INCOHERENCIAS

 

La distribución social de las cargas y el modo en que los diferentes sectores contribuirán a pagar los costos del endeudamiento macrista fueron elementos de unidad conceptual en el discurso del "Frente de Todos" durante la campaña electoral de las presidenciales del 2019, pero vienen siendo motivo de disputa interna en la coalición oficialista desde que Alberto Fernández asumió el gobierno.

Varias veces hemos dicho acá, por ejemplo, que Cristina viene preguntando quienes van a pagar las deudas de Macri desde 2016 -cuando su gobierno cerró el acuerdo con los fondos buitres- o desde 2018, cuando acudió al FMI. Hasta acá y salvo generalidades, no hubo demasiados avances al respecto; e incluso el gobierno dejó pasar la oportunidad de la ley de emergencia votada en sus inicios, cuando no había pandemia ni se la presagiaba, y cuando su capital político estaba intacto, para impulsar reformas en ese sentido.

Desde un marco general de búsqueda de la equidad y la justicia distributiva, sucede lo mismo con la "guerra contra la inflación": ya va casi un año y medio de la temprana advertencia de Cristina, y el crecimiento se lo están llevando cuatro vivos, como ella predijo; sin que el gobierno reaccione. 

Lo que debió ser motivo de disputa con el macrismo (como equilibrar las cargas para hacerlas más parejas), terminó siendo discusión interna del FDT, frente a las indecisiones de Alberto: baste recordar que tomó distancia del "impuesto a las grandes fortunas" impulsado por el kirchnerismo, para luego acompañarlo tibiamente -como pidiendo disculpas- y sub-ejecutar el producido de su recaudación, para mejorar los resultados fiscales.

Y por estos días como -en ese mismo contexto de disputa interna- se cruzaron dos iniciativas, de sentido convergente pero de distinto origen político: el proyecto impulsado por Cristina y parte del bloque de senadores para gravar los activos de argentinos en el exterior que pudieran ser resultado de la evasión impositiva y la fuga de capitales, y el anunciado -pero aun no oficializado- por el presidente y el ministro de Economía para gravar las "rentabilidades inesperadas" producidas por la crisis en Ucrania.

Mientras uno tiene estado parlamentario y el otro no (lo cual es toda una diferencia), hay gestos del gobierno que confunden, si no resultan incoherentes. Como por ejemplo el Decreto 201 publicado ayer en el Boletín Oficial (completo acá), por el cual se prorroga el plazo para que los que tienen bienes y activos en el exterior puedan ingresarlos (a ellos o al producido de su venta), y así evitar pagar la alícuota adicional del impuesto sobre los Bienes Personales.

Según rezan los fundamentos del decreto, la medida se adopta "...a los fines de conceder a los y las contribuyentes del gravamen un período de tiempo suficiente para el análisis y adopción de la decisión que estimen conveniente y, asimismo, facilitar a los y las profesionales intervinientes un plazo adicional para el desarrollo de las tareas vinculadas a la repatriación...". 

Con esa línea argumental, no habría que extrañarse que el plazo de repatriación -que se había fijado por otro decreto de diciembre del año pasado, y venció el 31 de marzo- se volviera a prorrogar, una y otra vez, esperando que los que tendrían que pagar más impuestos, decidan que les conviene hacer; como si la pura conveniencia personal pudiera fundar alguna política de Estado, en especial aquellas tendientes a reparar las injusticias sociales. Tuit relacionado: 

Estamos hablando de gravar los activos no declarados en el exterior y las "rentas inesperadas", y prorrogamos el plazo para repatriar activos al país sin pagar la alícuota adicional de Bienes Personales. Es una incoherencia total: https://t.co/I15BVdiJ5Q

— La Corriente K (@lacorrientek) April 21, 2022

SÍ, SE PUEDE

 

Y ustedes tienen una obsesión con defender garcas. Eso sin contar que no hay poronga que les venga bien, y son bastante boludos porque la sesión la pidieron ustedes y perdieron la votación. https://t.co/gwhiVOW6AE

— La Corriente K (@lacorrientek) December 22, 2021

¿Se podía haber intentado una reforma impositiva progresiva más amplia al comienzo del mandato de Alberto, con su crédito político intacto y en el marco de la ley de emergencia? Se podía, pero no se hizo.

¿Se podía haber convertido al "impuesto a las grandes fortunas" en un tributo permanente, aumentando  las alícuotas que tuvo el aprobado "por única vez", antes de que se renovaran las bancas en el Congreso y perdiéramos bancas? Se podía, pero no se hizo.

¿Podía la izquierda haber acompañado en su momento la sanción de ese impuesto, en lugar de abstenerse con el argumento -ridículo en el contexto- de que era insuficiente? Podía, pero no lo hizo.

Se podían haber hecho esas y otras cosas, pero también hace una semana sufrimos una derrota en el Congreso, cuando la oposición -toda, desde Espert y Milei hasta el FIT- se unió para rechazar el presupuesto remitido por el Ejecutivo, algo inédito desde 1983.

En ese contexto, no deja de ser positivo que el oficialismo haya conseguido aprobar en Diputados cambios en el impuesto a los Bienes Personales, de sentido progresivo.

Aliviando la carga fiscal sobre ciertos segmentos de la población (al pasar de 2 a 6 millones el mínimo imponible muchos dejarán de pagar el impuesto), aumentando las alícuotas en el caso de los patrimonios superiores a los 100 millones de pesos (unos 16.000 contribuyentes, en todo el país), y sosteniendo la alícuota adicional para los bienes declarados radicados en el exterior.

Los cambios se lograron con la previsible oposición de "Juntos por el Cambio" (que había convocado a la sesión "para rechazar aumentos de impuestos", y sufrió una sonora derrota), y con la grata novedad del apoyo de los diputados de la izquierda, que -sin decirlo, porque no sea cuestión de perder el estilo- hicieron "autocrítica en acto" de sus desbarrancos parlamentarios anteriores, ya señalados. 

Para el oficialismo, un ejemplo a seguir de acá en más, en muchos sentidos. Para la construcción política, para la búsqueda de posibles acuerdos, para la agenda a poner en el tapete, para el sentido de las medidas, para el reparto de las cargas.

¿Qué es poco, o puede llegar tarde? Poco es mejor que nada, y tarde es mejor que nunca. Tuits relacionados: 

El voto favorable de los troscos a los cambios en Bienes Personales es su particular forma de decir que la cagaron rechazando el impuesto a las grandes fortunas (se abstuvieron) y el presupuesto, sin decir que la cagaron.

— La Corriente K (@lacorrientek) December 21, 2021

¿Ven troscos, que podían y no era tan difícil?: https://t.co/6fYm8O3l4K

— La Corriente K (@lacorrientek) December 21, 2021

Nace "Juntos por el Cucurucho en la Frente"

— La Corriente K (@lacorrientek) December 21, 2021

QUE SE REPITA

Y finalmente llegó. Es oficial el proyecto de ley para gravar por única vez las grandes fortunas. pic.twitter.com/7IwYKejI3x

— Noe Barral Grigera (@nbg__) August 28, 2020

Se hizo esperar pero finalmente llegó: como dice Noelia Barral Grigera, aterrizó en la Cámara de Diputados de la Nación el "impuesto a las grandes fortunas", el nombre con el que se popularizó lo que oficialmente se denomina "Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia".

En ésta nota de La Política Online pueden acceder al texto de la iniciativa, diseñada por Carlos Heller y que cuenta con las firmas de Máximo Kirchner, Hugo Yasky, Fernanda Vallejos, Itaí Hagman, Leonardo Grosso, Gabriela Cerrutti y otros diputados nacionales del "Frente de Todos".

Tal como se señala en los fundamentos del proyecto, alcanzará a más de 12 mil personas con patrimonios superiores a 200 millones de pesos y permitiría recaudar 300 mil millones; y la mitad de las personas alcanzadas por el gravamen tienen un patrimonio de entre 200 a 400 millones de pesos, siendo las alícuotas a pagar más alta, conforme más grande sea el patrimonio. 

El proyecto prevé que la contribución se duplique en todos los casos si los bienes que integran el patrimonio están en el exterior, salvo que sean repatriados en un plazo de 60 días desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial; y si esos activos repatriados son iguales o superiores al 30% de las tenencias financieras del titular en el exterior: un modo de evitar que escapen a la duplicación de la alícuota, con solo traer una pequeña parte de los bienes radicados en el exterior.

Seguidamente el proyecto establece como se distribuirán los ingresos provenientes del impuesto: un 20% será destinado a la compra o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria, un 20% irá a subsidios a las Pymes, el mismo porcentaje a un programa integral de becas Progresar, un 15% será para los habitantes de los barrios populares identificados en el registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), con el plan de mejorar la salud y las condiciones habitacionales de sus habitantes; y el 25% restante para programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural de YPF S.A. 

Pese a que originariamente el impuesto se planteó para financiar los gastos derivados de la pandemia, estos terminaron siendo mucho más que lo que piensa recaudar: los propios autores calculan que en agosto habrá una inversión de $870.000 millones entre equipamiento de salud, los hospitales modulares, el IFE, el ATP, los bonos a las personas jubiladas, la asistencia financiera a las provincias, la asistencia financiera a PAMI y el refuerzo de los planes alimentarios; y el "aporte extraordinari"o, en comparación, representa solamente el 34% de ese monto.

Aun así, la medida es de estricta justicia, y se hizo esperar demasiado. Habrá que ver a que argumentos apela la oposición para negarse a apoyarla, aunque han demostrado que siempre pueden sorprender. Y por lo pronto, los directos afectados -una ínfima pero poderosa minoría social- ya están movilizando sus cañones mediáticos en contra de la iniciativa, como hicieron ayer todo el día con la "fake news" sobre el aumento de la alícuota de Ganancias a los asalariados.

Dado la estricta justicia de la medida, por sus alcances, por sus destinatarios (es decir, los que se beneficiarán de los ingresos provenientes del gravamen), sus afectados (los más ricos del país, escandalosamente ricos en algunos casos), la pregunta es por que solo contextualizarla en la pandemia, llamarla "extraordinaria", hacerla por única vez y llamarla "solidaria", cuando está claro que si algo no tiene cierta gente, es solidaridad. Por eso precisamente hay que cobrarles impuestos, y por eso precisamente estos se llaman así.

Como sea y como dicen, lo mejor es enemigo de lo bueno, y ahora es de esperar que nos den los números en el Congreso, para transformar el proyecto en una realidad tangible y concreta, y un paso más hacia una sociedad más justa y equitativa. O que se cumpla en éste caso la tradición nacional sobre los impuestos "por única vez". Tuit relacionado:

Por qué extraordinario y por única vez el justísimo impuesto a las grandes fortunas? Es para un amigo que pregunta

— La Corriente K (@lacorrientek) August 28, 2020

TENER RAZÓN NO ALCANZA

Que Graciana Peñafort tiene una contundencia argumental demoledora para desenmascarar las truchadas del sistema judicial argentino no caben dudas. Y que la "acción declarativa" de certeza intentada por Cristina con su patrocinio ante la Corte para despejar dudas sobre la constitucionalidad de una sesión online o en remoto del Senado tiende a sacarles la careta a los cortesanos, tampoco.

Tampoco caben dudas que Casal, el procurador interino, es un turro e iba a dictaminar como dictaminó: diciendo que la Corte no debe pronunciarse. También es sabido que la oposición especula con sembrar dudas sobre la validez de cualquier sesión del Congreso, y no solo del Senado: los proyectos a tratar (impuesto a la riqueza, eliminación del ajuste por inflación en los balances de las empresas) ingresaron por Diputados porque se trata de impuestos, y Massa también planea que la Cámara sesiones en modo remoto.

Que la oposición procede así porque buscará cualquier excusa para no votar leyes que afectan intereses, es una verdad de perogrullo: chocolate por la noticia, dígannos algo que no sepamos.

Pero la cuestión es que, en política, no siempre y no solo se trata de tener razón, sino de conseguir lo que uno se propone. En éste caso, que las leyes salgan, no sean obstaculizadas por jueces al servicio del poder económico, y se puedan aplicar: que no les pase como a la ley de medios, por citar un ejemplo conocido.

Si la Corte puede maniobrar como maniobra -para ser más precisos, Rosenkrantz- es porque el gobierno no hizo el más mínimo amago de avanzar sobre ellos siquiera con un pedido de juicio político, cuando motivos sobran. Empezando (en el caso de su actual presidente) por haber aceptado asumir el cargo designado por decreto del Poder Ejecutivo, sin acuerdo del Senado; y siguiendo por los numerosos casos de conflictos de intereses que lo involucran.

Y si el procurador interino Casal -puesto a dedo por Macri- pudo dictaminar es porque estaba en funciones, y si estaba en funciones es porque no se lo rajó oportunamente; así como tampoco se designó a alguien intachable en su reemplazo (como Rafecas por ejemplo) por decreto del presidente en comisión, cuando el Congreso aun estaba en receso al asumir el nuevo gobierno.

En ese caso sí se podía aplicar el artículo 99 inciso 19) de la Constitución: "El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura.". 

Si no se hizo entonces y se respetó el dedo de Macri, no vale quejarse ahora: de aquellos polvos, estos lodos. Del mismo modo que se demoró tanto la anunciada reforma judicial, que se la terminó llevando puesta la pandemia.

Como también nos encontramos en éste trance, en que los proyectos que son cruciales en la coyuntura (sobre todo el impuesto a la riqueza) están en riesgo porque sobrevino la pandemia, porque no los tratamos y aprobamos antes.

Y si bien en diciembre del año pasado, cuando asumió el gobierno y se envió al Congreso el proyecto de ley de emergencia, nadie podía imaginar que aparecería el coronavirus, si se podía imaginar que las 12.000 personas más ricas del país debían contribuir en la medida de su riqueza y pagando impuestos, a solventar a un Estado quebrado: necesidad había, y justicia le sobraba al planteo.

Y era muy sencillo saberlo, porque la fuerza política hoy gobernante lo hizo saber por medio de su candidato a presidente, cuando decía -por ejemplo- que entre los jubilados y los bancos, se quedaba con los jubilados. Y por la candidata a vice, que se preguntaba -y aun hoy lo sigue haciendo- quien iba a pagar la crisis que nos legó el macrismo.

Que teníamos razón en todo entonces, y la tenemos ahora, es harto sabido. Como es sabido que con tener razón no alcanza; en política no cuentan los triunfos morales. 

¡ES LA POLÍTICA, ESTÚPIDO!

Cristina los enloquece, porque los enloquece la política cuando funciona como tal, y no como simple amanuense de los intereses corporativos. Y lo disfrazan como disfrazan la defensa del bolsillo de los ricos, aunque se termina notando igual: https://t.co/wJejafyrY7

— La Corriente K (@lacorrientek) April 15, 2020

La entente grupos económicos-medios hegemónicos que los expresan (en tanto son a su vez parte de ellos)-oposición política con roles institucionales parece ser indisoluble en la Argentina post 2001: por más esfuerzos que haga el presidente Alberto Fernández por tender puentes de diálogo tratando de "cerrar la grieta", ese eje sigue funcionando de consuno con una misma lógica y respondiendo a una misma dinámica, que es la de la defensa y preservación de los intereses de los grupos económicos, que son los que comandan la coalición así formada.

En ese sentido la respuesta que obtiene AF es la misma que en su momento obtuvo Cristina cuando, durante sus gobiernos y cada vez que tomaba una medida que podía ir en contra de los intereses de esos grupos (por ejemplo la ley de medios, o las retenciones móviles) llamaba a la oposición política a cerrar filas con el oficialismo, para ampliar los márgenes de autonomía de la política, y mejorar nuestra construcción democrática; consolidando cambios institucionales más perdurables, que beneficiaran al conjunto del sistema.

El peronismo en su versión kirchnerista (sea como componente ordenador, central o parte de una coalición más amplia como el "Frente de Todos") sigue siendo así la "anomalía argentina" como alguien lo definiera, en tanto única fuerza política con posibilidades reales de acceder al poder y ejercerlo, que intenta al menos desplegar una lógica de gobernabilidad distinta, que no haga seguimiento de la hoja de ruta de los intereses corporativos. Obvio resulta que eso no es gratis, y de allí vienen las tensiones actuales, en medio de la crisis provocada por la pandemia.

En ese contexto adquiere significación la obsesión opositora (de medios, empresarios y parte de la política) con Cristina, que lleva a que los que por años pidieron que se calle y pase a cuarteles de invierno, ahora le reclamaban que aparezca y hable. Y cuando apareció y habló, la "hablan", infieren lo que en realidad quiso decir, traducen los "mensajes" que mandó y a quienes, como hace acá Aulicino en Infobraden.  

Como decimos en el tuit de apertura, Cristina los enloquece porque los enloquece la política, cuando se decide a saltar el "corralito" al que la quieren confinar, y responde a su más pura esencia: el intento de representación si no de todos (lo que es imposible, acá y en cualquier lado), de las mayorías y sus intereses, como ocurre con el "impuesto a la riqueza". Porque eso es, acá y ahora, lo que activó las alarmas: existe la posibilidad concreta de que los que la levantan con pala, tengan que poner una parte de la suya, para ayudar a resolver la crisis, y en esto Aulicino lee bien: si se mete Cristina en la movida, la cosa viene en serio y no es una simple "advertencia".

Y si Cristina tiene que preguntarle a la Corte (a través de una acción declarativa de certeza) si es válida una sesión del Senado a distancia por el distanciamiento que impone la pandemia, es porque la medida (de elemental justicia y de toda lógica en el actual contexto) no se tomó antes, por ejemplo cuando el Congreso discutió la ley de emergencia en el inicio del mandato de Alberto. 

Porque el proyecto de gravar a las fortunas más importantes del país responde a la recurrente pregunta que formulaba Cristina en campaña: ¿quién va a pagar la crisis?. Se refería entonces, claro, a la pandemia macrista, puesto que el coronavirus no existía aun como problema. 

Del mismo modo que apuntamos la demora, no se entiende por qué se enfatiza que el impuesto sería "por única vez" (habrá que ver el texto), y se apela a la "solidaridad" de los que más tienen porque si algo no tienen esos sectores, es justamente solidaridad. De cualquier modo, mejor tarde que nunca y como lo mejor es enemigo de lo bueno, bienvenido sea el impuesto, que dicho sea de paso tiene la anuencia del presidente: si alguno quiere ver en ésto una "apretada" de Cristina a Alberto, allá él: lo que cuentan son -como diría Ubaldini- "las efectividades conducentes", o sea, que la discusión aterrice en el Congreso, y que el oficialismo cuente con los números necesarios para aprobarlo.

Lo que haga la comparsa opositora (que previsiblemente se opondrá, con argumentos para la ocasión) es un problema de ellos; incluyendo en "ellos" a la izquierda, que seguramente se abstendrá (votar en contra sería ridículo) con el argumento de que ellos hubieran dispuesto la expropiación de la oligarquía sin compensación, o algo por el estilo. Como dijimos: por suerte queda el peronismo en su versión con empuje kirchnerista, para hacer política; mientras los demás juegan a otra cosa.   

Por ejemplo con el mismo nivel de "gataflorismo" con el que pedían que Cristina se calle primero, hable después, y se vuelva a callar ahora, venían pidiendo que el Congreso sesione, pero ahora no quieren, porque lo haría para aprobar el impuesto. Al respecto no cabe sino remitirse a lo dicho acá: "Y ya están advirtiendo ahora que "no hay que estigmatizar a los empresarios que blanquearon", para anticipar que se van a oponer a cualquier proyecto para gravar con impuestos las mayores fortunas del país, único caso que a nuestro entender hoy, en medio de la cuarentena, justifica abrir el Congreso para sesionar.".

Parafraseando a alguien diremos. "¡Es la política, estúpido!". Tuit relacionado:

A confesión de parte, relevo de pruebas: https://t.co/1TohwKgImj

— La Corriente K (@lacorrientek) April 16, 2020

PUEDE FALLAR

Tal como marca la imagen de apertura, el gobierno modificó el decreto que reglamentaba la parte de la ley de emergencia que estableció una alícuota adicional del impuesto a los Bienes personales, para los que tienen activos en el exterior y los declararon durante el blanqueo macrista.

Según el Decreto 116 (completo acá en el Boletín Oficial) los que decidan traer esa plata al país ya no estarán obligados a depositarla en algún banco, sino que podrán invertir los fondos en otras opciones, como por ejemplo vender los dólares (si son divisas los activos declarados en el mercado único de cambios), a través de la entidad financiera que recibió la transferencia original desde el exterior, adquirir certificados de participación y/o títulos de deuda de fideicomisos de inversión productiva que constituya el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) bajo el contralor del Ministerio de Desarrollo Productivo (siempre que la inversión se mantenga bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31 de diciembre, inclusive, del año calendario en que se produjo la repatriación) o la suscripción o adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión existentes o a crearse.

La solución es similar a la que ensayó en su momento el gobierno de Cristina en el blanqueo del 2009, claro que entonces y a diferencia del generosísimo blanqueo macrista, todos los que declaraban activos, si eran divisas, debían ingresarlos al país.

Ya entonces sucedió -y el riesgo es que vuelva a ocurrir- que para evitar el pago de la mayor alícuota del impuesto a los Bienes Personales, se triangularan inversiones, se inventaran fideicomisos truchos, o se transfirieran fondos del titular de los activos blanqueados, pero de otro origen y no provenientes del blanqueo.

Acaso por eso el mismo Decreto 116 contempla en otro de sus artículos (que modifica la reglamentación original de la ley de emergencia) que la AFIP establecezca la forma, el plazo y las condiciones para el ingreso y/o devolución del impuesto cuando los fondos se apliquen a las inversiones mencionadas, como así también para verificar la acreditación del ingreso al país y del mantenimiento hasta el 31 de diciembre de los fondos provenientes del exterior, su afectación a los destinos permitidos en el mismo artículo.

El organismo a cargo de Mercedes Marcó del Pont puede, además, disponer el decaimiento de los beneficios (o sea, volver a calcular el impuesto a los Bienes Personales con la alícuota máxima establecida en la ley), cuando detecte el incumplimiento de las condiciones establecidas en el decreto.

Es decir, en conclusión: se abre una puerta para tentar a los blanqueadores a invertir en el país, y poder gozar de un beneficio impositivo; y se establecen resguardos para evitar que, aprovechando ese resquicio, acomoden los papeles para pagar menos impuestos; resguardos que, por ejemplo, no existieron en el blanqueo macrista.

Sin embargo, conociendo la gente de que se trata y como se manejan, la apuesta puede fallar. Habrá que ver como viene la mano. 

QUE PAQUETES

El paquete que envió el gobierno de Alberto Fernández al Congreso tiene que empezar por declarar la emergencia económica, cambiaria, sanitaria, impositiva, económica y administrativa en parte porque el macrismo deja un país hecho mierda y hay que reconstruirlo desde los cimientos, y en parte poe el engendro del artículo 76 de la Constitución Nacionalm, introducido por Alfonsín en el Pacto de Olivos y la reforma constitucional de 1994: ver más información al respecto acá.

El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a aumentar las retenciones as la soja y sus derivados hasta un 33 %, fijando alícuotas mucho más bajas para los otros cultivos alternativos como el trigo, el maíz o el girasol (hasta un 12 %), y menores aun para las exportaciones de carne (9 %), Incluso no hace más que ratificar los decretos que Macri dictó en la materia, cuando las volvió a aumentar tras haberlas bajado.

El meneado "impuesto al turismo", el recargo por compras con tarjeta en el exterior y a la compra de dólares para ahorro afectan a un porcentaje reducidísimo de la sociedad argentina; mientras tanto los jubilados (6,8 millones) y los beneficiarios de la AUH (3,8 millones, niños) recibirán un bono extra a fin de año.

Se suspende por 180 días la ley de movilidad de los haberes jubilatorios aprobada en el gobierno de Macri (con la cual los jubilados perdieron más del 20 % de su salario real, medido en términos de poder adquisitivo), pero se establece que el Poder Ejecutivo aumentará en forma trismestral los haberes (como ahora), y al término de ese plazo tiene que proponer otra fórmula de movilidad, fiscalmente sustentable. La idea es que los aumentos trimestrales por decreto favorezcan a los titulares de una jubilación mínima, que son más del 80 % del total de los beneficiarios.

La ley facultaría al Poder Ejecutivo a disponer por decreto aumentos a los trabajadores registrados, que sus empleadores deberán pagar a cambio de una rebaja en los aportes patronales, que por otro lado suben en el mismo proyecto. En ningún momento habla de suspender las paritarias, y los aumentos por decreto (como pasa con las jubilaciones) pueden favorecer a los sectores laborales de salarios más bajos.

Se aumentan las alícuotas de Bienes Personales, en especial para los bienes radicados en el exterior y declarados en el blanqueo; el 70 de lo recaudado por este rubro (al igual que por los cambios en retenciones) se destina a financiar el sistema de seguridad social, es decir jubilaciones, pensiones y la AUH.

Se suspende el mecanismo de ajuste por inflación de los balances de las empresas a los fines de la liquidación de Ganancias, lo que suponía en términos reales una licuación del costo fiscal para ellas. Se faculta al Poder Ejecutivo a subir el mínimo no imponible del impuesto para la cuarta categoría (salarios más altos).

Se congelan por 180 días las tarifas de los servicios públicos (lo que supone una rebaja en términos reales, medida contra la inflación, se faculta al PE a renegociar los contratos (para desdolarizar las tarifas), e intervenir los entes reguladores; que han sido hasta acá cotos de caza de las privatizadas.

La nación y las provincias acordaron suspender los pactos fiscales de 2017 y 2018, con lo cual las provincias recuperan recursos y autonomía fiscal, a cambio de desistir de sus reclamos contra la Nación por la devolución de IVA a productos de la canasta básica que dispuso Macri en el final de su gobierno.

Además del bono de fin de años, se dispone que los beneficiarios de la AUH, de otros planes sociales y los jubilados que cobran la mínima vuelvan a recibir la devolución del IVA por las compras con tarjeta de débito. Se declara la emergencia sanitaria (entre otras cosas) para eliminar la tasa estadística para la importación de vacunas, y así poder garantizar el plan nacional de vacunación incumplido sistemáticamente pro el macrismo.

Se permite al Poder Ejecutivo aumentar los impuestos internos a las embarcaciones y autos de alta gama, se lanza una moratoria impositiva con suspensión de juicios y embargos de la AFIP y generosos  planes de pago en cuotas; mientras se vuelve a apelar (como en el 2005, cuando se canceló la deuda con el FMI) a las reservas del Banco Central para afrontar los vencimientos de la deuda de acá a marzo. 

Como se aumenta al 70 % el total de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES que pueden estar integrados por títulos públicos, queda claro que el gobierno busca lograr el equilibrio fiscal sin emitir, ni endeudarse, ni ajustar el gasto (lo que solo agudizaría la recesión), sino apuntando a aumentar los ingresos; captando rentas disponibles de los sectores con mayor capacidad contributiva, y cambiando endeudamiento en el exterior, con acreedores privados y en dólares, por deuda intra Estado, nominada en pesos y pagadera en el país.

Así las cosas, cabe preguntarse que intereses están realmente defendiendo los diputados de la ex "Cambiemos/Juntos por el Cambio" (¿cómo se llamarán a esta hora?) al negarse a dar quórum  para tratar la emergencia, y anunciar que si el gobierno lo logra sin ellos, votarán en contra. Como en el período 2003-2015, y al igual que entonces, después de un desastroso gobierno suyo, que dejó el país incendiado.

Por supuesto que la respuesta es cantada: nuestros opositores paquetes se van a oponer a cualquier cosa que haga el presidente paquete, desde el primer momento. Tuit relacionado:    

Que lindo mi intento de separar a la oposición racional del Frente Guaidó Argentino. Lástima que se rompió en la primera sesión del Congreso,

— La Corriente K (@lacorrientek) December 18, 2019

HAY EQUIPOS, HAY IDEAS

De la visita de Alberto Fernández a la sede del PJ nacional esta semana para el acto de homenaje a Perón en el aniversario de su nacimiento, hubo un detalle significativo al que los medios le prestaron poca atención: en la oportunidad Ginés González García (como coordinador de los equipos técnicos de la unidad en el "Frente de Todos") le hizo entrega de un documento de 118 páginas con propuestas de gobierno, cuyo texto completo pueden leer acá en El Destape. 

El documento recoge el trabajo y los aportes de compañeros y compañeras de todo el país que generaron propuestas no solo para la campaña electoral, sino sobre todo para la futura acción de gobierno, en todos los planos: educación, salud, desarrollo social, política industrial, tributaria, agropecuaria, de desarrollo científico y tecnológico.

Nosotros nos permitimos destacar dos capítulos, y extractar -por su relevancia- las propuestas desarrolladas en particular para la política energética, y los cambios impositivos que se proponen. En cuanto a lo primero, señala el documento:

"El precio que pagarán los consumidores será fijado nacionalmente, en función de los costos reales de producción y de las necesidades de sus ciudadanos y su desarrollo productivo. No hay motivo por el que los consumidores deban pagar el mismo valor que se paga en países que no cuentan con recursos. Por ello, los eventuales aumentos del dólar no pueden ser trasladados automáticamente al consumidor,..." (pesificación de las tarifas)  

"Revisar los marcos regulatorios e intervenir el ENRE y el ENARGAS. Se desplazarán las conducciones actuales, que representan exclusivamente los intereses de las empresas operadoras... ". La tarifa social de luz y de gas será mantenida y ampliada: "La tarifa social que nos deja el macrismo es insignificante. Va a haber tarifas diferenciales, más aun por el empobrecimiento energético de la mayoría de la población, de las pymes y economías regionales,..." 

"La posición sobre Vaca Muerta es clara: exportaremos, pero priorizando el abastecimiento interno y, fundamentalmente, trabajando desde el primer día en la búsqueda de actores interesados en industrializar nuestra producción, incluso con fines exportadores...", y el desarrollo de una cadena de proveedores nacionales de insumos vinculados a la actividad. 

Finalmente propone el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino, discontinuado por el macrismo, con el desarrollo de los reactores Carem y la construcción de la central de tecnología Candu contempladfa en los acuerdos con China que también Macri dejó de lado por presiones de los Estados Unidos. 

En materia impositiva, además de la reestructuración de las retenciones a las exportaciones agrícolas "segmentadas por tipo de producción" para no perjudicar a las economías regionales ni a los pequeños productores (con una suba de las retenciones para los productores de grandes superficies), se propicia un "...Impuesto extraordinario sobre la rentabilidad registrada por parte del sector financiero, en base al Informe sobre Bancos que publica el BCRA..."; que sería "...retroactivo a los dos años previos a la sanción de la normativa: "El tributo debe cubrir solamente la diferencia entre la rentabilidad promedio, registrada en el período 2015-2017, y la rentabilidad extraordinaria registrada en 2018 y 2019. La rentabilidad de 2015-2017 será ajustada para su comparabilidad con el período 2018, según el IPC-CABA (2015-2016) y el IPC del INDEC (2017)".". 

Respecto del impuesto a los Bienes Personales, el documento propone que sean castigadas las personas que adscribieron a Blanqueo de comienzos del gobierno de Macri con un "...Impuesto extraordinario y con alícuota progresiva del 2% al 15% sobre las personas que adhirieron al Régimen de Exteriorización de Activos de 2016- 2017"; así como "Redefinir la estructura de los impuestos internos para alcanzar efectivamente y de modo diferenciado a las manifestaciones de consumo suntuario y superfluo" e "Incorporar un impuesto sobre las transacciones financieras con tasas diferenciadas según los objetivos de política económica, que reemplace al actual ‘impuesto al cheque'".". 

Además el documento plantea "Mejorar el gravamen sobre las rentas financieras para darle mayor progresividad al impuesto a las ganancias. No debe ser cedular: debe integrarse al resto de los ingresos computables" y "Redefinir el ajuste por inflación para evitar la multiplicación de quebrantos impositivos y la disminución de la recaudación en la Inspección de Personas Jurídicas;" y "Crear un impuesto de alcance nacional sobre la propiedad inmueble, articulado y coordinado con el inmobiliario provincial" y "recrear un Impuesto al Enriquecimiento Patrimonial a Título Gratuito"." (impuesto a la herencia).

En tiempos de (como diría Verbitsky) "educación presidencial" en el que los principales factores del poder económico tratan de disciplinar y condicionar de antemano al futuro gobierno tratando de que este vehiculice sus demandas sectoriales, y cuando el FMI (principal acreedor del país) insiste con su mismo libreto de siempre, el aporte de los equipos técnicos del PJ resulta particularmente valorable, para trazar una hoja de ruta distinta, con un programa de gobierno claro.

Que haga realidad las prioridades que los candidatos vienen exponiendo en la campaña, y que responde del modo correcto -a nuestro entender- a "la" pregunta de Cristina: quienes van a pagar la crisis, y la deuda colosal que nos deja el macrismo. Equipos hay, ideas también, los votos están: la cuestión es animarse y meterle nomás. 

PIÑATA DE SORPRESAS

Sutilísimo Marcelo en su columna de Clarín de ayer, ni se notó que la AEA lo está presionando a Macri con el fantasma de la candidatura de Vidal, con Lavagna como ministro de Economía, para revivir el 2002.

Y tampoco se notó que por eso, Graciela Camaño (del duhaldismo residual, antes conocido como massismo) se ofrece para ser la vocera del nuevo entendimiento en el Congreso, planteando su preocupación por la explosiva situación social en el conurbano; justo donde -mirá que casualidad- las encuestas marcan que Cristina triplica en intención de voto a Macri.

Mientras tanto, nos cuenta acá Troscovich en Diario Bae que Acevedo (presidente de la UIA) se reúne con sindicalistas, movimientos sociales y la iglesia, recreando el “Diálogo Argentino” de entonces, de la mano del “Vasco” De Mendiguren, el Ministro de Devaluación Brutal de Duhalde. Es una reunión de egresados de la promoción 2002 esto, falta Massita como candidato a gobernador de Buenos Aires, y están todos.

Jodéme que el presidente ojitos de cielo que hizo hace una eternidad -dos semanas- el anuncio de una nueva ley de alquileres para proteger a los inquilinos a ver si repuntaba en las encuestas con la clase media, afanándose el proyecto del FPV que aprobó el Senado en 2016 y dormía en Diputados cajoneado por “Cambiemos”, ahora da marcha atrás, y todo queda en nada.

Raro: el presidente de quien nada se esperaba, nada estaría dando, y cede a la presión de las inmobiliarias y los propietarios, por ejemplo en la exigencia de blanquear obligatoriamente los contratos en la AFIP. Completamente inesperado.

¿Cómo es esto de que los “Precios Cuidados” están descuidados y vienen con aumentos “por debajo de la mesa”?

¿No estaban empeñados en un combate a fondo contra la inflación y coso, no era que iban a “fortalecer el programa” como una de las estrategias principales “para cuidarnos el bolsillo”?

¿Es por esto entonces que lo premiaron a Miguel Braun, ascendiéndolo de la Secretaría de Comercio a viceministro de Hacienda?

No te puedo creer que tenemos para seis meses más de malaria, y recién para abril del año que viene la cosa podría repuntar un poco.

¿Cómo puede ser, si la presidenta Christine abrió la billetera, soltó los dólares, le votaron el presupuesto que ella pidió?

¿Vos decís que todo eso es recesivo, que no aporta para el crecimiento? Decía que ganó Boca, sino cuando se entere Mau se deprime.

El “campo” zafó de pagar Bienes Personales cuando se creó el impuesto, porque pagaba Ganancia Mínima Presunta.

A Ganancia Mínima Presunta lo eliminaron con el blanqueo, a pedido del “campo”, más que nada.

Y ahora que tendrían que empezar a pagar Bienes Personales porque se les terminó la excusa, zafaron; mientras el que tiene un departamento monoambiente va a empezar a pagar. Acá no entiende el que no quiere como es la cosa.

Hay algo que no queda claro: si el país no tiene asegurado el financiamiento y se agravó la restricción externa por falta de dólares, si incluso contando la guita del FMI (como cuenta acá Julián Zícari en Ambito de ayer) no está garantizado el pago de todos los vencimientos de deuda en dólares hasta el final del gobierno de Macri, para desalentar el peligro de default, ¿por qué sería una buena noticia que las provincias consiguieron el aval del gobierno nacional para seguir endeudándose en dólares?

Más si dicen que están preocupados por el equilibrio en las cuentas públicas, y aumentando sus niveles de endeudamiento les va a pasar lo que a Santa Fe, que por la devaluación necesita cada vez más pesos, para pagar los servicios de la deuda en dólares.

Tuits relacionados:

Lean la publinota de Bonelli en Clarín de hoy. Tremendo lo de la AEA agitándole a Macri el fantasma de la candidatura de Vidal

— La Corriente K (@lacorrientek) 26 de octubre de 2018

Bonelli lisonjeando en Clarín a Lavagna. Estamos re sorpresos. Y blanqueando que la queja de Camaño en Diputados por el posible estallido del conurbano fue a pedido de Vidal. Más sorpresos aún. Fue todo tan sutil que ni se notó, Marce

— La Corriente K (@lacorrientek) 26 de octubre de 2018

Cuando Camaño grita en el Congreso "Quieren que se incendie el conurbano? " en realidad está diciendo "Quieren que Cristina gane en primera vuelta? ". No se coman esa curva

— La Corriente K (@lacorrientek) 26 de octubre de 2018

Sabedores de que el presupuesto del FMI presupone un ajuste brutal con efectos sociales y económicos devastadores, están armando todo para que el descontento lo capitalice Vidal haciendo pucheritos porque le recortaron fondos a su provincia, y no la oposición. Son de manual

— La Corriente K (@lacorrientek) 26 de octubre de 2018

LAS PERLAS DEL PRESUPUESTO (1º PARTE)

Recién ahora está disponible el presupuesto analítico de la provincia para este año con el mayor grado de desagregación de las partidas; y como es costumbre de éste blog, vamos a hacer una serie de entradas destacando las “perlitas” más significativas que dejan sus cifras. Acá van algunas:

* La provincia piensa recaudar $ 37.008.971.000 en concepto de impuesto sobre los Ingresos Brutos, $ 5.510.880.000 por impuesto de sellos y $ 4.238.291.000 por Impuesto Inmobiliario, de los que solo $ 1.410.494.000 (apenas la tercera parte del impuesto) corresponden al Inmobiliario Rural.

Datos a tener en cuenta considerando que en el pacto fiscal Lisfchitz se comprometió a bajar Ingresos Brutos y Sellos, y subir el Inmobiliario para cubrir el bache de recaudación: por cada peso que Santa Fe recauda por ese impuesto, recauda 26,24 pesos por Ingresos Brutos.

* Como consecuencia de los cambios impositivos regresivos introducidos en la reforma tributaria nacional, la rebaja de retenciones y la distribución de los recursos prevista en el mismo pacto fiscal, Santa Fe recibirá más por coparticipación del impuesto al cheque ($ 3.063.510.000) que por la suma de la coparticipación de Bienes Personales ($ 656.080.000) y las partidas del Fondo Federal Solidario (FFS) formado con el 30 % del producido de las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados; concepto por el cual recibirá $ 2.211.328.000.

* Como se dijo acá (enlace al post anterior), el presupuesto contempla aportes del gobierno nacional para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones por 1062 millones (cifra que se mantendría invariable hasta el 2020), contra $ 2.996.926.000 que tendrá que poner el Tesoro provincial de Rentas Generales para cubrir el resto del déficit.

Es decir que pese a haber firmado el pacto fiscal donde estaba el compromiso nacional de financiar el déficit de la Caja sin necesidad de la “armonización” de los sistemas, el propio gobierno provincial tiene claro que la nación financiará solo el 26,16 % del déficit, en el mejor de los casos; porque siempre es mayor que el previsto al presentarse el presupuesto, y el aporte nacional es fijo.

* Los subsidios nacionales a las tarifas del transporte automotor de pasajeros por colectivos que llegan a través del SISTAU sumarán 2000 millones de pesos, un aumento del 0,25 % respecto a lo presupuestado el año pasado (con una inflación del 24,8 %), y del 8 % respecto a lo ejecutado en el 2016, con una inflación acumulada de más del 76 % desde entonces; lo que denota claramente la caída en términos reales de los subsidios, y explica los aumentos en el precio del boleto.

* El subsidio provincial al transporte (consistente en una afectación con ese fin de una parte de lo recaudado por el impuesto de Sellos) 275.544.000: parece poco para contrarrestar los aumentos de costos como el combustible, que presionarán las tarifas a la laza. Recordemos que las tarifas del transporte interurbano de pasajeros de media distancia de jurisdicción provincial las fija el gobierno de Santa Fe.

* El nuevo Banco de Santa Fe pagará a la provincia en concepto de canon por ser su agente financiero $ 221.993.000, y solo por la recaudación de los impuestos provinciales (sin contar otros servicios por los que cobra, según el contrato) percibirá en concepto de comisión por retribución de sus servicios por $ 472.223.420: una ganancia del 121,72 % sobre el canon.

* El Ministerio de la Producción piensa gastar $ 16.561.000 en alquiler de stands en diferentes ferias y muestras, sin que sepamos cuanto de esa plata estará destinada al stand de la provincia en Expoagro (que arranco en unos días), y cuanto piensan gastar en total en la muestra.

* Por contraste, piensan recaudar apenas 300.000 pesos por multas aplicadas por la Secretaría de Comercio provincial por infracciones a las leyes de abastecimiento, defensa del consumidor, defensa de la competencia y lealtad comercial: se ve que los controles van a estar durísimos este año.

* El subsidio provincial a los hospitales rosarinos será -en principio- de $ 1.723.915.000, lo que representa un 10,77 % del presupuesto del Ministerio de Salud y más que el Ministerio de Innovación y Cultura y las Secretarías de Estado de Hábitat y Energía, juntos.

* El gasto en publicidad oficial será de $ 908.504.000, un 0,47 % del gasto total aumentando su participación relativa (que era del 0,38 % en 2017, año electoral) y un aumento del 24,89 % respecto al año pasado; o sea: ahí aplican la inflación real y no la “meta recalibrada” del 15 %, como a las paritarias. ¿Parte del costo del operativo reelección del gobernador?

La cifra representa más de cinco (5) veces el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; que viene decreciendo su participación en el reparto de la torta presupuestaria, y Lifschitz vetó una ley que establecía un aumento gradual de esa participación, con el argumento de que no hay plata.

EL VOTO CHOLULO

Leíamos ayer en El Destape Web "Las dos divas que manifiestan semana a semana su público apoyo al macrismo fueron de las mayores beneficiarias de las medidas que tomó Mauricio Macri en un año y medio. Son Susana Giménez y Mirtha Legrand, ambas beneficiadas con los recursos del Estado que les fueron girados, los "regalos" que les hizo Mauricio Macri.

La Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ) devolvió desde esta semana los montos pagados en concepto de anticipos por el impuesto a los bienes personales (correspondiente a 2016) a unos 76.000 contribuyentes que habían solicitado el beneficio de la exención de esa carga fiscal. El monto a devolver es en total de $ 263 millones. Además, no van a pagar más impuesto a la riqueza, como pagan todos los ricos del mundo. Bajaron el impuesto a la riqueza del 1,25 al 0,25.

En 2015 tributaron quienes tenían un patrimonio de al menos $305.000; ahora ese valor se elevó a $800.000. Así ganaron Mirtha y Susana. Legrand tiene una fortuna que asciende a 1.167 millones de pesos y deja de aportar 10.1 millones por año. Por su parte, Susana tiene una fortuna de $ 1543 millones. Y dejará de aportar 15,4 millones al año." (las negritas son nuestras)

Quizás muchos no lo recuerden, pero los cambios en el impuesto sobre los Bienes Personales fueron introducidos en la "ley ómnibus" que contenía además la "reparación histórica" a los jubilados, el desguace del fondo de ANSES, el blanqueo de capitales y la moratoria impositiva. En el mismo paquete entró la derogación del impuesto a las Ganancias para la distribución de dividendos de las empresas a sus accionistas, tumbando así la reforma introducida por Cristina en el 2014.

La Ley 27.260 fue votada en Diputados en la sesión del 15 de junio del año pasado, y obtuvo 162 votos a favor contra 76 en contra, en la votación en general. A los diputados del interbloque de "Cambiemos" se sumaron los del Frente Renovador de Massa y el bloque Justicialista de Diego Bossio, y en la votación general incluso los de Progresistas (socialismo y sus aliados).

Las reformas a Bienes Personales están incluidas en los artículos 67 a 72, y en la votación en particular de esos artículos hubo 138 votos a favor contra 83 en contra (para los artículos hasta el 69) y de 143 a 83 para los restantes.

Votaron a favor de los cambios (de los que se beneficiaron -entre otros- Mirtha y Susana) los diputados de "Cambiemos" (incluyendo a algunos "díscolos" como Ricardito Alfonsín), Diego Bossio, Graciela Camaño, Héctor Daer (el de la CGT), José Ignacio De Mendiguren, Marco Lavagna, Sergio Massa, Facundo Moyano (en éste caso se entiende, por el affaire con Susana), Oscar Romero (el de SMATA que ahora va en la lista de Randazzo), Felipe Solá y Mirta Tundis. Acá y acá pueden ver las actas respectivas. 

Un imprescindible recordatorio para la memoria en tiempos electorales, cuando oiremos a muchos de esos chantas prometer "una reforma tributaria progresiva para que los que más tienen, más pague".