Junto con la ley de emergencia que comentábamos el martes acá, Omar Perotti envió a la Legislatura provincial una reforma tributaria, así como anteriormente había ingresado la addenda al Pacto Fiscal de Macri que firmaron las provincias con el gobierno de Alberto Fernández; por la cual suspenden el cronograma de rebaja de impuestos provinciales, para recomponer sus finanzas.
Es que al igual que ocurre en la nación, la solvencia fiscal del Estado en todas sus jurisdicciones para poder atender los compromisos que demanda la emergencia debe darse no tanto por el lado de la contención de los gastos (que la debe haber cuando sean superfluos o prescindibles), como por el de la recomposición de los ingresos; recayendo en este caso el mayor de los esfuerzos sobre los sectores con mayor capacidad contributiva.
Así como en la ley nacional se introdujeron cambios en las retenciones, en el Impuesto a los Bienes Personales no afectados al proceso productivo (manifestación objetiva de la riqueza) y en el ajuste por inflación de los balances de las empresas para el pago de Ganancias, en la provincia las reformas impulsadas por Perotti aportan dos novedades relevantes: la industria transformadora de cereales y oleaginosas pasa a pagar Ingresos Brutos con una alícuota del 2 % (hasta ahora pagaban el 0,25 % por un acuerdo de Lifschitz con las Bolsas que operan en la provincia), y todas las actividades y operaciones de los bancos se unifican en la alícuota del 7 % del impuesto, cuando hasta hoy oscilaban en rangos menores.
Se trata entonces de captar recursos de dos de los sectores más ganadores con el modelo macrista (uno de ellos líder en el país, cual es el complejo cerealero y oleginoso del sur provincial), mientras al mismo tiempo se prolonga el régimen de estabilidad fiscal para las Pymes, de modo tal que las empresas de ese rango (en especial las industriales) no vean tocadas las alícuotas de Ingresos Brutos que vienen pagando, que se mantendrían iguales: un alivio para empezar a recomponer el tejido industrial dañado por las políticas del macrismo, en un sector que es importante tomador de empleo.
También hay cambios para los monotribustistas, caso en el cual el ajuste del impuesto mínimo a pagar para cada categoría está por debajo de la inflación; y para los propietarios rurales con menos de 50 hectáreas (es decir los pequeños productores), caso en los se mantienen vigentes los valores del Impuesto Inmobiliario Rural.
En los demás casos (o sea cuando las propiedades superen esa cifra) los aumentos del tributos van en escala creciente cuanto mayores sean las propiedades, llegando al 40 % en los mayores, donde también es mayor el valor de convergencia de los avalúos fiscales con los precios del mercado inmobiliario, otro ítem a tomar en cuenta para la liquidación del impuesto.
Otra medida que, al igual que la emergencia, contrasta con los estereotipos que desde el socialismo se difundieron en campaña en forma de "campaña del miedo", y que aun hoy se siguen usando para esmerilar la imagen del nuevo gobierno. Y otra disputa interesante que se viene en la Legislatura al discutirse las reformas.
