LA FRASE

"EN ÉSTE PAÍS NO SE PUEDE TENER MENTALIDAD EMPRENDEDORA Y ARRIESGARSE EN LA BÚSQUEDA DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PORQUE ENSEGUIDA TE DESTRUYEN CON LA MÁQUINA DE IMPEDIR." (JOAQUÍN BENEGAS LYNCH)
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jueves, 7 de abril de 2022

SIN NINGUNA NECESIDAD

 


El voto a favor de la Argentina en la ONU para la suspensión de Rusia como miembro del Consejo de Derechos Humanos es injustificable, desde todo punto de vista.

Para empezar, desde la propia óptica y reglas de funcionamiento del sistema internacional de protección de los derechos humanos: los hechos en que se basa (crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Bucha, Ucrania) ni siquiera fueron investigados por la propia ONU o alguna de sus agencias, ni hay una versión independiente de las partes en conflicto medianamente confiable sobre como sucedieron, y quienes son sus responsables.

Por el contrario, todo indica que cayeron dentro de la bolsa de la guerra de operaciones cruzadas que, como siempre sucede en las guerras, causó como primera víctima a la verdad.

Tampoco puede fundarse en el principio de la reciprocidad: la Argentina apareció votando junto con los Estados Unidos, Israel y el Reino Unido (es decir, el apropiador de las Malvinas y dos que siempre votan en contra de nuestro reclamo de soberanía), para favorecer la posición de Ucrania (que también vota sistemáticamente en contra de nuestro reclamo) y en contra de Rusia, que nos apoya y siempre vota a favor. Estados Unidos e Israel (cuyos votos terminamos secundando) son, además, violadores seriales de los derechos humanos, lo que les resta autoridad moral en la materia. 

Todo eso sin contar la deuda de gratitud que tenemos con Rusia y su gobierno que nos vendieron vacunas cuando nadie lo hacía, y que hace poco el presidente -en otra sobreactuación necesaria que ahora se le vuelve en contra- le ofreció al país de Putin que la Argentina fuera su puerta de entrada a América Latina. O que medida la situación desde la óptica de los intereses nacionales (que es la única desde la que se deben juzgar las decisiones de un gobierno, en especial en política exterior, como  bien recordó hace días Cristina) Rusia nos ofreció financiamiento para proyectos de infraestructura, cuando todo el "mundo libre" nos lo negaba, o lo condicionaba a que arregláramos con el FMI.      

Menos se puede explicar el voto desde una estrategia coordinada con los demás países de la región, porque el México de López Obrador y el Brasil de Bolsonaro (hay que quedar a su derecha, eh) se abstuvieron, y la Bolivia de Evo Morales votó en contra, por solo citar algunos ejemplos; incluidas las decisiones de gobierno que el presidente dice respetar y admirar.

Y que no se diga que el voto (que remeda la peor época de las relaciones carnales del menemismo) es resultado del apoyo de Estados Unidos a la negociación con el FMI, porque se pasaron dos años diciendo que fue durísima, que no cedieron a ninguna pretensión inadmisible y que el acuerdo es novedoso por esas razones: no sea cosa que ahora se den vuelta en el aire y nos expliquen que, además de aceptar el monitoreo constante sobre la política económica, también debamos admitir el manejo desde afuera de nuestra política exterior.

Nadie medianamente informado puede creer que el muñeco de torta que tenemos como canciller tras su recordado paso por la jefatura de gabinete maneja esa política exterior: está muy claro que esa función le corresponde a Gustavo Béliz, y a Jorge Argüello, el Paladino que designamos como embajador en Yanquilandia, para que terminara siendo otro lobbista de ellos, frente a nosotros.

Empeñado en pelearse con su propia base electoral, con este lameculismo de vuelo corto el gobierno de Alberto Fernández ensombrece un aspecto de sugestión que, si no era brillante, estaba entre los más rescatables. Y no se diga que la gente tiene otras preocupaciones más urgentes a las que prestarle atención, porque en esos departamentos el gobierno no se viene destacando por la eficacia, precisamente.

Si hubiera que encontrarle la explicación a un voto inexplicable (o como dijimos, injustificable) tendríamos que pensar que se trata de mojarle la oreja a  Cristina y al kirchnerismo para que reaccione, y rompa definitivamente la coalición oficialista; en la que por momentos parece que molestara. Tuits relacionados:       

viernes, 19 de junio de 2020

LA PEOR MENTIRA ES UNA VERDAD A MEDIAS


El cierre de la negociación con los acreedores externos se viene prolongando una y otra vez, porque el gobierno no logra el acuerdo de la cantidad de ellos (o el porcentaje de sus acreencias) que necesita para que la propuesta no pueda ser saboteada por los fondos buitres que están a la pesca de títulos que pueden perder valor ante un posible default y que tienen espaldas para litigar en los tribunales del exterior, como pasó en anteriores oportunidades. Uno de los más notorios de ellos es BlackRock, vinculado además a innumerables negocios en el país y en el extranjero: a sus vínculos conocidos con SOCMA y las empresas del clan Macri, hay que sumarle su posible aterrizaje en Vicentín, por ejemplo, que fue otro de los factores que impulsó la expropiación.

Ahora, cuando todo indicaba que el gobierno había acercado posiciones con los acreedores y se cerraba el acuerdo, la cosa se empantanó: cuentan acá en La Política Online que "...para los nuevos bonos 2020, BlackRock quiere la letra chica de los bonos K y Guzmán quiere la letra chica de los bonos M. Repetir la indenture 2005 de los bonos K como exige el Grupo de acreedores Ad Hoc -bajo el liderazgo de BlackRock- equivale a garantizarse la permanente amenaza de los fondos buitre, pero además implica poner a la Argentina en una categoría estanca de país "de segunda" porque todos los demás países, desde el año 2014, emiten deuda con mecanismos más benevolentes para sortear crisis de deuda."

"Cuando en los años 2005 y 2010 el gobierno llevó a cabo el Canje anterior, les dio a los bonistas dos series de bonos, los Par y los Discount, con una letra chica estándar para la época y extremadamente dañina para el deudor. La forma del gobierno de mostrar un compromiso con los acreedores -a cambio de que ellos aceptaran una quita del 70%- era mediante estas cláusulas que volvían prácticamente imposible hacer una nueva reestructuración. Bajo esta normativa, el gobierno debe reunir la aprobación del 85% de las acreencias del total de los bonos elegibles con esta letra chica y además el 66,67% de cada una de las series. Si reúne esta exigente mayoría calificada, puede forzar al resto de los acreedores a canjear sus títulos compulsivamente y esta minoría pierde el derecho a litigar."

"Detrás de la idea de estas cláusulas se presupone que los Estados soberanos llegan a las crisis de deuda por irresponsabilidad fiscal propia y con estas cláusulas se les dan incentivos a los Estados a no defaultear, porque las probabilidades de conseguir el 85% de aprobación son bajas. En cambio, las probabilidades de ir a juicio y perder y terminar pagando todo -más punitorios- son altas. Más si estas se conjugan con cláusulas RUFO que dilatan en el tiempo la posibilidad de llegar a un acuerdo con los litigantes que no sea el mismo de los que entraron en el canje y con ventanas de tiempo amplias para litigar por el impago de capital o de intereses de 10 y 5 años respectivamente. Todo esto también forma parte de la "indenture 2005". En otras palabras, basta con que algún bonista reúna el 15% de los bonos elegibles con el "indenture 2005" y decida rechazar la oferta de Guzmán para que la reestructuración sobre estos bonos no llegue a buen puerto. Y tanto el grupo Ad Hoc de fondos acreedores que encabeza BlackRock como el grupo de los Bonistas del Canje superan cada uno ese 15% actualmente.". 

Es decir, lo que está pidiendo BlackRock -y esto no lo dice la nota- es para torpedear cualquier acuerdo, y seguir litigando en caso de default en los tribunales yanquis, en los que este tipo de fondos cuentan con todas las de ganar. Algo que por acá sospechábamos desde el principio, como diría el Chapulín Colorado. 

Lo otro que no dice la nota es que el kirchnerismo puso esas cláusulas en los canjes del 2005 y 2010 pero cumplió a rajatabla con el pago de los vencimientos de la deuda, mientras gobernó. Si es cierto que sin esas cláusulas nadie hubiera aceptado una quita que promediaba el 65 % del capital adeudado, en los canjes concluidos durante los gobiernos de Néstor y Cristina.

Cuando el macrismo se rindió incondicionalmente a los fondos buitres en el 2016, pagándoles sin quitas ni plazos de gracia, incluso más de lo que reclamaban, lo que no tenía fallo firme y hasta los honorarios de sus abogados, pudo "darse el lujo" de rebajar el porcentaje de aceptación para que funcionen las cláusulas de acción colectiva que obligan al conjunto de los bonistas a aceptar condiciones de reestructuración que cuentan con un aval de una mayoría de los acreedores, que por otro lado tampoco redujo tanto: en los prospectos de deuda emitidos en ese año para pagarles a los fondos buitres, las cláusulas de acción colectiva se disparan cuando una propuesta es aceptada por el 66 % de los bonistas, o del capital.

Plantear las condiciones establecidas en los canjes del 2005 y 2010 (con una quita del capital del 65 % promedio) para una propuesta en la que la quita del capital oscila entre el 5 % y nada, la poda está en los intereses y está en discusión cual es el VPN (valor presente neto) de cada título es, como dijo el ministro Guzmán, insostenible. O no tener ganas de arreglar, y buscar que se pudra todo para litigar.

Pero la nota tampoco cuenta que en el medio (es decir, entre los canjes del kirchnerismo y el arreglo de Macri con los fondos buitres) "pasaron cosas": como por ejemplo que en septiembre del 2015 la Asamblea General de la ONU aprobó lo que acá dimos en llamar "la doctrina Kirchner"; es decir los principios para reestructuración de deudas soberanas, destinados a limitar el margen de maniobra de los fondos especulativos, en caso de defaults o reestructuraciones soberanas de sus deuda por parte de los Estados.

Esos principios generales fueron luego incorporados por el Congreso nacional (a instancias de un proyecto enviado por Cristina) a nuestro orden jurídico con carácter de orden público, a través de la Ley 27207, en cuya votación los que luego serían oficialistas con "Cambiemos" (la UCR, el PRO  y la Coalición Cívica) se ausentaron; porque como decíamos acá, ya sabían que si llegaban al gobierno iban a pactar con los buitres en las condiciones que lo hicieron, y no querían comprometerse con un precedente que se les podía volver en contra.

Sin perjuicio de lo cual en octubre del 2018 (con el crédito externo ya cortado, un endeudamiento insostenible y gigantesco préstamo del FMI que lo hacía más insostenible aun), presentaron en el Congreso "...un proyecto para que los Estados elaboren en la ONU un marco internacional para la reestructuración de deudas soberanas, contra las maniobras especulativas de los fondos buitres y priorizando la atención de sus funciones esenciales, antes que el pago de las deudas con sus acreedores externos.".

viernes, 13 de septiembre de 2019

LA VUELTA AL MUNDO


Una de las banderas fundamentales de la campaña de "Cambiemos" en 2015 fue la necesidad de que la Argentina "volviera al mundo", y rompiera el aislamiento al que supuestamente la había condenado el kirchnerismo, "que solo mantiene relaciones fluidas con Irán y Venezuela".

"Volver al mundo" (sospechábamos por entonces, y pudimos confirmar en el gobierno de Macri) era reconectar al país con los mercados financieros internacionales por el canal de la deuda, para financiar un modelo de valorización financiera y fuga de capitales. "Mundo" eran "los mercados", y "los mercados" son Europa, Estados Unidos, Japón, y no mucho más.

La gestión de la política exterior estaría guiada -nos prometieron- por el más estricto profesionalismo, despojado de cualquier anteojera ideológica, poniendo como meta convertir al país "en el supermercado del mundo", y logrando que llegara al país "la lluvia de inversiones" atraída por la confianza que generaba el nuevo gobierno, por su sola asunción.

El fracaso en este renglón fue estrepitoso como, en general, en todos los rubros de la administración Macri que no estén directamente vinculados a la valorización financiera para la fuga, la destrucción del salario real y la precarización de la fuerza de trabajo, o la rapiña de los negocios de la runfla gobernante.

De modo que, como en todos los demás aspectos de su gobierno, en materia de política exterior y relaciones del país con el resto del mundo, Macri le dejará a su sucesor una pesada herencia, compleja para revertir. Y ahora que ya está de salida, es bueno puntualizar algunas de las aristas más controversiales de esa herencia, porque -entendemos- se proyectan con fuerza gravitante sobre el rumbo de la futura administración del país.

Para comenzar y al principio mismo de su gobierno, Macri rifó el amplísimo apoyo internacional cosechado por Cristina y Héctor Timmerman en la ONU en la pelea contra los fondos buitres, defendiendo el derecho de los Estados soberanos de reestructurar su deuda pública en condiciones compatibles con el crecimiento y la inclusión social.

Capitulando en toda la línea con Paul Singer y otros buitres similares (cuyo nómina total aun desconocemos) Macri no solo reintrodujo al país en un ciclo pernicioso de endeudamiento que condiciona seriamente su futuro, sino que sentó un pésimo precedente que dificultará gravemente en el futuro todo nuevo intento de reestructurar la gravosa deuda que deja como legado.

También nos introdujo de lleno en la lógica de las "relaciones carnales" con Estados Unidos (dando una vuelta de campana sobre su apoyo explícito a Hillary Clinton en la elección que ganó Trump), sin obtener a cambio siquiera contraprestaciones comerciales significativas: ahí están todavía el biodiésel, las exportaciones de carne, los famosos limones o los tubos de acero sin costura como los ejemplos más conocidos, pero no los únicos.

Y el alineamiento incondicional con los EEUU y sus objetivos de política exterior tuvo otras consecuencias: la lamentable posición asumida por el gobierno argentino en relación a Venezuela (convertida burdamente en tópico obsesivo de la discusión política interna) y el gobierno títere de Guaidó, y la reformulación de la doctrina de defensa nacional y el rol de las Fuerzas Armadas, para adaptarlas a la doctrina de las "nuevas amenazas" diseñada por el Comando Sur del ejército norteamericano.

A lo expuesto podríamos agregar el involucramiento en el conflicto del Oriente Medio secundando las posturas de Estados Unidos a Israel, con la absurda decisión de incluir como organización terrorista a Hezbollah, a la que ni siquiera la ONU considera así; y es una fracción política que integra el gobierno del Líbano, país con el que mantenemos relaciones diplomáticas y comerciales.

El caso Venezuela fue, a su vez, una etapa más de un proceso sostenido de destrucción de las instituciones de la integración regional como el Mercosur o la Unasur; que culminó con la firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea en condiciones gravosas para el país y la región, y con la descarada intromisión abierta del fascista Bolsonaro en la política interna de la Argentina, a favor de la reelección de Macri: una devolución de favores por el rápido reconocimiento del gobierno argentino al golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, y su silencio estruendoso ante la prisión de Lula, silencio que se reitera ahora, en la agresión contra Bachelet reivindicando a la dictadura de Pinochet.

El gobierno de Macri también cargará con el dudoso honor de ser el que (contrariando el mandato constitucional) abandonó la causa Malvinas y el reclamo de soberanía, para entablar también "relaciones carnales" a cambio de nada con el Reino Unido, al que incluso llegó a darle injerencia en los procesos de reequipamiento de nuestras Fuerzas Armadas, en otra bochornosa claudicación de soberanía; completada más tarde con adjudicaciones de áreas petroleras a compañías británicas, en el Mar Argentino.

Lejos de la sobriedad y el profesionalismo prometidos en campaña, y por el contrario, alineados bajo los más estrictos parámetros ideológicos de alineamiento con las directrices de política exterior de los Estados Unidos, el gobierno de Macri no dejó chapucería internacional por hacer, incluyendo roces con China y Rusia, cuyas inversiones e intereses en el país cuestionó por el solo hecho de haberse gestado durante el kirchnerismo; para acto seguido salir a mendigarles apoyo financiero, cuando fracasaron todas su otras alternativas.

Y para concluir, pero no menos importante: Macri también será recordado como el presidente que trajo de nuevo al FMI al país, embarcándonos en el préstamo más grande de nuestra historia y de la de ellos, estructurado como un gigantesco y desembozado aporte de campaña a su reelección, objetivo en el que también ha fracasado; legando para el futuro no solo la deuda de 57.000 millones de dólares que deberá afrontar el próximo gobierno, sino su reinstalada capacidad de injerencia en el diseño de nuestra política económica, con todo lo que eso significa.

Encima coronó el fracaso con un default en ciernes que convierte a su gobierno (y al país con él) en un paria a los ojos de aquellos a los que dirigió todos sus esfuerzos de seducción: en meses después de que las calificadores de riesgo le dieran la distinción de considerar a la Argentina como "mercado emergente", el mismo sistema de "validación de calidad" calificó a la deuda argentina en "default selectivo" primero, para quitarle la condición de "emergente" después. Mejor imagen gráfica de su rotundo fracaso, medido en sus propios términos de éxito, imposible de conseguir.

martes, 23 de octubre de 2018

CUCURUCHOS EN LA FRENTE


Leemos en Página12: “La Unión Cívica Radical comenzó a prepararse para enfrentar una nueva crisis de la deuda. “Reiteramos la necesidad de trabajar para establecer un mecanismo internacional para la reestructuración de las deudas soberanas”, reclama la última resolución de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana que lleva la firma el senador radical Ángel Rozas. El gobierno asegura que el país no tendrá problemas para hacer enfrentar sus pasivos gracias al préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) pero sus socios minoritarios en la alianza Cambiemos advierten en foros internacionales sobre los riesgos asociados a los niveles de endeudamiento excesivos y el accionar de los fondos buitre. El documento elaborado por el legislador chaqueño enfatiza la responsabilidad que tienen los Estados para “prevenir que los compromisos derivados de los procesos de endeudamiento impacten de manera negativa en el bienestar y en la tutela de los derechos humanos”.

La resolución del Euro–Lat fue aprobada a finales del mes pasado en Viena cuando todavía faltaban seis días para que el FMI informase la modificación de los términos del acuerdo Stand-By solicitada por Argentina. Condicionados al cumplimiento del programa de austeridad fiscal, flotación cambiaria y contracción monetaria, los desembolsos del FMI previstos para 2018 colocarán la deuda pública en niveles cercanos al 100 por ciento del PBI. “Los gobiernos no pueden considerar las obligaciones legales derivadas de un bono o un crédito como una obligación superior a otras obligaciones tales como el pago de las pensiones o la prestación de servicios públicos básicos”, sostiene la resolución firmada por el senador Rozas. La declaración que “insta a los gobiernos europeos y de América Latina a que aúnen esfuerzos para avanzar hacia un marco legal internacional para la reestructuración de las deudas soberanas” fue redactada, además de por el legislador argentino, por el economista catalán Ernest Urtasun que se desempeña como diputado por el partido verde en el Parlamento Europeo.

El texto propuesto por el ex gobernador chaqueño recomienda la adopción de los nueve principios básicos de Naciones Unidas e “insta a los gobiernos europeos y latinoamericanos a que aúnen esfuerzos para avanzar hacia un marco legal internacional para la reestructuración de las deudas soberanas”. La resolución enfatiza que el derecho de los países para encarar una reestructuración no debe verse obstaculizado “por las pretensiones de grupos minoritarios de acreedores que pueden aprovechar la inexistencia de marcos regulatorios en la materia, anteponiendo sus intereses especulativos”. El jefe de la bancada radical en el Senado se encuentra fuera del país pero sus asesores explicaron a Página 12 que la resolución es “extemporánea” ya que su redacción comenzó de la mano de legisladores del Frente para la Victoria en 2015 mientras tenían lugar las deliberaciones en la ONU.

A ver si entendimos bien: después de haber armado el blindaje y el Megacanje en el 2001 que nos llevaron de cabeza al default; y después de haber aprobado el arreglo con los fondos buitres por los que se pasaron para el cuarto los principios de la ONU sobre reestructuración de deudas soberanas de los Estados, aprobados en septiembre del 2015 a instancias de la Argentina por la Asamblea General, con una amplia mayoría de votos de países de todo el mundo que respaldaron la posición del gobierno argentino; que nosotros dimos en denominar "la doctrina Kirchner": los muertos no pagan sus deudas.

Principios de la ONU que fueron incorporados con carácter de orden público al ordenamiento jurídico argentino por la Ley 27.207 sancionada en noviembre del 2015, en cuya votación se ausentaron (ver acá el acta respectiva) porque ya sabían que la iban a violar capitulando ante los buitres; sin reparar en que aunque ellos no la votaran, es igual ley del Estado argentino, que los obligaba como sus representantes.

Y después de haber vuelto a recurrir al FMI (al que no le debíamos nada, porque Néstor canceló la deuda en enero de 2006) para endeudarnos primero en 50.000 millones de dólares, y luego en otros 15.000 más, sin pasar por el Congreso; invocando el artículo 60 de la Ley 24.156 de Administración Financiera aprobada a instancias de Cavallo en el menemismo, violando así la Constitución Nacional en sus artículos 75 (incisos 4) y 7), 76 (sobre delegación legislativa) y cláusula transitoria octava (sobre caducidad de la legislación delegada).

Después de todo eso, de haber metido al país en una espiral de deuda incontrolable que nos pone a las puertas de otro defáult o ante una futura e impostergable reestructuración de la deuda (tanto que incluyeron solapadamente un artículo en el presupuesto que les posibilite otro mega-canje) y de estar a horas de votar un presupuesto de ajuste elaborado por el FMI como contrapartida por su asistencia financiera a la fuga de capitales, quieren volver al punto de partida.

Y firmaron un proyecto para que los Estados elaboren en la ONU un marco internacional para la reestructuración de deudas soberanas, contra las maniobras especulativas de los fondos buitres y priorizando la atención de sus funciones esenciales, antes que el pago de las deudas con sus acreedores externos.

Es decir, lo que hizo el kirchnerismo con los dos canjes de deuda, los mismos principios que el kirchnerismo impulsó en la ONU y ya fueron aprobados, y que Cristina volcó en lo que luego sería la Ley 27.207, que no votaron, para no comprometerse a cumplir algo que sabían que no iban a poder cumplir, porque los fondos buitres les financiaron en parte la campaña, para sacar al kirchnerismo del gobierno, y poder cobrar todo lo que pretendían.

La UCR, o como a a veces es imposible conseguir más cucuruchos en la frente.

viernes, 13 de enero de 2017

CONTINÚAN LAS SORPRESAS (?)


En el Boletín Oficial de ayer (verlo completo acá) se publicó el Decreto 29/17, por el cual Macri autorizó al flamante ministro de Finanzas Caputo a colocar deuda en los mercados de capitales por 20.000 millones de dólares. Como se trata de gente amiga de la casa según veremos, ya la adelantaron 6000 millones, a cuenta de la emisión.

Además de las cláusulas de rigor (como la prórroga de jurisdicción en favor de tribunales extranjeros, o la renuncia a ciertos aspectos de la inmunidad de jurisdicción soberana), el artículo 3 inciso b) de la norma faculta a Caputo a "Designar instituciones financieras que participarán en la colocación de los nuevos títulos públicos;"; o sea elegir los bancos que participarán de la emisión (cobrando las suculentas comisiones de rigor, desde luego), sin forma alguna de procedimiento licitatorio, o nada que se le parezca.

También ayer nos enteramos por ésta nota de Página 12 a la que corresponde la imagen de apertura, cuáles son esos bancos, y que entre ellos están el Deutsche Bank y el JP Morgan.

Es decir los ¿ex, actuales, futuros? empleadores del propio Caputo, y de su antecesor Prat Gay; respectivamente.

Con lo cual se confirmaría que más que el gobierno de los CEO's, éste sería el gobierno de los conflictos de intereses: todo, menos inesperado o sorprendente.

Como dato de color, al fijar las pautas para la emisión de la nueva deuda, el decreto en su artículo 1 dice que la emisión de los bonos queda sujeta a "que se incluyan las denominadas “cláusulas de acción colectiva” y cláusula de “pari passu”, de conformidad con las prácticas actuales de los mercados internacionales de capitales.".

O sea, no los principios de regulación y reestructuración de las deudas soberanas aprobados por la Asamblea General de la ONU a pedido de la Argentina durante el gobierno de Cristina (más información al respecto, acá).

Tampoco debe extrañar -a esta altura de los acontecimientos- que el gobierno de Macri haya ignorado olímpicamente la vigencia de la Ley 27.207 (completa acá), dictada en noviembre del 2015 (un mes antes de asumir Macri); cuyo artículo 1 declara de orden público para el derecho internos argentino esos principios básicos aprobados por la ONU; y por ende aplicables a cualquier emisión de deuda del Estado argentino.

Lo que supone que ante una nueva crisis de deuda (nada descabellada, dado el elevadísimo nivel de re-endeudamiento del gobierno de Macri) volveríamos al mismo punto en que estábamos cuando se produjeron los canjes, y el país tuvo que soportar por años el ataque de los fondos buitres en los tribunales extranjeros.  

jueves, 6 de octubre de 2016

MACRI,CORRÉ A MALCORRA


No podía ser y no fue: la aventura de Malcorra en busca de la Secretaría General de la ONU terminó como tenía que terminar, con escaso apoyo y naufragando ante el previsible veto del Reino Unido; que jamás podría aceptar convalidar que se entronice en ese cargo a alguien cuyo país de origen (porque nuestra canciller tiene ciudadanía española) sostiene con ellos una disputa irresuelta por la soberanía de Malvinas.

Algo que por supuesto nuestra semianalfabeto funcional presidente pareció no comprender, como lo comprueba su papelonazo en la propia Asamblea General de la ONU al tergiversar las declaraciones de la premier británica Theresa May.

El veto inglés a Malcorra terminó siendo el único en su contra de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad por razones prácticas: Rusia y China tenían motivos tanto o más valederos para objetarla, pero prefirieron que otros cargaron con el costo político de tomar la antipática decisión de ponerle “bolilla negra”.

Rusos y chinos tenían motivos para objetar a Malcorra, y son obvios: ambos países fueron zambullidos de pleno en las disputas domésticas de la Argentina y en ese marco, las vinculaciones del país con ellos fueron puestas bajo la lupa de la “revisión de la pesada herencia recibida” por “Cambiemos” del kirchnerismo; para luego (sequía de dólares mediante) recular en chancletas y pedir la escupidera de divisas e inversiones, no sin antes sumar un papelonazo personal -mano a mano- de Macri con Putin.

Si la candidatura de Malcorra hubiese sido una aventura personal de la canciller, vaya y pase, pero fue más que eso: tuvo el apoyo indisimulado del Departamento de Estado, y a partir de eso el gobierno argentino (interesado en reflotar las “relaciones carnales”) la hizo propia, bajo la pavota consigna de “volver a insertarnos en el mundo”. De allí que sea correcto considerar al traspié como una derrota de la administración Macri, que no dejó torpeza diplomática y política por cometer en el empeño.

Pero hubo más: siendo que la nominación del Secretario General de la ONU implica un proceso que involucra a los miembros del Consejo de Seguridad, el gobierno argentino actuó con total desconocimiento del hecho de que sus miembros no permanentes están puestos en sus bancas en representación de bloques regionales; y en esa condición lo integran actualmente Uruguay y Venezuela, en representación de América Latina.

¿Hace falta decir que el gobierno bolivariano ha sido objetivo privilegiado de los ataques de la administración de Macri, desde aquél insólito pedido de aplicación de la cláusula democrática del MERCOSUR hasta el actual intento de acorralar al gobierno de Maduro en tándem con el gobierno golpista de Brasil, amenazando a los venezolanos con excluirlos del bloque regional?

Tampoco es menester recordar que esa embestida no ha contado hasta acá ni siquiera con el apoyo del moderado gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez; país que también integra el Consejo de Seguridad.

Para peor, en medio de la definición del proceso de nominación del Secretario General de la ONU, Malcorra volvió a meter la pata y mal, cuestionando la decisión del gobierno de Colombia de someter a plebiscito los acuerdos de paz con las FARC, una cuestión que -es obvio señalarlo- es resorte exclusivo y privativo de los colombianos, donde los demás países no tienen por que meterse. Un pésimo antecedente para alguien que aspire a conducir el organismo multilateral: desconocer uno de sus principios fundamentales, como es el de la no ingerencia en los asuntos internos de otros Estados.

Malcorra fue el globo (sea entendida la expresión sin connotaciones políticas locales) de ensayo de una administración de los EEUU que concluye su mandato con todos los síntomas del “pato rengo”, a cuyo destino ha atado Macri buena parte de su intento de “volver al mundo”; a punto tal que en otro papelón internacional viene metiéndose de lleno en la campaña electoral yanqui, sin ningún interés nacional que lo justifique, ni siquiera desde la óptica de las “relaciones carnales”.

Otra muestra más de la absoluta falta de profesionalismo de una diplomacia que ha reclutado embajadores de la calaña de Ramón Puerta, Miguel Del Sel o Luis Juez; que viene de protagonizar otro papelón con el gobierno de Ecuador por sus declaraciones sobre la visita de Cristina y su condecoración por la Asamblea Nacional.

Malcorra fue la candidata de EEUU a la ONU a la cual Macri aceptó prestarle la cancillería por unos meses, para proveerle de la logística necesaria para dar varias vueltas por el mundo promoviendo su candidatura; auspiciada y promovida por el país de mayor desprestigio internacional, visto desde la óptica del multilateralismo que representa la ONU, como que es su principal saboteador con sus aventuras imperiales.

Y hablando de sabotear el multilateralismo (mientras se auspicia una candidatura para la ONU), no hay que subestimar los papelones que en ese plano hizo el gobierno de Macri en los meses que lleva de gestión: en un plano general y a poco de asumir tiró por la borda con su leonino acuerdo con los fondos buitres los principios para la reestructuración de deudas soberanas que el organismo aprobó por amplísimo margen, a partir de un proyecto elaborado por la Argentina bajo el gobierno de Cristina.

De ese modo sentó un nefasto precedente para futuras reestructuraciones de deuda, que va más allá del caso argentino; y así ha sido leído en medios internacionales. Claro que la rusticidad de la óptica con la que el macrismo mira ese “mundo” al que volvió le impide percibir estas cuestiones.

Pero aun vista la cuestión desde la óptica de nuestro diferendo por Malvinas, con sus concesiones a los ingleses en materia de pesca y petróleo Malcorra y Macri (que se revelaron inútiles para sortear el previsible veto) tiraron también por la borda el éxito diplomático conseguido por el trabajo constante de sucesivos gobiernos y coronado por el de Cristina al validar la ONU a principios de año nuestra presentación sobre los límites de la plataforma continental.

Aunque se hubiera tomado como válido el objetivo buscado por Macri al promover la candidatura de Malcorra, el plan seguido para conseguirlo fue espantoso, y el retroceso para los intereses del país (nunca consultados en el transcurso del ensayo), descomunal: hoy estamos más lejos de discutir sobre la soberanía de Malvinas que nunca después de la guerra del 82’, y nuestra posición para negociar es más débil que antes.

Sólo por eso y sin considerar que es dudoso que alguna vez haya tenido otro interés que el personal de ser Secretaria General de la ONU, Susana Malcorra debería renunciar a su cargo.

jueves, 22 de septiembre de 2016

REMANDO EN DULCE DE LECHE


El papelón protagonizado por Macri y su gobierno en torno a la cuestión Malvinas puede ser analizado desde varios puntos de vista, el primero y el más obvio es el tratado acá, a partir del comunicado conjunto de ambos gobiernos luego de la reunión entre Malcorra y el número dos del Foreign Office.

Como se dijo entonces, la “hoja de ruta” trazada por las partes en los temas que hacen a las relaciones bilaterales es preocupante, porque consulta prioritariamente los intereses de los ingleses y casi ninguno nuestro, en especial en lo referente a Malvinas: resucitando la fórmula del “paraguas” del menemismo para poner a un costado el reclamo por la soberanía de las islas, Malcorra comprometió de un modo más o menos explícito concesiones al Reino Unido, sin obtener nada a cambio; ni en el avance del proceso de negociación al que viene convocando la ONU desde 1965, ni en la desmilitarización de las islas. Por el contrario, el acuerdo también involucra “la cooperación entre ambas Fuerzas Armadas”, y en la Antártida.

Concesiones indudablemente pensadas para sortear el veto británico en el Consejo de Seguridad de la ONU a la candidatura de Malcorra a la Secretaría General del organismo, porque no hay ningún interés nacional (ni siquiera la soberanía de las islas, que los ingleses siguen negándose a discutir) que las justifique. Pensar que esta gente suele anatemizar como “clientelismo” la entrega de colchones o bolsones de comida en las elecciones, a cambio de un voto.

Como decíamos también antes, de ese modo y por esas razones, Malcorra (con la venia de Macri, obviamente) se pasó a nado la cláusula transitoria primera de nuestra Constitución Nacional incorporada en la reforma del 94’, y asumió un semi-compromiso por escrito de propiciar la derogación de la Ley 26.659 (2011) que penaliza todas las actividades de explotación de la plataforma continental marítima en torno a las islas, y disponer el levantamiento de las sanciones dictadas en su consecuencia a las empresas que operan concesiones o ejecutan contratos otorgados por los kélpers.

Cuando en plena euforia del “Mini Davos” comenzaron a filtrarse los detalles del acuerdo firmado por Malcorra y generaron reacciones incluso hacia el interior de “Cambiemos”, el gobierno decidió huir hacia delante: el presidente fue a la ONU y tras un anodino discurso en la Asamblea General, anunció que los ingleses aceptaban por primera vez en más de 50 años sentarse a discutir sobre la soberanía, nada menos; porque así se lo había dicho la primer ministra británica.

Solo suponer que malinterpretó su charla de café con la premier May porque fue en inglés no justifica el papelón, sino que lo agiganta: demostraría que estamos en presencia de alguien cuya superficialidad innata le impide penetrar en lo profundo de las cosas, y comprender realmente lo que está en juego en determinadas circunstancias, o con quien está tratando en cada caso.

Desde allí asistimos al récord mundial de un presidente desmentido por su propio canciller primero, y por el Foreign Office después; y que no obstante eso seguía insistiendo en su versión de los hechos; cuando lo aconsejable por la magnitud del patinazo era callarse la boca, y pasar a otro tema. Malcorra (ausente en la reunión “informal” de Macri con May, seguro que por andar rosqueando de cara a la elección en la ONU) lo volvió a desmentir.

¿Tendrá claro ésta gente lo que supone la investidura presidencial, o en las empresas de las que vienen estarán habituados a enmendarles la plana a los CEOS, o si lo son a que sus empleados los contradigan?

El presidente seguro que no, porque se comporta en las reuniones internacionales como si fuera un encuentro entre amigos en el country; y aun pasando por alto si Putin tiene o no tiene sentido del humor, en los países que ellos no dudarían en llamar “serios” sí toman en serio estas cuestiones, y en el fondo al que no lo toman en serio es  a Macri; pero no  por eso dejarán pasar la oportunidad de aprovechar sus papelones, y utilizarlos en su beneficio.

Desde la estricta óptica de los intereses nacionales, es muy posible que la bochornosa actuación de Macri tanto como el ñoquismo de Malcorra (concentrada más en sus aspiraciones personales que en su función como parte del gobierno) les den a los ingleses la excusa perfecta para seguir dilatando sine die la discusión por la soberanía de Malvinas, cuando la posición del país era mejor para comenzar a presionar en ese sentido: habiendo sacado del medio la excusa de los hold outs por el arreglo leonino firmado por el gobierno (contradiciendo por cierto los principios aprobados por la ONU a pedido nuestro), en pleno  “regreso al mundo” y salida al mercado de capitales y apertura a la inversión extranjera sin restricciones ni condicionamientos.

Y con Londres en pleno proceso del Brexit, con la posibilidad concreta de que las islas fueran excluidas de la cartografía de la Unión Europea, y los ingleses perdieran aliados continentales por esa razón. Ni hablar del hecho de que éste mismo año la ONU validó nuestras pretensiones sobre la plataforma continental, logro opacado ahora en sus proyecciones por las concesiones de Malcorra.

Desesperados por tirarle una soga desde acá al imitador de Freddie Mércury, los medios nacionales (con la visible incomodidad de La Nación, dividida entre dos amores por estar la rubia Albión en el medio) activaron el blindaje mediático que si bien es eficaz en el país, se revela insuficiente a escala internacional; y cuando al personaje se le suelta la mano afuera y no hay titular sobre “la ruta del dinero K” que lo salve, su pequeñez es indisimulable: pasó con el MERCOSUR y el pedido de aplicar la cláusula democrática a Venezuela, volvió a ocurrir con el cuestionamiento a las inversiones chinas en el país para luego terminarpidiendo la escupidera en el G20, vuelve a suceder ahora con Malvinas, la ONU y el Reino Unido. Intentar disimularlo es como remar en dulce de leche: algo muy trabajoso.

La oligarquía argentina y su difuso sentido de lo nacional, borroneado por años de colonialismo y entrega cipaya, vuelve hoy reciclada en éste presidente banana que cree que toda salida al exterior es un foro de inversores, y que siempre está hablando entre empresarios. Como claro representante de esa clase que es, desdeña los conceptos de soberanía y patriotismo por arcaicos, y opuestos al espíritu globalizador de la época; aunque en su caso es probable que lo haga porque simplemente tienen una densidad inaccesible para mentes como la suya, acostumbradas a la simpleza de balances y análisis de costo-oportunidad-beneficio.

Y sin embargo esas nociones están muy presentes en los países “serios” del llamado “Primer mundo”, aunque disimuladas bajo la espesa costra de subordinación de los gobiernos a las lógicas de los mercados: la primacía mundial del capitalismo globalizado se sustenta no solo en sus virtudes económicas, sino en el poder de disuasión que supone la fuerza militar pura y dura, monopolizada por los Estados.

Si uno fuera macrista, diría que la torpeza presidencial malogra hasta sus propios “logros”, pero la cosa es peor aun: es como si al salir a la escena mundial Macri quedase bajo la mirada de una lupa aun más grande que la del país, y se notara más claramente aun que no da la talla; y que los azares electorales (mezcla de virtudes propias y defectos ajenos) lo colocaron en un lugar que le  queda muy pero muy grande, y no lo puede disimular.

jueves, 19 de mayo de 2016

CAMBIAMOS: ¿ISLAS POR PUESTO EN LA ONU?


El hecho pasó casi desapercibido o fue tapado por otras cuestiones más acuciantes, pero la canciller Susana Malcorra hace casi un mes que no está en el país, viajando por múltiples países a costilla nuestra; y no precisamente por razones vinculadas a sus funciones.

Aunque trató de disimularlo yendo por ejemplo a visitar la misión de “cascos blancos” argentinos destacados en el Líbano, la señora anda de campaña electoral, para su postulación a la Secretaría General de la ONU; algo que -dicen- el gobierno de Macri oficializaría éste mismo viernes.

De acuerdo con el artículo 97 de la Carta de las Naciones Unidas, el Secretario General de la organización es designado por la Asamblea General, a propuesta del Consejo de Seguridad; y como toda decisión de éste órgano, debe contar con el voto de los 5 miembros permanente con derecho a veto: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Basta la oposición de uno solo de ellos para que cualquier candidatura naufrague.

Tal vez por eso Malcorra pasó casi la mitad del tiempo de su ya largo periplo mundial en Londres, donde tuvo varias reuniones con los funcionarios del Foreign Office, es decir el ministerio de relaciones exteriores británico; y donde además se hizo tiempo para hacer declaraciones a los medios locales, como por ejemplo ésta nota publicada en el Financial Times que leíamos en la edición de ayer de ElCronista

En la que dice cosas como éstas: “Las Islas Malvinas ya no son el tema dominante en la relación entre Argentina y el Reino Unido y no debería desviar la atención de las prioridades bilaterales más importantes como el comercio y la inversión, afirmó la nueva ministra de Relaciones Exteriores a Financial Times. En una entrevista en Londres, Susana Malcorra, aseguró que la anterior administración se había "centrado demasiado" en las islas.; aunque luego aclara: “Las islas todavía son máxima prioridad porque están incluidas en la Constitución y si descartara el asunto estaría yendo en contra de la Constitución.” (las negritas son nuestras)

Se refiere por supuesto a la cláusula transitoria primera de la Constitución, introducida en la reforma de 1994: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.”.

Claro que para el gobierno de Macri -que estuvo dos veces mano a mano con Cameron desde que es presidente, y ni siquiera mencionó el tema Malvinas- “permanente e irrenunciable” no equivalen necesariamente a “prioritario”, o “primordial”.

Tan es así que en La Nación deayer Martín Di Natale explicaba algunos detalles del “plan de acercamiento” de Macri a los kélpers: “La posibilidad de compartir negocios petroleros o marítimos con los isleños no es remota para el Gobierno. Dos temas concretos podrían ampliar esta estrategia de acercamiento a los kelpers en esos temas sensibles: el reciente fallo de la ONU que habilitó la ampliación de la plataforma continental marítima de la Argentina y que se extiende más allá de Malvinas y el inminente referéndum de Gran Bretaña que podría alejar a Londres definitivamente de la Unión Europea (UE).”.

La referencia a la posible separación del Reino Unido de la Unión Europea carece de sentido, referida a la cuestión Malvinas: aun de producirse, no cambiaría el “status” jurídico de los kélpers (que seguirían siendo parte del mismo Estado que hoy: el Reino Unido), ni debería cambiar la tradicional tesis argentina de desconocer su derecho a la “autodeterminación” (por ejemplo para disponer sobre los recursos naturales de las islas), por tratarse de una violación de la integridad territorial de un Estado -el nuestro- afectada por una situación de ocupación colonial, originada en un acto de fuerza.

Por el contrario, si el Reino Unido abandonara la UE, nuestra posición para negociar por Malvinas se vería fortalecida, porque los demás países del bloque ya no se verían forzados a apoyar la postura inglesa; o mantenerse al margen de la disputa.

La pregunta que cabe hacerse entonces en relación a la política sobre Malvinas es ¿estamos acaso cambiando el reclamo por las islas por un cargo en la ONU para una funcionaria del gobierno, “logro” que de producirse se mostraría como una muestra esplendente de nuestro “retorno al mundo”, contraponiéndolo a su vez con la designación del Papa argentino que “se volvió kirchnerista”? 

De ser así ¿no venían acaso con “Cambiemos” los tiempos de la “profesionalización” de la política exterior?

Más allá de los apoyos que Malcorra tiene en la propia burocracia de la ONU (fue jefe de gabinete de Ban Ki Moon, y encubridora de acusaciones de abusos sexuales cometidos por los“cascos azules” en perjuicio de refugiados en la República Centroafricana), no es descabellado pensar que el apoyo de Macri a su postulación viene por ese lado; porque a su gobierno poco le han importado hasta acá las Naciones Unidas.

Para muestra de eso, basten dos botones: el primero es que, cerrando la negociación con los fondos buitres del modo en que la cerró, se pasó a nado los principios de reestructuración de las deudas soberanas de los Estados que patrocinó la Argentina durante el gobierno de Cristina; y obtuvieron el apoyo de 136 países en la Asamblea General.

Y el segundo está justamente vinculado a la explotación de los recursos naturales de nuestra plataforma continental: si es cierto lo que cuenta Di Natale, aceptando entrar en negociaciones con los kélpers por esos recursos el gobierno de Macri estaría dejando de lado el reconocimiento que hizo la propia ONU este mismo año de los límites exteriores de la plataforma propuestos por la Argentina, al tiempo que tomaba nota de la disputa de soberanía entre nuestro país y el Reino Unido, no una discusión “mano a mano” entre el gobierno argentino, y los habitantes de las islas.

martes, 29 de marzo de 2016

LA PESADA HERENCIA RECIBIDA


En lo que constituye un fuerte avance jurídico en materia de reafirmación de los derechos soberanos de la Argentina sobre los espacios marítimos y sus recursos en el Atlántico Sur, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) -un grupo de expertos internacionales que funciona en las Naciones Unidas- adoptó por consenso (sin votos en contra) las recomendaciones sobre la presentación argentina del límite exterior de su plataforma continental. Reconoció, así, la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido en la zona de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

El organismo de la ONU es uno de los que fueron creados para la aplicación de la Convención Internacional sobre el Derecho del Mar aprobada en Montego Bay (Jamaica) en 1982, que comenzó a regir en 1994 al alcanzar las 60 ratificaciones de países firmantes; y su pronunciamiento es un enorme éxito diplomático para la Argentina, comparable a la Resolución 2065 (1965) de la Asamblea General; que reconoció la existencia de una situación colonial en Malvinas, y una disputa por la soberanía de las islas entre nuestro país y el Reino Unido, que instó a zanjar por la vía de las negociaciones diplomáticas.

La presentación argentina fue realizada en abril de 2009 como la culminación de un largo trabajo comenzado en 1997 con la sanción de la Ley 24.815, que creó la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (CONAPLA); como organismo responsable de realizar todos los trabajos inherentes a formular la propuesta de nuestro país sobre delimitación exterior de su plataforma continental; propuesta que ahora aceptó el organismo de la ONU, incluyendo el área continental, islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Antártida Argentina. 

La superficie comprendida en la demarcación presentada, entre las 200 millas marinas y el límite exterior, es de 1.700.000 km2, equivalente a cerca del 48% del territorio emergido de la República Argentina, que se suman a los casi 4.800.000 km2 comprendidos entre las líneas de base y las 200 millas marinas; y el comité de expertos de la ONU reconoció el caso de nuestro país como un leading case, pues fue el primero en el que se utilizaron todos los elementos permitidos por las normas vigentes de la forma más favorable para el país.

Por si alguno cree que la actual administración del país tiene algún mérito en el pronunciamiento, baste recordar que la presentación final (en base a la cual se produjo el dictamen) la hizo el gobierno de Cristina en abril del 2009 (ver acá la nota original en La Nación), e involucraba más de 30 tomos de documentos y material de base digital, cosa que en apenas 100 días es algo difícil de lograr:


Y si alguno piensa que la resolución de la ONU está vinculada a la visita de Obama al país y a que con el gobierno de Macri "nos reinsertamos en el mundo", más errado estará aun: los Estados Unidos son uno de los pocos países del mundo que ni siquiera firmaron la Convención del Derecho del Mar, pese a que fueron el primer Estado en reclamar derechos soberanos sobre su plataforma continental, en 1945 con la llamada doctrina Truman. La Argentina lo haría solo un año después, durante el primer gobierno de Perón.
En la imagen de abajo pueden ver en gris a los países que no firmaron la convención, y en verde claro a los que sí lo hicieron, pero aun no la ratificaron: 

La Argentina completó su presentación en abril del 2009, dos semanas antes del plazo previsto por la ONU para que los Estados firmantes de la Convención lo hicieran. Tal vez los memoriosos recuerden el detalle, porque hubo por entonces una profusa campaña de mails y a través de las redes sociales denunciando la presunta inacción del gobierno de Cristina, que nos haría perder definitivamente todos nuestros derechos.
Que los EEUU no hayan firmado la Convención no es para sorprenderse, en tanto es uno de los Estados con más bajo registro de firma y ratificación de instrumentos jurídicos multilaterales en el marco del sistema de la ONU; y su política exterior es una de las amenazas más serias para la consolidación del multilateralismo.
De hecho, la semana pasada al presentar su escrito como "amicus curiae" en favor de la Argentina ante la Corte de Apelaciones de Distrito de Nueva York -que debe tratar las apelaciones interpuestas por los fondos buitres contra la decisión de Griesa de desbloquear los pagos a los acreedores que ingresaron a los canjes de deuda- (ver el escerito completo acá, vale la pena) sostuvo que "Los mandatos también dieron lugar a una proliferación de propuestas problemáticas en Naciones Unidas y otros foros internacionales de modificar el actual sistema de resolución de la deuda soberana, incluyendo un intento de crear un mecanismo de resolución de la deuda soberana basado en tratados..".
Se refiere, claro está, a la resolución aprobada el año pasado por la Asamblea General de la ONU por 136 votos a favor y 6 en contra (entre ellos, el de los EEUU) sobre los principios que han de regir la elaboración de una convención internacional sobre reestructuración de las deudas soberanas; que luego el Congreso argentino incorporada a nuestro régimen jurídico interno con carácter de orden público, mediante la Ley 27.207 sancionada también el año pasado, y que el gobierno de Macri dejó olímpicamente de lado en su negociación con los fondos buitres.
Lanzado a un feroz relanzamiento de las relaciones carnales con la principal potencia del mundo (que avasalla permanentemente con sus políticas imperialistas el multilateralismo expresado en la ONU), y con el único antecedente -en poco más de 100 días de gestión- sobre el tema Malvinas (que Macri ni siquiera mencionó en sus entrevistas con Cameron y Obama) de haber disuelto la secretaría creada en la cancillería por Cristina para tratarlo especialmente, que el gobierno de "Cambiemos" tratara de apropiarse de éste éxito diplomático del país (de vital importancia justamente para el reclamo de soberanía sobre las islas) sería poco menos que patético.

domingo, 13 de marzo de 2016

AL FINAL, NOS VAN A TERMINAR CONVENCIENDO: VERBITSKY LEE NESTORNAUTAS


Leemos al Perro en Página 12 de hoy: "Lo llamativo es que el oficialismo haya ignorado una tercera ley, por añadidura más reciente, promulgada hace apenas cuatro meses, que provee de argumentos a los bonistas reestructurados para exigir igual trato que los buitres. El 10 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por 136 votos a favor contra seis en contra (Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, Canadá e Israel) y 41 abstenciones los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana. Incluyen el derecho discrecional de todo Estado a reestructurar su deuda sin sufrir el obstáculo de medidas abusivas; la buena fe y la transparencia en las negociaciones; la igualdad entre los acreedores; la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución ante los tribunales extranjeros; el respeto a los requisitos de inclusión y el estado de derecho. También debe contemplarse “el crecimiento económico sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales”, y “respetando los derechos humanos”. Los acuerdos de reestructuración “no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros Estados o por una minoría no representativa de acreedores, que deben respetar las decisiones adoptadas por la mayoría de los acreedores”. El 4 de noviembre el Congreso sancionó la ley 27207/15, que el Poder Ejecutivo promulgó el 9 de noviembre. Su único artículo dispositivo declara “de orden público” esos Principios Básicos, que acompaña en anexo, “los que forman parte del ordenamiento jurídico de la República Argentina”. Para el lego, la declaración de orden público puede resultar opaca o incluso incomprensible. Pero en el derecho internacional privado, que dirime los conflictos de jurisdicción internacionales, regula la incompatibilidad de una ley extranjera con los principios y valores fundamentales del ordenamiento interno, como es el caso del arbitrario fallo del juez Griesa. Si en noviembre la ley argentina subordinó el cumplimiento de aquella decisión a los principios de las Naciones Unidas, es de alta probabilidad que quienes participaron de buena fe en negociaciones transparentes y formaron una mayoría del 93 por ciento de los acreedores para un acuerdo que, además del interés de los acreedores, permitió un crecimiento económico sostenido e inclusivo, con respeto por los derechos humanos de la población, se sientan perjudicados por el trato que ahora se intenta ofrecer a una minoría no representativa de apenas el 7 por ciento de los acreedores, y busquen que otro juez declare la igualdad entre todos los acreedores y potencie el problema que el gobierno desea clausurar. " (las negritas son nuestras)

Leíamos en ésta entrada del 1º de marzo: "Las leyes que habría que derogar son básicamente tres: la Ley 26.886 (2013) o “ley cerrojo” (que impide mejorar la oferta de los canjes, y hacérsela incluso extensiva en los mismos términos a acreedores que litigan judicialmente contra el país), la Ley 26.984 de “pago soberano local” (2014) dictada para sortear el “stay” de Griesa quer bloqueó pagos a los bonistas del canje con ley Nueva York y la Ley 27.207 sancionada el año pasado (quizás la más olvidada en los análisis); que incorporó con carácter de orden público al sistema jurídico argentino los principios sobre la reestructuración de deudas soberanas aprobados por la Asamblea General de la ONU, a propuesta de la Argentina.

...el caso de los principios de la ONU fue tratada en ésta entrada, en la que señalábamos que la entonces oposición (y hoy oficialismo) encontró la excusa perfecta en la discusión por la designación de los nuevos miembros de la Auditoría General de la Nación, para rajarse del recinto y no avalar con su voto favorable (o no quedar escrachada votando en blanco) un marco jurídico que se da de patadas con los términos del arreglo con los fondos buitres; por entonces en gestación y hoy prácticamente cerrado. 

Esos principios de la ONU (hoy derecho interno argentino vigente, como se dijo antes) rigen además en toda nueva colocación de deuda externa por cuenta del Estado nacional, como por ejemplo la que sería necesaria para obtener los recursos para pagarles a los buitres antes del 14 de abril. ¿Pensará acaso el gobierno de Macri gambetear la discusión de los términos de esa nueva deuda (plazos, interés, jurisdicción, condiciones de pago), o aplicando las sugerencias del FMI y el G20 como se sugiere acá?"