LA FRASE

"EN ÉSTE PAÍS NO SE PUEDE TENER MENTALIDAD EMPRENDEDORA Y ARRIESGARSE EN LA BÚSQUEDA DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PORQUE ENSEGUIDA TE DESTRUYEN CON LA MÁQUINA DE IMPEDIR." (JOAQUÍN BENEGAS LYNCH)
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martes, 12 de mayo de 2026

GOBIERNO SE BUSCA

 

En momentos en los que el círculo rojo está en la búsqueda del ejecutor prolijo, con buenos modales y sin desbordes psiquiátricos que pueda garantizar la supervivencia del modelo más allá de Milei, es bueno reflexionar sobre lo que el modelo significa; que es en esencia una dualización del desarrollo productivo del país (con sectores ganadores y perdedores) con sus secuelas sociales y laborales, en un marco de retiro del Estado incluso hasta de roles que en otros tiempos se reputaron esenciales, y su desguace en beneficio de un puñado de grupos económicos del país y el extranjero.

Y aun algunos que están perdiendo con éste modelo porque no pertenecen a los nichos y enclaves que obtienen de él ventajas comparativas (como sucede con buena parte de la industria manufacturera) aspiran a sostenerlo porque les obsequió una reforma laboral flexibilizadora que apunta a consolidar niveles de precarización, baja de salarios y reestructuración de las relaciones de poder al interior de las empresas, que soñaron por años obtener.

La filosofía (por llamarla de algún modo) que sustenta teóricamente el experimento no se reduce a la motosierra o el topo que destruye el Estado desde adentro, sino que va más allá: supone además que todo el proceso de asignación de costo y beneficios a la sociedad resultantes de su implementación queda librado a las fuerzas del mercado, y el gobierno se desentiende de la realidad, incluso de los aspectos de ésta que crean sus propias políticas y decisiones.

Un caso bastante ilustrativo al respecto es el incremento de los precio de los combustibles y la energía como consecuencia de la situación internacional, que termina repercutiendo por ejemplo en la crisis terminal del transporte público; fenómeno frente al cual el gobierno de Milei nada hace porque cree que nada tiene que hacer; lo que lleva al contrasentido de que se ufane de un superávit energético (que más que mérito propio es de Cristina, por haber recuperado YPF poniendo así en valor Vaca Muerta y el potencial de recursos con que contaba el país), mientras en un país que tiene petróleo y gas en abundancia los precios de los combustibles y las tarifas de los servicios públicos no paren de subir, por un combo explosivo de omisiones y decisiones deliberadas del gobierno, como reducir los subsidios o dolarizar las tarifas. 

La política energética libertaria -si es que tal cosa existe- se reduce a un extractivismo desenfrenado en busca de dólares para pagar la deuda, dólares que además tampoco llegan en la medida que se requiere precisamente porque se les ha garantizado a sus dueños que podrán hacer con ellos lo que quieran; como se puede comprobar con la extensión de los beneficios del RIGI a las petroleras que no los necesitaban para ganar fortunas, y el anuncio de un "súper RIGI" que les otorga más ventajas impositivas, y más libertades para disponer de las divisas.

Cuando el gobierno de Milei consiguió que el Congreso aprobara la ley bases eliminó con ella con precisión quirúrgica -aportada por lo estudios jurídicos que asesoran, entre otros, a las petroleras- toda referencia contenida en la Ley 26741 de recuperación de YPF a la necesidad de alcanzar el autoabastecimiento petrolero y garantizar el suministro al mercado interno a precios razonables, liberando así a las petroleras de todo compromiso al respecto. 

Consistente con eso, éste gobierno ni siquiera frente a un contexto de crisis internacionales que dispara los precios del petróleo y con ellos los de los combustibles piensa en medidas para atemperar sus efectos en la economía nacional, las empresas y los hogares; como poner retenciones a las exportaciones de petróleo o fijar precios diferentes para el barril según se destine a la exportación o el abastecimiento interno   

Lejos de disminuir la carga tributaria que lleva el precio de los combustibles líquidos o utilizar la recaudación del impuesto para aumentar los subsidios a las tarifas, lo embolsa para dibujar un superávit fiscal trucho y ni siquiera repara las rutas que están destrozadas, y contribuyen así a encarecer los costos de producción y distribución de bienes y servicios; lo que repercute -junto con el precio de los combustibles- en los niveles de inflación que degradan los salarios. Mientras tanto, pide reflejar en los precios la incidencia de los impuestos, o le echa la culpa a las tasas municipales. 

Tiene (y se jacta de ello, tanto que el presidente no se saca el mameluco, aunque la quiso privatizar) la petrolera líder del mercado y la única que tiene todo el ciclo integrado de exploración, producción, destilación y refinación; y no hace valer esa posición estratégica para atemperar el impacto de la crisis internacional en la economía doméstica: solo la usa para repartir pauta publicitaria en los medios y sobres para los periodistas adeptos  y poder decir que no lo hace desde el gobierno, o para pagarles sueldos generosos a los funcionarios reciclados de la gestión.

Milei desentendido por completo de los problemas cotidianos de la gente (como poder tomar un colectivo sin esperar horas, o un tren sin bajar como ganado) parece olvidar una verdad de Perogrullo: todo país necesita un gobierno que atienda precisamente esas cuestiones y que demuestre que le preocupan, y la Argentina no es la excepción. Y actualmente y desde hace dos años y medio no lo tiene, y esa es una anomalía que no puede perdurar mucho tiempo. 

lunes, 14 de marzo de 2022

DEBATE SALDADO, DECISIONES PENDIENTES

 

Al momento de subir este posteo no estaba oficializado ningún aumento de retenciones, ni para los derivados de la soja como la harina y el aceite (para los que el viernes se cerró el registro de exportaciones), ni para ningún otro producto, primario o elaborado. Y si la intención del gobierno (que por ahora queda en eso: intención) es subir retenciones, deberá hacerlo por DNU, por lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley 27541, sancionada en diciembre del 2019, a los pocos días de haber asumido Alberto Fernández la presidencia.

La norma (en la parte que acá interesa) dice lo siguiente: "Establécese que, en el marco de las facultades acordadas al Poder Ejecutivo nacional mediante los artículos 755 y concordantes de la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias, se podrán fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar en ningún caso el treinta y tres por ciento (33%) del valor imponible o del precio oficial FOB.

Se prohíbe que la alícuota de los derechos de exportación supere el treinta y tres por ciento (33%) del valor imponible o del precio oficial FOB para las habas (porotos) de soja.

Se prohíbe superar el quince por ciento (15%) para aquellas mercancías que no estaban sujetas a derechos de exportación al 2 de septiembre de 2018 o que tenían una alícuota de cero por ciento (0%) a esa fecha.

Se prohíbe superar el cinco por ciento (5%) de alícuota para los productos agroindustriales de las economías regionales definidas por el Poder Ejecutivo nacional.

Las alícuotas de los derechos de exportación para bienes industriales y para servicios no podrán superar el cinco por ciento (5%) del valor imponible o del precio oficial FOB.

Las alícuotas de los derechos de exportación para hidrocarburos y minería no podrán superar el ocho por ciento (8%) del valor imponible o del precio oficial FOB.

El Poder Ejecutivo nacional podrá ejercer estas facultades hasta el 31 de diciembre de 2021." (las negritas son nuestras)

O sea: al asumir el gobierno se autolimitó en materia de retenciones, en las alícuotas y en el plazo por el cual podía fijarlas, y ahora es tarde para llorar sobre la leche derramada: es muy posible que cualquier DNU en la materia -si es que finalmente sale alguno-, en el actual estado de cosas, sea derrumbado por vía judicial con cualquier cautelar en la que, simplemente, los que reclamen se remitan al criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Camaronera Patagónica", fallada en 2014.

La necesidad de tomar medidas para desacoplar los precios internos de los internacionales para evitar que se sume la "inflación importada" a la ya alta inflación que hay en el país es asunto saldado, y no debiera haber mayores debates al respecto: incluso aunque se adhiera a las ideas monetaristas, nadie puede desconocer que estamos ante un ciclo de alzas de los precios internacionales de los commodities, en especial de la energía y los alimentos, proceso acelerado por el conflicto en Ucrania; que exige tomar decisiones drásticas, de modo urgente.

Por supuesto que esas decisiones (incluso cuando aun no se tomaron) generan conflictos: desde la oposición se alinearon de inmediato en defensa de los intereses de los exportadores, y están hablando del aumento de retenciones como cosa decidida, cuando aun no lo es. Tampoco es necesario volver a dar todo el debate que convulsionó al país en el 2008 con la Resolución 125, pues las posiciones al respecto son harto conocidas, y fueron saldadas en su momento; con el "voto no positivo" de Cobos primero, y con el experimento de los "agrodiputados" y el 54 % de Cristina en el 2011, después.

Pero no solo desde la oposición surgen reacciones: con el principal polo aceitero de Sudamérica en la provincia, Perotti salió de inmediato a cruzar la decisión de cerrar el registro de operaciones de los derivados de la soja, aunque no hizo alusión a un aumento de retenciones que aun no se concretó. Es posible que en las próximas horas lo sigan los gobernadores de otras provincias donde la actividad tiene un peso importante, como Córdoba o Entre Ríos. 

Si bien es comprensible que se plantee la defensa de una actividad que genera puestos de trabajo calificados y bien pagos en el territorio que Perotti gobierna, no es menos cierto que los intereses de los consumidores (que son muchos más, y votan) reclaman que desde el poder público se adopten de inmediato las medidas necesarias para preservar sus ingresos, amenazados por el creciente proceso inflacionario que vive el país, en especial en materia de alimentos y bebidas; de un modo tal que no hay "Billetera Santa Fe" que lo compense, aunque sin ella, claro, sería aun peor.

Menos cuando en Santa Fe (como en todas las provincias) se harán sentir los aumentos en el precio de los combustibles que el gobierno acaba de autorizar, y los aumentos del precio de la energía mayorista que también decidió la nación la semana pasada, e impactarán en las tarifas de la EPE. Sobre todas estas cuestiones tampoco debería haber demasiadas discusiones y menos en el oficialismo nacional y provincial, porque ahí está en esencia (al menos en nuestra modesta opinión) la causa principal de la pérdida de votos en las elecciones del año pasado, comparadas con las cifras de 2019.

Actualización:

domingo, 19 de enero de 2020

SUPONGAMOS


Supongamos por un momento que todo lo que cuenta acà Roberto Navarro sobre la reunión del presidente y las petroleras es verdad, dado que no hay aun anuncios oficiales al respecto. Tomando lo que dice la nota como bueno, es bastante ilustrativo del contexto en el que el gobierno debe moverse, los jugadores con  los que tiene que interactuar, como se mueven, los desafíos que se le presentan, y las respuestas que da, y las que faltan.

Recordemos que hace muy poco el propio Alberto Fernández tuvo que intervenir ante el presidente de YPF Guillermo Nielsen (presente en la reunión de esta semana) para que frenara un aumento de combustibles que ya había gatillado, porque -posiblemente esto muchos no lo sepan- hay una línea gerencial en la empresa que viene del macrismo, y sigue actuando con la lógica de los precios dolarizados de la energía, y la desregulación completa del mercado de los combustibles que dispuso Macri. Luego de eso vino la reunión, que cuenta Navarro, en la que se discutieron distintas cuestiones.

Las petroleras pidieron un precio mínimo asegurado (algo así como el "barril criollo"), un sendero de precios que les resguarde su rentabilidad (o sea, un cronograma de aumentos) y disponer de los dólares que consigan de ganancia. El gobierno les dijo que les darán lo que piden solo para la producción incremental: la que supere lo que están produciendo hoy. Es decir, lo que se está produciendo actualmente mantiene las condiciones y lo que aumenten tendrá condiciones más beneficiosas.

Para que se entienda: cuando los cultores del mercado libre y la libre iniciativa privada (y vaya si las petroleras lo son) piden "reglas de juego claras", están pidiendo la chancha, los 20 y la máquina de hacer chorizos, tanta libertad como sea posible, y tantas regulaciones públicas favorables a sus intereses, como sea necesario. En ese escenario, la decisión del gobierno de ponerles la zanahoria del incremento de la producción por delante para obtener beneficios adicionales, y dárselos en la medida que acrediten efectivamente esa mayor producción, es la correcta.

Sin embargo, sigues sin discutirse los costos reales de producción de las petroleras en el país, dato imprescindible para sentarse a negociar, dado que del otro lado de la mesa se habla de los riesgos para la rentabilidad, pero vinculándolos exclusivamente a los precios de los combustibles en el país.   

Las petroleras piden además que si el precio internacional cae por debajo de los 50 dólares, se les asegure ese piso: ahí no hay riesgo empresario que valga, piden intervención estatal pura y dura y precio sostén. Cualquier parecido con la Mesa de Enlace y el precio del trigo o el maíz, en otros tiempos, es pura casualidad..

En la negociación con el gobierno surgió la idea de un fondo anticíclico, conformado con el producido de las retenciones móviles (sí, como las de la 125, ya se aplicaron en tiempos de Kirchner) a las exportaciones de crudo a cobrarse si el precio internacional se mueve entre 50 y 75 dólares el barril, pudiendo llegar al 8 % la alícuota como lo contempla la ley de emergencia sancionada hace poco por el Congreso. A partir de los 75 dólares por barril la retención se mantiene en ese techo del ocho por ciento; y los ingresos por retenciones irían al fondo anticíclico para subsidiar a las petroleras cuando los precios caigan por debajo de 50 dólares.

Otra vez: cobrarles retenciones a las exportaciones de petróleo es una muy buena medida, que capta fiscalmente rentas extraordinarias y permite además desacoplar los precios internacionales del petróleo, de los que rijan en el mercado interno e impactan en el precio de los combustibles y en la inflación. Lo del fondo anticíclico, en cambio (una idea que surgió sin dudas del propio sector) le privaría al Estado de recursos genuinos ahora, que deberá buscar en otros sectores de la economía, porque no puede financiarse con deuda; y por el contrario tiene que pagarla. 

Tampoco parece muy feliz la idea de sostener la alícuota del 8 % cuando el precio internacional del barril de petróleo supere los 75 pesos, porque en términos económicos (es decir, buscando con esa retención el desacople de los precios internos de los internacionales) sería lo mismo que la retención fija en 4 pesos por dólar que impuso el macrismo a las exportaciones agropecuarias, y que este gobierno modificó apenas asumió. 

Las compañías petroleras también piden asegurarse que podrán disponer de los dólares para solventar sus gastos e inversiones, a lo que el Gobierno les propuso realizar un fideicomiso en el exterior para ese fin; y el resto de los dólares los tendrán que liquidar en el país, en el mercado oficial de cambios, en un periodo que se está negociando entre seis meses y un año. Parece una solución transaccional entre los deseos de máxima de una y otra parte, que el Estado adoptaría para asegurarse que los dólares que no ingresen al país las petroleras no se fuguen sino ayuden a sostener las inversiones necesarias para incrementar la producción.

Recordemos que la importancia de incrementar la producción de petróleo y sus derivados (para lo cual es necesario cierto nivel de estímulos a las petroleras) radica en que así se aporta no solo a la necesidades de energía y combustibles de la infraestructura económica, sino a superar la restricción externa (escasez de dólares) por dos vías: la disminución del peso de las importaciones de combustibles en la balanza de pagos, y los ingresos de divisas vías las exportaciones del sector. En éste último caso, eximir por completo a las petroleras de la obligaciones de liquidar las divisas en el país, carecería por completo de sentido.

Finalmente y siempre según Navarro, las petroleras habrían pedido también pagar menos del 35 (alícuota máxima) por ciento de impuesto a las ganancias, y el presidente les respondió que eso era imposible, lo cual habla muy bien de él: es absurdo que se le rebaje la carga impositiva a uno de los sectores que más ganaron durante los años macristas. Aunque si nos preguntaran a nosotros, y precisamente por eso, habría que disponer un impuesto extraordinario (o una alícuota adicional de Ganancias) por encima del 35 %, justamente para esos sectores.

jueves, 15 de noviembre de 2018

PARA QUE SIGA EL SAQUEO


En el Boletín Oficial de ayer salió publicado el Decreto 1049/18 (completo acá) por el cual Macri exceptúa de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1º del Decreto Nº 751 del 2012 a las actividades relacionadas con la producción de gas y petróleo que se detallaban en el Anexo a esa norma, vinculadas con nuevos emprendimientos hidrocarburíferos. En el artículo 2 del decreto se establece que el Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Energía, deberá definir el alcance de la expresión “nuevos emprendimientos hidrocarburíferos” a los fines de la aplicación del decreto.

Ante tanto lenguaje críptico que está destinado a disimular lo que se está resolviendo, conviene aclarar que el Decreto 751/12 dictado por Cristina dejaba sin efecto los beneficios del régimen fiscal y aduanero especial establecido para Tierra del Fuego por la Ley 19.640, vulgarmente conocido como de "promoción industrial". 

Los beneficios de la Ley 19.640 consisten en la exención del pago de todo impuesto nacional, y en el caso de las exportaciones originadas en la zona, quedan exceptuadas de cualquier requisito cambiario y no estarán sujetas a derechos (como las retenciones), impuestos con o sin afectación especial, contribuciones especiales o tasas a, o con motivo de, la exportación. 

Si bien la misma ley establece en su artículo 33 que “Los beneficios concedidos en el orden cambiario por los artículos 11, apartados a) y 13 apartado a) no incluyen lo relacionado con la forma de negociar las divisas, la que deberá ajustarse a las normas aplicables con carácter general, salvo disposición en contrario del Poder Ejecutivo Nacional quien podrá delegar dicha facultad.”, hay que recordar que por otro decreto de Macri todos los exportadores están exentos de liquidar las divisas en el país, en el mercado oficial de cambios.

Con el nuevo decreto, las petroleras volverán a dejar de pagar -por ejemplo- Ganancias y otros impuestos, y las retenciones que hace poco les habían reimplantado; en un marco de total discrecionalidad: solo serán beneficiarias del jubileo impositivo aquellas empresas que tengan "nuevos emprendimientos hidrocarburíferos", según lo determinen Dujone e Iguacel. Es decir, el decreto tiene nombres y apellidos, pero por ahora no los conocemos, aunque los podamos imaginar.

Aun cuando en el decreto se hace referencia a la necesidad de aumentar la producción de gas y petróleo para lograr el autoabastecimiento energético, lo que en realidad está fomentando el gobierno de Macri es la exportación de ambos recursos naturales: ayer mismo, en la misma edición del Boletín Oficial, salió publicada la Resolución 95 de la Secretaría de Energía por la cual se autoriza a YPF a exportar gas a Chile. Antes habían obtenido autorizaciones similares Total, Tecpetrol (de Techint), CGC (de Eurnekián) y PAE (de Bulgheroni).
   
Además de la incoherencia de resignar recursos fiscales en beneficio de empresas que están entre las grandes ganadoras del modelo mientras se intenta aprobar -bajo la presión del FMI- un presupuesto con "déficit cero" que incluye brutales ajustes del gasto, es claro que esa mano blanda para favorecer las exportaciones de energía (sin que contribuyan a mejorar la balanza de pagos, porque no deben liquidar las divisas) se corresponde con una política industricida; que ha llevado a que mes a mes aumente la capacidad instalada ociosa del sector fabril, disminuyendo así la demanda interna de energía, para generar mayores saldos exportables. Si no es un plan deliberado, se le parece bastante. 

En ese marco, es muy interesante recordar los fundamentos del decreto de Cristina del 2012 (que también mencionaba a la Ley 26.741 que habla del autoabastecimiento energético) que ahora Macri deja virtualmente sin efecto, por el cual se les sacaban los beneficios de la promoción aduanera y fiscal a las petroleras que operan en Tierra del Fuego:  

Que el petróleo y el gas no pueden ser tomados simplemente como un commodity de exportación -como fue el oro en la época de la colonia, cuando en Sudamérica la actividad industrial, productiva y comercial era mínima; y entonces se trataba de venir a explotar los recursos naturales de nuestros países como si fueran simplemente materia de exportación para llevárselos a los países centrales-, sino que debe otorgárseles un tratamiento acorde al crecimiento del país, con cada vez mejor distribución del ingreso, con participación de los trabajadores y con cada vez mejores estándares de vida para toda la población.

Que ello define el papel que ocupan el petróleo y el gas. Si uno tiene una economía que quiere orientar hacia los servicios, no queda más que venderlos ligeramente a otros que producen. Si estamos industrializando a tasas inéditas en la historia de la economía nacional, el lugar que ocupa la energía o el petróleo es completamente distinto.

Que, asimismo, constituye un deber del Estado garantizar que el precio de venta de los mismos en el mercado interno no quede sujeto a las fluctuaciones e inestabilidad que caracterizan al mercado internacional.” (las negritas son nuestras).

Lo curioso es que la producción petrolera y gasífera de Tierra del Fuego que se buscaría exportar ha crecido como consecuencia del descubrimiento en 2013 del yacimiento de Vega Pléyade, por la YPF vuelta ac controlar por el Estado, y en el marco de las normas que ahora Macri modifica, en beneficio de las petroleras. Cualquier parecido con el modelo de saqueo colonial que describía el decreto de Cristina, no es pura casualidad.

martes, 2 de octubre de 2018

¿CON QUÉ NECESIDAD?


En el Boletín Oficial de hoy está publicado el Decreto 872 (completo acá) por el cual Macri instruye a la ahora Secretaría de Energía para llamar a concurso público internacional para la adjudicación de permisos de exploración petrolera en áreas costa afuera del Mar Continental Argentino, a lo largo de todo él desde las zonas de la provincias de Buenos Aires hasta el estrecho de Magallanes, e incluso la zona lindera con Malvinas.

Los permisos pueden transformarse luego en concesiones de explotación para extraer el recurso, en los términos de la Ley de Hidrocarburos 17.319 y sus modificatorias, fijándose las regalías a pagar por los concesionarios en un porcentaje que varía según los casos entre el 5 y el 12 % de los recursos extraídos.

Pero lo llamativo del decreto está en su artículo 3, que autoriza la inclusión en los permisos de exploración y las concesiones de explotación que se otorguen en el marco del concurso, de cláusulas que prorroguen la jurisdicción para entender en cualquier litigio derivado de los contratos en tribunales extranjeros de cualquier país que haya firmado la Convención de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales.

Al mismo tiempo y además de declinar la competencia de los tribunales nacionales, el decreto establece en los casos en que se prorrogue la jurisdicción en los tribunales extranjeros, la renuncia del Estado argentino a oponer la excepción de inmunidad de jurisdicción soberana; exactamente con los mismos alcances que los que se usan en las emisiones de bonos de la deuda externa, con las consecuencias por todos conocidas.

Si bien el decreto menciona entre las normas en las que se apoya el Poder Ejecutivo para decidir como lo hace al artículo 98 de la Ley 17.319 de hidrocarburos, lo cierto es que esa norma lo autoriza en su inciso c) a estipular soluciones arbitrales y elegir árbitros, pero no a prorrogar la jurisdicción en tribunales extranjeros.

Todas las áreas llamadas a concurso son comprendidas dentro del régimen de iniciativa privada contemplado en el artículo 46 de la ley de hidrocarburos, lo que supone que, si alguna empresa o grupo de empresas presentan una propuesta de exploración sobre alguna de ellas que el gobierno juzga como conveniente, tengan preferencia sobre las demás participantes del concurso para que se les adjudique.

Si a eso le sumamos la sugestiva cláusula de prórroga de jurisdicción, parece claro que el gobierno está pensando en atraer a las grandes compañías petroleras multinacionales, que gozarán en caso de que se les otorguen permisos de la facilidad de disponer del recurso sin limitaciones, estarán exentas del pago de retenciones a las exportaciones y de la obligación de liquidar en el país las divisas que obtengan por su venta; de modo que ni siquiera puede argumentarse a favor de la modalidad elegida, la necesidad de sumar divisas para compensar el desequilibrio de la balanza comercial, o el balance de pagos de la cuenta corriente.

Al no existir zonas reservadas a la petrolera estatal en los términos del artículo 11 de la ley de hidrocarburos, YPF deberá competir (si le interesa participar) con las demás empresas, o asociarse con ellas para participar del concurso en alguna de las áreas.

domingo, 4 de febrero de 2018

ESTE GOBIERNO ESTÁ LLENO DE SORPRESAS


¿Vos me decís que el convenio de flexibilización laboral que firmaron con los gremios petroleros primero para Neuquén y después para Chubut no funcionó para mejorar la productividad y que aumentaran los volúmenes de producción, que cayó a los niveles de 1979?

¿Y que tampoco sirvió que el gobierno subsidiara a las petroleras o les eliminara las retenciones a las exportaciones, y ni siquiera el aumento de los precios internacionales del crudo?

¿Tampoco fue un incentivo adecuado para que produjeran más gas que les reconocieran un precio en dólares en boca de pozo que triplica el que venían cobrando hasta el 2015?

¿O que ya no tengan más la obligación de informar sus costos, ni sus planes de producción o recomposición de reservas, o que otra vez gocen del privilegio de no liquidar en el país las divisas de lo que exportan?

¿No tendrá que ver con  que el ministro del área dijo que el autoabastecimiento no es prioridad, y que conviene más importar el petróleo que producirlo acá, no?

¿Me estás contando que no repuntó la producción ni siquiera liberando el precio de los combustibles en el mercado local?

Dolor Aranguren


¿Posta que este gobierno no sólo no achicó el gasto del empleo público sino que lo agrandó?

¿En serio que compensaron los despidos de empleados públicos contratados con sueldos bajos, con el nombramiento de un montón de ñoquis políticos con sueldos altísimos, aumentando de ese modo más de un 30 % el plantel político del Estado que había cuando se fue Cristina?

¿No me dirás que por eso ahora anunciaron con bombos y platillos que lo van a rebajar en un 25 %, y aun así seguiría siendo más grande que el que había en el 2015?

No me jodás.

miércoles, 1 de agosto de 2012

OTRO CON ATAQUE DE FEDERALISMO


Hace pocos días señalábamos acá que el federalismo viene siendo la nueva coartada de la derecha política para impugnar globalmente las políticas troncales del gobierno nacional; y acá tenemos otro ejemplo relacionado con el decreto de Cristina que eliminó las normas de desregulación del mercado petrolero que venían de la época de Menem, y que en otro contexto analizamos acá.

En éste caso la apelación al asunto del federalismo viene de parte de un hombre de la CGT de Moyano (nada menos que el secretario adjunto, Pereyra, representante de los trabajadores en el directorio de YPF); quien cuestiona éste decreto de Cristina alentando a las provincias petroleras a impugnarlo en la justicia; sobre la base (no mayormente argumentada) de que vulneraría la Constitución Nacional y la llamada "ley corta de hidrocarburos", es decir la Ley 26.197 por la que la Nación transfirió los yacimientos petroleros y el poder concedente de su explotación a las provincias, después de la reforma del 94'.

Cuando se estaba impulsando la expropiación del 51 % del paquete accionario de YPF, éste mismo Pereyra tuvo una actitud vacilante e incluso por momentos pareció alinearse con los reclamos e intereses del grupo Repsol, agitando el fantasma de la caída de la producción que la medida iba a traer aparejada: con otros argumentos (no ya la presunta defensa del federalismo y los intereses de las provincias productoras), expresaba una resistencia a políticas transformadoras que implican volver sobre los erróneos pasos seguidos en materia petrolera en los 90' y -por que no- en muchas decisiones del kirchnerismo; sobre todo por no avanzar en el sentido en que ahora lo hace.

Una muestra del extravío ideológico de buena parte del sindicalismo argentino en general, y de muchos de los que rodean a Moyano en particular: con sindicalistas petroleros como Pereyra, o defensores de los derechos de los peones rurales como el "Momo" Venegas, pierde credibilidad el discurso del camionero cuando se planta contra el gobierno nacional recordando su historia de lucha en los 90', o acusándolo de haber menemizado su rumbo.

Porque habrá que decir que la propia Ley 26.197 que menciona Pereyra dice taxativamente en su artículo 2 (que cita como apoyo el decreto de Cristina) que el diseño de las políticas energéticas nacionales le corresponde al Estado nacional, aunque las provincias tengan (a partir del artículo 124 de la Constitución reformada) el dominio originario de los recursos naturales ubicados en sus territorios.

Y de eso se trata el Decreto 1277 dictado la semana pasada: de introducir elementos regulatorios en un mercado absolutamente desregulado como el de la producción y comercialización de hidrocarburos, a partir de normas del menemismo que ahora fueron derogadas según este detalle:

1. Deroga normas del Decreto 1055/89 que les otorgaban a las empresas petroleras la libre disponibilidad de los hidrocaburos que extraigan, lo que implicaba su libre comercialización tanto en el mercado interno como en el exterior.

2. Deroga también las normas de desregulación del Decreto 1212/89, que implicaban privilegiar las reglas del mercado para fijar los precios, cantidades, precios de transferencia y bonificaciones en cualquier etapa de la comercialización de los hidrocarburos; la libre importación y exportación sin aranceles de importación (sólo estaban sujetas a retenciones móviles las exportaciones, como se explicó acá) y la liberación de los precios de todos los productos derivados del petróleo, en todas sus etapas.

3. Deroga además las normas del Decreto 1589/89, que establecía los mismos criterios de desregulación para la comercialización del gas, y la libre disponibilidad de las divisas obtenidas por la comercialización en el exterior de cualquier tipo de hidrocarburos.

Además de eso, el decreto dictado por Cristina la semana pasada establece no sólo la obligación de las empresas petroleras de informar al Estado sus planes de inversión (sujetos a la aprobación de éste para alcanzar el objetivo del autoabastecimiento y la reposición de reservas), y la Comisión de contralor que crea (integrada por la Secretaría de Energía, Moreno y Axel Kicillof) establecerá los criterios que regirán las operaciones de comercialización de hidrocarburos en el mercado interno, publicará precios de referencia de los principales costos vinculados a la producción de hidrocarburos y de venta de éstos y de los combustibles; verificando la razonabilidad de los márgenes de ganancia y pudiendo auditar los costos informados por las empresas, con la facultad de aplicar la Ley de Abastecimiento 20.680 en el caso de detectar distorsiones injustificadas, tanto en los precios de comercialización como en la regularidad del suministro de combustibles o derivados de los hidrocarburos.

Como se ve, lo que el decreto dispone afecta otros intereses que no son justamente los de las provincias petroleras, lo que lo ha dejado al amigo Pereyra (en su oposición a las medidas), en mala compañía como vemos acá:   


En esta nota de La Nación de hoy (a la que corresponde la imagen) se asume en forma desembozada la defensa de los intereses de las petroleras que se verán afectados por el decreto de Cristina; algo que (implícita o explícitamente) hace el moyanista Pereyra, con el socorrido argumento del federalismo. 

domingo, 8 de enero de 2012

REFUTANDO LEYENDAS V


Quinta entrega de una sección ya clásica de este blog, destinada a desenmascarar algunas truchadas opositoras a la hora de los bifes, o sea cuando hay que votar en el Congreso.

En este caso le toca al proyecto de ley remitido por Cristina por el cual se prorrogaban por cinco años las facultades del Poder Ejecutivo para fijar retenciones móviles a las exportaciones de hidrocarburos (petróleo básicamente); que se vencían en diciembre.

Si el proyecto no prosperaba no se caían las resoluciones ya adoptadas en la materia (aunque la ley las ratificó porque algunas eran cuestionadas por las petroleras), y toda nueva legislación sobre el particular, debía necesariamente pasar por el Congreso.

Por este sistema (similar al intentado fallidamente con la resolución 125 para cereales y oleaginosas) el Estado nacional capta parte de la renta petrolera, porque se queda con el producido de toda exportación de petróleo desde la Argentina que hagan las empresas, más allá de un precio de corte establecido en 42 dólares por barril: o sea, lo que obtengan las exportadoras por encima de ese precio, se lo queda el fisco nacional.

Junto al Impuesto a las Ganancias que pagan las petroleras, una de las pocas formas de captar la renta petrolera con que se quedó el Estado nacional después de la privatización de YPF, y de la reforma constitucional de 1994, que estableció en el artículo 124 de la CN que los recursos naturales son propiedad de las provincias; lo que incluye obviamente al petróleo.

Como pueden ver en la imagen del acta de la sesión de Diputados en que se trató el proyecto, votaron en contra todos los diputados de la UCR (que después reivindican a Yrigoyen y Mosconi, y sacan a sus ex Secretarios de Energía a hablar boludeces sobre el colapso energético) y -oh sorpresa- Alcira Argumedo y Jorge Cardelli, de Proyecto Sur.

Pino Solanas (el hombre al que más temen las multinacionales...cuando amenaza con volver a filmar) ni siquiera estuvo presente en la votación.

Es decir que los tipos que viven planteando que hay que nacionalizar el petróleo (omitiendo ex profeso que para eso sería necesaria por lo menos una reforma de la Constitución Nacional) y establecer el monopolio fiscal de su explotación (y califican como "ssscándalo" cualquier concesión a favor de empresas privadas) no se dignaron siquiera a votar a favor esta mínima herramienta legal para que el Estado se apropie de al menos una parte de la renta petrolera.

Y también votaron en contra (dentro del bloque de la UCR) los agrodiputados de la Federación Agraria (Forte y Orsolini), cuyo presidente Eduardo Buzzi no se cansa de decir que el gobierno fija retenciones a la soja y otros productos agropecuarios, pero les otorga todo tipo de beneficios a las petroleras y las mineras.

Un caso más de "haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago".