"LES HABLÉ CON EL CORAZÓN Y ME CONTESTARON CON EL BOLSILLO"

 

"Les hablamos con el corazón y nos respondieron con el bolsillo"

— Sergio Delfino (@serdelfino) April 8, 2024

Para mi una forma de ponerles freno a los aumentos de las prepagas sería una ley que las regule y las obligue a pedir autorización al Estado para aumentar las tarifas, informando sus costos. Como la que había antes del DNU de éste gobierno que las derogó, ponéle.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 8, 2024

Y si en lugar de reunirse para explicarle informan los costos antes de aumentar, como tenían que hacer antes del DNU? https://t.co/D0m1RJmRDX

— La Corriente K (@lacorrientek) April 9, 2024

Los de las prepagas son unos turros, ahora y siempre. Que se aprovechan de clientes cautivos que no pueden salir de una y entrar a otra cuando quieran, menos en temas tan sensibles como la salud. Y que en buena medida pertenecen a la clase media y perciben que pagando salud privada ascienden socialmente, y no tienen que "caer en la salud pública", diría Macri.

Tan viejo es el problema -que se remonta a los años del menemismo cuando empezó el negocio- que allá por el 2011 cuando finalizaba su primer mandato, Cristina impulsó una ley que las regulara, que fue sancionada por el Congreso bajo el Nº 26682, y reglamentada enseguida por ella por el Decreto 993 de ese mismo año.

Esa ley disponía en su artículo 4 que eran autoridades de aplicación "...el Ministerio de Salud de la Nación. (y) En lo que respecta a la relación de consumo y a la defensa de la competencia serán autoridades de aplicación las establecidas en las leyes 24.240 y 25.156 y sus modificatorias, según corresponda."; lo que suponía reconocer que, además de los aspectos específicamente vinculados a la salud, la prepaga era un gasto de los hogares, las personas y las familias, y el Estado debía hacer algo para proteger sus bolsillos, sin dejarlo librado al mercado.

Por esa razón, de acuerdo al artículo 5 inciso g) de la misma ley, le correspondía a la autoridad de aplicación "g) Autorizar en los términos de la presente ley y revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones que propusieren los sujetos comprendidos en su artículo 1º;..."; para lo cual el artículo 17 decía que "La Autoridad de Aplicación fiscalizará y garantizará la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales. (y) ...autorizará el aumento de las cuotas cuando el mismo esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos.".

Es decir entonces que se trataba de un precio regulado por el Estado, que no podía aumentarse sin su autorización, y que para otorgar esa autorización las empresas debían informarle a la autoridad pública la evolución de sus costos, para fundamentar los pedidos de aumentos. Más información sobre la Ley 26682, acá.

Eso fue así entonces al menos hasta enero del 2019, cuando Macri dictó el Decreto 66 que, con el pretexto de modificar la reglamentación de la ley aprobada por Cristina, directamente avanzaba sobre ella: explicábamos acá como -entre otros cambios- se eliminaba la intervención de la Secretaría de Comercio previa a la autorización de nuevos aumentos de las cuotas, pese a que surge de la ley.

Y cuando asumió Milei, el DNU 70 -que rechazó el Senado y espera ser tratado en Diputados- fue por más: con precisión quirúrgica (y letra aportada por las prepagas) directamente derogó el inciso g) del artículo 5 de la ley (y con él, la obligación de las empresas de pedir autorización previa al Ministerio de Salud para aumentar las cuotas). y reemplazó el texto del artículo 17, de manera de eximir a las prepagas de la obligación de informarle al Estado la evolución de sus costos. Es decir, las cuotas pasaron a ser un precio "libre", fijado por el mercado, sin intervención alguna del Estado.

En ese contexto llegamos a éste punto en el que el cínico de Caputo quiere que le creamos que se indigna porque siguen aumentando sin parar, cuando ellos mismos les dieron -ex profeso- las herramientas para que lo hagan, apenas llegaron al gobierno. Y promete ocuparse del tema y tomar medidas, al tiempo que su gobierno presiona al Congreso para que jamás trate el DNU en Diputados, y así sostenerlo con vida. Y con él, a la patente de corso para Belocoppit y su pandilla.

Todo gracias al voto de muchos sectores de clase media que se cortarían una mano antes de reconocer que Cristina había diseñado una política pública que les cuidaba el bolsillo, pero votaron no uno sino dos gobiernos que le meten la mano en él, pero es el precio -uno de tantos- que aceptan pagar con tal de que no gobierne el peronismo.

O como dijimos en ésta entrada de hace muchos años -apenas la Ley 26682 fue sancionada- "Pertenecer a una prepaga se convirtió para muchos en un signo de ascenso social y diferenciación, cosa que el propio sistema de encargaba de difundir con una agresiva publicidad y con la oferta de beneficios adicionales (como los planes de turismo) que ocultaban la cara menos amable del negocio: los fabulosos márgenes de rentabilidad de las prepagas, dentro de un "mercado" (el de la salud) donde muchos jugadores tienen tasas siderales de ganancia, como los laboratorios o los propios prestadores directos (clínicas y sanatorios privados).".

"En parte porque se trata de servicios que están ligados a cuestiones troncales de cualquier persona o grupo familiar (porque está en juego la vida muchas veces, o decisiones cruciales que deben tomarse en tiempos perentorios), la enorme mayoría de los que tienen cobertura de salud a través de las prepagas no forman una masa crítica de protesta contra los abusos de las empresas, más allá de los reclamos puntuales de las distintas ONG's que agrupan a consumidores. Y aun así, el fracaso de esas organizaciones en términos de expansión y significación social de su rol tiene que ver con el ethos cultural de la clase media promedio en la que surgen, mucho más dispuesta a quejarse del Estado y sus regulaciones, que de los abusos del mercado; porque incursionar en ese terreno sería ir en contra de valores que creen como fundamentales en su estructura mental.".

"Es así como gente que protesta y cacerolea porque la AFIP pretende cobrarle impuestos o indagar sobre sus consumos, ahorros o demás movimientos económicos, tolera pacíficamente que los bancos, las prepagas o las empresas de telefonía celular o televisión por cable privadas (por citar sólo los casos más frecuentes, ni por asomo los únicos) los esquilmen con precios, condiciones de prestación de los servicios, comisiones o cargos fantasmagóricos por rubros de servicios inexistentes. Sería como una especie de impuesto a la ideología promedio de la clase media, que parecen estar en muchos casos dispuestos a soportar.". Tuit relacionado:

Vos decís que con la ley aprobada durante el gobierno de Cristina estaban mejor? https://t.co/Nh94x15oeC

— La Corriente K (@lacorrientek) April 9, 2024

FIJÁTE QUE NO, CHE

 

Había una ley sobre esto, creo. Del 2011 para ser más precisos. Que dice que los aumentos tienen que ser autorizados por Salud, previa intervención de Comercio y análisis de costos. Fue hace tanto, ustedes eran muy jóvenes: https://t.co/BpDIBcaUyC

— La Corriente K (@lacorrientek) December 27, 2021

Frente al anuncio de las empresas de medicina prepaga en cuanto a que van a empezar a cobrar coseguros a sus afiliados, la ministra de Salud anuncia que van a convocar a una reunión con ellas, pero anticipando que las empresas están habilitadas para cobrar esos coseguros; lo cual es como mínimo dudoso.

Para empezar, de la ministra para abajo todos opinan como si -sencillamente- no existiera la Ley 26682 dictada en 2011 durante el gobierno de Cristina, para regular a las empresas de medicina prepaga. Ley de la cual el Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación, según su artículo 4.

Y en esa condición le corrresponde "Autorizar en los términos de la presente ley y revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones que propusieren los sujetos comprendidos en su artículo 1º;..." ( artículo 5 inciso g); y autorizar "...el aumento de las cuotas cuando el mismo esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos." (artículo 17 segundo párrafo).

Alguno podrá argumentar que en realidad se trata de coseguros por determinadas prestaciones, pero no estrictamente de aumento de las cuotas. Pero el efecto en el bolsillo de los afiliados (que es lo que la ley mencionada trata de tutelar), es el mismo.

Y si para cobrar esos coseguros las prepagas modifican unilteralmente las condiciones pactadas en los contratos, ¿quién si no el Estado debe intervenir, para corregir posibles abusos en perjuicio de la parte más débil, que es el afiliado a la prepaga.

Recordemos que, además, la propia Ley 26682 se remite a las Leyes 24240 (de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores), y 25156 (de Defensa de la Competencia, hoy reemplazada por la Ley 27442).

En medio de una pandemia -que nadie desconoce que aumenta los costos de la salud, incluso por maniobras especulativas de laboratorios y prestadores- y de un proceso inflacionario instalado en el país, la respuesta de pálpito del Estado no puede ser que las empresas "pueden" cobrar costos adicionales, o están habilitadas para hacerlo, cuando las normas y el sentido común indican que no.

Precisamente para eso hace ya 10 años se dictó por primera vez una ley que regulara un sector (el de las empresas de medicina prepaga) en el que imperaba la ley del mercado, o de la selva. A menos -claro está- que los funcionarios tengan una idea muy particular de lo que significa "volver mejores".

DÉMOSLES RAZONES

 

El mismo día que la oposición política (con la UCR a la cabeza, cosas vederes Sancho) criticaba al presidente por irresoluto por el "decreto de necesidad y sugerencia" sobre las restricciones a la circulación nocturna en la pandemia, Clarín alineaba a los sellos de goma que le responden para alertar que estamos en presencia de una dictadura chavista y estatizante; que avanza sobre las libertades públicas, los derechos individuales y la propiedad privada.

En espejo el "Foro de Convergencia Empresarial" acá y la  "Academia Nacional de Ciencias de la Empresa" acá, cuestionaban las mismas cosas: la marcha atrás dada por el gobierno con el aumento autorizado a las empresas de medicina prepaga, el DNU que declara servicios públicos esenciales a las TICs y las somete a mayor regulación estatal, el congelamiento de las tarifas, el cierre de las exportaciones de maíz y los -supuestos- controles de precios a los alimentos y artículos de primera necesidad.

Las mismas entidades cuestionaron el impuesto a las grandes fortunas y las medidas tomadas para prevenir los contagios en la pandemia, y reniegan de la intervención del Estado en todo, salvo cuando -durante la misma pandemia- les pagó puntualmente los ATP para que sus empresas pudieran pagar los sueldos. El discurso es el mismo de siempre: "reglas de juego claras que alienten la inversión", "reducir la presión fiscal", pero eso sí: hay que sostener otros subsidios, como el plan Gas para las petroleras.

Alegando demencia sobre su más reciente apuesta política (el macrismo), lo más granado del empresariado argentino dice que las políticas que cuestionan "fracasaron siempre", como si las que ellos piden hubieran tenido éxito alguna vez, incluso para ellos mismos: casi con certeza a todos lex fue mucho mejor -por ejemplo- entre el 2003 y el 2015, que entre el 201 y el 2019; salvo quizás las concesionarias privadas de servicios públicos, y habría que verlo en detalle.

Y pinta un panorama sombrío, que solo existe en su imaginación: si el gobierno hubiera hecho el 5 % de lo que dicen que podría llegar a hacer, seríamos una potencia mundial. La idea es clara: agitar el espantajo del kirchnero/soviético/chavismo para que el presidente que retrocedió de expropiar Vicentín porque lo criticaron los que no lo votaron, desista de tomar cualquier medida que vaya en ese sentido; cosa que por lo general consiguen.

Porque hay que decirlo claro: los problemas del gobierno no vienen por las cosas que hace sino por las que no hace, o por las que empieza a hacer y retrocede. La oposición y hasta la hostilidad del poder económico ya la tiene asegurada, haga lo que haga. O esa que hay que empezar -de una buena vez- a hacer cosas que les molesten de verdad, por buenas razones. El único modo de agradarles es haciendo precisa y exactamente lo que ellos quieren, que no es lo que votó la gente (al menos la mayoría de ella) en octubre del 2019.

Dicen que hace un tiempo y frente a planteos similares de la cúpula de la AEA, el ministro Guzmán les habría dicho "ustedes tienen que entender que los que gobernamos somos nosotros, no ustedes". La definición -precisa- debería completarse con ésta otra: "ustedes tienen que entender que perdieron las elecciones, y las ganamos nosotros". Claro que para eso el primero que lo tiene que comprender, es el propio gobierno.

Dejando de lado tibiezas, hibrideces, tentaciones fiscalistas o consensualismos absurdos con quienes nada quieren consensuar. Para cada uno de los temas que el poder económico está planteando, debe haber una respuesta estatal acorde a la preservación de la autonomía de la política, al sostenimiento de la legitimidad del gobierno elegido por el voto ciudadano, y a la preservación del bolsillo y los intereses de las grandes mayorías populares, que son además su principal base electoral.

Así que entonces en lugar de estar discutiendo cuanto deben aumentar las prepagas, la luz, el gas, los celulares, el cable o internet discutamos que inversiones hicieron las empresas, cuáles son sus costos, como cumplen las regulaciones (retomarlas cuando corresponda, como la ley de medios o la de las empresas de medicina prepaga), cuáles son sus niveles de rentabilidad; y ejerciendo todos los controles que correspondan. Ni hablar que lo mismo cabe para el aumento incesante de precios de los productos de primera necesidad, que se tornan inalcanzables para muchas familias argentinas: subamos retenciones si es necesario, no miremos para otro lado, o peor aun, no las bajemos.

Si te van putear, dales buenas razones para hacerlo, no reportajes para intentar calmarlos. Y como dijo Cristina en La Plata: el que tenga miedo que se busque otro laburo. Tuit relacionado: 

Pero chicos, todas y cada una de las medidas que ustedes reclaman se aplicaron durante el gobierno de Macri y terminaron en un desastre: https://t.co/hbkaTt6R7f

— La Corriente K (@lacorrientek) January 10, 2021

Y no, no soñamos con una revolución. Apenas con que se cumpla lo que votamos: https://t.co/fLIgUpXC2U

— La Corriente K (@lacorrientek) January 10, 2021

CURARSE EN SALUD

 

Tenemos que repensar no solamente el sistema sanitario, sino un diseño de país que olvide esa concentración tan injusta e ineficiente económicamente. pic.twitter.com/Tj53ltwW8E

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 19, 2020

En  el acto en La Plata el otro día Cristina habló de la necesidad de reprensar nuestro sistema de salud, porque se invierten en el muchos recursos, y los resultados distan de ser óptimos. Dijo también que una de las dificultades estribaba en que está segmentado o compartimentados en tres grandes sectores: el público, el privado de las empresas de medicina prepaga, y el de las obras sociales sindicales.

Si bien la pandemia tensionó a todos, fue el hospital público el que debió dar las mayores y más exigentes respuestas, a punto tal que incluso hubo que montar en la emergencia nuevos hospitales para atender la demanda de camas críticas, porque los existentes no daban abasto. El primer paso para un sistema salud fortalecido e integrado, es fortalecer el hospital público -en el que Carrillo hacía eje en su estrategia sanitaria integral-, pero en la Argentina y como consecuencia de las políticas implementadas por la dictadura primer y por el menemismo después, esa infraestructura descansa esencialmente en las provincias y se ha retraído allí la participación del Estado nacional.

A punto tal que los mayores hospitales nacionales existentes o han sido transferidos a las provincias para ser gestionados por ellas, o existen en la Capital Federal, donde como dijo ella, se concentra una infraestructura de salud que excede con creces la necesidades específicas de la población del distrito; en el cual la derecha que gobierna hace 13 años no solo los abandona, sino que pretende desconocer que desde su propio origen esa infraestructura estuvo pensada para el conjunto de los argentinos.

Pero decíamos antes -o dijo Cristina, para ser más precisos- que el sistema está fragmentado, y uno de los sectores que lo conforman es el de las empresas privadas de medicina prepaga. Al respecto, decíamos acá hace un tiempo: "Si hay un tema que marca emblemáticamente la fractura social producida en la Argentina de los 90' y el desguace del Estado con el correlativo avance del mercado sobre territorios antes vedados, lo es el de la salud, con el explosivo crecimiento del negocio de la medicina prepaga; quizás solo en modo comparable al crecimiento de la educación privada. En el marco de la destrucción de la salud pública (fruto de un modelo político que implicaba el retiro del Estado aun de sus roles esenciales), muchos sectores sociales en especial de la clase media, en parte por necesidad (la falta de cobertura adecuada del sistema público) y en parte por pautas culturales de diferenciación, ingresaron a la cobertura de salud prepaga, más allá de los que la tenían por la vía de las obras sociales sindicales, con más trayectoria y antigüedad en el país.

Pertenecer a una prepaga se convirtió para muchos en un signo de ascenso social y diferenciación, cosa que el propio sistema de encargaba de difundir con una agresiva publicidad y con la oferta de beneficios adicionales (como los planes de turismo) que ocultaban la cara menos amable del negocio: los fabulosos márgenes de rentabilidad de las prepagas, dentro de un "mercado" (el de la salud) donde muchos jugadores tienen tasas siderales de ganancia, como los laboratorios o los propios prestadores directos (clínicas y sanatorios privados). En parte porque se trata de servicios que están ligados a cuestiones troncales de cualquier persona o grupo familiar (porque está en juego la vida muchas veces, o decisiones cruciales que deben tomarse en tiempos perentorios), la enorme mayoría de los que tienen cobertura de salud a través de las prepagas no forman una masa crítica de protesta contra los abusos de las empresas, más allá de los reclamos puntuales de las distintas ONG's que agrupan a consumidores.  

Y aun así, el fracaso de esas organizaciones en términos de expansión y significación social de su rol tiene que ver con el ethos cultural de la clase media promedio en la que surgen, mucho más dispuesta a quejarse del Estado y sus regulaciones, que de los abusos del mercado; porque incursionar en ese terreno sería ir en contra de valores que creen como fundamentales en su estructura mental. Es así como gente que protesta y cacerolea porque la AFIP pretende cobrarle impuestos o indagar sobre sus consumos, ahorros o demás movimientos económicos, tolera pacíficamente que los bancos, las prepagas o las empresas de telefonía celular o televisión por cable privadas (por citar sólo los casos más frecuentes, ni por asomo los únicos) los esquilmen con precios, condiciones de prestación de los servicios, comisiones o cargos fantasmagóricos por rubros de servicios inexistentes. Sería como una especie de impuesto a la ideología promedio de la clase media, que parecen estar en muchos casos dispuestos a soportar.".

Allá por el 2011 Cristina impulsó durante su gobierno la sanción de la Ley 26682 que estableció el marco regulatorio de las empresas de medicina prepaga, analizado en su momento en ésta entrada y cuyos lineamientos principales son: "...la prohibición de establecer la edad de los afiliados o la existencia de enfermedades preexistentes como criterios para negar la cobertura, la obligatoriedad de cubrir las prestaciones del Programa Médico Obligatorio aprobado por el Ministerio de Salud (al igual que las obras sociales) sin plazo de carencia, la necesidad de que los aumentos de las tarifas que perciben por sus servicios sean aprobadas por el Estado previo estudio de costos y cálculo actuarial de riesgos (a cargo del Ministerio de Salud y del de Economía), la aplicación a sus servicios de las leyes de Defensa de los Derechos del Consumidor y de Defensa de la Competencia, la limitación a las cuotas diferenciales fijadas para grupos de riesgo, la obligatoriedad de prescribir los medicamentos por su nombre genérico en los tratamientos terapéuticos y las posibilidad de mantener la cobertura contratada por las empresas para sus trabajadores, aun cuando se desvinculen de ellas, entre otros...".

Sin que se modificara la ley, lo que se hizo durante el gobierno de Macri fue desvirtuarla modificando su reglamentación: veíamos acá como fueron esos cambios: "...se le impone un plazo máximo de cuarenta y cinco días (sin especificar si son hábiles o corridos) a la Superintendencia de Servicios de Salud para expedirse sobre los pedidos de aumento de las cuotas que hacen las prepagas., y se reduce el plazo de preaviso de éstas a los usuarios de los nuevos montos, de 30 días hábiles, a 30 corridos; y se elimina la intervención previa a la resolución de los pedidos de aumentos de cuotas de la Secretaría de Comercio Interior, cuyo dictamen era vinculante en la reglamentación vigente, como autoridad de aplicación de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor,..."

(Además) "...La reglamentación vigente establecía que la Superintendencia fuera quien estableciera y determinara las situaciones de preexistencia (enfermedades o patologías existentes al momento de la afiliación) de carácter temporario, crónico o de alto costo; y lo que reglamentará al respecto regía para todos los contratos, sin excepción. Con los cambios, solo se limitará a autorizar lo que propongan las empresas al efecto; (y en ella)...la diferenciación en los valores de la cuota por plan y por grupo etario solo podía establecerse al momento del ingreso del usuario al sistema, con excepción de los que alcanzaran 65 años de edad, y tuvieren menos de 10 años de afiliación a la misma entidad. Con los cambios, pueden fijarse valores diferenciales de cuotas por esos motivos en cualquier momento, con tal de que esté expresamente previsto en los contratos de afiliación.". Los cambios entonces fueron en una sola dirección: prevalencia de la lógica del mercado y el negocio, y correlativa disminución de la presencia y regulación estatal del sector privado de la salud.

Y nos queda el sector de las obras sociales sindicales (que no son como se piensa un legado del peronismo y de Perón, sino de Onganía y su ministro de Trabajo Rúbens San Sebastián con la Ley 18610), sobre el que muchos hemo dicho acá, y hace un tiempo esto: "Lo que nos lleva a una discusión más profunda sobre el modelo sindical argentino, no en tanto su organización estrictamente gremial con la impronta que le impusiera el peronismo desde el 45’ en adelante (sindicato único por rama de la actividad, con personería gremial para negociar en paritarias y participar de los ámbitos de representación institucional), sino en su rol de prestadores de servicios de salud, a través de las obras sociales. 

Un rol que -como se ve- se termina tragando al otro, al específico que le dio origen, y que hace difícil distinguir entre muchos dirigentes sindicales y los CEO’s de las prepagas; incluso desde la perspectiva de un modelo integrado de salud, o mejor dicho: sobre todo desde allí. Recordemos que la actual conducción de la CGT había acordado con el gobierno la creación de la AGNET (Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Médicas) para recortar prestaciones a los afiliados introduciendo el criterio de rentabilidad económica de los tratamientos y coberturas, y que en ese tren coinciden plenamente con las empresas de medicina prepaga...". 

Porque así como la salud en general no fue ajena ni mucho menos a los múltiples estropicios perpetrados por el macrismo en el país, lo mismo pasó con las obras sociales: en el segundo gobierno de Cristina se había disuelto la APE (Administración de Programas Especiales) y se diseñó un fondo solidario de redistribución para compensar las asimetrías que existen entre las diferentes obras sociales por su tamaño y recursos (ver más información acá en ésta entrada); que el macrismo intentó dejar de lado creando la AGNET, para lo cual había incluso un guiño de la conducción de la CGT (la misma que la actual), a cambio de apoyo para la reforma laboral flexibilizadora. También planteó en el DNU 908/16 la "Cobertura Universal en Salud" (CUS), que nunca nadie explicó -ni le preguntaron- muy bien de que se trataba, y no pasó de un intento de manotazo a los fondos de las obras sociales sindicales. 

Como se ve, la cuestión planteada por Cristina -además de su importancia capital en sí misma considerada- tiene muchas aristas y toca intereses muy sensibles más allá de lo específicamente vinculado a la salud de la población, incluso al interior de la coalición oficialista. Razones de más para que sea una tarea necesaria e impostergable. (Material de interés en ésta nota de Guillermo Wierzba en "El cohete a la luna"). Tuits relacionados: 

Also Boletín Oficial de ayer, publica en suplemento la Resolución 2988 del Ministerio de Salud (la siguiente) derogando "por expresa indicación del presidente" el aumento a las prepagas a partir de febrero: https://t.co/azIuDeVnNZ

— La Corriente K (@lacorrientek) January 1, 2021

Como también es un papelón que sigan vigentes los cambios que le introdujo Macri por Decretos 66 y 380 del 2019, al Decreto 1993/11 de Cristina que reglamentó la Ley 26682 de empresas de medicina prepaga. Todos los cambios de Macri, por supuesto, a favor de las prepagas.

— La Corriente K (@lacorrientek) January 1, 2021

Ojo: no es que esta chica Paula Español registre un desempeño sobresaliente en sus funciones ni mucho menos, pero tampoco es cuestión de correrla de todos los temas espinoso y que se rasque el higo nomás.

— La Corriente K (@lacorrientek) January 1, 2021

BELOCOVID

A propósito de la discusión por el DNU con el que el gobierno amagó (y finalmente no concretó) para disponer de la infraestructura sanitaria del sector privado en el marco de la emergencia, nos acordamos de éste post del 2012 en el que hablábamos de la medicina prepaga, que acababa de ser reglamentada por primera vez con la Ley 26682 y su reglamentación aprobara por Decreto 1983/11, durante el gobierno de Cristina.

Decíamos entonces: "Si hay un tema que marca emblemáticamente la fractura social producida en la Argentina de los 90' y el desguace del Estado con el correlativo avance del mercado sobre territorios antes vedados, lo es el de la salud, con el explosivo crecimiento del negocio de la medicina prepaga; quizás solo en modo comparable al crecimiento de la educación privada. 

En el marco de la destrucción de la salud pública (fruto de un modelo político que implicaba el retiro del Estado aun de sus roles esenciales), muchos sectores sociales en especial de la clase media, en parte por necesidad (la falta de cobertura adecuada del sistema público) y en parte por pautas culturales de diferenciación, ingresaron a la cobertura de salud prepaga, más allá de los que la tenían por la vía de las obras sociales sindicales, con más trayectoria y antigüedad en el país.

Pertenecer a una prepaga se convirtió para muchos en un signo de ascenso social y diferenciación, cosa que el propio sistema de encargaba de difundir con una agresiva publicidad y con la oferta de beneficios adicionales (como los planes de turismo) que ocultaban la cara menos amable del negocio: los fabulosos márgenes de rentabilidad de las prepagas, dentro de un "mercado" (el de la salud) donde muchos jugadores tienen tasas siderales de ganancia, como los laboratorios o los propios prestadores directos (clínicas y sanatorios privados). 

En parte porque se trata de servicios que están ligados a cuestiones troncales de cualquier persona o grupo familiar (porque está en juego la vida muchas veces, o decisiones cruciales que deben tomarse en tiempos perentorios), la enorme mayoría de los que tienen cobertura de salud a través de las prepagas no forman una masa crítica de protesta contra los abusos de las empresas, más allá de los reclamos puntuales de las distintas ONG's que agrupan a consumidores.  

Y aun así, el fracaso de esas organizaciones en términos de expansión y significación social de su rol tiene que ver con el ethos cultural de la clase media promedio en la que surgen, mucho más dispuesta a quejarse del Estado y sus regulaciones, que de los abusos del mercado; porque incursionar en ese terreno sería ir en contra de valores que creen como fundamentales en su estructura mental. 

Es así como gente que protesta y cacerolea porque la AFIP pretende cobrarle impuestos o indagar sobre sus consumos, ahorros o demás movimientos económicos, tolera pacíficamente que los bancos, las prepagas o las empresas de telefonía celular o televisión por cable privadas (por citar sólo los casos más frecuentes, ni por asomo los únicos) los esquilmen con precios, condiciones de prestación de los servicios, comisiones o cargos fantasmagóricos por rubros de servicios inexistentes. Sería como una especie de impuesto a la ideología promedio de la clase media, que parecen estar en muchos casos dispuestos a soportar.". (las negritas las agregamos ahora)

Nos parece que las reflexiones tienen candente actualidad, cuando estuvimos a nada de que algunos núcleos de las clases medias urbanas cacerolearan desde sus balcones y en medio de la pandemia, a favor de mantener "sus" camas en una clínica o sanatorio privado, presuntamente garantizadas por Swiss Medical u OSDE, en riesgo de ser ocupadas por una Braian o una Jeny, mandados por Ginés o la Cámpora directamente desde el hospital público; cuando en realidad lo que puede pasar es que pacientes de la prepaga deban ser derivados al hospital público, porque las prepagas -oh sorpresa- no suelen tener clínicas o sanatorios propios, con camas "reservadas". 

Es muy posible que los que veían con terror esa posibilidad ilusoria, pocas horas antes e incluso el mismo día, hayan aplaudido desde sus balcones a los médicos y enfermeras del sistema de salud pública, por su labor en la emergencia. Como también es muy posible que entre ellos haya muchos votantes de Macri, que desguazó la ley de control de las prepagas a favor de los intereses de las empresas,  eliminando por ejemplo la intervención previa de la Secretaría de Comercio Interior para autorizarles los aumentos, o ampliando los plazos por los cuales pueden cobrar a sus afiliados cuotas extras cuando ingresan, por ser de determinados grupos etáreos o de riesgo: ver más información al respecto acá. 

El episodio en todo caso se inscribe en el contexto más general de las miseria sociales que revela la pandemia y la prolongación de la cuarentena, y la tensión permanente entre el micromundo individual de cada uno, y los deberes que nos impone la convivencia en sociedad, con criterio de solidaridad; máxime en situaciones como la que estamos viviendo.

Marco en el cual resulta preocupante que el gobierno haya retrocedido ante la presión del sector privado de la salud, anunciando un DNU que iba a declarar de utilidad pública en el marco de la emergencia a toda la infraestructura del sector, para utilizarla en el marco de la emergencia: esas cosas no se anuncian para luego desistir, simplemente se hacen.

Y para hacerlas si fuera necesario llegado el caso (que no sabemos si finalmente no terminará llegando, conforme evolucione la pandemia), ni siquiera sería necesario un DNU: basta que se invoquen los artículos 57 a 60 de la Ley 21499, que contempla la ocupación temporánea de uso "Cuando por razones de utilidad pública fuese necesario el uso transitorio de un bien o cosa determinados, mueble o inmueble, o de una universalidad determinada de ellos,..." (artículo 57), sea para "...responder a una necesidad anormal, urgente, imperiosa, o súbita, o a una necesidad normal no inminente." (artículo 58)...".

Queda por tocar, a propósito de esto, otro ángulo de la cuestión, que es el rol de los medios de comunicación: esta misma semana vimos como agitaron el cacerolazo porteño pidiendo el recorte de los sueldos de los funcionarios, después de que presidente señalar a los empresarios que, como Paolo Rocca de Techint, despiden gente en medio de la pandemia. Ayudaron así a correr el eje de la discusión del poder económico (donde debía estar), hacia las instituciones democráticas, que están respondiendo en la emergencia, en líneas generales y salvo algunos opositores enancados en la misma línea distractiva, a la altura de las circunstancias.

En esa misma línea salió en los medios estos días Caudio Belocoppit, el dueño de Swiss Medical, una de las prepagas más importantes del país; que en el video de apertura (también del 2012) habla de las dos cuestiones: la medicina prepaga y la ley de medios audiovisuales que por entonces había aprobado el kirchnerismo.

Belocoppit cuenta en el video que había sido en su momento socio de Haddad en Canal 9, y hoy día es propietario del 40 % de América TV, señal por cuyos programas se paseó en estos días quejándose como empresario de la salud privada, del posible avance sovietizante del gobierno, o de como deberían aumentar sus aranceles, para hacer frente a la emergencia, todo sin aclarar que es a su vez dueño de medios, y como tal, los pone al servicio de sus intereses empresariales, en éste momento crucial.

Es en ese contexto que cobran importancia las previsiones de la Ley 26522 de servicios de comunicación audiovisual, que establece en sus artículos 57 y 72 inciso e) que la AFSCA (hoy ENACOM) debe llevar actualizado y con carácter público, el Registro Público de Licencias y Autorizaciones que deberá contener los datos que permitan identificar al licenciatario o autorizado, sus socios, integrantes de los órganos de administración y fiscalización; y que además cada licenciatario o autorizado debe poner a disposición, como información fácilmente asequible, una carpeta de acceso público a la que deberá sumarse su exhibición sobre soporte digital en Internet, en la que debe constar, entre otras cosas, quienes son los titulares de la licencia o autorización. Como para saber desde donde habla cada uno, ¿vieron?. Tuit relacionado: 

Una preguntonta: ¿la compra del 40 % de América TV pñor Belocovid fue aprobada por el ENACOM en algún momento como manda la ley de medios, figura como accionista en la carpeta pública que debe estar disponible en Internet? Porque si no es así hay que sacarle la licencia ya.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 4, 2020

NUEVA VERSIÓN...

...del cartel "Hoy no se fía, mañana sí" de los viejos almacenes.

EL QUE LAS HACE LAS PREPAGA

La lectura diaria del Boletín Oficial arroja invariablemente la misma constatación: siempre aparece alguna turrada perpetrada por el gobierno de Macri; y la edición de hoy no es la excepción: está publicado el Decreto 66 (completo acá), que modifica a su similar 1993 del 2011, dictado por Cristina para reglamentar la Ley 26.682 dictada ese año para regular -por primera vez- a las empresas de medicina prepaga. 

Lo cambios más relevantes son los siguientes:

* Se le impone un plazo máximo de cuarenta y cinco días (sin especificar si son hábiles o corridos) a la Superintendencia de Servicios de Salud para expedirse sobre los pedidos de aumento de las cuotas que hacen las prepagas., y se reduce el plazo de preaviso de éstas a los usuarios de los nuevos montos, de 30 días hábiles, a 30 corridos.    

* Se elimina la intervención previa a la resolución de los pedidos de aumentos de cuotas de la Secretaría de Comercio Interior, cuyo dictamen era vinculante en la reglamentación vigente, como autoridad de aplicación de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, a la que por otra parte se remite la Ley 26.682 en su artículo 27; y que rige estos contratos más allá de la ley específica porque así lo dispone su artículo 3 último párrafo.

* La reglamentación vigente establecía que la Superintendencia fuera quien estableciera y determinara las situaciones de preexistencia (enfermedades o patologías existentes al momento de la afiliación) de carácter temporario, crónico o de alto costo; y lo que reglamentará al respecto regía para todos los contratos, sin excepción. Con los cambios, solo se limitará a autorizar lo que propongan las empresas al efecto. 

* Como en esos casos se admitía el pago de una cuota diferencial, la reglamentación vigente disponía que estas no podían exceder de los tres años consecutivos desde la afiliación, debiendo pasar luego obligatoriamente a los valores normales de cada plan contratado. Ahora la Superintendencia lo autorizará en cada caso, con lo cual ese plazo puede extenderse, y en consecuencia los afiliados tener que pagar durante más tiempo una cuota mayor.

* Se elimina la obligación de las prepagas de depositar los importes de las cuotas de los usuarios en cuenta única y exclusiva habilitada a esos efectos.

* En la reglamentación vigente la diferenciación en los valores de la cuota por plan y por grupo etario solo podía establecerse al momento del ingreso del usuario al sistema, con excepción de los que alcanzaran 65 años de edad, y tuvieren menos de 10 años de afiliación a la misma entidad. Con los cambios, pueden fijarse valores diferenciales de cuotas por esos motivos en cualquier momento, con tal de que esté expresamente previsto en los contratos de afiliación.

Como ven, todos los cambios van en una misma línea: retiro de los roles reguladores y de control del Estado, satisfacción de los reclamos del sector privado sometido a regulación (en este caso las prepagas), disminución de los derechos de los usuarios, preeminencia de la estructura de negocios de las empresas por encima de sus obligaciones de cobertura prestacional: macrismo en estado puro, en síntesis.

En momentos en los que el brote de hantavirus que se despliega en diferentes provincias del país hace más evidente el retroceso que significó la desaparición del Ministerio de Salud de la estructura del gabinete del Poder Ejecutivo, y como consecuencia de eso y de los compromisos asumidos con el FMI, se produjo un drástico recorte de los recursos asignados al área y sus diferentes programas, la única acción concreta del gobierno de Macri vinculada a la salud de los argentinos, es atender los reclamos de las empresas privadas que lucran con ella.

¡OOOTRO AÑO DE BUENAS NOTIS!

Gravan con el 12 % de retenciones las exportaciones de servicios: https://t.co/XJOWFP8pAJ

— La Corriente K (@lacorrientek) 2 de enero de 2019

Programa "Restituir", para que "recuperen el buen nombre y honor" los efectivos de las fuerzas de seguridad separados de sus cargos por procesos judiciales por uso excesivo de la fuerza (el Programa Chocobar sería): https://t.co/VlqEtyGsHD

— La Corriente K (@lacorrientek) 2 de enero de 2019

Nuevos precios del bioetanol para combustibles, se vienen más aumentos de las naftas: https://t.co/FvgW28lLy3

— La Corriente K (@lacorrientek) 2 de enero de 2019

Aumento del 5 % de las prepagas a partir del 1º de febrero: https://t.co/lO332IuUCM

— La Corriente K (@lacorrientek) 2 de enero de 2019

Aumento de los precios de la energía mayorista, que las distribuidoras trasladarán a los usuarios: https://t.co/YBxtNYWPrO

— La Corriente K (@lacorrientek) 2 de enero de 2019

Modificación presupuestaria para aumentar en más de 83.000 millones de pesos el pago de los servicios de la deuda, y manotear 12.000 millones de pesos de utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES: https://t.co/rA7hxWl2yq

— La Corriente K (@lacorrientek) 2 de enero de 2019

Aumentos de sueldos y viáticos a los funcionarios: https://t.co/l6srwAMtGH

— La Corriente K (@lacorrientek) 2 de enero de 2019

¿LAS VERDADERAS RAZONES DE UN APOYO?

Aun en medio de una masiva movilización al Congreso protagonizada -entre otros- por Pablo Moyano (miembro del Consejo Directivo) y la Corriente Federal de los Trabajadores (integradas por gremios que pertenecen a la central), la CGT ratificó en su momento su respaldo a la reforma laboral que el gobierno envió al Senado. Al decir de Schmid, lograron introducirle cambios al proyecto original “que preservan el corazón del derecho laboral”, por lo que la cosa quedaba en manos de los legisladores.

Los otros días veíamos en esta entrada como dentro del “paquetazo” de la reforma y entre los temas que nunca fueron objeto de discusión entre el gobierno y el triunvirato figuraba la desaparición del actual régimen de pasantías educativas; para dar paso a una forma de fraude laboral encubierto disfrazada de “prácticas formativas”. En la propuesta no intervino para nada ni el Ministerio de Educación (no es que se esperara demasiado de su participación, desde luego) ni tampoco los gremios docentes, y “colarla” dentro del proyecto ómnibus de reforma laboral da una idea clara de sus auténticas motivaciones; que no son precisamente las de brindar un complemento a la formación de los estudiantes.

Algo parecido pasa con la creación de la “Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud” (AGNET), colocada en los artículos 105 a 122 del proyecto: cuando se analiza su contenido se advierte claramente que se trata de un tema directamente vinculado a la salud, sin que conste que el ministerio respectivo haya intervenido; aun cuando el ex ministro Lemus adelantó que se crearía cuando lanzó la “cobertura universal en salud” (CUS), analizada en su momento acá. 

De acuerdo con la reforma laboral, la AGNET  sería un organismo descentralizado dotado de autarquía que funcionaría en el Ministerio de Salud (artículo 106), con competencia para “...la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud, a fin de determinar su uso apropiado, oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el Programa Médico Obligatorio (PMO), o los que en el futuro lo reemplacen...” (artículo 107, las negritas son nuestras).

La Agencia será además “...el órgano de consulta en los procesos judiciales de toda clase en los que se discutan cuestiones de índole sanitaria relativas a las temáticas previstas en el artículo 106.” (artículo 111), por ejemplo un amparo o acción judicial análoga en la que un afiliado a una obra social o prepaga demanda a estas para obtener la cobertura de algún medicamento o práctica clínica o quirúgica. Sus actuaciones tienen carácter vinculante (es decir, obligatorio) “...para todos los organismos del Sector Público Nacional, de las Jurisdicciones que adhieran y de los sujetos alcanzados por su actuación.” (artículo 118); como por ejemplo las obras sociales, empresas de medicina prepaga y demás prestadores de servicios de salud, aunque sean hospitales y otros efectores públicos.

De acuerdo con el artículo 119 del proyecto, la AGNET contaría con una “Comisión Técnica Consultiva” con representación -entre otros- del PAMI, el Defensor del Pueblo, las empresas de medicina prepaga, la ANMAT, el sector académico y las obras sociales provinciales y sindicales.

Pero volvamos a sus funciones: de acuerdo con el artículo 109 del proyecto, la Agencia debe “Analizar y evaluar el impacto económico y social de la incorporación de las tecnologías sanitarias a la cobertura obligatoria.”, y “Tomar intervención, con carácter previo a la inclusión de cualquier práctica, procedimiento o cobertura en general dentro del conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y por el Programa Médico Obligatorio (PMO),  o los que en el futuro los reemplacen;” (otra vez las negritas son nuestras).

Como vemos, el organismo se constituiría así en un “filtro” ineludible para definir los alcances de la cobertura del PMO, no necesariamente basándose en criterios de política de salud: recordando por nuestra parte que el Programa es el que determina los alcances de la cobertura obligatoria de las obras sociales (sindicales, profesionales, provinciales) y de las empresas de medicina prepaga.

Tal como está diseñado, parecen converger allí los intereses de estas últimas y de las obras sociales sindicales para aliviar su carga de prestaciones obligatorias, difiriendo algunas de las que hoy cubre el PMO al sistema de copagos o coseguros: es decir, las cubrirían, pero con dinero adicional a cargo de los afiliados, no estando las prestaciones que se excluyan del Programa cubiertas por la cuota o prima del seguro de salud que estos abonan mensualmente, o les descuentan de su salario.

Acaso haya que buscar por allí las razones de la insistencia de la conducción de la CGT en defender un proyecto que a todas luces atenta contra los derechos de los trabajadores: la AGNET parece puesta dentro de él como un intercambio de favores a cambio justamente de ese apoyo; razón por la cual no se la discute aparte, en el contexto de un debate más amplio sobre el modelo de salud a aplicar en el país, y como se distribuye su financiación entre los diferentes actores del mismo.  

También habrá que ver si el nuevo escenario que abrió la reforma previsional (incluyendo la crisis en la CGT) permite sostener este pacto espurio, en perjuicio del acceso a la salud para todos los argentinos. 

EL DIABLO ESTÁ EN LOS DETALLES

Como todos recordamos, esta misma semana los aranceles de las prepagas tuvieron un “retoque” del 6 %, que lleva el aumento al 31 % en el año (14 puntos por encima de la banda mayor de la pauta inflacionaria prevista por el gobierno), y al 42 % si se cuentan los últimos 12 meses.

Sin embargo pareciera que no es suficiente, o al menos eso se desprende de lo que dice ésta nota de El Cronista: “Para el año próximo, se termina de definir una medida que cambiará el panorama drásticamente. La intención oficial es liberar el valor de las cuotas de las prepagas, una decisión que demanda una nueva ley y que plantea un escenario para el que las empresas dicen estar preparadas. Aunque no hubo todavía una comunicación formal a las firmas de salud privada de cómo se planteará la apertura de los precios, el tema es recurrente en los encuentros que las empresas mantienen con el gobierno. Los responsables de las principales compañías del sector coinciden en que aunque generará una mayor competencia y nuevas estrategias de negocio, la liberalización de los valores es positiva y el sistema ya demostró que funciona perfectamente de esa forma porque así lo hacía antes de 2011, cuando debieron comenzar a pedir autorización para ajustar los precios.

Claudio Belocopitt, titular de Swiss Medical, califica a la actual ley que regula el sistema como "imposible e inviable". En diálogo con El Cronista, el empresario aseguró que es imprescindible una ley nueva que ordene el sector. "Desde los años 60, la medicina funcionaba de forma desregulada perfectamente", dijo y aseguró que los problemas comenzaron con la nueva ley y la incorporación de prácticas nuevas al PMO (Programa Médico Obligatorio) que encarecieron notablemente las prestaciones y "desfinanciaron el sistema", señaló.

En Osde, el argumento es similar. Victor Cipolla, vocero de la prepaga, recordó que antes de 2011 (con la ley 26.682) las cuotas de la medicina privada eran libres y se aumentaban si así lo hacía la estructura de costos de la compañía. Los ajustes se planteaban dependiendo de la coyuntura: en momentos de firmar paritarias de sanidad, por alguna estrategia de negocios o dependiendo de los dividendos alcanzados. "Hoy hay una distorsión de precios total generada por la intervención del Estado. No se puede cubrir el encarecimiento que tuvo la canasta prestacional en estos años", aseguró. La liberación de los precios en el sector vendrá acompañado el próximo año con un requerimiento que vienen haciendo las compañías, sin éxito hasta ahora. En el borrador de la reforma laboral oficial está incluida la Agencia de Evaluación de Tecnologías de Salud, una entidad presente en diferentes formas en todo el mundo que evalúa si deben -con argumentos científicos- entregarse los nuevos medicamentos recetados. Principalmente, en referencia a drogas de muy alto valor que al no ser reconocidas por las prepagas como necesarias generalizan la judicialización.” (las negritas son nuestras)

Clarito ¿no?: lo que estos buenos muchachos preocupados por la salud de los argentinos quieren es cargarse la Ley 26.682 sancionada en 2011 por el gobierno de Cristina, y analizada en su momento en detalle acá y acá; que establece en su artículo 5 inciso g) que la autoridad de aplicación (el Ministerio de Salud) debe autorizar y revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones que propusieren los prestadores del sistema (las prepagas), en base a una estructura de costos que ella misma fija.

Y más importante aun: el artículo 7 de la ley establece que las prepagas “...deben cubrir, como mínimo en sus planes de cobertura médico asistencial, el Programa Médico Obligatorio vigente según Resolución del Ministerio de Salud de la Nación y el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad prevista en la ley 24.901 y sus modificatorias.”.

Pero no están solos en la pelea: para que dentro del mamotreto de la reforma laboral pase la creación de la AGNET (Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de la Salud) contarán con la invalorable colaboración de la dirigencia de la CGT, que está interesada en que las obras sociales sindicales queden también exentas de la obligación de dar cobertura al PMO, y a los tratamientos de alta complejidad y más costosos. Más información al respecto, acá.

Y la de los medios: por algo hace poco Belocopitt (mientras lloraba miseria porque no le cierran los números a Swiss Medical, culpa del kirchnerismo) compró el 40 % de las acciones del Grupo América que estaban en poder de De Narváez, gracias a lo cual es uno de los dueños del Canal América o la radio La Red: estemos atentos a ver como Fantino y Santiago Del Moro nos cuentan los tremendos beneficios de dejar librada la salud a las estrictas reglas del mercado, sin ingerencia alguna del Estado.

¿VIERON QUE NO ERA TAN PESADA LA PESADA HERENCIA?

Sobre el aumento de las prepagas previsto para enero del año que viene, leemos en la tribuna de doctrina: "Luego que el superintendente de Servicios de Salud, Luis Scervino, anunciara un aumento en las prepagas del 6%, la Subsecretaría de Comercio Interior negó hoy que exista algún tipo de autorización para que se aplique ese incremento. 

"Las notificaciones que reciben los usuarios de medicina prepaga no tienen validez y no existe ninguna resolución por la cual se autoricen aumentos en servicios de medicina prepaga a partir del 1° de enero de 2017", sostuvo la dependencia que funciona en la órbita del Ministerio de Producción. En ese marco, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor advirtió que los usuarios que reciban boletas con incrementos "no deben ser abonados"." 

¿Dónde era que habíamos leído esto de que los aumentos de las empresas de medicina prepaga debían ser autorizados previamente por el Estado?

Ah, sí, en la Ley 26.682 sancionada en el 2011 con una amplia mayoría en el Congreso y sin votos en contra, pero con la abstención de 30 diputados, entre ellos todos los del PRO, y algunos muy notorios, como pueden ver acá abajo en el acta respectiva:

GRACIAS TOTALES

Todo parece indicar que -gracias a la intervención del gobierno- las empresas de medicina prepaga tendrán que dar mar atrás en su pretensión de cobrarles copagos adicionales a los afiliados por determinadas prácticas médicas, por encima de las cuotas que ya les cobran de acuerdo con los contratos de afiliación.

Una pretensión que -tal como se da cuenta acá en La Nación y también acá en El Cronista  era parte de una estrategia conjunta de apriete entre los prestadores y las prepagas; para que el gobierno les autorizara aumentos mayores a los otorgados hace poco, hasta fin de año.

Una estrategia que no es nueva: veíamos acá como unos meses atrás apelaban a la amenaza del corte de servicio a los afiliados, con el mismo fin: que se les permitieran aumentos mayores, supuestamente justificados en una suba de los costos.

Lo que probablemente muchos no sepan o quizás otros no recuerden, es que los aumentos de las cuotas de las prepagas deben ser autorizados por el gobierno, y aparece también metido en el asunto el Secretario de Comercio Interior Augusto Costa; como consecuencia de que desde 2011 el sector está regulado por la Ley 26.682, reglamentada por Cristina mediante el Decreto 1993 del mismo año.

Ley que dice en su artículo 4: "Es Autoridad de Aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación. En lo que respecta a la relación de consumo y a la defensa de la competencia serán autoridades de aplicación las establecidas en las leyes 24.240 y 25.156 y sus modificatorias, según corresponda"; es decir en éste caso y en cuanto se vean afectados los derechos de los afiliados de las prepagas como usuarios y consumidores, la Secretaría de Comercio. 

De acuerdo con el artículo 5 inciso g) de la misma ley, a la Autoridad de Aplicación (la Superintendencia de Servicio de Salud) le corresponde: "Autorizar en los términos de la presente ley y revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones que propusieren los sujetos comprendidos en su artículo 1º;"; fiscalizar y garantizar la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales (artículo 17), autorizar el aumento de las cuotas "cuando el mismo esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos.", fijar los aranceles mínimos para la prestación eficiente de los diferentes tipos de servicios de salud (artículo 18) y aprobar los modelos de contratos entre las prepagas y sus afiliados (artículo 19).

Es precisamente este marco regulatorio legal el que, por un lado establece la intervención necesaria del Estado en el contralor de servicios críticos para la población, y por el otro, otorga el sustento jurídico para que los usuarios y consumidores y las asociaciones que los representan, puedan reclamar que no se les cobren copagos; y en caso contrario (o de no mediar reintegros a los que hubieran tenido que pagarlos), que las empresas sean sancionadas; tal cual se da cuenta acá en Tiempo Argentino. 

Lo cual nos lleva a reiterar -respecto al fenómeno de la medicina privada- lo dicho en su momento en éste post: "En el marco de la destrucción de la salud pública (fruto de un modelo político que implicaba el retiro del Estado aun de sus roles esenciales), muchos sectores sociales en especial de la clase media, en parte por necesidad (la falta de cobertura adecuada del sistema público) y en parte por pautas culturales de diferenciación, ingresaron a la cobertura de salud prepaga, más allá de los que la tenían por la vía de las obras sociales sindicales, con más trayectoria y antigüedad en el país.

Pertenecer a una prepaga se convirtió para muchos en un signo de ascenso social y diferenciación, cosa que el propio sistema de encargaba de difundir con una agresiva publicidad y con la oferta de beneficios adicionales (como los planes de turismo) que ocultaban la cara menos amable del negocio: los fabulosos márgenes de rentabilidad de las prepagas, dentro de un "mercado" (el de la salud) donde muchos jugadores tienen tasas siderales de ganancia, como los laboratorios o los propios prestadores directos (clínicas y sanatorios privados).

En parte porque se trata de servicios que están ligados a cuestiones troncales de cualquier persona o grupo familiar (porque está en juego la vida muchas veces, o decisiones cruciales que deben tomarse en tiempos perentorios), la enorme mayoría de los que tienen cobertura de salud a través de las prepagas no forman una masa crítica de protesta contra los abusos de las empresas, más allá de los reclamos puntuales de las distintas ONG's que agrupan a consumidores. 

Y aun así, el fracaso de esas organizaciones en términos de expansión y significación social de su rol tiene que ver con el ethos cultural de la clase media promedio en la que surgen, mucho más dispuesta a quejarse del Estado y sus regulaciones, que de los abusos del mercado; porque incursionar en ese terreno sería ir en contra de valores que creen como fundamentales en su estructura mental...".

El conflicto entre las empresas privadas de medicina prepaga y sus afiliados se produce justamente en estos momentos, en los que a propósito de las modificaciones a las leyes de abastecimiento, derechos del consumidor y defensa de la competencia que trata el Congreso, se discute la pertinencia de la intervención del Estado regulando al mercado en defensa de la parte más débil de la relación contractual (los usuarios y consumidores); y asistimos a una durísima ofensiva de los defensores de "la mano invisible del mercado" alertando sobre los funestos males que acarrearía al país que dicha legislación se aprobase.

Ofensiva que cuenta -en no pocos casos- con el apoyo de los propios afectados por esa mano invisible, en virtud del marco conceptual desde el que se posicionan frente a todo intento de regulación estatal.

De allí que -parafraseando al hoy homenajeado Cerati- no quepa sino darles gracias totales a Gustavo Belocopitt y toda la buena gente de las prepagas y prestadoras médicas (que vienen tirando en yunta con sus amenazas para lograr mayores aumentos de sus tarifas y cuotas): nadie (salvo quizá las automotrices) ha hecho por estos días más que ellos en favor de que los planteos del gobierno en estos asuntos ganen consenso social.

PROFESIONALES DEL APRIETE

Del caso de las prepagas nos ocupamos esta misma semana en éste post, a propósito del lock out que hicieron ayer demandando al gobierno que les deje aumentar los aranceles entre un 30 y un 50 %; con amenaza de extenderlo a 48 horas la semana que viene.

Finalmente les otorgaron un 9 % (muy por debajo de sus expectativas) y leemos en Infobae que desde las empresas del sector se dice que "“Lo que hubiéramos querido es ya cerrar ese 30%, de modo de quedarnos tranquilos para lo que resta de 2014, pero la realidad es que el hecho de no tener cerrada la paritaria es un punto que nos juega en contra ya que estaríamos pidiendo algo por adelantado.".

O sea -por si no te queda claro- que mientras arman un lock out extorsivo por presunto aumento de los costos (entre ellos el salarial, que dicen incide en un 60 % en el total), todavía no cerraron la paritaria del sector, pero igual pedían aumento de los aranceles "para ganar tiempo"; armando un colchoncito.

Lo de las automotrices es más complejo, y más grave porque está amenazando al empleo; que es la víscera más sensible para cualquier gobierno, o al menos para éste: a lo mejor a otro la amenaza de despidos masivos le chupa un huevo, vaya uno a saber.

El caso de General Motors -sin ser el único- es bastante emblemático sobre el comportamiento promedio del empresariado vernáculo, sin distingos al respecto entre locales o multinacionales extranjeras.

Recordemos que en la anterior crisis de la actividad -allá por 2008/2009- el gobierno le otorgó a GM un préstamo a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que maneja la ANSES; ya devuelto y que permitió desarrollar en la planta de General Alvear el modelo Agile, una tercera línea de producción y sumar 2200 puestos de trabajo.

Cabe preguntarse entonces si fue equivocada tal decisión, vista hoy en perspectiva; y concluir en que por supuesto que no; de lo contrario caeríamos -a gran escala- en la gran Bonfatti en el caso Estambul, acá en Santa Fe: cuando el Estado se desentiende de estas cuestiones, las grandes empresas cortan el hilo por lo más delgado, que son los puestos de trabajo de los que dependen muchas familias.

Como está amenazando ahora hacerlo GM cuando viene la mala, luego de haberla levantado con pala durante años en los que se batieron -uno tras otro- los récords de producción, venta y exportación de autos, de todas las compañías con sede en el país.

Empresas que además están ejerciendo un fortísimo lobby para sostener los irracionales precios que fijaron para los autos (aumentando antes, durante y después de la devaluación de enero, encareciendo ostensiblemente la financiación incluso por encima de las ya altas tasas bancarias de interés); y pedir rebajas o eliminaciones de impuestos, que incluso terminan trasladando a los precios más allá de los casos en que verdaderamente inciden.    

Y en ese intento, no le faltan lobbistas en la política: vemos en Sin Mordaza como el "Cachi" Martínez; quien junto con De Mendiguren (el diputado part time de la UIA en el massismo) plantean la derogación de la Ley 26.929 que modificó a fines del año pasado la ley de impuestos internos. 

Cuando se trata de desfinanciar al Estado (sin garantía de que los recursos que deja de percibir no queden en los bolsillos empresarios, como pasó cada vez que se instrumentó la rebaja de algunos puntos del IVA), siempre hay gente dispuesta a anotarse.

Pero además las automotrices vienen resistiendo a pie firme entrar en un esquema similar al que el el gobierno acaba de acordar con las fábricas de motos para armar un esquema similar a "Precios Cuidados", ofreciendo modelos más económicos (rebajando los precios), a cambio de financiación para hacerlos más accesibles al público, y mejorar las ventas.

Esta lógica empresarial de "la quiero toda para mí", y de la extorsión permanente (las automotrices amenazando con despidos y rebajas salariales, las prepagas con recorte o privación de los servicios) no debería a estas alturas sorprender a nadie; pero es el terreno real y concreto en el que se da la disputa en el país, y no sólo en términos económicos: se trata en definitiva de la pulseada por el poder.

Porque cuando el gobierno enfrenta estas presiones tratando de sostener el núcleo duro del proyecto kirchnerista (el empleo, el salario y el consumo) es de eso de lo que está discutiendo: del poder, y de como se transitan los meses que van desde ahora, a diciembre del 2015.

Algo que no por obvio debe dejar de recordarse, cuando nos tienen todo el día discutiendo sobre espejitos de colores como testigos amenazados y fiscales que se creen la reencarnación de Juana de Arco; como si por allí pasara la realidad del país.