AMOR NO CORRESPONDIDO

 

Hace un tiempo ya decíamos nosotros en ésta entrada: "Baja de costos, eliminación de retenciones, licitación de la hidrovía, obras en las rutas que van a lo puertos: la similitud de los planteos del gobernador con las demandas de las cerealeras exportadoras con base en Santa Fe es tal, que son lo mismo. Y las empresas consiguieron un lobbista calificado de sus intereses, al que le pagamos el sueldo nosotros. Lo raro es que mientras pide baja de costos (al menos para las exportadoras) Pullaro los aumenta: aumentó la luz y el agua, el transporte interurbano y los peajes de las rutas provinciales.". Y lo que pone como una virtud (que la provincia invierta en arreglar rutas), es un vicio: veíamos acá que compró llave en mano un esquema armado por las propias exportadoras y la Bolsa de Comercio de Rosario para arreglar las rutas de acceso a los puertos del sur de la provincia, por el cuál ellas le prestan la plata a la provincia (que se endeuda) para hacerles las obras, y además le cobran los intereses, mientras las obras aun no arrancaron.". 

En éste otro posteo explicábamos el sistema diseñado por la Bolsa de Comercio de Rosario (y comprado como un buzón por Pullaro) por el cual la provincia se endeudó en más de 50.000 millones de pesos de hace más de un año con las cerealeras para hacerles los accesos a los puertos...a las cerealeras. No conforme con eso, tomó un préstamo por la CAF por 150 millones de dólares con el mismo fin; y el 4 de mayo de éste año (o sea el lunes pasado) dictó el Decreto 921 por el cual transfiere de ese financiamiento 111.492 millones de pesos a Vialidad provincial para "...la ejecución del “Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario”...".

También en ésta misma semana su ex vicegobernadora y actual diputada nacional que ingresó al Congreso en diciembre por "Provincias Unidas", Gisela Scaglia, presentó en el Congreso de la Nación un proyecto para eliminar progresivamente las retenciones hasta su desaparición, y sacarle al Poder Ejecutivo la facultad de reponerlas o modificar las alícuotas; en un contexto en el que los conflictos internacionales hacen subir el precio del petróleo, el gas y los commodities.

Sin embargo, parece que tantos gestos de amor del oficialismo provincial al sector exportador (el verdadero beneficiario de todas éstas medidas) no fueron correspondidos. Leemos en Rosario 12: "El anuncio del secretario de Coordinación del Gobierno de Santa Fe, Cristian Cunha, acerca de la creación por ley de un aporte del sector privado vinculado a la agroexportación para constituir un fideicomiso mixto (con participación estatal y privada) con el objetivo de mantener el circuito vial de acceso a puertos, generó la reacción de exportadores y acopiadores que pusieron el grito en el suelo y hasta prometieron llevar el asunto a instancias judiciales. La Casa Gris piensa en un aporte de los puertos de U$D 1,5 por tonelada enviada al exterior para reparar rutas, cuyo mantenimiento hoy financia el conjunto de los contribuyentes santafesinos.". 

"A esa queja histórica del sector, que no paga Ingresos Brutos en Santa Fe, el dirigente le agregó que “es imprescindible ir a sistemas diferentes para gestionar obras públicas específicas y sin costos para la carga”. El presidente de la Federación de Entidades Acopiadoras, Fernando Rivara, fue un paso más allá para que no le toquen “la suya”, al afirmar que “no hay manera de justificar tanta plata” y adelantó que en caso se ponerse en funcionamiento el esquema que elabora la gestión de Maximiliano Pullaro van a “ir a la Justicia”.".

"Durante el evento en la Bolsa, Idígoras destacó que “el año pasado tuvimos 98 millones de toneladas de granos comercializadas de manera fluvial y marítima” mientras que “este año serán de 120 a 125 millones”. Y arremetió: “Las tasas municipales no pueden ser punitivas sin prestación alguna, hay que eliminarlas de por sí”, y agregó que “también deben eliminarse los derechos de exportación”. En ese punto hizo hincapié Cunha. “Si volvieran cuatro puntos de retenciones no tendríamos que pensar en un fideicomiso para hacer las obras”, dijo el funcionario a Rosario/12." (las comillas son del texto y las negritas nuestras, en todos los casos) 

Un sistema posible para financiar obras públicas (en especial en la red vial) aunque no sin costos para la carga, sería cobrar un impuesto sobre los combustibles líquidos -porque son los vehículos que lo cargan los que destrozan las rutas, en especial el tránsito pesado- y destinar su producido a financiar su mantenimiento. Algo como lo que ya existe desde la Ley 23966 de 1991; y que el gobierno de Milei (al que apoyan las cerealeras, la Cámara de la Industria Aceitera y la Bolsa de Comercio de Rosario) viene embolsando para disfrazar un superávit fiscal trucho, mientras deja que se destruya la infraestructura vial del país sin poner un solo peso en repararla o mantenerla.

También se podría probar con las concesiones viales con cobro de peaje, como las que está licitando el gobierno nacional en estos momentos, o la que busca imponer en las rutas nacionales que les quiere transferir a las provincias por el Decreto 253 de Milei, analizado acá. Claro que en esos casos no sería "sin costos para la carga" como pide el sector, al que no se lo oyó protestar por esas medidas del gobierno nacional.

Otro sistema posible (y éste sin costo para la carga, como piden las cerealeras y exportadores en general) sería -como parece sugerir el funcionario provincial- que un porcentaje de lo recaudado por el Estado nacional en concepto de derechos de exportación (retenciones) se coparticipe a las provincias, con la expresa afectación a obras de infraestructura (gastos de capital, inversión pública), incluyendo en ellas el mantenimiento y reparación de las rutas. 

Algo así como el Fondo Federal Solidario (vulgarmente denominado fondo sojero) creado por Cristina en 2009 mediante el DNU 206, coparticipando a las provincias el 30 % del producido de las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados (como recordaba hace poco Máximo Kirchner en su discurso en Cañuelas). El tema es que el Fondo fue suprimido por Macri mediante el DNU 756/18, y nunca repuesto después, tampoco por Milei. Macri y Milei, los dos presidentes que la UCR y Pullaro apoyaron, y de cuyos gobiernos -directa o indirectamente- fueron parte. 

Tuits y video relacionados: 

"En ese punto hizo hincapié Cunha. “Si volvieran cuatro puntos de retenciones no tendríamos que pensar en un fideicomiso para hacer las obras”, dijo el funcionario a Rosario/12." ¿Vos decís algo así como el fondo sojero que había hecho Cristina?: https://t.co/HnNtQjigW4

— La Corriente K (@lacorrientek) May 7, 2026

Dos años y medio Pullaro haciendo de cadete de las cerealeras pidiendo en todos lados que le saquen las retenciones, endeudándose (con ellas) para hacerles las rutas, y así le pagan. Si no fuera tan boludo como es, uno pensaría que es muy boludo: pic.twitter.com/Ixcv4pt2kr

— La Corriente K (@lacorrientek) May 6, 2026

"Que papel de boludos estamos haciendo", óleo sobre tela: pic.twitter.com/pmegRBXQGL

— La Corriente K (@lacorrientek) May 6, 2026

Dos mensajes de whatsapp al teléfono de Pullaro y se terminó lo de la tasa a las exportadoras, lo cual confirma que lo de Cunha fue un forro de ensayo: https://t.co/NpsOCk4tIC

— La Corriente K (@lacorrientek) May 7, 2026

No se puede pedir que eliminen las retenciones y que una parte de lo que se recauda vuelva a las provincias para arreglar las rutas que destrozan los camiones a van a los puertos para exportar al mismo tiempo, Pullaro. En la vida hay que elegir.

— La Corriente K (@lacorrientek) May 7, 2026

¿Sería algo así como el Ente de Control de la Vía Navegable con sede en Rosario y participación de las provincias ribereñas en su directorio creado por el DNU 556/21 de Alberto, luego derogado por el DNU 699/24 de Milei ante el silencio de Pullaro?: https://t.co/sKoGGxBKlN

— La Corriente K (@lacorrientek) May 7, 2026

Pullaro pide que le coparticipen las retenciones para arreglar las rutas y que creen un órgano de control de la hidrovía con las provincias que tenga sede en Rosario, @serdelfino. "Para que no vuelva el kirchnerismo tenemos que apropiarnos de sus ideas",señalaron en la Casa Gris"

— La Corriente K (@lacorrientek) May 7, 2026

 

ÉRAMOS POCOS Y VOLVIÓ LA OPOSICIÓN

 

Hasta un minuto antes de que el presidente hablara en cadena nacional anunciando las nuevas restricciones, ellos estaban en otra cosa. Básicamente repartiéndose la herencia de Lifschitz con el finado tibio, a punto tal que todavía hoy la Cámara de Diputados de la provincia no tiene vicepresidentes, porque no se ponen de acuerdo entre ellos.

Y estaban también -sobre todo los radicales- haciendo mil y una volteretas para justificar que siguen siendo progresistas, pero van a ir todos con el PRO en un frente único antiperonista, en las próximas elecciones. Curioso: en el 2011 y 2015 -cuando el Frente Progresista estaba en alza en Santa Fe y ganaba- enfrentaron sendas candidaturas a gobernador de Miguel Del Sel, porque era "la peor derecha de los 90'".

Ya para el 2015 y a meses de eso, fueron a la convención de Gualeguaychú a entregarle el sello -y el marrón- a Macri, para mojar el pancito en "Cambiemos", aunque una parte se quedaba acá (mojando el pancito también) en el "progresismo". Para el 2019 fueron divididos y perdieron la provincia, y entonces la autocrítica que hicieron del desastroso gobierno de Macri del cual participaron fue: en la próxima tenemos que ir todos con el PRO. 

Porque eso y no otra cosa es lo que están haciendo, además de otras cosas: Barletta fue con un amparo a la justicia para que vuelvan las clases presenciales, el diputado Angelini (PRO) con otro, y el diputado Chumpitaz (PRO) pide la renuncia de la ministra de Educación de la provincia porque se suspenderían las clases virtuales -cosa que ya ha sido desmentida-, que es precisamente lo que está haciendo Larreta en la CABA. Todos ellos organizan las marchas de padres pidiendo por las clases presenciales.

Los senadores provinciales de la UCR, en sus respectivos departamentos, llaman a desacatar las restricciones que dispone el gobierno de Perotti, e intendentes opositores como los de Ceres y San Gullermo (del Departamento del senador Michlig, el más locuaz al respecto) directamente dicen que no las aplicarán. Del modo en el que Javkin y Jatón (ambos llegados a intendentes en las boletas del FPCyS) se hacen olímpicamente los boludos con todo lo que signifique controlar que se cumplan las medidas, hemos hablado en extenso acá.

Pero de golpe pasaron cosas. el presidente anunció en cadena nacional nuevas medidas restrictivas en la pandemia, porque los casos crecen en todo el país, y en Santa Fe también. Entonces el senador Michlig (UCR) descubre que en la provincia tenemos menos camas de terapia intensiva en los hospitales y centros de salud que Córdoba, pero omitió decir que la culpa de eso la tienen ellos, que gobernaron los 12 años anteriores a la asunción de Perotti, y construyeron 8 hospitales nuevos (con enorme propaganda), pero sin camas: un invento que deberían patentar.

Y el nuevo gobierno tuvo que redoblar esfuerzos para aumentar un 268 % la cantidad de camas críticas para hacer frente a la pandemia, y logró recién en su tercer intento legislativo que la oposición -con mayoría en la Legislatura- declarara la emergencia sanitaria, a lo que se negaba porque decía que el sistema provincial era ejemplar, y tenía sobrada capacidad de respuesta. 

Lo mismo que el tantas veces elogiado sistema municipal de salud rosarino, tan colapsado como el resto por la falta de camas; al que la provincia -todos los santafesinos- pagan íntegramente en todo su funcionamiento (personal, equipamiento, medicamentos, insumos, comida) desde 2009, por un convenio aprobado por Binner, nunca remitido a la Legislatura y observado por el Tribunal de Cuentas; y en el que poco antes de asumir el nuevo gobierno introdujeron una cláusula de indexación de los pagos.

Después descubrieron que la mayoría de las escuelas de la provincia carecen de conectividad, como también carecen de ellas muchas localidades de la provincia, y muchos barrios de las grandes ciudades. Eso pese a que en el gobierno de Bonfatti gastaron 38 millones de dólares en un sistema "troncalizado" que en teoría era para resolver esos problemas; y no obstante lo cual la aprobación del plan de conectividad elaborado por Perotti duerme el sueño de los justos hace seis meses en la Legislatura. Eso sin contar que dejaron tiradas en un galpón, sin repartir, 30.000 netbooks del Conectar Igualdad.

Gobernaron 12 años, 8 de ellos (coincidentes con los mandatos de Cristina) con crecimiento y aumento de la coparticipación y la recaudación propia, y los 4 de Lifschitz con la inyección adicional de los fondos que iban a la ANSES, hasta el fallo de la Corte que ordenó que se les dejaran de mandar en la parte que refería a Santa Fe. Plata no les faltó entonces; y en todo ese tiempo no tuvieron pandemias, ni inundaciones, ni catástrofes naturales.

Desde 2009 tuvieron el Fondo Soja (al que no votaron en el congreso, como tampoco votaron las retenciones del cual surgía) que usaron para construir los hospitales (sin camas) y con el cual Binner y Lfschitz -cada uno a su turno- construyeron la única escuela nueva que hicieron en sus respectivos mandatos, porque Bonfatti se limitó a inaugurar las construidas por la nación durante el gobierno de Cristina. También tuvieron desde entonces la AUH, para suplir el vacío de políticas sociales de sus gobiernos, pese al saraseo progresista.

Dejaron el gobierno sin cumplir con la ley de financiamiento educativo, adeudándoles a los municipios y comunas los fondos que les corresponden por ese rubro por los años 2018 y 2019, deuda que éste gobierno canceló; y sin cumplir tampoco la meta prevista en esa ley y la de educación nacional, de que al menos el 30 % de las escuelas localizadas en barrios con alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas en las grandes ciudades, tuvieran escolaridad extendida o de jornada competa: las escuelas bajo ese régimen durante los 12 años de gobierno socialistas apenas llegaron a menos del 2 % del total de las que debían tenerlo, y algún funcionario dijo que garantizar la jornada completa era "una política cara".  

En las etiquetas respectivas del blog pueden encontrar los posteos en los que analizamos las ejecuciones presupuestarias (Cuentas de Inversión) de los 12 años de gobiernos del socialismo en Santa Fe, que marcan dos constantes entre 2007 y 2019: Educación perdió participación porcentual en el gasto total, año tras año, y se dejaban sin ejecutar -en promedio- entre el 85  y el 95 % de los escasos fondos destinados a becas. Ahora les molesta un stand del boleto educativo gratuito en El Molino, porque dicen que afea la estética.

Y en esos mismos 12 años, la participación porcentual de Salud en el gasto total de la provincia se mantuvo (sin crecer) pero contando en su interior el subsidio provincial a los hospitales municipales rosarino. Sin eso, también mermó. Tuits relacionados: 

El gobierno de Perotti encontró 30.000 netbooks tiradas en un galpón, sin repartir.

— La Corriente K (@lacorrientek) May 22, 2021

Los hospitales nuevos sin camas, un invento del socialismo. Fueron pensados para inauguraciones en un año electoral. Deberían patentarlo.

— La Corriente K (@lacorrientek) May 22, 2021

Cuando se entere que los 12 años antes de Perotti gobernaron ellos y las camas eran la mitad de esas, se cae de culo.

— La Corriente K (@lacorrientek) May 22, 2021

Estamos re sorpresos

— La Corriente K (@lacorrientek) May 23, 2021

SOJALISMO

 

Saglione, el ex ministro de Economía de Lifschitz, perfectamente podría estar en la Fundación Libertad o asesorando a la Sociedad Rural. Tiene el mismo discurso: https://t.co/S74OfdGwG9

— La Corriente K (@lacorrientek) January 16, 2021

¿Éste muchacho fue funcionario de los gobiernos que se oponían a las retenciones pero cobraban el Fondo Soja, o es otro con el mismo apellido?

— La Corriente K (@lacorrientek) January 16, 2021

"Mucho se ha dicho y escrito sobre el impacto económico de los derechos a la exportación (retenciones) que se aplican sobre el poroto de soja. En el presente artículo, no se indaga sobre el efecto de las retenciones en la rentabilidad sectorial sino en el impacto negativo que dicho tributo genera sobre la configuración de un país más federal." (O sea, mucho se ha escrito sobre el tema, pero desde la óptica que a él no le interesa escribir: como discutir la apropiación de parte de la renta agraria diferencial y los niveles de rentabilidad extraordinaria del sector. Por eso se escapa por la tangente del federalismo) 

"A diferencia de otros impuestos en los que el contribuyente tiene que destinar una parte de sus ingresos para dar cumplimiento a su obligación tributaria, en el caso de las retenciones (derechos de exportación) el impuesto actúa reduciendo el ingreso percibido por el productor. El "pago" del impuesto por parte del productor sojero es menos visible, ya que asume la forma de ingreso no percibido. En presencia de retenciones, el ingreso percibido por la venta de una cantidad dada de soja es inferior al que se hubiese recibido si éstas no existieran." (Pero eso no es consecuencia del diseño de las retenciones, que las pagan los exportadores, sino del manejo de éstos, que las descuentan del precio pagado al productor. Eliminándolas -como pide el campo privilegiado y subyace implícitamente en la nota- esa rentabilidad "recuperada" se la quedan los exportadores, sin garantías de que coparticipen parte con el productor)

"La norma hoy vigente define la aplicación de un derecho a la exportación de soja del 33%. Es decir, por cada U$ S 100 exportados, U$ S 67 quedan en manos del exportador y U$ S 33 en manos del Estado nacional (que no lo coparticipa con los gobiernos locales)." (Los derechos de exportación -el nombre técnico correcto de las retenciones- son recursos propios del Tesoro nacional que no se coparticipan a las provincias, desde 1853, en de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución Nacional, no modificado hasta hoy. De eso -nacionalización de las rentas aduaneras- se trataron en esencia las guerras civiles entre 1810 y 1866, por lo menos. La única excepción al respecto fue el Fondo Federal Solidario, o "fondo soja" creado por Cristina en su primer gobierno tras el conflicto con las patronales agrarias, por el DNU 206/09. Coparticipaba con las provincias el 30 % del producido de las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados. El socialismo se opuso primero a las retenciones y luego se abstuvo en la votación en el Congreso para ratificar el DNU. Sin embargo Binner por Decreto 486/09 adhirió al Fondo, y recibió y gastó sin chistar la parte que le correspondía a Santa Fe. Siendo Lifschitz gobernador y el autor de la nota Ministro de Economía de la provincia, firmaron el Pacto Fiscal propuesto por Macri, que eliminó el fondo sojero)

"Apelando a la simplificación, podemos plantear que si una tonelada de soja se puede exportar a U$ S 500 y el tipo de cambio (precio del U$ S) es de $ 85, por cada tonelada exportada se debería recibir un ingreso de $ 42.500. Sin embargo, al aplicarse derechos a la exportación, se recibe $ 28.475. Como el exportador recibe un menor monto por cada tonelada exportada, traslada esa retención al precio que paga al productor sojero (traslación regresiva, hacia atrás en la cadena de valor, del impuesto)." (A confesión de partes, relevo de prueba: los que pagan las retenciones y reducen sus ingresos son los exportadores, y trasladan esa pérdida al productor, con rebaja del precio. Pero eso no se resuelve eliminando las retenciones, sino regulando la cadena de comercialización. Y nada de todo esto tiene un pomo que ver con el federalismo del que habla el título de la nota)

"Para la actual campaña 2020/21, se estima que la economía santafesina producirá aproximadamente 10 millones de toneladas de soja, suponiendo una superficie sembrada de 3 millones de hectáreas y un rinde promedio de 3,4 toneladas por hectárea. En base a estos parámetros de cálculo, el ingreso "sacrificado" por los productores santafesinos a causa de la aplicación de las retenciones a las exportaciones de soja se sitúa en torno de los $ 140.000 millones. Esa es la masa de recursos que dejan de recibir los productores santafesinos y, por ende, la economía santafesina en su conjunto." (Acá ya pasamos de defender subrepticiamente -y no tanto- la rentabilidad de los exportadores, a suponer que, como se decía en los piquetes agrarios del 2008, "el campo somos todos". O en clave más actual, "Vicentín somos todos") 

"Si esos $ 140.000 millones llegaran a manos de los productores agropecuarios santafesinos, con tales recursos tomarían decisiones de consumo, ahorro e inversión que necesariamente impactarían positivamente sobre el resto de los sectores de la economía provincial. Sin embargo, por efecto de las retenciones, tales fondos se destinan a financiar los gastos del presupuesto nacional." (También podrían -como lo hacen cuando pueden- fugarlos, comprar dólares y guardarlos en un colchó, o irse de viaje al extranjero; todas decisiones que "no necesariamente impactarían positivamente sobre el resto de la economía provincial. La suposición nuestra tiene la misma base de datos que la suya: ninguno. El último párrafo sugiere que está a favor de desfinanciar al Estado nacional. Pensar que éste tipo fue ministro de Economía, claro que de una provincia. ¿Planteará secesionarla?) 

"Ahora bien, si la distribución del gasto público nacional compensara a la economía santafesina por esa significativa extracción de recursos que suponen las retenciones sojeras, el debate se centraría en los intereses sectoriales del sector agrícola respecto de otros sectores de la economía beneficiados por el gasto público que con su recaudación se financia. Sin embargo, una simple observación del presupuesto nacional 2021 nos permite afirmar que tal compensación en favor de la economía santafesina no existe. (Pasados más de dos tercios de una nota que en el título promete hablar sobre el federalismo, aparece el primer párrafo con un tema "federal". Eso sí: empieza diciendo que las retenciones son una "significativa extracción de recursos", es decir que está a favor de bajarlas, o eliminarlas. Tampoco se entiende por qué el presupuesto nacional -o sea, votado para todo el país- tiene que "compensar" a Santa Fe -o sea una sola pñrovincia- por algo)

Si observamos, por ejemplo, que la inversión pública proyectada para todo el 2021 por parte del gobierno nacional asciende a $ 18.472 millones, lejos está eso de compensar los $ 140.000 millones de ingreso sacrificado por los productores santafesinos. Dicho monto representa 7,5 veces la inversión que el este año tiene presupuestado el gobierno nacional en territorio provincial." (Claro, pero la inversión es solo un componente del gasto del Estado nacional, en territorio de Santa Fe. Tomando las cifras del Presupuesto Nacional 2021 -verlas acá- la nación gastará en Santa Fe 340.265 millones de pesos, o sea casi dos veces y media lo presuntamente recaudado por retenciones, originadas en explotaciones agropecuarias o exportaciones producidas en su territorio. De ese total, 264.828 millones, o sea el 77,83 % del total, es el gasto de la ANSES, en jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y la AUH; rubros que Saglione -pese a ser ex ministro de Economía- ni siquiera menciona en la nota. Más de 87 de cada 100 jubilados santafesinos cobran sus haberes de la ANSES. Y esos sí gastan, consumen y pagan impuestos acá, haciendo girar la economía)   

"La comparación se agrava si se realiza con lo efectivamente invertido durante 2020. Según datos de ASAP, al 31/10/2020 la inversión pública nacional en Santa Fe ascendió a $ 5.738 millones (obras públicas ejecutadas en forma directa por el gobierno nacional y transferencias de capital al gobierno provincial). Mientras muchas localidades santafesinas siguen esperando la construcción de acueductos que le provean agua potable de calidad a sus habitantes, desde sus campos se aportan miles de millones de Pesos que se destinan a sostener financieramente las inversiones que AySA ejecuta en el Area Metropolitana de Buenos Aires. Según datos de ASAP, al 31 de octubre de 2020 el presupuesto nacional asignó $ 6.157 millones a dicha empresa para financiar obras de distribución de agua potable y saneamiento cloacal." (Se agrava, pero en contra de él. Sin contar con que toma como comparación un año de pandemia, no parece mucho dinero 6157 millones de pesos para una empresa que es del Estado nacional, y brinda servicios en un área habitada por unos 19 millones de personas, más o menos. El presupuesto de ASSA -la empresa provincial de agua potable, saneamiento y cloacas que brinda servicios solo a 1,8 millones de santafesinos en apenas 15 localidades de una provincia con 365 localidades y 3,5 millones de habitantes, es de casi 9350 millones, o sea un 51,86 % más)   

"La construcción de un país federal exige abordar estos debates con absoluta claridad, explicitando las millonarias transferencias de recursos que existen desde una región del país hacia otras. La construcción de un país más federal nos obliga a generar las condiciones de vida que eviten un progresivo proceso de migración desde el interior hacia los grandes centros urbanos." (La construcción de un país federal exige con criterio equitativo los recursos que el modelo productivo desequilibrado con eje en la pampa húmeda genera, para lograr un desarrollo equilibrado. Es todo lo contrario de lo que plantea la nota, y lo que exige la Constitución Nacional en su Artículo 75 inciso 2) tercer párrafo, justamente cuando habla de la coparticipación: "La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. ". Con el razonamiento de Saglione -quien, reiteramos, fue nada menos que Ministro de Economía- los impuestos nunca podrían tener efectos redistributivos ni en lo social, ni en lo regional: cada uno recibiría en proporción a lo que pone. Un socialismo raro, el sojalismo santafesino)  

(Las negritas son nuestras, el texto completo de lo que bien podría ser un documento de la Mesa de Enlace, o una ponencia en el Congreso de Economía de la Fundación Libertad, acá en El Litoral)  

CONFESIÓN DE LA PROPIA TORPEZA

 

Este boludo hace una publinota de Saglione, sin reparar en que desde 2016 a 2019 Lifschitz hizo votar en el Congreso el blanqueo de capitales, el acuerdo con los fondos buitres y firmó el pacto fiscal y lo cagaron igual, @serdelfino:https://t.co/wQtE3D7wkb

— La Corriente K (@lacorrientek) September 23, 2020

El tuit de apertura corresponde a ésta nota en el diario de Nahuel de Ignacio Hintermeister, uno que lo hace quedar a Alaniz más perobinista que el "Bebe" Cooke, y la verdad que no sabés por donde empezar para analizar el repertorio de pavadas y lugares comunes que allí se dicen.

Primero lo primero: en realidad el artículo es una publinota del ex ministro de Economía del socialismo Gonzalo Saglione, hoy "consultor privado" y asesor del bloque del FPCyS en la Legislatura, conteste a lo que viene pasando desde que empezó el gobierno de Perotti: la oposición (ex gobierno hasta diciembre) tira letra, y los medios tradicionales (léase gorilas) la levantan; en este caso para que en los comentarios de los lectores le peguen al gobernador por genuflexo del gobierno nacional. Pero sigamos por parte.

La idea central del artículo es que Santa Fe está entre las provincia más perjudicadas en el reparto de los recursos, no de la coparticipación federal de impuestos, sino de las "transferencias especiales" del gobierno central, que el artículo identifica como totalmente "discrecionales". El cálculo se basa por ejemplo en el plan de obras contenido en el presupuesto nacional enviado al Congreso, dividido geográficamente por provincia y por habitante. 

Sentada así la "discriminación", se dirá a renglón seguido que Santa Fe "recibe menos de lo que aporta, por ejemplo en concepto de retenciones", con lo cual se termina asimilando la distribución de los recursos entre las partes de un Estado federal a una especie de régimen de capitalización individual, o más burdamente, a una perinola. Hace unos cuantos años atrás ya desde el socialismo se planteaba tal cuestión, y en su momento nosotros elaboramos un documento (que pueden leer acá) demostrando que la casi totalidad de las transferencias nacionales a las provincias eran automáticas, y las "discrecionales" eran marginales en el conjunto.

La idea que subyace en la nota, por supuesto, no puede ser más absurda: tanto los impuestos como su coparticipación, como el plan de inversión pública en infraestructura no se pueden definir con criterio meramente devolutivo (se recibe en la medida que "se pone"), sino justamente son herramientas esenciales para compensar desequilibrios regionales y déficits históricos de infraestructura en la búsqueda de un desarrollo más integrado y equitativo del país: no es ni más ni menos  que lo establece el artículo 75 inciso 2) de la Constitución Nacional, como base del régimen de coparticipación.  

Por otro lado meter en la discusión lo que una provincia (en éste caso Santa Fe) "pone" en concepto de retenciones es como mínimo curioso, si se considera que los derechos de exportación no son coparticipables de acuerdo al artículo 4 de la propia Constitución, que cuando Cristina coparticipó el 30 % de las retenciones a la soja por el DNU 206/09 el socialismo -que había votado en contra las retenciones móviles de la Resolución 125 en el Congreso- no lo apoyó, pero sí cobró religiosamente la parte que le tocaba a Santa Fe del Fondo Federal Solidario, que así se llamaba.

Fondo luego derogado de un plumazo por Macri, sin que la provincia de Santa Fe -cuando era gobernada por el socialismo- iniciara una demanda contra la nación por eso, como hicieron otras provincias: todo lo contrario, Lifschitz aceptó la poda porque había firmado el pacto fiscal con Macri, del que la misma se desprendía.

Es también muy curiosa la referencia que hace la nota al fallo de la Corte en favor de Santa Fe de noviembre de 2015 por la parte de la masa precoparticipable que iba a la ANSES. Curiosa porque de inmediato cesaron los descuentos de coparticipación por esa vía, con lo cual el gobierno de Lifschitz gozó de recursos que sus antecesores no habían tenido; y curiosa porque la provincia nunca cobró la deuda, ni instó la ejecución del fallo para su cobro, como hizo San Luis.

Y durante el anterior gobierno provincial no lo hicieron porque con la excusa de que de tal modo le iban a pagar a la provincia esa deuda (cuya cuantía debe determinar la Corte, dicho sea de paso), Lifschitz hizo votar a los legisladores socialistas en el Congreso nacional el blanqueo de capitales y la "reparación histórica" con la que se desguazó el Fondo de Garantía de la ANSES, antes el acuerdo con los fondos buitres y después como se dijo, firmó el pacto fiscal por el que -por ejemplo-se eliminaban o reducían los subsidios al transporte.

Pero lo más extraño de la nota (dado que esta se apoya en el informe de Saglione) son dos cosas, a saber:1) que alguien que formó parte de un gobierno "socialista" defienda el criterio de que acada uno hay que darle recursos en la medida que los aporta: imaginemos esa idea aplicada por ejemplo al impuesto a las grandes fortunas, y los servicios que presta el Estado, y 2) que Saglione haga una confesión tan explícita de su propia torpeza, al reconocer que las transferencias "especiales" de la nación a la provincia también cayeron entre 2016 y 2019, o sea durante el gobierno de Lifschitz, del cual él fue ministro de Economía.

¿De qué sirvieron entonces tantas agachadas frente al gobierno de Macri?

CUANDO UN RECLAMO AYUDA

Es por acá Alberto, dales bola: https://t.co/k9srZqdYji

— La Corriente K (@lacorrientek) December 12, 2019

En campaña Alberto hablaba de su gobierno y la relación con los gobernadores como "un gobierno con 24 presidentes", o algo por el estilo, y de la idea de ir fijando capitales alternativas en las diferentes provincias del país. La idea era no solo rescatar el concepto del federalismo como idea matriz de la gestión de gobierno, sino hacia el interior del "Frente de Todos", coparticipar a los gobernadores oficialistas del sistema de toma de decisiones, en un reconocimiento a la realidad política existente en el peronismo.

Claro que esa búsqueda de una convivencia armoniosa entre el Estado nacional y las provincias no estará exenta de tensiones, porque hay intereses contrapuestos que deben armonizarse, y lo explicamos con un ejemplo: el nuevo ministro de Educación de la nación acaba de anunciar la reinstalación de la paritaria nacional docente suprimida por Macri por decreto, y ese puede ser un punto de conflicto con los gobernadores (sin distinción de signo político), porque supone fijar un salario mínimo para un sector de sus empleados (los docentes) y recibir apoyo financiero del gobierno nacional en algunos casos para poder pagarlo; por fuera de los esquemas de negociación salarial que cada uno de ellos tiene en sus provincias, con el conjunto de gremios estatales provinciales.  

Del otro lado, vemos que el gobernador de La Pampa le reclama al gobierno nacional que reponga el Fondo Federal Solidario o fondo soja, creado por Cristina por el DNU 206/09 y compuesto con el 30 % del producido de las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados; y que revise el aumento de la coparticipación a la CABA decretado por Macri al inicio de su gobierno.

La Pampa es, sin dudas, una de las provincias mejor administradas de la Argentina; y el peronismo la viene gobernando sin interrupciones desde 1983, como consecuencia de eso. Sus gobernadores -como los Rodríguez Saá en San Luis- han sabido combinar márgenes de independencia respecto a los gobiernos nacionales incluso del propio peronismo, con una defensa férrea de los intereses provinciales y un acompañamiento que se podría decir crítico (es decir, no automático y en todas las decisiones) de los procesos nacionales expresados en los gobiernos kirchneristas, esto último muy visible en el caso pampeano.

Nadie debiera asombrarse ni sorprenderse por eso si parte de la base que son los votantes de esos gobiernos y esas provincias los que respaldan esa línea política votándolos en forma continuada para ejercer el gobierno provincial, y acompañando también en forma reiterada las alternativas políticas que ofrece el peronismo para el orden nacional. La exigencia de federalismo en ese caso no es solo una cuestión conceptual, sino una estricta correspondencia con las exigencias de la propia base electoral, que se comporta distinto a -por ejemplo- la del "cordobesismo" de De La Sota y Schiaretti.

En el caso de La Pampa las dos propuestas del gobernador Ziliotto (que alguien podría interpretar como un reclamo) son sumamente sensatas, y bien haría el nuevo gobierno nacional en tomarlas en cuenta. Respecto a la coparticipación del fondo sojero, es evidente que Ziliotto advierte que con este nivel de tipo de cambio y las urgencias financieras del Estado nacional, se vendrá un aumento de retenciones a las exportaciones de las producciones agropecuarias con mayor margen de rentabilidad por la devaluación, y quiere que su provincia participe de los beneficios que eso genere: nada que reprochar al respecto, conforme a lo antes indicado.

Pero para el gobierno de Alberto coparticipar parte del fondo sojero (que se verá sin dudas acrecentado si se aumentan las retenciones), tal como lo hizo en su momento Cristina, sería una medida muy inteligente en términos políticos: dando por sentado que el aumento de las retenciones generará reacción en las patronales del campo (cuyos sectores más belicosos han amenazado con volver a las rutas si eso sucede), sería astuto sumar músculo político para afrontar la arremetida, comprometiendo a los gobernadores con la medida, porque se verán en parte beneficiados con ella; en especial en las provincias cuya economía gira en torno a la producción agropecuaria, como La Pampa, aunque si se aplicaran los criterios de distribución de la coparticipación para el fondo sojero (como hizo Cristina en su momento) .

Porque de lo contrario lo que ocurre es que el costo político de aumentar la presión impositiva sobre los sectores más beneficiados con la devaluación y los nichos de rentabilidad que generó (como los sectores más concentrados del modelo de agronegocios) recae exclusivamente sobre el Estado nacional, mientras las provincias se oxigenan en ese frente, por ejemplo evitando aumentar el Inmobiliario Rural.

Y que decir en esta misma línea de pensamiento, del reclamo de Ziliotto de revisar el aumento de la coparticipación de la CABA decidido por Macri: si bien esos fondos adicionales destinados al distrito más rico del país y con mayor nivel de recursos fiscales per cápita salieron de la parte de la coparticipación que corresponde al Estado nacional, si se diera marcha atrás en la decisión (algo perfectamente posible y justo, además), podrían engrosar la masa coparticipable destinada a las provincias aliviando su situación financiera; o recuperarlos el Estado nacional para aliviar la suya, con el apoyo político de los gobernadores de las provincias, que se reflejaría en el Congreso aun cuando la medida pueda disponerla el presidente por decreto, como hizo Macri. Tuit relacionado:

La Matanza tiene 325 km, viven 2 millones 400 mil compatriotas y el presupuesto del año 2019 ha sido de 10 mil millones de pesos. La Capital Federal, con 100 km cuadrados menos, la misma cantidad de habitantes y menos necesidades, tuvo un presupuesto de 350 mil millones de pesos. pic.twitter.com/D1J1MrvlTA

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 13, 2019

CUENTAS CLARAS, AUNQUE PERDAMOS LA AMISTAD

Las discusiones en la ríspida transición política santafesina hasta que asuman las nuevas autoridades tienen como eje central los números: la pelea es por gastos y recursos, porque unos crecen en una medida y los otros, en otra, y las cuentas comienzan a dar en rojo. Y en ese panorama, las más perjudicadas son las Municipalidades y Comunas, que se están movilizando para exponer la crisis, que ha llevado a que tengan que afrontar por su cuenta y con sus recursos, gastos propios del Estado provincial, como los medicamentos o insumos para la salud.

Está disponible en la página oficial de la provincia (completa acá) la ejecución del presupuesto hasta el pasado 30 de septiembre, que muestra entre otras cosas la evolución de las transferencias por coparticipación de la provincia a sus municipios y comunas a ese momento; y la comparación interanual. Del mismo surge que los envíos crecieron en forma global un 36,93 %, o sea varios puntos por debajo de la inflación, e incluso menos de lo que crecieron en ese mismo lapso los recursos propios del Estado provincial, que fue un 40,9 %.

Dentro de esa pauta general, las partidas provenientes de la ley de financiamiento educativo nacional que deberían llegar a las Municipalidades y Comunas crecieron apenas un 0,70 % interanual, aunque los fondos llegan a la provincia con la misma automaticidad de la coparticipación, y la razón es muy sencilla: la provincia “pisa” esos fondos, supeditando su giro a los municipios y comunas a que estas presenten proyectos para ser aprobados, o sea no los gira automáticamente como debería ser. Dato adicional: esa misma mecánica es la que se aplicará ahora para el reparto de los fondos del Plan Abre extendido a toda la provincia, con lo cual el final lo podemos saber ahora: se desfinanciará a la provincia, los fondos no llegarán a las municipalidades y comunas, y quedarán ociosos e inmovilizados.

Otro tanto sucede con el Fondo de Obras Menores, a punto tal que en el cuadro ni siquiera se lo expone como un recurso coparticipable, cuando en realidad debería ser así, porque lo es. En el mismo cuadro se muestra como evolucionaron en el período septiembre/18 – septiembre/19 las transferencias del desaparecido Fondo Federal Solidario (fondo soja) y el “programa de asistencia financiera” con que Macri pretendió reemplazarlo luego de haber eliminado aquel:  lo recibido en los primeros nueve meses de éste año por ese concepto es apenas el 12,14 % de lo recibido en el mismo lapso del año pasado, en términos nominales; ni hablemos si se lo pondera contra la inflación.

Esos recursos que pierden las Municipalidades y Comunas y que motivan sus reclamos, no pueden ser compensados con las transferencias de capital derivadas del pacto fiscal firmado por los gobernadores con Macri, por una cuestión de escala de los montos involucrados: el propio cuadro demuestra que lo que las localidades santafesinas recibieron por ese concepto es apenas el  0,78 % del total de fondos coparticipables que les llegaron.

La coparticipación a las Municipalidades y Comunas está expuesta en las cifras de la provincia como un gasto (a diferencia del presupuesto nacional, que no contempla la coparticipación a las provincias), y medida en esos términos, pasó de ser el 8,34 % del gasto total en los primeros nueve meses del año pasado, al 7,88 % en el mismo lapso de este año: pese a que reciben poca porción de la torta, son parte de las variables de ajuste del Estado provincial para que los números le cierren.

Y lo mismo pasó con “Remuneraciones” (los sueldos de los agentes estatales) que en ese lapso pasaron de ser el 38,03 % del gasto total al 37,51 %; y con “Construcciones” (la obra pública, tan publicitada por el socialismo) que pasó del 7,73 % al 7,46 % del total de los gastos provinciales. Septiembre fue un mes particularmente duro para las arcas de los municipios y comunas, porque los envíos por coparticipación crecieron solo un 30,48 % interanual, o sea unos 20 puntos o más por debajo de la inflación.

Los números de la provincia vienen dando en rojo (aunque sus funcionarios lo minimicen) porque los recursos crecen menos que los gastos: 40,9 % contra 51,78 %, respectivamente; y dentro de estos últimos, los gastos corrientes crecen más que los de capital: 52,24 % contra 48,11 %, respectivamente.  En el mes de septiembre la tendencia se acentuó dramáticamente: mientras los gastos corrientes crecieron un 47,75 % en relación la mismo mes del año pasado, los de capital lo hicieron solo un 27,51 %, y específicamente “Construcciones” (la obra pública) solo creció un 17,06 %.

Pero sin lugar a dudas el gasto que más crece interanualmente son los Servicios de la Deuda Pública, que se incrementaron en ese lapso en un 145,75 %. Eso es consecuencia de un resultado financiero del ejercicio que al 30 de septiembre arrojaba un déficit de $ 11.078.144.905,63 (más de 11 mil millones de pesos, no menos, como dijo el ministro Saglione); lo cual obligó a recurrir a “Fuentes Financieras” para enjugarlo, por el orden de Fuentes financieras: $ 30.136.481.728,15 (el 13,52 % de los recursos totales), y dentro de esa forma de financiación del rojo, “Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos sumó en los primeros nueve meses del $  24.955.912.722,50, de los cuáles $ 24.486.323.103,34 (el 98,12 % del total) corresponde a “Deuda Exigible”, es decir, de corto plazo; en buena medida compuesta por los adelantos en descubierto que el gobierno de Lifschitz toma del agente financiero (el Nuevo Banco de Santa Fe), para pagar los sueldos mes a mes.

Datos a tener en cuenta para contrastar con los dichos del ministro Saglione acá en El Litoral cuando en respuesta a los reclamos del equipo de transición de Perotti, dice contar con los recursos para hacerle frente al pago de los salarios y gastos esenciales, hasta el final de la gestión, que no están recortando fondos a los municipios y comunas; y además reitera el latiguillo oficial de que a la provincia no le cierran los números porque la nación no gira los fondos para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones, que estima en 5800 millones de pesos: de acuerdo con los propios documentos oficiales, el déficit de la Caja al 30 de septiembre pasado era de $ 8.858.439.726,18, y el del IAPOS: $ 2.845.602.036.47; o sea entre los dos, más del doble de lo que la nación estaría adeudando, solo por la Caja.

Asombrosamente (o no tan tanto), nos cuenta ahora Saglione que no entiende como el equipo de Perotti llega al cálculo de que el déficit al final del ejercicio rondará los 20.000 millones de pesos, cuando la nación seguramente enviará esos fondos, porque “la obligación está por ley, y el año pasado llegaron normalmente”. Y decimos asombrosamente, porque se pasaron todo el año reclamando que no llegaban, y en la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2018 que enviaron a la Legislatura (ver acá) expusieron que el déficit de la Caja de Jubilaciones fue de $ 8.358.081.589,37, de los cuáles la Nación solo financió $ 1.020.565.080,86 (el 12,21 % del total).

Saglione quiere que creamos que a un mes de dejar el gobierno, Macri le va a mandar a la provincia para financiar el déficit de su Caja de Jubilaciones, más de cinco veces y media la plata que le mandó a esos mismos fines, el año pasado. O le mintieron a la Legislatura (lo cual sería raro porque requeriría de la anuencia de la contaduría General de la Provincia que hace la Cuenta, y del Tribunal de Cuentas que la informa), o están mintiendo escandalosamente ahora, para justificar el estado en el que dejan las finanzas de la provincia cuando se van del gobierno.

PÓNGANSE DE ACUERDO, VIEJO

La prolongada crisis que afecta a la economía nacional golpea al sector público por dos lados: caen los recursos del Estado en términos reales, y se incrementan las demandas fruto de los efectos sociales de la caída, lo que demanda mayores gastos a todos los niveles estatales; y las municipalidades y comunas no son la excepción.

De allí que no extrañe que sea complicada la situación financiera de los municipios y comunas, que vienen padeciendo desde hace tiempo los efectos negativos de otras medidas del gobierno de Macri, como la eliminación del fondo sojero con cuyos recursos realizaban obra pública.

En el caso santafesino, la situación es además crítica por las decisiones que vino tomando desde el 2007 el socialismo desde la gestión provincial, para el manejo de los recursos que corresponden a los municipios y comunas. Para empezar, no impulsó ni produjo ninguna reforma estructural al régimen de distribución de los recursos entre la provincia y sus municipalidades y comunas: si, el gobierno del "Plan Estratégico" y la reforma constitucional para imponer (entre otras cosas) la "autonomía municipal", jamás propuso en 12 años ningún cambio legislativo en una materia tan sensible .

De resultas de eso, las municipalidades y comunas siguen recibiendo apenas el 8 % del total de los recursos coparticipables de origen nacional que recibe la provincia, y solo el 11 % del producido de la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que es más del 75 % de los recursos tributarios propios de origen provincial.

Y como si todo eso fuera poco, el socialismo modificó los criterios de reparto de otros recursos que estaban creados con anterioridad, como el Fondo de Obras Menores creado en el año 2004 por la Ley 12.385; y los recursos que vienen de la nación en concepto de la ley de financiamiento educativo 26.075 de 2005.

En ambos casos, el socialismo en sus distintas gestiones eliminó la automaticidad en la transferencia de los recursos, que venía funcionando desde que estos llegaban a la provincia y de allí a sus municipios y comunas, como sucede con la coparticipación.

Con diferentes decretos dictados por Binner, Bonfatti y Lifschitz vulnerando el espíritu y la letra de las leyes que crearon esos fondos específicos, el reparto dejó de ser automático y para que las municipalidades y comunas recibieran los recursos pasó a ser necesario que presentaran proyectos, y la provincia los aprobara para poder percibirlos; todo lo cual por un lado generó cuellos de botella financieros en la fluidez de los recursos, y por el otro fue acumulando deudas de la provincia con los entes territoriales locales, que deben afrontar gastos cubiertos con esos fondos, con otros recursos propios; que también caen en términos reales por la crisis. 

Para ponerlo en cifras, en el caso de los recursos nacionales provenientes de la Ley de Financiamiento Educativo, al 31 de julio pasado (último dato disponible) el conjunto de los municipios y comunas de Santa Fe recibieron unos 419 millones de pesos, contra 400  millones recibidos el año pasado, a la misma fecha y por el mismo concepto: o sea, casi el mismo monto nominal, con una inflación interanual de casi el 55 %.

En el caso del Fondo de Obras Menores, conforme la crisis se agudizaba, año tras año se dictaron leyes autorizando que las municipalidades y comunas invirtieran esos recursos en gastos corrientes, como pagar sueldos, proveedores y servicios. Pues bien, este año el Senado provincial aprobó la ley, y el oficialismo del Frente Progresista la frenó en Diputados, pese al pedido de los propios intendentes y presidentes comunales del FPCyS; todo lo cual no hace sino acrecentar las sospechas de que la provincia ha utilizado esos fondos (conformados con un porcentaje de la recaudación de los impuestos provinciales) para sus propios gastos, y no están disponibles.

Y para sumar más confusión y huir hacia adelante, o hacia arriba, el gobierno de Lifschitz introduce en la discusión la cuestión de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), como vemos en esta nota de Ambito Financiero: le reclama al gobierno de Macri que gire unos 1000 millones de pesos por ese concepto para distribuirlos entre las municipalidades y comunas de la provincia, sin intervención del Ministerio del Interior, porque -dicen- éste solo los entrega a los gobiernos locales de "Cambiemos". 

Lo cual no decimos que no sea cierto, sino que el socialismo se contradice al respecto; porque apenas la semana pasada y ante el reclamo de Corral por ATN's otorgados por la nación a la Municipalidad de Santa Fe, le dijeron lo contrario: reivindicaron la potestad de la provincia para ser la que disponga como se reparten los Aportes del Tesoro Nacional, más allá de lo que diga el gobierno nacional.

Una potestad que se otorgaron ya en el 2008, por el decreto de Binner cuya imagen encabeza el post; con el que se le pararon de manos al gobierno de Cristina en este tema, o creyeron que lo hacían. Once años después, parecen más mansos, y le piden a Macri por favor que les mande ATN. Tuit relacionado: 

Pero Miguel, que decís, si en el 2008 Binner firmó el Decreto 3177 diciendo que la que los iba a repartir era la provincia, sin importar adónde los mandara la nación. https://t.co/n8GmT14TwF

— La Corriente K (@lacorrientek) September 17, 2019

RECURSOS PROPIOS

La imagen de apertura (sacada de acá) da cuenta de la inauguración del nuevo hospital Iturraspe el martes pasado, oportunidad en la que Lifschitz se ocupó de destacar que la obra se había construido "con recursos de la provincia de Santa Fe".

Lo primero que llama la atención es la inflación que acusó la obra: veíamos acá como en enero de este año nos contaron que (después de las "redeterminaciones de precios") costó algo así como 1006 millones de pesos. Si estamos a los dichos del gobernador, en cuatro meses (de enero a mayo) subió de esa cifra a más de 2200 millones, y solo mientras él hablaba y del primer al cuarto párrafo de su discurso ya el costo había trepado a los 25000 millones de pesos: así no hay salario que alcance, y el gobierno de Macri dice que por suerte la inflación está bajando.

Pero volvamos a lo de los recursos propios: lo que no dice Lifschitz es que buena parte de la obra, iniciada en el 2009,  y por lo menos hasta diciembre del 2015 (o sea, mientras gobernaba Cristina) fue financiada por el "Fondo Federal Solidario", o fondo soja; por el cual el gobierno nacional coparticipaba a las provincias (sin estar obligado, de acuerdo con la Constitución) el 30 % del producido de las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados. Así lo dicen los propios presupuestos provinciales, como podemos ver en esta imagen, armada con captura de pantalla de los anexos de la ley de presupuesto de cada año (la del 2012 no la pudimos agregar porque el documento está dañado):

Como ven, recién en el 2015 y para la segunda etapa de la obra (que tuvo cuatro) aparecen aportes del Tesoro provincial parta complementar al Fondo Federal Solidario en el financiamiento de la obra, y eso es por una razón muy sencilla: en pleno año electoral y ante la expectativa de que asumiera un gobierno más afín a sus intereses, los productores y exportadores empezaron a retacear la venta de la producción, y en consecuencia mermó la recaudación en concepto de retenciones. 

Desde 2016 en adelante (cuando la obra del hospital entraba en su cuarta y última etapa) el Fondo Federal Solidario empezó a flaquear por el cronograma de rebaja de retenciones a la soja que dispuso el gobierno de Macri, y en el caso del hospital Iturraspe el socialismo lo reemplazó por los recursos provenientes del endeudamiento externo que contrató; tras haber apoyado el arreglo con los fondos buitres. Hasta que finalmente desapareció eliminado por otro DNU de Macri, de acuerdo a lo previsto en el pacto fiscal, que Lifschitz como gobernador firmó (más información, acá).  

Las mismas retenciones que, como se dijo, son las que alimentaban el Fondo Federal Solidario con el que se financió buena parte del nuevo hospital Iturraspe, y que el socialismo votó en contra cuando en el 2008 se discutió en el Congreso la Resolución 125. Como también votaron en contra la ratificación por el Congreso del DNU 206/09, por el cual Cristina creó el Fondo Federal Solidario (FFS), como pueden ver acá en el acta respectiva:

Como ven, votaron en contra todos los diputados socialistas (entre ellos la actual intendenta de Rosario Mónica Fein), y otros aliados del Frente Progresista como el radical Pedro Morini, actual Ministro de Obras Públicas de la provincia; que tuvo a su cargo la finalización de la obra del hospital.

Para poner las cosas en perspectiva: el Fondo Federal Solidario fue creado por Cristina en marzo del 2009 (por el DNU 206), en abril de ese año la provincia de Santa Fe adhirió por el Decreto 486/09 de Binner y empezó a recibir los fondos, y seis meses después, en octubre y cuando se discutió en el Congreso su ratificación, votaron en contra; aunque hacía ya seis meses que venían recibiendo las partidas del Fondo, y haciendo obras con ellas. Como las del hospital Iturraspe, que diez años después, Lifschitz dice que lo hicieron con recursos propios.

CUANDO SE ENTERE LILITA SE CAE DE CULO

El simpático volantito de la imagen de apertura fue repartida a la salida de todos los jardines maternales de la Municipalidad de Santa Fe, a los padres de los nenes y las nenas que asisten a los mismos.

Amablemente, les recuerda que los construyó Corral, y les pide que no se olviden de eso a la hora de votar. 

Omitieron, claro, el detalle de que se construyeron todos con la plata del Fondo Federal Solidario (fondo soja) que creó Cristina, y Macri borró de un plumazo.

La cuestión es que si esto lo hacían los candidatos del peronismo, era tapa en todos los diarios no ya de la ciudad, sino del país.

No queremos pensar en la reacción de Carrió (que anduvo por acá haciendo campaña por Corral) cuando se entere. 

POR UN TRANSPORTE LIBRE DE HUMO

Ahora resulta que extrañan los subsidios nacionales al transporte público, después de 12 años de quejarse que a Santa Fe la discriminaban, en relación con la Capital Federal y el conurbano bonaerense.

Y también extrañan el fondo sojero, creado con el 30 % de las retenciones a las exportaciones de soja, que votaron en contra en el Congreso, tal como tampoco votaron el DNU 206/09 de  Cristina que lo creó. Pero eso sí: durante los 9 años que duró, no se privaron de adherir, y recibir la guita, hacer obras con ella y sacarles fotos; sin aclarar de donde venía la mosca.

Ahora quieren poco menos que plantear que están haciendo la reforma agraria, porque les van a cobrar más de Inmobiliario Urbano en sus inmuebles a los bancos y a las cerealeras. O sea: por sus propiedades, no por sus negocios. De hecho, a los bancos les rebajaron Ingresos Brutos para -por ejemplo- promover los sensacionales créditos hipotecarios ajustados por UVA.

Ni hablemos de cobrarle -ponéle- más de Inmobiliario Rural al campo, no señor: por el contrario, en el mismo video se jactan de que seguirá sin pagar Ingresos Brutos como pasa desde 1992, por los pactos fiscales firmados durante el menemismo. Impuesto que sí le cobran a la industria.

Ah, no, pará: cierto que les van a subir la alícuota de Ingresos Brutos a las cerealeras, pero por las ventas en el mercado interno; porque por su facturación de exportaciones se comprometieron a mantenerlas exentas, al firmar el pacto fiscal con el gobierno de Macri. El mismo en el cual el gobierno nacional ya les advertía que iba a eliminar el fondo sojero, a reducir los subsidios al transporte y a modificar la fórmula de ajuste de los haberes de jubilados y pensionados.

Se enojan porque dicen que de cada 100 pesos de impuestos que paga el sector agropecuario, 90 se los queda el Estado nacional; cosa que no pasaría si no hubieran eliminado el fondo sojero (reiteramos: formado con las retenciones que apoyaban no pagar), y si ellos les cobraran Ingresos Brutos y un Inmobiliario Rural acorde al valor de mercado de los campos, ponéle.  

En realidad, las retenciones (a las que, no nos vamos a cansar de reiterarlo, ellos se oponían) las pagan las malvadas cerealeras exportadoras, y se las descuentan a los productores del precio que les pagan por la cosecha: en otros tiempos, esto el socialismo te lo solucionaba proponiendo crear una Junta Nacional de Granos, o algo por el estilo. Ah, no, pará: cierto que Juan B. Justo y Palacios estaban en contra de toda intervención del Estado en el manejo de la economía, porque -decían- terminaba encareciendo los precios para los consumidores. 

Y todo este circo es para -dicen- recaudar unos 900 millones de pesos para compensar la caída de los subsidios nacionales al transporte público, que este año deberían ser unos 3700 millones, o sea: tres empanadas para dos.

De esos 900 millones, 385 deberían venir (según el mismo proyecto que propagandizan) de aumentar del 5 al 10 % el porcentaje de la recaudación del Impuestos de Sellos (que el campo no paga) que se destina al Fondo Provincial del Transporte. Sí, ese fondo que subejecutan, mientras aumentan el boleto de colectivo interurbano dentro de la provincia, dos o tres veces por año, todos los años, desde el 2007.

Lo raro es que un proyecto tan maravilloso no lo haya incluido Lifschitz en el presupuesto que el Senado le acaba de votar por unanimidad y casi a libro cerrado, sin incluir en ningún lado los prometidos 1500 millones de pesos de subsidios al transporte automotor que anunció el ministro Saglione, y no aparecen por ningún lado.

¿No será una venta de humo de cara a la interna socialista por la candidatura a gobernador todo esto, no? 

RECOMPENSA POBRE

¿Se acuerdan cuando nuestros republicanos indignados decían que el kirchnerismo manejaba a los gobernadores con el látigo y la chequera, según se mostraran díscolos o se plegaran a sus deseos? Que tiempos aquellos en los que se cantaban loas al federalismo, la república, la alternancia, la pluralidad de voces, el diálogo y el consenso. Fue hace tanto que ya casi ni nos acordamos.

A propósito, leíamos ayer en El Cronista que la Casa Rosada "recompensó" a las provincias cuyos gobernadores aportaron datos cruciales para conseguir que la Cámara de Diputados aprobara el presupuesto del año que viene, confeccionado por el FMI: les girará los fondos prometidos por Macri al eliminar por un DNU el Fondo Federal Solidario, o fondo sojero, creado por Cristina por el Decreto 206 en el año 2009.

Se refieren a la Resolución 18/18 del Secretario de Provincias del Ministerio del Interior publicada éste jueves en el Boletín Oficial (completa acá), que establece el procedimiento para transferir los fondos, y los montos que le corresponden a cada provincia; con la salvedad de que solo recibirán esa plata las provincias que hayan firmado el pacto fiscal a fines del 2017. O sea, más de las que aportaron votos para aprobar el presupuesto, como por ejemplo Santa Fe, cuyo único diputado que responde al oficialismo provincial (o más o menos), votó en contra.  

Debe ser precisamente por eso que la resolución en su artículo 10 dispone que "Si una vez acreditada la primera cuota, la jurisdicción no efectúa el reintegro de los fondos que recibiera en función del artículo 1° de la presente medida, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, se considerará que acepta ser beneficiaria del PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA A PROVINCIAS Y MUNICIPIOS, consintiendo todas las condiciones establecidas en el Decreto Nº 836 del 18 de septiembre del 2018 y en la presente medida.". O sea, si agarran la guita y no la devuelven, entendemos que están de acuerdo con recibir esa compensación por la eliminación del fondo sojero. Sobre el decreto de Macri que creó la compensación, ver más información acá. 

Pero como el artículo lo vincula directamente a las manos opositoras que se levantaron para aprobar el presupuesto, es bueno preguntarse si es verdaderamente es así, o sea si se trataba de un incentivo suficiente para acompañar el presupuesto; partiendo de la base de señalar -como dijéramos en la entrada anterior- que el decreto de Macri que crea la "compensación" le asigna una suma fija global a repartir entre las provincias beneficiarias (4125 millones de pesos), y deja en claro que es "por única vez"; a diferencia del fondo soja que era un porcentaje (el 30 %) de lo que recaudaba el Estado nacional por las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados, y además era permanente. 

Hagamos la cuenta con los números que corresponden a la provincia de Santa Fe, pero que son trasladables a todas las demás, porque tanto el decreto de Cristina que creó el FFS como el de Macri que estableció en su reemplazo la "compensación" toman el mismo criterio para repartir los recursos: los indicadores de la distribución secundaria de la coparticipación federal.

De acuerdo con lo que dice la resolución de Interior publicada el jueves, a Santa Fe le corresponderían 178.850.000 millones para la provincia, y otro tanto para el conjunto de sus municipios y comunas (el decreto de Macri dispone que se repartan 50 % y 50 %), lo que hace un total de 357.700.000.

Vamos ahora a las cifras del Fondo Soja: de acuerdo a lo previsto en el presupuesto provincial de éste año, se pensaba que llegaran a Santa Fe por esa vía $ 1.547.929.000 para la provincia, y $ 663.399.000 para sus municipios y comunas; porque Binner decidió en 2009 que el reparto fuera 70 % y 30 % de lo recibido de la nación, respectivamente.

Hasta el pasado 31 de agosto (último dato disponible) habían ingresado por el Fondo Federal Solidario (FFS) $ 1.066.753.000 para la provincia y $ 457.180.000 para sus municipalidades y comunas. Proyectados esos datos al 31/12 -si el FFS se hubiera mantenido- serían $ 1.600.129.000 para la provincia, y $ 685.770.000 para sus municipalidades y comunas: una leve diferencia en más respecto de lo presupuestado, porque la retención de cosecha que hicieron los productores y exportadores se vio compensada por la devaluación, ya que las retenciones que alimentaban el fondo se pagan en pesos, pero sobre el valor del producto, en dólares.

Con esas cifras y de mantenerse la tendencia observada en los primeros ocho meses del año, si el FFS se hubiera mantenido, quedarían por ingresar un remanente de $ 533.376.000 para la provincia, más $ 228.590.000 para las municipalidades y comunas, es decir un total de $ 761.966.000.

O lo que es lo mismo: 2,13 veces lo que Santa Fe (el gobierno provincial y sus municipalidades y comunas) va a recibir en concepto de "compensación", y por única vez. Lo que supone que si las provincias y sus gobernadores hacían lo que había que hacer (parársele de manos a Macri y tumbar el DNU que suprimió el fondo sojero) hubieran obtenido más fondos que con la "compensación"; sin cargar además con el costo político de haber votado el presupuesto, aquellas cuyos representantes que responden a los gobernadores así lo hicieron.