta el Estado para hacer frente a las maniobras especulativas o los abusos de posición dominante en el mercado (que vaya si los hay, en especial en la industria alimenticia). Por supuesto que a los empresarios no les gustan porque limitan su tendencia a maximizar ganancias, pero precisamente por esa razón fueron dictadas: para que no se guíe todo por la mano invisible del mercado.

En el gobierno (al menos en su núcleo duro, los que toman las decisiones) parecen no creer en esas herramientas, o al igual que pasa con las retenciones, prefieren apelar al diálogo y la búsqueda de consensos, esperanza que hasta acá se reveló vana, y potencialmente suicida, en términos políticos y electorales.

Los tiempos del Consejo Económico Social y de las reuniones y mesas sectoriales con empresarios son muy distintos que los de la puja distributiva en danza, que se está llevando puesto el poder adquisitivo de los salarios. Y vistas las cosas desde otro ángulo, con alimentos en alza empujando la inflación, no hay recuperación salarial posible, a menos que se apuesta a frenar la inflación con el ancla salarial y la cambiaria, mientras además se aumentan tarifas y combustibles.

Esa receta, además de ser injusta en términos de equidad distributiva, está en las antípodas de lo que el pueblo votó en octubre del 2019: precisamente una receta parecida fue la que eyectó al macrismo del poder.

Y sin recuperación salarial no hay recuperación del consumo, y sin recuperación del consumo no hay recuperación económica posible, sostenida y con inclusión. Por más que se alcancen ciertos "equilibrios macroeconómicos". No debería ser tan difícil de entender, de hecho no lo es. En consecuencia, no debería ser tan difícil decidirse en serio a hacer algo al respecto; vistos los riesgos de no hacerlo. 

Quizás -solo quizás, es una conjetura propia, a falta de hechos que autoricen a suponer algo distinto- algunos estrategas electorales del gobierno supongan que tienen un voto "duro" consolidado, que resiste todos los avatares de la coyuntura, sin demandar razones concretas para hacerlo. Núcleo que le permitiría triunfar frente a una oposición fragmentada y radicalizada en posturas "bolsonaristas"; con el solo artilugio de hacer alguna concesión al "voto flotante", como los cambios en Ganancias.

Una estrategia que falló cuantas veces se intentó, incluyendo en el final del kirchnerismo. Porque nunca es conveniente, en términos electorales, tomar la hoja de ruta del adversario, o  abandonar la propia; menos cuando ni siquiera existen elementos coyunturales que podrían justificarlo -como pasaba con los propios cambios en Ganancias en tiempos de menor desempleo, mayor consumo y mayor poder adquisitivo de los salarios-; y que hoy, lisa y llanamente, no existen.

domingo, 30 de agosto de 2020

ME COLGUÉ DEL CABLE


Hace un mes y medio atrás contábamos en ésta entrada que el gobernador Perotti había enviado un proyecto de ley a la Legislatura de la provincia creando Santa Fe Redes y Servicios SAPEM, una sociedad controlada por el Estado provincial (que poseería el 55 % de su capital) para -entre otras cosas- prestar servicios de relacionados a las TICS (tecnologías de la información y la comunicación), lo que involucra por ejemplo Internet y telefonía celular. 

Algo más de un mes después, apareció publicado en el Boletín Oficial de la Nación el DNU 690 (completo acá), por el cual Alberto Fernández declaraba "...servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia..." a esos servicios, retomando el artículo 15 de la Ley 27078 de "Argentina Digital", que Macri había desguazado junto con la ley de medios, por el DNU 267/15. 

Como parte de la discusión del proyecto en la Legislatura, este jueves pasado el bloque de senadores de la UCR recibió a los empresarios de la cámara de empresas de televisión por cable de la provincia. Muchas de esas empresas prestan a su vez, los servicios de Internet, en diferentes localidades del territorio provincial. En esa oportunidad, los cableros les hicieron llegar a los senadores radicales un documento con su opinión sobre el proyecto de Perotti, y muy sugestivas sugerencias de cambios y agregados, de las que nos interesa destacar algunas.

Dicen algunos de los párrafos del documento (las negritas son nuestras): "Que la construcción de políticas públicas en materia de telecomunicaciones debe surgir del diálogo y el trabajo mancomunado con el sector privado, históricamente comprometido en el desarrollo productivo y social de la provincia. Que el primer hito de este trabajo coordinado debe centrarse en un análisis detallado y preciso del estado de redes troncales y de última milla. Que sobre la base de esta información se puede trabajar en planes de mejora de redes existentes y desarrollo de nuevas."

"Que es indispensable coordinar acciones con el gobierno para concentrar esfuerzos económicos y financiamiento en la creación de redes, troncales o de última milla, sólo allí donde no existan, evitando superponer recursos escasos con la duplicación de redes construidasQue debe existir la mayor disposición del gobierno provincial para compartir con los operadores TICs toda la infraestructura provincial posibilitando despliegues rápidos y a bajo costo."

"Que sería muy deseable contar con el apoyo financiero del sector público bajo diferentes modalidades para la realización de nuevos tendidos allí donde el Consejo Provincial de Telecomunicaciones considere prioritarios, asegurando la optimización de dichos recursos financieros. A tal fin, esta Asociación propone a los cuerpos legislativos que tratarán el Proyecto de modificación de la citada Ley, incorporar al Artículo 3 de la misma, Inciso 1, in fine, el siguiente texto: Al desarrollar su actividad la Sociedad se complementará con los prestadores privados de Servicios de TIC que actualmente operan en la provincia, quedando habilitada a construir redes de última milla y/o de conexión al usuario domiciliario únicamente en aquellas localidades en las que no exista un prestador privado ofreciendo servicios de TIC.".

Para que se entienda el planteo de estos buenos muchachos (que en su momento salieron a cruzar la ley de medios, aun cuando muchos de ellos fueron atropellados por Clarín, por años). lo resumimos de éste modo:

* Lo que les interesa en definitivas es la discusión por la "última milla", es decir el tramo final de las redes o ductos que va directo a los usuarios domiciliarios, comerciales o industriales: quien los atiende con servicios de TICS, y que piensa hacer allí el Estado provincial con la nueva sociedad.

* Si el Estado se quiere meter, que invierta donde ellos no invirtieron, ni piensan invertir en desarrollar redes e infraestructura, porque no es rentable. Pero que la mismo tiempo les facilite su infraestructura (sea el tendido de fibra óptica estatal, o los postes de la Empresa Provincial de la Energía), para reducir sus costos.

* Que además la provincia les financie la expansión de sus redes, así se ahorran de invertir ellos, donde durante años no quisieron hacerlo.

* Y finalmente lo más importante: que ni se le ocurra al Estado ponerse a competir con ellos allí donde prestan servicios, a ver si los ofrece a más bajo costo, y les saca clientes, La parte del DNU presidencial que dice que las TICS son "un servicio público esencial", pero "en régimen de competencia" se la saltearon; así como el hecho de que las condiciones de prestación de esos servicios son materia de competencia del Estado nacional, y no de las provincias.O capaz que precisamente por eso se oponen al DNU: porque no quieren competir. 

Lo que están intentando, en definitivas, es que la sociedad controlada por el gobierno de la provincia nazca "amputada", y exclusivamente limitada a prestar esos servicios allí donde ellos no tienen interés en hacerlo: incorregibles nuestros empresarios schumpeterianos y emprendedores.

Hilo de tuits relacionados:

martes, 25 de agosto de 2020

EL DNU SUMA APOYOS OPOSITORES



El ex senador y presidente por un día Fede Pinedo nos dice que el que controla Internet, controla tu vida. O sea, como decimos siempre desde ésta lado de la grieta: el Grupo Clarín, a través de Fibertel, controla nuestras vidas, o pretende hacerlo.

Razón de más para que el Estado se meta a regular allí, tratando de evitar abusos, monopolios, concentraciones o posiciones dominantes, y sus consecuencias en materia de precios y condiciones de acceso a los servicios. Gracias, Fede, muy valioso tu aporte.

¿Posiciones dominantes, dijimos?

En un gesto que la enaltece, Pato Bullrich, ex ministra de Seguridad de Macri y actual presidenta del PRO, nos dice que: 1) el Grupo Clarín tiene posición mayoritaria en el servicio de tv por cable e internet, 2) que además de eso (o sea, sin desprenderse de esa posición, en esos dos mercados) ahora opera con celulares a través de la fusión (sic) "con Personal": en rigor se está refiriendo a la fusión entre Cablevisión (la principal operadora de TV por cable del mercado) y Telecom, una de las licenciatarias del servicio básico teléfono, y dueña a su vez de Personal, prestadora de servicios de telefonía celular móvil.

Dice más Pato: que el dominio de Clarín es tan amplio, que para "meterse con ellos", el gobierno "encontró una ventana": alguien podría pensar que si se trata de encontrar negocios donde Clarín tiene intereses, cualquiera podría hacerlo, con los ojos cerrados y en la oscuridad.

Como sea, valorables gestos de apoyo al DNU presidencial, de dos opositores políticos al gobierno nacional. Porque no van a venir ahora con que, habiendo dicho lo que dijeron, se van a oponer al decreto, y van a apoyar a un grupo con posición mayoritaria en el mercado, que integra distintos rubros de negocios para fortalecerla, y desde allí controlar nuestras vidas.

¿Qué clase de liberales serían si admitiesen semejante injerencia en nuestras libertades, y semejante posición dominante en el mercado, en lugar de promover la competencia?

Posiblemente liberales argentinos, de los que siendo oposición al kirchnerismo en 2009 votaron en contra la ley de medios, que tendía a desconcentrar la propiedad de los medios audiovisuales, y obligaba a grupos como Clarín a desprenderse de licencias; como pasa en los países del mundo que ellos llamarían "serios", y suelen poner como ejemplos.

O que, siempre siendo oposición al kirchnerismo, votaron en el 2014 en contra la ley de "Argentina Digital", y luego, siendo gobierno, la mutilaron con el DNU 267/15; que también desguazó las cláusulas antimonopólicas de la ley de medios.

Esos raros liberales que rehabilitaron la licencia de internet de Fibertel (del Grupo Clarín) que el kirchnerismo había caducado, para que pudieran controlar nuestras vidas, en palabras de Pinedo.

O que autorizaron la fusión de Cablevisión y Telecom, para que el Grupo Clarín (en palabras de Pato Bullrich) afianzara su posición dominante en los mercados de la TV por cable, internet y la telefonía celular.

Como sea, bienvenidos ambos al "Frente de Todos". ¿O van a organizar una marcha en defensa de las posiciones dominantes en el mercado, y del derecho de Clarín a cobrar las tarifas que quiera por los servicios que prestan sus empresas?   

martes, 23 de abril de 2019

NO HAY HONOR ENTRE LADRONES


En esta entrada analizábamos ayer el DNU 274, por el cual Macri lanzó el "nuevo régimen de Lealtad Comercial", que se vende como el reaseguro institucional del "acuerdo de caballeros firmado por el gobierno con algunas empresas formadoras de precios para mantener los precios de algunos artículos de primera necesidad hasta las elecciones.

Un DNU que parece destinado desde el vamos al mismo fin que los "precios esenciales": el fracaso más ostensible, antes de arrancar.Ayer puntualizábamos algunas incoherencias de la norma, fruto de un gobierno que está dando palazos de ciego a las apuradas para salir del embrollo que él mismo ha creado con sus políticas; para peor, apelando a políticas y medidas en las que no cree, ni en el fondo está dispuesto a aplicar. Van ejemplos.   

El DNU menciona reiteradas veces la Ley 27.442, sancionada en mayo del año pasado a instancias de un proyecto presentado por Carrió y Mario Negri, para reemplazar a la Ley 25.156 que también en su hora era presentada como la panacea para terminar con las situaciones de monopolio, concentración económica o abuso de posición dominante, y creó la "Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia". Pero recién el 27 de marzo pasado por Resolución 84 la Secretaría de Comercio empezó el proceso de selección para cubrir los cargos en la misma; o sea que lleva un año (de plena aceleración de la inflación) siendo letra muerta.

El artículo 10 del DNU define diferentes situaciones, a saber: "Abuso de situación de dependencia económica: Explotar la situación de dependencia económica en que pueda encontrarse una empresa cliente o proveedora que no disponga de una alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad en el mercado. Esta situación se presumirá cuando un proveedor, además de los descuentos o condiciones habituales, deba conceder a su cliente, de forma regular, otras ventajas adicionales que no se conceden a compradores similares." (inciso d); "Obtención indebida de condiciones comerciales: Se considerará desleal la obtención, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, de precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones no recogidas en el acuerdo pactado o sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales." (inciso e), o "Venta por debajo del costo: La venta por debajo del costo de fabricación o por debajo del precio de adquisición, cuando forme parte de una estrategia encaminada a dificultar la entrada al mercado o eliminar a un competidor del mercado." (inciso f). (las negritas son nuestras)

Lo cual es muy curioso, porque justamente eso decían algunos de los artículos de la Ley 26.736, sancionada en 2011 para regular el funcionamiento de Papel Prensa. y que fueron quirúrgicamente derogados en enero de este año por la Ley 27.498, en base a un proyecto presentado por Marcos Lavagna y "Sanguchito" Bossio a pedido de Clarín y La Nación, y para el que Macri pidió tratamiento en extraordinarias. El mismo Macri que, a los pocos días de iniciado su gobierno, dictó el DNU 267 desguazando la ley de medios para eliminar de ella los artículos que le molestaban a Clarín para poder mantener su posición dominante en el mercado (declarados constitucionales por la Corte Suprema de Justicia; y que luego aprobara la fusión entre Cablevisión yTelecom.

El DNU incorpora entre los "actos de deslealtad comercial" los "Actos de imitación desleal:", definidos como "La imitación de bienes y servicios o iniciativas empresariales será considerada desleal cuando resulte idónea para generar confusión respecto de la procedencia de los bienes o servicios o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.". Este agregado (una de las únicas innovaciones respecto al régimen vigente de la Ley 22.802) pareciera hecho al solo efecto de defender a las grandes marcas de la competencias de "Las Saladitas", o para responder a las inquietudes del Departamento de Comercio de los EEUU para proteger a las empresas yanquis.

El gobierno que "relanzó" el programa Precios Cuidados tras haberlo desmantelado, desarmado el cuerpo de inspectores de la Secretaría de Comercio y haber eximido a las empresas de la obligación de informarle la evolución de sus costos al organismo para autorizar aumentos en los productos incluidos, no menciona para nada en el DNU a la Ley de Abastecimiento 20.680; aunque en este caso se comprende: cuando en el mismo año 2014 se la modificó por la Ley 26.991 para ampliar sus alcances y las facultades de la Secretaría de Comercio, quienes hoy forman "Cambiemos" y muchos otros (como el socialismo ahora lavagnista), votaron en contra.

Y lo hicieron porque creen (y siguen creyendo) en "la mano invisible del mercado", de allí que ahora no haya que creerles nada cuando nos dicen que van a intervenir para evitar abusos, o defendernos como consumidores de los abusos de las empresas. Como tampoco hay que creerles a los empresarios que parecen enojados con el gobierno, porque se va a meter a regular "cuestiones entre privados", como contaba esta nota de Infobae del jueves pasado, en la que se anticipaban detalles del DNU.

De hecho, si creyeran que la inflación se resuelve con leyes o dispositivos de control, sorprende (o no) que no apelan a los que contempla la Ley de Abastecimiento para sancionar a quienes "Elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos...", "Revaluaren existencias...", "Negaren o restringieren injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios, o redujeren sin causa la producción habitual o no la incrementaren...", "No tuvieren para su venta o discontinuaren, según el ramo comercial respectivo, la producción de mercaderías y prestación de servicios con niveles de precios máximos y mínimos, o márgenes de utilidad fijados...", según rezan los diferentes incisos de su artículo 4.

Demás está decir que el DNU (en apariencia, un "avance chavista" del macrismo) no se mete para nada en los márgenes de comercialización y ganancias, ni en las estructuras de costos de las empresas: el gobierno coincide con los empresarios en que esas son "cuestiones entre privados", que debe regular el mercado.

No se trata (como nos quiere vender el duranbarbismo) de que finalmente Macri traicionó a su clase y se enfrenta al "círculo rojo", sino de algo mucho más sencillo, y que la pasó a Pugliese en otro gobierno radical: les habló con el corazón (desregulando la economía para "liberar a las fuerzas productivas", como dijera Martínez de Hoz), y le contestaron con el bolsillo; desatando la inflación más alta de los últimos 28 años, ciertamente "ayudados" por las medidas del gobierno, como los tarifazos, o la dolarización y liberación de los precios de los combustibles. Porque no hay honor entre ladrones.

lunes, 22 de abril de 2019

ERA SUFICIENTE HACER CUMPLIR LA LEY


El estrepitoso fracaso economico del gobierno macrista y la proximidad de las elecciones, llevan a la actual gobierno a intentar mostrarse activo, ocupado, en neutralizar los catastróficos efectos sociales que producen sus propias políticas sobre la población.
Entre esos efectos,  la inflación récord generada por el peor equipo. Un equipo que fuera presentado como integrado por jugadores de las grandes ligas. Después de más de tres años de actividad y con los resultados a la vista, solo han demostrado insolvencia técnica, incapacidad de gestión y una ignorancia sin límites de aspectos económicos elementales tanto del mercado interno como de la economía internacional. El fracaso inocultable de éste gobierno, solo presenta una excepción:  los negocios personales del Presidente y sus socios, llevados a cabo utilizando al Estado para favorecer sus intereses y obtener enormes ganancias, único aspecto en que han mostrado ser eficientes.
Entre los elementales aspectos ignorados por el macrismo, y que ahora descubren, está la obviedad que la inflación no es un fenómeno solo monetario sino también de costos. Bastaría señalar como ejemplo, que con los siderales aumentos tarifarios (directamente vinculados al Presidente y sus socios titulares de empresas energéticas) implementados por el gobierno, resulta imposible que los mismos no se trasladen a precios. Y parece que además han descubierto que éste marco de altísima inflación,  también es causado por las empresas formadoras de precios.
Para el macrismo, descubrir que existen formadores de precios es como descubrirse a sí mismos. Y ante éstas revelaciones impensadas, cuarenta meses después de asumir el gobierno anuncian que pondrían manos a la obra. Los medios dejaron trascender la sanción inminente de un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), destinado a sancionar la competencia desleal, a controlar la publicidad y las promociones, junto a la identificación de los productos comercializados; que finalmente fue publicado con el número 274 en el Boletín Oficial (completo acá). 
Las conductas a sancionar contenidas a lo largo del decreto, ya se encontraban previstas en la Ley 22.802 (Lealtad Comercial) y en la Ley 27.442 (Defensa de la Competencia), reformada a instancias del macrismo hace menos de un año. Pero a lo fines de mostrarse activo, el gobierno genera un decreto donde se enuncian supuestos ya previstos legalmente y sancionados por las leyes antes citadas.
Para justificar la novedad, el decreto deroga la Ley 22.802 (deroga una ley a través de un DNU), y como existen conductas sancionadas por el decreto que ya están prohibidas por la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia, se aclara en el artículo 7 del Decreto (Concurrencia de figuras) que “Un acto podrá ser calificado como acto de competencia desleal y sancionado conforme a las disposiciones de este Título sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas por otras normas. En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, quedan exceptuados de lo previsto en el párrafo anterior los actos alcanzados por la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia, que no podrán ser juzgados ni sancionados en virtud del presente Decreto.”
La  técnica legislativa del macrismo consiste en el método copiar y pegar, lo que explica el contenido del artículo 7 del DNU. Lo que no se explica es como se aplicará una sanción a través del DNU  si esa conducta ya tiene sanción en otra norma (por ejemplo en la Ley 27.422): ¿aplicarán dos sanciones por el mismo hecho?, y esto sumado a otro aspecto también de dudosa constitucionalidad, como derogar una ley a través de un DNU.
Pero difícilmente pueda haber sanciones contra las empresas, porque no las hubo hasta ahora. Antes o después del DNU, era suficiente hacer cumplir la ley, cuestión que el gobierno macrista evitó deliberada y sistemáticamente durante toda su gestión, dejando a los usuarios y consumidores en total desamparo. Las tarifas son el ejemplo más claro, pero no el único.
Con Ley o con DNU difícilmente pueda haber sanciones, porque el macrismo destruyó el Estado, y en esa política dirigida y planificada para favorecer a los sectores más concentrados de la economía y perjudicar a la población, también desmanteló la Secretaría de Comercio Interior.
A partir de enero de 2016, en sucesivas etapas despidieron a más de 450 empleados, entre ellos profesionales y técnicos, personal que cumplía tareas en programas como  Precios Cuidados y Consumo Protegido, en Lealtad Comercial, en Defensa de la Competencia, y control de importaciones de Comercio Exterior.
En esa deliberada destrucción de derechos afectando a usuarios y consumidores, desde diciembre de 2015 incumplieron sistemáticamente con la Ley 26.993, disminuyendo a su mímima expresión el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC). En noviembre de 2015 se registraban en el COPREC  350 presentaciones diarias, pero desde la asunción del macrismo, el promedio de reclamos diarios aprobados bajó a 20, lo que se explica por la reducción de personal y  por la orden de endurecer  las exigencias para aceptar los reclamos. Las autoridades macristas también decidieron archivar 15 mil reclamos.
Tampoco el macrismo implementó la designación de los Auditores de Consumo  y jamás puso en funcionamiento los Juzgados en las Relaciones de Consumo, como lo establece la Ley 26.993 que sigue vigente aunque incumplida por el actual gobierno. En un punto se entiende: cuando la ley se discutió en el Congreso durante el gobierno de Cristina, la votaron en contra como muestra el acta pertinente:



El organismo encargado, la autoridad de aplicación del DNU, resulta la Secretaría de Comercio Interior. Como decíamos, un organismo que fue vaciado desde el diciembre de 2015, a través de un empresario formador de precios colocado entonces como titular, por lo que actualmente el organismo tiene escasa -por no decir nula-  capacidad operativa y de control.

martes, 16 de octubre de 2018

¿CÓMO DECÍS?


¿Vos querés decir entonces que dentro de “Cambiemos hay quiénes piensan que la inflación no es un fenómeno exclusivamente monetario, y que algo tienen que ver las empresas formadoras de precios?

¿Y que el gobierno dejó que el Congreso sancione una “ley anti monopolios” impulsada por Carrió y Negri para tenerlos contentos, pero nunca tuvo la intención real de aplicarla?

¿Cómo decís, que hay empresas que abusan de su posición dominante en el mercado para subir los precios, y que el único que había conseguido más o menos contenerlas fue el kirchnerismo, primero con Moreno y después con Augusto Costa en la Secretaría de Comercio?

¿Y que si se relajan los controles estatales, los empresarios hacen lo que se les da la gana y aumentan los precios a lo pavote?

¿O sea que ahora hay más inflación que antes, cuando estuvimos a punto de ser Venezuela, y los que hoy gobiernan -entre ellos Carrió- cuestionaban los controles de precios, y votaron en contra de la ley de abastecimiento?

¿Y la competencia en el marco de la libertad de mercado, y la ley de la oferta y la demanda, y Candela, la moto?

lunes, 2 de julio de 2018

EL GOBIERNO DE MACRI Y LA CONCENTRACIÓN EMPRESARIA


Se sancionó hace unos días la Ley 27.422, nueva ley de Defensa de la Competencia, que deroga la anterior Ley 25.156. Al igual que su antecedente, la nueva ley regula -en síntesis- las conductas empresarias que limitan o distorsionan la competencia o que constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado.

Esto puede parecer un tema lejano, pero la concentración empresaria nos afecta a todos como consumidores, porque tiene un efecto directo sobre nuestros bolsillos, ya que está estrechamente vinculada a la formación de precios de los bienes que todos consumimos.

Y en un país como el nuestro, donde existe una alto grado de concentración en muchos sectores, un gobierno macrista ausente de toda intervención ha generado consecuencias nefastas sobre el bolsillo de los consumidores.

El incremento que se puede constatar por ejemplo en los precios de los alimentos desde el año 2016 a la fecha, supera ampliamente el 77% de inflación general registrado oficialmente en 29 meses de gestión macrista. Si se compara el altísimo porcentaje de incremento en los bienes esenciales y la evolución de los salarios durante el período 2016 / 2018, ello posiblemente explique la afirmación macrista de estar disminuyendo la pobreza. La disminuyen a través del aumento de la indigencia.

Como señalamos desde hace tiempo, el riesgo de este tipo de maniobras empresarias de concertación y elevación de precios, existe permanentemente en nuestra economía por su grado de concentración,  donde por ejemplo pocas empresas se reparten el mercado galletitas, fideos y bebidas gaseosas, y más allá del sector alimentario (naturalmente el área que más afecta a los sectores populares), también la concentración se encuentra en otros sectores, como por ejemplo la chapa laminada (destinada a automotrices y empresas metalúrgicas) producida por Siderar (Grupo Techint), que no tiene competidores internos. 

O el conocido ejemplo de concentración de la TV por cable, con Cablevisión, que poseía el 80% del mercado en Capital Federal y el 60% del interior del país, y que hoy en una fusión con Telecom, fusión que acaba de aprobar el gobierno, se apropia del mercado de TV, telefonía e internet, con sectores del país donde el grupo Clarín se transforma prácticamente en un monopolio. Para peor, el actual presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (que aprobó la fusión) fue asesor de ambas empresas en la actividad privada, en asuntos de mercados regulados por el Estado y...defensa de la competencia: otro caso más de conflictos de intereses en el gobierno de los CEO'S, y van.

A causa de ésta reforma legislativa, recién ahora algunos medios descubren la concentración empresaria, un dato de la realidad que ni la protección mediática del gobierno macrista puede soslayar: “Asimismo, el informe arrojó que al estudiar la participación de los tres mayores fabricantes por categoría, se observó que en el rubro "pañales", estos se llevan el 97% de mercado; en "cerveza" el 97%; "detergentes" el 94%; "jugos en polvo" 93%; "gaseosas" el 91%; "café" un 87%; "pelo" 83%; "yogures" 82%; "lavandina" un 78% y "leche" 70%.  Desde la consultora afirmaron que en "alimentos", 18 empresas componen el 60% de la participación de mercado sobre un total de 260 empresas. Y añadieron que en cuanto a la facturación, el 7% de los fabricantes se llevan el 60% del total.”

Y entonces surge la inquietud si éste gobierno empresario podría orientar su gestión al control de ellos mismos, los empresarios formadores de precios. 

Si la normativa para controlar y sancionar las conductas de cartelización y abuso dominante ya existía (Ley 25.156), entonces la pregunta que aparece es cual -más allá del circo mediático- ha sido el móvil del gobierno macrista para propiciar ésta reforma legal. Y quizás, la respuesta esté en dos artículos de la nueva ley.

Al igual que en la ley anterior, los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia deben ser elegidos por concurso público.

Pero hay una diferencia con la anterior normativa: Ahora, si hay oposiciones a los candidatos del concurso, el poder ejecutivopuede nombrar a los miembros en comisión, es decir, Macri puede elegir a su gusto a los miembros del tribunal.

“Art. 20.- Previo concurso público de antecedentes y oposición, el Poder Ejecutivo nacional designará a los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia, los cuales deberán reunir los criterios de idoneidad técnica en la materia y demás requisitos exigidos bajo el artículo 19 de la presente ley.

El Poder Ejecutivo nacional podrá realizar designaciones en comisión durante el tiempo que insuma la sustanciación y resolución de las eventuales oposiciones que pudieren recibir los candidatos que hubieren participado del concurso público de antecedentes. “

Es más que probable que existan oposiciones a los candidatos, impugnaciones que podrán provenir de enviados del propio gobierno, o incluso de candidatos identificados con la oposición “responsable”, impugnaciones que habilitarán a Macri a designar (mientras tanto) a sus candidatos en comisión. Como acaba de hacer con Caputo al frente del Banco Central, sin ir más lejos.

Pero aún si las oposiciones pudieran resolverse antes de la finalización del gobierno de Macri, a quien le resta un año y medio de mandato, el gobierno se guarda otra carta: también puede nombrar en comisión a las personas que se le ocurra mientras dure el tratamiento del acuerdo de los designados en el concurso.

“Art. 23.- La designación de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia requerirá acuerdo del Honorable Senado de la Nación. El Poder Ejecutivo nacional podrá realizar nombramientos en comisión durante el tiempo que insuma el otorgamiento del acuerdo.”

No faltará un senador oficialista, o algún senador dador de gobernabilidad como por ejemplo el Sr. Pichetto, para ocuparse de objetar las designaciones de los candidatos ganadores del concurso, mientras transcurre el año y medio restante de gestión macrista, tiempo durante el cual éste presidente empresario podrá designar en defensa de la competencia a gente de su confianza.

Del mismo modo que antes designó en la Secretaría de Comercio Interior al Sr. Miguel Braun, un tanto vinculado a la cadena de Supermercados La Anónima, principal formadora de precios en todo el sur argentino.

sábado, 14 de abril de 2018

EN BOLAS Y A LOS GRITOS


Resulta que en campaña nos decían que la inflación no iba a ser un problema durante su gobierno, porque era la cosa más sencilla de resolver; ya que la inflación era la demostración de la incapacidad para gobernar, cosa que -por supuesto- no iba a suceder "con el mejor equipo de los últimos 50 años".

Desde el punto de vista teórico y puestos a explicar el fenómeno inflacionario, la respuesta era aun más categórica todavía: la inflación -nos contaban- es un fenómeno puramente monetario, consecuencia de la emisión descontrolada que hace el Estado para cubrir su déficit fiscal; y por eso se lo controla fácilmente regulando a la alza las tasas de interés.

Para eso se requiere -nos dijeron- un Estado austero, que gaste poco y un Banco Central autónomo, independiente de las presiones del poder político y que fije por sí mismo sus propias "metas de inflación", a las que se deberá alinear el resto de las variables económicas.

La inflación -concluían la explicación- no tiene nada que ver con la puja distributiva, ni con la existencia de situaciones de nula, escasa o imperfecta competencia en los mercados: no hay (no habría) cosa tal como "los formadores de precios", los "precios de transferencia", o las cadenas de valor que van incrementando injustificadamente rentabilidades, aprovechando su posición dominante.

28 meses después, y luego de habernos propinado en el 2016 la inflación anual más alta en los 25 años previos, sostienen las mismas tasas inflacionarias de los últimos dos años del kirchnerismo (si hemos de creerle a las cifras del INDEC), pero con una diferencia: entonces la tendencia era descendente, y ahora para arriba.

De la autonomía del Banco Central ya nadie habla (Willy Kohan nos invita amablemente a despedirla en las redes sociales), y Sturzenegger sigue siendo un robot, pero ahora programado desde la Jefatura de Gabinete, para hacer todo al revés de como lo venía haciendo hasta diciembre del año pasado: hasta allí subía las tasas "porque la inflación núcleo viene bajando pero no hay aun señales firmesw del proceso de desinflación para ser más laxos con la política monetaria", y coso.

Ahora que la ´"inflación núcleo" sube más incluso que la que es determinada por los precios "regulados" (fijados por el Estado, como las tarifas de los servicios públicos), mantiene las tasas, porque desde la Casa rosada no le permiten subirlas: como Frondizi se tuvo que tragar su libro "Petróleo y política" al asumir el gobierno y hacer exactamente lo contrario en su política petrolera, Sturzenegger se estaría colando ya saben por donde las obras de Milton Friedmann y todos los teóricos del neoliberalismo monetarista.

Espert nos dice que a las metas de inflación ya no hay que tenerlas más en cuenta porque no son relevantes, pero lo que no dice es que sí lo fueron, para alinear a la baja las paritarias; porque el salario es -junto con el tipo de cambio, planchado para resucitar la "bicicleta" financiera- el único ancla que el gobierno utiliza contra la inflación, con los resultados conocidos.


Mientras tanto el gobierno la alimenta con los aumentos de tarifas y la liberación de los precios del mercado de combustibles, dolarizados y atados a la evolución del precio internacional del petróleo; justo ahora que con el despelote de Siria todo indicaría que se irá a las nubes.

Pero eso sí: al igual que el kirchnerismo después de la devaluación de 2014, apelan al ancla cambiaria, pero con dos diferencias, no menores: entonces las tarifas estaban subsidiadas, y las paritarias eran libres, sin "cepos" ni "metas de inflación".

Visto desde acá la impresión es que: 1) Los muchachos están perdidos, y no saben para donde agarrar, 2) Saben perfectamente para donde no agarrar, que es sostener el salario de los trabajadores, aun en desmedro de la rentabilidad del capital, o 3) Un mix de todo, como diría el amigo Rinconet.