Aclaración preliminar: no se
trata de cuestionar la justicia del reclamo de la declaración de la“emergencia
social” y las medidas que vendrían articuladas con la misma (aumento de la AUH
y de los montos pagados a los cooperativistas de los planes sociales, entre
otras), sino de intentar analizar si están dadas las condiciones de posibilidad
política para que prospere.
Cuando comenzó el gobierno de
“Cambiemos” y analizando el rol que le tocaba jugar a la oposición (de la que
pasábamos a formar parte, tras 12 años en el poder) decíamos nosotros que no se
podía pensar en generar un “gobierno desde el Congreso”, tratando de imponer
una agenda paralela y alternativa a la del Ejecutivo, aun sin computar lo que
vendría después: los fraccionamientos hacia el interior de la propia oposición
(en especial en el peronismo y en el FPV) que terminarían facilitándole a Macri
la tarea de imponer sus iniciativas legislativas (aun las más polémicas), y
gobernar casi sin escollos.
En todo caso decíamos entonces -y
reiteramos ahora, a la luz de los hechos producidos- el imperativo para la
oposición era cumplir con eficacia el rol para el que los ciudadanos la habían
votado, es decir, oponerse; haciendo eje en la composición de ambas Cámaras
(claramente desfavorable para “Cambiemos”) para frenar las iniciativas más
polémicas y peligrosas del gobierno.
Rol que está claro que hasta acá
no se ha cumplido, en buena medida porque vastos sectores de la oposición (en
especial el massismo y sectores del PJ “autónomos” o desgajados de la
conducción de Cristina) comparten el diagnóstico de Macri para los problemas
del país, y buena parte de sus soluciones.
En ese Congreso empezó a caminar
el proyecto de “emergencia social” con el apoyo más o menos visible del Papa,
que -cabe recordarlo por si alguno no lo tiene presente- es argentino pero vive
en el Vaticano, que queda lejos.
La propia gestación del proyecto
en el Congreso (donde recogió amplios apoyos, incluso del kirchnerismo) deja
dudas sobre su viabilidad política: iniciado por el Senado fue recién cuando se
sondearon acompañamientos en Diputados cuando algunos empezaron a buscar en
concreto fuentes concretas de financiamiento para un conjunto de medidas que
significan un importante desembolso de recursos del Estado.
Lo que hace por ejemplo que aun
aprobándolo el Senado (como parece que pasaría en unos días) pasaría a
Diputados donde modificarían el texto (incorporándole fuentes concretas de
financiamiento), por lo cual debería volver al Senado, retrasando su
aprobación; todo eso en el terreno de la pura hipótesis, antes de un previsible
veto presidencial y con el reloj del año parlamentario (que concluye el 30 de
éste mes, salvo que el PE lo prorrogue hasta fin de año) corriendo
aceleradamente. Señalamientos que hay que hacer porque estamos hablando de un
proyecto apuntado -en teoría- para articular respuestas a las situaciones
sociales más apremiantes, agravadas por las políticas del gobierno de Macri.
De veto presidencial hablábamos,
y nos remite la memoria a la ley anti-despidos, gestada por la coalición de
todas las centrales sindicales con el preludio de aquélla marcha del 29 de
abril, que hoy parece de otra década: el proyecto avanzó en el Congreso en
medio de las idas y vueltas de parte de la oposición (el massismo) para apoyarlo
en su permanente juego de equilibrio con el gobierno, y terminó fulminado por
el veto de Macri a las horas de ser comunicada al Ejecutivo.
Desde entonces no se supo que el
Congreso (la oposición, los que la acompañaron) haya intentado siquiera alguna
movida formal para tratar ese veto en alguna de las Cámaras, aunque la
situación del mercado laboral se ha agudizado profundamente desde entonces, con
despidos que se multiplican. ¿Hay que creer entonces que con ésta “emergencia
social” pasaría algo distinto en caso de un previsible veto del Ejecutivo?
¿Es creíble el apoyo de la CGT a
la movilización de las organizaciones sociales prevista para el 18 para
reclamar por la sanción del proyecto, cuando no hizo ninguna para revertir el
veto a la ley anti-despidos y sigue esperanzada en un “acuerdo de caballeros”
con los empresarios, que ya firmaron uno con el gobierno para no despedir que
violaron impunemente?
Uno de los miembros del
triunvirato cegetista (Schmid) se jactó por estos días de que la CGT se dio una
estrategia de amplitud, dialogando con los movimiento sociales (a los que
siempre había sido refractaria) e intentando acompañar sus reclamos. ¿Cuánto
hay de cierto en ese cambio de estrategia, y cuanto de táctica circunstancial
derivada del hecho de que Francisco desde Roma “bendice” a algunas de esas
organizaciones, que además vienen dando gestos de “autonomización” del
kirchnerismo?
Porque lo real es que la misma
CGT que anuncia su apoyo a la movilización del 18 le viene sacando el cuerpo
por todos los medios a su alcance a declarar un paro general contra el gobierno
de Macri (“no queremos aparecer como los chicos malos que no dejan gobernar”,
han dicho sus dirigentes), bajaron la bandera de la reapertura de las
paritarias a cambio de un bono en veremos, y le vienen sacando el cuerpo a las
movilizaciones de las CTA (donde estuvieron los mismos movimientos sociales que
impulsan la “emergencia social”) donde su rol en la calle hubiera sido más
directo e impactante.
Y lo que decimos de la CGT, vale
para muchos de los sectores políticos con representación en el Congreso: los
movimientos y organizaciones sociales tantas veces estigmatizados son recibidos
con las puertas abiertas cuando dan muestras de cruzar el Jordán e irse del
kirchnerismo (los que estaban adentro), o cuando reciben la bendición papal.
Decíamos antes que en Diputados
(con el apoyo del kirchnerismo) se le buscan fuentes de financiamiento
concretas a los gastos que demande la “emergencia social”: impuestos especiales
al juego, a la transferencia de utilidades al exterior de las compañías
multinacionales que operan en el país y a los plazos fijos en moneda
extranjera, entre otras.
Pero éste mismo Congreso
(incluyendo a muchos de los que ahora apoyarían el proyecto) votó la derogación
del impuesto a las Ganancias para la distribución de dividendos empresariales,
y no ha dado ningún paso para revertir la eliminación o rebaja de las
retenciones a las exportaciones industriales, mineras o agropecuarias aunque se
trata de facultades delegadas en el Ejecutivo, sujetas a su control. (ver post
anterior)
Peor aun: acaba de votar con
amplísima mayoría (mayor incluso que la necesaria para rechazar un veto
presidencial) un presupuesto que contempla ajuste, recorte de gastos y y
endeudamiento en forma masiva; y el oprobioso régimen de “participación pública
privada”, con todo tipo de concesiones al capital extranjero. ¿Es creíble que
los mismos que votaron eso apoyen ahora convencidos -y no para la tribuna- una
iniciativa que significa recortarles parte de los beneficios a ese capital, o
modificar el sentido y la composición de ese presupuesto?
¿Es real para los Massa, los
Pichetto, los Bossio, su adhesión a la “emergencia social”, o es fulbito para
la gilada, a sabiendas de que Macri lo va a vetar, muy posiblemente con el
mismo (bajo) costo político de los exabruptos xenófobos de Pichetto, para quien
seguramente en su fuero íntimo a muchos de los impulsores del proyecto solo los
diferencia de los destinatarios de su trumpismo de cabotaje el lugar de nacimiento?
¿O, por el contrario, apoyando el
proyecto se sacan el problema de encima (del reclamo de las organizaciones
sociales, de la bendición del Papa) a sabiendas de que Macri terminará pagando
un costo ínfimo por vetarlo, porque hay una percepción social generalizada de
que en definitivas se trata de “vagos planeros que no quieren trabajar”?
Ganancia pura para ellos. Si el proyecto se sanciona y sobreviene el previsible
veto ¿van a insistir con la sanción o van a hacer lo mismo que con la ley
anti-despidos, es decir nada?
Porque de darse esto último y más
allá de las buenas intenciones que puedan tener los movimientos y
organizaciones sociales que promueven la “emergencia social”, la cuestión se
parece bastante a una forreada descomunal, a la que le caben las palabras del
Papa ante ellos mismos cuando habló de “maquillar el volquete” en el que se
tiran los residuos que van dejando las políticas económicas neoliberales.
