Hay tantos diagnósticos sobre las causas de la inflación, como inflación. Hay inflación de diagnósticos, digamos: según sea la escuela económica que se adopte, la inflación es consecuencia del gasto público, el déficit fiscal y la emisión monetaria, las expectativas, la concentración de la economía, los mercados imperfectos, la puja distributiva o -como diría el amigo Rinconet- un mix de todo: "un fenómeno complejo y multicausal", en términos más académicos.
Claro que según sea el diagnóstico que se adopte, serán las medidas que se propongan para atacarla: para la ortodoxia todo pasa por reducir el gasto público para disminuir la necesidad de financiarlo vía emisión, rebajar impuestos y -aunque esto se diga menos- abrir la economía para fomentar la competencia. En ésto último coinciden (¿curiosamente?) algunos heterodoxos cuando analizan los efectos de la inflación en algunos rubros, como los textiles.
Sea cual sea en definitivas la postura teórica que se adopte respecto a la inflación, lo cierto es que el Estado "controla" o "regula" de modo directo o indirecto (por acción u omisión) ciertos precios básicos de la economía, que terminan incidiendo en la formación de los otros precios, y por ende en la inflación.
Algunos de esos precios son directamente fijados por el propio Estado, como las tarifas de los servicios públicos tradicionales (luz, gas, agua, transporte), o en otros el Estado tiene la pretensión de regularlos como fue el caso de los servicios de internet, telefonía móvil y televisión por cable o vínculo satelital; que no pueden ser prestados sin una licencia, permiso o autorización estatal.
Lo raro del caso -en la Argentina y con éste gobierno- es que mientras litiga en la justicia para conseguir afirmar su autoridad para regular los precios y mitigar los aumentos en el segundo caso, los aumenta en el primero, cuando depende de él mismo y no necesita venia judicial. Lo mismo hace con otros servicios regulados como la medicina prepaga, que fue objeto de una polémica al interior de la coalición oficialista en la que se dio algo curioso: Cristina los criticó, Massa (el ministro de Economía) le dio la razón, pero los aumentos siguen en pie.
El Estado también controla -o debería hacerlo- otras áreas de la economía, como el sector externo y las exportaciones. Lo que en un país con el perfil productivo de la Argentina, es decir, en esencia, materias primas agropecuarias y eventualmente energía (gas y petróleo). En contextos de alta inflación en términos internacionales (como el actual), el Estado debería adoptar medidas para desacoplar los precios internos de los internacionales, evitando así importar inflación, que se sume a los ya altos niveles de la que existe en el país.
Sin embargo, este gobierno se autolimitó desde el comienzo de su mandato (cuando logró que el Congreso sancione la ley de emergencia) en su capacidad de poner altos derechos de exportación (retenciones), e incluso ha persistido (con Guzmán y ahora con Massa al frente de la gestión económica) en las políticas "ofertistas" para con los sectores exportadores, como si ganar mercados internacionales dependiera del nivel de los derechos de exportación que el país aplica a sus ventas externas, y no de la demanda de los productos que el país exporta.
O como si dependiera del nivel del tipo de cambio -que en todo caso incide en la rentabilidad de los que exportan-, como pareciera sostenerlo el gobierno al administrar devaluaciones sectoriales (el "dólar soja", ahora el que beneficiaría a las "economías regionales"), que obviamente en una economía bimonetaria como la nuestra y sin desacople vía retenciones, solo alimentan la inflación. Los resultados de esa política están a la vista: en un contexto de alta inflación persistente, los precios de los alimentos y bebidas (bienes de consumo esenciales de la canasta básica, inelásticos a las variaciones de la demanda por esa razón) rankean alto, por encima incluso del promedio general inflacionario.
Por otro lado, sin que los precios de los combustibles (costo difundido si los hay) estén estrictamente regulados por el Estado, éste puede incidir en sus niveles porque controla el 51 % del paquete accionario de YPF, la petrolera que controla más de la mitad del mercado de comercialización de los mismos en el país, y única de tales empresas que tiene integrado en el país todo el ciclo de extracción, producción, distribución y comercialización. Y lejos de usar esa "posición dominante" para contener los aumentos, la petrolera controlada por el Estado nacional suele liderarlos.
Tampoco el Estado controla o fija de modo directo los salarios, pero por un lado es empleador (con lo cual fijando los salarios de sus trabajadores marca una pauta), y por el otro homologa los acuerdos salariales pactados en paritarias entre los sindicatos y las cámaras empresarias; con lo que se reserva una "llave" para determinar -de un modo indirecto- los niveles de variación de la masa salarial.
En el contexto precedentemente reseñado, si el gobierno (como pasa) se sigue oponiendo al pago de una suma fija independiente de los aumentos pactados en paritarias para que los trabajadores vean compensada en parte la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios frente a la inflación, o fija cortapisas y restricciones inadmisibles para el "refuerzo alimentario" destinado a los sectores más vulnerables (y más afectados, justamente, por la alta inflación en alimentos) no se trata simplemente -en nuestra opinión- de que esté adhiriendo a una visión ortodoxa de las causas de la inflación, que las haría centrar en el gasto público y los salarios.
Se trata de que, además de no tomar ninguna medida concreta de las que están a su alcance para frenar la inflación, está convalidando un patrón distributivo regresivo, en el que los salarios son el ancla de la inflación, que el propio gobierno alimenta desde otros lugares -según lo expuesto- por acción u omisión. Así las cosas, nadie debería sorprenderse de que, por un lado, subsista la alta inflación, y por el otro, se pierdan elecciones. Tuits relacionados:
