Por Raúl Degrossi
Al momento de escribir esto, sigue la protesta de prefectos y gendarmes y, si bien pareciera encapsulada a las reivindicaciones salariales y laborales, nadie puede prever cuando y como concluirá: de hecho, el reclamo persiste pese a que la causa original (los descuentos en los salarios) desapareció, lo que marca a las claras que hay otras cuestiones dando vueltas.
Sin embargo todo lo ya ocurrido permite sí algunas reflexiones, porque lo peor que podría suceder es que no se aprenda nada del asunto:
No toda protesta social o reclamo ciudadano es golpista, y por el contrario, la existencia de conflictos y su visibilización a través de la protesta en el espacio público, es una de las notas más características de una sociedad democrática: del punto deberían tomar nota -más que el propio gobierno o los que lo apoyamos- todos los que adhirieron sin reservas al reclamo de las fuerzas de seguridad, pero viven reclamando mano dura y tolerancia cero para otras protestas (de sindicatos, de movimientos sociales); o asocian el conflicto con el caos, sin reparar nunca en sus causas, o en la justicia o no de las reivindicaciones.
Precisamente la multiplicación de conflictos y demandas en el país, y su procesamiento en clave democrática (basta ver lo que está pasando en estos mismos días en Europa o EEUU con las protestas de todo tipo para poner las cosas en perspectiva), son la más rotunda desmentida de la realidad, al sonsonete cacerolero y mediático de que estamos viviendo en una dictadura.
Dicho esto, no se puede discutir seriamente a esta altura el hecho de que está instalado en importantes sectores de la sociedad argentina (si no por su número, sí por su activismo y capacidad de influencia en la formación de la opinión pública y el clima social) un pensamiento abiertamente golpista: los excesos verbales en que cierta gente incurre a diario y la notoria impaciencia por pasar a la acción abierta, prendiéndose de todo conflicto que ande suelto, autorizan a dejar de lado el giro del lenguaje que implica hablar de "clima destituyente".
Y de éste punto tienen que tomar nota -una vez más, aun por encima del propio gobierno y su base de adhesiones- aquéllos que puedan tener legítimas quejas contra el kirchnerismo y sus políticas: va siendo el momento en que cualquiera que quiera protestar por algo u oponerse al gobierno nacional (lo que incluye a la oposición institucional, pero no agota en ella la observación), comience a pensar en como generar los métodos, las consignas, el discurso, que les permitan desmarcarse de plano de los que buscan la interrupción del mandato constitucional de Cristina; a como dé lugar.
Al mismo tiempo que condenen enérgicamente a los nostálgicos del pasado que -cada vez en forma más desembozada, como se pudo ver y oír durante las horas que transcurrían de la protesta- aprovechan cada conflicto para sumar agua para su molino: algo de esto pareció empezar a verse con la firma de los bloques opositores a la declaración de Diputados, para diluirse de inmediato en el Senado con la negativa de radicales y peronistas disidentes.
Las fuerzas opositoras al kirchnerismo deberán reflexionar a futuro porque están jugando un juego peligroso: al descalificar de plano y sistemáticamente la naturaleza democrática de un gobierno constitucional (el comunicado del Comité Nacional de la UCR de ayer marca un hito penoso en ese camino) no están cumpliendo el rol que les cabe como alternativas al gobierno, sino contribuyendo a socavar el piso común de convivencia sobre el que todos estamos parados.
En ese sentido, los esfuerzos del radicalismo (por lo menos de la mayor parte de su dirigencia, y ciertamente de la que conduce al partido) y del PRO por sobreactuar para captar el voto del núcleo duro de los cacerolazos pueden redituarle algún beneficio electoral en el mediano plazo; pero al costo de olvidar que no todo en democracia puede ser representado políticamente, menos aquellos que reniegan de las reglas básicas de la democracia, como el respeto de la voluntad popular; por no mencionar que sería un arma que fácilmente se les volvería en contra, si llegaran a ser gobierno.
El propio Macri protagonizó ayer otra muestra de patetismo (por momentos pareciera que hace el esfuerzo por mostrarse más insignificante en escala de dirigente nacional, cuanto más complejo es el problema), saliendo a dar una especie de seudo cadena nacional, salida no se sabe bien de donde: es apenas el jefe de gobierno de una ciudad, no es el líder de la oposición ni tal cosa existe, su partido no tiene senadores y una ínfima representación de diputados en el Congreso, y acumula dos elecciones presidenciales sin presentar candidaturas propias.
Y para peor, llamando a las fuerzas de seguridad a volver a sus funciones se atribuyó una autoridad sobre ellas que no tiene, y lo único que consiguió fue irritar a los cacerolos golpistas (su electorado potencial, sensible a los controles al dólar, pero inmune a los aumentos seriales del ABL), que quieren que la protesta continúe todo lo que haga falta, hasta que se lleve puesto al gobierno.
La reflexión vale también para los que caranchean conflictos como Moyano, con la idea de acumular fuerzas para dirimir conflictos que no le interesan a nadie (lo único que falta es que ahora prefectos y gendarmes lancen su propia CGT); y pegando barandazos ideológicos entre el programa de Huerta Grande y la reivindicación de los cacerolazos, en la medida que sirvan para esmerilar al gobierno.
Y si bien es cierto que el conflicto abrió la puerta para discutir en abstracto la idea de que los que forman parte de las fuerzas armadas y de seguridad puedan sindicalizarse, lo cierto es que lo están de hecho, y de la peor manera: sin sindicatos formalmente constituidos, sin dirigentes que los representen y asuman las consecuencias de hacerlo, sin interlocutores institucionales con los que el Estado (que es en éste caso el empleador) puede tratar u acordar, sin un conjunto de demandas unificadas (porque van cambiando con el paso de las horas), y sin la dinámica propia de la actividad sindical a la hora de negociar.
La protesta deja también en claro que Clarín no crea todos los conflictos con los que el gobierno debe lidiar; pero con toda seguridad los aprovecha y fogonea, y si tiene las herramientas a su alcance, tratará de amplificarlos; lo que nos lleva al asunto de la ley de medios y el famoso 7 D: hay que comprender claramente que la disputa allí es no sólo (y no tanto) por una comunicación más democrática o por la pluralidad de voces.
Lo que está en juego es un conflicto político, y de enorme magnitud y trascendencia: la puja por lograr sujetar a las instituciones de la democracia, sus leyes y sus autoridades emergidas de la voluntad popular, a los grupos económicos que desde siempre han manejado el país en las sombras (aunque por suerte hoy sean cada vez más visibles), o han pretendido hacerlo; sin someterse a las rutinas democráticas, o peor aun, considerándose con derecho a ponerse por encima de ellas.
Reflexión que nos lleva al famoso asunto del "relato" y las fallas de la comunicación oficial: sin negar que es importante en política comunicar correctamente lo que se hace, no seamos tan tontos como para ignorar que tenemos enfrente un núcleo duro de sectores que -lisa y llanamente- detestan al kirchnerismo, a todo lo que representa, a lo que hizo desde el gobierno, y a lo que piensan o creen que podría llegar a hacer.
Y frente a ese hecho incontrastable de la realidad, toda discusión sobre la efectividad o no del discurso oficial y sus modos de transmisión pasa a un segundo plano; en todo caso sobre lo que deberá trabajar el gobierno es en mejorarlos para aportar a los propios elementos para la discusión diaria, en el mano a mano de las relaciones sociales con los que nos cruzamos a diario; y siempre que se trate de gente dispuesta a escuchar y debatir en serio.
El episodio también deja enseñanzas hacia el interior del propio gobierno, donde muchos funcionarios parecen no entender el hecho de que éste segundo mandato de Cristina (al igual que el primero, y peor aun) transcurrirá íntegramente bajo ataque permanente, de modo que no se admite que se piense en la reelección o (a la inversa) se haga la plancha oteando el panorama para el 2015 sabiendo que Cristina no tendrá otro mandato, cuando la demanda de la hora es ponerle el cuerpo a la gestión para garantizar hasta entonces las transformaciones que votaron el 54 % de los argentinos el año pasado.
Porque resulta que nos viven diciendo que el kirchnerismo ha montado un Estado policial, que conoce y controla todos nuestros movimientos y se entromete en nuestras vidas hasta en las decisiones más íntimas, pero parece no estar capacitado para detectar a tiempo que se liquidaron mal los sueldos de sus propios empleados, o que hubo algún error en un decreto que firmó la presidenta.
Lo que indica que, lejos de aflojar en los intentos por disciplinar la maquinaria burocrática del Estado a los objetivos de la gestión política hay que redoblarlos, porque la devastación del menemato dejó en ese mismo Estado recovecos y vericuetos desde los cuáles se la puede sabotear (como sería en apariencia éste caso), o montar quiosquitos para la defensa de algunos intereses que no son los del conjunto, como pasaba con la APE y parte de la plata y las obras sociales: ponga el lector otros ejemplos que conozca, porque seguramente abundan.
La redoblada ansiedad golpista de algunos (híperactivada con la protesta de las fuerzas de seguridad, por las razones que todos pueden imaginar) nos coloca a nosotros en la necesidad de discutir en forma urgente como responder, como canalizar y organizar el amplio apoyo del que el gobierno sigue gozando (aunque nos quieran convencer de lo contrario); en definitivas como hacer visible que hubo un 54 % y sigue allí, dispuesto a defender un rumbo, un modelo y una idea de país.
Discusión que va más allá de la decisión de competir o no por la calle, pero que también involucra eso, sin perder de vista el clima que se intenta crear en el país y evitando ser funcionales a ciertos intereses.
Intereses que vienen tratando desde hace más de un año de crear la idea de que en la Argentina todo se va al carajo, asumiendo para sí el rol de "indignados", a imagen y semejanza de los que protestan en las calles en Europa y distintas partes del mundo.
Y no se trata de desconocer que en el país existan problemas: si se les pregunta, todos mencionarán el tríptico inseguridad-inflación-corrupción, que están presentes hoy como estaban el año pasado y que -en el fondo- muchos de ellos siquiera tienen la intención de abordar y discutir seriamente, por no decir que si se les ocurre proponer soluciones, ya fueron transitadas en la Argentina; con los resultados conocidos.
Simplemente se trata de apuntar que el elemento común que hay allí, en ese núcleo duro del antikirchnerismo que transita las redes sociales, protagoniza los cacerolazos y escenifica los intentos de colonización de cualquier protesta que ande por allí para llevar agua para su molino, es indignación con otra cosa.
Indignación con el resultado de las elecciones del 23 de octubre; y eso es algo con lo que no se puede transigir ni negociar; porque no tiene que ver con un gobierno sino con una forma de vivir que elegimos todos los argentinos, aun los que no votaron a Cristina.
