CARPETAZOS

 

Fue una de las noticias de la semana: Vila y Manzano le compraron a Marcelo Mindlin (uno de los empresarios favoritos de Macri) su participación accionaria en Edenor, una de las distribuidoras eléctricas del AMBA. Dicen que además se meterían también en Metrogas, aunque en éste caso no hay precisiones respecto a las acciones de quien adquiriría, pero algunos afirman que sería el 70 % que está en poder de YPF, que había sido obligada a desinvertir desprendiéndose de esas acciones por Aranguren. 

Todos estos movimientos en empresas reguladas (en teoría) por el Estado porque tienen otorgadas concesiones de servicios públicos deben ser objeto de aprobaciones especiales, y en éste caso la compra debe ser validada por el ENRE (Ente Regulador de la Electricidad).

Pero hay otra arista del caso, no debidamente considerada al menos en la información que hasta acá ha circulado: los nuevos dueños de Edenor (Vila y Manzano) son también dueños de licencias de medios de comunicación audiovisual, y hay normas que impiden que lo sean de ambas cosas, al mismo tiempo: aun tras la mutilación producida en algunas de sus normas por el DNU 267/15 de Macri, así lo dispone la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) 26522 en sus artículos 24 inciso i) y 25 inciso d), que siguen vigentes y más abajo se transcriben.  

Artículo 24 inciso i)  "...No ser director o administrador de persona jurídica, ni accionista que posea el diez por ciento (10%) o más de las acciones que conforman la voluntad social de una persona jurídica prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal...". Artículo 25 inciso d): "...No ser titular o accionista que posea el diez por ciento (10%) o más de las acciones o cuotas partes que conforman la voluntad social de una persona jurídica titular o accionista de una persona jurídica a quien el estado nacional, provincial o municipal le haya otorgado una licencia, concesión o permiso para la prestación de un servicio público;...".

También sigue vigente el artículo 56 de la ley de medios, que dice textualmente: "Registro de accionistas. El registro de accionistas de las sociedades por acciones deberá permitir verificar en todo momento, el cumplimiento de las disposiciones relativas a la titularidad del capital accionario y las condiciones de los accionistas. El incumplimiento de esta disposición configurará falta grave. ". 

Como sigue vigente el artículo 57, que crea el "Registro Público de Licencias y Autorizaciones". Así dice la norma: "La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual llevará actualizado, con carácter público, el Registro Público de Licencias y Autorizaciones que deberá contener los datos que permitan identificar al licenciatario o autorizado, sus socios, integrantes de los órganos de administración y fiscalización, parámetros técnicos, fechas de inicio y vencimiento de licencias y prórrogas, infracciones, sanciones y demás datos que resulten de interés para asegurar la transparencia. La autoridad de aplicación deberá establecer un mecanismo de consulta pública vía Internet." (las negritas son nuestras)

Hagan la prueba -como hicimos nosotros- de entrar a la página del ENACOM a ver si encuentran esa información, y nos cuentan. Pero también deberían poder buscarla en las páginas de cada uno de los medios que cuentan con una licencia, porque así lo dispone el artículo 72 de la LSCA, otro que sobrevivió a la poda del DNU de Macri: "Obligaciones. Los titulares de licencias y autorizaciones de servicios de comunicación audiovisual deberán observar, además de las obligaciones instituidas, las siguientes: e) Cada licenciatario o autorizado debe poner a disposición, como información fácilmente asequible, una carpeta de acceso público a la que deberá sumarse su exhibición sobre soporte digital en internet. En la misma deberán constar: (i) Los titulares de la licencia o autorización, ...(iii) Integrantes del órgano directivo,...".

El sentido de las normas de la ley de medios era claro: por un lado que el Estado y los ciudadanos sepan quienes son sus dueños (dado que son empresas, y funcionan como tales), y por el otro, que el que maneja medios de comunicación no maneje servicios públicos, de modo que no utilice el poder de fuego de éstos para defender sus intereses, sea ocultando las quejas de los usuarios por el mal funcionamiento de los servicios, o abogando por la suba de tarifas, entre otras cuestiones.

Dicho esto y señalado que los artículos de la ley de medios que conciernen a éste caso siguen vigentes, es necesario decir que una cosa es sentar postura respecto a que no se insistirá en la ley de medios -como ha dicho el presidente-, y otra muy distinta es hacerse los boludos, y no garantizar que se cumpla como corresponde, en lo que sigue vigente.

Y por si alguno dijera -como nos pasó en Twitter- que Vila y Manzano se han desprendido de sus medios (a manos de sus hijos, socios o testaferros), cabe recordar que en su célebre y fugaz paso por el Ministerio de Comunicaciones, el "Milico Aguad archivó por "haber devenido abstractos" los planes de adecuación que presentaron distintos grupos de multimedios (entre ellos Vila-Manzano), justamente porque el DNU 267 de Macri había eliminado los artículos 45, 48 y 161 de la Ley 26522 que obligaban a desinvertir a los que tenían licencias de las que permitía la ley. Tuits relacionados:  

Sale Mindlin, entran Vila y Manzano. Un cambio cualitativo (?).

— La Corriente K (@lacorrientek) December 28, 2020

Manzano y Vila, dueños de medios y de concesionarias de servicios públicos. Qué podría salir mal?

— La Corriente K (@lacorrientek) December 28, 2020

Aguad en su célebre paso por el área declaró caducos todos los planes de desinversión cuando Macri mutiló la ley de medios por el DNU 267

— La Corriente K (@lacorrientek) December 28, 2020

Rapidito para los mandados Sanz nos aclara que los dueños de medios no son Vila ni Manzano, sino sus hijos y socios. Ahora nos quedamos tranquilos.

— La Corriente K (@lacorrientek) December 28, 2020

Manzano y Vila se van a desprender de las licencias de medios que tienen? Porque ahora que son dueños de Edenor no pueden tenerlas (Ley 26522 artículo 24 inciso l)

— La Corriente K (@lacorrientek) December 28, 2020

Nop

— La Corriente K (@lacorrientek) December 28, 2020

Ustedes son chicos y no se puede, pero en una época había una ley de medios y una autoridad encargada de controlar que se cumpla. Y esa ley exige que haya una carpeta pública disponible en Internet con los propietarios de cada medio.

— La Corriente K (@lacorrientek) December 28, 2020

EN BOCA DEL MENTIROSO, HASTA LO CIERTO SE HACE DUDOSO

Que Macri ejerció presiones sobre empresarios para quedarse con sus empresas para él, sus socios o sus amigos, no es ninguna novedad, ni hace falta que lo diga Daniel Vila para saberlo; menos si se trata de medios: lo acaban de denunciar hace poco en juicio Cristóbal López y su socio De Sousa, ante la indiferencia del mismo periodismo que ahora se "sorprende" por la denuncia del oportunista dueño de América y Supercanal.

Que además eligió para poner de ejemplo de lo que decía, la adquisición de frecuencias para operar servicios de telefonía celular durante el segundo gobierno de Cristina, a través de Arlink, empresa controlada por Supercanal, empresa de cable de propiedad de Vila; y miente al menos en eso: en esta nota de Fernando Krakowiak en Página 12 de hace tres años pueden conocer los detalles, que se pueden sintetizar así: el gobierno de Cristina licitó frecuencias para la prestación de esos servicios, Vila ganó una parte del espectro a través de Arlink a cambio de pagar 506 millones de dólares que nunca pagó, y por eso en septiembre del 2015 le revocaron la adjudicación.

Cuando el Estado recuperó esa porción del espectro la reservó para ARSAT a través de la Ley 27.078 de "Argentina Digital", y entonces Vila fue a la justicia federal mendocina (que maneja a su gusto y paladar, como sabemos ya desde los tiempos de la ley de medios) con una cautelar para dejar sin efecto la revocación de la adjudicación, el planteo fue rechazado en primera instancia y luego la Cámara de Apelaciones le hizo lugar, quedando la devolución de espectro "en el limbo" como tantas otras cosas, por vía de cautelar.

Cuando Mauricio Macri llegó al gobierno y borró de un plumazo con el DNU 267 los artículos de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley de medios) que le molestaban a Clarín (y que la Corte Suprema de Justicia declaró constitucionales), el ENACOM creado por Macri para reemplazar a la disuelta AFSCA archivó todos los planes de adecuación de los grupos de medios a la normativa derogada. Entre ellos, el que debió presentar el Grupo Vila-Manzano, también excedido de los límites de acumulación de licencias que establecía la LSCA.

En ese momento a Vila no le molestaba el gobierno de Macri, ni que sus decisiones favorecieran a sus competidores y rivales de Clarín, en tanto al mismo tiempo lo favorecieran a él; y se reservó la parte de espectro asignado a Arlink para telefonía celular que nunca pagó, con la cautelar que aun hoy está vigente. Claro que entonces entró en colisión con los planes de expansión de Clarín, que había adquirido Nextel primero, y logró que el gobierno de Macri le aprobara la fusión entre Cablevisión y Telecom, después.

Mientras toda esta guerra de negocios privados con bienes públicos (como el espectro radioeléctrico) se desarrollaba sin que el común de los mortales la conociéramos hasta ahora (en que Vila patea a Macri cuando está en el piso), Clarín y el multimedios del cual Vila es co-propietario se constituyeron en puntales mediáticos del régimen macrista; al cual le debían múltiples favores, y del que esperaban seguir obteniendo otros, eso sí: sin dejar de hablar nunca de la corrupción kirchnerista, ni de celebrar que existiera en el país la más amplia libertad de expresión.

Después de la experiencia del conflicto por la ley de medios (que Clarín perdió en la justicia y ganó en la política, apostando al triunfo de Macri), el kirchnerismo pareció haber "aprendido" de la experiencia, y quiere desalentar los temores de los dueños de los medios sobre lo que haría si llega al gobierno: Cristina invitó a Vila a la presentación de "Sinceramente"· en La Rural, y Alberto Fernández invitó públicamente en diferentes oportunidades a Clarín a fumar la pipa de la paz , incluyendo la visita al seminario que todos los años organiza el multimedios en el MALBA, en el que estuvo presente el propio Magnetto.

Pero las cosas son como son, y no como a uno le gustaría que fueran: si, como todo indica, el "Frente de Todos" llega al gobierno a partir del 10 de diciembre, se encontrará con que Vila sigue siendo el dueño de América y de Arlink, y seguirá guardándose (vía cautelar de la Cámara mendocina) una porción del espectro radioeléctrico para prestar servicios de telefonía celular por la que nunca pagó, y que seguramente usará como herramienta de extorsión para negociar.

Y Clarín seguirá siendo Clarín, pero ahora más grande y dominante que nunca, reforzado por los favores que le hizo el macrismo: el pasado 12 de septiembre el ENACOM dictó la Resolución 3838 (verla completa acá), por la cual  deja sin efecto la asignación de parte del espectro radioeléctrico efectuada a favor de la empresa Telecom Personal Sociedad Anónima (actualmente Telecom Argentina Sociedad Anónima), como parte del cumplimiento parcial del plan de adecuación aprobado por la Resolución 374/18 de la Secretaría de Comercio Interior, que autorizó en los términos del inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156 (Ley de Defensa de la Competencia) la fusión por la cual Telecom Argentina Sociedad Anónima absorbe a Cablevisión Sociedad Anónima.

Según consta en los considerandos de la resolución, el ENACOM ya lleva rechazadas tres propuestas de adecuación (devolución de licencias y bandas de espectro) que presentó Telecom, lo cual prueba que el zorro pierde el pelo pero no las mañas: el Grupo Clarín se resiste a cumplir las condiciones bajo las cuáles le aprobaron la fusión, tanto como se resistió en su momento a cumplir con la ley de medios. 

En la misma resolución se dice que las frecuencias devueltas por Telecom (y las que aun debe devolver, para adecuarse) "...se encuentran en una banda que resulta ideal para despliegues en áreas urbanas y suburbanas, permiten alcanzar altas velocidades de transmisión de datos, y podrían ser puestas a disposición de distintos Prestadores de Servicios de TIC para su uso conforme los mecanismos de asignación que se consideren apropiados bajo la normativa vigente.". 

Traduciendo al criollo: el amigo Vila vio la oportunidad y se lanzó, no solo para conservar la parte de espectro que mantiene con la cautelar, sino para acceder a otras frecuencias que deberá dejar Telecom. ¿Y qué mejor para eso que tirarle tierra al gobierno que se va y a sus eternos competidores, en un mensaje más bien dirigido al gobierno que viene? 

Porque en junio del año que viene y aunque Alberto Fernández quiera enterrar el hacha en la guerra contra Clarín, se vence el plazo para que el Grupo cumpla con las obligaciones puestas como condición por el gobierno de Macri, para aprobar la fusión entre Cablevisión y Telecom. Es decir que a diferencia del lacrimógeno relato de Vila ante su empleado Fantino, no se trata de nada personal, ni está en juego la familia o la libertad: se trata estrictamente de negocios. Hilo relacionado: 

Todo esto: https://t.co/WwopTT4ndk

— La Corriente K (@lacorrientek) September 19, 2019

TELÉFONO PARA EL ENACOM

Según contó Horacio Verbitsky  en su nota de "El cohete a la luna" del fin de semana pasado, una de las derivaciones inesperadas del "Stornelligate" fue que en los allanamientos del juez Ramos Padilla a las propiedades de Marcelo D'Alessio aparecieron carpetas que revelaban tareas de espionaje sobre María Eugenia Vidal; y en esa documentación se contaba como la gobernadora de Buenos Aires habría invertido 600.000 dólares provenientes de los fondos reservados de la provincia, en comprar acciones de América TV que eran de propiedad del hermano de Daniel Vila.

De ser cierta la información, surge a primera vista que Vidal habría cometido el delito de malversación de caudales públicos, al darle a fondos del Estado un fin distinto de aquel para el cual están destinados (artículo 260 del Código Penal); más aun si la compra de las acciones fue a nombre propio o de un tercero que haría las veces de su testaferro. Por muy "reservados" que sean los fondos, no se pueden usar para andar comprando la propiedad de empresas de medios, menos a nombre suyo. Eso sin perjuicio de otras derivaciones penales del caso, como por ejemplo la posibilidad de que se trate de lavado de dinero de origen ilícito, o que no se puede declarar.

Sin embargo, la cuestión es muy interesante también porque no se trata de las acciones de cualquier empresa, sino de una licenciataria de servicios de comunicación audiovisual, con licencia otorgada por el Estado; y como tal, regida por la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), vulgarmente denominada "ley de medios". En ese sentido, es un lugar común suponer que el DNU 267/15 dictado por Macri a los pocos días de haber asumido el gobierno derogó por completo la ley, pero en realidad no fue así: amputó los artículos que lesionaban los intereses de Clarín y otros grupos multimedios (como el de Vila-Manzano), pero otras disposiciones subsisten hasta hoy.

Como por ejemplo su artículo 24, que al regular las condiciones de admisibilidad para ser titular de una licencia de medios audiovisuales  dispone que, durante toda la vigencia de la misma, sus titulares deben "Poder demostrar el origen de los fondos comprometidos en la inversión a realizar..." (inciso d), y en el caso de las personas físicas, "...deberán acreditar el origen de los fondos en tanto comprometan inversiones a título personal..." (inciso e); además de prohibir expresamente que puedan ser titulares de licencias cualquiera que sea "..magistrado judicial, legislador, funcionario público ni militar o personal de seguridad en actividad." (inciso h).

Pero supongamos que en la operación denunciada por Verbitsky, Vidal no figura como accionista o compradora de acciones, sino que apeló a un testaferro: pues bien, también este debe demostrar el origen de los fondos con los que compra, y en caso de detectarse un fraude, es causal de caducidad de la licencia (artículo 108 inciso e) de la LSCA). La misma sanción se aplica en el caso de que la transferencia de acciones de una sociedad licenciataria de un medio no fuera autorizada o aprobada por la autoridad de aplicación, es decir el ENACOM (inciso f) del mismo artículo 108). 

Y en los casos en que haya recomposición societaria en la persona jurídica titular de la licencia, porque por ejemplo uno de sus accionistas vende sus acciones (como sería en este caso el hermano de Vila), la autoridad de aplicación debe declarar la caducidad de la licencia si advierte que el comprador no puede ser propietario de medios (artículo 52 de la ley), por ejemplo por ser funcionario público. 

Para asegurarse de que este tipo de maniobras no ocurran, la Ley 26.522 dispuso en su artículo 56 (aun vigente) que los titulares de licencias deben inscribir a sus accionistas en un registro habilitado al efecto en la autoridad de aplicación, constituyendo el incumplimiento falta grave (artículo 56), lo mismo que la falta de actualización de la información; lo que puede derivar en multa, suspensión de publicidad y/o caducidad de  la licencia (artículo 106 inciso h)).

En sentido concordante, el artículo 72 establece como obligaciones de los licenciatarios de medios "Brindar toda la información y colaboración que requiera la autoridad de aplicación y que fuera considerada necesaria o conveniente para el adecuado cumplimiento de las funciones que les competen;..." (inciso a) y "...poner a disposición, como información fácilmente asequible, una carpeta de acceso público a la que deberá sumarse su exhibición sobre soporte digital en internet. En la misma deberán constar:...Los titulares de la licencia o autorización,..." (inciso e) apartado (i)).

Disuelta la AFSCA, el DNU 267/15 la reemplazó por el ENACOM, cuyo directorio tiene un presidente (hoy Silvana Giúdici) y tres miembros designados por el Poder Ejecutivo (esta semana renunció uno, ¿tendrá que ver con esto?), y otros tres designados por la Comisión Bicameral de Servicios de Comunicación Audiovisual, de los cuales a su vez uno corresponde al oficialismo, de modo que los opositores son solo dos: el massista Claudio Ambrosini, y el del PJ "Alternativa Federal", ex senador y a su vez empresario de medios  en Jujuy, Guillermo Jenefes.   

Hasta donde se sabe, ninguno de ellos recogió el guante de la denuncia de Verbitsky, aunque más no fuera para averiguar que hay de cierto en ella, y si Vidal es o no accionista de América TV, por sí o por interpósita persona. No queremos pensar que si no lo hicieron, es por algún tipo de especulación política para no malquistarse con el medio, o con la gobernadora.

Como fuere, sería bueno que los legisladores de la oposición (de la real, no la de cartón pintado, como dice Cristina) averigüen como es la cosa pues, como se dijo, se trata de información que debería estar disponible públicamente (no está en la página del ENACOM), y los licenciatarios están obligados a suministrarla.

MACRI, EL MANDADERO

En solo tres días de la semana pasada (entre el lunes y el miércoles, para ser más precisos) el gobierno de Macri produjo dos hechos significativos para la configuración del mapa de medios de la Argentina: el más conocido fue, por supuesto, la aprobación por el Senado del proyecto de que extirpó quirúrgicamente 8 artículos del texto de la Ley 26.736 sobre producción, distribución y comercialización de papel para diarios, en directo beneficio de Clarín y La Nación, accionistas mayoritarios y controlantes de Papel Prensa.

El otro fue anterior, y tuvo menos repercusión: el lunes pasado era publicado en el Boletín Oficial (completo acá) el Decreto 1133, que derogaba el sistema por el cual los medios podían canjear deudas impositivas con el fisco nacional, por espacios de publicidad oficial.

Acaso alguna podría pensar -con cierta razón. que la medida fue acertada, porque como lo dice el decreto, consagraba un privilegio a favor de las empresas propietarias de medios de comunicación (escritos o audiovisuales) del que no gozan otros sectores de la economía, pero la decisión debe ser sopesada en su contexto (que incluye el mencionado proyecto sobre el papel de diarios), y en sus propios fundamentos.

En efecto, según consta en los considerandos del decreto, para el gobierno "...la innovación tecnológica introducida en el sector, así como la adecuación de las empresas como consecuencia de las reorganizaciones o adquisición de otros medios de comunicación, han puesto de manifiesto que algunas de las nuevas plataformas no resultan de interés para la apropiada aplicación de la publicidad oficial, circunstancia esta que condiciona la prestación del servicio para la cancelación de las obligaciones incluidas en los acuerdos suscriptos." (las negritas son nuestras); como si el hecho de que -por ejemplo- todos los diarios en papel o la mayoría de ellos tengan su versión digital no permitiera que en ellos se paute publicidad oficial.

O como si el gobierno fuera por completo ajeno al proceso de concentración de medios vía adquisiciones o fusiones, y no lo hubiera favorecido amputando de la Ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual, aquellas cláusulas antimonopólicas que obligaban a desinvertir, a través del DNU 267/15.

Si a alguno se le pasó por la cabeza que la lógica del gobierno al dictar el decreto era asegurarle al fisco la percepción regular de los impuestos que le corresponden, el propio decisorio lo disuade, al señalar que "teniendo en cuenta que por el artículo 3° del Decreto N° 852/14 se dispone que “Los espacios publicitarios o los servicios cedidos en pago, serán utilizados conforme a las necesidades de comunicación institucional y de los actos de gobierno que fije la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros…”, y que dicha Secretaría de Comunicación Pública ha determinado que de entre las empresas que han solicitado su ingreso al sistema de dación en pago, ninguna responde a las necesidades de comunicación institucional, dado que la suscripción de los Acuerdos resulta facultativa, deviene innecesario mantener la vigencia de los mencionados decretos." (otra vez, las negritas son nuestras)

Traducimos: en ninguna parte del decreto se menciona cuáles son las empresas de medios que solicitaron acceder al beneficio de canjear deudas impositivas por espacios de publicidad oficial, pero es sencillo colegir que son -en su mayoría- las que no vienen recibiendo pauta oficial, por sostener una línea crítica del gobierno.

De donde se sigue que el efecto práctico de la derogación del decreto es asfixiarlas por una doble vía: la sequía de publicidad oficial, y el torniquete impositivo. Para otros grandes deudores del fisco por impuestos (como La Nación, por ejemplo) abunda la pauta, y el Estado hace la vista gorda ante la cautelar eterna que le permite eximirse de pagar contribuciones patronales, o deducirlas del IVA, desde el 2002.

Pero en rigor de verdad, tanto el decreto como la ley sancionada con la colaboración necesaria del "peronismo alternativo" (que cree de ese modo acrecentar sus nulas chances electorales, gozando de parte del blindaje mediático del cual disfruta el gobierno) no están pensadas para beneficiar al gobierno, o algún sector de la política, sino a las propias empresas periodísticas dominantes.

A punto tal que las nuevas reglas de juego impactan en el mercado de adquisiciones del sector: veíamos acá en La Política Online como la operación de compra del diario "La Capital" de Rosario a Daniel Vila por Nahuel Caputo (accionista mayoritario de "El Litoral" de Santa Fe) se frenó por la imposibilidad de deducir deudas impositivas canjeando publicidad con el gobierno, y tampoco tendría seguridades respecto del precio al cual Papel Prensa (es decir, Clarín y La Nación) le venderían el insumo crítico de los medios gráficos.

Pese a que Caputo es socio (algunos dicen que en rigor es un prestanombre) de Clarín en AGL (la empresa que imprime ambos diarios, y otros más), no sería extraño que fuera el mismísimo hólding de Magnetto el ineresado en adquirir "el decano de la prensa argentina", como lo hizo antes con otros diarios tradicionales del interior del país, como "La Gaceta de Tucumán", "La Voz del Interior" de Córdoba y "Los Andes" de Mendoza.  

Es que aun en tiempos de medios digitales, los diarios en papel (o sus versiones en la red) siguen gozando del poder de instalar la agenda de lo que se discute, o sobre lo cual se hablará; y siguen siendo la plataforma por excelencia para bajar línea a los gobiernos, y extorsionarlos para sacarles negocios: los medios audiovisuales replican y expanden sus contenidos, pero siguen siendo tributarios de ellos.

De dónde en realidad el verdadero favor de la ley y el decreto no se lo hicieron Macri y los "peronistas alternativos" a sí mismos aunque así parezca y ellos lo crean: son simples mandaderos de un poder superior a ellos -como bien lo marcó Cristina en el Senado al discutirse la ley del papel para diarios-, que no vacilará en deshacerse de ellos cuando le molesten, o cuando ya no le sean de utilidad; como de hecho pasó la misma semana pasada, cuando en la mañana siguiente a la aprobación de la ley a la medida de Clarín, el diario de la cornetita destrozaba a Macri en la nota de Fernando González, el esposo de Ana Gerchenson que el día siguiente renunciaba a la conducción de la Radio Nacional macrista, a la que llegó de la mano de Hernán Lombardi.

HOLA PAGNI, TE QUERÍAMOS DECIR QUE SOS TERRIBLE FRUTERO. ESO, NADA MÁS

Leemos en El Cronista: "Casi un año después de haber recibido el aval del Gobierno para funcionar como cuarto operador de del sistema celular 4G, el grupo Vila-Manzano no podrá desembarcar en el negocio de la telefonía móvil. La decisión la tomó ayer la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic).

Se trata del organismo que preside el secretario de Comunicaciones Norberto Berner , que fue creado por la Ley 27.078 ‘Argentina Digital’ y que absorbe las facultades de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Además integra a las empresas nacionales ARSAT y el Correo Oficial e incluye a los Programas Argentina Conectada y Servicio Universal. Según pudo saber El Cronista, el grupo agotaría las instancias administrativas y hasta judiciales para mantener la licencia.

La determinación fue tomada por unanimidad con lo cual se dio de baja la licencia de Arlink por "incumplimientos reiterados a los parámetros impuestos por la letra de la reglamentación de ese proceso adjudicatorio" de mediados de septiembre del año pasado.

Según las resoluciones de la Secom, una vez informadas de las adjudicaciones, las empresas tenían 10 días para constituir la garantía de cumplimiento establecida en el artículo 54 del pliego de licitación y pagar el monto ofertado.

A fines de octubre del año pasado, cuando se abrieron los sobres, las ofertas globales de las cuatro empresas que quedaron seleccionadas ascendieron a los u$s 2233 millones. Tanto Movistar como Personal y Claro abonaron a término y en dólares sus obligaciones, mientras que Arlink no lo hizo. Debía abonar u$s 506 millones en efectivo.

Tras un año de demora, el representante por la UCR en la AFtic, Miguel Giubergia, pidió al organismo una pronta resolución sobre el tema. Lo hizo con una investigación en la cual fundamenta su pedido, paper que fue tomado también como propio por los directores oficiales del ente para redactar la resolución de anulación de la adjudicación de Arlink para que ingresara al mercado de la telefonía celular como cuarto operador del servicio de 4G." (las negritas son nuestras)

Sin embargo, hace un mes atrás Pagni en sus "miniaturas" de los sábados de la tribuna de doctrina nos contaba esta primicia:

Hoy, un mes después, en el mismo diario donde escribe Pagni leemos: "El Gobierno dejó afuera del mercado de la telefonía celular al grupo Manzano-Vila. A través de la Resolución 155, que se publicó hoy en el Boletín Oficial, la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) dejó sin efecto la adjudicación de frecuencias de 3G y 4G a la empresa Airlink, del Grupo UNO, por incumplimiento de pago de los US$ 506 millones que había ofertado para explotar esas bandas de espectro.". (las negritas son nuestras).

Por otra parte el nuevo Código Civil y Comercial no "eliminó las sanciones por responsabilidad civil de los agentes estatales", como  dijo Pagni. sino dice en su artículo 1764 que no se aplica a esa responsabilidad: "Las disposiciones del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria."; porque de acuerdo al artículo siguiente (1765) "La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.".

Para más abundamiento, el artículo 1766 dispone que "Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas se rigen por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda.".

Y no podía decir otra cosa porque exactamente un año antes (en agosto del 2014, el Congreso había sancionado la ley 29.944, cuyo artículo 1º dispone "Esta ley rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas.La responsabilidad del Estado es objetiva y directa.Las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria.".

Ley cuyo artículo 9 dice además claramente: "La actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hace responsables de los daños que causen.". (las negritas son nuestras)

CON AMIGOS COMO ESTOS,...

...¿quién necesita enemigos?

AJUSTE DE CUENTAS

 

Después de horas de titular (en Internet y en las pantallas de TN) que Gendarmería "ocupó" las instalaciones de Cablevisión, alguien -en las oficinas del multimedios- advirtió que el derrape era gigantesco, y colocaron (al menos al momento de la captura de pantalla) lo que sucedió: hubo un allanamiento por orden judicial.

Sin embargo es curioso como Clarín intenta por todos los medios pasarle la factura al gobierno por el procedimiento judicial en Cablevisión, e inscribirlo en el contexto de la pelea  del kirchnerismo con el Grupo.

Tal como lo dice esta nota de La Nación (interesante: ¿una sutil advertencia de la más circunspecta familia Saguier a Magnetto y Ernestina sobre que -por voraces- han expuesto demasiado a riesgos los negocios que tienen en conjunto, como Papel Prensa o Expoagro?)  en Multimedios América (la nave insignia del Grupo Vila-Manzano) el ex ministro del Interior de Menem y el fallido aspirante a suceder a Grondona en la presidencia de la AFA tienen el 47,5 % de las acciones, exactamente el mismo porcentaje que Francisco De Narváez.

¿Alguien puede imaginar al colorado involucrado en una operación del gobierno de Cristina contra el Grupo Clarín?, ¿en qué momento De Narváez se volvió oficialista?

Incluso en el racconto de "acciones hostiles" del gobierno en su contra Clarín incluye el famoso "bloqueo" de los camioneros de Moyano, a los que hoy -como están las cosas entre el gobierno y la CGT- en cualquier momento les ofrecen un programa en TN o radio Mitre.

Que el grupo Vila-Manzano tiene sus tentáculos extendidos en la justicia federal mendocina (como denuncia ahora Clarín) no es ninguna novedad: basta recordar la cautelar express decretada en su momento por la famosa jueza Olga Pura Concepción de Arrabal (la de nombre de tango, vieron) para suspender in tótum la ley de medios, a pedido del diputado Thomas, para favorecer los intereses del grupo; o los fallos del juzgado federal de San Rafael impidiendo la instalación de una repetidora y una estación repetidora de la TV pública en el sur mendocino; a pedido expreso de Supercanal.

Pero cuando ese poder e influencia era dirigido por Vila-Manzano en el mismo sentido que Clarín (por ejemplo frenar la aplicación de las cláusulas de desinversión de la ley de medios), al diario de Magnetto y Ernestina le parecía un ejercicio de la libertad de expresión; en cambio cuando le pisan sus negocios, la cosa cambia.

Sin ir más lejos, hoy día, en que se discute la regulación del papel para diarios, el Grupo Uno (la rama gráfica del emporio Vila-Manzano) sale con los tapones de punta contra los privilegios de Papel Prensa y el manejo discrecional del papel para diarios que hacen Clarín y La Nación; como podemos ver acá en La Capital, otro diario del grupo mendocino.     

Hablábamos de Grondona y la AFA más arriba: cuando Vila virtualmente se encadenó a la puerta del edificio de calle Viamonte para impedir la reelección de Grondona, Clarín lo respaldaba porque su cuestionamiento al ferretero de Sarandí le servía para vengarse del hombre que primero le dio el negocio de la televisación del fútbol; y luego se lo quitó para negociar con el gobierno para que surgiera el Fútbol Para Todos.

La cobertura que durante el día dieron los medios del Grupo Clarín al procedimiento en Cablevisión, contrastada a su vez con sus pares del Grupo Vila-Manzano, deja una gran enseñanza pedagógica para entender como funcionan las cosas; en estos días de tapas blancas o con cita textual de los artículos de la Constitución, airados documentos de ADEPA e inflamados editoriales apelando a la defensa de la libertad de expresión y los valores de la república.

Este episodio de Cablevisión (en el que lo único que hace la Gendarmería es cumplir una orden judicial, que no sería un problema para Clarín si no estuviera tan flojito de papeles en todos sus negocios) huele por todos lados a un ajuste de cuentas entre mafiosos; y es llamativo como -apenas los morlacos están en juego- los ejecutivos del multimedios (con el propio Magnetto a la cabeza) pierden los estribos y la compostura, y reaccionan como lo haría don Corleone, si una "famiglia" rival le disputara el territorio.

Lo propio se puede decir del hólding Vila-Manzano: bajan la orden y todos (periodistas importantes o de poca monta, movileros, lo que sea) deben reportarse al comando, cuadrarse, hacer la venia y preguntar a quien hay que matar.

Las imágenes y las palabras de hoy (de uno y otro lado) hay que guardarlas en la memoria (justo hoy, 20 de diciembre) para tenerlas presente cuando vuelvan a actuar de consuno, o cuando por separado vuelvan a envolvernos con bellas palabras para que nos alineemos como cuidadanos en defensa de sus intereses y de sus negocios; que no por casualidad siempre tienen en algún punto algo turbio, y que no pueden explicar cabalmente aunque desarrollen un portal al efecto, como hace poco hizo Clarín.