GARRAPATAS

 

Como diría Scalabrini Ortiz, estos asuntos de la economía son tan sencillos que los puede entender cualquiera, pero si los explican e igual no se entiende es que te están cagando. https://t.co/v9p4Z5MzZ4

— La Corriente K (@lacorrientek) March 25, 2023

El canje compulsivo de bonos en dólares que tenía en su cartera el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES por bonos duales en pesos todavía sigue haciendo ruido al interior del FDT. porque al igual que otras medidas anteriores del mismo tenor (la recompra de 1000 millones de dólares de deuda y el canje de deuda con los bancos por las LELIQS) nunca son debidamente explicadas por el gobierno; como si hubiera algo que ocultar.

Al respecto, de lo más completo que hemos leído es ésto de Horacio Rovelli en "EL Cohete a la Luna", de lo cual nos quedamos con éstos párrafos: "El problema real es que el Ministerio de Economía está privatizando deuda externa (títulos que tienen los distintos estamentos del Estado) a precio vil (La lámina del AL 30, que vence en el año 2030, de 100 dólares, se cotiza en torno a los 25 dólares), y se permite que quienes los compren (bancos, aseguradoras y fondos de inversión) giren sus utilidades a través del CCL con esos títulos. Obviamente esa operatoria de venta a precio vil y fuga frenará los distintos paralelos, pero a costa del Estado nacional que deberá pagar al valor nominal (100 dólares la lámina) a su vencimiento.".

"El problema fiscal es el constante subsidio de Macri y de Alberto Fernández al capital concentrado. Por ejemplo, el BCRA le paga, este año 2023, una renta a los diez bancos privados más grandes de no menos de 5 billones de pesos (unos  20.000 millones de dólares) y, sin embargo, el FMI exige que el BCRA no puede prestarle más al Tesoro para el corriente año 2023 que el 0,6 % del PIB ($ 883 mil millones a precios de septiembre 2022, año en el que se elaboró el presupuesto nacional).". 

"Y son esos mismos bancos, más las compañías aseguradoras y los fondos de inversión, los que propician que el Estado se desprenda de títulos en dólares para comprarlos ellos. Títulos que, cuando se convirtieron en el canje que realizó el 31 de agosto 2020 el por ese entonces ministro Martín Guzmán, cotizaban en torno a los 46 dólares la lámina de 100 dólares y se lo van a vender a los nombrados a 25 dólares promedio y el Estado nacional a medida que venzan debe rescatarlos al 100 % de su valor. De esa manera y por decreto (DNU), los organismos públicos nacionales deben desprenderse de sus títulos en dólares que totalizan unos 35.000 millones nominales, para hacer frente a los pagos externos y normalizar los valores del contado con liqui y el MEP.".

Ahora agregamos nosotros a lo apuntado por Rovelli que la medida de mostrar que estás dispuesto a gastar los bonos en dólares, se toma en medio del terremoto financiero internacional, y en la avanzada que te armaron acá desde el lunes pasado, a través del dólar MEP y del blue, porque no hay reservas suficientes en el BCRA; y "los mercados" tienen la capacidad de provocar una corrida cambiaria y que se vaya todo a la mierda. Entre el MEP, el CCL (Contado con Liquidación) y el "blue" mueven unos 200 millones diarios; y con el canje de bonos el gobierno quiere mostrar que tiene entre 31.000 y 32.000 millones de bonos en dólares para jugar, lo que tuvo efecto enseguida, bajando las cotizaciones. 

Pero claro, se empapeló al FGS, y se le dio a Economía el libre manejo de todos los bonos en dólares, lo cual es peligroso. Eso sin contar el interrogante sobre si esas tenencias en bonos serán suficientes para contener la avanzada cambiaria del mercado por una devaluación hasta que lleguen las elecciones; en un contexto en el que la sequía complica la entrada de dólares genuinos a las reservas del Banco Central, que incluso con superávit comercial sosteido no se han visto fortalecidas en éstos años. 

También existe la posibilidad de resolver -como plantea Rovelli- el problema fiscal por el lado de recomponer los ingresos del Estado afectando rentas de los sectores que han ganado con la crisis, o adoptar medidas regulatorias sea a través del Banco Centra interviniendo bancos, financieras y sociedades de bolsa que están incendiando el mercado, o aplicando el artículo 141 de la 26.831 que regula los mercados de capitales, y señala lo siguiente: "La Comisión Nacional de Valores podrá interrumpir transitoriamente la oferta pública de valores negociables u otros instrumentos financieros u operaciones, cuando se encuentre pendiente la difusión de información relevante o se presenten circunstancias extraordinarias que lo tornen aconsejable y hasta que desaparezcan las causas que determinaron su adopción.".

Claro que entonces entramos en otro terreno, que es de la política y sus límites: no parece ser Sergio Massa el adecuado para avanzar en ese sentido, ni tampoco parece que el gobierno tenga la más mínima intención de ir por ese lado. De hecho, en casi 40 años de democracia el sistema político en su conjunto (incluido el kirchnerismo) nunca tuvo la decisión ni el músculo necesario para avanzar en la modificación sustancial de la Ley 21.526 de entidades financieras aprobada por Videla y Martínez de Hoz en plena dictadura.

Aunque sí el kirchnerismo fue en sus gobiernos el único en darle algunos arañazos a los intereses del sistema financiero con los canjes de deuda del 2005 y 2010 con quitas sustanciales del capital, la Ley 26425 que liquidó las AFJP, las reformas a la Carta Orgánica del Banco Central -aumentando sus capacidades regulatorias- de la Ley 26739 de 2012, y la ya citada Ley 26831 de los mercados de capitales. 

Sin embargo, en esta versión deascafeinada en la que no "volvimos mejores", el BCRA no usa todo su poder regulatorio, nunca se intentó siquiera reponer el texto original de la Ley 26831 mutilada en 2018 -como pasó con la ley de medios- por la Ley 27440 en el gobierno de Macri, y ahora se está poniendo en riesgo la solvencia del FGS, aunque se diga que el canje de bonos le generará en el mediano plazo una ganancia contable.

Y mientras tanto no se avance en alguna de esas direcciones. recomponiendo el poder regulatorio del Estado para poner en cintura a un sistema financiero cuya contribución a la economía real (vía crédito y financiamiento a la producción) deja bastante que desear, jugando con las reglas de ellos -es decir, las del mercado- lo único que queda es ensayar estos pases mágicos para ir saltando de una crisis (real o potencial, lo mismo da) a otra, hasta que el estallido no se pueda contener. Un estallido generado por ellos (los bancos, las sociedades de bolsa, las financieras), para su propio beneficio, como siempre. Tuits relacionados:  

Recompra deuda. Canje de deuda a los bancos. Canje de títulos en dólares por títulos en pesos al FGS. Así dicho y sin mayores explicaciones pareciera que Massita sigue engordando a las garrapatas financieras esperando que chupen tanto que exploten. A menos que alguien aclare.

— La Corriente K (@lacorrientek) March 22, 2023

Recompra de deuda. Canje de bonos a los bancos. Canje forzoso de títulos al FGS. La gestión Massa-Rubinstein-Macdur (a.k.a. lavagnismo sin Sandalio) sumando decisiones inexplicables, o potenciales curros.

— La Corriente K (@lacorrientek) March 22, 2023

BREVE MEMORIA DEL SAQUEO

 

¿Todos sabemos como termina esto, no?: https://t.co/p4AXMxnLpg

— La Corriente K (@lacorrientek) August 1, 2022

Uno de los mayores desaguisados del menemismo fue, sin dudas, la privatización del sistema jubilatorio a través del oprobioso sistema de las AFJP, latrocini instaurado a través de la Ley 24241. La idea con la que Cavallo vendía entonces el negocio no era sólo -en teoría- mejorar los haberes de los jubilados, sino sentar las bases para crear un mercado local de capitales, para fomentar inversiones (elegidas por las administradoras) que redundarían a su vez en ganancias que aprovecharían los beneficiarios del esquema de capitalización individual que reemplazaba al de reparto, para los que optaran por pasarse a él.

Como siempre sucede en todos los gobiernos, las principales empresas y grupos económicos del país no dejaron pasar la oportunidad de acceder a financiamiento facilitado por el Estado: muchos de ellos emitieron entonces deuda en forma de ON (obligaciones negociables) o ampliaciones de capital con derecho a suscripción de acciones, que las AFJP se apresuraron a comprar. Empresas sidero-metalúrgicas, bancos, fondos de inversión, alimenticias, grupos exportadores, desarrolladores inmobiliarios, constructoras, grupos comunicacionales, es decir, los grandes ganadores y beneficiarios del modelo menemista (incluyendo los que se quedaron con las privatizaciones del período) se financiaron con "la plata de los jubilados", aun cuando en ese momento no se la mencionaba así, porque la manejaban "los mercados".

Siguiendo este enlace al portal del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) de la ANSES pueden acceder al listado completo, y a los porcentajes de participación del Fondo en el capital accionario de cada empresa, que oscila entre el 0,38 % y el 27,49 %, según los casos: Banco Macro S.A., S.A. San Miguel A.G.I.C.I. Y F., Gas Natural Ban S.A., Consultatio S.A, EDENOR, Distribuidora de Gas Cuyana S.A., Telecom Argentina S.A., Transportadora de Gas del Sur S.A., Pampa Energía S.A., Grupo Concesionario del Oeste S.A., Mirgor S.A. EMDERSA  Grupo Financiero Galicia S.A. S.A. Importadora Y Exp. De La Patagonia (La Anónima), Molinos Río de La Plata S.A., TRANSENER, Socotherm Americas S.A., Grupo Supervielle S.A., Banco Patagonia S.A., Enel Generación Costanera S.A., Camuzzi Gas Pampeana S.A., Holcim (Argentina) S.A., Capex S.A., Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C., Grupo Clarin S.A., Metrovías S.A., Metrogás S.A., BBVA Banco Francés S.A., Euromayor S.A., Quickfood S.A., Banco Hipotecario Nacional S.A., Inversiones y Representaciones S.A., Central Puerto S.A., Cresud S.A.C.I.F y A., Transportadora de Gas del Norte S.A., Ledesma S.A., Y.P.F. S.A., Central Térmica Güemes S.A., Edesal Holding S.A., Edesa Holding S.A., Cablevisión Holding S.A., Inversora Eléctrica de Bs.As. S.A, IRSA Propiedades Comerciales S.A., Sociedad Comercial del Plata S.A., Molinos Agro S.A. y Ternium Argentina S.A. (Grupo Techint).

Es decir, lo más granado del establishment local, que se nuclea en la AEA, la UIA y el Foro de Convergencia Empresarial, entre otros sellos de goma del poder económico. La Ley 24241 que posibilitó éste curro, además, limitaba los derechos accionarios de las AFJP al 5 % del capital social de la empresa o grupo al que le prestaban "la plata de los jubilados", sin importar cuanta plata le hubieran prestado, en relación a su capital, o sea: una estafa a los jubilados. 

Después de que Cristina -en base  una idea arrimada por Amado Boudou- terminara con el curro de las AFJP y sus activos pasaran a la ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, esa restricción fue eliminada en el 2011, mediante el DNU 441; que -como corresponde- elevó los derechos políticos del FGS en cada empresa en la que posee acciones, al porcentaje que le corresponda de acuerdo a la cantidad que tenga. Recordemos en ese contexto la pelea del gobierno con el Grupo Techint, para conseguir designar a dos directores en Ternium-Siderar, del cual el Fondo tiene el 26,03 % del paquete accionario.

Lo que está pasando por estos días es similar a lo que se vivió durante el macrismo, como consecuencia de sus desastrosas políticas económicas: se destruye el valor de las empresas y por ende el de sus acciones (y el del Fondo de ANSES), y en consecuencia se desploma el precio de las acciones. Claro que ahora el proceso se da como consecuencia de maniobras especulativas con el dólar, promovidas precisamente por éstos mismos grupos económicos, para forzar una devaluación que maximice sus ya abultadas ganancias.

Y como se trata de gente que piensa que siempre "a río revuelto, ganancias de pescadores", están tratando de convencer al gobierno de que les venda las acciones que el FGS tiene en sus empresas, a precio de ganga; como cuentan acá en la Política Online. Y de paso, se sacan de encima a los directores puestos por el Estado; aunque en muchos casos -como se supo hace un tiempo pasaba con Miguel Ángel Toma- siguen siendo los designados por el macrismo, ante la inexplicable pasividad del gobierno actual.

Si el gobierno terminara accediendo a la presión -acaso como un canje de favores por el apoyo que le puedan dar a la entronización de Massa como superministro- habrían cerrado el círculo de una estafa que comenzó hace casi 30 años, a la que la única que se animó a ponerle coto -como en tantas otras cosas- fue Cristina.

QUE BIEN ESTÁBAMOS CUANDO ESTÁBAMOS MAL

Hay un consenso extendido en los análisis económicos y políticos (del que no quedan excluidos analistas "del palo") sobre que el segundo mandato de Cristina fue malo en todo sentido, y que allí hay que buscar las causas del triunfo de Macri en el balotaje presidencial del 2015.

Desde esa óptica, se exculpan otros factores como la división del voto peronista con la candidatura de Massa -decisiva para que hubiera balotaje, y para que a éste lo ganara Macri-, con la curiosa conclusión de que la responsabilidad mayor en la derrota del que conservó más votos y apostó a la candidatura del "peronismo realmente existente" como les gustaba decir a algunos por entonces, que la del que rompió desde el 2013 una unidad más amplia, y terminó siendo funcional al triunfo de la derecha en las urnas. Pariente cercano -en falsedad- del análisis según el cual Cristina "fue a menos", apostando al triunfo de Macri, para luego generar las condiciones para un "operativo clamor" pidiendo su regreso: lo curioso es muchos de los que dijeron eso fueron realmente "a menos" frente a Macri, siendo oposición.

Que el gobierno del 2011 al 2015 no fue perfecto y se cometieron muchos errores, o quedaron cosas pendientes que agudizaron determinados problemas generando malestar social y posibles "votos castigo", no caben dudas; del mismo modo que en el desarrollo concreto de la campaña pudieron existir -y de hecho existieron- errores de estrategia. Pero escindir determinados hechos del análisis para llegar a una conclusión predeterminada que -se vio luego- cohonestara ciertas conductas posteriores de "oposición razonable" al macrismo es, como mínimo, un ejercicio de deshonestidad intelectual.

El año electoral 2015 transcurrió en medio del escándalo por la muerte de Nisman, la ofensiva feroz de los fondos buitres para esmerilar al gobierno y obligarlo a rendirse incondicionalmente a sus demandas (con la imprescindible colaboración de aliados internos, desde la oposición a los grandes medios) y, ahora lo sabemos, la intromisión en la campaña de las más refinadas estrategias de influencia sobre la opinión pública como el trabajo de Cambridge Analytica, entre otros hechos relevantes. Aun con todo eso en contra, la fuerza que gobernaba entonces terminó perdiendo en un balotaje por un punto y medio, tras 12 años intensos de gobierno, y llevando a un candidato que no cumplió con lo que de él se esperaba, en cuanto a captar votos por fuera del núcleo duro, dado su perfil.

Pero volvamos al segundo mandato de Cristina, y ese consenso extendido sobre que fue un mal gobierno: no se trata de compararlo acá con el de Macri que lo sucedió, y con el cual hasta De La Rúa podría salir ganando según como se mire; sino de ver hoy, en las particulares condiciones concretas en las que se tiene que desenvolver el gobierno de Alberto Fernández, y las herramientas con las que cuenta para enfrentar la doble crisis (la heredada del macrismo y la generada por la pandemia). En ese sentido se creemos que se pueden destacar determinados ejes:

* Los bancos fueron (como siempre) los grandes ganadores en todo esto, con o sin pandemia, con o sin arreglo con los acreedores externos, y fueron a su vez los que sabotearon o retacearon colaboración a todos los planes desplegados por el gobierno para atemperar los efectos de la crisis. Si el gobierno actual tiene algunas herramientas legales a su alcances para regularlos y forzarlos a cumplir con determinadas cuestiones (líneas de crédito productivo, piso de tasas para los plazos fijos, límites de tenencias de títulos públicos), es gracias a la reforma introducida en la Carta Orgánica del Banco Central en el 2012, mediante la Ley 26739.

* En los orígenes de su mandato, Alberto Fernández pensó en una "salida exportadora", haciendo hincapié en las divisas que podría generar Vaca Muerta, aunque claro, luego las cosas cambiaron: sobrevino la pandemia y el precio internacional del petróleo se derrumbó. Sin embargo, si existe alguna posibilidad de que desde allí se aporte a la recuperación de la economía, será con el liderazgo de la YPF cuyo control recuperó el Estado en el 2012, con la Ley 26741. De hecho hace poco y como veíamos acá, los números de la petrolera fueron mucho mejores durante el gobierno "chavista" de Cristina, que con el "market friendly" de Macri. 

* Sobre la importancia estratégica del Programa Procrear (creado en el 2012 por el DNU 902), no hay mucho que agregar, salvo que fue reconocida por el propio Alberto Fernández hace poco cuando lo relanzó, en los fundamentos del DNU 643.  

* Si el Procrear fue y es posible, es gracias a la existencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, creado cuando el Estado liquidó en 2008 el sistema de jubilación privada de las AFJP. En el año 2015 Cristina hizo votar en el Congreso la Ley 27181, que protegía de "privatizaciones" las tenencias accionarias del Fondo en distintas empresas privadas, disposición protectora volada de un plumazo por el macrismo con la Ley 27260 que aprobó la "reparación histórica", y como resultado de esas y otras medidas, el FGS perdió -durante el gobierno de Macri- la mitad de su valor en dólares, tanto así que desde la ANSES se evalúa ahora propiciar una ley...para proteger sus activos.

* Tampoco creemos que sea necesario agregar demasiado sobre la importancia de mantener una postura firme en la negociación con los fondos buitres, y en darse una política de desendeudamiento como condición para poder crecer: al gobierno de AF le tocó padecer hace poco lo que los fondos inversores son capaces de hacer a la hora de bloquear una negociación, y los "principios de sustentabilidad de la deuda pública" con los que Martín Guzmán condujo la negociación e incluso se hicieron aprobar por el Congreso, son sustancialmente los mismos que el gobierno de Cristina planteó exitosamente en su momento ante la ONU, y fueron aprobados en el 2015 por su Asamblea General.  

* El gobierno de Alberto Fernández emprendió, bajo la conducción de la ex fiscal Cristina Caamaño, un profundo proceso de reestructuración de la AFI. Y al hacerlo, retomó no solo las líneas centrales, sino las propias normas que en ése área había aprobado Cristina en su segundo mandato: veíamos acá que, a poco de asumir el gobierno, repuso los Decretos 1311 y 2415 dictados por ella en el 2015, para quitarle el carácter de fondos reservados a la mayoría de las partidas del organismos, que Macri luego les repuso.  

* Y por último, lo más actual: en el DNU 690 por el cual declara como servicios públicos a la telefonía celular, la televisión paga y los servicios de Internet, el propio Alberto rescata conceptos y regulaciones que estaban en la Ley 27078 de "Argentina Digital" aprobada en el 2014, y que Macri desguazara prolijamente en su gobierno, junto con las cláusulas de la ley de medios que eran más irritativas para los intereses del Grupo Clarín.

HAY QUE TENER CARA

Y encima tienen cara para salir a hablar los hijos de puta: https://t.co/aZ123zzQ8D

— La Corriente K (@lacorrientek) August 13, 2020

El tuit de apertura corresponde a esta nota de Infobagre en la que dan cuenta de un informe elaborado por la actual gestión de la ANSES, en el que se explicitan los estropicios perpetrados por el macrismo en la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del organismo, vulgarmente conocido como "la plata de los jubilados".

En las grande cifras, el informe revela que entre 2008 y 2015 el valor del Fondo creció a un ritmo del 12 % anual en dólares, pasando de 25.000 millones de dólares que valía cuando fue constituído con la liquidación del sistema de AFJP, a los 65.800 millones de dólares que representaban sus activos cuando Cristina terminó su segundo mandato. Por contraste, entre 2016 y 2019 (es decir, el gobierno de Macri) se desplomó a 34.800 millones de dólares, o lo que es lo mismo, casi la mitad de su valor, expresado en moneda dura.    

Varios factores incidieron para que así ocurriera: por supuesto la gigantesca devaluación entre puntas del período macrista, más sus desastrosas políticas económicas que hasta le hicieron perder el valor a muchas empresas de las cuales el FGS tiene participaciones accionarias. También por supuesto hizo lo suyo el desplome de los títulos públicos cuando el macrismo los "reperfiló" hacia el final de su mandato, y entró en default incluso de la deuda en pesos emitida por ellos mismos, algo realmente insólito.

Tampoco existieron muchas posibilidades de que el Fondo creciera apostando a inversiones en la economía real -que tampoco se hicieron, privilegiando la especulación financiera-, en un país cuyo PBI se contrajo tres de los cuatro años del desgobierno de Macri. Pero eso no fue todo: además pasaron cosas, como la fatídica decisión de cargarle al FGS el costeo de la "reparación histórica" a los jubilados de los haberes más altos del sistema (con toda la furia, un 14 % del total), luego de que se agotaran los recursos provenientes del blanqueo de capitales del 2016; que justamente se hizo con esa excusa: mejorarles los haberes a los jubilados.

El macrismo repitió así la funambulesca idea lanzada en 2010 por el "Grupo A" cuando controlaba las Cámaras del Congreso e impuso el 82 % móvil sin financiamiento y mandando liquidar el Fondo para pagarlo si fuera necesario, proyecto afortunadamente abortado por el veto de Cristina: sin ese veto -que imponía limitar las existencias del Fondo al equivalente de un año y medio de jubilaciones- no hubiera existido el Procrear, por ejemplo.     

Como se señala en el informe de la actual conducción de la ANSES, a un sistema previsional con problemas de financiamiento, se le agregó un nuevo gasto corriente (el reajuste de los haberes más altos), financiado con un recurso que se percibiría por única vez (los ingresos por el blanqueo), atentando así a futuro contra su sustentabilidad; y erosionando el valor de los recursos de respaldo del propio sistema, para hacer frente a las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares del conjunto de los beneficiarios de la seguridad social.

El problema es que la "reparación histórica" con concluyó con el macrismo: según calculan en ANSES, a partir de noviembre de 2020, se necesitará utilizar las rentas del FGS para poder hacerle frente; y hasta el final del programa (estimado para el año 2049), se deberían pagar por eso concepto $1.529.101 millones, más el monto resultante de las futuras movilidades jubilatorias, algo que por estos días está en discusión. Como ven, la "pesada herencia" del macrismo condiciona también la política de seguridad social a futuro, una herramienta clave para pensar en la redistribución del ingreso, y la dinamización de la economía vía consumo.

Pese a estos datos duros de la realidad, los ex funcionarios del gobierno anterior insisten en cuestionar al actual, y decir que en todos los temas -incluida por ejemplo la pandemia- ellos lo hubieran hecho mejor; como si los argentinos (todos) no tuviéramos memoria, o los últimos cuatro años no hubieran existido.

ES LO MENOS QUE SE PUEDE PEDIR

Este fin de semana supimos por publicaciones de Ari Lijalad en El Destape (no desmentidas desde el gobierno) que en el marco del programa de asistencia a empresas en medio de la pandemia para ayudarlas a pagar los salarios, con fondos de ANSES se pagaron sueldos o parte de ellos, de empresas que forman parte de la cúpula empresarial del país, nucleada en la AEA, y que pese  la crisis (o gracias a ella), siguen obteniendo ganancias, repartiendo dividendos entre sus accionistas, y telegramas de despido entre sus empleados, en abierto desconocimiento del DNU presidencial que lo prohíbe expresamente, y sin pagar ninguna consecuencia legal por ello.

En esa situación estarían (entre otras) el ingenio Ledesma de Blaquier, y empresas del Grupo Techint, y del Grupo Clarón, como radio Mitre. Sea que lo sucedido obedezca a por error u omisión (posibilitados por la cuestionable decisión de ampliar un programa originariamente concebido para asistir a las Pymes, a las empresas con más de 800 empleados), o una decisión conciente y deliberada, es repudiable por donde se lo mire: no hay modo de justificarla, ni siquiera estando en juego fuentes de trabajo; cuando el Estado tiene herramientas legales a su alcance para garantizar que no existan despidos o suspensiones con la justificación de la crisis, en empresas a las que ésta no las afecta, o tienen amplias espaldas para sobrellevarlas.

Pero además hay una lectura de contexto insoslayable que hacer: si se posa la lupa en las empresas y empresarios que se beneficiaron con el blanqueo macrista y con el proceso de fuga de capitales solventado con el endeudamiento externo del país (como lo acaba de revelar un informe del Banco Central, hecho a pedido del presidente) aparecen en primer lugar esas mismas empresas; que seguramente también aparecerán si alguna vez la Comisión Nacional de Valores (CNV) se digna a contestarle al Banco Central quienes son los que vienen operando en el "contado con liqui" o el "dólar bolsa" en el MEP, en las últimas semanas, haciendo subir el paralelo, para forzar una devaluación.

Y si nos vamos más atrás en el tiempo, son las mismas empresas, empresarios y grupos económicos que se favorecieron en cada crisis nacional, con medidas extraordinarias en favor de sus intereses, que pagamos todos: la estatización de deudas privadas al final de la dictadura, la licuación de pasivos con la hiperinflación alfonsinista, las privatizaciones del menemismo, la pesificación asimétrica durante el gobierno de Duhalde, y antes (mientras reinaban las AFJP) la captación de fondos de "la plata de los jubilados" para costear inversiones dudosas, cediendo a cambio acciones a cambio de eas emisiones de deuda: de allí provienen las tenencias accionarias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES en algunas de las compañías más importantes del país.

Por entonces (los añorados -por ellos- años 90') no les preocupaba ceder parte de su capital a cambio de fondearse en un mercado cautivo (el de las AFJP, creadas justamente para eso y no para pagar mejores jubilaciones), porque todo se resolvía en el ámbito privado, sin injerencia ni control del Estado. El problema empieza cuando éste aparece, y pretende dejar de ser el socio bobo que lo único que hace es condonar impuestos, absorber deudas o facilitar la fuga de capitales vía endeudamiento público.

Como por ejemplo a través de la muy sensata propuesta de la diputada nacional del "Frente de Todos" Fernanda Vallejos, de que el Estado capitalice sus créditos por asistencia a las empresas en medio de la pandemia, y así poder obtener participaciones accionarias en éstas. Ni más ni menos, lo que está haciendo Angela Merkel en Alemania con la línea aérea Lufthansa; o lo que hicieron otros países "serios" del denominado primer mundo, durante la crisis financiera del 2008. 

Claro que cuando se plantea acá, automáticamente se transforma en chavismo, comunismo o cuanto "ismo" pueda asustar a las almas sensibles, y forzarlas a cacerolear desde los balcones para impedirlo, cuando en realidad se trata del más estricto capitalismo: el que pone plata en un negocio, quiere participar de él, y de sus beneficios. Claro que ésta gente está acostumbrada a socializar sus pérdidas, y privatizar sus beneficios, pero esa es su naturaleza: el asunto es que pensamos hacer nosotros al respecto.   

Sin ir más lejos, recordemos lo que hicieron cuando el Estado, durante el gobierno de Cristina, terminó con la estafa de las AFJP y de golpe se vieron forzados a admitirlo como socio, con los derechos de tal: se negaron a permitirle designar representantes en los directorios (Techint), o participar de las asambleas (Clarín), y presionaron (con éxito) al gobierno de Macri para que permitiera vender las acciones del FGS, o eliminara los controles de la Comisión Nacional de Valores en defensa de los accionistas minoritarios, como el Estado.

Si es verdad que el gobierno ha asistido a esas empresas, y no tiene la intención de retroceder en la medida (como correspondería), lo que pide la diputada Vallejos es lo mínimo que se puede pedir, y si no les gusta, sean coherentes: renuncien a todo beneficio presente o futuro que puedan recibir del Estado (como el "barril criollo" que en éstos momentos percibe Tecpetrol, deTechint, en forma de millonarios subsidios para sostener la producción cuando se derrumba el precio internacional del petróleo), y se las arreglan solitos, en base a sus propios méritos y con su experticia en el manejo de las empresas, ése que no quieren ceder, corriendo el riesgo de que les vaya mal: otra vez, el más puro y estricto capitalismo, ese que dicen defender con fiereza de toda intromisión estatal.    

Hilo de tuis relacionados:

2. Ello implica la inyección de una importante cantidad de recursos que deben ser suficientes para garantizar la preservación del tejido productivo y el bienestar de las familias mientras dura el confinamiento. Lo cual es crítico para el éxito de la propia estrategia sanitaria.

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) May 17, 2020

4. El gobierno argentino, partiendo de la hipótesis de que no sería conveniente que la asistencia del Banco Central complete la cuantía de recursos que harían falta para una política de corte universal, ha optado por este segundo camino, de ayudas focalizadas.

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) May 17, 2020

6. En ese marco, los criterios aplicados para determinar quiénes acceden y quienes son excluidos de las ayudas, se tornan cruciales. Esto es lo que ha ocurrido con el programa ATP, que paga parte de los salarios del sector privado.

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) May 17, 2020

8. Es evidente que, si los recursos no alcanzan para todos, resulta injusto que empresas con probada capacidad y recursos propios para afrontar los salarios de los trabajadores, capturen recursos públicos que deberían servir para cualquier otro fin de primer orden.

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) May 17, 2020

10. Un criterio básico de exclusión sería negarle la ayuda a aquellas empresas que operan offshore, fugan divisas y evitan tributar lo que les corresponde al fisco argentino. En este sentido, vamos a presentar un proyecto de ley que complemente los criterios ya establecidos.

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) May 17, 2020

COPAMIENTO

Notemos la terminología que aplican los medios cuando el gobierno avanza sobre determinadas áreas del Estado, o para ser más precisos, cuando alguien vinculado al kirchnerismo ocupa cargos en la actual gestión: así como Fernanda Raverta (la de "raíces montoneras") "se quedó" con la ANSES, ahora los propuestos para el directorio de Transener en representación -justamente- de las acciones que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) "coparon" la asamblea de accionistas.

Pero más allá de las etiquetas que los medios nos quieran poner, no lo hicieron nada mal: según cuentan acá en El Cronista, hicieron valer sus votos en la asamblea para que la sociedad no distribuya dividendos entre sus accionistas, sino que constituyera una reserva de 108 millones de dólares (al tipo de cambio oficial de hoy) para hacer frente a inversiones, pagar deudas, reponer capital de trabajo o hacer frente a cualquier contingencia financiera futura; como por ejemplo la continuidad del congelamiento de tarifas, o su pesificación.

Todos los directores designados en representación de las acciones del Estado (sea a través del FGS, o de las acciones que posee la ex ENARSA) son funcionarios del gobierno, en las áreas energéticas (como Federico Bernal), u otras, como Santiago Fraschina. Es decir que van a la sociedad a cumplir un rol político, en el marco de las instrucciones generales del gobierno, como debe ser.

Y en ese marco, con inteligencia, adoptar decisiones que los privados no adoptarían, si pudieran ser ellos solos los que manejaran la empresa, o tuvieran la mayoría necesaria para hacerlo: por el contrario, se opusieron a no repartir dividendos, como era de esperarse. Un ejemplo de uso inteligente, entonces, de los recursos y herramientas de que dispone el Estado.

Hace un tiempo contábamos en ésta entrada la historia de la privatización de Transener (empresa transportadora clave en el diseño del modelo energético del país) que ordenó Macri mediante el Decreto 882/17. Decíamos entonces que "En alguna de esas empresas (todas las del sectore energético donde el Estado tiene acciones, aclaramos ahora) los accionistas mayoritarios (que seguramente comprarán las participaciones accionarias del Estado) son Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, y SADESA de “Niky” Caputo. Es decir, desguazar por completo la participación del Estado en la generación, transporte o distribución de energía en seguro beneficio de Mindlin, Caputo, Lewis y los demás amigos y testaferros de Macri, justo cuando bajan los subsidios y suben las tarifas.".

O sea que a su modo y para sus intereses y los de sus amigos, Macri también hizo un uso inteligente de los recursos del Estado. Se trata entonces de ponerle punto final a la rapiña, y lo de la asamblea de Transener es un paso muy auspicioso en ese sentido; que debería complementarse con la derogación del 882/17 para enterrar -como dice el título de la nota- el plan completo de privatizaciones en el sector energético, y reponer la vigencia de la Ley 27.181 dictada durante el gobierno de Cristina, para bloquear toda posible privatización de las tenencias accionarias del Fondo de ANSES, en empresas privadas. 

DEJEN DE TOMARNOS POR BOLUDOS

...empresas que cotizan en bolsa. Como el Estado en Papel Prensa, Telecom, el Grupo Clarín o Siderar, en éste último caso del Grupo Techint, y todos (menos Papel Prensa) a través de la ANSES. En aquel momento la campaña del Foro de Convergencia Empresarial y la AEA contra...

— La Corriente K (@lacorrientek) April 30, 2020

...modificó la Ley 26831 en lo que molestaba a las empresas de su artículo 20. Además derogó la Ley 27181, que había hecho aprobar Cristina para que no se pudieran vender las acciones del Estado en empresas privadas a través del Fondo de Garantía de ANSES, sin autorización...

— La Corriente K (@lacorrientek) April 30, 2020

...el gobierno de Macri aprobó la fusión entre Cablevisión y Telecom. Ya con Alberto en el gobierno, no se tumbó el DNU 267 para reponer la vigencia de los artículos originales de la Ley 26522 (ley de medios) que le molestaban a Clarín, y el propio presidente dijo que no...

— La Corriente K (@lacorrientek) April 30, 2020

Tampoco intentó reponer la vigencia de la Ley 27181, para "blindar" las participaciones accionarias del Estado en empresas privadas de futuras privatizaciones. Mantiene macristas en cargos del gobierno, incluso en las segundas y terceras líneas de la ANSES. Hasta hace poco...

— La Corriente K (@lacorrientek) April 30, 2020

Como sabemos, los despidos siguen firmes y el DNU fue ignorado. Toma seguía en su cargo hasta hace poco (si es que no sigue aun) y sigue en su cargo (en representación del Estado) en una empresa privada Basavilbaso, ex Gerente de ANSES durante todo el macrismo; cuando el FGS...

— La Corriente K (@lacorrientek) April 30, 2020

...provengan, si no pensaremos que lo rajaron por otra cosa, y no por inútil. Dicho todo esto, no nos tomen por boludos haciéndonos creer que lo rajaron por "no avisar" que se hacía la asamblea de Telecom (las sociedades que cotizan en bolsa deben comunicar sus asambleas a la...

— La Corriente K (@lacorrientek) April 30, 2020

Eso sin contar que muchos que hoy son parte del FDT y del gobierno votaron a favor la Ley 27260 (del blanqueo de capitales) que derogó la Ley 27181 ("cepo" de Cristina a la privatizaciones), y luego también votaron a favor la Ley 27440, que modificó (entre otros) el artículo 20..

— La Corriente K (@lacorrientek) April 30, 2020

...del gobierno (A propósito: ¿alguien sabe como va el proceso de revisión de designaciones y contratos del macrismo en cargos VIP que ordenó el Decreto 156? Es para un amigo que pregunta). Pero tomarnos por boludos, por favor, no.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 30, 2020

Porque si vamos a asociar el raje de Vanoli con la participación del Estado en los directorios de empresas privadas, alguno lo va a asociar con esto, y van a terminar más embarrados: https://t.co/BxFjRzvnbD

— La Corriente K (@lacorrientek) April 30, 2020

Reiteramos: la promoción para tomarnos por boludos ya terminó.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 30, 2020

NOS LO MERECEMOS POR BOLUDOS

Perfecto, quedamos así. A no quejarse después cuando salga. https://t.co/U2NI4wN8ti

— La Corriente K (@lacorrientek) March 30, 2020

Si hay una empresa y un empresario que están en boca de todo el mundo en éste momento son, respectivamente, el grupo Techint y su CEO Paolo Rocca, por los 1450 despidos que acaban de producir en una de sus constructoras con motivo de la pandemia y en medio de ella.

A ellos estuvo centralmente dirigida la advertencia sobre los despidos de Alberto Fernández en su mensaje del domingo, y de ellos fue -en nombre de la AEA y el poder económico- la amenaza abierta al gobierno para que levantara la cuarentena, y reanudara la normalidad de la actividad, aun a riesgo de perder más vidas humanas por el coronavirus.

Que Techint o alguna de sus empresas despida gente no es ninguna novedad: en tiempos de Macri (que acompañó a Rocca a Houston a inaugurar una planta industrial allá) despidieron a 270 empleados cuando se pararon las obras del reactor CAREM. La diferencia estuvo (o puede estar) en la respuesta del gobierno en cada caso.

Lo curioso (o no) es que ahora la respuesta al reto/advertencia presidencial no vino del propio Rocca (quien no suele rebajarse a esos extremos), sino de Miguel Angel Toma, el ex director de la SIDE y funcionario menemista, devenido miembro del directorio de Siderar, una de las naves insignia del hólding, pero en representación del Estado; que tiene a través de la ANSES y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) el 26 % de las acciones de la compañía.

Toma fue designado en esa condición por el gobierno de Macri, y aun continúa en funciones porque el gobierno nacional no lo removió de su cargo o no le pidió la renuncia, como tantos ñoquis VIP que el macrismo le dejó plantados, con sueldos astronómicos y presunta protección contra despidos por doble indemnización en tal caso. Para que se entienda: alguien que debió ser despedido con el cambio de gestión, y por negligencia política no lo fue hasta acá, es quien sale a la palestra a enmendarle la plata al presidente, y bancar los trapos del conglomerado de empresas que está despidiendo gente en forma masiva durante la pandemia. Tuit relacionado:

Preguntonta: este muñeco no seguirá siendo miembro del directorio de Tenaris Siderar en representación de ANSES porque no lo rajamos, no? https://t.co/XwK8VqmXQR

— La Corriente K (@lacorrientek) March 30, 2020

Por si todo lo relatado no bastara para tener en claro que hay algunas cosas (como la pandemia) que nos pasan por imperio de las circunstancias, y otras (como ésta) por boludos, recordemos la historia de la participación accionaria del Estado (a través del FGS de ANSES) en varias de las empresas más importantes del país; entre ellas Siderar del Grupo Techint, donde Toma forma parte hoy del directorio.

Esas participaciones eran de las AFJP, cuando en los 90' invertían en obligaciones negociables o ampliaciones de capital de las grandes empresas (como el propio Grupo Clarín), que se financiaban con "la plata de los jubilados", y por eso fueron grandes impulsoras del sistema de capitalización. Cuando en el 2008, en el gobierno de Cristina, liquida el sistema y se pasan los activos al FGS por la Ley 26425, junto con ellos vienen las acciones de varias empresas, entre ellas el 26 % de Siderar.

En el segundo mandato de Cristina, allá por el 2011 y frente a la negativa de las empresas (entre ellas Siderar) de designar directores de la ANSES en proporción a sus tenencias accionarias, la propia presidenta dictó el DNU 441, por el cual modificó el "techo" que creaba la Ley 24241 (la de las jubilaciones privadas) a los derechos políticos del Estado como accionista, según lo cual con independencia del porcentaje del paquete accionario que tuviera, a los efectos políticos dentro de la sociedad (por ejemplo para designar miembros en el directorio) esa participación se consideraba con un máximo del 5 %: ponía la plata (en realidad, los jubilados) pero no tenía acceso a participar del control social.

En ese momento Techint amenazó con ir a la justicia contra el DNU, pero terminó aviniéndose a cumplirlo, y así fue como Axel Kicillof fue designado en el directorio de Siderar, en representación del 26 % de las acciones que detenta el FGS. Cuando se ratificó en el Congreso el DNU 441, los entonces opositores y luego oficialistas en "Cambiemos" votaron en contra, o se abstuvieron; alineándose con los intereses del hólding de Paolo Rocca.

Lo mismo pasó cuando en el 2015 Cristina planteó al Congreso lo que luego sería la Ley 27181, que prohibía vender las participaciones accionarias del Fondo de Garantía de ANSES en empresas privadas (entre ellas en Siderar); "cepo" a las privatizaciones que fue borrado de un plumazo apenas asumió Macri, con el artículo 35 de la Ley 27260, de blanqueo de capitales.

Un Macri que fue más lejos aun (con apoyo de parte de la oposición, al igual que en blanqueo) cuando en el 2018 modificó la Ley 26831 sancionada en 2012 durante el segundo mandato de Cristina, para regular los mercados de capitales: con precisión quirúrgica y a pedido directo de la cúpula de la AEA (básicamente, Clarín y Techint) eliminó de un plumazo el artículo 20, que protegía los derechos de los accionistas minoritarios en las sociedades que cotizan en bolsa, como lo es el Estado en Siderar, en Papel Prensa (con el 28 % de las acciones) o en el propio Grupo Clarín (con el 9 % del capital). En ambos casos (blanqueo y reforma a la ley de los mercados de capitales) el kirchnerismo se opuso a los planes de Macri, a diferencia de otros sectores de la oposición.

¿Será acaso este momento, el de los 1450 despidos de una constructora de Techint en medio de la pandemia, el del abierto desafío no ya de Rocca sino de su empleado Toma al presidente, el de enmendar tantos errores, y dar mínimas muestras de autoridad, además de obligarlos a retrotraer los despidos? ¿Podrán revisarse en éste marco, y atento a la conducta del hólding, los millonarios subsidios estatales que recibe su petrolera Tecpetrol en Vaca Muerta? (Acá Zaiat nos refresca la memoria de la historia de prebendas del hólding)

¿O seguirán prevaleciendo viejas cuitas de los años kirchneristas (o viejas amistades del PJ porteño, por lo de Toma), aunque digamos que "es con todos", porque fue Boudou el que tuvo la idea de liquidar las AFJP, o Kicillof el que planteó la necesidad de hacer valer los derechos del Estado como accionista en esas empresas, o Cristina la que trató de evitar que se volvieran a privatizar esas participaciones sociales? Gran oportunidad para el presidente para demostrar lo contrario, y de paso, dar una respuesta aleccionadora al poder económico que desafía su autoridad, en momentos tan difíciles para el país y la sociedad; que da muestras de confiar en su liderazgo.

PREVISIONALES

2016: Cambiemos (ex Grupo A) aprueba en el Congreso la "reparación histórica" y para pagarla, autoriza a liquidar el Fondo de ANSES

— La Corriente K (@lacorrientek) February 15, 2020

2020: vuelve el peronismo, aprueba la ley de emergencia, suspende la fórmula de Macri y le da los aumentos a los jubilados por decreto. El 87 % cobra más que lo que hubiera cobrado con la fórmula macrista.

— La Corriente K (@lacorrientek) February 15, 2020

O la fórmula de Boudou, a la que se opusieron porque pedían el 82 % móvil. Después se preguntan por qué no llegan al 3 % de los votos

— La Corriente K (@lacorrientek) February 15, 2020

Varias veces dijimos acá que las opciones que se planteaban al kirchnerismo en materia previsional tras la crisis del 2001 y la implosión de la convertibilidad eran limitadas, y optó claramente por la reparatoria: enmendar en parte los estragos que las políticas neoliberales hicieron en el mercado del trabajo, interrumpiendo trayectorias laborales de las personas, impidiéndoles acceder a la jubilación, desfinanciando la seguridad social con la estafa de las AFJP y altos niveles de empleo en negro y deprimiendo los salarios con contratos basura y flexibilización laboral.

En esa primera etapa (que ahora el actual quiere en parte recrear, en otro contexto), se privilegiaron las moratorias previsionales para ampliar la tasa de cobertura del sistema, y la recomposición por decreto (como ahora) para mejorar el poder adquisitivo de los haberes más bajos. De esa decisión (acertadísima en el contexto) viene el hecho de que la enorme mayoría de los jubilados actuales perciban la mínima.

En una etapa posterior y tras fracasar Néstor Kirchner en el intento de poner fin "consensuadamente" al sistema de AFJP (con un año de plazo, solo el 11 % de los trabajadores que habían ingresado optaron por volver al sistema de reparto), y con la crisis financiera internacional de fondo, Cristina -por consejo de Amado Boudou- tuvo la visión estratégica de recuperar para el sistema público de reparto, los recursos aportados por los trabajadores y usufructuados por las AFJP. 

También entonces y a partir de los fallos "Badaro" y "Eliff" de la Corte, puso manos a la obra para mejorar la movilidad de los haberes, con la fórmula también diseñada por Boudou, que permitió que -salvo en algún año de caída de la actividad- las jubilaciones le ganaran a la inflación y también (aun cuando no fuera ése el objetivo), mejorara la tasa de sustitución respecto al haber de actividad del trabajador. En ambos períodos, la transferencia de ingresos a sectores que consumen gran parte de ellos (además de un acto de estricta justicia) tuvo efectos positivos para la economía en su conjunto, que ya por sí justificarían el acierto de las medidas.

Tal como recuerdan los tuits de apertura, el camino no estuvo exento de escollos: tanto la liquidación del sistema de AFJP, como en su tiempo las moratorias previsionales y luego la ley de movilidad del 2008, tuvieron críticas; algunas insólitas como las de la izquierda reivindicando el 82 % móvil, que no hace sino sacralizar en la etapa de pasividad, la enorme desigualdad del mundo laboral durante los 90 y bastante después, por lo ya expuesto en cuanto a las políticas flexibilizadoras de las relaciones del trabajo.

Esa oposición (toda, incluso algunos actuales oficialistas) sumó fuerzas en el Congreso para aprobar un inviable 82 % móvil, sin financiamiento genuino, y que apostaba a la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad: cualquier vínculo conceptual con lo que vendría en el macrismo, con la "reparación histórica", la (otra vez) desfinanciación del sistema por la baja de aportes patronales, la licuación del valor del FGS en dólares, la clausura de las moratorias y la implantación (como caramelo para endulzar el blanqueo de capitales) de la "pensión universal del adulto mayor", no son pura casualidad. Invitamos a leer acá, con provecho para entender el tema, los fundamentos del Decreto 1482/10 de Cristina, por el cual vetaba en su momento el 82 % móvil.

La frutilla del postre vino en 2017 con la derogación de la fórmula Boudou y su reemplazo por otra, cuyos efectos llegan hasta hoy, cuando opera el arrastre de la altísima inflación del período macrista, en un contexto de endeudamiento sideral y virtual quiebra del Estado. Es sobre esa realidad sobre la que está operando el gobierno, y en ese contexto surgen los anuncios del viernes; que generaron la insólita reacción de los macristas y aledaños, ahora en la oposición, defendiendo el engendro como si no hubieran hecho nada, o su política de seguridad social hubiera sido una maravilla. 

Y cuidado: no son pocos quienes desde la izquierda hacen circular las planillas con lo que hubieran ganado con la fórmula macrista aquellos jubilados que verán sus ingresos rezagados frente a la inflación del período, así como en su momento reclamaban soluciones para los (pocos) jubilados que encuadraban en los fallos "Badaro" y "Eliff", aunque cumplirlos en forma literal (con índices de ajuste inverosímiles diseñados por la Corte de modo pretoriano) significara la quiebra del sistema previsional de reparto, para el conjunto. Extravíos conceptuales difíciles de explicar, desde una perspectiva de izquierda.

Dicho todo esto a modo de introducción, los anuncios del viernes marcan que el gobierno piensa perserverar en la fórmula del primer kirchnerismo (recomponer prioritariamente los haberes más bajos), al mismo tiempo que reintroduce la cobertura integral de los medicamentos más importantes que usan los jubilados, lo que constituye un aumento indirecto de sus haberes, que debe ponerse en la balanza para sopesar las decisiones. Disgresión: si es cierto -como dicen- que la medida tiene un costo fiscal de 30.000 millones de pesos, haber eliminado la cobertura integral de medicamentos de PAMI debe anotarse en las decisiones más nefastas y cuasi criminales del macrismo.

Aun así, no seríamos honestos si no dijéramos que no se termina de entender por qué razón no se comprende a buena parte de ese 13 % (mágico número hablando de jubilaciones, y con Pato Bullrich en escena) del total de los jubilados cuyos haberes ajustarán a la baja; ya que no podrían ser simplemente las restricciones fiscales, o el punto no ha sido debidamente explicado: hay sectores con capacidad contributiva disponible para afectar impositivamente, y contribuir a financiar mejoras más profundas; como los bancos, las privatizadas y el campo privilegiado. O recuperar la coparticipación que Macri le regaló a la CABA por decreto, por ejemplo. Si no explicamos eso, no vale quejarse por las críticas de la izquierda en ese punto (porque en lo de la coparticipación, defienden a Larreta) porque dan en el clavo.

Menos cuando -según se anuncia- la reposición de la cobertura integral de medicamentos por PAMI no distinguirá a los beneficiarios por niveles de ingresos, y al mismo tiempo el gobierno enviará por fin al Congreso el proyecto de ley modificando los bochornosos regímenes jubilatorios de privilegio (en más de un sentido) de jueces y diplomáticos, que si es como cuentan y muestran acá, parece sumamente sensato y justo.

La pregunta que nos hacemos no es, ni más ni menos, que la misma que se viene haciendo Cristina desde los tiempos de campaña: quien va a pagar los costos de la fiesta macrista. Y no es técnica, sino profundamente política, porque remite a lo que Artemio López caracteriza con gran acierto en ésta columna suya en Perfil, como los dilemas que enfrenta Alberto. Tuits relacionados:

¿Cuanto costaba pagarles el mismo aumento al 13 % que se quedó afuera, e incluso menos, ponéle excluyendo a los que cobran más de 50.000 pesos de jubilación? ¿Y cuanto era eso en retenciones o alícuota extraordinaria de Ganancias a los bancos? Es para un amigo que pregunta.

— La Corriente K (@lacorrientek) February 15, 2020

PERONISMO A FONDO

Acá hay que hacer peronismo fondo, y rápido, para reparar la devastación macrista y recuperar una herramienta clave del crecimiento económico: https://t.co/BcowRM6orc

— La Corriente K (@lacorrientek) February 7, 2020

Con la precisión que caracteriza a la derecha cuando de hacer mierda cosas se trata, el macrismo demolió el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, sin que en cuatro años lo medios que lo sostuvieran se quejaran por lo que hacían "con la plata de los jubilados".

Tal como cuenta acá Alejandro Vanoli en Página 12, destruyeron el valor de los activos medidos en dólares un 34,3 % en cuatro años de gobierno, y desde el mayor valor que alcanzaron esos activos en noviembre del 2017, los desplomaron un 49 %.

El porcentaje de inversión de los activos del FGS en proyectos de inversión destinados a mejorar la infraestructura del país o resolver problemas sociales (como el PROCREAR) retrocedió en dos tercios, desde el 13,1 % que llegaron a representar en los años kirchneristas, al 4,8 % en el final del gobierno de Macri; mientras los préstamos a los jubilados que los endeudaron con tasas impagables recorrieron el camino inverso: saltaron del 2,4 % al 6,1 % de los activos del Fondo, "invertidos" en una timba financiera que se llevó buena parte del poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones, que debía preservar.

En solo un año (el último de Macri, donde se jugaba su reelección) el valor del Fondo en términos reales (medido contra la inflación) cayó un 23,7 %, y en dólares un 23,2 %, como consecuencia de la devaluación. 

Eso sin contar con que sus recursos corrientes fueron destinados a financiar la "reparación histórica" que solo contribuyó a ahondar el déficit de financiamiento del sistema de seguridad social, y la desigualdad de las prestaciones que paga; y con que se lo "empachó" de títulos públicos para financiar al Tesoro, que van a sufrir en cualquier proceso de reestructuración de deuda pública, de hecho varios ya fueron "reperfilados" en su momento.

Hasta allí las cifras del desastre macrista: queda por delante la enorme tarea de reconstruirlo, como una herramienta central puesta al servicio del crecimiento económico con inclusión social; financiando el desarrollo de proyectos de infraestructura y el crecimiento de la economía que genere nuevos puestos de trabajo en blanco, que a su vez contribuyan a financiar el sistema de seguridad social.

Es decir, que funcione tal como fue concebido cuando se lo creó en el 2007 por Néstor Kirchner, y cuando se lo potenció con el aporte de los activos transferidos de las ex AFJP, luego de la liquidación del oprobioso sistema de la jubilación privada, a instancias del hoy preso político Amado Boudou y por decisión política visión estratégica de de Cristina. 

Pensar que entonces el macrismo y sus socios en la fallida experiencia "Cambiemos" (que luego saquearían el FGS cuando fueron gobierno), se opusieron con el argumento de que el gobierno manoteaba "la caja de los jubilados" para financiarse.

Claro que para ponerlo en marcha, recomponer su valor y su utilidad como instrumento de política económica no se puede andar con tibiezas, ni gradualismo, ni enfoques teóricos equivocados: para usarlo exclusivamente para aportar utilidades que absorba el Tesoro para cuadrar los números del superávit fiscal, se lo hubiéramos dejado a Dujovne.

Por el contrario lo que hay que hacer con esos recursos es muy claro: peronismo a fondo, inyectando recursos en la economía real para crecer, dejando de lado lo que Claudio Scaletta llamó con acierto "el peligroso virus del fiscalismo".

VOLVIMOS

El FGS financiando a YPF. Volvimos: https://t.co/5spl2q0ifj

— La Corriente K (@lacorrientek) January 25, 2020

La estatización de los fondos de las ex AFJP por parte del gobierno de Cristina en 2008 (proyecto sugerido por Amado Boudou, por eso candidato a vice y hoy preso político) fue una de las decisiones estratégicas más importantes del kirchnerismo, en sus 12 años y medio de gobierno.

Le permitió no solo terminar con un sistema que era una estafa para los futuros jubilados y un gran negocio para los bancos, sino construir una herramienta para impulsar el desarrollo del país, financiando proyectos de inversión y crecimiento.

Y proyectos que a su vez permitían acrecentar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), la "rueda de auxilio" financiero del sistema previsional, vulgarmente conocida por los medios como "la plata de los jubilados".

Según nos cuenta acá David Cufré en Página 12, el FGS tenía activos por 28.400 millones de dólares cuando el Estado los recibió de las AFP, y por 65.076 millones de dólares cuando Cristina dejó el gobierno: un aumento del 129,14 % en dólares, en apenas 7 años.

Esos activos, después de los cuatro desastrosos gobiernos de Macri, se vieron reducidos a 22.000 millones de dólares, lo que supone que perdieron las dos terceras partes de su valor, en moneda dura. Y eso fue posible gracias a las pésimas inversiones realizadas, algunas en condiciones francamente delictivas. Además de vaciarlo, el macrismo impulsó modificaciones en las normas que lo regían para poder desprenderse de las acciones que el FGS tiene en muchas de las principales empresas del país, propósito que no llegó a lograr porque cuando empezó a hacerlo, le llovieron las denuncias judiciales.

La recuperación del control de YPF expropiando el 51 % de su paquete accionario en el 2012 por Cristina en su segundo mandato, a instancias de Axel Kicillof (hoy gobernador de Buenos Aires, tras un contundente triunfo sobre María Eugenia Vidal, la esperanza blanca del macrismo) fue quizás la otra decisión estratégica más importante del kirchnerismo, junto con la cancelación de la deuda con el FMI y los dos canjes de deuda, entre los gobiernos de Néstor y Cristina.

Mientras estas últimas quedaron en la nada por la política de endeudamiento serial para la fuga de capitales del macrismo (hoy le debemos solo al FMI unas seis veces la deuda que Néstor Kirchner pagó de contado), el Estado argentino sigue manejando YPF, por una decisión a la que el macrismo se opuso, cuando se tomó; como también se opusieron a la estatización de los fondos de las AFJP.

Recuperando YPF, el Estado recuperó una herramienta para el desarrollo nacional, que le permite liderar el esfuerzo por superar las necesidades energéticas del país, e influir en los precios internos del mercado de combustible, como se pudo comprobar hacer poco, cuando la petrolera detuvo un aumento por orden del presidente.

Y ahora, estas dos decisiones estratégicas se dan la mano: cuenta Cufré en la nota que YPF emitió dos ON (obligaciones negociables) en el mercado de capitales para financiar su plan de inversiones, y que el Fondo de ANSES suscribió una de ellas por 20 millones de dólares; asociándose así al esfuerzo inversor de la principal empresa del país, cuyo accionista mayoritario es el Estado.

También cuenta que Alejandro Vanoli (nuevo titular de ANSES, y ex funcionario del kirchnerismo en la CNV y el Banco Central) tiene pensado que el FGS invierta en los planes de desarrollo de INVAP (la sociedad estatal a través de la cual se desarrolló el programa ARSAT en tiempos del kirchnerismo, bajo el comando de Julio De Vido, otro preso político, acaso por eso), para volver a desplegar el programa Conectar Igualdad (ahora con telefonía celular con contenidos educativos), o permitir el acceso al posnet a todos los comercios del país que acepten la tarjeta alimentaria.

Durante los años kirchneristas, el Fondo de ANSES financió centrales termoeléctricas y nucleares, la expansión de los servicios de AYSSA y el programa PROCREAR, así como en sus inicios fondeó el lanzamiento de la asignación universal por hijo (AUH); tal como hoy financia a YPF.

Es decir, un Estado inteligente, que emplea con criterio todas las herramientas a su alcance, en el marco de un plan de desarrollo, y un modelo de país que nos contenga a todos, después de cuatro años de saqueo sistemático, y planes de negocios de la élite económica y social del país: volvimos, y se nota. 

DATOS, NO OPINIÓN

Más información, acá.

¿ZAIAT LEE NESTORNAUTAS?

"Esta transacción es una más de la devastación financiera del gobierno de Macri, que también alcanzó al fondo de respaldo del sistema previsional, que hasta el 2015 se lo denominaba “la plata de los jubilados” . Si en diciembre de ese año había un activo financiero estatal sólido y de acumulación de capital constante era el FGS-Anses. La economía macrista lo recibió con un monto equivalente a unos 67 mil millones de dólares. Sin información oficial, puesto que el último reporte es de marzo pasado, con estimaciones de la evolución de acciones y bonos desde entonces, el FGS tendría hoy un capital de no más de 22 mil millones de dólares. El macrismo destruyó en 70 por ciento en dólares la caja principal de garantía del sistema previsional. "

"Los funcionarios del FGS tendrán que apelar a todo su ingenio para explicar la decisión de suscribir instrumentos de deuda de corto plazo que están “reperfilados”, tres días antes del envío al Congreso del proyecto de ley de default de la deuda de legislación local. Comprar esos papeles emitidos por el Tesoro pone en riesgo ese capital del FGS. Al vencimiento de Letras reperfiladas que estaban en la cartera de inversión, el comité de inversión del Fondo decidió renovarlas ante la urgencia del Tesoro. Para garantizar liquidez a las cuentas públicas se debilitó el patrimonio del FGS. "

"Esa transacción que afecta en forma negativa al FGS es la última de una administración de casi cuatro años cuyo saldo es una brusca caída patrimonial. La licuación de los activos del FGS ha sido impactante. Con fortísimas devaluaciones, derrape de las cotizaciones de acciones y bonos y una evolución del stock de la cartera de inversión por debajo del alza de la inflación, se desplumó el saldo real de la caja de “la plata de los jubilados”.

La evolución de la cartera de inversión en dólares expone en forma dramática la destrucción macrista de un activo público estratégico:

* El 10 de diciembre de 2015, el FGS sumaba unos 67 mil millones de dólares.

* A fin de ese año, por la primera gran devaluación macrista, que elevó el tipo de cambio oficial de 9,40 a 13,59 pesos, disminuyó a 48.872 millones,

* A fines de 2016 terminó en 55.228 millones de dólares.

* En el último día hábil de 2017, la cuenta sumaba 64.055 millones de dólares, monto que seguía por debajo del recibido del gobierno anterior.

* En diciembre de 2018 cerró en 43.592 millones de dólares.

* En marzo 2019, último dato oficial publicado en la página web del FGS-Anses, el stock de activos era de 41.960 millones de dólares.

* Con la hipótesis moderada de una baja promedio del 30 por ciento en el valor de la cartera –el MerVal en dólares retrocedió 40 por ciento y los bonos, hasta el 50 por ciento-, y con un paridad cambiaria a 60 pesos, el FGS se ubica hoy en unos 22 mil millones de dólares."

Más información acá. Y sobre todo acá.