El conflicto en las escuelas técnicas de la provincia por la reforma curricular lleva ya varias semanas de duración, y no tiene miras de resolverse.
Por el contrario, con el paso de los días tiende a agravarse porque los pibes (con el apoyo creciente de padres y docentes) se mantienen firmes en sus reclamos, y porque desde el Ministerio de Educación de la provincia se insiste en negarles entidas para sentarse a dialogar, y se han emperrado en llevar adelante una reforma curricular que no cuenta con el consenso de las comunidades educativas de las escuelas técnicas.
Acá los estudiantes reclaman que la reforma se suspenda por un año, para poder discutir su implementación; y cuestionan la falta de diálogo del gobierno provincial, que se niega a discutir con ellos el problema.
Acá la ministra, por el contrario, dice que hay diálogo con las escuelas técnicas (no con los alumnos); dice que el gobierno provincial reivindica la ley de enseñanza técnica profesional sancionada en el 2005 durante el gobierno de Néstor Kirchner (Ley 26.058), y para variar, le echa la culpa a la Nación; diciendo que ellos se limitaron a aplicar para la reforma los criterios establecidos en el Consejo Federal de Educación.
Nosotros no somos expertos en el tema ni mucho menos (desde ya, las páginas de Nestornautas están abiertas para que los que sí lo sean expongan su visión), pero nos parece que el tema amerita algunas reflexiones, al menos sobre el contexto político y social en que se desarrolla el conflicto; y la actitud con que lo ha encarado el gobierno provincial, además de hacer algunas puntualizaciones de hechos que nos parecen relevantes para el análisis.
El reclamo de los chicos que estudian en las escuelas técnicas se da en un contexto en el que -por ejemplo- el Congreso nacional está por aprobar el derecho al voto a partir de los 16 años, o donde hace poco la Cámara de Diputados de la provincia le dio media sanción a un proyecto de Eduardo Tonioli del Movimiento Evita, para promover la creación de centros de estudiantes en todos los colegios secundarios de la provincia, lo que incluiría por supuesto a las escuelas técnicas.
En paralelo, en la discusión en el Congreso sobre el voto joven, tanto radicales como socialistas (que gobiernan la provincia desde el 2007) buscan coartadas para diferenciarse del kirchnerismo, sea criticando el proyecto como un intento de manipulación política de los jóvenes; sea diciendo que hay que dar un marco más amplio de discusión, y proponer políticas integrales para la juventud.
Sin embargo, a la hora de enfrentar un reclamo justo y legítimo de los pibes en la provincia que les toca gobernar, manifiestan la misma cerrazón con la que el macrismo encaró la toma de las escuelas porteñas, partiendo del mismo presupuesto político: negarles a los pibes el derecho a reclamar, o la entiddad para sentarse a discutir determinadas cuestiones.
Actitud que por cierto no es nueva: es la misma con la que encararon en su momento la también controvertida reforma de la enseñanza media, y con la que Elida Rasino (la antecesora de de Leticia Mengarelli en el Ministerio de Educación de la provincia, hoy diputada nacional del FAP y al mismo tiempo, asesora del gobierno de Bonfatti) tildó de "aprendices de piqueteros" a otros estudiantes que reclamaban por el despido de dos docentes de una escuela rosarina.
Habría quizás consideraciones más profundas que hacer respecto a la concepción que tiene el socialismo de la educación en general, y de la educación técnica en particular, que están vinculadas a la idea que tienen de la sociedad industrial moderna, que en su subconciente gorila identifican con el peronismo; pero las dejaremos para otra oportunidad.
Simplemente diremos que la Ley de Enseñanza Técnica Profesional 26.058 impulsada por Néstor Kirchner en su gobierno, fue un proyecto crucial del proceso de transformación educativa que impulsó para el país (junto con la ley de financiamiento educativo y la ley de Educación Nacional que reemplazó a la Ley Federal del menemismo); en paralelo con un proyecto productivo que planteaba la reconstrucción del tejido industrial devastado por las políticas neoiliberales de los 90', como presupuesto para reconstruir además el tejido social destruido por el desempleo, la pobreza y la exclusión.
A varios años vista de aquéllas decisiones, muchos pibes eligen estudiar en las escuelas técnicas no sólo por valederas razones vocacionales, sino porque les representa la posibilidad cierta y concreta de una salida laboral; en un país que ha creado cinco millones de nuevos empleos, muchos de ellos industriales.
Y la Ley 26.058 representó para las provincias argentinas la inyección de recursos nacionales destinados a equipar las escuelas técnicas (abandonadas y desmanteladas por años) para ponerles en condiciones de proveer una educación de calidad, y un adecuado entrenamiento para la vida laboral futura.
En el caso de la provincia de Santa Fe esos recursos fueron del orden de los $ 50.840.000 éste año, y serán $ 64.880.000 el año que viene, es decir un aumento interanual del 27,61 %, claro indicador de la decisión del gobierno de Cristina de sostener el rumbo en la materia.
Mientras tanto, el socialismo nunca gestionó de la Legislatura provincial la ratificación del convenio firmado en su momento por Obeid para recibir esos fondos (aprobado originariamente por éste decreto suyo), ni constituyó jamás el Consejo Provincial de Educación Técnica como espacio para la discusión de todos estos temas; sin privarse nunca -eso sí- de reclamarle al gobierno nacional que gobierne con diálogo y consenso, y que respete las instituciones.
Los pibes que hoy están reclamando y toman escuelas para hacerse oír quieren poder estudiar aquéllo que eligieron, manteniendo los talleres y otras modalidades educativas en las que pueden aprender lo que les gusta, y lo que les puede servir para trabajar el día de mañana; tan sencillo como eso.
Resulta difícil de creer que no se entienda el reclamo, y que no se le pueda encontrar un cauce de solución.
En la provincia sacudida por el escándalo de los presuntos vínculos de su jefe policial con el narcotráfico (del cual los jóvenes son víctimas preferentes) hay pibes que se movilizan reclamando para poder estudiar lo que ellos mismos eligieron, con la perspectiva de tener un título que les permita ejercer una profesión u oficio con el cual ganarse honestamente la vida, y resulta que el gobierno que dice que es progresista, para decirlo recondamente, no les da ni cinco de pelota.
O lo que es lo mismo, esos pìbes deben sentir desde hace mucho tiempo vienen manteniendo un diálogo con sordos.
