CARPETAZOS

 

Acá no tenemos acceso a pinchaduras telefónicas, ni carpetas guardadas con antecedentes de la gente, ni informantes en la cana, así que todo cuanto se diga respecto a los allanamientos y consiguientes renuncias en el Ministerio de Seguridad de la provincia, es pura especulación y/o apreciación subjetiva.  

Aclarado esto, todo el asunto tiene un tufo a devolución de gentilezas a Saín y los funcionarios que en su momento trajo a colaborar con él en el Ministerio, que tumba: apenas concretada su cesantía del cargo que ostentaba en el MPA (cosa que aun se discute en la justicia) se "reactiva" una causa dormida por presunto espionaje ilegal (que de ser tal, es delito federal y no lo debería investigar la justicia provincial), a partir de un "llamado anónimo" que alertó a los fiscales que algunos funcionarios estaban destruyendo documentación comprometedora.

Esos funcionarios (12 en total) ya no están desde ayer en funciones, porque Perotti los rajó, apenas se supo que los involucraba una causa judicial, y a algunos de ellos les secuestraron los celulares. Cuesta no ver además en todo esto algún ajuste de cuentas al interior del Ministerio, e incluso con participación de la cana aportando datos (porque decir puteríos queda mal, ¿vieron?)

Los allanamientos y demás medidas de prueba fueron dispuestos por fiscales de un MPA que está amenazado -y no es una metáfora- por la mayoría de la Legislatura con que ojo con lo que hacen y a quien investigan, porque les puede costar el puesto. Como se lo costó a Saín, al que ahora alcanza la investigación por presunto espionaje ilegal, y por carácter transitivo, a todos los funcionarios que él llevó en su momento al ministerio.

De la otra causa en trámite (por una licitación para la compra de armas para la policía) casi ni se habla ya por una sencilla razón: la licitación nunca prosperó, porque Perotti la dejó sin efecto antes de que se recibieran las ofertas y hubiera que adjudicarla. Y lo del "espionaje", como queda dicho, habrá que ver hasta donde avanza.

Lo que puede sí ser comprometedor es -si se comprueba- que Saín, buscando data contra sus enemigos en la justicia, la política o el periodismo, usó los fondos reservados del Ministerio (que hasta la llegada de Perotti manejaba la Policía) para comprar esa información en bases de datos que no son de acceso público irrestricto. No será tan grave como haberle pagado con esa plata los abogados a los policías que torturaron y asesinaron a Franco Casco como hizo Pullaro durante el gobierno del socialismo, pero es grave y debe investigarse hasta las últimas consecuencias.

Eso sin dejar de mencionar que esta misma Legislatura, dominada por el social-traferrismo, dictó entre gallos y medianoche una ley para regular el uso de los fondos reservados en Seguridad, que fue vetada por Perotti con el argumento -entre otros- que "...no es oportuno ni conveniente, en el marco de la situación pública existente que ha derivado en investigaciones en trámite en sede judicial, consagrar modificaciones legislativas cuando las mismas permitirían revelar públicamente -transcurrido apenas un año-, el destino de fondos e incluso la identidad de personas que hubieran, con su intervención o testimonio, favorecido el esclarecimiento de causas judiciales; o condicionar a quienes podrían evaluar asumir ese rol;...".".   

Una policía acostumbrada por años a manejarse sola y con profundos vínculos con el delito organizado y las operaciones del poder político, una justicia colonizada por el pacto político que cogobernó Santa Fe por 12 años y aun tiene ramificaciones en esa justicia y en la Legislatura, un grupo de porteños pedantes (de Saín para abajo) que se creyeron que se las sabían todas y podían hacer cualquiera cosa sin consecuencias que Perotti terminó pagando demasiado caros en la gestión de la seguridad, internitas palaciegas en la cubierta del Titanic: un combo explosivo para manejar un tema tan delicado en el que está en juego nada menos que la vida y la tranquilidad de los santafesinos.

Ojalá los que tengan responsabilidades institucionales en él -todos- sepan estar a la altura de las circunstancias, que son delicadas. Tuit relacionado: 

Que tufo a vuelto tiene todo esto. De la cana, de Traferri, de la interna ministerial, de Baclini y todo eso junto y más. https://t.co/wfTBTqbu7p

— La Corriente K (@lacorrientek) November 27, 2021

EL REY ESTABA DESNUDO

 

Dice también el decreto de Perotti que de avanzar el proceso sancionatorio a Saín, la Provincia quedaría expuesta a sanciones de la CIDH por violar tratados internacionales que justamente garantizan el denominado "non bis in idem".

— Gustavo Castro (@PelaCastroOk) June 30, 2021

Jugada de alto riesgo de Perotti, que hasta ahora le salió bien. Habrá (muchas) más noticias para este boletín (?)

— Gustavo Castro (@PelaCastroOk) June 30, 2021

Es muy posible que en su paso por el Ministerio de Seguridad, Marcelo Saín no haya mejorado la situación grave que padece Santa Fe desde hace mucho tiempo al respecto. Porque de ser así, seguramente seguiría en su cargo, con o sin audios polémicos. Pero lo curioso es que, a más de tres meses de haber cesado en sus funciones, buena parte de la política y el aparato judicial santafesino discuten no sobre su gestión, sino sobre su persona, y sus dichos en audios de whatsapp.

Y han armado todo un dispositivo tendiente a impedirle retomar sus funciones a cargo del Órgano de Investigaciones del MPA, la "policía judicial". Una aspiración que, como marcan los tuits de apertura del amigo Gustavo Castro, tuvo ayer un duro golpe cuando una jueza laboral de Rosario le hizo lugar a su amparo para impedir que se reuniera la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura para suspenderlo en sus funciones, paso previo a su posible destitución.

Para así decidir, la jueza tuvo sustancialmente en cuenta que el Fiscal de Estado (que representaba en el pleito a la provincia) se allanó a la demanda de Saín, previamente instruido para eso por un decreto de Perotti, que se mete así de lleno en el conflicto de poderes desatado en la provincia. Ayer la Corte Suprema provincial y en votación dividida, había ratificado la constitucionalidad de la reforma introducida en el 2017 a la ley del MPA, por la que se le traspasaron a la Legislatura las atribuciones para juzgar y sancionar a los fiscales.

Lo que sostuvo Perotti en su decreto es que al pretender suspender a Saín en su cargo en el MPA por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como ministro se estaba violando el principio del "non bis in ídem" ("nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa"), que tiene raigambre constitucional. En efecto, hace poco la propia Legislatura archivó un proceso de juicio político contra Saín por los mismos hechos, por la simple y sencilla razón de que ya no es ministro.

Tanto en el decreto del gobernador como en la presentación que en su consecuencia hizo el Fiscal de Estado en la justicia, no se emite opinión sobre el sistema de sanciones a los fiscales aprobado en el 2017 por una entente de ocasión de radicales  (de Cambiemos y del Frente Progresista), socialistas y senadores del PJ en la Legislatura, a tambor batiente y para impedir que avanzaran en la justicia investigaciones que involucraban a todos ellos.

Sin embargo antes, el mismo día en que asumió como gobernador y en su mensaje inaugural en la Legislatura, Perotti señaló que se terminaban en Santa Fe las complicidades de la política con el delito, y parece que muchos no lo tomaron en serio. Después, con Saín en funciones, pasó lo que pasó: las investigaciones sobre el juego clandestino y el lavado de dinero, crímenes asociados a esto último como el de Oldani, sospechas que salpicaban a Traferri y eventualmente más personajes de la política local, un par de ex funcionarios de los gobiernos del Frente Progresista y fiscales del MPA detenidos por vínculos con el delito.

Es como si el ex ministro -cuya gestión, reiteramos, nadie está discutiendo a punto tal que las leyes que pergeñó y envió el Ejecutivo duermen en los cajones de la Legislatura, sin siquiera dictamen de comisión- y el propio gobernador en su mensaje inicial hubieran puesto de manifiesto que el rey estaba desnudo,o que el "modelo Santa Fe" que se ponía de ejemplo de calidad institucional para todo el país, estaba podrido por dentro, aunque luciera brillante por fuera. Ese modelo que añoran las vacas sagradas del periodismo local, como Mauricio Maronna, también "desangelado" por Saín.

Dicen que hay gran malestar en la justicia y en el MPA con los procederes cuasi mafiosos de la mayoría de la Legislatura, que no pueden sino ser leídos como una advertencia (apriete) a futuro para cualquier fiscal que se decida a investigar al poder político, y sus vínculos con el delito. La propia Corte quedó en falsa escuadra por su voto dividido, y los vínculos de Rafael Gutiérrez con Traferri.

El mismo Gutiérrez cuya esposa fue designada durante el socialismo como Defensora General, previo desplazamiento de quien había ganado ese cargo por concurso (Gabriel Ganón) en un proceso tan bochornoso como el hoy seguido contra Saín, por los mismos sectores de la política santafesina.  Y el entrelazamiento entre éstas dos situaciones denota hasta que punto reinó por años la hopocresía en Santa Fe: en el gobierno de Binner allá por el 2009, se sancionaron con bombos y platillos la Ley 13013 (del Ministerio Público de la Acusación) y 13014 (del Servicio Público de la Defensa Penal).

Ambas ponían en marcha la reforma del proceso penal provincial iniciada durante el gobierno de Jorge Obeid en 2007, con la Ley 12734, y fueron presentadas como un ejemplo para el país. Luego en 2014 (gobierno de Bonfatti) se sancionó la Ley 13459 que creó el Órgano de Investigaciones del MPA. El primer Defensor General designado por concurso fue Ganón, y el primer director del OI (también por concurso) fue Saín; en ambos casos durante los gobiernos socialistas.

Ganón denunció torturas y apremios ilegales a los detenidos en las comisarías provinciales, y la corrupción policial; y el favoritismo del entonces presidente de la Corte (Gutiérrez) en las designaciones en la justicia. Saín. como sabemos por ser más recienmte, los vínculos con el delito de buena parte de la política local e incluso los fiscales locales y regionales del MPA, todos ellos designados durante los gobiernos del Frente Progresista. Ambos fueron perseguidos por los denunciados por decir que el rey estaba desnudo, y Ganón ya no está en el cargo.

Lo cual dice mucho acerca de las convicciones de nuestros "republicanos" sobre la independencia de la justicia, y la calidad de las instituciones con la que se llenan la boca. Tuit y nota bochornosa relacionados: 

"No parece caerse una idea. Salvo la excelente decisión de legisladores opositores de avanzar el proceso contra alguien que le hizo mucho daño a la convivencia santafesina: Marcelo Sain." dice Maronna, @serdelfino @PelaCastroOk: https://t.co/7fmYadPvG0

— La Corriente K (@lacorrientek) June 30, 2021

LOS GUARDAESPALDAS

 

La vergonzosa historia de como los que se jactaban de "no tener ni un caso de corrupción" dejaron una estructura de fiscales adictos para cuidarles el culo para que no se investiguen sus vínculos con el delito, demostrando así que los tienen: https://t.co/ZlecakXxx4

— La Corriente K (@lacorrientek) April 26, 2021

Una de las constantes de los gobiernos del Frente Progresista en Santa Fe entre 2007 y 2019 fue la toma por asalto del Poder Judicial y los organismos creados por la reforma judicial aprobada al final del gobierno de Obeid (el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa Penal) por funcionarios de sus gobiernos, en especial radicales en el centro-norte de la provincia (en especial antes de que una parte del radicalismo quebrara lanzas para formar Cambiemos), y socialistas en el sur.

Hemos detallado el proceso en diferentes posteos en el blog, la mayoría de los cuáles pueden encontrar en la etiqueta "reforma judicial". La lista de los funcionarios de los gobiernos de Binner, Bonfatti y Lifschitz que saltaron sin escalas del cargo político al de juez, camarista, fiscal o defensor es tan larga, como la plantilla del Gabinete Joven, o la nómina de los parientes de los principales dirigentes del socialismo que cobran sueldos del Estado.

Mientras ponían a Santa Fe como ejemplo para el país de calidad institucionales (el "Modelo Santa Fe"), y hacían campaña electoral sobre la base del lema "Ni un caso de corrupción", se ocupaban concienzudamente de cubrir todas las vacantes que se iban produciendo en la justicia, o las que iban generando ellos mismos en el proceso de implementación del proceso penal acusatorio en la provincia. Acá pueden encontrar un suscinto racconto al respecto.

Por entonces, ni Omar Perotti era gobernador ni Marcelo Saín ministro de Seguridad de la provincia, y de hecho éste último "aterrizó" en Santa Fe allá por noviembre del 2018, cuando ganó el concurso convocado durante la gestión de Lifschitz para asumir la Dirección del Órgano de Investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), algo así como una "policía judicial", encargada de dirigir las investigaciones de los delitos complejos que terminan en causas penales.

Lo que sí hubo durante esos 12 años fueron innumerables hechos de corrupción y de vínculos con el crimen organizado (en especial el narcotráfico) de altos jefes policiales, incluyendo dos Jefes de la Policía de la provincia (Tognoli y Sola) designados por los gobernadores socialistas; y varias causas que afectaban a los funcionarios del gobierno de turno (como Vorobiof o Pullaro) y fueron cajoneadas y no llegaron a nada, por inocultables presiones del Ejecutivo a la justicia.

Después pasó lo que sabemos: el peronismo ganó las elecciones, Perotti asumió como gobernador designando a Saín en Seguridad, y el nuevo titular del Poder Ejecutivo dijo en su discurso de asunción del cargo en la Legislatura que había que cortar de raíz todos los vínculos entre la política y el delito, sin los que éste no hubiera podido alcanzar los niveles que alcanzó en Santa Fe. Muchos se enojaron, pero nadie lo desmintió, y él sigue parado en el exacto mismo punto de aquel discurso.

Y a juzgar por lo que cuenta Juan Carlos Tizziani en Rosario 12 de ayer, los funcionarios que dejaron plantados en la justicia como "guardaespaldas", también; haciendo aquello para lo que fueron designados: los mandados judiciales del que fuera oficialismo provincial hasta diciembre de 2019, asegurándose de que no prospere ninguna causa judicial que pueda comprometer a los ex funcionarios de sus gobiernos.

Sin ese objetivo (en el que está embarcada también una parte del bloque de senadores del PJ), no se puede entender la cacería de brujas que emprendieron contra Saín cuando era ministro, y que continúan ahora, cuando ya no lo es: fiscales regionales que dictan resoluciones contrarias a derecho diciéndoles a sus subordinados y a quienes no lo son (como las áreas internas del Órgano de Investigación que conduce el ex ministro, en cargo ganado por concurso) que le nieguen a Saín toda colaboración, y que no le permitan acceder a ningún expediente judicial o causa en trámite, para cumplir con sus funciones. Y no son apretadas verbales, o en un intercambio de mensajes de texto, sino por escrito y con firma, de puño y letra. 

Si tanto despliegue no corresponde a borrar pruebas comprometedoras, o al miedo de culos muy sucios de la política provincial a quedar expuestos en sus vínculos con el delito (en las causas por juego clandestino que explotaron en los últimos meses ya fueron detenidos un ex funcionario socialista en Rafaela, y otro funcionario de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, en manos del mismo partido), alguien debería explicar cuál es la razón de tantas resoluciones judiciales dictadas con nombre y apellido: Marcelo Saín. Para impedirle -en las funciones que ha retomado tras ser ministro de Perotti- investigar no asuntos personales o privados, sino posibles delitos.

Eso mientras a la inversa, el bloque socialista de la Cámara de Diputados sostiene un absurdo proceso de juicio político contra quien ya dejó de ser ministro, y les pide a los fiscales que "busquen" causas que lo puedan involucrar, para echarlo del cargo que ganó por concurso. Si tuvieran realmente "Manos limpias y uñas cortas" como decían en algún afiche electoral, o "Ni un caso de corrupción" o ilícitos cometidos o avalados desde el gobierno de los que avergonzarse, no andarían tan sueltos de cuerpo tratando de ocultar pruebas, a plena luz del día.

LAWFARE A LA SANTAFESINA

 

Hace casi 20 días que Marcelo Saín ya no es más ministro de Seguridad de la provincia. Perotti le aceptó la renuncia, y ya fue reemplazado en sus funciones por Jorge Lagna. Estos son hechos de dominio público, obvios, conocidos por todos.

Y sin embargo en la Cámara de Diputados de la provincia sigue adelante -impulsado por el socialismo- un absurdo pedido de juicio político contra alguien que ya no es ministro, y por ende no puede ser pasible de juicio político, conforme a lo explicado acá. En ese tren de disparates, la Comisión de Juicio Político aprobó -con la mayoría socialista- un pedido de informes al Poder Ejecutivo, para que Perotti les explique por qué le aceptó la renuncia a Saín.

Como si eso no fuera poco absurdo y papelón, salieron de "excursión de pesca": le preguntaron al Ministerio Público de la Acusación (MPA) si Saín tiene alguna causa judicial en trámite por algún posible delito cometido mientras fue ministro para poder endilgársela en el juicio político; y le "sugirieron" al Fiscal General Baclini que no lo dejara tomar posesión de su cargo como Director del Órgano de Investigaciones, que ganó por concurso en el 2018, durante el gobierno de Lifschitz, hasta que ellos no resolvieran el juicio político.

Baclini le dio posesión de su cargo, como no podía ser de otro modo: el tipo tenía licencia por ser ministro, cuando dejó de serlo, pedía reintegrarse a sus funciones. Entonces ahí los perseguidores de Saín -porque ya cabe hablar de persecución- fueron por otra vía: activaron al Fiscal Regional Arietti (implicado a su vez en la causa del juego clandestino en Rafaela, al menos por omisión funcional) para que formule una denuncia penal contra Saín por presuntos delitos cometidos...mientras fue ministro.

Como por ejemplo haber permitido el hacinamiento de los presos en las comisarías (algo que viene desde tiempo inmemorial, y es responsabilidad de los jueces de ejecución penal), o por una licitación de compra de armas presuntamente amañada, que fue suspendida por el propio gobierno, antes de que se empezara a recibir alguna oferta.

Arietti (que le debe su cargo al socialismo) cumplió con el encargo, y le tiró la pelota a Baclini, que también se lo debe. Antes, la mayoría de Diputados pidió la intervención de la Auditora General del MPA (una ex funcionaria de Binner y Bonfatti) para que se expidiera sobre la situación (?) de Saín, y la tipa se declaró incompetente, señalando que eso era resorte del Fiscal General, o sea Baclini.

Cuando le denegaron el pedido de que no se le diera posesión a Saín en su cargo ganado por concurso, Arietti recurrió a la Junta de Fiscales, otro de los inventos burocráticos de socialistas y radicales en el MPA, en el que se tomaron en serio lo de que es un "Ministerio": lo llenaron de cargos, oficinas y reparticiones que nadie sabe muy bien que hacen, pero perseguir el delito, seguro que no. 

Y quien lo reemplazó en la Fiscalía Regional de Rafaela (puesto también por el socialismo), donde reiteramos, están algunas de las ramificaciones más serias de la causa por el juego clandestino (que involucran a ex funcionarios provinciales de los gobiernos socialistas), instruye por una resolución a los fiscales de su dependencia a restar colaboración a Saín, y cortar toda vinculación con el Órgano de Investigaciones, creado por ley, durante el socialismo (ver tuit relacionado al final del post); y sacarle a éste toda la documentación de que disponga, vinculada a causas judiciales. 

Si algo queda claro de éste fagarroso relato hasta acá, es que se están estrujando las instituciones, hasta que den jugo, por propósitos políticos, y no precisamente de alta política, o política de seguridad o persecución del delito. Y el "jugo" que se busca -forzando la interpretación de las leyes y la Constitución al absurdo, cuando no lisa y llanamente violándolas- es impedir que Marcelo Saín quede a cargo de la función que ganó por concurso, como Director del Órgano de Investigaciones del MPA; o si no les queda más remedio que aceptar que lo ocupe, vaciarlo de contenido, sentido y atribuciones.

No puede ser el fin, evidentemente, mejorar la seguridad, porque si el problema fuera ése y Saín no sirviera, ya lo resolvió Perotti, pidiéndole la denuncia. Lo que se busca entonces es otra cosa, ejerciendo "lawfare" en su contra: impedir que el tipo puede desde su cargo, conducir o llevar adelante alguna investigación que comprometa a los que lo persiguen. 

Es decir, radicales y socialistas -que son los que llevan el peso de la ofensiva en su contra- y el sector de los senadores del PJ que lidera Traferri; que por estos días concentra su poder en amedrentar judicialmente a los fiscales que lo quisieron indagar por posibles vínculos con el juego clandestino. Una respuesta irracional, desproporcionada y -sobre todo- autoincriminatoria.  

El artículo 5 de la Ley 13459 que creó el Órgano de Investigaciones del MPA dice que "...tiene competencia en la investigación de: a) Los delitos en los que, “a prima facie”, existan elementos de convicción que hagan suponer la participación de un grupo delictivo organizado; b) Los delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad policiales y penitenciarias, en el desempeño, con motivo, o en ocasión de sus funciones; c) Los delitos con intervención de un funcionario público; d) Los delitos en los que debido a las características de la comisión del hecho o su repercusión social, o gravedad institucional, o complejidad de la investigación, el Ministerio Público Fiscal disponga la intervención." (las negritas son nuestras).

Evidentemente hay mucha gente en la provincia, con el culo muy sucio, muy preocupada porque los puedan investigar alguien en quien no confían (aunque lo pusieron ellos allí), porque suponen que tiene motivos para querer verlos presos, más allá de la simple satisfacción por garantizar el cumplimiento de la ley. 

De lo contrario no se entiende tanto esfuerzo en perseguirlo a Saín, con todas las herramientas disponibles. Porque si algo hizo el ex ministro (algunos dicen que es lo único que hizo) es exponer a la luz pública y sin pelos en la lengua -y bien que le costó- los vínculos entre la política, la policía y el delito organizado, durante los 12 años de gobierno del Frente Progresista en los que nos hablaban del "Modelo Santa Fe" que había que "exportar" al país, y hacían propaganda con el cartelito de "Ni un caso de corrupción".

Tuit relacionado: 

El jefe de los fiscales de Rafaela, Diego Fernando Vigo, ordenó a los fiscales de grado a su cargo no trabajar con el Organismo de Investigaciones mientras Marcelo Sain esté en funciones como director. Se suma al conflicto con la Fiscalía de Santa Fe por la denuncia de Arietti 👇🏼 pic.twitter.com/fZrOcwrNu4

— Hernán Funes (@HernanFunes) April 6, 2021

CURSO DE DERECHO CONSTITUCIONAL PARA PRINCIPIANTES

 

Sobre el pedido de juicio político a Marcelo Saín, leemos en el diario de Nahuel: "La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados resolvió mantener abierto el expediente del ex ministro de Seguridad, Marcelo Saín, y si bien no declaró admisible la presentación de Lucila Lehmann y Sebastián Julierac, dirigentes de la Coalición Cívica, la mayoría tampoco admitió el planteo de los justicialistas de archivar el tema ante la dimisión del denunciado.

La justicialista Matilde Bruera propuso archivar el tema; Oscar Martínez (Frente Renovador) pidió solicitar una copia oficial de la renuncia de Sain antes de enviarlo al archivo. Los restantes siete integrantes resolvieron una serie de pasos, entre ellos, invitar a los denunciantes a que ratifiquen y si desean ampliar la denuncia; al Poder Ejecutivo a que remita toda la información que tiene sobre el funcionario así como las razones de su salida mientras que a la justicia se pedirá que remita las denuncias que pudiera haber contra el ex funcionario.

Pero además el dictamen de la mayoría constituida recomendó al fiscal general, Jorge Baclini, que no resuelva el pedido de reincorporación a la dirección del Organismo de Investigaciones (OI) hasta tanto se termine el trámite del expediente en la Cámara Baja. El dictamen de mayoría lleva las firmas del presidente, Joaquín Blanco (PS), así como de Pablo Farías (PS), Clara García (PS), Marlen Espíndola (UCR), Georgina Orciani (UCR), Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia) y Julián Galdeano (UCR - Juntos por el Cambio)." 

A ver niños, ahora que volvieron los clases presenciales, presten atención. Vamos a leer un poco de la Constitución de la Provincia, para tener en claro como son algunas cuestiones. (las negritas son siempre nuestras).

* El Poder Ejecutivo en la provincia de Santa Fe (como en todas las de la Argentina) está basado en el modelo presidencialista, no en un sistema parlamentario. El Gobernador (titular de ese Poder) nombra y remueve a los ministros. Ver el Artículo 78 de la Constitución provincial: "Artículo 78. Los ministros pueden ser removidos de sus cargos por el gobernador, que también decide sus renuncias, y ser sometidos a juicio político.".

Es decir, si los puede rajar aunque no renuncien, con más razón cuando lo hacen, sin importarle demasiado las razones. O las sabe y se las guarda para él, nada tiene que comunicarle a la Legislatura al respecto, porque los legisladores nada tienen que decidir, salvo que instauren el juicio político.

* Los ministros -como el Gobernador- pueden ser sometidos a juicio político. Volvamos a la Constitución: "Artículo 98. Pueden ser sometidos a juicio político el gobernador y sus sustitutos legales en ejercicio del Poder Ejecutivo, los ministros de éste, el Fiscal de Estado, los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los del Tribunal de Cuentas, de conformidad con las disposiciones de esta Constitución y de la ley reglamentaria que se dicte.". "Éste" es el Poder Ejecutivo, no la Legislatura: los ministros dependen de uno, y no de otra.

* Las causas por las que los ministros -entre otros funcionarios- pueden ser sometidos a juicio político las define el Artículo 99: "Artículo 99. A la Cámara de Diputados compete, a petición escrita y fundada de alguno de sus miembros o de cualquier habitante de la Provincia, la facultad de acusar ante el Senado a los funcionarios anteriormente mencionados por mal desempeño de sus funciones, delito cometido en el ejercicio de éstas o crímenes comunes.". En esto no difiere de la Constitución Nacional: o se los acusa de mal desempeño, o de delitos funcionales o comunes.

Lo que no puede haber es -como parece sugerir la nota- una "excursión de pesca" mandando a preguntar a la justicia si el tipo está acusado de algún delito. Y eso es así porque la certeza al respecto debiera ser, precisamente, el fundamento del pedido de juicio político: "sabemos que lo acusan de (n) delito, por eso le iniciamos el juicio político".

* Pero el requisito básico y elemental para que prospere el juicio político, es que el tipo siga siendo ministro. Veamos el Artículo 103 de la Constitución: "Artículo 103. Ningún acusado puede ser declarado culpable sino por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara. La votación será nominal. El fallo condenatorio sólo dispone la destitución del acusado y aún su inhabilitación para ocupar cargos de la Provincia por tiempo determinado sin perjuicio de la responsabilidad del condenado ante la justicia ordinaria. El fallo absolutorio importa, en su caso, el reintegro de pleno derecho del acusado al ejercicio de sus funciones.".

Marcelo Saín ya no es ministro, y fue reemplazado en su cargo por Jorge Lagna. En consecuencia no se puede "destituir" a quien se ha desvinculado de un cargo y su función correspondiente. Lo más ridículo sería -siguiendo el inverosímil razonamiento del bloque socialista en Diputados- que si se lo "absolviera" de los cargos en un eventual juicio político que, no obstante su renuncia, siguiera adelante, deberían reintegrarlo a su cargo.

O sea ir y decirle a Perotti "lo tiene que poner de nuevo a Saín como ministro de Seguridad porque lo absolvimos en el juicio político". A menos, claro, que ese juicio que quieren seguir a quien ya no es ministro (y por ende no es sujeto del juicio político) tenga el veredicto escrito antes de iniciarse, declarándolo culpable de los cargos.

* En realidad, pudimos ahorrarnos toda la explicación precedente, e ir directamente a lo que dice la ley que reglamenta en la provincia el juicio político, y a la que refiere el Artículo 98 de la Constitución de Santa Fe, comentado más arriba.

Es la Ley 10916, sancionada en 1992. Dice en su Artículo 8: "La pretensión de Juicio Político se extinguirá por muerte o renuncia del imputado a su cargo, debiendo así declararse en cualquier estado y grado de enjuiciamiento, ordenándose el archivo de lo actuado, sin perjuicio de elevarse los antecedentes a la Justicia de Instrucción en los supuestos de presuntos ilícitos cometidos en ejercicio de la función o crímenes comunes. (Artículo 99 de la Constitución Provincial)." (artículo 8 de la Ley 10916).

O sea, es tan absurdo seguirle el juicio político por su desempeño en un cargo a quien ha renunciado al mismo y fue reemplazado, como hacérselo a un muerto. O tan absurdo como el planteo de pedirle al Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde Saín pide reintegrarse al cargo que ganó por concurso en 2018 (o sea, durante el gobierno de Lifschitz), que no lo ponga en posesión de ese cargo, hasta que ellos no terminen el juicio político, que ni siquiera podrían empezar, de acuerdo con la Constitución y la ley.

A menos que en realidad estén apelando a ese mamarracho, porque no tienen los dos tercios de los votos para rechazar el veto de Perotti a la ley "anti Saín" que sancionaron en su momento, creando un nuevo régimen de incompatibilidades para los funcionarios del MPA, que regiría retroactivamente al momento de su concurso, con el solo objeto de desplazarlo del cargo que ganó por esa vía.

Daría la impresión que se la agarran con el tipo no por lo que pudiera haber hecho mal en el desempeño de su cargo (por ejemplo las políticas de seguridad), y que lo pagó con el puesto, sino por lo que hizo bien: denunciar el entramado de complicidades de la política con el delito que se desarrolló en la provincia, en los 12 años de gobierno del Frente Progresista. Casi como si le dieran la razón, digamos. O como se dijo hace poco acá cuando Saín renunció: "Si la idea es demostrar que no tienen el culo sucio, no podrían elegir peor manera.".

QUE EL ÁRBOL NO TAPE EL BOSQUE

 

Finalmente se confirmó la salida de Marcelo Saín del Ministerio de Seguridad de la provincia, tarea en la cual será reemplazado por Jorge Lagna. Es difícil saber que es lo que termina detonando su renuncia, y solo se puede conjeturar al respecto; e incluso es muy probable que no sea un factor, sino varios: los resultados de la gestión, los conflictos en los que se vio envuelto -hacia adentro y afuera del gobierno-, su perfil alto en la comunicación pública que lo terminó desgastando, o un  poco de todo.

Desde esa óptica, esta nota de Lascano en La Capital parece bastante equilibrada en la mirada, dando cuenta de que Saín terminó cayendo más víctima de sus propias lógicas, que de otros acontecimientos que, sin negar su importancia, no le habían quitado hasta acá el respaldo del gobernador Perotti.

Porque es tan cierto que la gestión de los funcionarios públicos debe juzgarse por los resultados, como que si hay un área en la que es complejo mostrarlos en un tiempo más o menos breve, es en seguridad. Años de desmadres, complicidades y corrupciones no se resuelven en 15 meses, por más buena voluntad que se le ponga, o por más ideas y diagnósticos claros que se tengan.

Marcelo Saín debe estar, sin dudas, entre las personas que más conocen del tema en el país; y tal como señala la nota, convocarlo para el Ministerio fue una apuesta muy fuerte de Perotti: alguien que no era de Santa Fe, que podría ser visto como un "outsider" (lo es) de la política local, y que expresa una visión de la seguridad que no cuadra en la predominante, donde abundan los discursos simplistas de la mano dura, para los que la solución consiste en darle carta blanca a la policía para que haga lo que se plazca, o en aumentar las penas por los delitos. 

O como hizo el socialismo, pactar con las fuerzas de seguridad -y  través de las cúpulas de éstas, con las organizaciones criminales- una "administración del delito". 

Con esas restricciones sobre sus hombros, Saín debía imponerse además a la complicada policía santafesina acostumbrada por el socialismo a manejarse "atendida por sus propios dueños", para convertirla en el brazo ejecutor de las políticas públicas en materia de seguridad y por ende en parte de la solución; cuando está claro que hasta acá es parte del problema, y en un grado no menor.

Pero a las rispideces y dificultades propias del área que le tocó conducir, Saín les sumó las que genera su impronta personal, al punto que se podría decir que al funcionario que sabe de lo suyo, se lo terminó devorando el personaje que construyó en la discusión pública; cometiendo no pocas veces la torpeza de pisar los palitos que quienes lo combatían, esperaban que pise.

Ido Saín, eso sí, desaparecen las "excusas" a las que venía apelando un sector importante de la política santafesina para confrontar -en un tiro por elevación- con Perotti, evitando hablar en concreto de los problemas de seguridad de la provincia, y sobre todo de sus causas reales y profundas. Como por ejemplo el avance de la criminalidad compleja (en especial el narcotráfico), gracias a la tolerancia y complicidad abierta (en dosis parejas) de parte del poder político, de la fuerza policial e incluso de las estructuras de la justicia.

Lo que debe rescatarse entonces del paso de Saín por el Ministerio de Seguridad de la provincia es ese preciso diagnóstico de la situación, que los hechos terminaron confirmando; y en base a él actuar en consecuencia. Lo peor que podría pasar es que la política y las instituciones santafesinas lean mal la decisión de Perotti de pedirle la renuncia, en términos de "muerto el perro se acabó la rabia", acá no ha pasado nada, se fue el que molestaba por bocón con sus declaraciones y listo, cada uno sigue en lo suyo.  

En campaña Perotti decía insistentemente que la gente reclamaba vivir en paz y en orden porque tenía derecho a reclamarlo, y en su primer acto como gobernador -el discurso de asunción en la Legislatura- dijo que había que cortar todos los vínculos de la política con el delito. Las dos definiciones siguen teniendo plena vigencia hoy, aunque Marcelo Saín ya no sea su ministro de Seguridad. 

Por supuesto no faltan los lenguareces del poder (ese poder afectado por el diagnóstico de Saín y al que refirió Perotti en su discurso inaugural), que ya están interpretando que la renuncia equivale a la absolución de Tognoli, Druetta y tantos de sus condenas en la justicia, o se hablan encima, anticipando que lo van a perseguir al ex ministro donde vaya. 

Por ejemplo en su cargo en el MPA, para lo cual incluso votaron una ley que Perotti vetó, y en la que piensan insistir. Si la idea es demostrar que no tienen el culo sucio, no podrían elegir peor manera.

LA INSEGURIDAD GENERA MIEDO

 

Todo este hilo. El cagazo monumental del socialismo a debatir sobre inseguridad. https://t.co/B8VzddzmSt

— La Corriente K (@lacorrientek) February 11, 2021

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Que la inseguridad en Santa Fe no empezó con el socialismo es cierto. Tampoco el narcotráfico, que además es un fenómeno de escala mundial. Tan cierto como que ambas cosas -vinculadas a su vez estrechamente entre sí- crecieron exponencialmente durante los 12 años de gobiernos del Frente Progresista, sin que éstos acertaran a darles una respuesta concreta.

Sin ir más lejos, que no lo hayan hecho es una de las causas principales por las que perdieron las elecciones provinciales del 2019, y el peronismo volvió a gobernar la provincia después de esos 12 años. Y acá nos queremos detener: uno de los principales problemas políticos que tenemos en Santa Fe es que el socialismo (sobre todo Miguel Lifschitz y su núcleo más cercano) no entienden ni aceptan que perdieron las elecciones, y ya no gobiernan.

Y que si las perdieron, es porque algo hicieron mal y lo tienen que corregir para volver a ganarlas en el futuro, a menos que piensen que la gente es sabia cuando los vota, y tarada cuando no los vota. Desde esa mezcla de confusión de roles y negación del hecho evidente del resultado electoral, hace tiempo -incluso antes de que Perotti asumiera- vienen construyendo una suerte de gobierno paralelo ficcional; en el que tienen las respuestas y soluciones para todos los problemas, y son los que tienen que tener la iniciativa para imponer la agenda, y definir el rumbo de la provincia.

Ante tamaño extravío, no debe sorprender que tengan el caradurismo de reclamarle a Perotti un "plan de seguridad " que ellos nunca tuvieron cuando eran gobierno, pero al mismo tiempo se niegan a discutir sobre las políticas de seguridad, en público. Recordemos hechos: solo votaron la emergencia en seguridad en el segundo proyecto remitido por el Poder Ejecutivo (la ley de necesidad pública), luego de haber rechazado sobre tablas el primero, sin debate y pese a que ellos mismos ya habían declarado la emergencia en seguridad -prueba de que las cosas no andaban muy bien que digamos- entre el 2013 y el 2016.

Luego reclamaron que el ministro Marcelo Saín diera a conocer los proyectos de ley que propone para reformar el sistema de seguridad pública de la provincia, incluidos la organización y el funcionamiento de la Policía. Pues bien, los proyectos (tres) fueron remitidos hace ya tiempo por Perotti a la Legislatura (exactamente cuatro meses), y duermen en los cajones de la Cámara de Diputados que preside Lifschitz, sin ningún tratamiento.

Y finalmente demoraron por meses (incluso antes de que los proyectos de reforma ingresaran a la Legislatura) la comparencia del ministro a la Cámara a -precisamente- fundamentar y explicar esos proyectos, hecho que finalmente se iba a concretar hoy , pero no en el recinto, ni con periodistas y taquígrafos presentes (para dejar constancia de lo hablado), sino a puertas cerradas, en la Comisión de Seguridad del cuerpo.

Es decir, sin que los santafesinos sepamos realmente que fue lo que se discutió, o cuáles son -por ejemplo- las razones por las que las leyes que envió Perotti siguen cajoneadas, sin que nadie desde la oposición haya dicho media palabra sobre ellas. Uno de los argumentos que dan el socialismo y sus aliados para darle un tono "secreto" a la visita de Saín, es que se podrían revelar detalles sobre el uso de los fondos reservados de la policía, que podrían comprometer a testigos, informantes y colaboradores que aportaron datos en causas importantes.

Curioso, porque fueron ellos (los legisladores del socialismo y sus aliados, más una parte de los senadores del PJ) los que votaron una ley que ponía en riesgo la confidencialidad de esos testimonios, razón por la cual Perotti tuvo que vetarla. Y porque poco antes de que votaran esa ley, Saín reveló que en la gestión de Pullaro durante el gobierno de Lifschitz, se usaron los fondos reservados de la policía para pagarles a los abogados de los canas acusados de desaparecer y asesinar a Franco Casco.

Sin dudas que acá el problema es otro, y es que hay gente que tiene el culo sucio, muy sucio, y no puede bancar una discusión pública y abierta sobre determinados temas, tan sencillo como eso. Supongamos que no es así, que la discusión gira en torno a la problemática de la inseguridad en la provincia, y que los proyectos de ley que envió Perotti a la Legislatura y son de autoría de Saín, no ayudan a resolver el problema: ¿qué mejor que dejarlo así expuesto en una discusión pública, para que se terminen las especulaciones?

Lo que hay detrás de todo éste "secretismo" del que la oposición quiere rodear la presencia de Saín en la Legislatura -luego de demorarla durante meses- es miedo. Mucho miedo. Y no precisamente a la inseguridad. Tampoco a Saín, aunque los incomode. Le tienen miedo a su propio pasado, del cual hay cosas que no pueden explicar, al menos en público.

TOCHI, CHINWENWENCHAS

 

Ayer y sobre el filo del plazo constitucional para hacerlo, Perotti vetó totalmente las dos leyes sancionadas hace unas semanas por la Legislatura en trámite express, como consecuencia del pacto entre el Frente Progresista y parte de los senadores del PJ que cogobernó Santa Fe 12 años: acá en su momento hablamos de ellas, una referida al manejo de los fondos reservados, y la otra a las incompatibilidades de los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación. El periodismo local (o parte de él) las bautizó como las "leyes anti Saín", entendiendo que le apuntaban al Ministro de Seguridad para que Perotti tuviera que entregar su cabeza, y puede que eso sea en parte cierto, sobre todo en el caso del proyecto que modificaba el régimen de incompatibilidades del MPA, donde Saín se desempeñaba como Director del Órgano de Investigaciones, antes de asumir como ministro.  

En ese caso, dice Perotti en el Decreto 1787): "...si la finalidad de las normas de incompatibilidad es preservar la afectación de la prestación del servicio, no se advierten razones para que una persona que ejerció una función pública debe esperar dos años para poder acceder a otra, pues se trataría de funciones no simultáneas. Llevando este principio al caso, no se avizora razón para que un Fiscal o Defensor Público Adjunto no pueda pretender ser designado en cargos a nivel provincial, municipal o comunal por el término de dos años posteriores a su desvinculación; ...aceptar la razonabilidad de la norma analizada se dificulta más aún en el caso, en virtud que por el trámite expeditivo dado en el ámbito legislativo, carece de los antecedentes parlamentarios indispensables a bs efectos de poder efectuar una mejor y adecuada télesis de su texto, considerando para ello que estas referencias -explicaciones e informes- constituyen. según la doctrina y la jurisprudencia, una fuente propia de interpretación...". Las razones -que no pudieron ser dichas en el debate parlamentario-son joderlo a Saín, y cesarlo en su cargo, u obligarlo a renunciar al ministerio, para así quedarse sin el pan y sin la torta.

Dice más el gobernador en el decreto: "...por ende, se complica sostener jurídicamente la posición asumida por el proyecto de ley en análisis, en cuanto la estabilidad del funcionario público podría cesar por incumplimiento justificado de la fundón, pues de esta forma, la interpretación literal del texto nos llevaría a sostener -no sin error- que sí un funcionario titular del Organismo de Investigación o Director Regional o Subdirector Provincial se ausenta por razones justificadas por más de 90 días corridos corresponde su remoción y el llamado a concurso para cubrir el cargo cuya titularidad ostenta; ...pensemos, al solo título de ejemplo ilustrativo, en agentes que pertenezcan hoy a uno de los organismos alcanzados por la regulación del proyecto que estén prestando fundones transitorias en otros organismos estatales con las correspondientes autorizaciones y licencias concedidas bajo el régimen que se derogaría. Según el nuevo régimen, a partir de los 90 días corridos desde la ausencia, impedimento, inhabilidad o incompatibilidad se debería Ilamar a concurso abierto para cubrir el cargo, o si renuncian a su cargo actual no pueden volver a ocupar el anterior, pese a que se mantenía la relación jurídica bajo el régimen de licencias...;".  O sea: como el tipo se fue de ministro de Perotti, a los 90 días de sancionada la ley lo rajan, y llaman a concurso para cubrir el cargo, y acomodar a alguno apadrinado por ellos (ver hilo de tuits al final).

Más interesantes aun son los fundamentos del Decreto 1786, por el cual Perotti vetó totalmente el nuevo régimen de control de los fondos o gastos reservados. Dice allí el gobernador: (las negritas son nuestras) "...es de destacar, y necesario aclarar, que el proyecto analizado -por el trámite expeditivo dado en el ámbito legislativo- carece de los antecedentes parlamentarios indispensables a los efectos de poder efectuar una mejor y adecuada télesis de su texto, considerando para ello que estas referencias, explicaciones e informes constituyen, según la doctrina y la jurisprudencia, una fuente propia de interpretación...". Es decir: como hicieron todo entre gallos y medianoche y sin debate alguno, es imposible conocer las razones que fundamentaron la ley aprobada.  

Sigue el decreto: "Que, por lo demás, más allá de la pretensión del proyecto de ley de establecer un procedimiento unificado de los sistemas de control legislativo y del Tribunal de Cuentas sobre la totalidad de los fondos reservados o especiales, éstos en la actualidad cuentan con procedimientos administrativos y legislativos a esos fines; ...tal es así que el artículo 37 de la Ley de Necesidad Pública N° 13977 enumera la documentación con la que se concretará la rendición a efectuar por el Ministerio de Seguridad de los fondos especiales autorizados por las Leyes Nros. 10296, 10836, 11579 y el artículo 11 del Decreto N° 8/14, conforme su naturaleza y destino, indicando que se cumplirá consignando la siguiente documentación: a) copia del acto que asigna las partidas y las autoriza; b) pedidos de contabilización y las constancias de transferencia electrónica a la cuenta correspondiente; c) recibos de las autoridades a las que se hayan entregado los fondos; d) constancia de recepción de las rendiciones de cuentas de los responsables, y e) constancias de remisión y recepción de las actuaciones que contienen las rendiciones a la comisión bicameral creada por dicha ley;...". Traducimos: legislaron sobre algo que ya estaba legislado en detalle en otras leyes, y la que lo regula con más detalle es la que mandó Perotti al inicio de su gestión y que la oposición se negaba a vetar porque -decían- "le otorgaba superpoderes".     

"Que, de lo reseñado, se advierte que los plazos establecidos en el texto sancionado para la rendición de los fondos reservados no están relacionados con los plazos procesales que rigen las investigaciones penales, que pueden ir más allá del año establecido y sus prórrogas, principalmente en el caso de aquellas causas complejas; poniendo en riesgo sus fines; ... a su vez se observa que la intervención y las facultades otorgadas al Tribunal de Cuentas y a la Comisión Bicameral para el Seguimiento y Control del Uso de los Fondos Reservados -establecidas en el artículo 3° del proyecto sancionado- no se encuentran suficientemente armonizadas con las disposiciones reguladas en el Código Procesal Penal Ley Nº 12734; (pues) ... en particular no se tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 258 de que dispone: "Los actos de la investigación y su documentación serán secretos para quienes no sean parte en el procedimiento o no tuvieran expresa autorización para conocerlos"; vulnerando de esta manera lo allí dispuesto, ya que las actividades de control y seguimiento de los gastos suponen necesariamente el acceso a dichos actos reservados expresamente a fin de evitar el entorpecimiento probatorio o cualquier otro riesgo procesal que afecte la tarea investigativa o la integridad psicofísica de los testigos y/o víctimas del suceso;...". 

Es decir: el Tribunal de Cuentas podría saber en qué se gastó o a qué testigos se está protegiendo -por ejemplo alquilándoles una casa donde vivir mientras dure el juicio-, entre otras cuestiones. Y como el Tribunal debe dar cuentas a la Legislatura (además de que todos sus vocales fueron designados durante los gobiernos del socialismo), los legisladores pueden saber por esa vía quienes son los informantes o testigos protegidos por la justicia, incluso en causas que los involucren a ellos.  

"Que tampoco se encuentra exenta la posibilidad de afectar el fin que justifica la naturaleza de reservados de dichos gastos si la autoridad competente debe fundar ese carácter o la prórroga de dicha condición con respecto a la rendición: en efecto, al tener que motivar dicho extremo en "razones objetivas y comprobadas", deberá exteriorizar las razones de hecho y de derecho que determinaron la decisión, y en esas razones se pueden estar revelando cuestiones vinculadas con la investigación, con el efecto negativo que ello acarrea; (pues) se desplaza la garantía de determinadas personas vinculadas a procesos de manera especial (principalmente la de los sujetos sometidos en el Programa Provincial de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos);...". O sea, para decidir luego de un año 

Y la perla al final. Concluye Perotti: "Que finalmente además de las cuestiones técnicas referidas, éste Poder Ejecutivo considera que no es oportuno ni conveniente, en el marco de la situación pública existente que ha derivado en investigaciones en trámite en sede judicial, consagrar modificaciones legislativas cuando las mismas permitirían revelar públicamente -transcurrido apenas un año-, el destino de fondos e incluso la identidad de personas que hubieran, con su intervención o testimonio, favorecido el esclarecimiento de causas judiciales; o condicionar a quienes podrían evaluar asumir ese rol;...". 

Es decir, tochi muchachos, los descubrieron, ustedes no aprobaron esta ley a libro cerrado y sin discusión preocupados por como se estaban usando los fondos reservados, sino para tener acceso a información de primera mano sobre causas, testimonios o informes que los pueden comprometer; e incluso amedrentar a los que puedan aportar datos en ellas. Como la causa por el juego clandestino por la que se pedirá el desafuero de Traferri,  o las que están en trámite por las horas OSPE de la policía (hola, Pullaro, tochi a vos también), o por los subsidios del Senado. Hilo de tuits relacionados:

En 2013, es decir hace 7 años, publicamos en la Revista Posta una nota sobre el masivo desembarco de funcionarios del gobierno provincial y allegados a "La Justicia". En los próximos tweets van los más famosos (?) de esa lista, pero actualizada. pic.twitter.com/vBBPAuBluJ

— Gustavo Castro (@PelaCastroOk) December 11, 2020

-Gonzalo Basualdo. Director de Control de Agencias de Seguridad de Binner. Juez penal de Reconquista.
Hebe Marcogliese. Ex subsecretaria de la Agencia de Seguridas Vial. Hoy es jueza penal en Rosario.

— Gustavo Castro (@PelaCastroOk) December 11, 2020

-Gonzalo Armas. Secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad con Bonfatti. Hoy es Defensor Público en Rosario.
-Diego Poretti. Funcionario municipal de Barletta y provincial d Bonfatti y Lifschitz. Hoy es subsecretario de Persecución Penal del MPA en Santa Fe.

— Gustavo Castro (@PelaCastroOk) December 11, 2020

No sigo más porque ya es un embole. Pero hay no menos de 30 casos similares. En fin.

— Gustavo Castro (@PelaCastroOk) December 11, 2020

UN ESTADO LIBRE ASOCIADO. A VECES

 

Tal como da cuenta la crónica de La Capital a la cual corresponde la imagen de apertura, en las sesiones de ayer de la Legislatura las dos Cámaras le dieron tratamiento express  y sin ningún debate previo a dos leyes: una que reglamenta la rendición de cuentas de los llamados fondos reservados (que se usaban por la Policía y en el caso de los testigos protegidos), y otra que modifica el régimen de incompatibilidades de los fiscales y demás funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Es decir el mismo modus operandi que habían usado hace un tiempo (en el gobierno socialista, allá por 2018) para modificar el sistema de enjuiciamiento y remoción de los fiscales; un mamarracho que se reveló en toda su inoperancia éste año cuando hubo que suspender a algunos fiscales implicados en causas judiciales, de los incluso hubo quienes terminaron presos.

Desde el punto de vista institucional, un bochorno que es moneda corriente en Santa Fe desde el 2007 (cuando llegó al gobierno el Frente Progresista), justo cuando muchos votaron esperando asistir a una regeneración de las instituciones. Desde entonces la Legislatura funciona como un "Estado libre asociado" donde no rigen las leyes que aplican para el resto de los santafesinos, sino los pactos oscuros trazados entre radicales, socialistas y un sector del PJ provincial, expresado en los Senadores.

Como dijo en la semana Perotti cuando le preguntaron por un posible cambio en el sistema electoral, las preocupaciones de la gente pasan por otro lado: como salimos de la pandemia, como disminuimos los contagios, como llegar a fin de mes, o como recuperar la actividad normal. Parte de la política juega a otra cosa, con códigos y reglas mafiosas, y no por casualidad incursionan obsesivamente en ciertas cuestiones: aunque les disguste que se los digan, están defendiendo quioscos y negocios que consolidaron por años.

Se puede estar de acuerdo o no con Marcelo Saín, con su estilo personal, o con las acciones concretas que despliega desde el Ministerio de Seguridad, área compleja si las hay. Pero cuando los legisladores toman éstas actitudes, no hacen más que confirmar la veracidad de sus dichos cuando denuncia complicidades de sectores de la política con el delito organizado, en sus diferentes formas, incluyendo la policía corrupta.

El sistema acusatorio planteado en la reforma procesal penal de 2006 está fracasando en Santa Fe no por sus propias limitaciones, sino porque nació contaminado desde el principio: a los legisladores que ayer votaron una ley para que Saín no pueda volver a ocupar el cargo que ganó por concurso en el órgano de investigaciones del MPA el día que deje de ser ministro (porque basta leer el proyecto para darse cuenta que esa es la única y exclusiva finalidad), nunca les preocupó que en los 12 años de gestiones del Frente Progresista una avalancha de funcionarios políticos y militantes de la UCR y el socialismo colonizaran los cargos del MPA, algunos incluso presentándose a los concursos que ellos mismos convocaban.

Al mismo tiempo, pasan cosas: hay ex funcionarios del ex ministro y hoy diputado Pullaro (muy preocupado porque Perotti habilitó el juego online) detenidos por vínculos con el juego clandestino, fiscales designados durante el gobierno anterior presos por haber recibido sobornos, y una larga lista de altos jefes policiales del socialismo con causas en la justicia: Tognoli nunca estuvo solo, digamos.

En ese marco, parece que el problema de la inseguridad y el delito en Santa Fe es Marcelo Saín, y el modo como conduce su ministerio. Mientras tanto, ahí están en la Legislatura, durmiendo en la Cámara de Diputados, los tres proyectos de leyes de seguridad remitidos por el ministro y el gobernador Perotti, sin visos de tratamiento y sin que siquiera Lifschitz o las comisiones de la Cámara se hayan dignado a convocarlo para explicarlos; aunque sea para decirle que los consideran una bazofia y no los piensan votar.

Por el contrario tienen tiempo para dedicarse a legislar sobre los fondos reservados (que Perotti se los sacó a la Policía para dárselos al ministro) y su rendición de cuentas, y dicen que les preocupa su uso justo -pero justo vea- cuando Saín denunció que en la gestión de Pullaro se pagaron desde el Ministerio de Seguridad y con esos fondos los honorarios de los abogados que defendieron a los policías acusados de la desaparición y muerte de Franco Casco. 

Y hasta ahí con las derivaciones institucionales de lo aprobado ayer, porque queda por referir al impacto de éstas cosas al interior del peronismo santafesino. Hace poco decíamos acá que "Lo que hay que preguntarse es si el peronismo santafesino-o al menos parte de él, con importantes responsabilidades institucionales- quiere ser conducido, o se siente más cómodo "siendo líbero", es decir haciendo cada uno lo que se le canta; en lugar de siendo parte de un gobierno a cuyo triunfo electoral contribuyeron todos, en mayo o menor medida. Y del que tampoco se sabe hasta acá -al menos no hay quejas en público- que algún sector en particular haya sido marginado por Perotti, no integrándolo a sus equipos.".

Ayer los diputados dieron la talla, oponiéndose a la maniobra, mientras que los senadores -en cambio- prefirieron seguir haciendo la suya, como vienen haciendo desde hace años, sobre todo desde que se aprobó la boleta única: tienen su propia agenda, a la que se atienen, si de casualidad coincide con la del gobierno, lo bancan; y si no, alpiste: hacen lo que se les canta. Eso sí: sin dejar nunca de celebrar la unidad. 

DEJÁ, ESTÁ BIEN, NO AYUDEN MÁS

"No se puede vivir en Paz sin un sistema de seguridad pública eficiente en la resolución de los conflictos sociales, las violencias y los delitos que tiene lugar en la comunidad. Ello requiere, entre otras condiciones, de una policía adecuada a la legalidad democrática y eficiente en el cumplimiento de sus funciones de protección ciudadana. No hay posibilidad de afrontar de manera eficiente los desafíos que se nos presentan sin el compromiso mancomunado del poder ejecutivo, el poder legislativo, la justicia y la comunidad en su conjunto. El aumento y la expansión del delito en nuestra provincia durante los últimos tiempos, han puesto en tela de juicio el sistema de seguridad público santafecino.

Sus principales defectos históricos han sido evidentes. Primero, ha existido una suerte de desgobierno político sobre los asuntos de la seguridad pública, lo que ha redundado en una marcada autonomía policial. Segundo, la policía provincial adolece de severas deficiencias institucionales en el cumplimiento de sus funciones de prevención delictiva y de investigación criminal. Tercero, la sociedad se ha replegado y se ha refugiado a los ámbitos privados, afrontando los riesgos con los medios a su alcance, no tenemos que perder de vista que las principales víctimas de los delitos son los pobres, los trabajadores, las personas de los estratos sociales que tienen menos protección del Estado y menos capacidad de protegerse a si mismos frente al crimen. 

Una mención específica merece la cuestión de la criminalidad articulada en torno del narcotráfico. Este negocio se ha expandido al amparo de la desidia y la ignominia estatal. Tal como hemos visto a lo largo de este año en casos de notoriedad pública, el desdeño estatal se manifestó en la “vista gorda” policial pero también judicial y política, cuando no en la complicidad asentada en un “pacto de gobernabilidad” directo o indirecto con el delito. Esto se acabó: debe haber una clara línea infranqueable que divida sin más a las instituciones estatales y la legalidad, de un lado, y el mundo delictivo, del otro. Hay que cortar los vínculos con el delito.".

Los párrafos de apertura corresponden al discurso ante la Legislatura con el que Omar Perotti inició su mandato el 11 de diciembre del año pasado. Aunque no dijo nada que en la provincia no se supiera, en su momento causaron gran revuelo, y hubo gente que se sintió aludida, y ofendida. Gente que había estado en el gobierno los 12 años anteriores, para ser más precisos: en todo caso deberían explicar por que se enojaron, y se dieron por aludidos.

El tema con el socialismo -como hemos dicho acá muchas veces- es que se creen la mosca blanca de la política argentina, impolutos e inmaculados, y con los que nadie se puede meter, ni criticarlos, ni sospechar de que puedan andar en algo raro. Y cuando se los señalan, incluso con datos y pruebas concretas, se indignan y se enojan, como el diputado Estévez, entrevistado acá por Juan Manuel Berlanga en "El hormiguero": confrontado con los hechos, repite como un lorito que se trata de una operación de prensa contra el socialismo, y los gobiernos que protagonizaron en la provincia.

Mientras tanto, y solo en los últimos días (menos de un mes) los santafesinos supimos:

* Que el Fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, designado en una meteórica carrera por Lifschitz sin haber sido el primero en el orden de méritos del concurso, recibía sistemáticamente coimas de los grandes capitalistas del juego clandestino para hacer la vista gorda. Sometido a enjuiciamiento en la Legislatura, presentó la renuncia a su cargo, que le fue aceptada por Perotti en todos (porque su intención era seguir como fiscal), y terminó procesado por la justicia en la causa, y con prisión preventiva.

* Que el Ministro de Seguridad de la provincia Marcelo Saín, denunció que en el gobierno de Lifschitz y siendo Pullaro ministro de Seguridad (ambos actuales diputados provinciales) se usaron fondos reservados de la Policía (de los que no se rendían cuentas) para pagarles los honorarios a los abogados defensores de los policías acusados por la desaparición y posterior asesinato de Franco Casco. Uno de esos abogados era a su vez funcionario del Ministerio de Seguridad en esa época.

* Que dos asesores de Pullaro en el área de Asuntos Internos (o sea, la encargada de controlar las posibles conductas delictivas de los policías) tenían acceso privilegiado a las denuncias hechas a una línea 0800 por búnkers o quioscos de droga, mientras eran al mismo tiempo abogados defensores de narcotraficantes con causas en la justicia federal.

* Que de la investigación contra el ex fiscal Serjal se desprendió otra sobre el juego clandestino en Rafaela, que estaba "pisada" desde los tiempos en que era Fiscal Regional allí Enrique Arietti, nombrado por el socialismo y trasladado luego a ese mismo cargo pero en Santa Fe durante los gobiernos del Frente Progresista; y todavía en esas funciones, desde las cuales -por ejemplo- desplazó de sus cargos a los fiscales que investigaban a Pullaro por irregularidades en los concursos de ascenso de la policía, y a Corral por el escándalo de las cooperativas truchas.

* Como derivación de esa misma investigación del juego clandestino en Rafaela, fue detenido Agustín Andereggen, ex coordinador de Seguridad del Nodo Rafaela designado en ese cargo en 2018 por Lifschitz y Pullaro siendo gobernador y ministro respectivamente, por intentar ultimar a balazos a un cliente rafaelino, que le debía plata del juego clandestino.

Estévez (el único diputado del socialismo en el Congreso nacional, integrado al bloque lavagnista que ahora pide una reforma laboral y presidente del Partido Socialista) sostiene que todo se trata de una operación de prensa contra el partido y sus gobiernos en la provincia, pero en 36 minutos de entrevista no consigue desmentir ni uno solo de todos los hechos precedentemente reseñados: los presos están presos, fueron funcionarios de los gobiernos socialistas tal como Tognoli (condenado por vínculos con el narcotráfico) fue jefe de policía de Bonfatti y los hechos son esos, les guste o no a Estévez y los dirigentes del socialismo que firmaron el comunicado denunciando "una operación política".

SILENCIOS

Clarísimo el gobernador, hablemos de lo que hay que hablar: https://t.co/kGOUAeTPDx

— La Corriente K (@lacorrientek) February 29, 2020

Omar Perotti ganó las elecciones provinciales del año pasado, pero no ganó el gobierno: debe cogobernar con el socialismo, que las perdió y se atrincheró en la Legislatura. Y debe gobernar con el presupuesto que le armó Lifschitz antes de irse, que no contempla su plan de gobierno, ni sus prioridades. Y cualquier intento de avanzar sobre esa realidad, será automáticamente atacado como la pretensión de gozar de "superpoderes", afectar la división de poderes y -como se animó a decir un lenguaraz periodístico del gobierno anterior, ex funcionario- será pasible del juicio político.

Al mismo tiempo, al gobernador que asumió en diciembre del año pasado (al que en campaña acusaron de haber privatizado el Banco Provincial), siempre lo animan las peores intenciones: quiere privatizar la recaudación y que vuelvan los ejecutores fiscales, privatizar el Laboratorio de Fármacos de la provincia, cesantear empleados públicos, defoltear las deudas del Estado o desconocerlas, romper contratos y quien sabe cuantas cosas más.

Y como si todo eso fuera poco, ni él ni su ministro de Seguridad pueden hablar de complicidades de la policía y la política con el delito organizado y el narcotráfico, o animarse siquiera a plantear que la provincia vive una situación excepcional y de emergencia en materia de inseguridad, que amerita tomar medidas excepcionales, para llevarles algo de tranquilidad a los santafesinos. 

Menos que menos sugerir que el socialismo tenga algo que ver con eso, aunque sea una de las razones por las que perdió las elecciones del año pasado; del mismo modo que tampoco puede decir que la situación financiera de la provincia es muy compleja, tanto que las empresas contratistas y proveedoras de servicios no cobran incluso antes de que a Perotti lo eligieran gobernador. Y tampoco pueden revisar nada de lo que haya hecho el gobierno anterior, aunque sea irregular, violatorio de las normas e incluso delictivo.

Por absurdos que parezcan, esos son los términos en los que están planteados desde diciembre en Santa Fe, los términos del debate político, por los hoy opositores y hasta entonces gobierno, y los principales medios (en especial el diario El Litoral), que son una y misma cosa. 

De allí que desde acá celebremos que el gobernador haya dicho en Rosario que el silencio sobre ciertas cosas (esas de las que el socialismo no quiere hablar) favorece al delito, porque la cuestión no es enojarse con lo que pueda decir Marcelo Saín, sino explicarles a los santafesinos si es verdad o no: ¿hay o no connivencia de la policía con el delito, en un grado tal que justifica depurar la fuerza para ponerla al servicio de lo que debe ser su rol? ¿hay o no complicidad de la política, o la hubo o no durante 12 años, con esa policía cómplice y socia del delito, hubo o no un jefe de policía preso por vínculos con el narcotráfico? ¿los muertes violentas en la provincia comenzaron en diciembre del año pasado, o vienen de antes, se incrementaron como reacción de las bandas organizadas a la depuración policial, u obedecen una ola de calor u otro factor desconocido?

¿Lifschitz se fue del gobierno dejando las cuentas en orden, o las empresas contratistas y los proveedores del Estado hacía meses que no cobraban, las obras estaban todas en marcha o ya estaban paradas, privatizó o no de nuevo el agente financiero de la provincia, trató o no de darle en concesión el puerto de Rosario, que tenía 13 años de vigencia por delante, a una empresa del grupo Vicentín hasta el 2057, le dio o no a Mundo Construcciones (la empresa del presidente de la Cámara de la Construcción de Santa Fe que ahora se la para de manos a Perotti pidiendo cobrar) la concesión por 30 años de la terminal de cargas del puerto de Santa Fe? ¿O no se puede hablar de nada de todo esto?

Que el socialismo y los medios que le responden y obran en tándem no quieran hablar de ciertas cosas se comprende: tienen el culo demasiado sucio como para sostener debates al respecto. Lo que es incomprensible es el silencio de buena parte del peronismo santafesino, que no cierra filas en defensa del gobierno al que militaron en campaña, y por el que trabajaron para desplazar al socialismo de la Casa Gris, tras 12 años.

Y lo apuntado es extensivo a cierto "progresismo" silvestre que por años apostrofó contra la corrupción policial y su connivencia con el narcotráfico, al que hoy pareciera que le da como vergüencita de bancar a un gobernador que puso a un ministro que van (ambos, no Saín solo como nos quieren hacer creer) con decisión a atacar ese problema. El mismo gobernador que no cede a la extorsión de la patria contratista, que hizo buenos negocios con el socialismo de "las uñas cortas y las manos limpias, sin un caso de corrupción"; y hoy reclama cobrarlos.

¿Es mucho pedir que los que se indignaban con el tráfico de pescado podrido del periodismo hegemónico contra los gobiernos del kirchnerismo salgan a decir "El Litoral miente" como decían "Clarín miente", o es más fácil indignarse cuando el "enemigo" está a 500 kilómetros de distancia y no acá, y te puede condenar al ostracismo mediático? Son preguntas que uno se hace nomás. Tuits relacionados: 

Leyendo esto, quedan un par de cosas claras @serdelfino: 1) Hay un montón de obras municipales de Rosario pagadas por la provincia, 2) La mayoría tiene un 50 % de ejecución, máximo y 3) Están paradas por falta de pago desde meses antes que asuma Perotti: https://t.co/0C0VedV1KG

— La Corriente K (@lacorrientek) March 1, 2020

Seguimos leyendo, @serdelfino. Acá queda claro que Lifschitz y Corral le dieron un montón de obras a Mundo Construcciones, la empresa del presidente de la Cámara de la Construcción que se opone a la ley de necesidad pública. Ahora se entiende todo: https://t.co/P4Jadwztfq

— La Corriente K (@lacorrientek) March 1, 2020