SIGAMOS SACANDO CUENTAS

Siguiendo con el análisis de la Cuenta de Inversión de la provincia del año pasado que iniciamos acá, dejamos otros datos de interés.

* En un año electoral (elecciones de convencionales constituyentes, cargos municipales y diputados nacionales), los subsidios estuvieron a la orden del día: los senadores provinciales (Pullaro tiene 14 sobre 19) tuvieron originariamente asignados a esos fines en el presupuesto votado por la Legislatura 9780 millones de pesos, luego aumentados a 14.780 millones (un aumento del 51,13 %) y los gastaron todos (ejecución del 100 %); lo que supone 739 millones cada uno (incluyendo a la entonces vicegobernadora Scaglia) en el año, o casi 62 millones por mes.

En el caso de los diputados, pasaron de 8239 millones en el presupuesto original a 16.034 con el aumento del 94,60 % obtenido durante el año en la partida, que gastaron íntegramente como sus colegas de la otra Cámara: el 100 %. Como son 50 (28 de los cuáles corresponden a "Unidos") estamos hablando de casi 321 millones cada uno por año, o casi 27 millones por mes.

El propio Pullaro no se quedó atrás: logró que la Legislatura le elevara su partida para otorgar subsidios de casi 2912 millones a casi 14.912 (un aumento del 412,10 %), de los que gastó 13.219 millones, o lo que es lo mismo el 88,65 % de los fondos asignados, a razón de unos casi 1102 millones por mes, o algo más de 36 millones por día. 

* El gasto de todas las áreas del gobierno en publicidad oficial (pauta en los medios) ascendió a casi 36.637 millones, de los cuales unos 35.918 (el 98,04 % del total) lo gastaron la Gobernación y la Lotería (Caja de Asistencia Social); lo que equivale a plata inyectada por el gobierno de Pullaro en los medios (locales, nacionales e incluso extranjeros) a razón de 3053 millones por mes, o algo más de 100 millones de pesos por día, todos los días del año pasado.

O si queremos ponerlo en perspectiva con otros gastos públicos, lo erogado el año pasado por el gobierno provincial en materia de publicidad oficial equivale al 92,11 % del gasto total del Ministerio de Cultura o el 192,70 % del gasto del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, en el mismo período: ¿estamos ante un caso de reorientación del gasto socialista dentro de la coalición oficialista? Y si esa cifra (36.637 millones, reiteramos) gastada en pauta la comparamos con las cifras de lo presupuestado para éste año en diferentes áreas del Estado provincial, equivaldría a 4,26 veces el presupuesto total del CEMAFE, o el 104,53 % del presupuesto del sistema de emergencias médicas 107.

Considerando que todas las áreas del gobierno que contaban con partidas para pagar pauta oficial partieron de un presupuesto inicial votado por la Legislatura a esos fines de 21.210 millones para todo el año y obtuvieron aumentos de partidas del 110,63 %, en un año electoral para llevarlo hasta los 46.782 millones (finalmente ejecutados o gastados en un 78,31 %), cabe preguntarse en cuanto terminarán los casi 42.420 millones de pesos asignados para pauta oficial en el presupuesto de éste año.

* Entre las políticas más promocionadas del gobierno de Pullaro están -sin dudas- las vinculadas a la infraestructura y equipamiento para el gobierno digital y la despapelización de la Administración Pública, y de equipamiento tecnológico para la Policía, el Servicio Penitenciario y las políticas de seguridad. Veamos que dicen los números al respecto.

En el caso del gobierno digital y las políticas TIC´s transversales (responsabilidad del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública), el presupuesto original contemplaba fondos por 29.707 millones para "Maquinaria y Equipos", que luego fueron ampliados a 69.715 millones: un aumento del 134,67 %. Finalmente se terminaron gastando 38.029 millones, o lo que es lo mismo, el 54,55 % de lo previsto.

En lo que refiere a las adquisiciones de Maquinaria y Equipo del Ministerio de Justicia y Seguridad, los 360 millones originalmente previstos en el presupuesto fueron llevados a 10.450 millones (un aumento de más de 29 veces al monto original) de los que se gastaron 2673 millones, es decir apenas el 25,58 %. Y dentro de este total de 2673 millones, apenas 417 millones (el 15,60 % de lo efectivamente gastado) fueron en "Equipo Militar y de Seguridad" (armamento para la policía o cuestiones similares)

* Otro tanto sucede con la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales creada en la Gobernación para llevar adelante las contrataciones vinculadas a las emergencias penitenciaria y de seguridad. En el caso de la Emergencia Penitenciaria, de un total de casi 158.484 millones se ejecutaron (gastaron) 92.323 (el 59,12 %), y en el de la Emergencia de Seguridad Pública, los 56.942 millones originales fueron llevados en el transcurso del año a 71.578 millones (un aumento de partidas del orden del 25,70 %), de los que se terminaron gastando 43.211 millones (el 60,37 %), o sea menos incluso que el crédito presupuestario original.

Pero si al gasto se lo desglosa, en "Maquinarias y Equipo" la UE gastó solo el 31,02 % de las partidas asignadas (22.318 millones sobre 71.934), y en "Construcciones" (obras) gastó solo el 38,43 % de los fondos otorgados (unos 52.018 millones sobre 135.335); pese a contar con procedimientos excepcionales de contratación (como las "licitaciones abreviadas").

¿QUIEREN PRIVATIZAR LA EPE?

 

Por el Decreto 2746 del pasado viernes 7 cuyas imágenes ilustran el post, Pullaro delegó en sus ministros de Economía y Desarrollo Productivo la facultad de establecer quienes serán los beneficiarios de la llamada tarifa social de la EPE, y en base a que criterios. La norma reitera lo que en su momento había dicho el Decreto 449/11 de Binner; en cuanto a que se podía establecer un cupo de beneficiarios de la tarifa social, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias.

Es decir que esas tarifas diferenciales no tienen solo que ver con el nivel de ingresos de los usuarios (en realidad más bien con el lugar donde viven, porque son barrios con medidores comunitarios), sino con los recursos que el Tesoro destina a subsidiarles los consumos del servicio, compensando a la EPE por las menores tarifas percibidas: no una "sintonía fina" mirando de darles subsidios a las tarifas a quienes realmente los necesitan, sino que cierren las cuentas públicas; porque las de la distribuidora ya están cubiertas con la compensación.

La delegación de Pullaro es amplísima, dado que en función de ella los ministros Olivares y Puccini podrán determinar los criterios para acceder al beneficio, su duración o renovación (y por ende cesarlo para todos o algunos de los beneficiarios),el tope de consumo hasta el cual opera y fijar -como se dijo- un cupo de beneficiarios anuales, de acuerdo al monto que el Tesoro (la Administración Central) quiera gastar en subsidios de las tarifas para estos usuarios en particular.

Como consta en los fundamentos del decreto, previo a su dictado intervinieron tres servicios de asesoramiento jurídico: los de los dos Ministerios en cuyos titulares se delegan las facultades, y el Fiscal de Estado, que es el asesor legal del gobernador de acuerdo al artículo 116 de la Constitución de la provincia.

Sin embargo, a todos se les escapó la tortuga, porque no advirtieron que el decreto se basa (entre otras normas) en la Ley 11.727 de diciembre de 1999 (segundo gobierno de Reutemann), que ya no existe más hace casi 19 años, porque fue derogada por la Ley 12.700 de 2006 (segundo gobierno de Obeid): 

La diferencia (además de ser un error jurídico mayúsculo) no es menor, porque la ley que invoca Pullaro en su decreto y fue derogada hace 19 años se dictó en tiempos de Reutemann para allanar el camino hacia la privatización de la EPE: se fijaba un marco regulatorio eléctrico (el que ahora invoca este gobierno para la tarifa social) pensando en que iban a existir prestadores privados del servicio (más allá de las cooperativas que lo prestan en muchas localidades de la provincia), previa venta de la distribuidora estatal.

La ley derogada creaba un Ente de Regulación y Control (como el ENRE que existe en el orden nacional), y transformaba la Empresa Provincial de la Energía (EPE) de ente autárquico en una sociedad anónima llamada Energía de Santa Fe S. A. (ESFESA), por su artículo 103. Y por el artículo 137 facultaba al Poder Ejecutivo para intervenir la Empresa Provincial de la Energía de la Provincia de Santa Fe hasta la transferencia al sector privado de las acciones de ESFESA. 

Conteste con su paradigma privatizador, el artículo 38 de la Ley 11727 que ahora "resucita" Pullaro: decía lo siguiente en relación con las tarifas: "Rentabilidad. Las tarifas que apliquen los prestadores deberán posibilitar una razonable tasa de rentabilidad, basada en parámetros internacionales reconocidos para el sector. Asimismo la tasa de rentabilidad deberá: a) Guardar relación con el grado de eficiencia y eficacia operativa de los prestadores. b) Ser similar, como promedio del sector, a la de otras actividades de riesgo similar o comparable, nacional e internacional.". (las comillas son del texto, las negritas son nuestras). Es decir, los mismos criterios de las privatizaciones del sector eléctrico durante el menemismo y que -nada casualmente- ahora retoma el gobierno de Milei, como lo hizo en su momento el de Macri.

En cambio la Ley 10.014 (Estatuto Orgánico de la EPE) en su artículo 6 inciso q) que fuera repuesto en su vigencia en el segundo gobierno de Obeid toma otro camino. Así indica que a la distribuidora provincial de energía le corresponde: "Proponer al Poder Ejecutivo para su aprobación la política de precios y las tarifas a aplicar en los servicios a su cargo. Empero puede de por sí reajustar la tarifa cuando se produzcan aumentos o disminución del costo de sus componentes. Las tarifas contemplarán como mínimo la totalidad de los costos de producción, explotación y mantenimiento dentro de patrones normales de eficiencia, la depreciación que corresponde al activo fijo revaluado y una utilidad razonable sobre este último. Esta utilidad será destinada al cumplimiento de los fines sociales, a la inversión en obras y al mejoramiento del servicio. El Poder Ejecutivo podrá fijar tarifas preferenciales por razones de interés público, identificando los sectores o regiones beneficiados. En este caso, arbitrará los medios necesarios para cubrir la diferencia y compensar a la Empresa las sumas pertinentes.". (otra vez las comillas son del texto y las negritas nuestras) 

Es decir que mientras en un caso el acento está puesto en la rentabilidad (como corresponde a una empresa privada, aunque preste un servicio público), en el otro se busca el cumplimiento de fines sociales, que es para lo que está el Estado. No olvidemos además que en la reciente reforma constitucional el oficialismo de "Unidos" se negó enfáticamente a establecer que la gestión de los servicios públicos esenciales (como el agua o la luz) de jurisdicción provincial le corresponde en forma indelegable al Estado.

Al respecto decíamos nosotros en ésta entrada: "En el nuevo artículo 51 se establece que la Provincia y los municipios establecen, en el ámbito de sus respectivas competencias, marcos regulatorios para la organización, la gestión directa o indirecta y el control de los servicios públicos.". Lo remarcado en negrita es para denotar que deja expresamente abierta la puerta para las privatizaciones, más aun si se repara en que en el inciso 11) del artículo 90 (que habla de las atribuciones de la Legislatura) expresamente se establece que ésta puede "...autorizar al Poder Ejecutivo para celebrar contratos de concesión de servicios públicos,...". Recordemos que en las discusiones previas a la reforma el oficialismo se negó a establecer enfáticamente que los servicios públicos de jurisdicción provincial (como la luz, el agua y las cloacas) deben ser, inexcusablemente, de gestión estatal.".

¿La mención (dos veces) de los objetivos y principios fijados por una ley derogada hace 19 años en un decreto del gobernador actual es simplemente un moco de sus asesores jurídicos, o un intento solapado -y bastante flojito de papeles- de volver a intentar la privatización de la Empresa Provincial de la Energía (EPE)?

LA ENERGÍA DEL AJUSTE

 

Tal como da cuenta la imagen de apertura, éste lunes el gobierno prorrogó por un año la emergencia energética en los sectores de electricidad y gas, mediante el DNU 370 (completo acá). El objetivo central de la declaración (como en sus antecesores) es "....redeterminar la estructura de subsidios vigentes.... ", es decir, aumentar las tarifas. Y si no veamos sus fundamentos.

Primero, una acotación: nos viven diciendo que las empresas necesitan reglas de juego claras a largo plazo para invertir, y resulta que con el DNU Milei (que tiene otorgadas facultades extraordinarias por la ley bases, pero aun así sigue salteándose al Congreso cuando se le canta) prorroga por un desde su vencimiento la emergencia energética declarada precisamente por la ley bases, que acortó a julio de éste año la que él mismo había declarado por el mega DNU 70/23. Para que se entienda: hasta a la oposición colaboracionista le pareció demasiado tener en emergencia al sistema energético hasta diciembre de éste año y al votarle la ley bases la acotaron a julio, y el tipo se caga en ellos y por DNU la prolonga otro año más; al igual que hizo al insistir con el cercenamiento del derecho de huelga, después de que la justicia lo declarara inconstitucional, en varios fallos. 

Pero volvamos al DNU publicado el lunes, que nos dice en sus fundamentos que "...basándose en lo establecido en el Decreto N° 70/23, por el Decreto N° 465/24 se determinó la reestructuración de los regímenes de subsidios a la energía de jurisdicción nacional, con el fin de asegurar una transición gradual, ordenada y previsible hacia un esquema que permita: (i) trasladar a los usuarios los costos reales de la energía;... " (de ahora en más, las comillas son cita del texto y las negritas nuestras. Vemos entonces que el propósito principal de la "emergencia energética es ése, no asegurar la correcta prestación de servicios públicos esenciales al conjunto de la población, o hacer las inversiones que sean necesarias para ello.)

"...dicho proceso tuvo por objetivo eliminar progresivamente los subsidios generalizados y lograr mayores niveles de cobertura de los precios que resultan de los contratos de abastecimiento vigentes celebrados en el marco del mencionado Plan Gas.Ar, a la par de mantener la protección de los usuarios que necesitan ayuda para pagar la factura del servicio conforme a su nivel de ingresos." (A confesión de parte, relevo de pruebas). "...como resultado de las progresivas adecuaciones de los precios PIST, y de acuerdo con el informe emitido el 22 de mayo de 2025..., la cobertura del costo de abastecimiento del gas para la demanda prioritaria muestra un marcado aumento, pasando de un DIECIOCHO COMA SIETE POR CIENTO (18,7 %) en enero de 2024 a un SETENTA Y CUATRO COMA CINCO POR CIENTO (74,5 %) en marzo de 2025, evidenciando una mejora gradual en línea con los objetivos de focalización del gasto público y recomposición del sendero tarifario, aunque aún insuficiente para reflejar plenamente los costos reales." (Traduciendo: les aumentaron los precios del gas a las petroleras en forma brutal, y ese aumento lo financian los usuarios con aumentos de tarifas también brutales, al mismo tiempo que el Estado retira los subsidios, y no se sabe nunca -al menos no por información oficial- cuales son los costos reales de producción de las petroleras, que deben cubrirse con los precios que se les reconocen)

"...a pesar del crecimiento pronunciado del porcentaje de cobertura del precio PIST, el precio facturado del gas con relación al costo de abastecimiento, en un contexto de fuerte presión fiscal y necesidad de reordenamiento tarifario, la cobertura aún no llega a ser total..." (Avisan que se vienen nuevos aumentos, que es precisamente para lo que se declara la emergencia por un año más. La "fuerte presión fiscal" la impuso el mismo gobierno, con su plan motosierra)

"tal como surge del Informe Técnico del 22 de mayo de 2025..., el grado de cobertura del PEST respecto al costo monómico del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) tuvo variaciones sustanciales por segmento. Que si bien para el segmento Nivel 1 – Altos Ingresos, la cobertura fue del CIEN POR CIENTO (100 %) durante todo el período -garantizando la señal de precios plena- en abril de 2025, la cobertura alcanzó el VEINTINUEVE COMA NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (29,97 %) para el Nivel 2 – Bajos Ingresos y el CUARENTA Y CINCO COMA SESENTA Y OCHO POR CIENTO (45,68 %) para el Nivel 3 – Ingresos Medios, evidenciando una mejora paulatina, aunque aún insuficiente para reflejar plenamente los costos reales." (Se termina el cuento de las piletas calefaccionadas de Puerto Madero y Nordelta: aunque paguen toda la luz y el gas sin subsidios, no mueven el amperímetro del gasto en subsidios, y para cumplir con las metas del plan motosierra y poder pagar la deuda, hay que guadañarles nuevos aumentos y baja de subsidios a la clase media, y a los sectores populares)

"...asimismo, la SECRETARÍA DE ENERGÍA está implementando un programa de acciones esenciales para garantizar la sostenibilidad y continuidad del servicio eléctrico, incluyendo inversiones, reformas estructurales y ajustes normativos necesarios para reconstituir el régimen económico y recaudatorio del MEM." (Las futuras inversiones no se mencionan jamás en el decreto, lo importante es "reconstituir el régimen económico y recaudatorio). "...eliminando los “Precios Máximos de Referencia” para las etapas de fraccionamiento, distribución y venta al público de garrafas, a fin de continuar estableciendo únicamente “Precios de Referencia”, sin un tope que obstaculice la cobertura de la real variación experimentada en los costos observados en los segmentos de fraccionamiento, distribución y comercio minorista, previamente establecidos y ajustando los precios de los productores al marco de la paridad de exportación (PPE)." (O sea, una vez que les garantizan a las petroleras el mismo precio de exportación para abastecer el mercado interno, liberan los precios de la garrafa para que los fije el mercado, sin intervención estatal)

"...mediante los artículos 8º de la Resolución N° 90/24 y 6º de la Resolución N° 91/24, ambas de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, se puso fin a las inscripciones masivas en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) que se habían realizado hasta entonces, conforme a la Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA N° 631 del 30 de agosto de 2022. Que de acuerdo con el Informe Técnico del 22 de mayo de 2025 y su Anexo de la SUBSECRETARÍA DE TRANSICIÓN Y PLANEAMIENTO ENERGÉTICO de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a través de la eliminación del mecanismo de inclusión automática en el RASE se identificaron UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO (1.590.964) hogares que estaban categorizados en el Nivel 2 - Bajos Ingresos, recibiendo subsidios que no habían solicitado." (Aparece acá el mismo argumento que usaron para eliminar pensiones por discapacidad, dejar de repartir comida en los merenderos y comedores populares, o destruir las universidades y el sistema científico: presuntos "curros" que resuelven -en éste caso- eliminando los subsidios en forma masiva, y aumentándole las tarifas a todo el mundo)

"Que a pesar de las medidas adoptadas y los avances realizados, tal como surge de los informes técnicos de las áreas competentes referidos, persisten aún las circunstancias que motivaron el dictado del Decreto N° 55/23 y del Decreto N° 1023/24, relacionadas con la situación de emergencia que atraviesa el sector energético." "Que aún está pendiente alcanzar una mayor cobertura del costo de abastecimiento de gas natural, manteniendo el aporte del Estado solamente para los usuarios que verdaderamente necesitan la ayuda económica." (Al igual que pasó con Macri, los tarifazos son embolsados por las empresas sin hacer inversiones, y el Estado nada hace al respecto, salvo prorrogar la emergencia por otro año más, para seguir con los tarifazos, ya sin siquiera la promesa de futuras inversiones)

"Que algunos subsidios, como el de Régimen de Zona Fría establecido inicialmente por el artículo 75 de la Ley N° 25.565, fueron creados y otorgados con independencia del carácter vulnerable de los beneficiarios, implicando significativos descuentos sobre la factura completa de gas, mientras que para su financiamiento solo se previó una recaudación en relación con el precio de gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST). Que con respecto al Régimen de Zona Fría, en el año 2021 se sancionó la Ley Nº 27.637, mediante la cual se dispuso la ampliación del beneficio a más de la mitad del país, sin establecer límite alguno a los consumos subsidiados e incluyendo zonas calificadas como cálidas por la norma IRAM 11603:2012. Que el abuso en la inclusión de ciertas zonas calificadas como cálidas dentro del subsidio reservado para climas fríos y regiones que requieren ser pobladas provocó, a través de los años, que el ESTADO NACIONAL debiera financiar una porción creciente de los beneficios, que no logran ser cubiertos por el mecanismo de financiación originariamente previsto en la Ley N° 25.565, ni siquiera con la modificación del recargo en la factura que pagan todos los usuarios del país, conforme se establece en la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMÍA N° 356/25." (Reaparece acá el argumento de las piletas climatizadas, pero en éste caso para los usuarios de las zonas frías. Spoiler: siguen cobrando la contribución que creó la ley -a todos los usuarios-, hace poco la aumentaron y al mismo tiempo restringieron quienes son los usuarios beneficiarios de régimen en esas zonas. Porque la idea es básicamente recomponer la caja de las empresas, o mejor dicho, cambiar quien les paga los nuevos precios y como)

"Que como consecuencia de la desregulación de los precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP), resulta necesario revisar el esquema de beneficios que corresponden a los usuarios más vulnerables del sistema energético, que son quienes no cuentan con acceso a la red de gas natural, reestructurando la ayuda que, hasta el presente, se ha dado a través del PROGRAMA HOGARES CON GARRAFAS (HOGAR), creado por el Decreto N° 470/15. (Observemos como todas las medidas que dicen que tienen que tomar son nuevos aumentos de tarifas, derivadas de las medidas que tuvieron -dicen- que tomar antes, que fueron aumentos de tarifas. "Revisar el esquema de beneficios" lo traduce expresamente el propio decreto, un poco más abajo: recortarles subsidios y tarifas especiales a los Clubes de Barrio y de Pueblo, las Entidades de Bien Público, las Empresas Recuperadas y las Cooperativas de Trabajo) 

Se hacen tiempo para quejarse de la "pesada herencia" que les dejó el kirchnerismo: "...en lo que respecta al sector energético, y tal como se verifica en el tenor de las acciones adoptadas hasta el presente, la referida herencia se ha verificado en la vulnerabilidad y el estado crítico en TRES (3) aspectos claves: (a) en el sistema económico recaudatorio; (b) en la funcionalidad de las instalaciones para asegurar el suministro actual y futuro y (c) en la falta de señales de mercado para la oferta y la demanda." (Como vemos, dos de los tres problemas que juzgan como más graves del sistema energético, tienen que ver con los costos y ganancias de las empresas, y solo uno con garantizar mejores servicios públicos para los usuarios. Ninguno con exigencia de inversiones -a cambio de los tarifazos- para garantizarlos. Toda una declaración de principios) 

Que, en función de las razones expresadas, resulta necesario y urgente extender la declaración de emergencia por 1 (UN) año, es decir hasta el 9 de julio de 2026, con el fin de permitir que los órganos competentes sigan adoptando las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y de gas natural." (El decreto incluye también la prórroga por un año más de la intervención en el Ente regulador único del gas y la electricidad, que fusionó en éste gobierno al ENRE y el ENARGAS creados durante el menemismo, con la excusa de proteger a los usuarios y controlar que las empresas cumplieran con los contratos de concesión y las inversiones prometidas. Cosa que todos sabemos que jamás sucedió)

NO SABE NO CONTESTA

 

Senado

Mal momento para el secretario de Energía, Eduardo Chirillo.

El senador O. Parilli le preguntó por el costo de producción del barril del petróleo en la Argentina y el funcionario titubió, intentó pasar a otra cosa, le insistieron y terminó admitiendo que no sabía. pic.twitter.com/HEwiDflaDs

— Manuel Casado y Deleo (@manuelmarried) May 8, 2024 

El martes de la semana pasada se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 465 (completo acá), por el cual el gobierno de Milei estableció el esquema de transición hacia la virtual eliminación de los subsidios del Estado a las tarifas de luz y gas, de lo que se sigue que en el segundo semestre del año impactarán aun más brutalmente los aumentos.

Los argumentos del decreto parecen (y quizás más que eso) redactados por los actores privados del sistema (generadoras, transportistas y distribuidoras), porque se hacen cargo plenamente de todos sus argumentos para reclamar aumentos de tarifas. Así por ejemplo el decreto dice (remitiendo a la experiencia de las privatizaciones menemistas) que por ese entonces "...los precios mayoristas del gas natural y la electricidad se desregularon y, hasta principios de 2002, las transacciones de oferta y demanda eran acordadas libremente por las partes.".

Por el contrario, señala que al implosionar la convertibilidad "...el congelamiento de las tarifas y la interrupción o la falta de terminación de las revisiones tarifarias llevaron, en primer lugar, a que la tarifa no reflejase el costo del suministro;", y que "...cualquier subsidio que se otorgue a usuarios comerciales o industriales produce distorsiones en la cadena de formación de precios.", (porque) "...la política tarifaria implementada se combinó con una política de subsidios a nivel del precio mayorista que no reconoció el costo real de la energía...".

Insiste el decreto varias veces sobre el problema de los costos: "Que ello (la política de subsidios a las tarifas, aclaramos) contribuyó a la opacidad de las tarifas finales y a la confusión conceptual entre los montos efectivamente facturados a los usuarios y los subsidios,...", y  "Que, en definitiva, la actual política de subsidios y el sistema actual de segmentación establecido por el Decreto Nº 332/22 ha llevado a que los precios mayoristas de energía no cubran los costos de abastecimiento,...".

Una y otra y otra vez, los costos : "Que semejante carga para el ESTADO NACIONAL ha sido consecuencia de un modelo de subsidios generalizados, que respondió a un modelo energético basado sobre precios y tarifas deprimidas, que no reflejaron el costo del abastecimiento mayorista ni el valor agregado de distribución.", "Que entre las circunstancias que justificaron la declaración de la emergencia energética se encuentra la situación financiera del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), afectada por un sistema de retribución que no refleja los costos reales de producción...".

Para luego empezar a perfilar los objetivos de la nueva política tarifaria (las negritas son siempre nuestras): "Que, en ese contexto, por el artículo 2º del referido decreto se instruyó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA para que elabore, ponga en vigencia e implemente un programa de acciones necesarias e indispensables con relación a los segmentos comprendidos en la emergencia declarada en su artículo 1°, con el fin de establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos de las prestatarias..."

Y en la misma línea argumental -la de las empresas- dice el decreto: "Que de acuerdo con los estudios de consumo realizados por la SECRETARÍA DE ENERGÍA la superposición de programas y la autorización de consumos bonificados sin límite han ocasionado consumos excesivos en tanto la señal de precios no refleja los costos económicos de producir, transportar y distribuir la energía. ", y "Que, asimismo, la mencionada resolución estableció los costos de abastecimiento de gas natural a trasladar a los usuarios finales en relación con los contratos o acuerdos de abastecimiento vigentes", (siendo) "el objetivo final de sincerar y transparentar el costo real del gas natural y la energía eléctrica,".

En consonancia con tales fundamentos, el artículo 1º del decreto determina "la reestructuración de los regímenes de subsidios a la energía de jurisdicción nacional, a fin de asegurar una transición gradual, ordenada y previsible hacia un esquema que permita: (i) trasladar a los usuarios los costos reales de la energía;"; mientras que su artículo 3º deja sin efecto "los límites del impacto en factura que genere la corrección del componente Energía fijado como porcentaje del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior, contenidos en el artículo 2º del citado Decreto N° 332/22." (es decir, si tu sueldo aumenta menos que las tarifas, jodéte).

Para concluir en el artículo 5º del mismo decreto en que "Durante la vigencia del Período de Transición, la Autoridad de Aplicación deberá desarrollar todas las acciones necesarias para una transición gradual, ordenada y previsible hacia precios de mercado y tarifas basadas en costos económicos para el sector energético...". Los costos, otra vez, parecen ser la clave: a las empresas los costos no les estarían dando, y para que les den y además obtengan ganancias, hay que eliminar subsidios, aumentar tarifas y que esos costos (y esas ganancias) las paguen plenamente los usuarios. 

Lo extraño es que -como demuestra el tuit de apertura- el Secretario de Energía (que es la Autoridad de Aplicación de la que habla el decreto) no conoce los costos, al menos de la producción de un barril de petróleo. Y si no sabe esos (o los sabe y no los quiere revelar) es muy probable que tampoco conozca los del gas, aunque el precio en boca de pozo (que se supone refleja esos costos más la ganancia), lo fije el propio gobierno, y en dólares.

Por tratarse (los costos) de producir, transportar y distribuir (en orden decreciente de importancia) energía un asunto de primer orden de insumos críticos que operan en mercados regulados (es decir con precios fijados directa o indirectamente por el Estado) ¿no deberíamos conocerlos todos, empezando por el Secretario de Energía? 

¿O simplemente tenemos que creerles a las empresas (muchas de ellas con intereses en toda la cadena, como las petroleras) que no les dan los números, y autorizarles los aumentos de tarifas sin ninguna otra consideración, ni siquiera los niveles de ingresos de los usuarios que tienen que pagarlas? 

¿O el régimen de libre competencia que nos prometen al terminar con los subsidios al final del régimen de transición resolverá mágicamente la cuestión abaratando las tarifas por obra y gracia del mercado, aunque los usuarios no puedan elegir que empresa los provea de gas o luz?

NO ACLARES QUE OSCURECE

 

Tal como se preveía desde que asumió Sergio Massa en el Ministerio de Economía y -entre otros cambios- se fueron los funcionarios del área de Energía que respondían a Cristina, los aumentos de tarifas serán mayores a lo anunciado, porque el recorte de los subsidios tendientes a equilibrar las cuentas públicas será mayor, a tono con los compromisos asumidos con el FMI: acá lo explica Della Torre en Página 12.

La conferencia de prensa donde la Secretaria de Energía y la mujer de Massa (titular de AYSSA) trataron de explicar el tarifazo fue, por momentos, bizarra: Malena diciendo que no era un aumento de tarifas, sino un "reordenamiento de los subsidios", y en algún momento se llegó a la desmesura de meter en el asunto a la justicia social.

Que la última vez que nos fijamos y para el peronismo, era luchar por un sociedad con una distribución más equitativa del ingreso, con trabajadores dignificados a través de salarios que les permitan vivir bien a ellos y sus familias, acceder a la vivienda propia, el turismo, el esparcimiento e incluso ahorrar; con chances de movilidad social, protegidos por derechos por los que el Estado -que los reconocía- velaba. Pero claro, eran otros tiempos y es posible que los que debamos aggiornarnos seamos nosotros.

Estos son tiempos de derrota, electoral, política y conceptual, aún habiendo ganado las elecciones del 2019, y por eso estamos todo el tiempo haciéndole concesiones al enemigo: conceptuales, teóricas y concretas. Como por ejemplo creer que el problema principal del país son las tarifas bajas o los subsidios altos, o el gasto público y el déficit fiscal; que nadie dice que no son cosas que deban discutirse, pero siempre dentro del contexto de un país con elevados indicadores de pobreza, y un retroceso brutal de la participación de los trabajadores y sectores de ingresos fijos (ni hablar los que no tienen ni siquiera eso garantizado, por mínimo que sea) en el reparto de la torta.

Cuando se anunció (antes de la "era Massa", cuando aun reinaba Guzmán) la segmentación de los subsidios, dijimos en esta entrada: "Evidentemente la cosa no era tan sencilla de resolver, y nos atrevemos a decir que está por verse si el nuevo decreto consigue resolver la cuestión, siempre que antes nos pongamos de acuerdo cual es ésta: si garantizar tarifas justas, equitativas, razonables y acordes a la capacidad de pago de los usuarios, de disminuir el peso de los subsidios en las cuentas públicas (lo que parece ser la preocupación excluyente de Guzmán), de desalentar los consumos irresponsables que afectan la balanza de pagos por el lado de las importaciones de energía necesarias para atender la demanda, o como diría Rinconet, un mix de todo.". 

"Pero el mayor problema -en nuestra modesta opinión- no está allí, sino en el enfoque de la segmentación, a partir de los ingresos de los diferentes deciles de la población: por la estructura de nuestra PEA (Población Económicamente Activa), en el decil 1 (es decir, el 10 % de la población que percibe mayores ingresos) conviven sectores con muy distinta capacidad contributiva, algunos de los cuáles podrían pagar perfectamente el precio pleno de los servicios, y otros no tanto, o con dificultad. Para discriminar de modo equitativo entre las personas o las empresas en razón de sus ingresos, patrimonio o capacidad de pago, están los impuestos; en especial los directos: inmobiliario, patente automotor, Ganancias, Bienes Personales y los que hoy se están discutiendo como el gravamen a las rentas inesperadas.".

"Y por otro lado las expectativas desmedidas que se depositan en la segmentación de los subsidios (un acto de fe sin mayor evidencia concreta, como la que se depositaba en el 2008 en la posibilidad de "segmentar las retenciones a favor de los pequeños y medianos productores agropecuarios"), tienen que ver con otro equívoco, que se trasunta en el decreto: el peso real que tienen en las cuentas públicas y dentro del dinero que se destina a subsidiar las tarifas de los servicios públicos, los distintos sectores medidos por ingresos.".

"En efecto, los ricos (con más razón si son muy ricos) son pocos, y la enorme mayoría de la masa de subsidios se destina a los que realmente los necesitan, porque no podrían pagar las tarifas plenas. De allí que el decreto incurre en una falacia cuando señala que "Que si bien el esquema de subsidios energéticos del Estado Nacional debe entenderse como una política de ingresos y que su principal objetivo es proteger el poder adquisitivo de los hogares, actualmente su estructura genera profundas distorsiones concentrando una parte sustancial de su peso en los sectores de mayor capacidad de pago.". De modo que si lo que se busca es disminuir el peso de los subsidios en las cuentas públicas, eliminarlos para el primer decil de ingresos no mueve el amperímetro, aun pudiendo implementarse como está planteado en el decreto.".

"Eso sin contar con que los subsidios a los servicios públicos son también una forma de morigerar los costos de producción de los bienes y servicios, y por ende incidir en sus precios finales, lo que es clave en contextos como el actual de alta inflación. Concluyendo: si lo que preocupan son los números de las cuentas fiscales, en lugar de prestarle tanta atención al gasto en subsidios con estrategias inviables, hay que pensar en recomponer los ingresos del Estado. Por ejemplo cobrándoles más y mejores impuestos a los sectores (allí sí) con mayor capacidad contributiva, para que el reparto social de las cargas sea más parejo.".

Pues bien, las mismas cuentas que hicimos nosotros, las hizo también Massa, y queda claro que cuando llamaba "farsante" a Guzmán no era porque le criticara su "fiscalismo", sino porque pensaba que en realidad él podía hacer mejor, más profundo y a fondo el ajuste, para que los números cierren; aunque sea con la gente afuera. Y aunque el peso mayor de los aumentos recaiga el año próximo, en pleno proceso electoral: si la idea del discurso oficial es que hay que sostener la unidad a cualquier precio y tragarse cualquier sapo porque "si no vuelve la derecha", a éste paso no parece que se estén creando las condiciones para evitarlo, a menos que lo que en realidad se busque es que no vuelvan, porque no haga falta: el trabajo sucio se los haríamos nosotros.

Esta es la verdadera cuestión a debatir, que no se puede ocultar (ni distraer) filtrando el nombre de los famosos o millonarios que no renunciaron a gozar de los subsidios a las tarifas, a los que no se les quieren cobrar más impuestos que compensen -y aun excedan con creces- lo que gastamos en ellos, por ese concepto. Eso en todo caso podrá servir para deslegitimarlos a muchos de ellos cuando, en la discusión pública, aparecen indignados por los "planes sociales", y piden eliminarlos, o por "la excesiva presión fiscal", o la presunta cantidad de impuestos que pagan. Y no para mucho más.

SEGMENTADOS

 

Ninguna duda. Es una poronga, completamente impracticable, que la sacan después de un aumento aplicado a todos por igual: https://t.co/CIBCqa3dZ6

— La Corriente K (@lacorrientek) June 17, 2022

Después de una semana marcada por la corrida especulativa  contra los bonos de deuda en pesos y con movimientos en los dólares "alternativos", el gobierno anunció una serie de medidas traducidas en decretos publicados en el Boletín Oficial; que en rigor de verdad nada tienen que ver -al menos no directamente- con esas zozobras financieras.

En medio de la escasez de gas oil y cediendo a la extorsión de las petroleras, luego de autorizar un aumento del 12 % del combustible, el presidente firmó el Decreto 329 que establece un "régimen de incentivos al abastecimiento interno de combustibles"; que como cabía esperar si se trata de "incentivar" al capital, consiste básicamente en reintegrarle vía subsidios parte de lo que pagan en concepto de impuesto a los combustibles líquidos. Otra vez y mientras se habla de bajar subsidios a las tarifas de los servicios públicos, parece que hay subsidios buenos y malos.

Y el mismo gobierno que desistió -por ejemplo- de aplicarles a las petroleras la ley de abastecimiento para garantizar que haya gasoil o no se registren abusos de precios por el combustible, dictó el Decreto 330 por el cual aumenta el corte obligatorio de biodiésel en la mezcla de las naftas, medida que por un lado puede ayudar a superar el cuello de botella actual en la provisión, pero que seguramente disparará en el futuro nuevos aumentos. 

Pero la medida más difundida y comentada ha sido la tantas veces anunciada "segmentación" de los subsidios a las tarifas de luz y gas, contenida en el Decreto 332 cuyo texto completo pueden leer acá. Algo de lo que viene hablando en el país desde hace más de 10 años, cuando allá por el 2012 y en su segundo mandato Cristina hablaba de hacer "sintonía fina" en esa materia. 

Evidentemente la cosa no era tan sencilla de resolver, y nos atrevemos a decir que está por verse si el nuevo decreto consigue resolver la cuestión, siempre que antes nos pongamos de acuerdo cual es ésta: si garantizar tarifas justas, equitativas, razonables y acordes a la capacidad de pago de los usuarios, de disminuir el peso de los subsidios en las cuentas públicas (lo que parece ser la preocupación excluyente de Guzmán), de desalentar los consumos irresponsables que afectan la balanza de pagos por el lado de las importaciones de energía necesarias para atender la demanda, o como diría Rinconet, un mix de todo.

Así vistas las cosas, no parece que el decreto resuelva mucho, por empezar por el contexto en el que -tras largas dilaciones al interior del gobierno- termina viendo la luz: con un alza de los precios internacionales de la energía y los combustibles por la guerra en Ucrania que haría necesarios más subsidios y no menos, y con un sistema energético que sigue funcionando bajo los marcos legales diseñados por el menemismo en los 90' a través de la Ley 24065 para la electricidad, y la Ley 24076 para el gas. En ambos casos, la generación (que es lo que origina los mayores costos) es de jurisdicción nacional al igual que el transporte, y en su mayoría está en manos privadas; y la distribución es de jurisdicción compartida pero en su mayoría provincial, a través de empresas estatales (como la EPE acá en Santa Fe), pero también privadas.

De allí que en la mayor parte del territorio nacional (más allá del AMBA) y para la electricidad el decreto no sea directamente operativo, sino que requiere de convenios a firmarse por la Secretaría de Energía de la Nación (que fija los precios de la generación y el transporte) con las distribuidoras provinciales. A esto debe sumarse que, pese a sus promesas iniciales, éste gobierno no corrigió -ni con la ley de emergencia- la dolarización de los precios de generación de la energía que dejó el macrismo.

Pero el mayor problema -en nuestra modesta opinión- no está allí, sino en el enfoque de la segmentación, a partir de los ingresos de los diferentes deciles de la población: por la estructura de nuestra PEA (Población Económicamente Activa), en el decil 1 (es decir, el 10 % de la población que percibe mayores ingresos) conviven sectores con muy distinta capacidad contributiva, algunos de los cuáles podrían pagar perfectamente el precio pleno de los servicios, y otros no tanto, o con dificultad.

Eso sin considerar que el decreto tal cual está planteado será objeto de presentaciones judiciales -promovidas incluso por los que hasta ayer renegaban de los planes sociales, o pedían eliminar los subsidios "porque a las cosas hay que pagarlas lo que valen"-, para las cuales nos parece endeble.

En efecto, cuando el decreto habla de como segmentar los subsidios señala "Que dicho mecanismo debe evaluar la capacidad de pago de las personas que conforman un hogar usuario de servicio público sobre la base de su situación patrimonial, de ingresos y otras características sociodemográficas.". Por muy simpático que pueda parecer el argumento, los servicios públicos no son un impuesto, sino una prestación material que brinda el Estado por sí o un concesionario autorizado por él, a cambio de una retribución que se denomina tarifa, que refleja además el grado de uso que se hace del servicio en cuestión, es decir los niveles concretos de consumo de cada usuario.

Para discriminar de modo equitativo entre las personas o las empresas en razón de sus ingresos, patrimonio o capacidad de pago, están los impuestos; en especial los directos: inmobiliario, patente automotor, Ganancias, Bienes Personales y los que hoy se están discutiendo como el gravamen a las rentas inesperadas. Lo cual no quiere decir que, como concepto político general, el sistema de subsidios a las tarifas no se base en consideraciones de justicia social.      

Y por otro lado las expectativas desmedidas que se depositan en la segmentación de los subsidios (un acto de fe sin mayor evidencia concreta, como la que se depositaba en el 2008 en la posibilidad de "segmentar las retenciones a favor de los pequeños y medianos productores agropecuarios"), tienen que ver con otro equívoco, que se trasunta en el decreto: el peso real que tienen en las cuentas públicas y dentro del dinero que se destina a subsidiar las tarifas de los servicios públicos, los distintos sectores medidos por ingresos.

En efecto, los ricos (con más razón si son muy ricos) son pocos, y la enorme mayoría de la masa de subsidios se destina a los que realmente los necesitan, porque no podrían pagar las tarifas plenas. De allí que el decreto incurre en una falacia cuando señala que "Que si bien el esquema de subsidios energéticos del Estado Nacional debe entenderse como una política de ingresos y que su principal objetivo es proteger el poder adquisitivo de los hogares, actualmente su estructura genera profundas distorsiones concentrando una parte sustancial de su peso en los sectores de mayor capacidad de pago.". De modo que si lo que se busca es disminuir el peso de los subsidios en las cuentas públicas, eliminarlos para el primer decil de ingresos no mueve el amperímetro, aun pudiendo implementarse como está planteado en el decreto.

Eso sin contar con que los subsidios a los servicios pùblicos son también una forma de morigerar los costos de producción de los bienes y servicios, y por ende incidir en sus precios finales, lo que es clave en contextos como el actual de alta inflación. Concluyendo: si lo que preocupan son los números de las cuentas fiscales, en lugar de prestarle tanta atención al gasto en subsidios con estrategias inviables, hay que pensar en recomponer los ingresos del Estado.

Por ejemplo cobrándoles más y mejores impuestos a los sectores (allí sí) con mayor capacidad contributiva, para que el reparto social de las cargas sea más parejo. No centrando -por ejemplo- la política de ingresos, como se hizo hace poco, en rebajar la carga de Ganancias para los salarios más altos, para sectores a los que ahora se les disminuirían los subsidios.

SANOS Y ENFERMOS

 

¿Quién podría discutir que está mal subsidiarle los servicios públicos a los ricos? El problema es que cuando plantean aumentar las tarifas, nunca implementan la llamada "segmentación" o "sintonía fina", a la cual le vienen buscando el agujero del mate desde 2012, por lo menos.

— La Corriente K (@lacorrientek) May 8, 2021

Es más: los servicios (gas, luz, agua) se facturan con cargos fijos (por conectarse a las redes) y cargos variables (por el consumo). Es muy posible que si en la ecuación que da la tarifa se incluyeran los ingresos del usuario, la justicia diría que está mal.

— La Corriente K (@lacorrientek) May 8, 2021

El argumento sería muy sencillo: el de la "doble imposición". Los ingresos de una persona ya están gravados con Ganancias, y su patrimonio con otros impuestos (Bienes Personales, Inmobiliario, Patente). No es tan sencilla la cosa, además de contar con información para no errarle.

— La Corriente K (@lacorrientek) May 8, 2021

Todos dicen estar de acuerdo con aumentarles las tarifas a los que más ganan, y subsidiar a los de menores ingresos. Pero evidentemente no debe ser tan sencillo, como no es sencillo eliminar el IVA o diferenciarlo por ingresos del que consume. Hay razones fiscales y jurídicas.

— La Corriente K (@lacorrientek) May 8, 2021

Es decir que todo este asunto de la "segmentación" de las tarifas y la "sintonía fina" tiene mucho de sanata y buenas intenciones, y poco de concreción abordando la complejidad del asunto. Eso sin contar que la discusión al respecto soslaya otra: costos reales de los servicios.

— La Corriente K (@lacorrientek) May 8, 2021

Lo cual incluye la tasa de ganancias de toda la cadena (generadores, transportistas, distribuidores), las inversiones comprometidas, cumplidas o no, los contratos y marcos regulatorios. Es decir, el estropicio menemista nunca revisado a fondo, y aún incólumne en muchos aspectos.

— La Corriente K (@lacorrientek) May 8, 2021

Sería más sencillo discutir cuanto aumentarle a cada sector las tarifas para que sean justas, si antes transparentamos cuanto hay que aumentar las tarifas por aumentos reales de los costos de producir energía (por ejemplo), o para garantizar inversiones. De eso no se habla nunca.

— La Corriente K (@lacorrientek) May 8, 2021

Cuando Guzmán plantea la discusión sobre los subsidios a las tarifas planteando su peso en las cuentas públicas (5,7 del PBI) está falseando el eje, porque ese monto incluye por ejemplo los subsidios a las petroleras en el marco del Plan Gas plus, para aumentar la producción.

— La Corriente K (@lacorrientek) May 8, 2021

Si esos subsidios se justifican en la necesidad de aumentar la producción de gas para no importar e incluso pasar a exportar, mejorando así el balance de pagos y reduciendo la restricción externa, entonces no hay que meterlos en el eje merece/no merece subsidios por sus ingresos.

— La Corriente K (@lacorrientek) May 8, 2021

La segunda falacia es que si los subsidios a las tarifas se ponen en discusión por el lado de su peso en las cuentas públicas (argumento ortodoxo asumido por el ministro), bajárselos solo a los que pueden pagar aumentos no mueve el amperímetro: son muy pocos.

— La Corriente K (@lacorrientek) May 8, 2021

Y la mentira tiene patas cortas: se comprueba que es falsa con cada aumento de tarifas, que no es ni "segmentado", ni de "sintonía fina". Eso sin considerar que en todo este enfoque nunca entran los subsidios como política de ingresos, es decir salario indirecto.

— La Corriente K (@lacorrientek) May 8, 2021

Y que no se diga frente a eso que el gasto (en subsidios) genera inflación, o contribuye a monetizar el déficit, porque ese argumento es esperable en Cavallo o Sturzenegger, no en un ministro de éste gobierno.

— La Corriente K (@lacorrientek) May 8, 2021

¿Y la línea enferma seríamos los kukas, Tincho?: https://t.co/t2huNC4EBB

— La Corriente K (@lacorrientek) May 8, 2021

DISCRIMÍNAME

 

En Coronda nos encontramos con dirigentes y referentes de todos los partidos del FPCyS. Con el senador @LeoDianaok destacamos la importancia de los gobiernos locales, que hoy sufren una brutal discriminación del Gobierno Provincial, sólo por ser de signos políticos distintos pic.twitter.com/44SintDtp6

— Miguel Lifschitz (@MiguelLifschitz) March 10, 2021

El gobernador en el exilio de la Legislatura, que recorre la provincia con su "gabinete fantasma" de diputados y ñoquis legislativos dice que el gobierno provincial discrimina a los municipios y comunas del Frente Progresista Cívico y Social, sin dar mayores precisiones, ni aportar ningún dato concreto que avale sus dichos. 

Una pena que los funcionarios que salieron a cruzarlo en las redes y en los medios tampoco hayan abundado en datos, como por ejemplo recordarle que, cuando él era gobernador, repartió entre los municipios y comunas del entonces oficialismo más del 87 % de los recursos del "Programa de Fortalecimiento Institucional", una especie de "Banelco" de subsidios que manejaba Farías (entonces ministro, hoy diputado), para otorgar fondos sin un destino concreto. Más datos acá, en ésta nota de Gustavo Castro en Diario Santa Fe.

Pero si de otorgar fondos a municipios y comunas hablamos, no viene mal recordar que durante los gobiernos del socialismo, en particular el de Bonfatti, se creó el llamado "Plan Abre", que solo entregaba fondos o financiaba proyectos en las Municipalidades de Santa Fe, Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Santo Tomé; todas gobernadas por el Frente Progresista. Quedaban afuera el resto de las municipalidades, y todas las comunas de la provincia, sin importar su color político.

En 2019 (gobierno de Lifschitz) y estando ya Perotti electo como gobernador, el oficialismo sancionó -con el apoyo de los senadores del PJ- la Ley 13896, por la cual el "Plan Abre" se extendía a todos los municipios, pero seguían dejando afuera a las comunas. Además los fondos se distribuían desde la Legislatura por una comisión bicameral, casi sin intervención del Poder Ejecutivo, y de un modo particular: en la primera mitad del año debían presentarse los proyectos, la comisión aprobarlos, y en la segunda mitad del año recién transferir los fondos.

Pandemia mediante, el primer semestre del 2020 transcurrió sin que ninguna municipalidad o comuna presentase proyectos para obtener partidas del "Plan Abre", y Perotti lo reemplazó por el "Plan Incluir" mediante el Decreto 1184. El "Incluir", a diferencia del "Abre", está diseñado para llegar a todos los municipios y comunas de la provincia.

Al finalizar el año pasado, el gobierno provincial había asignado casi 2445 millones de pesos en el marco del "Plan Incluir", que representaron el 78 % de los 3138 millones votados en el presupuesto -confeccionado por el socialismo y sus aliados antes de que asumiera el nuevo gobierno que lo iba a ejecutar- para el "Plan Abre", con un engorroso mecanismo que lo tornaba inaplicable; además de ser discriminatorio.

De ese total de fondos -en cifras redondas- 200 millones fueron asignados por Desarrollo Social a clubes, asociaciones civiles y ONG's de toda la provincia, otros casi 265 millones por la Secretaría de Estado de Igualdad y Género en las mismas condiciones, y poco más de 105 millones fueron distribuidos por el Ministerio de Educación en las escuelas, para obras de acondicionamiento para el retorno gradual de las clases presenciales, en medio de la pandemia. Es decir unos 570 millones de pesos que no fueron a municipios o comunas, de modo que allí no se puede siquiera pensar en discriminación por razones políticas.

Un poco más de 1847 millones de pesos fueron destinados sí a éstos, a través del Ministerio de Gestión Pública, repartidos entre 23 municipalidades, y 103 comunas. De éstas últimas, 60 son gobernadas por el PJ, y las restantes 43 por el Frente Progresista, Cambiemos y otras fuerzas políticas, en su mayoría vecinalistas. 

De las municipalidades, recibieron fondos por esa vía 14 gobernadas por el PJ, y 9 por las distintas fuerzas opositoras: si se tiene en cuenta que las comunas antes no recibían un centavo por el Plan Abre,  -lo cual como se dijo, era una verdadera discriminación- es difícil sostener que haya habido discriminación por razones políticas; cuando de un total de 126 localidades beneficiadas por el "Incluir", 74 son gobernadas por el PJ y 52 por las distintas fuerzas opositoras.

Pero hay más: de los poco más de 1847 millones del "Plan Incluir" que llegaron a municipios y comunas directamente desde el Ministerio de Gestión Pública, algo más de 860 millones fueron para los gobernados por el PJ, algo más de 792 millones a los del Frente Progresista y casi 195 millones para el resto de las fuerzas políticas de distinto signo que el gobierno provincial incluyendo "Cambiemos" (así se llamó acá la alianza UCR-PRO-Coalición Cívica para las elecciones provinciales), y las fuerzas vecinalistas, entre otros.  

Para que se entienda mejor, lo exponemos en porcentajes: 46,57 % de los fondos fueron a gobiernos locales del PJ, 42,87 % para los del Frente Progresista y el restante 10,56 % para terceras fuerzas. Si se lo contrasta con el reparto que hizo en sus tiempos el propio Lifschitz cuando fue gobernador, parece un pelín caraduresco que ahora hable de "discriminación".

LA ÚLTIMA CUENTA DE MIGUEL

Está disponible en la página de la provincia la Cuenta de Inversión 2019 (completa acá), que corresponde en casi su totalidad al último año de gestión de Miguel Lifschitz y el socialismo en Santa Fe. Y como es costumbre acá, nos metimos a analizar los números, que arrojan algunas conclusiones muy interesantes, a saber:  

* El total de gastos fue $ 350.647.471.023,49, y el resultado financiero del ejercicio arrojó un déficit de $ 16.452.253.825,91. El gasto en "Personal" representó el 34,40 %, un aumento marginal respecto al 34,21 % del año 2018, pero por debajo incluso en términos porcentuales del 2017, aun con "cláusula gatillo" en las paritarias. 

* Con 68.996.522.116,79, el gasto en Educación representó el 19,67 % del gasto total; el porcentaje más bajo de toda la serie de gobiernos socialistas 2007-2019, confirmando así la tendencia constante a la baja en la participación porcentual del área en el gasto público que se evidenció desde el último año del gobierno de Obeid (2007).

* Del total del gasto en Educación, solo un 0,11 % ($ 77.232.586,61) se destinó a "Maquinaria y Equipo", por ejemplo computadoras en las escuelas. Recordemos que hace poco el gobierno de Perotti distribuyó 31.000 netbooks que vinieron de "Conectar Igualdad" y estaban en un galpón, sin repartir. Con $ 298.679.084,73 gastado en el rubro, solo el 0,43 % del presupuesto educativo se destinó a "Construcciones", o sea obras en las escuelas. 

* El gasto en Salud (caballito de batalla de la propaganda socialista) representó el 8,36 % del gasto total, retrocediendo unas centésimas respecto del 2018 (cuando fue del 8,41 %) . De ese total, los casi 3920 millones de pesos que la provincia destinó a financiar el funcionamiento integral de los hospitales municipales de Rosario representaron el 13,36 %, incrementando en casi dos puntos su participación porcentual en los gastos en Salud respecto a 2018, como consecuencia del mecanismo de "indexación de costos" pactado entre la provincia y la Municipalidad (ver más info acá) 

* Con $ 4.878.570.863,85 invertidos, Desarrollo Social representó apenas el 1,39 % del gasto total de la provincia, el año pasado. Significa la participación porcentual más baja de todo el ciclo socialista 2007-2019, y confirma la tendencia casi contante a la baja en la inversión en políticas sociales, observada desde que el FPCyS llegara al gobierno de Santa Fe. 

* Las "Transferencias" (es decir, el dinero que llega directo a los beneficiarios de los diferentes programas) representaron el 59,07 % del gasto en Desarrollo Social, una leve mejora marginal respecto del 58,89 % del 2018, pero muy por debajo del 75 % del 2007 (último año del gobierno de Obeid). 

* Los subsidios de la "cajita feliz" de la Legislatura estuvieron a tono con el año electoral: el Senado tenía asignados 249 millones para ese fin, y terminó gastando $ 373.971.334,64, casi un 50 % más. Diputados (presidida por Bonfatti, el año en que intentó ser de nuevo gobernador) tenía asignados en el presupuesto 203 millones para subsidios, pero terminó gastando $ 503.376.853,00: un 147,97 % más.

* Otro tanto pasó con Lifschitz y los subsidios de la Gobernación: con 193 millones asignados en el presupuesto, terminó gastando $ 345.331.837,90, un 78,93 % más.  Si se compara la cifra con lo gastado en 2018 (207 millones) el aumento interanual en el año electoral fue del 66,55 %. 

* Detalle: al armarle a Perotti el presupuesto 2020, Lifschitz incluyó una partida de subsidios de la Gobernación por 193 millones de pesos, o sea menos incluso que lo que él mismo gastó en 2018 (dos años antes) y muchísimo menos de lo que efectivamente gastó el año pasado. Para tener en cuenta cuando te hablen del clientelismo peronista.

* Las tres principales cajas de pauta publicitaria oficial de la provincia se vieron sustancialmente infladas el año pasado (año electoral) en relación con las partidas originales previstas a esos fines en el presupuesto. En el área de Comunicación Social el monto asignado eran 384 millones y se terminaron gastando $ 656.203.820,12 (un 70,88 % más) y en la Lotería se pasó de los $ 541.189.000,00 previstos en el presupuesto a los $ 545.312.737,20 efectivamente gastados. 

La diferencia más impactante estuvo, sin embargo en términos comparativos, en la Agencia Provincial de Seguridad Vial: con un presupuesto original en publicidad de $ 20.535.000, terminó gastando $ 47.944.749,18; o sea un 133,48 % más.

* El total del gasto del Estado provincial en pauta publicitaria oficial el año pasado fue de  $ 1.292.639.832,01 (casi 1293 millones de pesos), que representaron el 0,37 % del gasto total, con un 53,35 % de aumento interanual respecto a 2018. Unos 400 pesos por santafesino, digamos.

Que no parezca poco: son 300 millones de pesos más que el gasto completo el año pasado del Ministerio de la Producción: $ 992.276.010,33, que representaron solo el 0,28 % del gasto total de la provincia en 2019, e incluso menos, si se descuentan algo más de 7 millones de pesos que esa cartera gastó en publicidad oficial.

UN ENERO DISTINTO

Los últimos 12 años los santafesinos nos acostumbramos a que si algo era seguro y sabido, era que todos los servicios que estaban a cargo del gobierno provincial, o cuyo precio o tarifa determinaba éste, aumentaban. Y no una vez, sino dos, tres y hasta cuatro veces por año.

La luz, el agua, los peajes y el transporte de pasajeros, en este caso el interubano que vincula dos o más pueblos o ciudades de la provincia. 

Excusas nunca faltaban: que los peajes no tenían subsidios nacionales (recordar los cartelitos en las barreras de la autopista), que el transporte sí tenía pero eran discriminatorios para Santa Fe, que la EPE tenía subsidios pero "hay que garantizar un plan de obras" y coso, y así todo el tiempo. 

Y si bien, como dijimos, los aumentos venían en cuotas a lo largo de todo el año, todos los años en los que el socialismo gobernó la provincia, enero era un mes especial: acá Barricada recordaba hace poco con las capturas de los diarios, como era el mes preferido para descerrajar tarifazos, justo cuando uno usa más la luz porque prende el aire acondicionado, o el agua porque llena la Pelopincho, o viaja al interior para visitar a algún familiar por las fiestas o las vacaciones: era como que los tipos tenían un ensañamiento especial a la hora de aumentar las tarifas.

Pero este enero vino distinto, y mientras el diario de Nahuel Caputo le pega al gobierno de Perotti por "el apagón administrativo" (léase receso, léase "no nos definieron la pauta del año para poder pagar los sueldos"), el gobernador apagó los tarifazos, aun en medio de las dificultades financieras que tiene la provincia.

Y explica en el decreto porque decidió hacerlo: porque "...resulta necesario contribuir a la atención de la situación de vulnerabilidad económica y social de la población y a dar viabilidad a los sectores productivos, (y) ... aliviar el peso de los gastos vinculados a las tarifas de los servidos públicos, en la economía de los hogares santafesinos, y en la estructura de costos de las empresas, industrias y comercios de la provincia;...".

O sea, algo bastante parecido a lo que suele decir Máximo Kirchner, y repitió esta semana en el Congreso en el debate sobre la deuda: "los números tienen que cerrar, pero con la gente adentro".

Claro que esto no es gratis, ni puede durar para siempre, si la cosa no mejora: las medidas nacionales ayudan (como dice el decreto), pero la Legislatura tiene que poner su parte para poder sostenerlas en el tiempo, dándole al gobierno las herramientas que necesita para salir del pozo financiero en el que la dejó el socialismo.

Otra vez, en palabras del decreto: "...a esos fines resultan especialmente necesarias las autorizaciones legislativas que este Poder Ejecutivo ha solicitado y sobre las que cree por ello indispensable insistir ante la H. Legislatura, para poder concertar operaciones de crédito público con el objeto de atender renegociaciones de contratos públicos, la cancelación de deuda flotante, el pago de la deuda consolidada en los términos del artículo 54 de la Ley N° 13938 de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, y para recomponer las existencias del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales a la Vista (FUCO);...".

La semana que viene aterriza en la Legislatura el nuevo proyecto de "necesidad pública" en diversos aspectos, que incluyen desde la emergencia alimentaria y sanitaria, hasta el boleto educativo gratuito, promesa de campaña de Perotti. A ver si los que nos vienen contando que no hace falta porque vivimos en Suecia entienden como viene la mano.