LA FRASE

"MIS DIFERENCIAS CON EL PRESIDENTE SON PÚBLICAS Y NOTORIAS, PERO QUIERO AGRADECERLE QUE ME HAYA DADO ESTA OPORTUNIDAD DE ORDENAR PERSONALMENTE UNA REPRESIÓN." (VICTORIA VILLARRUEL)
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viernes, 8 de mayo de 2026

AMOR NO CORRESPONDIDO

 

Hace un tiempo ya decíamos nosotros en ésta entrada: "Baja de costos, eliminación de retenciones, licitación de la hidrovía, obras en las rutas que van a lo puertos: la similitud de los planteos del gobernador con las demandas de las cerealeras exportadoras con base en Santa Fe es tal, que son lo mismo. Y las empresas consiguieron un lobbista calificado de sus intereses, al que le pagamos el sueldo nosotros. Lo raro es que mientras pide baja de costos (al menos para las exportadoras) Pullaro los aumenta: aumentó la luz y el agua, el transporte interurbano y los peajes de las rutas provinciales.". Y lo que pone como una virtud (que la provincia invierta en arreglar rutas), es un vicio: veíamos acá que compró llave en mano un esquema armado por las propias exportadoras y la Bolsa de Comercio de Rosario para arreglar las rutas de acceso a los puertos del sur de la provincia, por el cuál ellas le prestan la plata a la provincia (que se endeuda) para hacerles las obras, y además le cobran los intereses, mientras las obras aun no arrancaron.". 

En éste otro posteo explicábamos el sistema diseñado por la Bolsa de Comercio de Rosario (y comprado como un buzón por Pullaro) por el cual la provincia se endeudó en más de 50.000 millones de pesos de hace más de un año con las cerealeras para hacerles los accesos a los puertos...a las cerealeras. No conforme con eso, tomó un préstamo por la CAF por 150 millones de dólares con el mismo fin; y el 4 de mayo de éste año (o sea el lunes pasado) dictó el Decreto 921 por el cual transfiere de ese financiamiento 111.492 millones de pesos a Vialidad provincial para "...la ejecución del “Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario”...".

También en ésta misma semana su ex vicegobernadora y actual diputada nacional que ingresó al Congreso en diciembre por "Provincias Unidas", Gisela Scaglia, presentó en el Congreso de la Nación un proyecto para eliminar progresivamente las retenciones hasta su desaparición, y sacarle al Poder Ejecutivo la facultad de reponerlas o modificar las alícuotas; en un contexto en el que los conflictos internacionales hacen subir el precio del petróleo, el gas y los commodities.

Sin embargo, parece que tantos gestos de amor del oficialismo provincial al sector exportador (el verdadero beneficiario de todas éstas medidas) no fueron correspondidos. Leemos en Rosario 12: "El anuncio del secretario de Coordinación del Gobierno de Santa Fe, Cristian Cunha, acerca de la creación por ley de un aporte del sector privado vinculado a la agroexportación para constituir un fideicomiso mixto (con participación estatal y privada) con el objetivo de mantener el circuito vial de acceso a puertos, generó la reacción de exportadores y acopiadores que pusieron el grito en el suelo y hasta prometieron llevar el asunto a instancias judiciales. La Casa Gris piensa en un aporte de los puertos de U$D 1,5 por tonelada enviada al exterior para reparar rutas, cuyo mantenimiento hoy financia el conjunto de los contribuyentes santafesinos.". 

"A esa queja histórica del sector, que no paga Ingresos Brutos en Santa Fe, el dirigente le agregó que “es imprescindible ir a sistemas diferentes para gestionar obras públicas específicas y sin costos para la carga”. El presidente de la Federación de Entidades Acopiadoras, Fernando Rivara, fue un paso más allá para que no le toquen “la suya”, al afirmar que “no hay manera de justificar tanta plata” y adelantó que en caso se ponerse en funcionamiento el esquema que elabora la gestión de Maximiliano Pullaro van a “ir a la Justicia”.".

"Durante el evento en la Bolsa, Idígoras destacó que “el año pasado tuvimos 98 millones de toneladas de granos comercializadas de manera fluvial y marítima” mientras que “este año serán de 120 a 125 millones”. Y arremetió: “Las tasas municipales no pueden ser punitivas sin prestación alguna, hay que eliminarlas de por sí”, y agregó que “también deben eliminarse los derechos de exportación”. En ese punto hizo hincapié Cunha. “Si volvieran cuatro puntos de retenciones no tendríamos que pensar en un fideicomiso para hacer las obras”, dijo el funcionario a Rosario/12." (las comillas son del texto y las negritas nuestras, en todos los casos) 

Un sistema posible para financiar obras públicas (en especial en la red vial) aunque no sin costos para la carga, sería cobrar un impuesto sobre los combustibles líquidos -porque son los vehículos que lo cargan los que destrozan las rutas, en especial el tránsito pesado- y destinar su producido a financiar su mantenimiento. Algo como lo que ya existe desde la Ley 23966 de 1991; y que el gobierno de Milei (al que apoyan las cerealeras, la Cámara de la Industria Aceitera y la Bolsa de Comercio de Rosario) viene embolsando para disfrazar un superávit fiscal trucho, mientras deja que se destruya la infraestructura vial del país sin poner un solo peso en repararla o mantenerla.

También se podría probar con las concesiones viales con cobro de peaje, como las que está licitando el gobierno nacional en estos momentos, o la que busca imponer en las rutas nacionales que les quiere transferir a las provincias por el Decreto 253 de Milei, analizado acá. Claro que en esos casos no sería "sin costos para la carga" como pide el sector, al que no se lo oyó protestar por esas medidas del gobierno nacional.

Otro sistema posible (y éste sin costo para la carga, como piden las cerealeras y exportadores en general) sería -como parece sugerir el funcionario provincial- que un porcentaje de lo recaudado por el Estado nacional en concepto de derechos de exportación (retenciones) se coparticipe a las provincias, con la expresa afectación a obras de infraestructura (gastos de capital, inversión pública), incluyendo en ellas el mantenimiento y reparación de las rutas. 

Algo así como el Fondo Federal Solidario (vulgarmente denominado fondo sojero) creado por Cristina en 2009 mediante el DNU 206, coparticipando a las provincias el 30 % del producido de las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados (como recordaba hace poco Máximo Kirchner en su discurso en Cañuelas). El tema es que el Fondo fue suprimido por Macri mediante el DNU 756/18, y nunca repuesto después, tampoco por Milei. Macri y Milei, los dos presidentes que la UCR y Pullaro apoyaron, y de cuyos gobiernos -directa o indirectamente- fueron parte. 

Tuits y video relacionados: 

 

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sábado, 27 de septiembre de 2025

RETENIDOS

 

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martes, 29 de julio de 2025

LAS CUENTAS CLARAS

 

Pasó con el menemismo (tan revisitado en estos tiempos), pasón con el macrismo y está pasando con Milei: hay toda una producción intelectual del discurso de la resignación y la derrota, disfrazada de "complejización analítica" de procesos que en su esencia son bastante claros, y que para entender si no sus manifestaciones si su resultado final, basta ver quienes salen ganando y quienes perdiendo en su desarrollo.

Y si se enfocan las supuestas "complejidades" con esa lente, resulta que todo está más que claro, y no necesita subtitulados ni explicaciones: ganan los dueños del país (como casi siempre) que son pocos (y cada vez más pocos), y perdemos (casi) todos. Llámenlo desigualdad en la distribución del ingreso, capitalismo salvaje, lucha de clases o el rótulo que prefieran: la realidad pura y dura es esa.

Tan pura y dura como el discurso de Milei el sábado en la Rural yendo a rendir examen (como han hecho antes tantos otros presidentes de lo que él llama "casta") frente a los dueños de la tierra, que se autoperciben (no sin algo de razón) como los dueños del país. 

En una pieza oratoria a la que habrá que agradecerle que nos ahorró muchas explicaciones, el tipo anunciaba que el Estado dejaba de cobrar impuestos a uno de los sectores más ricos de la sociedad (y naturalmente fue aplaudido), para acto seguido decir que vetaría cualquier ley que significara gastos, aunque fuera para beneficiar a los más perjudicados por sus políticas, como los jubilados o los discapacitados.

Allí el aplauso de la platea fue más fuerte aún, demostrando que los que realmente mandan tienen muy claras las cosas, y saben perfectamente que para que ellos tengan más es necesario que otros (muchos) tengan menos, en especial cuando (como sucede con el sector agropecuario dedicado a la exportación) lo que les importa es lo que sucede fuera de nuestras fronteras. 

Por más sectores de lumpen protelariado sin conciencia de clase que existan (y como diría Dolina de los boludos, son tantos que terminan eligiendo al presidente),el fenómeno política y socialmente relevante es que las clases dominantes nunca se confunden, cuando de defender sus intereses se trata, quienes son los que mejor los defienden y quienes los amenazan: el aplauso más fuerte fue cuando el presidente de la Rural celebró la condena de Cristina. A buen entendedor, pocas palabras.

Y la política debe tomar nota de eso y obrar en consecuencia, si no quiere renunciar al ideal de representar; y si ellos no se no confunden, no nos debemos confundir nosotros, aprendiendo a distinguir lo principal de lo accesorio, y los intereses concretos, puros y duros, de las percepciones individuales o grupales; aunque estas incidan en los comportamientos sociales, y por ende electorales: una cosa son los modos y los lenguajes con los que encarar la praxis política para conectar con las percepciones sociales, y otra muy distinta perder de vista cuáles intereses concretos aspiramos a representar, y cuáles son las propuestas y los candidatos para defenderlos mejor. Como hacen ellos.

Lo primero se puede pulir, lo segundo es la materia prima básica para empezar a hablar de un proyecto político alternativo al desquicio social que nos gobierna.

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martes, 6 de mayo de 2025

EL CADETE DE LAS CEREALERAS

 

En el marco de una jornada sobre transportes que se hizo en Rosario la semana pasada, leíamos a Pullaro en el portal de la provincia: "...el gobernador puso en valor “la potencia de la Región Litoral que nuclea al caudaloso río Paraná y que debe también nuclear una estrategia política que nos permita desarrollar la explotación del río apostando al proceso de licitación de la Hidrovía para que no sea diseñada desde una oficina desde Capital Federal sino que sea un modelo de desarrollo productivo y de infraestructura que es lo que necesitamos para abaratar la logística y ser más competitivos”, por lo cual remarcó que no solo se habla del “calado y balizamiento sino también de la infraestructura vial y energética para poder bajar los costos de nuestro sistema productivo, de la logística y así abaratar también los costos de los productos que tenemos que exportar”.".

"Además, Pullaro apuntó al estado de las rutas nacionales señalando que están “en un pésimo estado”, por lo cual pidió “un programa de licitación para reparar, bachear y hacer rutas nuevas porque la congestión de nuestros caminos es cada vez peor”. Y recordó que Santa Fe “no se lleva un solo centavo de las exportaciones y de las retenciones que aplica el Estado Nacional, las cuales pedimos que se eliminen. Sin embargo, desde la Provincia estamos haciendo inversiones históricas para que nuestras rutas estén en condiciones, con el objetivo de que la producción salga desde los puertos en las mejores condiciones”.". (las comillas son del texto, las negritas son nuestras)

Baja de costos, eliminación de retenciones, licitación de la hidrovía, obras en las rutas que van a lo puertos: la similitud de los planteos del gobernador con las demandas de las cerealeras exportadoras con base en Santa Fe es tal, que son lo mismo. Y las empresas consiguieron un lobbista calificado de sus intereses, al que le pagamos el sueldo nosotros. Lo raro es que mientras pide baja de costos (al menos para las exportadoras) Pullaro los aumenta: aumentó la luz y el agua, el transporte interurbano y los peajes de las rutas provinciales. 

Y lo que pone como una virtud (que la provincia invierta en arreglar rutas), es un vicio: veíamos acá que compró llave en mano un esquema armado por las propias exportadoras y la Bolsa de Comercio de Rosario para arreglar las rutas de acceso a los puertos del sur de la provincia, por el cuál ellas le prestan la plata a la provincia (que se endeuda) para hacerles las obras, y además le cobran los intereses, mientras las obras aun no arrancaron.

La solución que le encuentra al hecho (basado en la Constitución) de que los derechos de exportación (vulgarmente conocidos como retenciones) no se coparticipen, es igual de ingeniosa: que se eliminen, y listo (reiteró el pedido en su discurso en la Legislatura); con lo cual los recursos que no llegan a la provincia, tampoco tienen que salir del bolsillo de las exportadoras. Si eso es justamente lo que piden -otra vez- las exportadoras (que están exentas de pagar Ingresos Brutos en Santa Fe desde 1992), debe ser pura casualidad. 

Podría haber pedido que se reponga el Fondo Federal Solidario creado por Cristina por el DNU 206/09 para transferir a las provincias el 30 % del producido de las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados (con la finalidad de destinar esos recursos para hacer obras) que fue eliminado por Macri y no repuesto por Milei, pero prefirió ser aliado de ambos: de Macri primero, y de Milei después.

Y que decir del diseño del pliego de la hidrovía: que como explicábamos acá, "...por el Decreto 427/21 se modificó el estatuto de la AGP para permitirle operar la concesión por sí o por un tercero, y se le otorgaba la concesión de la vía navegable troncal hasta que asumiera el concesionario privado seleccionado por licitación. Por el Decreto 556/21 se creó el ente de control de la vía navegable, con participación de las provincias ribereñas en su directorio pero siempre sosteniendo la idea de conceder su operación a un privado; sin abrir nunca la discusión del trazado, ni de por qué se descartaba de plano que lo hiciera el Estado.".

"Con Milei también pasó por allí la motosierra: su Decreto 699/24 declaró servicio público "...las actividades de dragado, redragado, mantenimiento, señalización, balizamiento y control hidrológico de las vías navegables de jurisdicción nacional." para acto seguido disolver el ente de control creado por Alberto, llamar a nueva licitación por el Decreto 709/24 y finalmente por el Decreto 3/25 disolver la Administración General de Puertos, creando en su lugar el organismo que acaba de declarar fallida la licitación."."  

Pasándolo en limpio: las provincias tenían participación con voz y voto en el ente de control de la hidrovía para -entre otras cosas- el diseño del pliego de una eventual licitación, Milei lo disolvió (desapareciendo así esa participación de un plumazo), y luego disolvió también la Administración General de Puertos, y Pullaro nada dijo. Por el contrario, él, su partido la UCR y los legisladores que le responden en el Congreso siguen cajoneando el tratamiento en Diputados del DNU 70 (en el Senado votaron por mantenerlo), votaron a favor la ley bases y el acuerdo con el FMI, convirtiéndose en los hechos en parte de la coalición gobernante en el país. 

Si la desaparición del ente de control de la hidrovía y de la AGP coinciden -otra vez- con los reclamos de las exportadoras, debe ser pura casualidad. Como los silencios de Pullaro, cuya ministro de Desarrollo Productivo prometió -cuando se declaró desierta la licitación para otorgar la concesión del dragado, ya en éste gobierno- que las provincias participarían del diseño del pliego de la nueva. Cosa que ahora sabemos -justamente por el reclamo del gobernador- que fue mentira. Tuits relacionados:

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jueves, 9 de enero de 2025

MORTADELA PULLARO

 

"Diciendo cosas que ya venía esbozando uno de los lenguareces del gobierno provincial (el diputado Cuvertino), y que antes se han oído en distintos lugares: la idea de que existiría un modelo ejemplar a seguir (el de la Región Centro que integran Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba), contrapuesto al "Amba-céntrico" que hoy encarna Milei: mientras el primero representa los valores del trabajo, el esfuerzo, la producción, las exportaciones,el valor agregado y hasta el conocimiento científico y la investigación, el otro es una mera aspiradora de recursos del interior, que se pierden por la canaleta de los subsidios, los planes sociales, los punteros políticos y los "barones del conurbano". Aclaración: esta última retahíla de lugares comunes berretas es casi textual del discurso del gobernador en la velada.".

"No hace falta mucho esfuerzo intelectual para detectar la similitud con los disparates del ingeniero Huergo en Clarín en pleno conflicto con las patronales del campo por las retenciones móviles de la resolución 125: la idea de un eje representado por el núcleo sojero de la pampa húmeda opuesto al conurbano bonaerense, que sería un reservorio parasitario de electorado clientelar deliberadamente mantenido en la pobreza al servicio del populismo, y no mucho más. Por entonces -y antes, y aun hoy- se hablaba de "la mitad del país que trabaja para mantener a la otra mitad".".

(Post relacionado completo 1, acá.)

"Y para desarmar la posible oposición a la reforma, acude a cuanto argumento efectista (y posiblemente efectivo en algunos sectores) tiene a mano: la semana pasada el propio Pullaro recorrió los medios repitiendo que no es posible que los quiosqueros santafesinos paguen con sus impuestos el déficit de las jubilaciones de los empleados públicos. Claro que se abstuvo de entrar en mayores precisiones sobre quienes deberían pagar ese déficit en su reemplazo, como así de proponer otras alternativas para financiarlo, o mejorar las cuentas públicas. Como por ejemplo aumentarles los impuestos a los sectores con mayor capacidad contributiva: los quiosqueros por ejemplo (como toda la actividad comercial) pagan Ingresos Brutos, que representa entre un 75 y un 80% de los recursos tributarios propios de la provincia, pero el mayor polo exportador del país que está radicado en ella, no.".

"Del mismo modo que el sector agropecuario no paga Ingresos Brutos desde 1992, y lo que paga de Inmobiliario Rural por sus propiedades valorizadas en dólares en medio del boom sojero de las últimas décadas, es un valor simbólico, que parece un chiste. Tampoco le pareció oportuno al gobernador explayarse sobre otros gastos del Estado provincial que también son financiados -entre otros- por los quiosqueros con sus impuestos, como por ejemplo los más de 177.000 millones de pesos que se destinarán este año a subsidiar la educación privada.".

"Sin embargo, hay otros gastos que Pullaro no tiene problemas en financiar: el artículo 50 de la Ley 14245 (Presupuesto provincial para éste año) lo autorizó a endeudarse con el sector privado (no organismos multilaterales de crédito) "...para el financiamiento total o parcial de proyectos de inversión pública y/o adquisición de bienes de capital y/o la atención de las necesidades financieras que demandará la cancelación de los servicios de la deuda del ejercicio...". O sea, para hacer obras, comprar bienes de capital (por ejemplo patrulleros, ambulancias o maquinaria vial), o para pagar la deuda que contraiga durante el ejercicio: deuda para pagar deuda, digamos. Ese endeudamiento -según la ley- puede ser con plazos de amortización que van desde uno a 10 años (lo que incide obviamente en los intereses), es decir que puede afectar a futuros gobiernos. Y autoriza a afectar en garantía de su pago los recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos.".

"Sin embargo, hay otros gastos que Pullaro no tiene problemas en financiar: el artículo 50 de la Ley 14245 (Presupuesto provincial para éste año) lo autorizó a endeudarse con el sector privado (no organismos multilaterales de crédito) "...para el financiamiento total o parcial de proyectos de inversión pública y/o adquisición de bienes de capital y/o la atención de las necesidades financieras que demandará la cancelación de los servicios de la deuda del ejercicio...". O sea, para hacer obras, comprar bienes de capital (por ejemplo patrulleros, ambulancias o maquinaria vial), o para pagar la deuda que contraiga durante el ejercicio: deuda para pagar deuda, digamos. Ese endeudamiento -según la ley- puede ser con plazos de amortización que van desde uno a 10 años (lo que incide obviamente en los intereses), es decir que puede afectar a futuros gobiernos. Y autoriza a afectar en garantía de su pago los recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos.".

"Que va a recaer también -aunque el gobernador se olvidara de mencionarlo- sobre los quiosqueros santafesinos. PD: acá el ministro de Obras Públicas y simultáneamente senador Enrico dice que esas obras será ejecutadas mediante "...un esquema de concesión y mantenimiento.". Si uno supiera que generalmente no tiene la menor idea de lo que dice, creería que además de endeudar al Estado para hacer obras para privados, después de terminadas les van a dar esas mismas obras a otros privados para que -con el cuento de mantenerlas- cobren peaje.".

(Post relacionado completo 2, acá.) Tuits relacionados:

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lunes, 28 de noviembre de 2022

LA SARTÉN POR EL MANGO, Y EL MANGO TAMBIÉN

 

Tal como señala la imagen de apertura, hoy empieza a regir la segunda edición del "dólar soja", materializado en el DNU 787 publicado este mismo lunes en el Boletín Oficial (completo acá). La medida era más cantada que la marcha peronista desde que se la impuso por primera vez en septiembre, y significa una segunda capitulación del gobierno -frente a la escasez de reservas del Banco Central- frente a los sectores agroexportadores que retenían las divisas a la espera de lo que finalmente terminó pasando: otra devaluación a medida del sector que tiene la sartén del dólar por el mango, y el mango también.

Según se calcula, el beneficio que se les concede supone una emisión adicional de 210.000 millones de pesos que irán directamente a los bolsillos de los sojeros, sin que ningún monetarista proteste por ello: al parecer, hay emisiones buenas y malas. Con la primera versión del "dólar soja" (instrumentada por el DNU 576), sumarán 460.000 millones de pesos transferidos desde el Banco Central al complejo agroexportador, en menos de tres meses: al parecer, en algunos casos el presidente sí parece dispuesto a usar la lapicera.

Entre los considerandos del decreto se señala que "...la REPÚBLICA ARGENTINA es un relevante exportador mundial de las manufacturas de la soja, productos con baja incidencia directa en la cadena de abastecimiento nacional; de allí que esos alimentos y materias primas no generen impacto directo en la canasta familiar ni en las mediciones del índice mensual de inflación.", lo cual además de discutible (por aquello de las rentabilidades comparadas que bien se demostró en 2008 con el conflicto por las retenciones móviles), se contradice con otro punto del mismo decreto, que señala que "...todo estímulo exportador a los sectores mencionados redunda en ingresos fiscales incrementales a través del cobro de derechos de exportación como tributos nacionales y provinciales."; pues bien se sabe que uno de los sentidos de las retenciones es desacoplar los precios internos, de los internacionales, para no importar inflación.

Aunque pensándolo bien, no hay tal contradicción: el mismo gobierno que le genera al sector una devaluación a medida y una colosal transferencia de ingresos a su favor, ha jurado en todos los tonos e idiomas posibles que no le aumentará las retenciones, con lo cual la esperada mejora de los ingresos fiscales vendría por el incremento de las exportaciones, no de la presión impositiva sobre el complejo agroexportador. Por otro lado, esos sectores (los exportadores) no pagan ningún impuesto en las provincias, porque en todas ellas -por ejemplo- están exentos de Ingresos Brutos, por los pactos fiscales concluidos en los 90'.     

El análisis estrictamente económico de la cuestión podría concluirse señalando -como lo hicimos acá- que "...este gobierno se autolimitó desde el comienzo de su mandato (cuando logró que el Congreso sancionó la ley de emergencia) en su capacidad de poner altos derechos de exportación (retenciones), e incluso ha persistido (con Guzmán y ahora con Massa al frente de la gestión económica) en las políticas "ofertistas" para con los sectores exportadores, como si ganar mercados internacionales dependiera del nivel de los derechos de exportación que el país aplica a sus ventas externas, y no de la demanda de los productos que el país exporta."

"O como si dependiera del nivel del tipo de cambio -que en todo caso incide en la rentabilidad de los que exportan-, como pareciera sostenerlo el gobierno al administrar devaluaciones sectoriales (el "dólar soja", ahora el que beneficiaría a las "economías regionales"), que obviamente en una economía bimonetaria como la nuestra y sin desacople vía retenciones, solo alimentan la inflación. Los resultados de esa política están a la vista: en un contexto de alta inflación persistente, los precios de los alimentos y bebidas (bienes de consumo esenciales de la canasta básica, inelásticos a las variaciones de la demanda por esa razón) rankean alto, por encima incluso del promedio general inflacionario.". 

Si se repiten las medidas, es necio esperar que no se repliquen los resultados, como pasa con otras concesiones "ofertistas" al capital, como los recientes aumentos autorizados en el bioetanol, que impactarán en los precios de los combustibles, retroalimentando una inflación que se dice querer bajar; y profundizando el deterioro del poder de compra de los salarios y jubilaciones. 

Por otro lado, las medidas compensatorias brillan por su ausencia: del famoso "bono" o suma fija que -por ejemplo- reclamó Cristina no hay noticias, o sigue "en estudio": para esos casos la lapicera presidencial parece quedarse súbitamente sin tinta; y el anunciado congelamiento de precios está en veremos por la presión de las alimenticias, amén de que, sin lo primero (el bono o alguna forma de recomposición de los ingresos populares) lo segundo (el congelamiento), aun de concretarse y cumplirse, solo sacaría una foto transitoria de un patrón regresivo de distribución del ingreso, que no se modificaría.

Decíamos más arriba que hasta acá llegábamos con el análisis estrictamente económico de la medida, que seguramente podría ampliarse. El análisis político -de algún modo sugerido al principio cuando señalamos que se trata de otra capitulación más del gobierno frente a las fracciones más concentradas del capital- se limita a una simple y sencilla pregunta: ¿alguien supone que por éste camino se puede ganar una elección, revirtiendo la derrota del año pasado?     

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miércoles, 9 de noviembre de 2022

LA CARIDAD EMPIEZA POR CASA

 

Hay tantos diagnósticos sobre las causas de la inflación, como inflación. Hay inflación de diagnósticos, digamos: según sea la escuela económica que se adopte, la inflación es consecuencia del gasto público, el déficit fiscal y la emisión monetaria, las expectativas, la concentración de la economía, los mercados imperfectos, la puja distributiva o -como diría el amigo Rinconet- un mix de todo: "un fenómeno complejo y multicausal", en términos más académicos.

Claro que según sea el diagnóstico que se adopte, serán las medidas que se propongan para atacarla: para la ortodoxia todo pasa por reducir el gasto público para disminuir la necesidad de financiarlo vía emisión, rebajar impuestos y -aunque esto se diga menos- abrir la economía para fomentar la competencia. En ésto último coinciden (¿curiosamente?) algunos heterodoxos cuando analizan los efectos de la inflación en algunos rubros, como los textiles.

Sea cual sea en definitivas la postura teórica que se adopte respecto a la inflación, lo cierto es que el Estado "controla" o "regula" de modo directo o indirecto (por acción u omisión) ciertos precios básicos de la economía, que terminan incidiendo en la formación de los otros precios, y por ende en la inflación.

Algunos de esos precios son directamente fijados por el propio Estado, como las tarifas de los servicios públicos tradicionales (luz, gas, agua, transporte), o en otros el Estado tiene la pretensión de regularlos como fue el caso de los servicios de internet, telefonía móvil y televisión por cable o vínculo satelital; que no pueden ser prestados sin una licencia, permiso o autorización estatal. 

Lo raro del caso -en la Argentina y con éste gobierno- es que mientras litiga en la justicia para conseguir afirmar su autoridad para regular los precios y mitigar los aumentos en el segundo caso, los aumenta en el primero, cuando depende de él mismo y no necesita venia judicial. Lo mismo hace con otros servicios regulados como la medicina prepaga, que fue objeto de una polémica al interior de la coalición oficialista en la que se dio algo curioso: Cristina los criticó, Massa (el ministro de Economía) le dio la razón, pero los aumentos siguen en pie.

El Estado también controla -o debería hacerlo- otras áreas de la economía, como el sector externo y las exportaciones. Lo que en un país con el perfil productivo de la Argentina, es decir, en esencia, materias primas agropecuarias y eventualmente energía (gas y petróleo). En contextos de alta inflación en términos internacionales (como el actual), el Estado debería adoptar medidas para desacoplar los precios internos de los internacionales, evitando así importar inflación, que se sume a los ya altos niveles de la que existe en el país. 

Sin embargo, este gobierno se autolimitó desde el comienzo de su mandato (cuando logró que el Congreso sancione la ley de emergencia) en su capacidad de poner altos derechos de exportación (retenciones), e incluso ha persistido (con Guzmán y ahora con Massa al frente de la gestión económica) en las políticas "ofertistas" para con los sectores exportadores, como si ganar mercados internacionales dependiera del nivel de los derechos de exportación que el país aplica a sus ventas externas, y no de la demanda de los productos que el país exporta. 

O como si dependiera del nivel del tipo de cambio -que en todo caso incide en la rentabilidad de los que exportan-, como pareciera sostenerlo el gobierno al administrar devaluaciones sectoriales (el "dólar soja", ahora el que beneficiaría a las "economías regionales"), que obviamente en una economía bimonetaria como la nuestra y sin desacople vía retenciones, solo alimentan la inflación. Los resultados de esa política están a la vista: en un contexto de alta inflación persistente, los precios de los alimentos y bebidas (bienes de consumo esenciales de la canasta básica, inelásticos a las variaciones de la demanda por esa razón) rankean alto, por encima incluso del promedio general inflacionario.

Por otro lado, sin que los precios de los combustibles (costo difundido si los hay) estén estrictamente regulados por el Estado, éste puede incidir en sus niveles porque controla el 51 % del paquete accionario de YPF, la petrolera que controla más de la mitad del mercado de comercialización de los mismos en el país, y única de tales empresas que tiene integrado en el país todo el ciclo de extracción, producción, distribución y comercialización. Y lejos de usar esa "posición dominante" para contener los aumentos, la petrolera controlada por el Estado nacional suele liderarlos.   

Tampoco el Estado controla o fija de modo directo los salarios, pero por un lado es empleador (con lo cual fijando los salarios de sus trabajadores marca una pauta), y por el otro homologa los acuerdos salariales pactados en paritarias entre los sindicatos y las cámaras empresarias; con lo que se reserva una "llave" para determinar -de un modo indirecto- los niveles de variación de la masa salarial.

En el contexto precedentemente reseñado, si el gobierno (como pasa) se sigue oponiendo al pago de una suma fija independiente de los aumentos pactados en paritarias para que los trabajadores vean compensada en parte la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios frente a la inflación, o fija cortapisas y restricciones inadmisibles para el "refuerzo alimentario" destinado a los sectores más vulnerables (y más afectados, justamente, por la alta inflación en alimentos) no se trata simplemente -en nuestra opinión- de que esté adhiriendo a una visión ortodoxa de las causas de la inflación, que las haría centrar en el gasto público y los salarios.

Se trata de que, además de no tomar ninguna medida concreta de las que están a su alcance para frenar la inflación, está convalidando un patrón distributivo regresivo, en el que los salarios son el ancla de la inflación, que el propio gobierno alimenta desde otros lugares -según lo expuesto- por acción u omisión. Así las cosas, nadie debería sorprenderse de que, por un lado, subsista la alta inflación, y por el otro, se pierdan elecciones. Tuits relacionados:

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jueves, 26 de mayo de 2022

LAS PEORES MEDIDAS

 

El video de apertura es del 18 de abril pasado, es decir de hace hoy 38 días. En él el ministro de Economía está anunciando el envío al congreso de un impuesto a "las rentas inesperadas", que debían pagar las empresas que haya obtenido ganancias superiores a los 1000 millones de pesos; como consecuencia del alza de los precios internacionales derivadas de la guerra en Ucrania.

Entre ellas sobresalen las alimentarias, y los principales grupos exportadores de commodities, en especial materias primas agropecuarias, y sus derivados industrializados.

Pasaron esos 38 días, los precios siguieron subiendo y el mismo gobierno dice que, por la prolongación del conflicto y la inestabilidad que crea, esperan precios altos de los alimentos hasta el 2024 por lo menos. lo acaba de decir por ejemplo el canciller Cafiero.

Sin embargo, el proyecto de ley anunciado quedó solo en eso: en un anuncio, jamás aterrizó por el Congreso. Incluso en esos 38 días hubo una reunión del presidente con la cúpula de la UIA (en la que se agrupan muchas de las empresas que deberían pagar el nuevo impuesto, si se aprobara), en la que ambas partes coincidieron en aclarar que no se habló del tema.

Otro mecanismo -no incompatible con el impuesto- para desacoplar los precios internos de los internacionales, o para que el Estado capte rentas extraordinarias, son las retenciones. Que por estos días fueron objeto de un inadmisible culebrón entre el presidente y sus ministros, que lo contradijeron en público sin ponerse colorados. 

De hecho, la decisión tomada del gobierno de no aumentar las retenciones a las exportaciones agropecuarias -anunciada por Guzmán antes de que el presidente reflotara el tema, ratificada por Julián Domínguez después de que lo hiciera- es el motivo central por el cual Roberto Feletti renunció a su cargo en la Secretaría de Comercio.

Sin embargo, el presidente sigue defendiendo teóricamente a las retenciones como el mejor (si no el único) instrumento para evitar que el alza de los precios internacionales se traduzca en mayor inflación interna, y desafía a la oposición a discutir en el Congreso un proyecto para subirlas, que nunca mandó ni piensa mandar. Cosa esta última que se puede colegir del hecho de que dice que lo manda, si la oposición acepta discutirlo.

Con lo cual da un paso más hacia la deslegitimación de su propia autoridad e investidura, del que diera cuando anunció (y decretó vía DNU) la expropiación de Vicentín, para luego retroceder ante un cacerolazo de los votantes de la oposición.

El impuesto a las rentas inesperadas y la suba de las retenciones -dos medidas indispensables para mejorar la distribución del ingreso y contener la inflación, que el propio presidente reconoció como los principales déficits de su gestión- ingresan así en la categoría de las peores medidas de un gobierno: las que no se toman, en especial cuando se debiera. Tuits relacionados:   

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sábado, 21 de mayo de 2022

DEMASIADO TARDE PARA LÁGRIMAS

 

29 meses de mandato, un inflación interanual de más del 58 %, dos meses seguidos por arriba del 6 %, con los alimentos por encima de esos números, los precios internacionales de los alimentos por las nubes antes de la guerra en Ucrania, una elección perdida porque la gente no llega a fin de mes -entre otras cosas- tuvieron que pasar para que Alberto Fernández admitiera que el único elemento más o menos eficaz para desacoplar los precios internos de los internacionales son las retenciones, y le pida al Congreso que lo acompañe para subirlas.

En el mismo reportaje al presidente Tenembaum (no Verbistky, ni Víctor Hugo: Tenembaum) le planteó que su dilema era pelearse con el campo subiendo las retenciones, o pelearse con su base electoral porque no puede contener el aumento del precio de los alimentos. Que es más o menos lo mismo que viene diciendo en público (ni hablemos en privado) Cristina desde hace más de dos años.

Apenas dos días antes, el ministro Guzmán decía en C5N que no subirlas era una decisión tomada, lo cual deja a las claras que el gobierno es un circo de pulgas, donde no saben muy bien para donde agarrar o mejor dicho: hasta ayer, sabían para donde no querían agarrar. Después del reportaje al presidente, el ministro Julián Domínguez lo desmintió, negando que se fueran a aumentar las retenciones, o a enviar un proyecto de ley al Congreso para hacerlo.

Hace dos meses atrás y cuando ya se discutía sobre un posible aumento de las retenciones, dijimos nosotros en ésta entrada que al momento de proponer al Congreso lo que luego sería la ley de emergencia 27541, "...al asumir el gobierno se autolimitó en materia de retenciones, en las alícuotas y en el plazo por el cual podía fijarlas, y ahora es tarde para llorar sobre la leche derramada: es muy posible que cualquier DNU en la materia -si es que finalmente sale alguno-, en el actual estado de cosas, sea derrumbado por vía judicial con cualquier cautelar en la que, simplemente, los que reclamen se remitan al criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Camaronera Patagónica", fallada en 2014.".

"La necesidad de tomar medidas para desacoplar los precios internos de los internacionales para evitar que se sume la "inflación importada" a la ya alta inflación que hay en el país es asunto saldado, y no debiera haber mayores debates al respecto: incluso aunque se adhiera a las ideas monetaristas, nadie puede desconocer que estamos ante un ciclo de alzas de los precios internacionales de los commodities, en especial de la energía y los alimentos, proceso acelerado por el conflicto en Ucrania; que exige tomar decisiones drásticas, de modo urgente.". (Más detalles, en el post anterior citado)

Lo que está pasando entonces acá es muy claro, y lo dijo Cristina en el Chaco: salteándose el debate interno en el "Frente de Todos", el gobierno impulsa un modelo exportador con salarios bajos, del cual espera que en algún momento mágico, produzca el "derrame"; que al mismo tiempo no logra resolver el problema de la restricción externa, porque los dólares así como vienen, se van. El propio Guzmán lo admitió en la semana en el mismo reportaje, cuando dijo que las divisas del superávit comercial se les entregaron -entre otros sectores- a las empresas que tenían que cancelar deudas (o supuestas) deudas en el exterior, contraídas durante el macrismo.

Lo que estos genios de la estrategia parecen no advertir es que, de persistir en ese rumbo, en un país como la Argentina y con su historia en materia de inflación y crisis económicas, está en juego algo más que una elección, que por otro lado y por esta vía está perdida de antemano. A menos que ésa sea precisamente la idea, aunque hablen de reelección.

Como su reputación los precede, no hay demasiado espacio para el optimismo, pero aun están a tiempo de revertir el extravío y reencauzar la gestión en sintonía con el mandato electoral recibido en 2019, y apelar al apoyo de su base electoral para bancarse lo que venga. E intentar no seguir derritiendo la autoridad e investidura presidenciales en el proceso, afectando la gobernabilidad.  

Claro que para eso se requieren cualidades que no abundan en éste gobierno, y para muchos de sus integrantes -empezando por el presidente- significaría volver sobre sus propios pasos, desde el 2008 a la fecha. Autocrítica, que le dicen ellos cuando se la piden a Cristina y el kirchnerismo. Tuits relacionados:   

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viernes, 18 de marzo de 2022

PROPUESTAS SUPERADORAS

 

Hace un par de días decíamos en ésta entrada que las diferencias internas en el "Frente de Todos" eran más profundas que las puras ambiciones personales, o los posicionamientos frente a los temas de la coyuntura. Y que preexistían a la conformación de la coalición y no fueron saldadas, porque nunca se habilitaron los canales para eso; de allí que no extrañe que hoy asomen con toda crudeza. Sin que esto signifique que sean insalvables, o que no se puedan armonizar en busca de objetivos comunes, que excedan ganar una elección.

Y lo que está pasando en estos días con la creciente inflación (en especial en alimentos y bebidas) que erosiona los ingresos de los sectores populares (trabajadores, jubilados), y las medidas que el gobierno debería tomar al respecto, son una buena muestra de eso.

En la imaginación de un sector del oficialismo (mediático, de las redes sociales) el fracaso de la anunciada expropiación de Vicentín tuvo más que ver con la "propuesta superadora" que en su momento presentó Omar Perotti al gobierno nacional, que con la reculada de Alberto por las manifestaciones en contra de cuatro boludos con un Duna, en lugares  y con gente que jamás nos votarían, bajo ninguna circunstancia. A la derecha del blog en la etiqueta respectiva están los posteos del blog sobre el tema para el que le interesen, y verán que la cosa es más compleja, y toda propuesta (incluida la de Perotti) que no significara validar el vaciamiento de los Nardelli y Padoán en perjuicio de sus acreedores estaba destinada al fracaso, por las complicidades con que estos cuentan en el aparato judicial que tramita el concurso.

Por si eso fuera poco, no olvidemos que -siempre en el contexto del proceso inflacionario que vive el país- hace unas semanas el gobierno anunció que "analizaba" crear una empresa estatal de alimentos; anuncio que, como tantos en ésta gestión, se diluyó sin que supiéramos por qué, y sin que mediara ninguna "propuesta superadora" de Perotti. Más aun, esta vez ni siquiera marchas en contra hubo: otra vez, nos remitimos a lo dicho en su momento sobre las diferentes visiones políticas que conviven en el "Frente de Todos".

Ahora el gobierno anunció hace casi una semana el cierre del registro de las exportaciones de harina y aceite de soja, y cuando todo indicaba que habría un aumento de las retenciones de ambas cosas, hasta acá no se ha producido, como tampoco en ningún rubro exportable. Y si tuviéramos que apostar. diríamos que no se producirá por las razones antes expuestas, que hacen a la dinámica política de éste gobierno, por las convicciones del presidente y el núcleo duro que lo asiste en la toma (o no) de decisiones.

El año pasado y a propósito de idéntica medida (el cierre de exportaciones) para la carne, análizabamos en ésta entrada la medida y éramos escépticos respecto a su eficacia para evitar los aumentos, cosa en la que nos remitimos a los resultados por todos conocidos. También repasábamos en el posteo la complejidad que la cuestión presentaba para aquellas provincias como Santa Fe, en que la producción agropecuaria y los rubros industriales derivadas de ella son parte esencial de su economía; como sucede con los biocombustibles (asunto tratado en su momento acá) y con el polo aceitero.

Con el 80 % de las plantas de industrialización de granos y oleaginosas del país en Santa Fe, pedirle a Perotti que no plantee su preocupación por el cierre de esos dos rubros de exportaciones, sería como pedirle al gobernador de San Juan o el de Catamarca que no se interesen por la actividad minera. También es cierto que, como dice Perotti, un cierre de exportaciones (porque insistimos, hasta acá es la única medida que hay, no existe aumento de retenciones a nada) de rubros industrializados que agregan valor fomenta la reprimarización de la economía y afecta el balance de divisas que el país necesita, no solo para pagarle al FMI o los acreedores privados, sino para crecer y sostener ese crecimiento.

Pero las cosas son más complejas que eso que plantea el gobernador, que al reunirse ayer con el presidente planteó una serie de estímulos para incrementar la producción de trigo, que permita atender la demanda internacional creciente que generará el conflicto en Ucrania. Una mayor producción de algo (tanto destinado al mercado interno, como el exterior) no depende tanto de los estímulos que se puedan plantear desde las políticas públicas (básicamente, rebajas o exenciones de impuestos, créditos blandos a tasa preferencial, subsidios), sino de la demanda de lo que se produce.

Y en un contexto de alza de los precios internacionales de los alimentos que se viene verificando hace meses, y con una demanda que se dispararía por menor disponibilidad de recursos provenientes de los países envueltos en la guerra (como es el caso del trigo), no son necesarios mayores estímulos; ni tampoco está comprobado que una mayor producción redunde en menores precios para el consumo interno, si no se adoptan otras medidas. Como por ejemplo fijar retenciones altas e incluso móviles, algo que el ministro Guzmán acaba de descartar en el Congreso para el caso del trigo, el maíz, el girasol o la soja, productos todos que inciden -de modo directo e indirecto, por rentabilidades comparativas- mucho más en la inflación doméstica y la accesibilidad a bienes esenciales, que la harina o el aceite de soja, cuyas exportaciones se cerraron.

Los "estímulos" en todo caso (como los que plantea Perotti para el trigo) más que aumentar la producción (lo que terminan haciendo, pero de un modo indirecto), lo que provocan es reducir los costos de la producción, y aumentar en consecuencia los niveles de rentabilidad de los productores y exportadores; que son ya, en éste momento, colosales en dólares, precisamente por el contexto internacional descripto.  

El problema de la necesidad de divisas que bien señala Perotti no es indisociable del problema del consumo interno, y ambos son dos facetas del mismo problema: la definición de un modelo de desarrollo productivo con inclusión social y redistribución del ingreso, que no es ni más ni menos que el dilema original al que se enfrentó el primer peronismo; con alineamientos sociales que permanecen más o menos estables desde entonces, aun con todo el tiempo transcurrido. Si se los disocia, ocurre lo que bien señalaba Jauretche, cuando decía que denominaban "sobrantes de exportación" a lo que en realidad eran "faltantes del consumo interno". 

Como se ve, estas cuestiones económicas se reconducen rápidamente en políticas, pues saldadas (al interior del oficialismo o fuera de él) las disputas sobre el modelo económico y social a seguir, es necesario -en democracia- legitimarlo políticamente, para lo cual hay que ganar elecciones. Y si bien se puede conceder (y en parte en base a eso plantea Perotti lo que plantea) que hay electorados que cuidar no repitiendo errores del conflicto del 2008 (algo parecido le sucede a Kicillof con el interior agrario bonaerense), hay un electorado que nunca se debe abandonar, aunque nos haya abandonado el año pasado, y precisamente por eso: perdimos millones de votos -entre otras razones- porque el crecimiento económico o las vacunas no sirvieron de nada, si hay gente que hace malabares para llegar a fin de mes, y los precios de la comida son inaccesibles para los ingresos del trabajador promedio, o de un jubilado. 

De allí que sin discutir la necesidad de exportar más, agregar valor y sumar divisas necesarias para el país, no hay -no debería haber- prioridad mayor para el gobierno (en especial si es un gobierno que llegó al poder en nombre del peronismo) que hacer lo que haya que hacer para cuidar el bolsillo de los trabajadores y los más golpeados por la crisis; aunque haciéndolo se afecten intereses poderosos. 

Máxime cuando no estamos hablando de lujos asiáticos ni consumos innecesarios o derroches, sino simplemente de poder llegar a fin de mes, comiendo todos los días. Porque eso es, ni más ni menos, lo que se está haciendo difícil en la Argentina en estos días, y de lo que todos deberíamos estar hablando y mejor que hablar, viendo como se puede empezar a resolver ya, ayer. A menos que queramos volver a perder en la próxima elección.

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