LA FRASE

"MIS DIFERENCIAS CON EL PRESIDENTE SON PÚBLICAS Y NOTORIAS, PERO QUIERO AGRADECERLE QUE ME HAYA DADO ESTA OPORTUNIDAD DE ORDENAR PERSONALMENTE UNA REPRESIÓN." (VICTORIA VILLARRUEL)
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miércoles, 5 de marzo de 2025

RADICALISMO BANCARIZADO

 


Tuits relacionados: 

sábado, 29 de mayo de 2021

DEUDA MACRISTA Y SOLUCIONES POSIBLES ANTE CADA VENCIMIENTO

 


El desastre económico macrista no terminó con el mandato del gobierno anterior, ya que el endeudamiento sideral generado en ese período permanece y se proyecta sobre los años venideros, y por ello en la actualidad deben afrontarse elevados vencimientos de deuda a lo largo del presente 2021. Y en éste contexto de endeudamiento macrista y pandemia en el que se debe maniobrar, algunas medidas pueden resultar opinables o discutibles.  

Pero como los montos de deuda en cada vencimiento son muy elevados, es necesario generar condiciones para posponer el pago de los bonos, letras o títulos que vencen, recurrir a lo que el mercado denomina “roll over”, es decir patear la deuda o parte de ella para más adelante. 

Los vencimientos de deuda solo en éste mes en Mayo de 2021 totalizaron más de $323.000 millones de pesos, es decir más de 3.000 millones de dólares, con lo cual se imponía una postergación, porque no resultaba posible afrontar un pago completo de tal magnitud sin producir una fuerte afectación, una disminución de recursos a otras áreas de una economía en crisis profunda a causa de la pandemia. 

En ese marco, por ejemplo la semana pasada, a través el Ministerio de Economía se obtuvieron $70.350 millones mediante la colocación de siete bonos en el mercado financiero, suma que fué destinada al pago de los vencimientos del mes que no fueron renovados. Es decir se cancela la deuda de hoy a través de recursos que se obtienen del mercado, no se emite, pero se posterga esa nueva deuda a un vencimiento futuro. Medidas que pueden resultar opinables o discutibles. Pero es endeudamiento en pesos. 

En el mismo camino, a través del Banco Central, se dispone lo siguiente en relación a los encajes de las entidades bancarias (porcentaje de los depósitos que deben permanecer inmovilizados), y en relación a los encajes integrados por Leliqs: puede verse en la página del Banco Central  que a partir de ahora, las entidades financieras tendrán la opción de integrar la porción de sus encajes que actualmente mantienen bajo la forma de Letras de Liquidez del BCRA (Leliq) en bonos del Tesoro

Es decir que voluntariamente, pueden optar por cambiar las Leliqs que actualmente poseen (letras que hoy pagan un 38% de interés anual y que vencen semanalmente), por Bonos que emitirá el Tesoro, bonos a un plazo mayor y con un interés seguramente superior al 38% que pagan las Leliqs para tentar al cambio de instrumento, con el objetivo que los bancos abandonen esas letras que hoy en su poder superan los 700.000 millones de pesos, ese pesadísimo legado macrista. 

Según lo expresa el BCRA en su comunicación, además  es en una medida tendiente a contribuir al desarrollo del mercado de capitales doméstico”.  Puede ser, porque a través de éstos bonos, el Tesoro tiene la oportunidad de incorporar al mercado de capitales un instrumento para que el ahorro argentino tenga la opción de no dolarizarse. Pero está la urgencia, y con esta medida, el Banco Central no financiaría al Tesoro vía emisión, cambiando ésta alternativa por permitir a los Bancos integrar encajes con bonos del Tesoro a cambio de reintegrar las Leliqs.

Y en la urgencia, los Bancos que tengan sede en CABA y que se pasen de Leliq a bonos del Tesoro, no pagarán ingresos brutos sobre los intereses que cobran, como sucede actualmente con el impuesto establecido por Larreta, y por lo tanto los Bancos tendrán una mayor rentabilidad.Cuestiones o consecuencias que pueden resultar opinables o discutibles, porque son medidas propias de una situación muy difícil producto del endeudamiento heredado y de una economía muy golpeada por la pandemia, y que significan un esfuerzp colectivo muy grande, porque es la población en definitiva, quien paga esa enorme masa de títulos e intereses.  

viernes, 2 de octubre de 2020

A GRANDES MALES GRANDES REMEDIOS

 

Todo indica que el gobierno se apresta a anunciar una serie de medidas para evitar una devaluación, y al mismo tiempo incrementar la oferta de dólares para detener la sangría constante de las reservas del Banco Central. Entre ellas y para tentar a los exportadores del complejo agropecuario a liquidar los dólares retenidos, una rebaja transitoria de las retenciones a las exportaciones de soja y carne, entre otros productos.

Lo cual comprobaría que los que poseen el poder de manejar la oferta de divisas en el mercado le torcieron el brazo, y conseguirán un beneficio sobre cosecha y existencias ya compradas a los productores con el descuento de las retenciones del precio pagado, que es la razón por la cual las propias entidades agrarias -en especial la Federación Agraria- se oponen a la medida; que solo beneficiaría a los grupos exportadores: la idea sería resignar ingresos fiscales en pesos (las retenciones) a cambio de una mayor oferta de divisas que atenúe las presiones devaluatorias, que vienen precisamente de parte de esos mismos grupos cuyos ingresos dependen del comercio exterior; y por ende se benefician con una devaluación.

Al mismo tiempo se anunciaría una suba de las tasas de interés para orientar capacidad de ahorro disponible hacia otra alternativa que no sea la compra de dólares; lo que supone desechar toda idea de agudizar aun más el "cepo", prohibiendo por ejemplo lisa y llanamente la compra de divisas para atesoramiento. Por supuesto que una suba de las tasas impactará en el nivel de actividad ya afectado por la pandemia, comprometiendo una incipiente reactivación; del mismo que una baja de retenciones a las exportaciones de "bienes salario" como la carne puede alimentar la inflación en consumos básicos, contribuyendo a afectar aun más el poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos, y a empeorar los ya graves indicadores de pobreza.

Las posibles consecuencias económicas de las medidas en estudio, siendo graves como son, no lo son tanto como la derrota política del gobierno a manos de los grupos exportadores que representarían: se les estaría dando un incentivo para que en el futuro vuelvan a especular para forzar una devaluación, o apropiarse de niveles de ganancias aun mayores de los que hoy tienen. ¿Por qué se abstendrían de hacerlo?, sería la pregunta.

Del mismo modo que cabe preguntarse por que en el menú de opciones con que contaba el gobierno para encarar el problema de la restricción externa, jamás se consideró siquiera hacer cumplir el DNU 91 del 28 de diciembre del año pasado, que modificara el DNU 609 de Macri, disponiendo que el contravalor de la exportación de bienes y servicios deberá ingresarse al país en divisas y/o negociarse en el mercado de cambios en las condiciones y plazos que establezca el Banco Central. O sea, obligar a los exportadores a liquidar las divisas en un plazo perentorio, con penalidades y consecuencias en caso de no hacerlo; como por ejemplo quedar suspendidos del registro de operadores de comercio exterior. 

Adicionalmente al citado DNU 91, el Banco Central tiene facultades para regular el mercado de divisas e imponer plazos para su liquidación en el país, cuando se trate de exportaciones de origen agropecuario, por el artículo 7 de la Ley 21453. La pregunta es por qué no las ejerce, cuando no hacerlo tiene las contraindicaciones señaladas.

El historiador Norberto Galasso llama en sus obras a la renta agraria diferencial (es decir, la superutilidad de la producción agraria en el país por sus bajos costos en términos comparativos internacionales) "el protagonista oculto" de nuestra historia: ese rasgo estructural de nuestro modelo de desarrollo productivo desequilibrado, que tiene un sector competitivo a nivel internacional por sus bajos costos, orientado al mercado mundial y por ende con ingresos en divisas; que lo colocan en posición de determinar el tipo de cambio (precio esencial de la economía si lo hay), manejando a su antojo la oferta de divisas, a falta de regulaciones públicas adecuadas.

Por esa razón el primer peronismo encaró el problema a fondo, con medidas estructurales, que redujeran no solo la vulnerabilidad de la economía frente a los shocks externos y la restricción del acceso a las divisas; sino que al mismo tiempo aumentaran los márgenes de maniobra del Estado frente a los principales grupos económicos del país.

Así en marzo de 1946 por el Decreto 8503 se nacionalizaba el Banco Central, que pasaba a tener el manejo total del mercado de divisas, y por el Decreto 15350 del 28 de mayo del mismo año, se creaba el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI); para monopolizar el comercio exterior, fundamentalmente de productos agropecuarios, es decir los principales renglones de la oferta exportable del país. Mientras el BCRA manejaba las divisas administrando tipos de cambio múltiples para favorecer el proceso de industrialización, el IAPI actuando como "comprador único" captaba buena parte de la renta agraria diferencial, hasta entonces en manos de pocos grupos exportadores.

Ya en 1949 y mediante la reforma impulsada por Perón, el artículo 40 de la Constitución nacionalizó el comercio exterior al disponer que la importación y exportación, ...estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley...". En estas cuestiones, entre otras, hay que buscar también las razones del golpe de 1955 que derrocó al peronismo del gobierno.

Más de 70 años después, las condiciones estructurales de la economía -al menos en lo que hace a la generación y manejo de las divisas- no han cambiado sustancialmente, y las fuerzas alineadas en contra del peronismo, tampoco. Sin pretender tanta audacia como entonces, lo menos que se puede exigir en una coyuntura tan crítica como la actual es que a grandes males, se los encare con grandes remedios. Tuit relacionado:  

jueves, 17 de septiembre de 2020

LAS MEDIDAS ECONÓMICAS Y LA ALTERNATIVA ESPERADA POR EL MERCADO


Por A.C.

En las recientes medidas económicas dictadas por el Gobierno, se pueden diferenciar tres aspectos sobre los que se decide intervenir: el dólar “ahorro”, la fuga de divisas través de títulos en dólares y la deuda empresaria en esa moneda. 
Sobre el dólar ahorro ya nos referimos anteriormente en éste post, cuyos datos pudieron corroborarse en los días posteriores acerca del número de ahorristas que continuaron adquiriendo mensualmente los 200 dólares establecidos como límite, y la cifra que ello significaba como proyección anual y su comparativo con las reservas que dispone el Banco Central.  
Sumado al dólar ahorro, la salida de divisas se ampliaba con la demanda de dólares para compras con tarjeta, y en consecuencia, entre estos dos conceptos se estaba llegando a una cifra mensual superior a los 1.000 millones de dólares que salían de las reservas.  
Por ello, y más allá de la discusión sobre que tipo de medida debía tomarse, la intervención al respecto era urgente, y el Gobierno decidió a través de AFIP la aplicación de un impuesto del 35%, que se agrega al 30% del denominado impuesto Pais. Ese 35% abonado en cada operación de cambio, podrá deducirse del impuesto a las ganancias o bienes personales. Incluso, aquellos pequeños ahorristas que compran divisas y deberán ahora abonar ese impuesto, en el caso que no estén alcanzados por ganancias o bienes personales, podrán solicitar en AFIP el reintegro de ese 35% 
Con relación a evitar la fuga de divisas a través de la negociación de títulos o acciones, ya se había visto un buen antecedente en el denominado contado con liquidación (CCL), operatoria que desde hace un tiempo ve reducido su volumen de operaciones diarias. Ello se debe a que se dispuso que quienes tenían acceso a la compra de dólares en el mercado oficial, no podrían operar por 90 días en el CCL, y quienes operaron con CCL no tenían acceso a la compra del dólar oficial también por el plazo de 90 días. 
Es decir, para ejemplificar, si una empresa solicita comprar dólares oficiales para cancelar una operación de importación, no puede simultáneamente estar operando en el CCL.  
A causa de esta medida, el volumen del CCL se redujo fuertemente y ronda actualmente entre los 50 y 60 millones de dólares diarios, de los cuales la mayor parte son operaciones de fondos especulativos extranjeros que adquieren títulos en dólares que venden en el exterior, es decir que son divisas que salen del país, y con el ojo puesto recién ahora en las sociedades de bolsa, la medida se dirige a cerrar éste grifo de fuga. 
Por último, y con el antecedente de fuga de 86.000 millones de dólares durante el gobierno de Macri, el límite del 40% sobre el monto de las obligaciones empresarias, aparece necesario y razonable. En el pago de deudas del sector privado, se limita así el acceso a las divisas a sectores que llevaron sus activos al exterior durante los cuatro años macristas. Ahora podrán obtener dólares del Banco Central para cubrir el 40% de su deuda, y tendrán que utilizar esas divisas sacadas del país para cancelar el resto de sus obligaciones. 
Claro que había otra alternativa a las medidas dictadas por el Gobierno, la medida más fácil, una fuerte devaluación, la que hubiera producido consecuencias muy negativas para la enorme mayoría de la población cuyos ingresos son en pesos, ya que esos ingresos se hubieran vistos seriamente recortados en su poder adquisitivo ante el inevitable traslado a precios de una devaluación, situación agravada en el marco de una pandemia que genera aquí y en todo el mundo, una enorme reducción de la actividad económica, caída de la demanda y dificultad de generación de empleo. 
Ante esta realidad económica, y habiéndose utilizado herramientas para evitar una drástica devaluación, la reacción inmediata del “mercado” luego del dictado de las medidas no puede sorprender, y sus resultados no podrán medirse en pocos días. Solo después de un período razonable, se podrá apreciar si los efectos buscados, como poner fin a la volatilidad cambiaria, se consiguen, evitando así la sistemática presión que se ejerce sobre el peso por parte de grandes jugadores posicionados en dólares, los que por eso tienen el eterno y permanente objetivo de lograr grandes devaluaciones, para beneficio de unos pocos y consecuencias negativas para la enorme mayoría de la población.  

jueves, 27 de agosto de 2020

QUE BIEN ESTÁBAMOS CUANDO ESTÁBAMOS MAL


Hay un consenso extendido en los análisis económicos y políticos (del que no quedan excluidos analistas "del palo") sobre que el segundo mandato de Cristina fue malo en todo sentido, y que allí hay que buscar las causas del triunfo de Macri en el balotaje presidencial del 2015.

Desde esa óptica, se exculpan otros factores como la división del voto peronista con la candidatura de Massa -decisiva para que hubiera balotaje, y para que a éste lo ganara Macri-, con la curiosa conclusión de que la responsabilidad mayor en la derrota del que conservó más votos y apostó a la candidatura del "peronismo realmente existente" como les gustaba decir a algunos por entonces, que la del que rompió desde el 2013 una unidad más amplia, y terminó siendo funcional al triunfo de la derecha en las urnas. Pariente cercano -en falsedad- del análisis según el cual Cristina "fue a menos", apostando al triunfo de Macri, para luego generar las condiciones para un "operativo clamor" pidiendo su regreso: lo curioso es muchos de los que dijeron eso fueron realmente "a menos" frente a Macri, siendo oposición.

Que el gobierno del 2011 al 2015 no fue perfecto y se cometieron muchos errores, o quedaron cosas pendientes que agudizaron determinados problemas generando malestar social y posibles "votos castigo", no caben dudas; del mismo modo que en el desarrollo concreto de la campaña pudieron existir -y de hecho existieron- errores de estrategia. Pero escindir determinados hechos del análisis para llegar a una conclusión predeterminada que -se vio luego- cohonestara ciertas conductas posteriores de "oposición razonable" al macrismo es, como mínimo, un ejercicio de deshonestidad intelectual.

El año electoral 2015 transcurrió en medio del escándalo por la muerte de Nisman, la ofensiva feroz de los fondos buitres para esmerilar al gobierno y obligarlo a rendirse incondicionalmente a sus demandas (con la imprescindible colaboración de aliados internos, desde la oposición a los grandes medios) y, ahora lo sabemos, la intromisión en la campaña de las más refinadas estrategias de influencia sobre la opinión pública como el trabajo de Cambridge Analytica, entre otros hechos relevantes. Aun con todo eso en contra, la fuerza que gobernaba entonces terminó perdiendo en un balotaje por un punto y medio, tras 12 años intensos de gobierno, y llevando a un candidato que no cumplió con lo que de él se esperaba, en cuanto a captar votos por fuera del núcleo duro, dado su perfil.

Pero volvamos al segundo mandato de Cristina, y ese consenso extendido sobre que fue un mal gobierno: no se trata de compararlo acá con el de Macri que lo sucedió, y con el cual hasta De La Rúa podría salir ganando según como se mire; sino de ver hoy, en las particulares condiciones concretas en las que se tiene que desenvolver el gobierno de Alberto Fernández, y las herramientas con las que cuenta para enfrentar la doble crisis (la heredada del macrismo y la generada por la pandemia). En ese sentido se creemos que se pueden destacar determinados ejes:

* Los bancos fueron (como siempre) los grandes ganadores en todo esto, con o sin pandemia, con o sin arreglo con los acreedores externos, y fueron a su vez los que sabotearon o retacearon colaboración a todos los planes desplegados por el gobierno para atemperar los efectos de la crisis. Si el gobierno actual tiene algunas herramientas legales a su alcances para regularlos y forzarlos a cumplir con determinadas cuestiones (líneas de crédito productivo, piso de tasas para los plazos fijos, límites de tenencias de títulos públicos), es gracias a la reforma introducida en la Carta Orgánica del Banco Central en el 2012, mediante la Ley 26739.

* En los orígenes de su mandato, Alberto Fernández pensó en una "salida exportadora", haciendo hincapié en las divisas que podría generar Vaca Muerta, aunque claro, luego las cosas cambiaron: sobrevino la pandemia y el precio internacional del petróleo se derrumbó. Sin embargo, si existe alguna posibilidad de que desde allí se aporte a la recuperación de la economía, será con el liderazgo de la YPF cuyo control recuperó el Estado en el 2012, con la Ley 26741. De hecho hace poco y como veíamos acá, los números de la petrolera fueron mucho mejores durante el gobierno "chavista" de Cristina, que con el "market friendly" de Macri. 

* Sobre la importancia estratégica del Programa Procrear (creado en el 2012 por el DNU 902), no hay mucho que agregar, salvo que fue reconocida por el propio Alberto Fernández hace poco cuando lo relanzó, en los fundamentos del DNU 643.  

* Si el Procrear fue y es posible, es gracias a la existencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, creado cuando el Estado liquidó en 2008 el sistema de jubilación privada de las AFJP. En el año 2015 Cristina hizo votar en el Congreso la Ley 27181, que protegía de "privatizaciones" las tenencias accionarias del Fondo en distintas empresas privadas, disposición protectora volada de un plumazo por el macrismo con la Ley 27260 que aprobó la "reparación histórica", y como resultado de esas y otras medidas, el FGS perdió -durante el gobierno de Macri- la mitad de su valor en dólares, tanto así que desde la ANSES se evalúa ahora propiciar una ley...para proteger sus activos.

* Tampoco creemos que sea necesario agregar demasiado sobre la importancia de mantener una postura firme en la negociación con los fondos buitres, y en darse una política de desendeudamiento como condición para poder crecer: al gobierno de AF le tocó padecer hace poco lo que los fondos inversores son capaces de hacer a la hora de bloquear una negociación, y los "principios de sustentabilidad de la deuda pública" con los que Martín Guzmán condujo la negociación e incluso se hicieron aprobar por el Congreso, son sustancialmente los mismos que el gobierno de Cristina planteó exitosamente en su momento ante la ONU, y fueron aprobados en el 2015 por su Asamblea General.  

* El gobierno de Alberto Fernández emprendió, bajo la conducción de la ex fiscal Cristina Caamaño, un profundo proceso de reestructuración de la AFI. Y al hacerlo, retomó no solo las líneas centrales, sino las propias normas que en ése área había aprobado Cristina en su segundo mandato: veíamos acá que, a poco de asumir el gobierno, repuso los Decretos 1311 y 2415 dictados por ella en el 2015, para quitarle el carácter de fondos reservados a la mayoría de las partidas del organismos, que Macri luego les repuso.  

* Y por último, lo más actual: en el DNU 690 por el cual declara como servicios públicos a la telefonía celular, la televisión paga y los servicios de Internet, el propio Alberto rescata conceptos y regulaciones que estaban en la Ley 27078 de "Argentina Digital" aprobada en el 2014, y que Macri desguazara prolijamente en su gobierno, junto con las cláusulas de la ley de medios que eran más irritativas para los intereses del Grupo Clarín.

sábado, 30 de mayo de 2020

ERA DEMASIADA VENTAJA PARA LOS DEVALUADORES


Por A.C.

Grandes empresas que vendían algunos de sus muchos dólares a través del Contado con Liquidación (CCL) a $120. Y después, con la excusa de una operación de importación, compraban esos mismos dólares a $70 través del Mercado Unico y Libre de Cambios (MULC).

Con solo 100.000 dólares vendidos, recaudaban 12 millones de pesos, y después compraban esos mismos 100.000 dólares a 7 millones de pesos en el MULC.  Pase mágico por el que queda una diferencia de 5 millones de pesos que fueron a manos de unos pocos pero que pagaremos todos.
Y en la ida y vuelta de estas operaciones, otros compraban esos dólares pagando $120 vía CCL para efectuar inversiones de “formación de activos externos”, es decir sacar dólares del país para depositarlos en cuentas en el exterior, utilizando una cómoda herramienta financiera para blanquear pesos cuyo origen posiblemente no les resultaría fácil demostrar.
¿Cuántas operaciones de este tipo se hicieron durante los meses de abril y mayo? ¿Si se conoce que ésto repercute en el tipo de cambio, porqué se dejó operar sin ningún control a las sociedades de bolsa, únicas autorizadas a efectuar estas operaciones?
Por dichas razones, hace ya muchos días y desde éste humilde blog, le reclamábamos al Sr. Consentino, titular de la Comisión Nacional de Valores, que ese organismo interviniera sobre éstas operaciones. 
Pero se dejó jugar libremente con las herramientas para la fuga de divisas, como lo son el CCL y el dólar bolsa, y las consecuencias fueron muy negativas, como no podía ser de otra manera, porque el “mercado” no descansa ni aún en la pandemia. Los grupos económicos que mantienen sus ingresos y que generan excedentes, los vuelcan en su mayoría a inversiones financieras dolarizadas y a la fuga, generando presión sobre la cotización del dólar paralelo o dólar blue, que cotizaba a fines de marzo a $85 y que en poco tiempo superó los $130, aunque por estas horas se ofrezca a $125.
Más allá de lo que podamos opinar al respecto, la realidad muestra que Argentina tiene un mercado cambiario dual, el dólar oficial por un lado y el dólar paralelo por otro, y la ampliación de la brecha cambiaria genera expectativas de devaluación. Y eso no es bueno, tanto por la posibilidad de traslado a precios como por el aumento de otras dificultades, como lo vemos con otro actor del mercado cambiario, las grandes exportadoras cerealeras, que se encuentran sentadas sobre los silos y deliberadamente no liquidan sus tenencias, lo que impide el ingreso de dólares aumentando la presión sobre el precio de esa divisa.
Es evidente que desde el Banco Central se reaccionó imponiéndose un objetivo que abarca el dólar oficial y ahora también la brecha cambiaria, con el propósito de regular las operaciones que generan presión sobre el tipo de cambio.
Por  Comunicación “A” 7030 el Banco Central dispone a partir del 29 de mayo de 2020, una serie de medidas para el acceso de las empresas al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) con el propósito de ordenar el pago de obligaciones por la importación de bienes.
Las medidas incluyen al dólar Contado con Liquidación (CCL), operatoria en la cual las empresas que hubieran operado en CCL desde el 1 de abril de 2020, no podrán adquirir dólares a través del MULC, es decir al precio del dólar oficial. Y aquellas que adquirieron divisas a través del MULC, deberán esperar un plazo de 90 días para poder operar en CCL.
Y una medida que resulta incontrovertible:  las empresas que cuenten con activos líquidos originados en la formación de activos externos, es decir las empresas que fugaron divisas, deberán abonar con esos dólares fugados las obligaciones que deban cancelar en el exterior.
Además, para evitar maniobras de fuga vía “inversión financiera” a través de títulos públicos, para las empresas que requieran acceder al mercado oficial de cambiose establece una restricción por el plazo de 90 días previos y 90 días posteriores para realizar operaciones de compra venta de títulos públicos en moneda local con liquidación en divisas.
Era demasiada ventaja la falta de regulación y de reacción ante el ataque sistemático al peso que efectúan unos pocos dueños de grandes reservas en dólares, los eternos profetas del atraso cambiario y fundamentalistas de la devaluación.

domingo, 17 de mayo de 2020

COHERENCIA


La gestión del Banco Central a cargo de Miguel Pesce últimamente no viene dando pie con bola, en especial en el contralor de la actividad de los bancos, y también en el control de los dólares "blue" en sus diferentes formas. Allí su responsabilidad es compartida con la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Pero esta semana dictó una medida acertadísima: restringir el acceso al crédito a tasas subsidiadas para los productores y empresas agropecuarias que retienen en acopios parte de la producción, especulando con la suba del dólar: si pueden hacer eso es porque tienen espaldas financieras suficientes y no necesitan vender.

Y si están en esas condiciones, no necesitan crédito bancario, menos a tasas subsidiadas o solventadas en parte por el Estado, sea con fondos propios o aportando a fondos de garantía recíprocas. Si no quieren intervención del Estado, sean coherentes y no la pidan, o no se aprovechen de los beneficios que crea. 

La medida del Central se suma a otra (excelente) tomada esta semana por la AFIP que conduce Mercedes Marcó del Pont, relacionada con los precios de transferencia en operaciones de comercio exterior (la resolución completa acá en el Boletín Oficial del viernes); un mecanismo habitualmente usado por los grandes grupos exportadores para triangular operaciones a través de empresas vinculadas, generalmente constituidas en paraísos fiscales; para de ese modo subfacturar exportaciones, sobrefacturar importaciones y sustraer de la liquidación en el mercado oficialo de cambios, dólares que se van en forma de fuga de capitales.

Medidas de "sintonía fina" propias de un Estado inteligente, que pone las regulaciones donde las debe poner, aunque eso afecte intereses. Sobre todo si afecta intereses, de los más favorecidos siempre, incluso en las crisis como la actual.

Muy distinto a los papelonazos que se están haciendo al pagarles parte de los sueldos con fondos de la ANSES (atenta, Raverta) a grandes grupos económicos y sus empresas que siguen ganando en medio de la pandemia, como Clarín, Techint, Ledesma o Viacom, los dueños de Telefé. No solo ganando, sino despidiendo (impunemente, como en el caso de Techint), distribuyendo dividendos entre sus accionistas (como Clarín) o especulando con bonos de la deuda (otra vez se anota acá el hólding de Magnetto y vaya uno a saber cuantos más); además de tener empresas fantasmas en paraísos fiscales.

Por momentos existe la sensación que actuamos con bisturí y precisión quirúgica para otorgar beneficios a la base de la pirámide (lo que anunciaron ésta semana con la SUBE, las trabas para acceder al IFE o a los préstamos a tasa cero), y con brocha gorda para la cúspide, como pasa en los casos señalados. Ya se habló antes de las "dos velocidades distintas", por ejemplo para habilitar acuerdos con reducción salarial, o finalmente aprobar alguna forma de impuesto a las grandes fortunas, o a la riqueza.

Como muestra la imagen de apertura, la decisión del BCRA desató la previsible oposición de los ex oficialistas, hasta diciembre del año pasado: sin empacho asumen la defensa del campo privilegiado. renegando de la intervención estatal, no ya en sus formas más sofisticadas y profundas como podría ser un IAPI, sino ni siquiera admiten otras más limitadas, concebidas incluso bajo gobiernos de su "palo", como la Junta Nacional de Granos de Justo en la Década Infame. 

Todo, con la impunidad que les da saberse favorecidos por el blindaje mediático, para no hacerse cargo nunca de ninguno de los desastres que perpetraron, cada vez que fueron gobierno. Sin embargo, algo hay que reconocerles, más allá de chicanearlos en las redes sociales: son coherentes en la defensa de su propia base electoral.

Los que estamos fallando en eso somos nosotros. Tuit relacionado:

lunes, 20 de abril de 2020

POR FIN


Hasta ahora,  los Bancos continuaban con el gran negocio instalado durante la gestión macrista: pagar bajas tasas de interés a los depositantes y cobrar altas tasas por la tenencia de Leliqs.
Si bien el gobierno actual logró hacer descender en un gran porcentaje la tasa de referencia, es decir la tasa pagada a los Bancos por las Leliqs, haciéndola bajar 25 puntos hasta llegar al actual 38%, las entidades bancarias se cubrieron de la baja de intereses dispuesta por el Banco Central recurriendo a la herramienta elemental de hacer descender en igual medida el interés pagado a los depositantes
Así durante las últimas semanas, pagaban por los plazos fijos un interés en algunas entidades menor al 20%, ya que como informaba el BCRA la tasa promedio era del 18,48% en plazos fijos para ahorristas minoristas.
Cobran 38% de interés y pagan menos del 20%, y así ganan una diferencia o spread sideral, en algunos casos de casi un 20%. Con la plata de los depositantes, claro, y con el enorme trabajo de recibir el dinero por una ventanilla y cobrar el interés de las Leliqs por la otra. Una actividad agotadora.
Por Comunicación A6980 del Banco Central, se implementa un nuevo piso para .la tasa mínima que los Bancos deben pagar en plazos fijos minoristas de hasta un millón de pesos.
La tasa deberá ser al menos el 70 % de la tasa de política monetaria vigente, y siendo la actual tasa de referencia del 38%, la retribución para los plazos fijos no podrá ser inferior al 26,6 por ciento.
Es decir unos cuantos puntos más de interés de lo pagado hasta ahora por los Bancos a los depositantes, para evitar así entre otras cosas, la destrucción del ahorro en moneda local y que se siga produciendo el retiro de depósitos en pesos para dolarizar las tenencias.
Dolarización que se efectúa –más allá de las compras en el mercado negro- a través de operaciones como el contado con liquidación o con el dólar bolsa,  provocando subas ficticias de la moneda extranjera y fuga de divisas, como explicamos en ésta entrada.
Un poco tarde llega la medida, ya que a causa de las enormes ganancias que obtienen los Bancos pagando muy bajos intereses a sus clientes, el stock de plazos fijos privados disminuyó en más de 110.000 millones de pesos desde que se inició la cuarentena obligatoria. Pero por fin una medida que era imprescindible llegó.
Restaría ahora que desde la Comisión Nacional de Valores hagan uso del artículo 141 de la Ley 26.831 suspendiendo las operaciones de contado con liquidación y dólar bolsa, para detener el ataque contra el peso argentino a través de la suba artificial del precio del dólar.

domingo, 19 de abril de 2020

EN LUGAR DE APUNTAR, DISPAREMOS


Sobre las nuevas medidas del gobierno para las Pymes, leemos en La Politica Online: "Alberto pidió que se los acercara y ante la repetición de preguntas sobre la insuficiente asistencia a las pymes, reconoció que las medidas lanzadas no funcionaron como esperaba y le apuntó a los bancos y su poca disposición para otorgar los créditos al 24% para pago de sueldos. "Estoy indignado, pero con Martín (Guzmán) y (el presidente del Banco Central Miguel) Pesce vamos a poner las cosas en orden", prometió. Según supo LPO, el presidente prepara un nuevo paquete de medidas similares para anunciar el lunes."

"Necesitamos que los Bancos trabajen de Bancos y dejen de hacer negocios prestando plata al Banco Central. Si quieren financiar al Estado que lo hagan para obra pública, pero no con letras como las Leliq, por las que cobran una tasa exorbitante y después pagan 24% un plazo fijo", se indignó Alberto ante un reclamo sobre el rol de las entidades financieras realizado por José Luis Ramón, líder del bloque aliado Unidad para el Desarrollo. Hemos hecho todo para que los Bancos entiendan que este no es un momento para ganar, si no para apoyar. Pero no entienden", advirtió." (Las negritas son nuestras)

El tema es, querido Alberto, que no parece que hayan hecho todo. Es más, si nos atenemos estrictamente a las decisiones institucionales del gobierno que aparecen publicadas en el Boletín Oficial (sean tuyas o del Banco Central) tendríamos que decir que no han hecho nada: no hay bancos sancionados u obligados a prestar, ni nada parecido. Por el contrario, cuando escaló el "dólar bolsa" el Banco Central volvió a permitir suba de tasas para tentar a los inversores, y tampoco ha repudiado las LELIQs, o nada parecido: sigue pagando puntualmente los intereses, que se llevan unos 55.000 millones de pesos por mes, sin que nadie proteste porque el BCRA tenga que emitir moneda a esos fines.

Y eso que facultades para actuar no le faltan: de acuerdo con la Ley 24144 (Carta Orgánica del Banco Central) modificada en el 2012 por la Ley 26739, el Central puede (artículo 4) "Regular el funcionamiento del sistema financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras y las normas que, en su consecuencia, se dicten" (inciso a), "Regular la cantidad de dinero y las tasas de interés y regular y orientar el crédito;" (inciso b).

En sentido concordante, su directorio (artículo 14) puede "Fijar las tasas de interés y demás condiciones generales de las operaciones crediticias del banco" (inciso c); "Fijar políticas generales que hacen al ordenamiento económico y a la expansión del sistema financiero" (inciso g); "Revocar la autorización para operar de las entidades financieras y cambiarias, por sí o a pedido del superintendente" (inciso h); "Regular las condiciones del crédito en términos de riesgo, plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza, así como orientar su destino por medio de exigencias de reservas, encajes diferenciales u otros medios apropiados;" (inciso r) y "Establecer políticas diferenciadas orientadas a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales." (inciso w).

Incluso con la libérrima Ley 21526 de entidades financieras que viene de los tiempos de Martínez de Hoz y ha permanecido casi intocada en democracia, el Banco Central puede (de acuerdo a su artículo 41) sancionar a los bancos por "...las infracciones a la presente ley, sus normas reglamentarias y resoluciones que dicte el Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus facultades."; sanciones que van desde el llamado de atención, hasta la revocación de la autorización para funcionar. 

Como se ve, facultades no faltan para actuar, y en ese marco se podría -por ejemplo- imponerles a los bancos que presten el dinero que el Central les liberó de los encajes no remunerados a tasa cero (0) a las Pymes, sin más garantía que la palabra del gobierno; y aun así no perderían dinero: saldrían derechos en todo caso, en ese exclusivo segmento de sus negocios.

Y si se entiende que para proceder en tal sentido al gobierno le faltan facultades: ¿qué mejor excusa para gatillar un DNU que la resistencia feroz de los bancos a auxiliar a las Pymes en medio de la pandemia? Es decir, en lugar de "advertir" o "apuntar", o "indignarse", disparemos, y listo. Tuit relacionado: 

viernes, 20 de marzo de 2020

EN SILENCIO, PERO BIEN


El presidente del Banco Central y su directorio no suelen ser figuras populares: por lo general los bancos tienen ganada una mala reputación, en forma merecida, y el BCRA no escapa a esa regla, en tanto banco. 

Máxime cuando las más desastrosas gestiones económicas que recordamos los argentinos siempre estuvieron asociadas a gestiones también desastrosas del Banco Central.

En la actual gestión de gobierno, el directorio conducido por Miguel Pesce (y en el que hay figuras muy valiosas como Arnaldo Bocco) viene sosteniendo una política continuada de baja de las tasas de interés, aun contra la opinión de los econochantas lobbistas de los bancos.

Y ahora, en medio de la crisis, anuncian acá en Infobraden que les van a prohibir a los bancos tomar dividendos, y les liberarán encajes para volcar dinero al mercado en forma de créditos a tasas más accesibles, para las Pymes y empresas golpeadas por la crisis que necesitan financiamiento.

Medidas prudentes, razonables, comprensivas de la situación antes de la pandemia, y con mayor razón ahora, cundo todas las economías del mundo se están cayendo a pedazos y es imposible cuantificar la magnitud de los daños.

Pero además limitándoles a los bancos (los grandes ganadores de todas las crisis) la posibilidad de que distribuyan dividendos en sus accionistas, que acumularon en los cuatro años de jolgorio financiero macrista, en muchos casos especulando con el festival de títulos emitidos por el propio Central, con el argumento de combatir la inflación, con los resultados conocidos: un fracaso estrepitoso.

"Los créditos a tasas menores a otorgar con los encajes liberados son para actividades consideradas prioritarias como producción de alimentos, insumos médicos, higiene personal y tecnología, aunque también habrá líneas para capital de trabajo. 

Después de años de tener en el Banco Central, con el cuento de la autonomía, un "Estado dentro de otro Estado", colonizado por los intereses financieros de los bancos y fondos de inversión, parece que lo recuperamos para el conjunto de los argentinos.