A democratizar, a democratizar: como si fuera la letra de un tema de Viglietti, es la consigna que repiten todos desde que se conoció el fallo de los jueces tucumanos absolviendo a los acusados por el secuestro y desaparición de Marita Verón.
Democratizar la justicia: concepto interesante si los hay, y al mismo tiempo amplísimo, y susceptible de muchos sentidos e interpretaciones; aunque en lo inmediato (más al calor de la conmoción de un fallo de la justicia penal) todos se remiten a la discusión de la instauración del juicio por jurados, previsto ya en la Constitución desde 1853; como consecuencia del molde de la carta magna norteamericana en el cual la nuestra está vaciada.
Una discusión (la del juicio por jurados) que será seguramente atravesada por las diferentes percepciones que se tengan sobre la capacidad de la sociedad de participar en la administración de justicia; y en el caso específico de la justicia penal (territorio de disputa ideológico, si los hay), por las diferentes concepciones que existen respecto a su propósito en orden al desarrollo de una política de persecución del delito: garantismo y mano dura son apenas dos etiquetas que simplifican un tema bastante más complejo.
Y que amerita una discusión en serio y sin efectismos, o concesiones demagógicas a cierta "demagogia punitiva", que no se traduce en una mayor eficacia de la acción de la justicia; al mismo tiempo que una profunda reflexión sobre las condiciones políticas y sociales en que el experimento (de llevarse finalmente a cabo) se pondría en marcha: pensemos por ejemplo que hubiera sucedido en todos estos años si los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, hubieran sido juzgados por jurados ciudadanos, que por otra parte no sustituyen la labor de abogados defensores, jueces y fiscales; sino que la complementan.
Como sea, la instauración del juicio por jurados es apenas un aspecto de lo que involucra la tan mentada "democratización de la justicia": en ésta entrada de hace dos meses (para que se vea una opinión que no puede entenderse influida por el caso Verón) se ensayaban otras puntas para el análisis, como las condiciones concretas de accesibilidad a la justicia para los diferentes sectores sociales, o las propias mecánicas y rutinas del Poder Judicial para procesar los conflictos en tiempos razonables y compatibles con los derechos e intereses que están en juego.
Y ante un debate de tanta importancia, es pertinente poner en contexto la credibilidad de los discursos, porque como decíamos ayer acá, buena parte de los medios y de la dirigencia política pasaron en pocos días de una defensa sin fisuras de la corporación judicial (haciendo suyos los conceptos de aquélla tristemente célebre solicitada de algunos jueces, en el medio de la disputa entr el gobierno y Clarín), a atacar en bloque a los jueces, y prometer o reclamar profundas reformas de la justicia.
Para eso, para medir quien habla y desde donde, nosotros recurrimos a lo que en su momento fue una sección clásica de Nestornautas ("Refutando leyendas"), para ver como votaron algunos que hoy hablan, en tres temas que consideramos pertinentes para discutir este asunto de la democratización de la justicia.
En todos los casos estamos hablando de las votaciones nominales en la Cámara de Diputados de la Nación, por ser el cuerpo en el que está representada la mayor pluralidad de las expresiones políticas, y a las votaciones en general, que es donde las fuerzas con representación legislativa expresan si acuerdan o no con un determinado proyecto de ley.
Esta primera imagen corresponde a la votación de la Ley 26.080, por la que se modificó en el año 2006 la Ley 24.937, que reglamenta el funcionamiento del Consejo de la Magistratura:
Como vemos, socialistas, radicales, el PRO, la Coalición Cívica entre otras fuerzas (incluyendo las presencias estelares de Binner, Carrió, De Narváez, Aguad, Macri, Morandini, Pinedo, Ritondo o Alchourrón), votaron en contra de un proyecto que modificaba la composición del Consejo; de un modo tal que reducía sus miembros de 19 a 13, y garantiza que en sus decisiones tenga primacía la representación popular, por sobre la corporativa: si se suman al representante del Poder Ejecutivo y a los que representan a ambas Cámaras del Congreso (legisladores elegidos por el oficialismo y la oposición), suman 7, contra los 6 que suman jueces, abogados y académicos; que se eligen entre ellos.
Con este antecedente a la vista (y con los recientes papelones del Consejo en el caso de la cobertura de las vacantes en el fuero civil y comercial federal), se puede decir que la reforma fracasó no porque estuviera mal planteada, sino por la deserción de la oposición a su rol de contralor de la corporación judicial: no parece un antecedente muy claro de avanzar hacia una mayor democratización de la justicia.
Acá vemos la votación de la Ley 26.376, que estableció en 2008 el sistema de subrogancias de los juzgados y cámaras federales vacantes, y que por ejemplo, se negaba a aplicar el juez Recondo (consejero de la magistratura él), con su particular sistema de sorteo con papelitos sacados a mano, a puertas cerradas:
El mecanismo que establece la ley involucra la participación de los poderes políticos electivos (el Ejecutivo y el Congreso, a través del Senado) para designar a los jueces subrogantes; y fue explicado en su momento en éste post cuando empezaba la ronda de recusaciones en el fuero civil y comercial para tratar la ley de medios; como que es el mecanismo por el cual el juez Alfonso está subrogando el juzgado de Carbone, y deberá fallar sobre el fondo de la discusión planteada por Clarín.
Los legisladores que votaron en contra lo terminaron haciendo (indirectamente) por un sistema que favorece los acuerdos corporativos hacia el interior del propio Poder Judicial (donde hay nepotismo a más no poder, además), y en contra de un mecanismo que sería cuestionado en su constitucionalidad desde la propia corporación de funcionarios de la justicia; aunque fue avalado por un fallo reciente de la Corte Suprema, que ratificó que se ajusta a la Constitución Nacional.
Otro flaco antecedente de algunos dirigentes opositores a la hora de exhibir blasones sobre como democratizar la justicia.
Y finalmente, el último ejemplo para medir la credibilidad de algunos discursos.
No olvidemos que toda esta furia democratizadora de la justicia (en realidad, del Poder Judicial, que es algo bastante más mundano) comenzó a partir del polémico fallo de los jueces tucumanos en el caso de Marita Verón; y que uno de los argumentos con los que desde la oposición se intentó pegarle al gobierno, fue que los legisladores oficialistas estuvieron a punto de dejar el proyecto de ley de trata, que ahora Cristina incluyó en primer término en la convocatoria a extraordinarias del Congreso.
En realidad ese proyecto lo que hace es aumentar las penas por los delitos de trata de personas y conexos, que ya están contempladas en la Ley 26.364, que se sancionó en el 2008, en pleno conflicto con las patronales del campo.
Fue esa ley (fruto de la lucha de Susana Trimarco y de todas las organizaciones dedicadas a combatir la trata, y concientizar sobre lo que signfica) la verdaderamente importante, porque por primera vez legisló en la materia, e incorporó a la trata de personas como un delito contemplado en el Código Penal.
Acá abajo va la imagen con el listado de los diputados que la votaron en contra:
Como vemos, hay algunos (como Aguad) que se anotan en todas, y otros (como Fernanda Gil Lozano, de la Coalición Cívica), que son bastante caraduras.
Es un material para tener a mano, para calibrar a algunos cuando abren la boca apenas se enciende una cámara o les apuntan con el micrófono de una radio.
