En la Provincia de Santa, la gestión del gobierno socialista, ha implementado a través de la Empresa Provincial de la Energía (E.P.E.),sistemáticos aumentos de la tarifa eléctrica desde el año 2007, como lo hemos destacado reiteradamente en éste blog.
La E.P.E. distribuye la energía eléctrica que la Provincia adquiere a la Nación, y durante el anterior Gobierno Nacional, el precio de la energía mayorista no sufrió modicaciones. No obstante ello, en la Provincia de Santa Fe durante el período que va desde el año 2007 al 2015, se aplicaron 12 aumentos de la tarifa eléctrica, aumentos que totalizados superan el 500% en el período 2007 / 2015, quintuplicación de la tarifa que se implmentó sin que –se reitera- la Nación incrementara a través de Cammesa el precio de la energía eléctrica.
Con la asunción del gobierno de Macri, la energía eléctrica que vende la Nación a las provincias, ha tenido incrementos en paralelo a las políticas del actual gobierno de elevar el precio de servicios como el agua y el gas natural. Y entonces, en Santa Fe donde se incrementaba la tarifa eléctrica cuando el precio mayorista no variaba (hasta 2015), ahora con el aumento del precio mayorista, también se aplican nuevos y fuertes incrementos.
Entre Diciembre de 2015 y Marzo de 2017, los aumentos dispuestos en la Provincia de Santa Fe, elevan la tarifa eléctrica en un 170% acumulado, porcentaje que resulta irrazonable aún frente a la elevadísima inflación generada por el Gobierno de Macri, que superó el 40% durante el año 2016. Tampoco podrá el gobierno provincial justificar semejante porcentaje de incremento tarifario en los aumentos salariales que tuvo que afrontar la E.P.E., porque durante el año pasado, el Sindicato de Luz y Fuerza que agrupa al personal de la empresa, obtuvo un 30% de incremento salarial.
Y en tanto de las obras e inversiones presupuestadas con relación a la E.P.E., el gobierno provincial solo ejecutó un 40% de lo previsto durante el año 2016, es claro que esa gran masa de dinero producto de los aumentos tarifarios, no fué destinada mayoritariamente a inversiones en la infraestructura eléctrica.
Por lo tanto, frente a un nuevo incremento tarifario que aplicará el gobierno provincial, ésto coloca a los usuarios santafesinos en una situación de indefensión, situación agravada por el marco de una economía nacional con aumentos generalizados de precios que destruye los salarios del consumidor residencial y que eleva desproporcionadamente los costos para toda la actividad productiva, tornándola en muchos casos inviable.
En noviembre del año pasado se desarrolló una audiencia pública donde el gobierno provincial expuso las razones por las cuales pretende aplicar nuevos incrementos tarifarios en el servicio de energía eléctrica. En esa audiencia se hizo presente el Defensor del Pueblo Adjunto, quien expuso un documento del titular de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto.
En el documento se reclamó contemplar las principios señalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los incrementos de las tarifas de servicios, es decir gradualidad, razonabilidad y proporcionalidad.
Y se consideró que "no parece razonable ni oportuno establecer el aumento en la forma propuesta" solicitando el Defensor del Pueblo la revisión de la decisión de aplicar un nuevo aumento tarifario.
Por ello, desde la Defensoría del Pueblo se expresó que "Al hablar de tarifas de servicios públicos esenciales siempre debe prevalecer el usuario y el acceso a dichos servicios con carácter de universalidad, generalidad y continuidad mediante tarifas accesibles según las realidades socioeconómicas".
También se sostuvo desde el organismo, que para evaluar la gradualidad, razonabilidad y proporcionalidad, se deben incluir en el análisis todos los aumentos tarifarios vigentes y programados en el futuro inmediato y la realidad socioeconómica de los usuarios, es decir que los aumentos de la electricidad deben analizarse en el marco de los aumentos de otros servicios, tales como el gas y el agua.
Por otra parte, la Defensoría también consideró necesario contemplar un régimen tarifario especial para Pymes, dada la directa incidencia que la tarifa tiene sobre la actividad productiva, "Ello y la importante incidencia del servicio eléctrico en la vida económica permite inferir que el Estado debe considerar a estas empresas como herramientas estratégicas de desarrollo económico y humano y en tal sentido su presupuesto y su financiación no pueden limitarse a su balance de ingresos y egresos".
Coincidimos con el Defensor del Pueblo. Por ello, como ciudadanos santafesinos, esperamos que cuando el gobierno provincial implemente en éste año 2017 los nuevos incrementos tarifarios, desde la Defensoría del Pueblo se utilizen las herramientas que la misma dispone para evitar una medida irracional.
Sobran las razones y los argumentos. Y el Defensor entre otras facultades, tiene legitimación para iniciar judicialmente una acción colectiva en resguardo de los derechos de los usuarios de la provincia, acción tendiente a suspender la aplicación de aumentos que carecen de razonabilidad y que afectan al conjunto de la población, como así también a la actividad productiva de la provincia.
El Defensor del Pueblo tiene en su manos evitar que se prolongue ésta situación de indefensión que sufren los usuarios santafesinos. Resultaría inexplicable que no lo hiciera.
