Como vemos en la imagen de apertura, siguen cayendo jefes policiales acusados de connivencia y complicidad con el narcotráfico: ni más ni menos que el motivo que mantiene preso al ex jefe Tognoli.
Después de años de ningunear el tema, o atribuir los graves problemas de inseguridad que aquejan a la provincia a "ajuste de cuentas entre bandas" (Binner dixit) o a operaciones desestabilizadoras del kirchnerismo, Bonfatti parece advertido que la cosa se le iba por completo de las manos, y ahora quieren hacer de la necesidad, virtud.
Tras años de rehuir sus responsabilidades con el sonsonete de que el narcotráfico es delito federal (siendo además que es la principal causa de la inseguridad, pero no la única), ahora se muestran como embarcados en una cruzada a muerte contra las bandas de narcos, de las que estaría recibiendo amenazas por ese motivo.
La fuente que reveló las supuestas amenazas es "un operador de calle" del área de inteligencia de delitos complejos, ¿tal vez el próximo acusado de pasarles información a los narcos?
Pero aun cuando se le diera credibilidad a la denuncia por presuntas amenazas contra funcionarios, cabe preguntarse si la tranquilidad anterior de esos mismos funcionarios (al menos hasta acá, no denunciaron antes hechos similares), no obedecía a que los narcos también estaban tranquilos.
Bonfatti dice que van a ir a fondo contra la corrupción policial y nos parece bien, del mismo modo que celebramos cualquier paso en el sentido de desmantelar a las organizaciones de narcos que asuelan Santa Fe, pero ni tanto, ni tan poco: los policías corruptos que vienen siendo separados de sus cargos en los últimos tiempos por vínculos con el narcotráfico fueron puestos ahí por el propio gobierno; con su modelo de "policía atendida por sus propios dueños".
Acá pueden ver la parte pertinente del decreto:
Lo que parece haberse roto ahora (y habrá que ver hasta que punto) es un triple pacto entre el gobierno, las cúpulas policiales y las bandas de narcos, o al menos las más notorias de entre ellas.
Un pacto por el cual el gobierno dejaba que la policía se maneje sola, y sin controles del poder político, a cambio de garantizar ciertos logros más o menos espectacularizados en la lucha contra el narcotráfico: así aparecieron los secuestros de droga sin narcos presos, la demolición de búnkers que misteriosamente están siempre vacíos, las avionetas que transportan droga y no tienen piloto.
Toda una parafernalia enderezada a demostrar que el gobierno y la cana hacen algo en la lucha contra el narcotráfico; que no empezó con los gobiernos socialistas, pero que en los últimos tiempos alcanzó otra dimensión.
Pero un pacto que tenía sus costos, porque va quedando en claro que las cúpulas policiales negociaban con las bandas de narcos en sus propios términos, lo supiera o no el poder político, fuera parte del negocio, o eligiera mirar para el costado.
Con zonas muy oscuras en el medio: en uno de los audios que la justicia tomó en cuenta parta detener a Floiger, uno de los narcos dice textual: ""Escucháme, ubicáme al secretario de Floiger o a Floiger y decíle que voy a ir con las filmaciones que tenemos y va ir en cana desde el cabo de cuarta hasta Bonfatti". Sería interesante que el juez tratara de establecer si existen tales filmaciones, y que muestran.
La inseguridad genera enormes negocios, desde los empresarios privados que hacen su agosto con la paranoia social (como los que proveen cámaras de seguridad), hasta la propia policía que aprovecha para obtener ascensos, equipamiento y poder; más peligroso en tanto menos controlado.
Y el narcotráfico (en tanto amenaza principal a la seguridad pública) retroalimenta aun más esos negocios, no sólo por el enorme poder corruptor de los cárteles de la droga (la complicidad con que cuentan en las fuerzas policiales es una muestra palpable), sino porque determina que se potencien determinadas estructuras de combate contra el delito, supuestamente profesionales o de élite, pero profundamente oscuras en sus métodos y procedimientos.
Tal el caso de la ex Drogas Peligrosas, transformada por el socialismo en la niña mimada de la fuerza policial; a punto tal que Tognoli y Sola (quienes la condujeron durante todo el mandato de Binner) fueron luego proyectados por Bonfatti a la jefatura de la fuerza, y desde allí siguieron determinando quien manejaba las estructuras de lucha contra el narcotráfico.
La seguidilla de detenciones de policías de esa área vinculados con los narcos (sumados a los que trabajaban en Delitos Complejos, la nueva superestructura creada por el socialismo tras el escándalo Tognoli) marcan a las claras que, pese a los pactos suscriptos con las cúpulas policiales, ambos gobiernos (el de Binner y el de Bonfatti) nunca terminaron de saber realmente quien era quien dentro de la policía santafesina.
Por supuesto que la corrupción policial no comenzó con la llegada del socialismo al gobierno, pero tampoco olvidemos que Binner eligió ratificar a la cúpula policial que estaba en funciones durante el primer año y medio de su gestión; y en los cuatro años que fue gobernador, Bonfatti no estuvo exiliado: por el contrario fue el principal ministro de su gabinete, y elegido por el propio Binner para sucederlo.
Como tampoco olvidemos que el gobierno provincial (aunque los funcionarios ahora hayan elegido callar al respecto), el propio Binner y cierto periodismo (a propósito: ¿no hay en Santa Fe "medios paraoficiales" o "periodismo militante"?), siguen considerando a Tognoli un preso político del kirchnerismo; o que los anunciados concursos para los ascensos policiales (establecidos por ley desde el 2005), que permitirían poner una lupa civil y política sobre los que aspiran a conducir la policía, siguen demorados y sin saber cuando se harán, y como.
De lo contrario tendrán que seguir confiando (como hasta ahora) en el ojo clínico de los propios policías, y pesando que es simplemente cuestión de mala suerte que siempre elijan y promuevan a uno que termina jugando para los narcos.
