LA FRASE

"EN ÉSTE PAÍS NO SE PUEDE TENER MENTALIDAD EMPRENDEDORA Y ARRIESGARSE EN LA BÚSQUEDA DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PORQUE ENSEGUIDA TE DESTRUYEN CON LA MÁQUINA DE IMPEDIR." (JOAQUÍN BENEGAS LYNCH)
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sábado, 28 de marzo de 2026

EXPRÓPIESE

 

En la reaparición pública de Adorni con su stand up cotidiano en el que se defendió de las acusaciones de corrupción en su contra como la almeja (enterrándose con la lengua), pasó casi desapercibido el anuncio que hizo de que el gobierno enviaría una serie de proyectos de ley para "garantizar la propiedad privada".  Pasó desapercibido hasta que anoche lo recordó el presidente en cadena nacional, en un mensaje en el que celebró que la justicia de Estados Unidos le diera la razón a la Argentina en el litigio iniciado por el fondo Burdford Capital, por la expropiación del 51 % de las acciones de YPF.

En realidad, se trata de un conjunto de proyectos que ya habían sido anunciados cuando el Poder Ejecutivo convocó al Congreso a extraordinarias, y entre ellos en esa oportunidad merecieron más atención las modificaciones a la Ley 26737 del dominio de tierras rurales aprobada en el gobierno de Cristina para limitar la tenencia y propiedad de tierras en manos de extranjeros; y a la Ley 26815 de manejo del fuego, en éste caso para eliminar los cambios introducidos en 2020 por la Ley 27604 a instancias de un proyecto presentado por Máximo Kirchner, para limitar el uso de las tierras afectadas por los incendios a los fines productivos o de desarrollos inmobiliarios, por un plazo de 60 años desde su extinción. Casualmente cuando se ha presentado un proyecto de capitales israelíes para construir una ciudad-country en 100.000 hectáreas no determinadas aun de la Patagonia.

Pero también estaba incluido en ese conjunto de proyectos -y es el que interesa analizar aquí- uno para modificar la Ley 21499 de expropiaciones, limitando -según dijo Adorni- las causas por las que un bien puede ser declarado de utilidad pública para ser expropiado, aunque en rigor el jefe de gabinete -demostrando que del tema, como de tantos otros, entiende poco- dijo que no correspondía que el Estado resolviera eso "unilateralmente". Milei agregó que proponen que la expropiación sea "para situaciones excepcionales" (como si no hubiera sido siempre así), y para pagarles m{as indemnizaciones a los expropiados, lo que de mono alguno sorprende.

La pregunta sería en ese caso a quien le tendría que preguntar el Estado (garante del bien común) si algo es o no de utilidad pública para expropiarlo, o con quien lo tendría que discutir; cuando determinarlo es un acto propio del ejercicio de su soberanía exterior y supremacía interna para imponerse al interés particular; y el particular afectado por la privación de un bien lo único que puede discutir (en sede administrativa y judicial), es el precio, o sea el monto de la indemnización que se le debe pagar para desapoderarlo del bien.

Y no se trata de inventos chavistas ni nada por el estilo: la cuestión de la expropiación de bienes por causa de utilidad pública estaba ya en el artículo 17 de la Constitución Nacional original sancionada en 1853, y siguió estando hasta el día de hoy, con el mismo texto. Es decir que aun la muy liberal Constitución ideada por Alberdi -que en el mismo artículo protegía y protege la propiedad privada incluso de las necesidades del país ante una guerra: ("Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exija auxilios de ninguna especie")- admitía la expropiación de un bien por causa de utilidad pública.

Y la Constitución peronista de 1949 ratificaba el concepto (la expropiación procede por causa de utilidad pública declarada por ley, y previamente indemnizada) en su artículo 38, en el que consagraba la función social de la propiedad privada: "La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. La expropiación por causa de utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.". En el artículo 40 establecía las pautas para expropiar -si fuera necesario- los bienes afectados a los servicios públicos, y fijaba las pautas para la indemnización en ese caso en particular.

Lo que se trataría de modificar ahora -entre otros- es el artículo 1 de la Ley 21499 (1977) que dice lo siguiente: "La utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación, comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual.". Su antecesora la Ley 13264 (1948) establecía en su artículo 1: "El concepto de utilidad pública comprende todos los casos en que se persiga la satisfacción de una exigencia determinada por el perfeccionamiento social.".

Similares conceptos contiene la Ley 7534 (1975) de Santa Fe en su artículo 1: "El concepto de interés general comprende todo aquello que represente o tienda a lograr una satisfacción material o espiritual para la colectividad.", y la Constitución provincial reformada el año pasado dice en su artículo 21 (que reproduce exactamente el artículo 15 de la Constitución de 1962): "La propiedad privada es inviolable y solamente puede ser limitada con el fin que cumpla una función social. El Estado puede expropiar bienes, previa indemnización, por motivos de interés general calificado por ley."

Hasta los tratados bilaterales de inversión (TBI) firmados en abundancia durante la década del 90' al calor de las reglas del Consenso de Washington dejaron a salvo la facultad expropiatoria del Estado; algo que solo podía ocurrírsele a este gobierno de ocupación colonial que padecemos, y lo dejó plasmado en la Ley 27742 (ley de bases), más específicamente en el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, en el artículo 200 inciso b): "El Estado nacional garantiza a los VPU adheridos al RIGI: b) La plena disponibilidad de sus activos e inversiones, que no serán objeto de actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho por parte de ninguna autoridad argentina. El Estado prestará al VPU toda la colaboración necesaria para repeler actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho provenientes de cualquier autoridad nacional, o de jurisdicciones locales o extranjeras;...".

Es decir que el Estado les asegura a determinados inversores que jamás serán expropiados -ni por él, ni por las provincias ni por los municipios- aunque exista una necesidad pública que así lo justifique; pudiendo llegar incluso (está implícito en el texto) a usar la fuerza para impedirlo, o intervenir una provincia a esos fines, estirando los preceptos constitucionales de los artículos 5 y 6 CN (hasta violarlos) en beneficio exclusivo del capital extranjero.

Expresiones tales como "utilidad pública", "satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual", "perfeccionamiento social", "satisfacción material o espiritual para la colectividad" o "interés general" son los que en doctrina se conoce como conceptos jurídicos indeterminados, que el constituyente y el legislador dejan deliberadamente abiertos para poder captar en forma dinámica todas las situaciones que pueden presentarse a través del tiempo, y que imponen que el Estado actúe expropiando un bien particular, que son múltiples y variadas y van desde evitar que una fábrica abandonada o vaciada por sus dueños cierre y se pierdan puestos de trabajo (de hecho así se ha hecho en el caso de la mayoría de las fábricas recuperadas), o para retomar el control de la petrolera estatal y alinearla con los objetivos del país y el desarrollo nacional en materia energética; como hizo el gobierno de Cristina en 2012 con la Ley 26741; que habilitó la recuperación del control de YPF por el Estado nacional.

Esta última mención no es casual en éste post, pero tampoco -creemos- en éste momento y en relación al litigio que el Estado nacional sostiene en Estados Unidos contra el fondo buitre  Burford Capital, por la expropiación del 51 % del paquete accionario de YPF. Un litigio en el que la Argentina contó hasta con el apoyo de del gobiernos de los EEUU, que no hace más que defender su propia ley de inmunidad soberana de los Estados en su territorio, y su prevalencia sobre cualquier estatuto societario; que es lo que viene sosteniendo la Argentina desde el inicio del litigio, y que el fallo del tribunal de apelaciones yanqui acaba de convalidar, dándole la razón y revocando el fallo de la jueza Preska, que ordenaba pagar una indemnización colosal a los demandantes, y transferirles las acciones de la petrolera.

Si no estuviéramos en manos de un gobierno infiltrado en todas sus líneas por los agentes del capital financiero internacional, si de allí no proviniesen todos los principales funcionarios del Ministerio de Economía (y ahora también de la cancillería), si las políticas de éste gobierno no hubieran alentado el desembarco en el país de fondos especulativos como el propio Burford Capital que litiga contra Argentina por la recuperación de YPF para participar del festival de ganancias fáciles de la bicicleta financiera (y que acaba de recibir un fallo adverso para sus intereses, pero favorable para el país), si funcionarios de éste mismo gobierno (como el ex Procurador del Tesoro Castro Videla o el diputado Fargossi) no hubiesen estado vinculados al fondo litigante como abogados, si ese mismo gobierno no estuviera desesperado por rifar los recursos naturales del país y el patrimonio público para hacerse de dólares para pagar la deuda y si no estuviera tratando de evitar que los latrocinios y saqueos de hoy no puedan ser revertidos mañana por un futuro gobierno, uno podría pensar que cuestionar en éste momento la potestad expropiatoria del Estado o pretender disminuirla en su potencia jurídica sería pura casualidad.

Pero en éste contexto no puede ser sino otra cosa, amén de la demostración palmaria de que el presidente tiene severos trastornos mentales y vive en una dimensión paralela; tanto que dijo que expropiar está mal y es un robo (cuando se paga una indemnización), luego de un fallo de un tribunal del país del cual es siervo incondicional que dijo todo lo contrario. Tuits relacionados: 

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jueves, 12 de octubre de 2023

CUATRO O CINCO VIVOS

 

Los problemas más serios de la economía argentina (y entre ellos, la inflación, la pobreza y la distribución regresiva del ingreso) no tienen su origen en las joditas que arman cuatro o cinco vivos en las cuevas de la city, pero esos cuatro o cinco vivos (el número es figurativo) sacan provecho de todas las crisis, y si a esos fines las tienen que fogonear, las fogonean.

Tampoco la actual corrida cambiaria -y posiblemente bancaria- es responsabilidad exclusiva de Milei, si bien su insensatez es mayúscula, demostrando que no tiene las mínimas condiciones para manejar un quiosco, no hablemos ya de presidir el país. Y también nos demuestra -de un modo doloroso- como funciona en la práctica la dolarización: licuando nuestros ya empobrecidos salarios 

Pero si es cierto que Milei -además de extraviado- está rodeado de buscas (nacionales e internacionales) que medran con éste tipo de situaciones para llenarse los bolsillos.  

Y si esos cuatro o cinco vivos van en cana el país va a seguir teniendo problemas muy serios por delante para resolver, pero que vayan presos sería algo para celebrar. Porque hasta acá la vienen sacando barata, tanto que nadie ni siquiera conoce quienes son.

Las crisis económicas se resuelven con medidas económicas, pero en el mientras tanto, exponer a estos delincuentes y -si fuera posible- ponerlos tras las rejas es una medida de estricta justicia, y necesaria higiene democrática. 

Porque resulta que no solo no sabemos quienes son, sino que nunca figuran en los discursos de la mayoría de la dirigencia política como revistando entre los causantes de los problemas del país: por el contrario, han instalado entre la mayoría de la gente que ese lugar lo ocupan los sindicalistas, los piqueteros o los pueblos originarios, e incluso los políticos, antes que ellos.

Y en mucha mayor escala, otros operadores como los fondos de inversión especulativos o los grandes conglomerados económicos del país -incluidas muchas de las multinacionales que operan en él- aprovechan impunemente y casi en el anonimato nuestras recurrentes crisis para acrecentar sus ganancias, ajenos a todas las convulsiones.

Nunca sabemos -el vulgo, las grandes mayorías- quienes fugan, quienes desabastecen, quienes provocan movimientos especulativos con el dólar "blue" o los dólares financieros, quienes fugan capitales, quienes evaden impuestos, aunque lo intuyamos, o la información está disponible en bases de datos públicos: no circula, porque no hay interés en que esas cosas se sepan, porque expondría los resortes invisibles que mueven las palancas.

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domingo, 10 de septiembre de 2023

Y PÉGUELE FUERTE

 

Siguiendo el enlace del tuit de apertura de Axel llegan al texto completo de su posteo, a propósito del fallo de una jueza de Nueva York por la expropiación de YPF en 2012 durante el segundo gobierno de Cristina. Allí está lo central que hay que entender del tema, y no nos vamos a repetir.

A esta altura del partido no debería sorprender la reacción en cadena de la oposición en modo cipayo, incluida la UCR que en 2008 votó a favor de la expropiación, porque hacerlo en contra hubiera demasiado, hasta para ellos, arrastrados como son. Hoy cuestionan el modo en que se expropió o el acuerdo con Repsol, cuando el modo lo votaron a favor, y el fallo trata de un reclamo de un fondo buitre que compró el juicio a otros accionistas, que no son el grupo español.

Tal como lo señala Axel Kicillof, el fallo  es absurdo por donde se lo mire, porque supone tanto como admitir que un Estado no puede ejecutar un acto propio de su soberanía como tal, como calificar algo como de utilidad pública y expropiarlo; con la sola salvedad -que establece la Constitución- de indemnizar a sus propietarios por la privación del dominio. Hasta los propios TBI(Tratados Bilaterales de Inversión) firmados en la oprobiosa década del 90' dejan a salvo esa facultad.

Pero ésta disputa es todo menos jurídica, y solo en el país más bizarro del mundo en temas judiciales (más incluso que nosotros, lo que es mucho decir) como los EEUU, puede concebirse un fallo así, de la jueza que sucedió a Griesa.

La discusión es para que queremos a YPF, o mejor aun, que país queremos y que rol juega en él la petrolera estatal: o tenemos soberanía nacional para el desarrollo, la independencia económica y la justicia social, o somos una colonia extractivista cuyos destinos deciden otros fronteras afuera, en las que esas metas no pueden ni siquiera plantearse.

Hace un tiempo cuando se cumplieron los 100 años de la creación de la petrolera estatal, reseñábamos brevemente su historia en ésta entrada, cuya relectura recomendamos.

Decíamos entonces: "YPF es una metáfora del país, en la que están contenidas todas las Argentinas posibles, sea una con desarrollo, industria, tecnología, empleos de calidad con buenos salarios y desarrollos sectoriales y regionales agregados; u otra que simplemente extraiga nuestras riquezas naturales sin otra perspectiva que llevárselas afuera, sin dejar nada a cambio.".

Lo segundo es lo que venía haciendo por años el grupo Repsol, hasta que Cristina decidió la expropiación del 51 % del paquete accionario, que votó el Congreso con la Ley 26741. Y eso es a lo que propone volver la oposición, donde algunos (como Milei ) proponen incluso volverla a privatizar. Eso hay que discutir, y no las sandeces de una jueza yanqui que equipara a un Estado soberano con un grupo de tahúres de las finanzas, en desmedro del Estado soberano.

Tuits relacionados:  

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viernes, 7 de abril de 2023

BUITRES AL ACECHO

 

En menos de una semana los fondos buitres demostraron que tienen intacto su poder de fuego para incidir en la política argentina en tiempos de elecciones, como lo hicieron con Paul Singer en el 2015, trabando los pagos a los tenedores de bonos de los canjes de deuda de 2005 y 2010. Primero con el juicio del fondo Brudford (que lo compró, porque jamás invirtieron un peso en la empresa) por la expropiación de YPF, y ahora con la demanda promovida por otros cuatro fondos en Londres por el pago de los cupones PBI del primer canje.

En ambos casos y como siempre que suceden estas cosas, la oposición mediática y política (que son una sola y misma cosa) se pusieron del lado de los buitres, y en contra de los intereses del país, lo que a esta altura no sorprende, porque en definitivas tributan a los mismos intereses. Y en ese tren, lo primero que hacen es sacar las cosas de su contexto, ocultando que en el caso de YPF la expropiación vino a detener el vaciamiento de Repsol, y en el del cupón PBI fue parte de la renegociación que tuvo que hacer el kirchnerismo, de las deudas que contrajeron otros gobiernos.

Y por supuesto aprovechando para pegarle a Axel Kicillof, a ver si de ese modo pueden mellar sus chances de reelección en la crucial provincia de Buenos Aires, ante la posibilidad de que eso tenga peso decisivo por arrastre en el resultado de la elección nacional: en éste sentido, hay un hilo conductor que vincula a estos juicios con el lamentable episodio de la muerte de un colectivero en el conurbano. Datos, no opinión, o como dijera alguien, "que yo sea paranoico no quiere decir que no me persigan".

En el afán de aprovechar el último fallo londinense para pegarle al gobierno, la oposición y los medios no reparan siquiera en el contrasentido que el argumento principal de éste es que, durante el kirchnerismo, el país creció más de lo que reconocía estadísticamente el gobierno, pero también más de lo que entonces decía la oposición; que en 2015 adujo que les dejaron un país destrozado, para a los pocos meses reconocer que pudieron endeudarlo, porque previamente el kirchnerismo lo había desendeudado.  

Ambos juicios además son una muestra de como funciona el sistema del capitalismo global financiarizado y cuáles son los actores que se mueven en él, de los cuáles los no estatales (como los fondos buitres) son los más relevantes; sobre todo porque los Estados (en especial en el denominado primer mundo) siguen sin regular adecuadamente su despliegue, porque la clase política -sobre todo en EEUU- es inoperante para enfrentarse a sus oscuros financistas de campaña. Lo que está pasando en estos momentos en el país del norte comprueba la actualidad de la conclusión.

En el caso argentino, los juicios y las sentencias de tribunales extranjeros tienen además un claro sentido aleccionador sobre decisiones soberanas, como recuperar el control de la petrolera estatal como pivote de un plan de desarrollo con soberanía energética, o reestructurar la deuda bajo condiciones que hagan compatible su pago con el crecimiento del país y el bienestar de sus habitantes. Decisiones como ésas, en éste contexto, no se perdonan; y el escarnio que los medios están lanzando sobre Kicillof es del mismo cuño del que esos mismos medios y la corporación judicial desataron sobre Amado Boudou, por haber ideado la recuperación de los fondos de las AFJP, y la disolución de su estafa organizada.

Dicho esto, quedan aun pendientes cuestiones estructurales por discutir en la política argentina, que no son ajenas al problema de fondo que la aqueja: su falta de volumen para plantarse frente a los poderes fácticos en condiciones de hacer respetar la soberanía popular, piedra basal de la democracia. Sobre los largos ciclos de endeudamiento de la economía argentina (que lamentablemente retomamos con el macrismo, precisamente cuando inauguró su gobierno capitulando incondicionalmente frente a los fondos buitres), dijimos bastante en su momento acá; y allí nos remitimos en cuanto a que el kirchnerismo perdió la "batalla cultural" por hacer comprender la importancia estrategia -en términos políticos, sociales y económicos- de las políticas de desendeudamiento.

Y en el camino, esos ciclos de endeudamiento fueron dejando jirones de la soberanía jurídica y política del país, desde la ya lejana decisión del gobierno de la Fusiladora de ingresar al FMI en 1956, o la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la nación por Videla y Martínez de Hoz en los primeros días de la dictadura genocida del 76', para permitir la prórroga de jurisdicción en favor de tribunales extranjeros. Luego vinieron los 90', los TBI, la aceptación de la jurisdicción del CIADI, las privatizaciones, las emisiones de deuda bajo ley extranjera y el resto de la historia conocida.

Retrocesos de los que aun no hemos vuelto ni siquiera en el ciclo 2003-2015 (el único en el que se registraron avances en ese sentido desde la recuperación de la democracia), y estamos peor aun que desde entonces; sin que se advierta un proceso de recomposición del "músculo" de la política democrática para dar esa pelea, o intención de hacerlo. Estos fallos, de estos jueces, con estos intereses en juego y favoreciendo a determinados intereses, también son "lawfare"; en éste caso contra las posibilidades de desarrollo económico y equidad social del país, y así deben ser entendidos. 

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sábado, 17 de julio de 2021

EL FENÓMENO CRISTINA

No vamos a descubrir la pólvora si señalamos la distancia sideral que media entre Cristina y el resto de la dirigencia política argentina, incluyendo los propios y los extraños. En términos de volumen político, de claridad conceptual, de capacidad de comprensión, de firmeza en las convicciones, de coherencia en una trayectoria política.

Reconocerlo -algo que jamás harán los opositores, y no pocos de los "de este lado" que le siguen bajando el precio a todo cuanto diga o haga- es en punto homenajear respetuosamente a la voluntad popular mayoritaria que, precisamente por esas condiciones, la ungió dos veces presidenta, y otra vicepresidenta que empujó a la fórmula que integraba a una victoria amplia; en los tres casos en primera vuelta. 

Es el propio volumen político de Cristina el que determina su absoluta centralidad en la agenda, y ese volumen político se acrecienta en el tiempo por esa centralidad que le reconocen los propios y extraños (más incluso éstos últimos que los primeros); de lo que resulta que Cristina es, más que una persona de carne y hueso o un excepcional cuadro político del que hemos tenido la suerte de ser contemporáneos, un fenómeno político en sí mismo, digno de estudio.

Fenómeno que marca ya casi 15 años de permanencia indiscutida en el centro del escenario, más allá del rol institucional que le toque circunstancialmente cumplir. Como pasó en su momento con Perón o con la misma Evita (con quiénes no hay que tener temor de parangonarla, en éste preciso punto), Cristina provoca pasiones contrapuestas, con la misma intensidad: la aman o la odian, pero nunca les resulta indiferente,

A punto tal que podría decirse que en ella se corporiza la verdadera "grieta" de la que tanto nos hablan, que en términos políticos es la que separa dos modos diametralmente opuestos de hacer política, de los que ella representa cabalmente uno, y al que los otros (la mayoría) quedan adscriptos; porque ella los expone en su miseria, en sus pequeñeces, debilidades y cobardías.

Cristina es la política llamando a las cosas por su nombre, sin lugares comunes, sin eslóganes huecos y vacíos diseñados por algún creativo publicitario para ganar votos, la política como defensa de una idea, como afán obsesivo de representación social, como compromiso militante con la custodia de los intereses generales, en particular los de las grandes mayorías nacionales. Si durante sus gobiernos vivimos mejor, en sus propias palabras, "no fue magia", sino la consecuencia de gestionar el Estado desde esa idea de lo que debe ser la política.

Es desde allí donde Cristina se planta frente a las estructuras del poder "real" que trasciende los formatos electorales y la propia incertidumbre de las urnas (es decir, los grandes medios, el poder económico, la corporación judicial) para decirles en la cara lo que ellos saben perfectamente -porque lo diseñaron en detalle-, pero para que sepan que fueron descubiertos, y ya no podrán seguir mintiendo a todos, todo el tiempo, o posando de lo que no son. Lo que en otros podría sonar a relato conspiranoico, en la palabra precisa y contundente de Cristina cobra verosimilitud, adquiere sentido, ilumina y resignifica porciones sustanciales de nuestro devenir político en los últimos tiempos.

En el alegato Cristina describe con una precisión quirúrgica -que debería ser estudiada en las facultades de derecho- como funciona el "lawfare": sus mecanismos, sus estrategias y, sobre todo, sus propósitos: aleccionar, doblegar, condicionar. Y vaya si lo consiguen, porque la propia decisión de Cristina en 2019 de correrse de la candidatura para prohijar la de Alberto, tuvo que ver con evitar que la campaña electoral transcurriera haciendo foco exclusivamente en su paso por los tribunales, para defenderse de las acusaciones en su contra.

El "lawfare" como estrategia de persecución política con múltiples brazos ejecutores -como bien describió Cristina- contamina climas políticos, define candidaturas, condiciona procesos electorales. Y no lo hace solo por afinidades ideológicas con las expresiones políticas de la derecha, sino también por intereses más concretos, como los de los fondos buitres y la especulación financiera internacional; y quienes en ellos invierten y ganan, a lo largo y a lo ancho del mundo.

Como el Grupo Clarín, que en la persona de Cristina nos enseña como se puede perseguir a alguien hasta la tumba y el ostracismo: habiendo logrado la mutilación de la ley de medios que afectaba sus intereses (y la promesa del actual presidente de no reponerla), o la aprobación de la fusión entre Cablevisión y Telecom que acrecentó su poderío dominante en el mercado de las telecomunicaciones (es decir, habiendo triunfado en el combate, en toda la línea), no ceja en su diatriba contra quien tuvo la osadía de enfrentarlos; porque la idea -como dijo Cristina- es aleccionar al resto, para que ni siquiera considere reincidir en ese camino.

Y el "lawfare" y las persecuciones, como recordó Cristina, también terminaron triunfando sobre la estrategia de defensa férrea de la dignidad nacional que ella siguió en sus gobiernos, frente al embate de los fondos buitres: la resistencia épica que el kirchnerismo llevó adelante en los tribunales de todo el mundo, y los amplios apoyos que la Argentina (la Argentina, no el gobierno de Cristina, o ella a título personal) consiguió en la ONU y otros foros internacionales, se desmoronaro a las pocas semanas de asumido Macri, con un ruinoso acuerdo a libro cerrado (cuyos beneficiarios finales se desconocen aun hoy en detalle); que solo sirvió para iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento y postración nacional, del que nos costará décadas salir.

De esa capitulación participó la casi totalidad de la clase política argentina, incluidos oficialismo y oposición, la mayoría de los bloques legislativos de lo que por entonces era el Frente Para La Victoria y todos los gobernadores de las provincias, con la excepción de Alicia Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá. Es decir que al inmenso volumen de Cristina lo contrapesó la escasa envergadura de quienes debieron estar a la altura de las circunstancias, y no lo hicieron.

Ojalá que parte del proceso de construcción del "Frente de Todos" sea el debido aprendizaje de esa dura lección, para no volver a repetir los mismos errores; aunque el apuro del gobierno de Alberto Fernández en cerrar -en los primeros meses de su gestión- un acuerdo para pagar la deuda contraída en esas condiciones, parezca indicar lo contrario. Lo cual indica que la única forma de evitar volver a tropezar en el futuro con la misma piedra, es construir densidad nacional y capacidad de autodeterminación. O lo que es lo mismo: armar una Cristina colectiva, para acortar la distancia entre su excepcionalidad, el resto de la dirigencia política y los instrumentos del poder popular necesarios para defender los derechos e intereses de las grandes mayorías nacionales. 

Perón dijo que su único heredero era el pueblo, pero un pueblo organizado: "la organización vence al tiempo y a los hombres". Una organización que haga que Cristina, que es imprescindible y con la que tuvimos el privilegio de compartir el mismo tiempo histórico, lo sea cada día un poco menos; y hacer realidad lo que ella misma dijera en su discurso de despedida el 9 de diciembre de 2015: "va a pasar lo que ustedes quieran que pase".

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jueves, 18 de febrero de 2021

¿NO ESTABA ARREGLADO ESTO YA?

 


Junto con la profunda recesión instalada ya antes de la pandemia, y el empeoramiento de todos los indicadores sociales, entre los peores legados del gobierno de Macri ha de contarse -sin dudas- el profundo endeudamiento externo contraído en apenas cuatro años de gestión.

Baste señalar que al asumir Macri el país no le debía un centavo al FMI y hoy está renegociando como pagarles los 57.000 millones de dólares que le prestaran para financiar su reelección y favorecer el proceso de fuga de capitales, para tener una idea cabal de lo que estamos diciendo.

Y ese endeudamiento involucraba además a los acreedores privados que le prestaron a manos llenas hasta que le cerraron el grifo en 2018, y justamente tuvo que acudir al FMI. Ese endeudamiento fue el primero que el gobierno de Alberto Fernández eligió atender, porque eran sus vencimientos los que apremiaban primero en el perfil de la deuda que el nuevo gobierno tenía que afrontar.

Si bien el acuerdo logrado por Guzmán fue celebrado como un éxito (cosa que no es del caso discutir acá), lo cierto es que luego de firmado, hay que cumplirlo; lo que supone -por ejemplo- conseguir los dólares necesarios para hacer frente al pago de los vencimientos cuando estos se produzcan. Porque aunque sea una verdad de Perogrullo, debe decirse que el endeudamiento en divisas agrava el problema de la restricción externa, no lo resuelve.

Amén de ello, la explicación oficial (y del "consenso del mercado") sobre el apuro por cerrar el acuerdo con los acreedores privados era que de tal modo el país daba señales de certidumbre a los mercados financieros, y así bajaría el "riesgo país", facilitando la nueva salida del país (el gobierno, las provincias, las empresas) a los mercados de capitales para financiarse. 

Pues bien, esa premisa falló, en toda la línea: el "riesgo país" sigue alto, la posibilidad de acceso a los mercados internacionales de deuda sigue vedada y lo seguirá por mucho tiempo; entre otras cosas porque además el gobierno tiene pendiente otra negociación, en éste caso con el FMI. Y eso sin discutir si es virtuoso o dañino para el país retornar a los mercados de deuda, conocida su adicción al respecto.

Pero hay más: vemos acá en Ámbito como una cosa va de la mano de la otra, porque los principales fondos de inversión que cerraron el acuerdo con el gobierno hace unos meses, lo apuran a que cierre un acuerdo con el Fondo a como dé lugar, para dar lugar a un "plan económico creíble" (para ellos, claro).

En esa línea, cuestionan aspectos centrales de la política económica: rechazan cualquier intento de controlar precios, congelar tarifas, imponer restricciones a las exportaciones o subir las retenciones, o sostener restricciones para el acceso a las divisas.

Califican como "esfuerzo innecesario de confrontación" las tratativas con ellos mismos para reestructurar la deuda de YPF, y por supuesto piden bajar la inflación y realizar un ajuste fiscal, al tiempo que reclaman aumentar tarifas, reducir impuestos o eliminar las restricciones a la compra de dólares.

En síntesis: le reclaman al gobierno que aplique el programa que fue derrotado en las elecciones del 2019, y que nos llevó al desastre económico que nos colocó en default de la deuda, y puso en riesgo su pago futuro. O lo que es lo mismo: lo que el gobierno trata de evitar que ingrese como reclamos de medidas de política económica por la ventanilla del FMI, le ingresa por el lado de los acreedores con los que supuso haber llegado a un arreglo duradero.

Sucede que en definitivas uno (el FMI) y otros, representan en definitiva a los mismos intereses, y comparten el mismo credo económico que -suponen- mejor consulta a esos intereses. Y que en estas cuestiones si hay algo que evitar, son los voluntarismos de creer que existen las soluciones mágicas, que para más, llegan cediendo a determinadas presiones.

De hecho hubo buenas oportunidades de comprobar ese error, antes de éste comunicado/apretada: estos mismos fondos son los que dificultaron hasta último momento el arreglo de la deuda de YPF, y las reestructuraciones de algunas provincias; y muchos de ellos son los que estuvieron detrás de los movimientos especulativos con el dólar, a punto tal que el gobierno pisó el palito de dolarizar deuda en pesos, para que "salieran" de sus inversiones fallidas durante el macrismo. 

En éste caso cabe como pocos la fábula de la rana y el escorpión: esta gente no hace más que lo que está en su naturaleza.         

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jueves, 27 de agosto de 2020

QUE BIEN ESTÁBAMOS CUANDO ESTÁBAMOS MAL


Hay un consenso extendido en los análisis económicos y políticos (del que no quedan excluidos analistas "del palo") sobre que el segundo mandato de Cristina fue malo en todo sentido, y que allí hay que buscar las causas del triunfo de Macri en el balotaje presidencial del 2015.

Desde esa óptica, se exculpan otros factores como la división del voto peronista con la candidatura de Massa -decisiva para que hubiera balotaje, y para que a éste lo ganara Macri-, con la curiosa conclusión de que la responsabilidad mayor en la derrota del que conservó más votos y apostó a la candidatura del "peronismo realmente existente" como les gustaba decir a algunos por entonces, que la del que rompió desde el 2013 una unidad más amplia, y terminó siendo funcional al triunfo de la derecha en las urnas. Pariente cercano -en falsedad- del análisis según el cual Cristina "fue a menos", apostando al triunfo de Macri, para luego generar las condiciones para un "operativo clamor" pidiendo su regreso: lo curioso es muchos de los que dijeron eso fueron realmente "a menos" frente a Macri, siendo oposición.

Que el gobierno del 2011 al 2015 no fue perfecto y se cometieron muchos errores, o quedaron cosas pendientes que agudizaron determinados problemas generando malestar social y posibles "votos castigo", no caben dudas; del mismo modo que en el desarrollo concreto de la campaña pudieron existir -y de hecho existieron- errores de estrategia. Pero escindir determinados hechos del análisis para llegar a una conclusión predeterminada que -se vio luego- cohonestara ciertas conductas posteriores de "oposición razonable" al macrismo es, como mínimo, un ejercicio de deshonestidad intelectual.

El año electoral 2015 transcurrió en medio del escándalo por la muerte de Nisman, la ofensiva feroz de los fondos buitres para esmerilar al gobierno y obligarlo a rendirse incondicionalmente a sus demandas (con la imprescindible colaboración de aliados internos, desde la oposición a los grandes medios) y, ahora lo sabemos, la intromisión en la campaña de las más refinadas estrategias de influencia sobre la opinión pública como el trabajo de Cambridge Analytica, entre otros hechos relevantes. Aun con todo eso en contra, la fuerza que gobernaba entonces terminó perdiendo en un balotaje por un punto y medio, tras 12 años intensos de gobierno, y llevando a un candidato que no cumplió con lo que de él se esperaba, en cuanto a captar votos por fuera del núcleo duro, dado su perfil.

Pero volvamos al segundo mandato de Cristina, y ese consenso extendido sobre que fue un mal gobierno: no se trata de compararlo acá con el de Macri que lo sucedió, y con el cual hasta De La Rúa podría salir ganando según como se mire; sino de ver hoy, en las particulares condiciones concretas en las que se tiene que desenvolver el gobierno de Alberto Fernández, y las herramientas con las que cuenta para enfrentar la doble crisis (la heredada del macrismo y la generada por la pandemia). En ese sentido se creemos que se pueden destacar determinados ejes:

* Los bancos fueron (como siempre) los grandes ganadores en todo esto, con o sin pandemia, con o sin arreglo con los acreedores externos, y fueron a su vez los que sabotearon o retacearon colaboración a todos los planes desplegados por el gobierno para atemperar los efectos de la crisis. Si el gobierno actual tiene algunas herramientas legales a su alcances para regularlos y forzarlos a cumplir con determinadas cuestiones (líneas de crédito productivo, piso de tasas para los plazos fijos, límites de tenencias de títulos públicos), es gracias a la reforma introducida en la Carta Orgánica del Banco Central en el 2012, mediante la Ley 26739.

* En los orígenes de su mandato, Alberto Fernández pensó en una "salida exportadora", haciendo hincapié en las divisas que podría generar Vaca Muerta, aunque claro, luego las cosas cambiaron: sobrevino la pandemia y el precio internacional del petróleo se derrumbó. Sin embargo, si existe alguna posibilidad de que desde allí se aporte a la recuperación de la economía, será con el liderazgo de la YPF cuyo control recuperó el Estado en el 2012, con la Ley 26741. De hecho hace poco y como veíamos acá, los números de la petrolera fueron mucho mejores durante el gobierno "chavista" de Cristina, que con el "market friendly" de Macri. 

* Sobre la importancia estratégica del Programa Procrear (creado en el 2012 por el DNU 902), no hay mucho que agregar, salvo que fue reconocida por el propio Alberto Fernández hace poco cuando lo relanzó, en los fundamentos del DNU 643.  

* Si el Procrear fue y es posible, es gracias a la existencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, creado cuando el Estado liquidó en 2008 el sistema de jubilación privada de las AFJP. En el año 2015 Cristina hizo votar en el Congreso la Ley 27181, que protegía de "privatizaciones" las tenencias accionarias del Fondo en distintas empresas privadas, disposición protectora volada de un plumazo por el macrismo con la Ley 27260 que aprobó la "reparación histórica", y como resultado de esas y otras medidas, el FGS perdió -durante el gobierno de Macri- la mitad de su valor en dólares, tanto así que desde la ANSES se evalúa ahora propiciar una ley...para proteger sus activos.

* Tampoco creemos que sea necesario agregar demasiado sobre la importancia de mantener una postura firme en la negociación con los fondos buitres, y en darse una política de desendeudamiento como condición para poder crecer: al gobierno de AF le tocó padecer hace poco lo que los fondos inversores son capaces de hacer a la hora de bloquear una negociación, y los "principios de sustentabilidad de la deuda pública" con los que Martín Guzmán condujo la negociación e incluso se hicieron aprobar por el Congreso, son sustancialmente los mismos que el gobierno de Cristina planteó exitosamente en su momento ante la ONU, y fueron aprobados en el 2015 por su Asamblea General.  

* El gobierno de Alberto Fernández emprendió, bajo la conducción de la ex fiscal Cristina Caamaño, un profundo proceso de reestructuración de la AFI. Y al hacerlo, retomó no solo las líneas centrales, sino las propias normas que en ése área había aprobado Cristina en su segundo mandato: veíamos acá que, a poco de asumir el gobierno, repuso los Decretos 1311 y 2415 dictados por ella en el 2015, para quitarle el carácter de fondos reservados a la mayoría de las partidas del organismos, que Macri luego les repuso.  

* Y por último, lo más actual: en el DNU 690 por el cual declara como servicios públicos a la telefonía celular, la televisión paga y los servicios de Internet, el propio Alberto rescata conceptos y regulaciones que estaban en la Ley 27078 de "Argentina Digital" aprobada en el 2014, y que Macri desguazara prolijamente en su gobierno, junto con las cláusulas de la ley de medios que eran más irritativas para los intereses del Grupo Clarín.
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viernes, 19 de junio de 2020

LA PEOR MENTIRA ES UNA VERDAD A MEDIAS


El cierre de la negociación con los acreedores externos se viene prolongando una y otra vez, porque el gobierno no logra el acuerdo de la cantidad de ellos (o el porcentaje de sus acreencias) que necesita para que la propuesta no pueda ser saboteada por los fondos buitres que están a la pesca de títulos que pueden perder valor ante un posible default y que tienen espaldas para litigar en los tribunales del exterior, como pasó en anteriores oportunidades. Uno de los más notorios de ellos es BlackRock, vinculado además a innumerables negocios en el país y en el extranjero: a sus vínculos conocidos con SOCMA y las empresas del clan Macri, hay que sumarle su posible aterrizaje en Vicentín, por ejemplo, que fue otro de los factores que impulsó la expropiación.

Ahora, cuando todo indicaba que el gobierno había acercado posiciones con los acreedores y se cerraba el acuerdo, la cosa se empantanó: cuentan acá en La Política Online que "...para los nuevos bonos 2020, BlackRock quiere la letra chica de los bonos K y Guzmán quiere la letra chica de los bonos M. Repetir la indenture 2005 de los bonos K como exige el Grupo de acreedores Ad Hoc -bajo el liderazgo de BlackRock- equivale a garantizarse la permanente amenaza de los fondos buitre, pero además implica poner a la Argentina en una categoría estanca de país "de segunda" porque todos los demás países, desde el año 2014, emiten deuda con mecanismos más benevolentes para sortear crisis de deuda."

"Cuando en los años 2005 y 2010 el gobierno llevó a cabo el Canje anterior, les dio a los bonistas dos series de bonos, los Par y los Discount, con una letra chica estándar para la época y extremadamente dañina para el deudor. La forma del gobierno de mostrar un compromiso con los acreedores -a cambio de que ellos aceptaran una quita del 70%- era mediante estas cláusulas que volvían prácticamente imposible hacer una nueva reestructuración. Bajo esta normativa, el gobierno debe reunir la aprobación del 85% de las acreencias del total de los bonos elegibles con esta letra chica y además el 66,67% de cada una de las series. Si reúne esta exigente mayoría calificada, puede forzar al resto de los acreedores a canjear sus títulos compulsivamente y esta minoría pierde el derecho a litigar."

"Detrás de la idea de estas cláusulas se presupone que los Estados soberanos llegan a las crisis de deuda por irresponsabilidad fiscal propia y con estas cláusulas se les dan incentivos a los Estados a no defaultear, porque las probabilidades de conseguir el 85% de aprobación son bajas. En cambio, las probabilidades de ir a juicio y perder y terminar pagando todo -más punitorios- son altas. Más si estas se conjugan con cláusulas RUFO que dilatan en el tiempo la posibilidad de llegar a un acuerdo con los litigantes que no sea el mismo de los que entraron en el canje y con ventanas de tiempo amplias para litigar por el impago de capital o de intereses de 10 y 5 años respectivamente. Todo esto también forma parte de la "indenture 2005". En otras palabras, basta con que algún bonista reúna el 15% de los bonos elegibles con el "indenture 2005" y decida rechazar la oferta de Guzmán para que la reestructuración sobre estos bonos no llegue a buen puerto. Y tanto el grupo Ad Hoc de fondos acreedores que encabeza BlackRock como el grupo de los Bonistas del Canje superan cada uno ese 15% actualmente.". 

Es decir, lo que está pidiendo BlackRock -y esto no lo dice la nota- es para torpedear cualquier acuerdo, y seguir litigando en caso de default en los tribunales yanquis, en los que este tipo de fondos cuentan con todas las de ganar. Algo que por acá sospechábamos desde el principio, como diría el Chapulín Colorado. 

Lo otro que no dice la nota es que el kirchnerismo puso esas cláusulas en los canjes del 2005 y 2010 pero cumplió a rajatabla con el pago de los vencimientos de la deuda, mientras gobernó. Si es cierto que sin esas cláusulas nadie hubiera aceptado una quita que promediaba el 65 % del capital adeudado, en los canjes concluidos durante los gobiernos de Néstor y Cristina.

Cuando el macrismo se rindió incondicionalmente a los fondos buitres en el 2016, pagándoles sin quitas ni plazos de gracia, incluso más de lo que reclamaban, lo que no tenía fallo firme y hasta los honorarios de sus abogados, pudo "darse el lujo" de rebajar el porcentaje de aceptación para que funcionen las cláusulas de acción colectiva que obligan al conjunto de los bonistas a aceptar condiciones de reestructuración que cuentan con un aval de una mayoría de los acreedores, que por otro lado tampoco redujo tanto: en los prospectos de deuda emitidos en ese año para pagarles a los fondos buitres, las cláusulas de acción colectiva se disparan cuando una propuesta es aceptada por el 66 % de los bonistas, o del capital.

Plantear las condiciones establecidas en los canjes del 2005 y 2010 (con una quita del capital del 65 % promedio) para una propuesta en la que la quita del capital oscila entre el 5 % y nada, la poda está en los intereses y está en discusión cual es el VPN (valor presente neto) de cada título es, como dijo el ministro Guzmán, insostenible. O no tener ganas de arreglar, y buscar que se pudra todo para litigar.

Pero la nota tampoco cuenta que en el medio (es decir, entre los canjes del kirchnerismo y el arreglo de Macri con los fondos buitres) "pasaron cosas": como por ejemplo que en septiembre del 2015 la Asamblea General de la ONU aprobó lo que acá dimos en llamar "la doctrina Kirchner"; es decir los principios para reestructuración de deudas soberanas, destinados a limitar el margen de maniobra de los fondos especulativos, en caso de defaults o reestructuraciones soberanas de sus deuda por parte de los Estados.

Esos principios generales fueron luego incorporados por el Congreso nacional (a instancias de un proyecto enviado por Cristina) a nuestro orden jurídico con carácter de orden público, a través de la Ley 27207, en cuya votación los que luego serían oficialistas con "Cambiemos" (la UCR, el PRO  y la Coalición Cívica) se ausentaron; porque como decíamos acá, ya sabían que si llegaban al gobierno iban a pactar con los buitres en las condiciones que lo hicieron, y no querían comprometerse con un precedente que se les podía volver en contra.

Sin perjuicio de lo cual en octubre del 2018 (con el crédito externo ya cortado, un endeudamiento insostenible y gigantesco préstamo del FMI que lo hacía más insostenible aun), presentaron en el Congreso "...un proyecto para que los Estados elaboren en la ONU un marco internacional para la reestructuración de deudas soberanas, contra las maniobras especulativas de los fondos buitres y priorizando la atención de sus funciones esenciales, antes que el pago de las deudas con sus acreedores externos.".
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lunes, 11 de mayo de 2020

NUESTRA REPUTACIÓN NOS PRECEDE


Contra el sentido común instalado por los medios, la realidad y nuestra historia marcan que los "populistas irresponsables que sacrifican el bienestar futuro por un provecho a corto plazo" terminan pagando las deudas que asumieron los "republicanos serios y responsables que sientan las bases para un crecimiento sólido, aun a costa de sacrificios presentes".

Y esta etapa que transita el país, con la pandemia como telón de fondo, no es la excepción: se piense lo que se piense al respecto, el gobierno lanzó una oferta de canje de deuda a los acreedores externos, que en su gran mayoría estos rechazaron, y se sigue negociando; y buena parte de esa deuda la contrajo el gobierno de Macri, sobre todo entre 2016 y 2018, sin contar el colosal préstamo del FMI, uno de los más grandes de su historia.

Mientras tanto, siguen corriendo los plazos para una posible oficialización del default que, de hecho, existe desde que en 2018 Macri decidió ir, justamente, al FMI. En ésta nota de El Destape a la que corresponde el intercambio tuitero de apertura Claudio Scaletta analiza con su habitual solvencia los efectos que un default "formal" podría tener sobre la economía, y allí nos remitimos.

Lo concreto es que el alto grado de rechazo de los acreedores a la propuesta del gobierno posiblemente no tenga tanto que ver con sus términos en sí (al final, resultó ser menos agresiva de lo que se pensaba), como con la intención real del gobierno de llegar al default, si no le quedara otro remedio.

En ese sentido el kirchnerismo carga en sus alforjas con el "mal antecedente" de haber sido en sus gobiernos, un pagador responsable de aquello a lo que se comprometió, en los canjes del 2005 y el 2010: precisamente la virtud de los dos estuvo en haber planteado una reestructuración agresiva, pero que permitió que la economía creciera, para poder -entre otras cosas- pagar la deuda.

Bajo esas mismas premisas el gobierno actual armó su propuesta, y sancionó la Ley 27544 de "sostenibilidad del pago de la deuda": como dice Scaletta, "La propuesta argentina es una pequeña quita de capital y regresar a tasas de interés razonables a fin de que los pagos se adapten a la capacidad de generación de divisas de la economía, pero los fondos insisten en profundizar el ajuste hasta “que duela”, como lo reconoció uno de los negociadores, y pagos iniciales con fondos del FMI. A esto se refieren los analistas a sueldo de los acreedores cuando escriben que el país debe mostrar “un plan económico consistente”, nada menos que al disparate de ajustar hasta en tiempos de pandemia.".

Es decir que ahora ya no se trata de un análisis técnico sobre la consistencia o conveniencia de la propuesta, sino de una estricta cuestión política, una lucha de voluntades contrapuestas entre los que quieren (dentro y fuera del país) que todos pongamos nuestra libra de carne en forma de ajuste, en plena pandemia, para que los acreedores cobren más; y la pretensión contraria del gobierno de evitarnos ese trance, y generar una propuesta sustentable económica, social y políticamente.

Pero en ese trance, hay otro antecedente inmediato que dificulta las cosas para que lo consiga, y en el cual también nuestra reputación (como país, no ya como gobierno) nos juega en contra, y es el ruinoso acuerdo (capitulación) firmado por Macri y su gobierno en abril de 2016 con los fondos buitres que representaban a menos del 7 % del total de la deuda no reestructurada en 2005 y 2010 (y los más importantes por su capacidad de presión, mucho menos que eso); por el cual aceptamos pagar incluso lo que no tenía sentencia firme, los honorarios de los abogados y aun hoy, más de cuatro años después, seguimos sin saber a quienes en definitiva les terminamos pagando.

Ese funesto antecedente cuenta como decisivo en los cálculos de los principales fondos inversores, a los que el gobierno les ofrece no cobrar ni capital ni intereses por tres años; más o menos el tiempo que les insumiría litigar con éxito en los tribunales yanquis (en su mayoría), y cobrar más que eso: la totalidad de sus deudas, con más los intereses y costas judiciales.

Lo que en aquel momento sostuvieron como advertencia (desoída) los que se (nos) oponían (mos) al acuerdo, hoy vuelve en forma de "acto propio" que constituyó un verdadero tiro en el pie; no solo porque dio el puntapié inicial a otro proceso de endeudamiento acelerado para financiar la fuga de capitales (un comportamiento estructural de nuestra economía, tanto como la restricción externa, de la cual es una de las fuentes principales), sino porque se estaba rifando el apoyo político cosechado por Cristina en la ONU, para reestructurar deudas soberanas sobre bases más sólidas. 

 Y aquel error de entonces se proyecta al presente, convenciendo a los fondos inversores de que, si nos aprietan lo suficiente, terminaremos aflojando y pagando todo cash, cueste lo que cueste, y caiga quien caiga.

A menos -claro está- que el gobierno demuestre en serio que no descarta la opción del default (para lo cual no puede extender indefinidamente las negociaciones), o que no le preocupan tanto sus efectos en la economía, en el actual contexto. Es la única arma que le (nos) queda para meterles el miedo en el cuerpo, y forzarlos a negociar desde otro lugar, y no deberíamos desperdiciarla. 
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sábado, 18 de abril de 2020

QUEREMOS PREGUNTAR


Cuando Alberto Fernández anunció esta semana la oferta de reestructuración de la deuda que el gobierno hará a los acreedores sinceró las cosas: el país está en default, aun cuando lo haya suavizado con el calificativo de "virtual: que el país no está en condiciones de afrontar el pago de sus compromisos externos en los términos originales en los que fueron pactados es una verdad de Perogrullo, que solo un necio puede ignorar. Un necio, o los que tengan intereses en cobrar puntualmente sus acreencias, sin quitas ni esperas.

Más allá de lo que se opine respecto a la oferta y a la oportunidad del momento en que se lanza (acá hemos dicho varias veces lo que pensamos al respecto, y a ello nos remitimos), lo cierto es que aceptación depende de un conjunto de variables, de las cuales las espaldas financieras de algunos acreedores para esperar y litigar en tribunales extranjeros, no son un dato menor.

Como en un eterno loop, el país está de vuelta frente a la misma situación en la que se encontró Néstor Kirchner en el 2005, sin declaración formal de default pero forzado a reestructurar su deuda, en un contexto mucho más difícil que entonces por el marco que crea la pandemia (agravando la ya grave crisis del sector externo y la economía en general, hereradaos del macrismo) y con un antecedente inmediato que juega en contra de las posiciones de dureza en ésta materia: el acuerdo firmado por el gobierno de Macri con los fondos buitres en 2016, en el cual el país aceptó pagar incluso más de lo que le reclamaban, o reclamos sin sentencia judicial favorable.

En aquel momento (y mucho después, hasta hoy) no pudimos saber a quienes realmente les estábamos pagando, con tasas fenomenales de retorno sobre la inversión original, o el valor real de los bonos; que muchos de ellos compraron a precio vil, esperando esa oportunidad.

En ese momento y durante todo el largo enfrentamiento de los gobiernos de Cristina con los fondos buitre (embargo de la fragata y respaldo mayoritario de la ONU incluidos) hubo voces que se alzaron en el país en defensa de los reclamos de los acreedores; con el argumento especioso de que se trataba de "inversores de buena fe que confiaron en el país".

Como por ejemplo Carlos Melconián de quien se supo con el transcurso del tiempo que era acreedor del país, por haber comprado bonos de la deuda. Ahora cuenta acá Ari Lijalad en El Destape que pasa lo mismo con el Grupo Clarín, pero en relación con bonos de la abultada deuda emitida durante el gobierno de Macri, en apenas dos años: entre el arreglo con los buitres en 2016, y la ida al FMI en 2018, cuando al macrismo se le cerraron los mercados privados de deuda, porque ya avizoraban que su modelo económico era insostenible.

Un modelo que además consistió -sustancialmente- en financiar vía el endeudamiento externo del país, la fuga de capitales de los mismos grupos económicos internos que se beneficiaron con el blanqueo, por ejemplo. Y que muy posiblemente sean los mismos que luego compraron deuda, o en estos días estuvieron agitando el "dólar bolsa", o despidiendo empleados, o reduciendo salarios, o negando créditos a las Pymes, u oponiéndose al impuesto a la riqueza.

Pero a diferencia del blanqueo, en los arreglos de la deuda pública no juega el secreto fiscal, ni debería jugar: los argentinos deberíamos tener el derecho a saber a quienes les ofrecimos pagarle su deuda en las condiciones ofertas por el gobierno, e incluso quienes rechazan ese ofrecimiento, porque quieren una mejor oferta, que tendría un efecto muy sencillo si el gobierno cediera: más sacrificios y sufrimientos para el pueblo argentino (si no presentes, seguramente futuros) para poder pagarles.

Y sería bueno saberlo para medir desde que lugar habla cada uno, precisamente por eso: para que no nos corran con la vaina del "periodismo independiente", o el "análisis económico racional" cuando simplemente hacen lobby de intereses creados, si es que no son esos mismos intereses.

En especial porque esta nueva reestructuración de su deuda a la que se enfrenta la Argentina comprende -como dijimos- al colosal endeudamiento contraído por el macrismo: es inevitable sentir que, aun con una rebaja sustancial de intereses y diferimiento de los plazos, una quita del capital de solo el 5 % se parece bastante a un indulto a ese endeudamiento desenfrenado, para financiar el saqueo.

Pese a lo cual es muy probable que la oferta sea rechazada, con la esperanza de poder mejorar...para los acreedores. De allí que es crucial en nuestra opinión saber a quienes nos enfrentamos, dentro y fuera del país, para ponerles nombres y apellidos a los que tienen algo más que rivalidad política o falta de comunión con el gobierno; son simplemente hijos de puta dispuestos a cobrarse su libra de carne en un mundo y un país sacudidos por el vendaval de la pandemia; y que nadie acierta con justeza a cuando y como saldrá de la encrucijada.
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jueves, 20 de febrero de 2020

UN ACIERTO PARA TAPAR UNA CAGADA


Tras el bochornoso paso de Laura "técnicamente no es delito" Alonso por la Oficina Anticorrupción en el gobierno de Macri, Alberto Fernádez hizo dos cosas muy importantes para empezar a sanear ese antro: primero restablecer la exigencia de poseer título de abogado para desempeñarse al frente del organismo, y luego designar al frente del mismo a alguien de incuestionables condiciones, e irreprochable antecedentes y conducta como el fiscal Félix Crous.

Casi al mismo tiempo el propio gobierno, y en éste caso por conducto del ministro Guzmán cometía un error garrafal: crear un "comité de expertos" que asesorara al ministerio en el proceso de reestructuración de la deuda externa, a cuyo frente estaría Daniel Marx; "el" negociador de las deuda argentina durante el menemato y la Alianza.

Marx estuvo como figura permanente en esos procesos no tanto por sus conocimientos en el tema, o porque representara cabalmente los intereses del Estado argentino: por el contrario, su presencia en el endeudamiento serial de los 90', y luego en el  Megacanje y el "blindaje" tiene que ver con que representa y gestiona los intereses de los principales fondos especulativos de inversión.

Colocarlo a asesorar al gobierno en la reestructuración de la deuda, entonces, era poner al zorro a cuidar las gallinas; algo más propio del gobierno del "mejor equipo de los últimos 50 años", que de un gobierno que se precie de ser nacional y popular, y defender los intereses del conjunto de los argentinos frente a la rapiña de la usura internacional.

Ahora nos enteramos por ésta nota de La Política Online que Marx "decidiò correrse" del comité de expertos y del asesoramiento al gobierno en la reestructuración de la deuda, porque la Oficina Anticorrupción a cargo de Crous advirtió que está en una situación de conflicto de intereses, precisamente por ser hace años asesor de importantes fondos de inversión, que tienen títulos de la deuda argentina.

Un acierto de la gestión de Félix Crous, haciendo lo que debe hacer, y aquello para lo cual Alberto Fernández lo designó en la OA, lo cual está más que claro, fue otro acierto.

Un acierto que en éste caso sirvió para tapar la cagada que se había mandado Guzmán, convocando a Marx para la renegociación de la deuda. 
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jueves, 10 de octubre de 2019

EL RIVAL TAMBIÉN JUEGA


Cuando Cristina decidió correrse de la candidatura presidencial y elegir para esa responsabilidad a Alberto Fernández estaba claro lo que buscaba: un corrimiento hacia el centro de la propuesta política para ampliar los bordes de la coalición opositora mientras ella misma daba un paso al costado, y sumar el apoyo de fracciones del electorado que podían tener resistencias hacia ella.

Y al mismo tiempo, disuadir de antemano ciertos movimientos reflejos de hostilidad abierta de los factores del poder económico, buscando alguien más conciliador que, al mismo tiempo que fuera capaz de tender puentes con sectores políticos que se habían alejado del kirchnerismo o confrontaron con sus gobiernos (algo que ella misma ya había empezado a hacer), no hubiera protagonizado choques sonoros con esos factores no institucionales de poder.

Con los resultados de las PASO a la vista, está claro que la estrategia fue correcta, y que AF era la persona adecuada para desempeñar ese rol, en el que además cree. El asunto es no suponer que simplemente por la conjunción de esos factores, los demás jugadores del partido dejan de jugar, o de operar con su lógica habitual, que suele ser la de sus propios intereses; y para ejemplificar lo que decimos tomemos algunos hechos que han sucedido en las últimas horas.

Por ejemplo el espinoso asunto de la deuda, verdadera piedra en el camino con la cual el futuro gobierno volverá a tropezar, en un contexto que no es el mismo del 2003 que habilitó los canjes: Alberto expresó su interés en evaluar una salida “a la uruguaya” reprogramando vencimientos, sin hacer quitas del capital y eventualmente negociando los intereses, a partir de ofertas que recibió en ese sentido de algunos de los más importantes fondos de inversión tenedores de bonos argentinos. Esos mismos fondos, según cuenta acá Burgueño en Ambito, ofrecen no cobrar sus cupones durante cuatro años (todo el mandato del futuro gobierno), a condición de que no haya quitas del capital, y de rediscutir los intereses, obviamente que al alza en éste caso (nadie dejará de cobrar por esperar más tiempo para hacerse con su dinero).

Mientras tanto, los diarios dan cuenta de que los fondos buitres están mirando con atención la evolución de la situación de la deuda argentina para hacerse con oportunidades de “entrar” al negocio de comprar títulos depreciados por un default que muchos dan por descontado, por la agudización de la carencia de divisas. Y no solo los fondos especulativos: acá cuentan que nada menos que el Citigroup alerta a sus clientes que los bonos argentinos podrían ser un mejor negocio si el país entra en default, porque a una caída inicial del valor le seguiría un rebote posterior, como consecuencia del despegue de la economía: un implícito reconocimiento a la estrategia exitosa que siguió el kirchnerismo en 2003, luego de encontrarse con la deuda defolteada.

Por más buena voluntad que quiera exhibir el candidato, para disipar los temores del mercado o evitar un golpe especulativo entre su casi seguro triunfo el 27O y la asunción del gobierno, los demás juegan, y juegan fuerte. Por otro lado, si pueden esperar cuatro años sin cobrar, bien podrían aceptar una quita: no se trata de gente que esté juntando las monedas para llegar a fin de mes.

Otro tanto pasa con la idea de retocar el impuesto a los Bienes Personales, bajo la idea (correctísima) de que la crisis la paguen los que más se beneficiaron con ella: bastó que Alberto deslizara la idea para que le saltaran a la yugular, con todos los argumentos imaginables, y más: desde que desalentaba la inversión, hasta que demostraba con esa idea que no está dispuesto a equilibrar las cuentas por el lado de un ajuste aun mayor de los gastos del Estado. Hasta recibió “fuego amigo”, si es que a Martín Redrado se lo puede calificar como “amigo”.

Y sin embargo, la idea es sensatísima, y provee una fuente de recursos concreta para que el Estado puede afrontar sus compromisos (entre ellos, el pago de la deuda), sin infringirle más sufrimientos a los sectores que han sido duramente castigados en estos años por las políticas de Macri: vemos acá en Ambito como el equipo de la diputada Fernanda Vallejos hizo tres proyecciones distintas del posible ingreso de fondos consecuencia de cambios en Bienes Personales, que van desde restituir las alícuotas vigentes al 2015 que el macrismo redujo (con la colaboración indispensable de la “oposición responsable”, hasta triplicarlas en el caso de bienes radicados en el exterior, exteriorizados a través del blanqueo de capitales aprobado al principio del gobierno de Macri, con las mismas “ayudas” opositoras.

¿Acaso no se dijo entonces que se habilitaba un blanqueo generosísimo para “ampliar la base tributaria y no presionar siempre sobre los mismos”, y para que “los que más tienen más paguen”? Pues bien, ahora es el momento de demostrar que era cierto, pero somos pesimistas al respecto: la clase social a la que Macri expresó políticamente impulsó y aprovechó el blanqueo para resolver sus chanchullos cuando en otras jurisdicciones fiscales les empezaban a cerrar el cerco, y solo aceptaron pagar el módico impuesto excepcional para poder entrar, casi como una contribución de campaña a “su” gobierno, para que financiara la “reparación histórica” a un sector de los jubilados, parte esencial a su veza de su núcleo duro de votantes.

No van a estar muy dispuestos que digamos a hacer una mayor contribución de carácter permanente, menos por bienes que blanquearon pero dejaron en salvaguarda fuera del país, porque el propio blanqueo se los permitía. A menos, claro está, que se los obligue a hacerlo; que para eso están el Estado y la política.

Y queda para el final el plan contra el hambre lanzado por Alberto el lunes en Agronomía, que es un capítulo importante de la idea más amplia del pacto social: allí elogió la idea del CEO de Syngenta, Antonio Aracre, de que las empresas productoras de alimentos donen el 1 % de su producción: el hombre es generoso con lo ajeno, porque la empresa que conduce no produce alimentos; y casi al mismo tiempo que entusiasmaba al candidato del FDT con esa idea, Nidera (controlada por Syngenta) despedía a 70 trabajadores de su planta en Miramar, provincia de Buenos Aires: en lo inmediato, su contribución a la paz social que el país necesita no estaría siendo mucha que digamos.

Otra de las presencias estelares en el acto del lunes fue la de Daniel Funes De Rioja, presidente de la COPAL, uno de los vices de la UIA y eterno abanderado de la lucha por la rebaja de impuestos, el achicamiento del Estado y sus funciones y la flexibilización laboral: sobre este último tópico recordemos la aclaración tajante de Matías Kulfas (posible ministro de Economía del nuevo gobierno), respecto a que el tema no fue parte de las conversaciones preliminares del pacto social, cosa que por el contrario el presidente de la central fabril, Acevedo (de una alimenticia, para más datos) daba por sentado y acordado.

Pues bien, acá en El Cronista dan cuenta de que los empresarios del sector de las alimenticias están en alerta por la idea esbozada en el plan contra el hambre de “garantizar la mesa de los argentinos”, regulando el precio de los alimentos básicos de la canasta familiar: ya están pidiendo que se tengan en cuenta sus “costos reales”, y que si para lograr ese objetivo deben sacrificar parte de sus márgenes de rentabilidad, se los compense con rebaja de impuestos, con lo cual el sacrificio real sería del Estado, es decir de todos nosotros. Como en la reciente eliminación de IVA que dispuso Macri para algunos productos, sin lograr por eso frenar la inflación.

Colofón de todo lo dicho: para la foto de las reuniones y los titulares de los diarios, todos parecen estar dispuestos a poner su parte para salir de la crisis, y dicen estarlo. Pero cuando se le ponen nombres concretos a las soluciones, si estas rozan sus intereses, le empiezan a sacar el culo a la jeringa. Una constatación que no debería ser una limitante para la acción de la política, sino un elemental cuadro de la situación en el que hay que moverse, para no pifiarla.
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